Sentencia 1999-00376 de julio 31 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Rad.: 52001-23-31-000-1999-00376-01(31039)

Actor: Melba Lucía Arias Patiño y otros.

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

Referencia: Reparación directa

Bogotá, treinta y uno de julio de dos mil catorce

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

9. La Corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la demandada y la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la mayor de las pretensiones, que corresponde a $400 000 000 por concepto de lucro cesante en favor de Melba Lucía Arias Patiño, supera la exigida para el efecto por aquella norma(1).

III. Hechos probados

10. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos:

10.1. El señor Carlos Octavio Correa Posada fue elegido alcalde del municipio de Villagarzón-Putumayo desde el primero (1º) de enero de 1995, fecha en que se posesionó en el cargo, hasta el 3 de octubre de 1997 (certificado de la Alcaldía Municipal de Villagarzón —fls. 21 y 51, cdno. 1— y acta de posesión —fl. 40, cdno. 1—).

10.2. El 3 de octubre de 1997, a la 1.45 pm aproximadamente, Carlos Octavio Correa Posada salía de su lugar de habitación ubicado en el segundo piso del restaurante de su propiedad y donde atendía la señora Melba Lucía Arias Posada, su esposa, cuando dos hombres lo abordaron, le dispararon varias veces y huyeron en dos motos conducidas por otros dos hombres.

10.2.1. Franco Javier Melo Castillo, conocido del señor Correa, describió lo que vio el día de los hechos así (fl. 153, cdno. 1):

Salía de una reunión con mi hija el tres de octubre de 1997 a la una y cuarenta y cinco de la tarde, miré al alcalde que salió del restaurante de su propiedad y recordé que tenía que dialogar con él, por eso le manifesté a mi hija que fuéramos a donde el alcalde. Al atravesar la calle miré que dos personas se levantaron del parque a donde estaban sentadas y fueron hacia él por lo que le manifesté a mi hija que lo iba a hacer más tarde, fue cuando uno de ellos mandó la mano a la cintura por la parte de adelante y siempre fue como dificultoso hacerlo, se demoró al hacerlo y sacó un arma y empezó a disparar con las dos manos sobre el alcalde. Lo mismo hizo la otra persona que iba con él que también disparó contra el alcalde. Entonces fue cuando el alcalde ya cayó, traté de protegerme en la esquina porque los asesinos vinieron hacia mí. Me lancé al piso de un andén protegiendo a mi hija y dos motos los esperaban en la esquina, arrancaron, se fueron y ya cuando las motos habían volteado la esquina fue cuando hubo movimiento de la gente. Pasaría unos cinco minutos aproximadamente cuando la policía salió a la esquina.

10.2.2. Alba Alicia Arias Patiño, hermana de la esposa del alcalde asesinado, declaró (fl. 154, cdno. 1):

Ese día, tres de octubre de 1997 me encontraba en Villagarzón en la parte urbana más o menos a la una y media de la tarde. Me encontraba en mi casa con una amiga y escuché unos tiros, a lo que alcancé a mirar, miré que un señor disparaba pero a esa hora no miraba a quien le disparaba, salí un poquito entonces miré que era a Carlos Correa mi cuñado. Pensé salir a esa hora a avisarle a mi hermana porque vivimos juntos allí y miré que el tipo que le disparó salió corriendo.

10.2.3. Julio Burbano Sandoval, quien ayudó a alzar el cuerpo aún con vida del señor Correa Posada para ingresarlo a un carro y llevarlo al hospital de Mocoa, señaló (fl. 158, cdno. 1):

Yo llegué a la una de la tarde al parque de Villagarzón, entonces había un amigo allí era Remigio Solarte y luego nos pusimos a conversar con él, cuando después de un rato vi que el finado Correa Posada salía de almorzar de la casa de él, pero como lo vi que salió no le puse cuidado. Cuando al momento que regresé a conversar con el amigo sentí un tiro y regresé a ver y vi cuando cayó el finado.

En esas le siguió martillando bala el tipo allí, cuando yo me avanzaba hacia él, cuando estaba ya doña Melba agarrada del finado, entonces llegó un carro y me puse a ayudarlo a alzar porque estaba vivo todavía y lo alzamos al carro y se lo llevaron para Mocoa, eso es lo que me consta.

10.2.4. Mauro Isaías Acosta Ortiz, personero municipal para la fecha del homicidio, también mencionó (fl. 161, cdno. 1):

…el día 3 de octubre de 1997 me encontraba almorzando con él en el restaurante de su propiedad, aproximadamente a la una y cuarenta y cinco, terminamos de almorzar y él subió al segundo piso donde tenía su residencia y yo salí del restaurante hacia un restaurante seguido denominado Transipiales de propiedad de doña Rubiela Zamudio. Salí y me senté al fondo del restaurante, desde allí pude apreciar cuando él salía de su casa y se dirigía a la alcaldía cuando dos jóvenes que estaban en el parque lo llamaron y él fue hacia donde ellos entonces fue cuando le dispararon. No sé cuántos tiros pero eso fue en ráfaga, entonces de ese temor la gente se corrió, se escondió e inclusive el sicario disparó hacia el restaurante donde yo estaba pegando en una silla que aún se conserva en ese restaurante, después nos dio mucho susto y casi que nos escondimos digamos, pero alcanzamos a ver cuando le dispararon y cayó el señor alcalde, cuando en el suelo lo remataron.

10.3. Carlos Octavio Correa Posada murió ese mismo día por “choque hipovolémico (anemia aguda), secundario a heridas producidas por proyectil de arma de fuego” (acta de levantamiento de cadáver —fl. 34, cdno. 1—, registro civil de defunción —fl. 26, cdno. 1—).

10.4. El señor Correa Posada devengaba para la fecha de su muerte $1 053 000 (certificación del tesorero municipal de la alcaldía de Villagarzón —fl. 28, cdno. 1—).

10.5. La señora Melba Arias Patiño era la cónyuge de Carlos Octavio Correa Posada (registro civil de matrimonio —fl. 24, cdno. 1) y Carlos Giovanni Correa Arias, su hijo (registro civil de nacimiento —fl. 29, cdno. 1—).

