Sentencia 1999-00380 de agosto 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 760011-23-31-000-1999-000380-01 (30.111)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Argemiro Montoya Sánchez

Demandado: Universidad del Valle

Asunto: Acción de Reparación Directa (Sentencia)

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La subsección es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (2), en atención a lo previsto en los artículos 129 del Código Contencioso Administrativo y 1º del Acuerdo 55 de 2003 en contra de la sentencia de 11 de noviembre de 2004 proferida por la Sala de Descongestión de los tribunales administrativos de Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño.

2. Problemas jurídicos.

¿La indemnización moratoria por el retardo en el pago de las cesantías en favor del actor, debe liquidarse desde el momento en que se profirió la resolución de destitución por parte de la Universidad del Valle o desde cuando se profirió la preclusión de a investigación?

Con fundamento en lo acreditado dentro del proceso, ¿debe otorgarse perjuicios del orden moral al señor Montoya Sánchez?

¿Debe recordarse lo solicitado en los numerales 3º, 4º, 5º y 6º de la demanda?

3. Asunto previo.

3.1. Pertinencia de la acción incoada (3). 

Es importante resaltar que estos asuntos han tenido diferentes pronunciamientos de la corporación, y que es necesario advertir que al caso en cuestión le es procedente la acción de reparación directa, como pasa a explicarse.

En un primer momento, se estableció que si el daño invocado tenía su origen en el acto administrativo, cuando se trata de obligaciones laborales (v.g., reconocimiento de auxilios de cesantías), era procedente únicamente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho(4).

En un segundo momento, se sostuvo que cuando se trata de la ejecución material y efectiva de un acto administrativo, debe entenderse que la fuente del daño es atribuible a una operación administrativa y no al acto administrativo mismo, lo que no exige un pronunciamiento de la administración “pues cuando la causa de petición es una operación administrativa la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño”. En este tipo de eventos, el título de imputación aplicable sería el de la falla del servicio por omisión, retardo o incumplimiento de las obligaciones laborales, lo que puede derivar en el surgimiento del deber de indemnizar al afectado por los perjuicios causados producto de dicha operación(5).

Teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales que han orientado el desarrollo del presente asunto, la Sala Plena de la corporación en el año 2007 precisó, según una tipología de casos, cuál sería la acción procedente cuando se discuten derechos de índole laboral. Al respecto se expuso(6):

“Dicho de otro modo, como el perjuicio por reparar se origina en una decisión o manifestación unilateral de voluntad de la administración destinada a producir efectos jurídicos es necesario invalidarla, previo agotamiento de la vía gubernativa, para poder obtener el restablecimiento respectivo y como la ley no prevé que mediante las acciones de reparación directa o de grupo puedan anularse los actos administrativos, estás no son la vía procesal adecuada. Desconocería la integridad del ordenamiento jurídico percibir una indemnización por un perjuicio originado en un acto administrativo sin obtener antes la anulación del mismo porque este continuaría produciendo efectos jurídicos ya que ese es su cometido legal.

(i) El acto de reconocimiento de las cesantías definitivas puede ser controvertido, cuando el administrado no está de acuerdo con la liquidación, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

(ii) Este mismo acto constituye título ejecutivo y puede ser reclamado por la vía judicial correspondiente, que es la acción ejecutiva, pero en lo que respecta a la sanción moratoria deberá demostrarse, además, que no se ha pagado o que se pagó en forma tardía.

(iii) El acto de reconocimiento de la sanción moratoria puede ser cuestionado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si el administrado se encuentra inconforme con él, pero si hay acuerdo sobre su contenido y no se produce el pago de la sanción la vía indicada es la acción ejecutiva.

(iv) Cuando se suscite discusión sobre algunos de los elementos que conforman el título ejecutivo, como que no sean claros, expresos y exigibles, debe acudirse ante esta jurisdicción para que defina el tema. De lo contrario la obligación puede ser ejecutada ante la jurisdicción ordinaria por la acción pertinente.

Conviene precisar que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho siempre existirá un acto atacable. Los expresos de reconocimiento de las cesantías definitivas y de reconocimiento de la sanción moratoria, o los fictos frente a la petición de reconocimiento de las cesantías definitivas o frente a la petición de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por lo que la acción que debe imputarse es la de nulidad y restablecimiento del derecho” (resaltado fuera de texto).

Así las cosas, la Sala eliminó la posibilidad de que los asuntos laborales fuesen reclamados mediante la acción de reparación directa. Sin embargo, respecto de los procesos que se estuvieren tramitando al momento de proferirse la sentencia, la Sala consideró imperiosa la aplicación de los planteamientos jurisprudenciales adoptados con anterioridad, esto es, aquellos que acogían la aplicación y procedencia de la acción de reparación directa cuando estuvieren en discusión derechos de índole laboral. Al respecto en la providencia citada se afirmó:

“Efecto de la presente sentencia

Como fue reseñado, en ocasiones anteriores se ha acudido ante esta jurisdicción, mediante la acción de reparación directa, con el fin de obtener el pago de la indemnización moratoria ante la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas, prevista en la Ley 244 de 1995, instrumento que ahora se considera improcedente.

Sin embargo por razones de seguridad y por respeto al derecho de acceso a la administración de justicia, los procesos emprendidos a través de la acción de reparación directa, que no requiere agotamiento de la vía gubernativa, deben continuar con el trámite iniciado hasta su culminación, conforme a las tesis jurisprudenciales correspondientes. Por lo tanto la presente sentencia ha de ser criterio jurisprudencial a partir de su ejecutoria” (7)(8).

En suma, en atención a la garantía de los derechos de acceso a la justicia y de igualdad, mal haría esta subsección apartarse del precedente expuesto por la Sala Plena de esta corporación.

En consecuencia, como el demandante acudió a la jurisdicción por vía de la acción de reparación directa, en aplicación de la tesis jurisprudencial vigente en 1999 cuando se presentó la demanda, ésta debe interpretarse como idónea, con el fin de proteger las garantías constitucionales antes mencionadas.

3.2. Copia simple(9):

Dentro del sub lite obran documentos en copia simple allegados por la parte actora con su escrito de demanda (fls. 2 a 24, cdno. 1). Tal y como ha afirmado esta corporación en diversos pronunciamientos(10), especialmente la sentencia proferida el 28 de agosto de 2013, expediente: 250222, las copias simples allegadas dentro del plenario pueden ser valoras si aquellas, encontrándose a lo largo del proceso, no fueron tachadas de falsas por alguna de las partes, en atención a la protección del principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal, lo cual a su vez implica garantizar la protección del derecho al acceso de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal consagrados en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, pues como lo ha dispuesto la corporación en numerosas providencias, cuando las partes están de acuerdo en que se valore un documento aportado en copia simple “no sería dable soslayar ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos(11).

Conforme a la reiterada y nueva posición de la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia mencionada, “resulta pertinente que la posibilidad de valorar la documentación que, encontrándose en copia simple ha obrado en el proceso – y por consiguiente se ha surtido el principio de contratación, no supone modificar las exigencias probatorias respecto del instrumento idóneo para probar ciertos hechos. En otros términos, la posibilidad de que el juez valore las copias simples que reposan en el expediente no quiere significar que se releve a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o circunstancias”(12).

No obstante, la jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterativa en afirmar que si bien a las copias simples ha de restárseles cualquier mérito para ser valoradas, no lo es menos que la conducta procesal de la contraparte inequívocamente encaminada a reconocerle eficacia al documento allegado en copia —como cuando la parte demandada no discute la autenticidad de la copia simple, o afirma ser cierto el hecho de la demanda referido al documento en cuestión en su contestación o sencillamente solicita se tengan como pruebas los documentos aportados por su contraparte como fundamento de sus alegaciones— evidencia su intención de que dicha prueba sea valorada en el proceso(13), con independencia de que para el juzgador permanezca irresuelto con absoluta exactitud el interrogante de quién suscribió, manuscribió o elaboró el documento.