10.6. El Tribunal Administrativo de Nariño emitió sentencia condenatoria en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con fecha del 13 de octubre de 1999, proceso 980125 (2), por los mismos hechos objeto de esta acción, en favor de Rita Emilia Posada de Correa, madre de Carlos Octavio Correa Posada, y sus hermanos, José Reinaldo, Esnoraldo Antonio, Bernardo Aurelio, Alba Nohesly, Rosmira María, Luis Alberto, María Doris, Henry y Carmen Emilia Correa Posada. Reconoció perjuicios morales para todos los actores y lucro cesante en favor de la madre del señor Correa Posada (fl. 301, cdno. 1, prueba solicitada en el escrito de la demanda y aportada por la parte actora una vez contó con el fallo condenatorio en mención).

IV. Problema jurídico

11. La Sala debe determinar si la muerte del señor Carlos Octavio Correa Posada, alcalde del municipio de Villagarzón-Putumayo, le es imputable jurídica y fácticamente a la entidad demandada por haber omitido sus deberes de protección de la vida e integridad de dicha persona.

V. Análisis de la Sala

12. En primer lugar, cabe precisar que, toda vez que el recurso de apelación fue interpuesto por ambas partes, en esta instancia se decidirá sin límite alguno sobre la controversia, de conformidad con lo establecido en el artículo 357(3) del Código de Procedimiento Civil.

13. La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 11 el derecho fundamental a la vida, el cual es inherente a la persona humana y constituye la base sobre la cual descansan sus otros derechos. Frente al mismo, el Estado tiene una obligación de doble naturaleza: por una parte, el deber de no privar arbitrariamente de la vida a ninguna persona (obligación negativa); y de otro lado, a la luz de su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)(4).

13.1. La obligación positiva con respecto al derecho a la vida, llamada deber de garantía, demanda del Estado una actividad de prevención y salvaguarda del individuo respecto de los actos de terceras personas, teniendo en cuenta las necesidades particulares de protección, así como la investigación seria, imparcial y efectiva de estas situaciones(5):

Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

13.2. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(6)– ha establecido que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo(7). En armonía con la jurisprudencia interamericana, esta corporación ha dicho recientemente:

No se trata, no obstante, de radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal(8).

13.3. Además, la corporación ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, con su acción u omisión propiciaron o permitieron que personas ajenas a la administración lo causaran. Estas situaciones se presentan cuando una persona que está amenazada hace el respectivo aviso de las amenazas a las autoridades y, a pesar de ello, estas adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes(9), o cuando, si bien la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla(10). Al respecto, esta Subsección ha señalado(11):

La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que éstas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente(12).

Ahora, si el daño es previsible, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no es necesario que la víctima solicite expresamente que se preserve su vida o su integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales de protección y prevención. Basta con demostrar que las autoridades tenían conocimiento de las amenazas o del peligro que enfrentaba la persona(13).

13.4. En vista de ello, es preciso analizar si la entidad demandada —Policía Nacional— incurrió en alguna de las conductas señaladas anteriormente, es decir, si a pesar de conocer las amenazas que se cernían en contra de Carlos Octavio Correa Posada, evento que permite inferir que la situación de riesgo cierto e inmediato para el funcionario le era previsible, y de contar con posibilidades reales de evitar que dicho riesgo se concretara en un daño, omitió prestar medidas de seguridad a su favor o las brindó de forma inadecuada.

14. Sea lo primero señalar que, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, la Sala encuentra demostrado el daño, pues se probó que Carlos Octavio Correa Posada murió como consecuencia de los disparos con armas de fuego realizados por atacantes anónimos (párr. 10.2.). Acreditado el daño, es preciso determinar si existió una conducta irregular por parte de las autoridades y, de ser así, si hay un nexo de causalidad entre dicha conducta y el daño producido.

15. Para establecer si el homicidio del señor Correa Posada corresponde a uno de aquellos eventos en los cuales hay lugar a establecer la responsabilidad de la entidad demandada ante el quebrantamiento del principio de la razonabilidad en la previsión del riesgo, es necesario esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte, la existencia o no de amenazas en su contra, el conocimiento que las entidades demandadas tenían de dicho riesgo y, en especial, las medidas que éstas adoptaron para evitar que la situación riesgosa se concretara en un resultado fatal.

15.1. Los testigos que se presentaron a declarar a instancias del tribunal a quo, manifestaron que el alcalde Correa Posada era amenazado vía telefónica y que incluso en la mañana del 3 de octubre de 1997, día de su muerte, recibió llamadas en ese sentido.

15.1.1. Arnulfo Mosquera Daza, señaló (fl. 150, cdno. 1): “Sí yo tuve conocimiento de las amenazas más o menos un mes antes de los hechos del acontecimiento de la muerte y esas amenazas supuestamente venían de la parte subversiva porque siempre fue a través del teléfono…”.

15.1.2. Soledad del Carmen Luna Enriquez, quien conocía al alcalde y había estado en su casa en varias oportunidades, mencionó (fl. 159, cdno. 1): “En primer lugar, a las nueve de la mañana el día 3 de octubre de 1997, estuve en la casa de él, cuando él llegó y manifestó que había tenido otra llamada de amenaza, que lo habían amenazado…”.

15.1.3. Mauro Isaías Acosta Ortiz, personero municipal para la fecha de los hechos, manifestó (fl. 161, cdno. 1): “Tengo conocimiento porque me desempeñaba en esa época como personero municipal, de allí que como función del cargo me tocaba estar pendiente de muchas cosas del alcalde, y así fue que me enteré que él estaba amenazado de muerte no sabemos por qué grupo o personas. Se tenían varias versiones como las que las amenazas venían del grupo contrario de política, otras versiones eran que la guerrilla lo había amenazado y otra es que por el hecho de colocar seguridad en el aeropuerto Canguchal de Villagarzón, lesionó los intereses de narcotraficantes y por allí venían las amenazas”.