Así las cosas, la subsección tendrá como prueba los documentos en copia simple aportados por la demandante, por cuanto la parte demandada en su escrito de contestación, utilizó algunos de ellos para la defensa de sus intereses.

4. El caso en concreto.

4.1. Primer problema jurídico ¿la indemnización moratoria por el retardo en el pago de las cesantías en favor del actor, debe liquidarse desde el momento en que se profirió la resolución de destitución por parte de la Universidad del Valle o desde cuando se profirió le preclusión de la investigación?

El tribunal de primera instancia consideró que la retención de las prestaciones sociales del señor Montoya estuvo amparada en la ley (D. 1045/78 y D. 2712/99), en atención a que en su contra se inició un proceso penal por presuntas irregularidades cometidas contra los dineros de la propia universidad, irregularidades que acaecieron cuando el actor se encontraba en ejercicio de sus funciones.

Por tal motivo, sólo hasta que la Fiscalía General de la Nación determinara lo concerniente a la responsabilidad del señor Montoya Sánchez por los hechos denunciados, procedía al pago de las cesantías. Con base en las pruebas, concluyó el tribunal que a partir del momento en que se profirió la resolución de preclusión de la investigación en favor del actor, nació la obligación de la universidad de cancelar dichas prestaciones.

Y para efectuar la liquidación en el evento de la existencia de un retardo en el pago de las cesantías, tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 2º parágrafo único de la Ley 244 de 1995, sosteniendo el a quo, que dicho valor debía liquidarse a partir de la fecha que en se profirió la preclusión de la investigación. En cuanto al pago de las cesantías, aquellas corresponderían únicamente al saldo de $1.955.465, de conformidad con la certificación expedida por la tesorería de la universidad.

La parte demandante en su recurso de alzada sostuvo que el hecho de haber presentado la universidad una “amañada y temeraria denuncia penal”, tal situación no significaba que la entidad quedara exenta del pago de la sanción moratoria, máxime cuando la decisión de preclusión de la investigación hizo desaparecer la culpabilidad del señor Montoya desde el momento de la denuncia y no desde la fecha de la decisión de preclusión.

Al adicionar su recurso de apelación respecto de este punto, argumentó que ninguna disposición legal establecía correctamente que al formularse una denuncia penal debía esperarse a que la investigación concluyera para efectos de la sanción moratoria, por lo tanto, el juez no podía interpretar la ley, y la sanción debía reconocerse desde el 9 de enero de 1996 (fecha en que se destituyó al demandante).

Con fundamento en lo anterior, se procede a verificar la legislación que otorga la posibilidad de retener las cesantías a los empleados públicos de carácter territorial, el reconocimiento de las mismas y la imposibilidad de una sanción moratoria por el retardo en su pago o por el no pago de las mismas.

4.1.1. Legislación aplicable para el caso de retención de las cesantías, la obligación de reconocer y pagar las mismas y la indemnización moratoria en que se incurre por su no pago o pago tardío.

a. Retención de las cesantías.

Respecto de la posibilidad de retener las cesantías(14), existen varias disposiciones referentes al tema y que son aplicables para el caso en concreto.

Como primera medida, la Ley 6ª de 1945(15) en su artículo 12, norma aplicable para los empleados a nivel departamental y municipal(16), respecto de la posibilidad de retener las cesantías, dispuso lo siguiente:

Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al patrono las siguientes indemnizaciones o prestaciones para con sus trabajadores, ya sean empleados u obreros:

(…).

f) un mes de salario por cada año de trabajo y proporcionalmente por las fracciones de año, en caso de despido que no sea originado por mala conducta o por incumplimiento del contrato.

Cada tres años de trabajo continuo o discontinuo, el trabajador adquiere el derecho al auxilio de cesantía correspondiente a este período y no lo perderá aunque en los tres años subsiguientes se retire voluntariamente o incurra en mala conducta o en incumplimiento del contrato que originen su despido. Si fuere despedido o se retirare, solamente perderá el auxilio correspondiente al último lapso inferior a tres años.

En caso de delitos contra la empresa o contra sus directores y trabajadores, por causa y con ocasión del trabajo, así como en el caso de graves daños causados a la empresa, el patrono podrá retener el correspondiente auxilio de cesantía hasta que la justicia decida sobre la indemnización que el trabajador deba pagar, a la cual se aplicarán en primer término los auxilios retenidos (resaltado fuera de texto).

Por su parte, el Decreto 1045 de 1978(17) en el artículo 42 disponía que

Los empleados públicos destituidos por faltas disciplinarias que puedan llegar a constituir peculado, concusión, cohecho o negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, no podrán recibir el auxilio de cesantía mientras no se les dicte auto de cesación de todo procedimiento, auto de sobrecrecimiento definitivo o sentencia absolutoria. Con el fin de que la cesantía sea retenida hasta cuando la justicia decida, la autoridad nominadora comunicará oportunamente el hecho a la entidad encargada de hacer el pago.

Dicha disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia de C-398 de 22 de mayo de 2002 al determinar que el Presidente de la República extralimitó sus funciones extraordinarias, otorgadas mediante la Ley 5ª de 1978, ya que esas facultades estaban dirigidas para adoptar medidas estrictamente procedimentales que sirvieran para regular cumplimiento de la normativa sustancial relacionada con las asignaciones y prestaciones sociales creadas y consignadas en la ley. Por tal motivo, contrario a lo dictado en la norma, ella tenía un carácter claramente sustantivo por imponer una limitación a los derechos del trabajador, por lo que la disposición establece como sanción accesoria la retención prolongada de la prestación social del auxilio de la cesantía cuando el empleado público destituido no logra demostrar que ha cesado todo procedimiento en su contra, ha sido sobreseído definitivamente o ha sido absuelto mediante sentencia definitiva.

Entre la expedición de la anterior normatividad y la declaratoria de inexequibilidad de la citada norma, se profirió el Decreto 2712 de 1999(18) y en el artículo 3º se dispuso lo siguiente:

Los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden territorial destituidos por faltas disciplinarias que puedan llegar a constituirse en delito contra la administración pública, de conformidad con el Libro Segundo, Título III del Código Penal, no podrán recibir el auxilio de cesantía mientras no se les dicte resolución de la preclusión de la instrucción, o auto de la cesación de todo procedimiento o sentencia absolutoria (resaltado fuera de texto).

Esta corporación, mediante sentencia de 17 de noviembre de 2005(19) denegó la nulidad del artículo anteriormente citado, al considerar que la retención de las cesantías debía considerarse como una medida cautelar, cuyo propósito es asegurar parte de los bienes del ex empleado público o ex trabajador oficial del nivel territorial destituido por la comisión de faltas disciplinarias que puedan llegar a constituirse en delito contra la administración pública. Adicionalmente consideró que el mencionado decreto, desarrollaba las normas que, de acuerdo con el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución y la Ley 4ª de 1992, le permitían fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública. En este orden de ideas, la norma prevista en el inciso 1º del artículo 3º del Decreto 2712 de 1999 desarrolla disposiciones de orden constitucional y legal.

Adicionalmente consideró que el fin de la norma era preservar el interés general cuando la conducta del funcionario afectaba el erario público pues, de esta manera, la administración podría contar con mecanismos jurídicos para asegurar que parte de lo que le fue sustraído ilegalmente retorne al patrimonio del Estado, porque el empleador estatal no sólo le asiste el derecho a defender el patrimonio público sino que, correlativamente, tiene el deber legal de hacerlo para garantizar la moralidad administrativa.

Así mismo expuso la sentencia que no se requería adelantar el proceso penal inmediatamente por los hechos, que dieron origen a la sanción disciplinaria de destitución, sino que resultaba suficiente, para que la administración pudiera válida y jurídicamente retener las cesantías del trabajador, que en los hechos por los cuales fue destituido se consideraran como uno de los delitos previstos en el capítulo XV de C.P., porque del tenor literal del mencionado artículo 3º del Decreto 2712 de 1999, se desprendía que los servidores públicos no pudieran recibir el auxilio de cesantía cuando han sido “destituidos por faltas disciplinarias que puedan llegar a constituirse en delito contra la administración pública”.

Conforme con lo anterior, la legislación citada faculta a la entidad empleadora retener el auxilio de cesantías de un empleado público o trabajador oficial (nacional o territorial) destituido por faltas disciplinarias que pueden llegar a constituir delitos contra la administración pública, y no recibiría dicho auxilio, hasta que la autoridad penal decida mediante providencia de cesación de procedimiento, o preclusión de la investigación o sentencia absolutoria (D. 1045/78 y D. 2712/99).

b. Sobre el reconocimiento y pago de las cesantías y la procedencia de la indemnización moratoria por el retardo en el pago o su no pago de las mismas.

Ahora bien, respecto de la liquidación del auxilio de cesantías, la Ley 244 de 1995(20) establece en los artículos 1º y 2º el procedimiento tendiente al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías y la indemnización moratoria o sanción que se puede llegar a presentar en el evento en que se evidencie un retardo en su pago o por la no cancelación de las mismas. Establece las mencionadas normas lo siguiente:

“ART. 1º—Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las cesantías definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PAR.—En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.

Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso de este artículo.

“ART. 2º—La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, el beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas. Para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del terminó previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste (…)”.

Como se observa, la indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 es una sanción a cargo del empleador moroso y en favor del trabajador, establecida con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley (21).

4.1.1.1 Sobre la destitución y el inicio del proceso penal. Obra dentro del plenario las siguientes pruebas documentales.

1. Copia de un oficio de fecha 8 de noviembre de 1995 suscrito por el vicedecano de la facultad de ingeniería de la Universidad del Valle en el que solicitó a la comisión personal de la Universidad del Valle revisar las presuntas irregularidades efectuadas por el señor Argemiro Montoya, por la elaboración de cheques girados a su nombre por diferentes valores y falsificando la firma del vicedecano, cheques que correspondían a cuentas de la institución y que las mismas se encontraban cerradas o canceladas; por la no rendición de cuentas de un anticipo por un valor de 5 millones de pesos recibidos por el señor Montoya en abril de 1995, entre otras irregularidades (fls. 61 a 63, cdno. 1)

2. Copia del acta 018 de 10 de noviembre de 1995 de la comisión extraordinaria de personal de la Universidad del Valle mediante la cual, con fundamento en las pruebas, recomendó a las rectoría la universidad proceder a la destitución inmediata del cargo al señor Argemiro Montoya Sánchez. Así mismo, recomendó solicitar a la oficina jurídica de la universidad los trámites necesarios para instaurar la denuncia penal y solicitar al área de tesorería de la universidad para que procediera al no pago de las prestaciones sociales hasta tanto se aclarara situación penal (fls. 53 a 55, cdno. 1).

3. Documentos que soportaban los hechos o actividades ejercidas por el señor Montoya (fls. 64 a 68, cdno. 1).

4. Copia de la Resolución 005 de 9 de enero de 1996 mediante el cual el rector de la Universidad del Valle, con base en el acta anterior y considerando que el actuar del señor Montoya constituía el incumplimiento del Acuerdo 004 de 1984 del Consejo Superior, artículos 152 y 153, procedió a destituir al señor Argemiro Montoya Sánchez (fls. 56 a 60, cdno. 1).

5. Copia de la denuncia penal instaurada contra el señor Montoya de fecha 26 de enero de 1996 (fls. 44 a 47 y 80 a 84, cdno. 2).

6. Copia de la resolución de preclusión de la investigación de fecha 25 de febrero de 2002 proferida por el Fiscal 59 Seccional. El fiscal concluyó que de las pruebas allegadas y de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, las conductas ejercidas por el señor Montoya Sánchez eran atípicas (fls. 115 a 118, cdno. 2).

7. Copia en la que se observa que la resolución de preclusión de la investigación fue notificada al sindicato y a su defensor por estado, el día 5 de marzo de 2002. (fls. 118, cndo. 2)

4.1.1.2. En cuanto a la solicitud de cesantías hecha por el actor a la entidad demandada, inventarios y pagos, obran los siguientes documentos:

1. Copia simple de la liquidación de cesantías 021 de 8 de enero de 1996. En ella aparece que el valor a pagar al señor Montoya corresponde a $16.718.217 (fl. 2, cdno. 1)

2. Copia simple de un oficio de 12 de marzo de 1996 suscrito por el actor y dirigido a la Universidad del Valle en el que solicitó autorización para constituir una póliza de garantía por el valor de los elementos que no habían sido encontrados a la fecha del escrito y así se procediera a la entrega de las prestaciones sociales (fl. 4, cdno. 1).

3. Oficio DJ 0122.11069.96 de 14 de marzo de 1996, suscrito por el director de la dirección jurídica de la Universidad del Valle al rector de la misma fecha, mediante la cual recomendó la aprobación de la póliza de garantía de los bienes que se encuentran a cargo del señor Montoya. Dicha póliza debía amparar los bienes que no se encontraban y que estaban a nombre del mencionado señor. Constituida dicha póliza se procedería a impartir orden para el pago de las prestaciones sociales, que inicialmente podía alcanzar el 70% del valor total de las mismas (fls. 5 y 6, cdno. 1).

4. Copia simple de póliza de seguros (fl. 7, cdno. 1).

5. Copia simple del certificado expedido por el jefe de la división de presupuesto y contabilidad de la Universidad del Valle de fecha 21 de marzo de 1996 mediante la cual consignó la siguiente información: (fl. 8, cdno. 1).

“(…) 1. Que el señor Argemiro Montoya, (…) tiene a la fecha inventarios a su cargo por un valor de diez y nueve (sic) millones setecientos veintiséis mil un pesos m/c ($19.726.001).

2. Que a la fecha este inventario se encuentra respaldado por la póliza de seguro de cumplimiento 964550137 de Seguros del Estado S.A., por un valor de veinte millones ciento cincuenta y un mil un pesos (420.151.001) hasta septiembre 1º de 1996.

3. Que además y de acuerdo a comunicados DJ.0122.11096.96 y DJ.0122.11069.96 de la Oficina Jurídica R-0113-567-96 de rectoría y solicitud del señor Montoya de fecha marzo 12 de 1996, adjuntos, se le entrega el 70% del monto de sus cesantías.

4. De acuerdo a lo anterior, el señor Argemiro Montoya se encuentra a paz y salvo en sus obligaciones con la oficina de inventarios (…)”.

6. Oficio de 26 de junio de 1996 mediante el cual el actor solicitó al tesorero de la universidad el pago del 50% del saldo que se le adeuda correspondiente a las prestaciones sociales (fl. 9, cdno.1).

7. Oficio suscrito por el vicerrector administrativo de la universidad de fecha julio 11 de 1996 mediante la cual dio respuesta a la anterior solicitud y en la que indicó que teniendo en cuenta que a la fecha no se había entregado la totalidad de los bienes que estaban a su nombre, y que el saldo de las prestaciones sociales respalda, no se accedía a dicha solicitud (fls. 10 y 11, cdno. 1).

8. Copia simple del certificado del Tesorero General de la Universidad del Valle de fecha 4 de octubre de 1996 en el que se consignó la siguiente información: (fl. 3 cdno. 1).

“(…) A solicitud del Señor Argemiro Montoya Sánchez identificado con Cédula de Ciudadanía (…) me permito certificar movimiento y pagos con cargo a Cesantías definitivas así:

Valor total cesantías$16.718.217
Valor avanzado (70%)11.702.752
(-) Vr. Pagado al Funcionario SP.37314 3.000.000
(-) Vr. Pagado a Euclides Acosta410.000
(-) Vr. Pagado a Ana Victoria Gutiérrez1.890.000
(-) Vr. Pagado a Jaime Sánchez2.450.000
(-) Descuentos Paz y salvo Univalle1.968.274
(-) Vr. Pagado al funcionario SP.373161.984.478
Saldo a favor del Funcionario (30%)5.015.465
(-) Embargos Pendientes: 
Ana Victoria Gutiérrez810.000
Jaime Sánchez1.050.000
Juzgado 21 Civil Municipal1.200.000
Saldo adeudado al funcionamiento1.955.465

9. Copia simple de la Resolución 1178 de 4 de junio de 1997 mediante el cual autorizó a la vicerrectoría administrativa dar de baja algunos bienes corporales muebles. Lo anterior teniendo en cuente que los bienes que por pérdida o depreciación, cuando los hechos ocurrieron por fuerza mayor o caso fortuito no imputables al funcionario que los tiene asignado, puede darse de baja a los mismos (fls. 15 a 17, cdno. 1).