15.1.4. De esas amenazas tuvo conocimiento la entidad demandada, con ocasión de una reunión que sostuvo el alcalde Correa Posada, el comandante de la Policía del Putumayo y unos oficiales del Ejército Nacional en el despacho de la Secretaría de Educación. Arnulfo Mosquera Daza, funcionario de la Alcaldía Municipal de Villagarzón bajo el periodo en que Carlos Octavio Correa fungió como alcalde, manifestó que esa reunión se llevó a cabo por las frecuentes amenazas en contra del alcalde, y que como resultado de la misma, la Policía Nacional se comprometió a brindarle la seguridad necesaria para el desplazamiento desde la casa a la oficina y viceversa (fl. 150, cdno. 1):

Preguntado. En el hecho 14 de la demanda se dice que una semana antes del asesinato del señor Correa Posada usted participó en una reunión a la que asistieron el comandante de la Policía del Putumayo y unos oficiales del ejército y la esposa del extinto alcalde en la cual dichos oficiales y policías prometieron responsabilizarse de la vida del señor Correa Posada. Sírvase contestar al despacho si tal protección le fue brindada al occiso y sírvase explicar en qué consistían las amenazas que lo llevaron a solicitar la protección. Contestó. Esa reunión se llevó a cabo en el despacho de la secretaría de educación y ante las circunstancias de amenazas que fueron frecuentes y en convenio con la fuerza pública se comprometieron a brindarle la seguridad necesaria para el desplazamiento desde la casa a la oficina y viceversa, aclarando que ellos no tenían ninguna responsabilidad si se desplazaba a otro lugar fuera de los antes mencionados, pero eso no fue así, al siguiente día llegaron dos agentes de narcóticos y jamás regresaron, eso es lo que puedo decir del convenio que hubo con la fuerza pública.

15.2. De lo anterior se colige la existencia de un riesgo razonablemente previsible para las Policía Nacional sobre el peligro de un ataque en contra de la integridad del alcalde Carlos Octavio Correa Posada y la obligación de esa entidad de desplegar todos los medios idóneos necesarios dirigidos a proteger la vida del funcionario hostigado. La Sala recuerda que, por orden constitucional, las autoridades están constituidas para proteger la vida, honra y bienes de todas las personas residentes en el país, y que a la fuerza pública le corresponde defender la integridad territorial y la vigencia del orden constitucional, así como mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

15.3. Con el fin de determinar si las medidas dispuestas por la Policía Nacional constituyeron medios de protección adecuada que responden a los postulados constitucionales de mantenimiento y preservación del Estado de derecho, se debe analizar si la prestación del servicio por parte suya alcanzó el “nivel medio” que se espera de la entidad según su función y las circunstancias particulares del caso. Al respecto esta Subsección ha precisado:

Ahora, la obligación de seguridad que corresponda prestar al Estado en un evento determinado, conforme a la jurisprudencia que la Sala ha desarrollado desde vieja data, debe determinarse en consideración a su capacidad real de prestar ese servicio, atendidas las circunstancias concretas, bajo el criterio de que “nadie está obligado a lo imposible” (...) Con el fin de precisar aún más el concepto, la Sala, en providencia dictada antes de la expedición de la actual Constitución, señaló que el cumplimiento de las obligaciones del Estado debía examinarse a la luz del nivel medio que se espera del servicio, según su misión, las circunstancias y los recursos de que disponía, de tal manera que se presentaría la falla cuando el servicio se prestaba por debajo de ese nivel medio(14).

15.4. Los testigos fueron contestes en afirmar que el escolta que tenía asignado Carlos Octavio Correa no era diligente ya que normalmente se encontraba en la estación de policía o en el parque distraído de sus funciones y que el alcalde lo tenía que mandar a buscar para pedirle que lo acompañara. También señalaron que un par de meses antes de su asesinato, el occiso había solicitado a la Policía Nacional le aumentaran el número de escoltas.

15.4.1. Luis Carlos Andrade Segura, citador municipal, dijo (fl. 152, cdno. 1):

Contestó. Don Carlos Octavio Correa siempre me decía en la oficina, me decía Andrade venga para acá, ponga cuidado a gente extraña, si hay me avisa, entonces yo no miraba nada, sino que me mandaba a buscar al escolta y varias veces iba a buscarlo y se encontraba en la estación de policía, hasta allí no más eso. (...). Los primeros escoltas dos que tuvo primero siempre permanecían con él, el último escolta ya no permanecía y es el que me mandaba a buscar era agente de la policía, eso ya fue el escolta último como que estaba amenazado y no nos decía nada y el escolta el último lo dejaba solo, me mandaba a buscarlo y a veces lo encontraba por el parque y a veces lo encontraba como siempre metido en la estación de Policía. El alcalde estaba inseguro porque el escolta no andaba junto con él.

15.4.2. Arnulfo Mosquera Daza, jefe de personal de la alcaldía municipal para el momento de los hechos, manifestó (fl. 149, cdno. 1):

El día de los hechos tenía asignado un agente de policía como escolta, pero lastimosamente tengo que decir que era un escolta que no valía la pena, es decir el alcalde tenía que buscarlo para decirle me voy para tal parte para que lo acompañe. Desde el momento que fue asignado hacía más o menos dos meses, fue así. Estaba asignado como escolta permanente. Yo tengo que decir que el alcalde magister Carlos Octavio Correa en los momentos en que fue víctima de las amenazas solicitó a la fuerza pública que le aumentaran el pie de fuerza o sea que le asignaran dos o tres escoltas, pero nunca se dio eso, antes por el contrario le quitaron un escolta que tuvo antes al último que valía la pena, un tipo que estaba al pie de la jugada digámoslo así, ante ese hecho Carlos solicitó al Departamento de Policía él reclamó el escolta pero no fue posible y allí fue donde le asignaron el agente de policía no recuerdo el nombre, me parece que es de apellido Londoño.

15.4.3. Soledad Del Carmen Luna Enríquez, coordinadora de cultura de la alcaldía, señaló (fl. 156, cdno. 1): “Sí, tenía últimamente asignado uno solo, era agente de la policía, era permanente pero se caracterizaba por que lo dejaba solo y de eso lo había informado ya el alcalde, porque él había solicitado protección debido a las amenazas que recibía. Entonces solicitó que le asignaran guardaespaldas que de verdad lo acompañen”.

15.4.4. Amanda Lucía Bravo Pipicano, secretaria del señor Correa Posada en la alcaldía, señaló (fl. 157, cdno. 1): “Tenía asignado un escolta de la Policía Nacional era de apellido Naranjo, como escolta debe estar detrás del protegido, pero el escolta que tenía en ese tiempo varias veces el alcalde me decía Amanda vaya a buscar al escolta porque voy a salir y a mí me tocaba salir a buscarlo yo salía a dar vueltas y a veces salía de la policía y le decía el alcalde va a salir, varias veces me tocó hacer eso…”.

15.4.5. También observa la Sala que el alcalde Correa Posada dirigió una solicitud al comandante del Departamento de la Policía del Putumayo, el 18 de septiembre de 1997, esto es, 15 días antes de su muerte, para que reconsiderara su decisión de trasladar a Luis Fernando Londoño Murillo, el escolta que hasta la fecha lo había acompañado, dado que había demostrado “seriedad, responsabilidad y eficiencia” (solicitud en mención —fl. 49, cdno. 1—).

15.5. En cuanto al comportamiento del escolta el día de los hechos, se tiene probado que este no acompañaba de cerca al alcalde municipal. Cuando el funcionario salió del restaurante donde había almorzado, su escolta, alertado por un tercero salió en su búsqueda, pero al escuchar los tiros trató de resguardarse nuevamente en ese mismo restaurante. Al estrellarse contra la cortina metálica que bajó una de las meseras del recinto, buscó ingresar en otros locales o residencias.

15.5.1. Franco Javier Melo Castillo, señaló (fl. 153, cdno. 1):

Preguntado. Sírvase decir al tribunal si en ese momento el alcalde Correa Posada iba acompañado de algún guardaespaldas o tenía alguna protección y seguridad brindada por alguna autoridad o personas. Contestó. No, iba solo, fijé la mirada en él y miré que los asesinos comenzaron a disparar pero no vi guardaespaldas… Preguntado. Observó ud, si el escolta que el señor Alcalde tenía asignado reacción de alguna manera para proteger al Alcalde de los asesinos. Contestó. Mi mirada estaba centrada en el alcalde. No se vio movimiento de nadie y el escolta no estaba allí.

15.5.2. Alba Alicia Arias Patiño, cuñada del alcalde asesinado, dijo (fl. 154, cdno. 1): “Yo sabía que él tenía un escolta de la policía pero en ningún momento miré que reaccionó en hacer algo porque no lo miré esa hora”.

15.5.3. Omaira del Socorro Luna, mesera del restaurante de donde salió el señor Correa Posada el día de los hechos, señaló (fl. 155, cdno. 1):

El día de la muerte del señor Carlos Octavio, el 3 de octubre de 1997, yo estaba en el restaurante, habían almorzado, era la una y media de la tarde, el señor Carlos Correa almorzó y luego subió a despedirse de la señora Melba y después él bajó. Como tenía el guardaespaldas y tenía que ir con él, el guardaespaldas no se dio la hora que él salió, cuando yo estaba recogiendo la loza le dije al muchacho o sea el guardaespaldas, “usted no va a salir?” El alcalde ya se fue. Y me dijo “ya se fue?”, y salió atrás. Y eso pasó. No era ni un minuto cuando oí los disparos y como la señora Melba me había dicho que cuando oyera disparos bajara la cortina de una, que no me vaya a esconder y dejara la cortina abierta, yo del susto me iba a esconder y me acordé y me regresé y al bajar la cortina el guardaespaldas se iba a esconder a meterse allí. Yo de una baje la cortina y él quedó afuera. Entonces al momento me di cuenta que era el alcalde porque él era quien había salido. Dimos la vuelta por el portón y ya cuando lo miré estaba tendido, yo salí y no mire nadie y el alcalde estaba en el suelo sangrando, por la espalda, yo miré que cuando estaba en el suelo le estaban disparando y al muchacho que le disparó fue un hombre alto, no sé si pueda reconocerlo. (...) Al momento que le estaban disparando él se iba a esconder y cuando ya salí el guardaespaldas no estaba. No lo miré por ningún lado y la policía quedaba a treinta metros de la estación y la policía nada hizo por defenderlo ni nada, (...) cuando salimos la gente decía que el guardaespaldas se había escondido en una residencia y había ido a dar a la cocina, eso no miré yo sino que escuché decir.

15.5.4. Soledad Del Carmen Luna Enríquez, coordinadora de cultura de la alcaldía para el momento de los hechos, dijo (fl. 156, cdno. 1): “En ese momento cuando yo llegué solo estaba la esposa y el hijo, pedían auxilio a la gente, a la policía y nadie hacía nada, el escolta a quien conocía no lo vi en ninguna parte”.

15.5.5. Julio Burbano Sandoval, quien estuvo presente el día del homicidio, señaló (fl. 158, cdno. 1): “Sí sabía que tenía asignado guardaespaldas de carácter permanente, y cuando lo mataron al señor Correa Posada no me di cuenta del escolta porque yo estaba ayudándolo a alzar, la policía tampoco vi que estaba (sic).”

15.5.6. Reinel Erbey Bacca Romo, auxiliar de tesorería de la alcaldía, declaró (fl. 160, cdno. 1):

El día 3 de octubre de 1997, aproximadamente veinte minutos para las dos de la tarde, escuché unos disparos en la calle, salí corriendo de mi oficina pero decidí asomarme a la ventana. Lo único que miré fue al escolta del alcalde cuyo nombre no lo sé, tratando de meterse a una residencia, cuando le cerraron la cortina, él retrocedió y se metió a otra. Luego salí del portón de en frente de la alcaldía y otro compañero que estaba en el parque me dijo que le dispararon al alcalde, entonces salimos corriendo, llegamos a donde estaba el alcalde tirado y lo levantamos y lo llevamos hasta el hospital y luego hasta la ciudad de Mocoa al Hospital en la ambulancia.

15.5.8.(sic) Mauro Isaías Acosta Ortiz, personero municipal para la fecha del homicidio, consideró (fl. 161, cdno. 1):

Respecto del escolta sabía que el alcalde más o menos tres semanas le había dicho al Capitán de antinarcóticos que él no tenía escolta que por favor le ayudara a hacer gestión para la consecución de ese servicio y no sé qué gestiones hizo pero la verdad es que el día tres de octubre de 1997 sí tenía asignado el escolta que para el momento de los hechos no miré el escolta por ninguna parte, no sé dónde se encontraría y la policía al momento de los primeros disparos parece que se escondió. No la vimos por ningún lado, teniendo en cuenta que de donde asesinaron al alcalde a la estación de policía hay una distancia de treinta metros que se puede verificar en una inspección judicial.