10. Copia auténtica de la Resolución 25888 de 11 de diciembre de 1997 mediante la cual reconoció y autorizó el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación en favor del señor Argemiro Montoya Sánchez. En dicha resolución para efectos de la liquidación sostuvo lo siguiente: (fls. 50 a 52, cdno. 1).

“(…) Que según lo establecido en el artículo 146 del Acuerdo 4 de 1964 del Consejo Superior y el artículo 32 literal c) de la Resolución 119 del Consejo Directivo de la Universidad del Valle, la cuantía de la pensión mensual vitalicia de jubilación equivale al 100% del último salario devengado, más 1/12 de la última prima pagada, cuantía que se detalla así:

Último salario devengado  $475.500
Prima jun./1995 569.639 
Prima dic./95 569.639 
 _________ 
 1.139.278/1294.939
  ______
   570.439

Son quinientos setenta mil cuatrocientos treinta y nueve pesos mcte (…)”.

11. Copia simple de dos oficios de 22 de abril y 22 de mayo de 1998 mediante el cual el actor solicitó autorización para dar de baja a los bienes adjudicados según la lista adjunta (fls. 18 a 21, cdno. 1).

12. Copia simple de 12 de junio de 1998 suscrito por el vicerrector administrativo y dirigido al actor mediante el cual le informó la baja todos los elementos que por su uso o características ya se encontraban obsoletos. Sin embargo, quedaron algunos bienes pendientes, los cuales fueron descritos en el oficio (fl. 23, cdno. 1).

13. Oficio de 17 de noviembre de 2000 de la Universidad del Valle en la que allegan documentos referentes al estado de inventario de los bienes, comprobantes de recepción de los mismos recibidos por el actor (fls. 1 a 19, cdno. 2).

De acuerdo con lo anterior, y para resolver el problema jurídico planteado se concluye que:

a. La entidad demandada efectivamente estaba facultada para retener el auxilio de cesantías del señor Argemiro Montoya, por cuanto la ley (22) autorizaba que, en caso de haber sido destituido por fallas disciplinarias que pudieran llegar a constituirse en delitos contra la administración pública, no podrían recibir dicho auxilio hasta que no hubiera resolución de preclusión, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria.

b. Ahora bien, según el impugnante, ninguna de las disposiciones legales establece que al formularse denuncia penal deba esperarse que la investigación concluya para efectos del reconocimiento de la sanción moratoria, por lo que debe ordenarse el reconocimiento de la morosidad a partir del 9 de enero de 1996, fecha en la cual se expidió la resolución que lo destituyó del cargo.

Este argumento será despachado desfavorablemente por las siguientes razones:

Debe efectuarse una interpretación de las normas concernientes a la retención de las cesantías y aquellas que indican el procedimiento necesario para su pago y así mismo la indemnización moratoria por el no pago de las cesantías o por su no cancelación.

El pago de las cesantías en el presente asunto debía efectuarse, de acuerdo con los términos de la Ley 244 de 1995 y con fundamento en lo establecido en Decreto 1045 de 1978 y Decreto 2712 de 1999, (cuando se retienen por destitución por efectos de faltas disciplinarias que pueden llegar a constituir delitos contra la administración pública), una vez la entidad haya conocido la decisión de preclusión, cesación de procedimiento o en su defecto, sentencia absolutoria del procesado.

Por otra parte, la indemnización moratoria por el no pago o pago tardío de cesantías, se presenta pasados 45 días hábiles a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

En el presente asunto, el a quo definió que desde el momento en que se produjo la resolución de preclusión de la investigación en favor del actor, nació la obligación de la universidad para cancelar no sólo las cesantías sino también el pago de la indemnización por el retardo en el pago de las mismas con fundamento en lo establecido en la Ley 244 de 1995.

En palabras exactas del tribunal se concluyó en la sentencia lo siguiente:

“(…) La Universidad del Valle no tenía la obligación de cancelar las prestaciones sociales al señor Montoya Sánchez sino hasta el momento en que la fiscalía determinara lo concerniente a su responsabilidad en los hechos enunciados.

Quiere decir lo anterior que desde el momento en que se produjo la resolución precluyendo la investigación penal a favor de Argemiro Montoya Sánchez nació la obligación de la Universidad del Valle de cancelar las prestaciones sociales adeudadas a este.

Si la Universidad del Valle no ha cancelado los dineros por concepto de cesantías, nace la sanción moratoria establecidos en la Ley 244 de 1995, pero solo desde el 25 de febrero de 2002 (…)” (fl. 150, cdno. ppal).

Si bien la sentencia fue apelada únicamente por la parte demandante, configurándose entonces la aplicación del principio de la non reformatio in pejus, de conformidad con lo establecido en el artículo 31(23)de la carta Política y de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 357(24) del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 267(25)del Código Contencioso Administrativo, la providencia en primera instancia en su numeral tercero dispuso lo siguiente: “(…) Condenase a la Universidad del Valle a pagar sanción moratoria conforme al parágrafo segundo único del artículo 244 de 1995, a partir del 25 de febrero de 2002, hasta cuando se haga efectivo el pago”.

Pese a lo anterior, no se entiende dicho numeral condenatorio con los fundamentos jurídicos expuestos por el tribunal de primera instancia para condenar tanto por las cesantías como por la indemnización moratoria, ya que si se aplicara la Ley 244 de 1995 tal como lo expresó el a quo, para la cancelación de ambos rubros, es incongruente el pago de los mismos sobre la misma fecha, esto es, a partir del 25 de febrero de 2002, porque ambas figuras se causan en diferente época, porque así lo dispone el artículo 1º y 2º de la Ley 244 de 1995.

Por lo tanto, se observa que el a quo dio un criterio que no resulta preciso ni claro para liquidar la indemnización moratoria, lo que a todas luces es necesario aclararlo. Y tal precisión es necesaria, para aplicar de manera correcta la Ley 244 de 1995, porque efectivamente debe condenarse por la indemnización moratoria en atención al retardo en el pago de las cesantías o por su no cancelación, pero con base en lo dispuesto por el parágrafo único del artículo 2º de la mencionada ley, esto es, desde que vence el término de los 45 días hábiles.

Por lo tanto, contrario a lo sostenido por el a quo, la Subsección considera que el plazo o terminó para efecto del pago de las cesantías y la mora de las mismas, en el evento en que existiera, debe ser modificado por las siguientes razones:

La decisión del Fiscal 59 Seccional de Cali sobre la preclusión de la investigación fue proferida el 25 de febrero de 2002. Dicha decisión se notificó por estado al señor Montoya y a su apoderado el 5 de marzo de 2002, de acuerdo con el folio 118 visible en el cuaderno 2. Por lo tanto, a partir del 5 de marzo de 2002, le era obligatorio a la Universidad del Valle proceder a la expedición del acto administrativo tendiente al reconocimiento de las cesantías en favor del señor Montoya. Y no se requería petición alguna por parte del actor, por cuanto una vez se conociera de la preclusión de la investigación, la entidad en forma inmediata debía proceder al reconocimiento de las cesantías.

De acuerdo con la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera, expediente: 19957, debe sumarse cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria del acto administrativo., esto es, a partir del 12 de marzo de 2002 quedaba ejecutoriado el acto administrativo que reconocía las cesantías en favor del señor Montoya Sánchez.

A su vez, conforme a lo establecido en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, la entidad tenía 45 días hábiles, a partir de la fecha de la cual quedara en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

Significa entonces que la entidad, desde el 12 de marzo de 2002, tenía hasta el 21 de mayo de 2002 para cancelar las cesantías (45 días hábiles), y a partir del día 46 estaría en mora para cancelar las mismas, por lo que a partir de 22 de mayo de 2002, la entidad debía cancelar la indemnización moratoria por el retardo en el pago de cesantías o su no pago, evento que se causa con fundamento en lo establecido en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995(26).

Ahora bien, no se comparte el argumento del apelante al indicar que debía cancelarse la indemnización moratoria por el retardo en el pago de las cesantías desde la fecha en que se profirió la resolución de destitución, por cuanto, la entidad tenía la facultad de retener el auxilio de cesantías hasta que la autoridad penal decidiera sobre la suerte de proceso mediante una preclusión de investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria.

El hecho de que la justicia penal precluyera la investigación en favor del señor Montoya, no implicaba entonces deducir que tenía derecho al pago de la sanción moratoria de las cesantías a partir del momento de la destitución, por un lado, porque las decisiones penales no influyen en la suerte de los trámites administrativos que deba realizar la entidad pública, y adicionalmente, porque la ley, independientemente de la decisión adoptada por la autoridad competente (según los tres casos ya enunciados), define el procedimiento, los términos o el plazo para reconocer el pago de las cesantías y de la mora en ella, si a ello hubo lugar.

Se tiene que los decretos facultan a las entidades retener el auxilio de cesantías, por lo que la Universidad del Valle actuó conforme a derecho, esto es, amparada en las normas. Adicionalmente, la Ley 244 de 1995 establece el momento a partir de la cual la entidad está obligada a reconocer el auxilio de cesantías, el tiempo durante el cual deben ser canceladas, y la indemnización moratoria en el evento en que no pague efectivamente el valor en los plazos estipulados por ella. Por lo tanto, no existe argumento alguno que le otorgue razón al demandante para derivar que la indemnización moratoria deba ser cancelada a partir del momento en que se expidió la resolución que lo destituyó del cargo ocupado en la Universidad del Valle.

Ahora bien, es preciso advertir que en el momento en que esta corporación citó a las partes para la celebración de una audiencia de conciliación, el día de la fecha de la misma, la parte demandada indicó en el acta de la audiencia que la universidad canceló las condenas impuestas en sentencia de primera instancia, novedad que el actor no ha reportado dentro del proceso (fl. 203, cdno. ppal).

Con base en lo anterior, la parte demandada mediante escrito de 8 de febrero de 2013 allegó a esta corporación diversos documentos que pasan a mencionarse:

• Oficio de 11 de mayo de 2005 suscrito por el Jefe de Sección de pagaduría y dirigido al jefe de presupuesto de la Universidad del Valle en el que indicó lo siguiente:

“(…) La Ley 244 de 1995 establece los términos en que se deben cancelar las cesantías definitivas a los servidores públicos y en virtud de ellos la universidad le liquidó y ordenó el pago al Sr. Argemiro Montoya Sánchez, cc 14963724 de sus cesantías definitivas y sanción moratoria con la orden de gasto 00003163 el 07 de febrero de 2005, habiéndose producido el 11 de febrero de 2005 el cheque 109906 por el valor de $18.653.436 del Banco Tequendama el cual no ha sido posible entregar al beneficiario a pesar de haberse enviado comunicación el día 21 de abril a la dirección que tiene reportada en el certificado de supervivencia. Carrera 2 Nº 47-38 Santiago de Cali ya que dicha dirección no existe y en el número telefónico reportado 4465192 no lo conocen. También se esperó que finalizara la recepción de supervivencias para confirmar la dirección, pero la supervivencia se hizo a través de notaría y enviada vía fax a la división de recursos humanos.

Por tal razón se solicita que el cheque 109906 sea anulado y reemplazado por otro cheque a favor del Banco Agrario de Colombia NIT: 80037800-8 ya que corresponde a cesantías definitivas y sanción moratoria según Sentencia 088 notificada el 14 de enero de 2005, tramitadas según EG_0003163 no cobradas a la fecha y las cuales deben ser consignadas en cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario (fl. 209, cdno. ppal).

• Copia de formato de gasto y pago 0003163 de fecha 7 de febrero de 2005 mediante el cual se consigna la siguiente información: (fl. 210, cdno. ppal).

ConceptosCantidadValor unitarioValor total
Sanción moratoria según Sentencia 0088 de noviembre de 20041 16.697.971
Saldo de cesantías1 1.955.465

Sub – total18.653.436
Descto 
IVA 
Total gasto18.653.436
G.M.F66.792
Total18.720.228

• Copia de cheque de gerencia del Banco Tequendama 001914 de fecha 15 de mayo de 2005 para que se pagara al Banco Agrario de Colombia el valor de $18.653.436 (fl. 211, cdno. ppal).

• Copia simple de consignación depósitos judiciales al juzgado de prestaciones sociales a nombre de la Universidad del Valle por concepto de cesantías y sanción moratoria no reclamada, por un valor de $18.653.436 y en favor de Argemiro Montoya Sánchez con su número de cédula, consignación efectuada el 18 de mayo de 2005 (fl. 211, cdno. ppal).

Conforme a lo anterior, es importante destacar que el 18 de mayo de 2005 se efectuó la consignación por el valor de $18.635.436 correspondientes a $1.955.465 y $16.697.971. El primer valor pertenece al saldo en favor de las cesantías que no fueron canceladas por parte de la entidad demandada y por el cual se ordenó su reconocimiento en primera instancia, de acuerdo al numeral segundo de la sentencia y el formato de gasto y pago antes mencionado (fl. 210, cdno. ppal). El segundo valor corresponde al valor de la indemnización moratoria por el retardo en el pago de las cesantías enunciado en el mismo formato de gasto y pago.

La actuación realizada por la parte demandada es constitutiva del pago por consignación. Dicha figura, en principio, es uno de los modos de extinguir las obligaciones según lo establecido en el artículo 1657(27) y siguientes del Código Civil y según los documentos allegados por la parte demandada, cumplieron los requisitos exigidos por la ley para el efecto.

Pese a lo anterior, se procederá a realizar el cálculo para establecer, si el valor consignado por la indemnización moratoria derivada del retardo en el pago de las cesantías es un valor superior, igual o inferior a lo que debía cancelarse con fundamento en lo establecido en párrafos anteriores, esto es, a partir del 22 de mayo de 2002 (conforme a los argumentos expuestos anteriormente y en aplicación de la L. 244/95) hasta el 18 de mayo de 2005, día en que se hizo efectivamente el pago de la indemnización moratoria.

Como base de la liquidación, se tendrá en cuenta el salario mensual devengado por el actor, que de acuerdo con la Resolución 2588 de 11 de diciembre de 1997, era de $570.439 correspondiente a la pensión vitalicia reconocida en favor de este, suma que deberá dividirse entre 30 días, lo que arroja como un salario diario el valor $19.014 (fls. 50 a 52, cdno. 1).

Para liquidar esta indemnización, se tendrán en cuenta las siguientes bases:

— Base de liquidación: $19.014: que corresponden a un día de salario.

— Período a indemnizar: 1077 (período transcurrido entre 22 de mayo de 2002, fecha en la que se venció el plazo de los 45 días hábiles para efectuar el pago de las cesantías definitivas y el 18 de mayo de 2005, fecha en la que se hizo efectivo de conformidad con la consignación realizada en el Banco Agrario en depósitos judiciales en favor del señor Montoya Sánchez (2 años, 11 meses y 27 días)).

Salario diario *Número de días de retraso

19.014 x 1077= $20.478.078

Teniendo en cuenta que la entidad demandada mediante la consignación efectuada en los depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia consignó el valor de $18.653.436 correspondientes $16.697.971 a la indemnización moratoria por el retardo en el pago de las cesantías, según obra en el documento de solicitud de gasto y pago que discriminó el primer valor citado, se hará la deducción entre el valor consignado por y el valor que arrojó el cálculo de la indemnización moratoria que debió pagar la entidad demandada (fl. 210, cdno. ppal.).