15.6. De lo anterior se establece que la prestación del servicio de protección personal en favor del señor Carlos Octavio Correa Posada se hizo por debajo del nivel medio esperado. Así, en la medida en que el escolta no era diligente en el acompañamiento que debía hacer al alcalde, que terceros debían avisarle cuando el burgomaestre se disponía a salir de la alcaldía o de su lugar de habitación, que el día de los hechos estas mismas quejas sobre la desidia del agente se materializaron ya que fue alertado por una mesera de que el alcalde ya había salido del restaurante, y que al momento de los disparos no protegió la vida del funcionario, sino que buscó resguardarse del peligro como cualquier otro ciudadano, la Sala considera que la protección ofrecida al funcionario municipal fue inadecuada y precaria, máxime si se tiene en cuenta que la entidad demandada conocía de las amenazas hechas en su contra. Aunando a lo anterior, el esquema de seguridad era insuficiente, ya que la protección que debía darle el escolta sólo cubría los recorridos que hiciere el alcalde municipal desde su lugar de habitación a la sede de la alcaldía y en sentido contrario (párr. 15.1.4.) Las anteriores consideraciones permiten estructurar la responsabilidad de la Policía Nacional por la falla del servicio de su deber de protección, el cual no se prestó de conformidad con los estándares constitucionales que demanda esta delicada misión.

15.7. La parte actora también señaló que la Policía Nacional tiene una estación a 30 metros del lugar de los hechos, y que a pesar de que era visible desde el lugar donde estaban las motos esperando a los homicidas, quienes tardaron unos minutos en llegar a esa esquina y huir en los vehículos, los agentes “no hicieron nada para repeler a los homicidas” (párr. 1.2.).

15.7.1. En ese sentido, manifestó Franco Javier Melo Castillo (fl. 153, cdno. 1):

Preguntado. Sírvase contestar a qué distancia del lugar del homicidio se encontraba o encuentra ubicada la estación de policía y además cual fue la participación de la Policía cuando ocurrieron los hechos. Contestó. Del lugar a la estación de policía hay aproximadamente unos treinta metros, la visibilidad es normal, fue en todo el centro de la calle principal, no se miró ni reacción ni policía por allí que se movieran, yo no miré realmente policía, la reacción fue posterior ya pasado el acto incluso ya los homicidas se habían ido en las motos.

15.7.2. Amanda Lucía Bravo Pipicano, secretaria del señor Correa Posada en la alcaldía, señaló (fl. 157, cdno. 1): “Los policías estaban estáticos yo alcancé a mirar dos que estaban en la estación y no hicieron nada. Se quedaron quietos, una compañera les gritaba que las auxiliara y ellos se escondían detrás de las trincheras”.

15.7.3. Soledad del Carmen Luna Enriquez, quien conocía al alcalde y había estado en su casa en varias oportunidades, mencionó (fl. 159, cdno. 1): “En ese momento que yo llegué no se miraba a nadie de policías ni al guardaespaldas, ni tampoco vi que la policía haya salido a perseguir a los que le habían disparado al señor alcalde”.

15.7.4. Reinel Erbey Bacca Romo, auxiliar de tesorería de la alcaldía, declaró (fl. 160, cdno. 1): “La actuación de la policía el día de los hechos fue nula, no se acercaron a darle protección aunque ya estaba allí tirado.”

15.7.5. Alba Alicia Arias Patiño, cuñada del alcalde asesinado, dijo (fl. 154, cdno. 1):

A esa hora salí a llamar a mi hermana cuando ella salía de su casa porque vivimos juntos y fuimos hacia el sitio donde estaba tirado él, y gritábamos auxilio a la policía, a la gente y nadie nos ayudó y colaboró a esa hora. La policía en ningún momento trató de dar auxilio aunque la llamábamos pero no hicieron nada. A esa hora llegaron dos empleados de él que ayudaron a levantarlo y consiguieron un carro y lo llevaron al hospital, (...) El sitio de mi casa a donde le dispararon a mi cuñado Carlos Octavio Correa es al lado de la casa de él y a él lo mataron. Fue al frente de la casa de él hacia (sic) unos treinta metros de la policía para acá y la policía no hizo nada.

15.7.6. Soledad Del Carmen Luna Enríquez, coordinadora de cultura de la alcaldía, señaló (fl. 156, cdno. 1):

Nosotros entramos a trabajar a la una y cuarenta y cinco a la oficina de la alcaldía. Yo trabajaba como coordinadora de cultura el 3 de octubre de 1997. En el momento que yo entré a la oficina se escucharon unos tiros, entonces nosotros salimos porque teníamos amenazas de que se iba a entrar a la guerrilla (sic). Al alcalde lo tenían amenazado. Nosotros salimos por la parte trasera de la oficina y en ese momento el secretario de educación me dijo que el alcalde, él gritó “alcalde”, entonces en ese momento me devolví hacia el parque y ya me di cuenta que al frente de la casa del alcalde ya toda gente miraba hacia el frente de la casa, entonces yo salí corriendo y en ese momento estaba la esposa, el hijo con el cuerpo del alcalde tirado en el piso. Entonces yo pedí auxilio porque la policía queda al frente. En el momento que yo solicitaba que nos auxilien. La policía se escondió bajo la trinchera. Me acerqué más a la policía a pedirles y gritarles auxilio porque la gente no se atrevía, estaban asustados y la policía no me hizo caso. Se quedaron escondidos debajo de la trinchera, en ese momento hasta me tocó insultarlos porque me daba desobligado (sic) de ver que no hacían nada por ayudarnos, entonces nosotros con otros dos. Entonces nosotros con otros dos compañeros que trabajamos en la alcaldía pedimos auxilio a un señor que tiene un carro cerca y lo subimos entre cuatro compañeros y lo llevamos al hospital, eso es todo lo que me consta. Es que la alcaldía queda cerca al lugar donde lo mataron, yo no alcancé a ver correr a nadie porque cuando yo llegué al sitio de los hechos los delincuentes ya se habían ido.

15.8. De acuerdo con las pruebas recaudadas, los agentes de la Policía Nacional ubicados en la estación del municipio de Villagarzón no reaccionaron de forma ágil y eficaz eficiente y valiente ante el atentado perpetrado en contra del señor Correa Posada. Si bien la actuación de esos agentes no configuró la causa eficiente del daño, como sí lo fue la omisión atribuible a la entidad demandada por el comportamiento del escolta asignado al funcionario público, es reprochable la ausencia de reacción, ya que una intervención de la fuerza pública si bien no habría podido evitar las lesiones en el cuerpo del alcalde municipal, sí habrían permitido la captura de sus victimarios.