Valor arrojado con el cálculo de lo que debía cancelarse efectivamente por la indemnización moratoria por el retardo en el pago de las cesantías.$ 20.478.078
Valor consignado en el banco Agrario de Colombia discriminado con fundamento en la solicitud de gasto y pago$ 16.697.971
Total a pagar por parte de la entidad$ 3.780.107

Con fundamento en lo anterior, la indemnización moratoria por el retardo en el pago de las cesantías definitivas es de tres millones setecientos ochenta mil ciento siete pesos ($3.780.107) en favor del señor Montoya Sánchez.

Teniendo en cuenta que el valor de $3.780.107 es un valor que aún no ha sido cancelado por parte de la entidad demandada, es procedente su actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, ya que dicho valor perdió su poder adquisitivo desde el 2005 hasta la fecha de esta sentencia.

Este punto, también resuelve el argumento expuesto en el recurso de alzada consistente en que el tribunal no dio explicación alguna para denegar algunas pretensiones, entre ellas, la contenida en el numeral cuarto de la demanda, en la que se consignó lo siguiente:

Cuarta: Que se ordene a la Universidad del Valle el ajuste de valores por la inmediación y demás sumas debidas conforme a lo presupuestado en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, es decir actualizándola o indexándola, así como la corrección monetaria.

La Corte Constitucional en Sentencia C-448 de 1996 dispuso que

“(…) la sanción moratoria prevista por la Ley 244 de 1995 no es, en sentido estricto, un mecanismo de indexación que pretenda proteger el valor adquisitivo de la cesantía sino que tiene un sentido en parte diferente, como lo muestra con claridad el sistema de cálculo del monto de la sanción, que es muy similar a la llamada figura de los salarios caídos en materia laboral. Así, el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 consagra la obligación de cancelar al beneficiario “un día de salario por cada día de retardo”, sanción severa que puede ser, en ocasiones, muy superior al reajuste monetario, por lo cual estamos, en estricto sentido, frente a una protección del valor adquisitivo de la cesantía sino a una sanción moratoria tarifada que se impone a las autoridades pagadoras debido a su ineficiencia. Por ello la Corte considera que las dos figuras jurídicas son semejantes pero que es necesario distinguirlas. Son parecidas pues ambas operan en caso de mora en el pago de una remuneración o prestación laboral. Pero son diversas, pues la indexación es una simple actualización de una obligación dineraria con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores debido a los fenómenos inflacionarios, mientras que la sanción moratoria impuesta por la Ley 244 de 1995 busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora, y por ello su monto es en general superior a la indexación. En ese orden de ideas, no resulta razonable que un trabajador que tenga derecho a la sanción moratoria impuesta por la Ley 244 de 1995 reclame también la indexación, por cuanto se entiende que está sanción moratoria no sólo cubre la actualización monetaria sino que incluso es superior a ella” (resalta la Sala).

Pese a lo anterior, es indispensable considerar que no es incompatible el pago de la indemnización moratoria por el retardo en el pago de las cesantías y la indexación de dicho valor, cuando el valor debido fue cancelado parcialmente por parte de la entidad demandada (es decir, se evidencia una fecha cierta de su pago) pero existe un saldo a la fecha del pago que ha debido cancelarse pero no se hizo, como en el sub judice. Y este saldo debe actualizarse ya que su valor histórico para el momento de proferirse la sentencia, ha tenido una devaluación.

En otras palabras, cuando el término en que se causa la indemnización moratoria por el retardo en el pago de las cesantías no ha vencido, esto es, que a la fecha de proferirse la sentencia de segunda instancia aún se debe indemnización moratoria por el retardo en el pago de las cesantías o incluso por su no pago, la condena se efectuaría hasta la fecha de la sentencia lo que implícitamente la condena contempla una actualización del valor, porque la condena es actual.

La indexación supone la corrección del defecto que sufre el signo monetario, en términos de su poder adquisitivo, entre el tiempo en que nació la obligación y aquél en el que se realizó efectivamente el pago. Por lo tanto, teniendo en cuenta que existe un valor que aún no ha sido cancelado y si la fecha de corte fue a 2005, se procede la actualización hasta la fecha de esta sentencia, por cuanto se insiste, el dinero adeudado perdió valor por el paso del tiempo.

Por lo tanto, la Subsección considera que es procedente dicho ajuste, esto es, la indexación del valor debido por la entidad, pero teniendo en cuenta lo antes mencionado, esto es, únicamente sobre el valor de $3.780.107 (saldo que debe la entidad a 19 de mayo de 2005), por cuanto se trata de un dinero que no ha sido pagado por la parte demandada y que a la fecha de la condena es necesario actualizado, en atención a la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

En suma, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se procederá a efectuar la actualización desde el día siguiente de la consignación efectuada por la entidad demandada, esto es, desde el 19 de mayo de 2005 hasta la fecha de esta sentencia (12 de agosto de 2014), tomando para ello los índices de precio al consumidor de cada fecha asignada:

FORMULA30111

Por todo lo anterior, se modificará el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, y se ordenará el pago por concepto de indemnización moratoria en favor del señor Argemiro Montoya Sánchez, el valor de cinco millones trescientos treinta mil setecientos cincuenta y seis pesos con setenta centavos ($5.330.756,70).

Por otro lado, es preciso advertir por parte de esta Subsección que será revocado el numeral 2º de la sentencia de primera instancia, por cuanto se observa que la entidad demandada consignó en el Banco Agrario de Colombia a órdenes de los depósitos judiciales y en favor del actor, el valor que el a quo condenó en la providencia, esto es $1.955.465 por concepto de cesantías debidas. Por lo tanto, mal haría la Subsección confirmar este numeral, cuando lo cierto es que esta parte de la condena fue cancelada por la entidad demandada, lo cual satisfizo la orden impuesta por el tribunal de primera instancia.

4.2. Segundo problema jurídico. Con fundamento en lo acreditado dentro del proceso, ¿debe otorgarse perjuicios morales en favor del demandante?

Respecto del segundo problema jurídico, esto es, el reconocimiento del perjuicio moral, según el cual, a juicio de la parte demandante, la decisión del tribunal de primera instancia al indicar que fue el actuar del demandante lo que produjo el retardo en el pago de las prestaciones sociales, iba en contravía con lo establecido en la decisión que precluyó la investigación, por cuanto se basó en la inexistencia de delito.

En cuanto al daño moral, se ha dicho por la jurisprudencia(28)y por la doctrina que se considera como tal como el dolor, la congoja, el sufrimiento y la aflicción(29) padecido por una persona o, el daño “moral entendido como el producido generalmente en el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien” (30).

En efecto, tal como lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia, el primer elemento requerido dentro del juicio de responsabilidad es el daño(31). Además de su carácter antijurídico(32), éste debe ser personal (33) y cierto(34).

Así las cosas, el perjuicio debe ser cierto y su existencia establecerse plenamente en el proceso: “los perjuicios que alega al acreedor y que reclama del deudor deben estar revestidos de plena certeza”(35).

Al respecto, la Sección Primera de esta corporación sostuvo que “[e]l carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético, estocástico o contingente no pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y de lugar al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe ninguna duda acerca de su advenimiento (…)(36)”.

En efecto, de las pruebas que obran dentro del plenario, especialmente las declaraciones de testigos(37), se observa que la parte demandante no acreditó el perjuicio moral padecido por el no pago de las cesantías.

En términos generales, las declaraciones versan sobre si conocían al actor, el cargo que había ocupado en la Universidad del Valle, el motivo de la destitución, y si conocían o no si para la fecha de la declaración le habían cancelado el auxilio de cesantías.

Por lo tanto, lejos de lo sostenido por la demandante, la subsección no encuentra probados los perjuicios morales alegados, pues no obra prueba que acredite el dolor padecido, la tristeza o aflicción como consecuencia del daño causado por la administración. Con ello se confirmará en este sentido la sentencia, pero por las consideraciones aquí expuestas.

4.3. Tercer problema jurídico. ¿Debe reconocerse lo solicitado en los numerales 3º, 5º y 6º de la demanda?

4.3.1. Respecto de la tercera y sexta pretensión. El demandante en su escrito de demanda solicitó lo siguiente:

Tercera: Que se condene igualmente a la Universidad del Valle a la ejecución al pago de intereses legales sobre las sumas debidas desde la fecha en que se causaron hasta que se cumpla efectivamente el pago.

Sexta: Que se condene a la Universidad del Valle a la ejecución de la sentencia conforme a los artículo 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Sobre la tercera pretensión formulada en la demanda, se observa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo(38), los intereses legales (comerciales) se causarán una vez se cumpla la hipótesis establecida en el quinto inciso, esto es, que las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales y moratorias.

Por lo tanto se accederá a la pretensión de conformidad con la aplicación del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo

Por otra parte, respecto de la sexta pretensión, en términos generales, la Sección Segunda y la Sala de Servicio y Consulta Civil(39) del Consejo de Estado han considerado que “la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, son incompatibles” (40), por lo tanto, si se ordena el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente con la indexación, se estaría condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa(41).

Establece la Sala de Consulta y Servicio Civil que

“[E]n tal medida, cuando en la condena judicial de reintegro, se ordena la actualización de las sumas liquidadas a favor del accionante, desde la fecha en que se causaron a la fecha de su pago efectivo, no puede condenarse simultáneamente, a parir (sic) de la fecha de su pago efectivo, no puede condenarse simultáneamente, a partir (sic) de la fecha de ejecutoria de la sentencia, al pago de los intereses de mora previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo pues resultan incompatibles(42).

Conforme a lo anterior, para la Sección Segunda y la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de Estado, es incompatible la indexación de un valor reconocido y el pago de los intereses moratorios contenidos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Pese a lo anterior, es necesario considerar que la indexación y el pago de intereses moratorios conforme a lo establecido en el artículo 177(43) del Código Contencioso Administrativo, son conceptos totalmente diferentes y que no tienen ninguna misma causa.

En términos generales, la indexación es el procedimiento mediante el cual se trae a ese valor presente un rubro causado en el pasado, con el fin de evitar su devaluación por el paso del tiempo(44).

Por el contrario, los intereses moratorios son perjuicios que “se pagan para el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida(45). La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios que representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación(46). Sobre este aspecto afirman Planiol y Ripert:

“Los daños y perjuicios moratorios tienen como carácter esencial, ser acumulables necesariamente con el cumplimiento efectivo de la obligación, puesto que representan el perjuicio resultante del retraso, perjuicio que no se repara por el ulterior cumplimiento de la obligación”.

Con fundamento en lo anterior, no es correcto considerar que ambos rubros tiene la misma causa (devaluación del dinero) por cuanto, la causa de la indexación es la devaluación monetaria, mientras que la de los intereses moratorios (CCA, art. 177) es el cumplimiento de la obligación dineraria impuesta en la condena.

En efecto y teniendo en cuenta que sí es procedente no sólo la indexación, sino también la aplicación de los intereses moratorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, se ordenará cumplimiento de los descrito en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

4.3.2. Respecto de la quinta pretensión. El demandante en su escrito de demanda solicitó lo siguiente.

Quinta: de la liquidación anterior se descontará lo que la Universidad del Valle demuestre haber pagado a terceros con autorización escrita de mi poderdante.

Conforme a la lectura de esta pretensión y de la demanda en general, no existe una argumentación o fundamentación de derecho para que explique las razones por las cuales decide el demandante efectuar dicha petición.

En efecto, puede observarse que la universidad consignó un valor correspondiente al pago de las cesantías que fueron objeto de condena por parte del Tribunal de Primera instancia, estos es, el valor de $1.955.465 de acuerdo con lo establecido en la certificación del Tesorero General de la Universidad del Valle de fecha 4 de octubre de 1996 (fl. 3, cdno. 1) y el mismo valor establecido en el formato de gasto y no pago 0003163 de fecha 7 de febrero de 2005.

De lo anterior y de la liquidación efectuada por concepto de la indemnización moratoria por el retardo en el pago de las cesantías, no se observa ningún valor que deba ser descontado por parte de la universidad y que tenga autorización por parte del actor; simplemente se efectuó la liquidación con fundamento al acervo probatorio allegado al proceso.

Conforme a lo anterior, se denegará dicha pretensión por parte de esta Subsección.

5. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. Modifíquese la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2004 por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño en los siguientes términos:

“(…) 1. Declárese a la Universidad del Valle administrativamente responsable por la omisión en el pago del saldo de las cesantías reconocidas al señor Argemiro Montoya.

2. Condénase a la Universidad del Valle a pagar por concepto de indemnización moratoria por retardo en el pago de las cesantías el valor de cinco millones trescientos treinta mil setecientos cincuenta y seis pesos con setenta centavos(sic) ($5.330.756.83), por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la providencia.

Segundo: Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.

Tercero: Sin condena en costas.

Cuarto: Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cuarto: Devuélvase el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(1) Notificación por aviso el 13 de agosto de 1999 (fl. 39, cdno. 1)

(2) De acuerdo con el Decreto 597 de 1998, una demanda presentada en el año de 1999, para que fuera susceptible de segunda instancia, debía tener como pretensión mayor individualmente considerada, el valor igual o superior a $18.850.000. En la demanda se indicó que el valor de $21.850.000 correspondía a la sanción moratoria por el pago de las cesantías, siendo entonces la mayor pretensión. Por tal motivo el proceso es susceptible de tramitarse ante la segunda instancia.

(3) Reiteración de posición en sentencias de la Subsección C de 7 de junio de 2012, expediente. 22661 y 12 de agosto de 2013, expediente 27176.

(4) Sentencia de 17 de julio de 1997, expediente: 11376.

(5) Sentencia de 26 de febrero de 1998, expediente: 10813. Reiterada en sentencia de 5 de diciembre de 2005, expediente: 14532.

(6) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 27 de marzo de 2007. Radicado: 76001-23-31-2000-02513-01

(7) Este planteamiento fue reiterado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de de 4 de mayo de 2011, expediente: 19957.

(8) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 27 de marzo de 2007. Radicado 76001-23-31-000-2000-02513-01 (IJ)

(9) Posición reiterada en sentencia de la Subsección C de 12 de febrero de 2014, expediente 40.802.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de mayo de 2000, expediente: 17566: 27 de noviembre de 2002, expediente: 13541; 31 de agosto de 2006, expediente: 28448; 21 de mayo de 2008, expediente 2675; 13 de agosto de 2008, expediente: 35062, 18 de enero de 2012, expediente 19920, entre otras.

(11) Sentencia de la Subsección C de 18 de enero de 2012, expediente 19920.

(12) Sentencia Sala Plena de Sección Tercera, 28 de agosto de 2013, radicado Nº 05001-23-31-000-1996-00659-01 (25022). M.P. Enrique Gil Botero.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, 18 de enero de 2012, expediente 19920. “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso, (…) resulta necesario recordar que en la contestación de la demanda la Nación, no sólo aceptó el hecho que se pretendía probar con el documento aportado en copia simple sino que además admitió a éste último como prueba, sin haber alegado en momento alguno que tal documento no se podía valorar, circunstancia que por demás, hubiere significado la transgresión al principio constitucional de buena fe que protege la confianza que los particulares depositan al deber de coherencia en el actuar de quien tiene la carga de respetar y de someterse una situación creada anteriormente por su propia conducta”.

(14) El auxilio de cesantías, según la jurisprudencia, es considerado como “una suma de dinero que el empleador está obligado a pagar al trabajador a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio a la finalización del contrato de trabajo, en el caso de los particulares: o en el caso de los públicos, un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, pero basado en el mismo fundamento jurídico y filosófico a una y otra clase de trabajadores: la relación de trabajo”. Sentencia Consejo de Estado, Sección II Subsección “A”, 11 de noviembre de 2009. Expediente: 250002325000200304523 01 (0808-07).