VI. Liquidación de perjuicios

16. Los actores pidieron el pago de perjuicios morales en favor de Melba Arias Correa y Carlos Giovanni Correa Arias, estimado en 1000 gramos oro para cada uno. El a quo reconoció 60 smlmv.

16.1. Para fijar el valor correspondiente a la reparación del perjuicio moral, la Sala advierte que la condena se proferirá en el equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)(15).

16.2. El juez administrativo tiene la potestad de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Esta discrecionalidad está regida por: (i) la regla de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, dado que “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”, mas no a título de restitución ni de reparación; (ii) el principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del daño y su intensidad; y (iv) el deber de estar fundada, cuando sea el caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(16).

16.3. En el presente caso, está acreditado que el Melba Lucía Arias fue la cónyuge de Carlos Octavio Correa Posada y que Carlos Giovanni Correa Arias es su hijo (párr. 10.5.). Esta Sala ha considerado que el parentesco puede constituir indicio suficiente de la existencia, entre miembros de una misma familia, de una relación de afecto profunda y del sufrimiento que experimentan unos con la desaparición o el padecimiento de otros(17).

16.4. Para cuantificar el valor a reconocer por concepto de reparación de los daños morales, se acude al criterio que fijó tal indemnización en 100 smlmv para los eventos de mayor intensidad y que abandonó la aplicación extensiva de las reglas sobre la materia establecidas en el Código Penal, por considerarlas improcedentes, con el propósito de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo que fijan, respectivamente, la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana(18).

16.5. En virtud de lo anterior, por concepto de reparación de los daños morales, según las condiciones familiares debidamente acreditadas, se modificará el fallo de la Sala de Descongestión de los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, con sede en Cali, en el sentido de reconocer en favor de la cónyuge e hijo de la víctima, el valor equivalente a 100 smlmv para cada uno(19).

17. Los actores también solicitaron el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, estimado en $400 000 00 en favor de Melba Lucía Patiño y $150 000 000 en favor de su hijo Carlos Giovanni Correa Arias. El tribunal de primera instancia reconoció el equivalente a $33 311 294,24 para cada uno de ellos.

17.1. Dos testimonios(20) presentados en el curso del proceso surtido ante el tribunal a quo permiten inferir que los actores dependían económicamente del de cujus. Víctor Hugo Luna Enríquez, señaló (151 cdno. 1): “como jefe del hogar lo mantenía directamente Carlos Octavio él era el que trabajaba y los gastos que se producían en la casa era con el sueldo de él, doña Melba simplemente era una ama de casa, no tiene profesión y el hijo está estudiando por lo tanto era dedicada siempre al hogar”.

17.2. Rodolfo Azarias Gómez Díaz también mencionó (fl. 162, cdno. 1):

El hogar de Carlos Octavio lo constituía a más de él su esposa Melba Lucía Arias Patiño y su hijo Carlos Giovanny Correa Arias, de unos diecinueve a veinte años, actualmente está estudiando en la Universidad en la ciudad de Bogotá, tiene cursados dos semestres de ingeniería de sistemas, sé que en el momento no se pudo matricular no conozco las razones. El sostenimiento del hogar estaba a cargo de los ingresos que como alcalde percibía el señor Carlos Octavio Correa Posada, y además por un pequeño restaurante que tenía en su propia residencia. Actualmente con la muerte de Carlos Octavio prácticamente la familia está desprotegida, la señora Melba no tiene formación académica como para pretender un empleo en el sector público u oficial, deriva sus ingresos actualmente por lo que conozco de un pequeño restaurante que volvió a reabrir. Después de la muerte de Carlos por el riesgo que corría su familia la señora se trasladó a Bogotá con su hijo pero fueron precisamente las dificultades económicas las que la obligaron a residenciarse nuevamente en Villagarzón y reabrir el restaurante.

17.3. Si bien el segundo testimonio, así como otros tantos que fueron expuestos anteriormente (párr. 10.2. y ss.), señalan que el alcalde contaba con un restaurante de su propiedad y que su cónyuge la señora Arias Patiño trabajaba allí, evento habría podido constituir un aumento respecto de la base gravable para el cálculo del lucro cesante, se desconocen muchos elementos necesarios para establecer que se trataba de una fuente de ingresos familiares, ya que no se acreditó si la propiedad era del occiso junto con otra u otras personas, la fecha desde la cual empezó a operar, y las ganancias o pérdidas que generó para sus propietarios durante ese lapso de tiempo.

17.4. En conclusión, de las declaraciones citados, se puede inferir que la señora Arias Patiño y su hijo se encontraban bajo el sostenimiento de Carlos Octavio Correa Posada, evento que se refuerza por la edad de su hijo, quien a la fecha de los hechos, esto es el 3 de octubre de 1997, tenía 16 años de edad (nacido ago. 20/81).

17.5. Se debe aclarar que en el expediente se cuenta con un informe pericial solicitado por la parte actora y decretado en el curso del proceso (fl. 240, cdno. 1), el cual contiene la liquidación del lucro cesante consolidado y futuro para cada uno de los dos actores. El dictamen pericial es una herramienta que le permite al juez obtener información y aclarar aspectos científicos que desbordan su campo de conocimiento, por medio de conceptos emitidos por profesionales de otras áreas, pero cuando versan sobre aspectos que normalmente elabora el juez en sus fallos y que versan sobre puntos de derecho, en aplicación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, no son necesarios. Si bien la estimación del lucro cesante no es un aspecto netamente jurídico, es normalmente calculado por el juez en sus sentencias, y no requiere recurrir a un perito experto a menos que frente a ese ejercicio medien otras variables, como aspectos contables y financieros complejos que dificulten el ejercicio que haría el fallador. Este no es el caso que atañe a la Sala, por cuanto se considera innecesario acudir al informe pericial presentado para calcular el perjuicio en mención y por cuanto a la fecha, años después de su presentación, los valores se habrán alterado. Aunado a lo anterior, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad necesarios. En atención a lo anterior, la Sala desestimará el informe pericial en mención y procederá a realizar la liquidación del perjuicio solicitado.

17.6. Para la actualización del monto de los ingresos mensuales de la víctima se aplicará la fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar ($1 053 000-según hecho 10.4.), IPC final el índice de las series de empalme correspondiente al mes anterior a la liquidación (116,91)(21) y el IPC final o histórico el índice de las series de empalme de la fecha de ocurrencia de los hechos (44,08)(22). Por lo tanto, el salario percibido mensualmente por el alcalde Correa Posada, en valores actualizados, es de $2 792 791.