(15) Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.

(16) El Decreto 2767 de 1945 hizo excesiva la aplicación de la Ley 6ª de 1945 a los servidores públicos de las entidades territoriales.

(17) Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional. Norma que empezó a regir a partir de 16 de junio de 1978.

(18) Por el cual se expiden disposiciones en materia prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden territorial. Normatividad que empezó a regir a partir de 1º de enero de 2000.

(19) Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación número: 11001-03-25-000-2003-00441-01(6175-03).

(20) Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen y se dictan otras disposiciones.

(21) Así lo ha considerado la Sección Segunda de la corporación, en sentencia de 27 de enero de 2011, expediente: 15001-23-31-000-2001-01379-01 (1747-09) en la cual se sostuvo que: “considera la Sala que la administración puede válida y jurídicamente retener las cesantías del trabajador no sólo cuando sea destituido como consecuencia de un proceso disciplinario sino, también, cuando existan serios elementos de juicio derivados de la conducta del servidor público que lleve objetivamente a la entidad territorial a concluir que se pudo haber cometido alguno de los delitos contra la administración pública”.

(22) Bien sea aplicado el Decreto 1045 de 1978, teniendo en cuenta que estaba vigente para el momento de los hechos o por el Decreto 2712 de 1999, ya que para la época en que se profirió la resolución de preclusión de la investigación, también se encontraba vigente dicho decreto.

(23) Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

(24) La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto el recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para estos fines el superior podrá solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime conveniente.

Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable el apelante.

(25) En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

(26) parágrafo.-En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.

(27) Artículo 1657. La consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, y con las formalidades necesarias, en manos de una tercera persona.

Artículo 1658. La consignación debe ser precedida de oferta; y para que ésta sea válida, reunirá las circunstancias que requiere el artículo 1658 del Código Civil:

1ª) Subrogado por el art. 13. Ley 95 de 1890. El nuevo texto es el siguiente: Que sea hecha por una persona capaz de pagar.

2ª) Que sea hecha al acreedor, siendo éste capaz de recibir el pago, o a su legítimo representante.

3ª) Que si la obligación es a plazo, o bajo condición suspensiva, haya expirado el plazo o se haya cumplido la condición.

4ª) Que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido.

5ª) Que el deudor dirija al juez competente un memorial manifestando la oferta que ha hecho al acreedor, y expresando, además, lo que el mismo deudor debe, con inclusión de los intereses vencidos, si los hubiere, y los demás cargos líquidos; y si la oferta de consignación fuere de cosa, una descripción individual de la cosa ofrecida.

6ª) Que del memorial de oferta se confiera traslado al acreedor o a su representante.

Artículo 1659. Autorización Judicial de la Consignación. El juez, a petición de parte, autorizará la consignación y designará la persona en cuyo poder deba hacerse.

Artículo 1660. Formalidades del pago por consignación. La consignación se hará con citación del acreedor o su legítimo representante, y se extenderá acta o diligencia de ella por ante el mismo juez que hubiere autorizado la consignación.

Si el acreedor o su representante no hubieren concurrido a este acto, se les notificará el depósito con intimación de recibir la cosa consignada.

(28) Posición reiterada en sentencia de Subsección C de 9 de abril de 2014, Radicación: 66001-23-31-000-2001-01115-01 (28.273).

(29) Henao, Juan Carlos. El daño. Universidad Externado de Colombia. 1998. Segunda reimpresión 2007, página 244.

(30) Sentencia de 10 de agosto de 2005, expediente: 15205. Radicación : 85001-23-31-000-1997-00448-01.

(31) Cfr. Sentencias de 11 de noviembre de 1999, expediente: 11499 y del 27 de enero de 2000, expediente: 10867. De acuerdo con la doctrina, el daño es el “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya que en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”. Larenz. “Derecho de obligaciones”, citado en Diez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p. 329. También puede definirse como la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”. Sconamiglio, R. “Novissimo digesto italiano”, citado en diez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p. 329.

(32) Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente: 13168. En relación con la naturaleza del daño antijurídico, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que “ha de corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario”. Sentencia de 27 de septiembre de 2000, expediente: 11601. “(…) en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico”. Sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente: 11945, entre otras. La jurisprudencia nacional ha definido tal concepto como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”, en otros términos, aquel que se produce a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación”. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Aclaración de voto de Enrique Gil Botero de 30 de julio de 2008, expediente: 15726.

(33) Sentencia de 15 de julio de 2000, expediente: 15800.

(34) Ibídem.

(35) Sentencia de 13 de abril de 2011, expediente: 18878.

(36) Sección Primera, sentencia de 10 de marzo de 2011, expediente: 03941.

(37) Declaración de William López Arango (fls. 21 y 22, cdno. 2); Iván Enrique Ramos Calderón (fls. 23 y 34, cdno. 2); Omar Martínez Nagles (fls. 75 y 76, cdno. 2) y Javier Fong Lozano (fls. a 5,cdno. 3).

(38) Artículo 177 del Código Contencioso Administrativo., quinto inciso: las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengaran intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorias después de este término. (Apartes declarados inexequibles Sentencia Corte Constitucional C-188 de 1999)

(39) Radicación número: 11001-03-06-000-2012-00048-00(2016) de 9 de agosto de 2012.

(40) Sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B de 3 de septiembre de 2009. Radicación: 68001-23-15-000-2001-03173-01(1936-07); sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, de 30 de agosto de 2007. Radicación: 9710-05, entre otras.

(41) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia del 22 de octubre de 1999. Radicación: 949/99 y Sección Segunda Subsección “B” Sentencia del 1º de abril de 2004. Expediente. 1998-0159.

(42) Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de Estado Radicación número: 11001-03-06-000-2012-00048-00(2106) de 9 de agosto de 2012.

(43) Cuando se condene a la nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad liquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.

El congreso, las asambleas, los consejos, el Contador General de la República, los contralores departamentales, municipales y distrital, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprovechar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.

Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis meses siguientes a su ejecutoria y moratorias después de este término. (Apartes declarados inexequibles Sentencia Corte Constitucional C-188 de 1999) Sostuvo la Corte Constitucional que: En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago —evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales—, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria.

Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente: > Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que aprueba una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para tal efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma (…).

(44) También lo ha indicado la Corte Constitucional en Sentencia T-007 de 2014 como el “sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se utiliza diversos parámetros que solos o combinados entre sí, suelen ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera necesidad, etc.”. Ernesto Jiménez Díaz. “La indexación en los conflictos laborales” en Revista de Derecho Social, Nº 32, diciembre de 1991, p. 23-24.

(45) Planiol, Marcel, Ripert, Geoger: Derecho Civil, Civil 8, Harla, México, 1997, pág. 632; Hinestrosa Forero, Fernando: Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, pág. 165. Padilla, René: La mora en las obligaciones, Astrea, Buenos Aíres, 1983, pág. 225; Albaladero, Manuel: Derecho Civil. T. II, Derecho de obligaciones, Edisofer, Madrid, 2004, pág. 70. Crf. Sentencia Corte Constitucional C-604 de 2012

(46) Planiol, Marcel, Ripert, Geoger: Derecho Civil, V. 8, Harla, México, pág. 617; Mazeaud, Henri/ Mazeaud, León / Tunc. André: Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, T. 3. V.I. Ediciones Jurídicas Europa América Buenos Aires, 1963, pág. 504; Claro del Solar, Luis: Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, V. V, Santiago, 1988, pág. 723; Larenz, Kart: Derecho de Obligaciones, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1958, pág. 339 y 340, Padilla, René, La mora en las obligaciones, Astrea, Buenos Aires, ¡983, pág. 220; Manasevich, Rene Abeliuk: Las obligaciones, Editorial Jurídica de Chile/ Editorial Temis; Santiago, 1993, pág. 710.