17.7. Para el cálculo del lucro cesante consolidado se procede a la liquidación de la siguiente forma: (i) se toma como base el salario devengado por la persona en su valor actual, es decir, $2 792 791; (ii) se adiciona el 25%, que equivale a las prestaciones sociales ($3 490 989); (iii) se resta el 25%, que corresponde a la destinación para gastos personales; (iv) se obtiene, en consecuencia, una suma final de $ 2 618 242 correspondiente a lo que el alcalde de Villagarzón reservaba para los gastos de su familia; y (v) dicho valor se divide en partes iguales, esto es, $1 309 121, que destinaba para su cónyuge y $1 309 121 que destinaba para su hijo.

17.8. A este valor se le aplica un interés mensual de 0,004867 por los 15 años, 9 meses y 28 días, es decir, o 189.28 meses que transcurrieron desde la muerte del alcalde (3 de octubre de 1997) hasta la fecha (31 de julio de 2013).

Así, el perjuicio material se cuantificará en favor de Melba Lucía Arias Patiño, desde el momento de los hechos hasta la fecha de esta sentencia, teniendo en cuenta la vida probable(23) de su cónyuge(24), quien tenía 43 años al momento de los hechos y su expectativa de vida era de 33.99 años, es decir, 407,88, por ser inferior(25) a la de ella(26).

17.9. Para su cálculo de utilizará la siguiente tabla:

1999-00376
 

for11999-00376
 

 

18. La indemnización consolidada, por este concepto, a favor de Melba Lucía Arias Patiño es de $405 286 944 m/cte.

18.1. De otro lado, la indemnización del periodo futuro comprende el resto de vida probable del señor Carlos Octavio Correa Posada, es decir, 407,88 meses menos 189,28 meses indemnizados por concepto del periodo consolidado, esto es 218,6 meses.

1999-00376for2
 

18.2. La indemnización futura, por este concepto, a favor de Melba Lucía Arias Patiño es de $175 914 993 m/cte. Sumados los valores de la liquidación consolidada y futura, se obtiene el total de $581 201 937.

18.3. Frente al reconocimiento que corresponde hacer en favor de Carlos Giovanni Correa Arias, se modificará el valor calculado por el tribunal a quo, toda vez que no hay lugar a estimarlo hasta la vida probable de su padre, sino hasta que el joven haya cumplido 25 años de edad, momento en el cual los hijos se emancipan de su hogar y entran a formar su propio núcleo familiar(27). En esa medida, el perjuicio se calculará desde la ocurrencia de los hechos, 3 de octubre de 1997, hasta que Carlos Giovanni Corra hubiera cumplido 25 años de edad, esto es el 20 de agosto de 2006 (nació el 20 de agosto de 1981), para un periodo de 8 años, 10 meses y 17 días, o 106,17 meses.

1999-00376for3
 

18.4. Es decir, Carlos Giovanni Correa Arias será beneficiario de $181 408 970 por concepto de lucro cesante consolidado.

18.5. De conformidad con la prueba arrimada al expediente, quedó también demostrado que el Tribunal Administrativo de Nariño emitió sentencia condenatoria en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con fecha del 13 de octubre de 1999, proceso 980125(28), por los mismo hechos objeto de esta acción, en favor de Rita Emilia Posada de Correa, madre de Carlos Octavio Correa Posada, y sus hermanos (párr. 10.6.) y ordenó el pago a cargo de la entidad demandada por la suma de $10 036 472 en favor de la madre del señor Correa Posada por concepto de lucro cesante, en consideración a un dictamen pericial que así lo estableció. De manera que, habrá que descontar ese monto del valor reconocido en esta instancia a los dos actores, por partes iguales. Dicha suma será actualizada de conformidad con la siguiente fórmula:

1999-00376for4
 

Donde:

Vp: Valor presente de la renta:

Vh: capital histórico, o suma que se actualiza: $10 036 472

Índice final certificado por el DANE a para junio de 2014: 116,91

Índice inicial certificado por el DANE: a la fecha de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, 13 de octubre de 1999: 56,43

1999-00376for5
 

18.5. De lo anterior se tiene que el monto otorgado por el perjuicio en mención en cabeza de Melba Lucía Arias, corresponde a $581 201 937 menos $10 396 633, es decir, $570 805 304, y en cabeza de Carlos Giovanni Correa Arias, será $181 408 970, menos $10 396 633, esto es, $171 012 337.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia del 11 de febrero de 2005, emitida por la Sala de Descongestión de los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, con sede en Cali, y en su lugar disponer:

Primero: DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por la muerte del señor Carlos Octavio Correa Posada.

Segundo: Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar a favor de Melba Lucía Arias Patiño y Carlos Giovanni Correa Arias, por concepto de perjuicios morales causados con ocasión de la muerte de Carlos Octavio Correa Posada, el valor equivalente a 100 smlmv para cada uno.

Tercero: Condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de indemnización del daño material en la modalidad del lucro cesante, la suma de $570 805 304 a favor de Melba Lucía Arias Patiño y $171 012 337 a favor de Carlos Giovanni Correa Arias.

Cuarto: Aplicar lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Quinto: Expedir por Secretaría copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 1999 tuviera vocación de segunda instancia ante esta Corporación era de $18 850 000.

(2 Una vez consultado el libro radicador 11 del año 1998 de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Nariño, se verificó que la sentencia fue archivada el 3 de noviembre de 1999, por no ser apelada.

(3) “Artículo 357. Competencia del superior: …Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones…”

(4) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C n.° 63, párr. 144; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012, serie C n.° 259, párr. 188-190; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012, serie C n.° 252, párr. 145.

(5) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C n.° 4, párr. 166; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, cit., párr. 189; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, cit., párr. 144.

(6) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Osman vs. Reino Unido, demanda n.° 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 116; Caso Kiliç vs. Turquía, demanda n.° 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 62 y 63; Caso Öneryildiz vs. Turquía, demanda n.° 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.

(7) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, serie C 140, párr. 123-124; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C 256, párr. 128-129; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C 192, párr. 78.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 25 de mayo de 2011, exp. 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencia de 11 de febrero de 2009, exp. 23067, C.P. Enrique Gil Botero, en donde se condenó al Estado por el asesinato del alcalde de El Castillo-Meta, ocurrida el 3 de junio de 1992, en jurisdicción del municipio de Granada. En esa oportunidad señaló la Corporación: “En el presente caso el riesgo en que se encontraba la vida del alcalde afectado era evidente para las autoridades y su reacción fue sin duda precaria; no resulta adecuado aducir que se hicieron advertencias previas de que no se movilizara fuera del municipio, cuando se desconoce si ello correspondió a un estudio previo y riguroso de seguridad; menos aún, se puede afirmar que se le dio protección, pues la solicitud de la víctima se tramitó después de su asesinato; tampoco se puede alegar que se trataba de una situación de imposible manejo, cuando a la información sobre la misma ni siquiera se le dio un adecuado trámite de archivo y correspondencia”. Sentencia del 31 de mayo 2013, rad. 199903222 (30522), C.P. Danilo Rojas Betancourth (E), por la muerte del personero del municipio de Guarne, Antioquia, ocurrida el 25 de septiembre de 1997. Meses antes, el funcionario alertado por un tercero de que se preparaba un atentado para acabar con su vida, denunció ese hecho ante la Unidad Seccional de la Fiscalía de Guarne, solicitando que se le brindaran medidas de protección. Vía fax, también dio aviso de la situación a varias entidades y en la tarde se reunió en su oficina con tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, quienes le hicieron recomendaciones de seguridad. Ese mismo día, fue abordado por desconocidos, quienes con armas de fuego cegaron su vida. La Corporación condenó a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto no adelantó las funciones a su cargo en materia de protección de víctimas y no informó a la Policía Nacional y a los organismos de seguridad del Estado la situación de riesgo real e inminente en que se encontró el personero.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencia de 30 de octubre de 1997, exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque, en la que se condenó al Estado por el homicidio del candidato presidencial para el partido Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987. Se consideró que el carácter de líder de la oposición y presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debían ser elementos suficientes para que la víctima recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida. Sentencia de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, donde se condenó a Policía Nacional y el DAS por la muerte del ex ministro Enrique Low Murtra, quien debido a sus acusaciones contra el cartel de Medellín había sido amenazado por las mafias del narcotráfico. Se determinó que los organismos de seguridad del Estado debían conocer el riesgo que corría su vida y, en consecuencia, estaban obligados a adoptar medidas para protegerlo, aún si no hubiera hecho una solicitud concreta de protección. Sentencia del 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, C.P. Enrique Gil Botero, fallo que encontró responsable al Estado por la muerte del inspector de trabajo del municipio de Envigado, Antioquia, quien debido a las autorizaciones que otorgó desde el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social para el despido masivo de trabajadores en distintas empresas del departamento, fue amenazado y luego asesinado por sicarios anónimos. Sentencia del 29 de julio de 2013, rad. 199800009 01 (24496), C.P. Danilo Rojas Betancourth, en donde se condenó a Estado por el asesinato del alcalde del municipio de Miraflores, Guaviare, ocurrida el 9 de enero de 1996, perpetrado por miembros de grupos armados al margen de la ley que ingresaron en su domicilio. El alcalde no tenía asignado un servicio de escolta a cargo de la entidad ni contaba con un esquema de seguridad. Si bien no quedó demostrada la solicitud expresa a las autoridades sobre la asignación del personal de seguridad, las circunstancias del contexto que se vivían en ese municipio con la disputa de las FARC y el paramilitarismo sobre el dominio político y territorial, permitieron inferir la previsibilidad del riesgo al que estuvo expuesto el funcionario. Sentencia del 6 de diciembre de 2013, rad. 2001-00150 (30814), C.P. Danilo Rojas Betancourth, por la muerte del alcalde de Vista Hermosa-Meta, perpetrada por sicarios el 19 de septiembre de 1999, en la época en que se dispuso parte del municipio como zona de distensión decretada por el Gobierno Nacional para adelantar diálogos con la guerrilla de las FARC. Aunque la Sala careció de elementos probatorios que permitieran determinar el conocimiento previo de amenazas concretas y particulares en contra de la vida de la víctima, resultó evidente que las circunstancias que envolvían el ejercicio de sus funciones como alcalde lo ubicaba en una situación que ameritaba que el Estado pusiera especial atención a su protección.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(12) [6] “Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo”.

(13) [7] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, exp. 16.894, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, de 27 de marzo de 2008, exp. 16.234, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, de 25 de febrero de 2009, exp. 18.106, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 1º de abril de 2009, exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

(14 ) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, exp. 14443, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, exp. 13232-15646, C.P. Alier Hernández.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 10 de marzo de 2005, exp. 14808, C.P. Germán Rodríguez.

(18) Sentencia de 6 de septiembre de 2001, op-cit.

(19) El valor de esta reparación responde al precedente de esta Subsección en casos de indemnización por muerte a padres e hijos. Ver, entre otras, sentencia de 22 de noviembre de 2012, exp. 23957, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 29 de octubre de 2012, exp. 19062, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 14 de junio de 2012, exp. 21884, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo y sentencia del 29 de julio de 2013, rad. 199800009 01 (24496), C.P. Danilo Rojas Betancourth

(20) Si bien estos dos testigos no mencionaron a título de qué presentaban sus declaraciones, la Sala valorará el contenido de estas, toda vez que sus versiones coinciden con los demás testimonios recibidos por el a quo y citados en este sentencia.

(21) IPC de junio de 2014.

(22) IPC de octubre de 1997.

(23) Se acude a la resolución n.° 497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria, por ser la tabla de mortalidad vigente al momento de los hechos.

(24) Carlos Octavio Correa Posada nació el 15 de junio de 1954 (fls. 22 y 27, cdno. 1).

(25) Siempre debe escogerse el menor tiempo entre la expectativa de vida probable de la víctima que producía el ingreso frente al tiempo que el perjudicado estuviera en condiciones de beneficiarse (su vida probable), pues con la primera ocurrencia de tales hechos el lucro cesaría naturalmente.

(26) Melba Lucía Arias nació el 10 de enero de 1957 (fl. 23, cdno. 1), es decir que tenía 40 años para el momento de los hechos y su expectativa de vida era de 38.29 años.

(27) Sentencia de 31 de agosto de 2011, exp. 17.471, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(28) Una vez consultado el libro radicador 11 del año 1998 de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Nariño, se verificó que la sentencia fue archivada el 3 de noviembre de 1999, por no ser apelada.