Sentencia 1999-00388 de junio 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 500012331000199900388 01(29605)

Consejero Ponente:

Hernán Andrade Rincón (E)

Actor: Yolanda Rodríguez Palomino y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional.

Referencia: Apelación sentencia reparación directa.

Bogotá, D.C., junio once de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. El material probatorio susceptible de valoración.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el día 19 de agosto de 2004, para lo cual se tendrán en cuenta, entre otras pruebas, aquellas aportadas dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales, a saber:

— Registro Civil de Defunción correspondiente al señor Jesús Antonio Gómez Carranza, en el cual consta que su deceso ocurrió el día 22 de diciembre del año 1997(2).

— Certificación expedida por el Director del Fondo Rotatorio de Ejército Regional Villavicencio, en el cual hizo constar lo siguiente:

“Que el señor JESÚS ANTONIO GÓMEZ CARRANZA (q.e.p.d.) identificado con la Cédula de Ciudadanía 3.284.001 de Villavicencio, prestó sus servicios en nuestra Entidad como transportador de víveres en las rutas de San José del Guaviare, Cumaribo y Yopal, en el vehículo de su propiedad Marca FORD modelo 53 tipo estaca, de placas SWJ 265, durante un lapso aproximado de tres años y medio.

El señor JESÚS ANTONIO GÓMEZ CARRANZA (q.e.p.d.) no tenía ninguna vinculación laboral con la Regional del Fondo Rotatorio Ejército en Villavicencio, ya que prestaba sus servicios en forma particular, pagándosele el valor por cada servicio prestado y estando a paz y salvo a la fecha que ocurrió su deceso, día en el que transportaba víveres para nuestra Entidad con destino al Supermercado Nº 4 en San José del Guaviare”(3).

— Respuesta a una petición presentada por la señora María Elvira Carvajal Salcedo, suscrita por la Coordinadora del Área de Atención a las Víctimas de la Violencia, a través de la cual informó:

“En respuesta a la petición planteada por usted, nos permitimos manifestarle que la Red de Solidaridad Social, ha contratado una póliza de vida que protege a las víctimas de masacres (2 o más fallecidos) en un mismo hecho, de manera discriminada por motivos ideológicos o políticos, en el marco del conflicto armado interno, de atentados terroristas con bombas o artefactos explosivos, combates o tomas de grupos fuera de la ley, estos tres (3) últimos de manera indiscriminada en el marco del conflicto armado interno. Por las razones expuestas, el fallecimiento del señor JESÚS ANTONIO GÓMEZ CARRANZA, no está contemplado dentro de los eventos de la Ley 241 de 1995”(4).

— Certificación suscrita por la Secretaria Judicial de la Unidad de la Fiscalía Delegada ante el Juez Penal del Circuito de Granada (META), en la cual hizo constar que en ese Despacho se había iniciado un proceso penal por el delito de homicidio del señor Jesús Antonio Gómez Carranza, en hechos ocurridos en el cruce de Puerto Rico, Meta el 22 de diciembre de 1997 y que para ese entonces se encontraba en la etapa de investigación previa. La anterior certificación fue aportada con la demanda(5).

— Acta de Inspección de Cadáver correspondería al señor Jesús Antonio Gómez Carranza —a partir de la identificación que del cuerpo hicieron la señora Martha Patricia Garzón y Sonia Constanza Gómez— en la cual se consignó que la posible causa de muerte había sido el homicidio con arma de fuego y que el cadáver se encontraba “en avanzado estado de descomposición, sin cabello, comido por los gusanos y por al parecer aves de rapiña”(6).

— Boletín de Prensa del Departamento de Policía del Meta de fecha 28 de diciembre de 1997, en el cual resulta relevante el siguiente aparte:

“INSPECCIÓN A CADÁVERES

VILLAVICENCIO: El día 27 de Diciembre del presente año en horas de la noche en la morgue del cementerio central la Fiscalía 42 en asocio SIJIN mediante acta 582 se practicó la inspección al cadáver de JESÚS ANTONIO GÓMEZ CARREÑO, 59 años. El antes mencionado se encontró en avanzado estado de descomposición en la vía que conduce al municipio de Puerto Rico, el antes mencionado se encontraba desaparecido desde el día 211297 cuando salió de su residencia conduciendo el camión marca FORD 900 modelo 53, color verde, placas SWJ 285, transportando víveres para el EJERCOL de esa jurisdicción”.

— Petición suscrita por la señora Yolanda Rodríguez Palomino, dirigida al Ministro de Defensa Nacional con fecha de recibido el 31 de marzo de 1998, a través de la cual solicitó que se le otorgara un auxilio económico por la muerte de su esposo a manos del grupo subversivo FARC(8).

— Respuesta de fecha 22 de abril de 1998 a la anterior petición emitida por el Jefe de Atención al Usuario del Ministerio de Defensa Nacional, en la cual le advierten a la peticionaria que tiene que dirigirse a la Red de Solidaridad Social(9).

— Decreto 2353 de 1971 por medio del cual se reorganizan los Fondos Rotatorios de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional(10).

— Decreto 390 de 1995, por el cual se adopta el Estatuto Interno del Fondo Rotatorio del Ejército(11).

— Certificación expedida por la Subdirectora Operativa del Instituto de Tránsito y Transporte del Meta, en la cual se hace constar que el vehículo tipo camión de estacas marca FORD, modelo 1953 de placa SWJ 265, es de propiedad del señor Jesús Antonio Gómez Carranza(12).

— Registro de servicio público en el cual consta que el anterior vehículo, para el día julio 12 de 1973 se encontraba inscrito a la empresa de transporte COPEGAN(13).

— Testimonios rendidos por los señores Raúl Ospina Cáceres, José Lizandro Gómez Carranza —hermano del occiso— y Nelly Arias de Ospina, quienes declararon acerca de las relaciones familiares existentes entre cada uno de los demandantes, al tiempo que se les preguntó respecto del dolor y angustia que les habría causado el daño cuya reparación pretenden obtener. De igual forma se les interrogó acerca de la labor económica que desempeñaba el señor Jesús Antonio Gómez Carranza y cuánto devengaba por ese trabajo.

En cuanto a los motivos de la muerte del señor Gómez Carranza, el señor Ospina Cáceres no dio razón de quienes habrían sido los que lo asesinaron, sino que se limitó a indicar que le había advertido que dejara de realizar esos viajes “tan peligrosos”. Por su parte, el señor José Lisandro Gómez Carranza expuso que “dicen” que a la víctima la “cogió la guerrilla y lo mató”. Finalmente, la señora Nelly Arias de Ospina sostuvo, al ser preguntado si tuvo conocimiento de quiénes habrían sido los autores de la muerte del señor Gómez Carranza, lo siguiente: “Eso sí no lo sé, todos comentaban que fue la guerrilla”.

2.3. Conclusiones probatorias y caso concreto.

2.3.1. Legitimación en la causa por pasiva.

En relación con los argumentos esbozados por el Tribunal en la sentencia apelada, para la Sala si bien según la normativa vigente el Fondo Rotatorio del Ejército Nacional —entidad en relación con la cual la víctima tenía un contrato de prestación de servicios de transporte— es un establecimiento público, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, lo cierto es que no por esta razón debe concluirse que quien debía comparecer al presente proceso era esta última entidad y no la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, en la medida en que, como bien lo expuso el demandante en la impugnación, la causa petendi de la demanda consistió en la imputación del daño antijurídico a la entidad demandada con ocasión de la supuesta falla en el servicio consistente en la falta de protección al señor Jesús Antonio Gómez Carranza, a pesar de que se tenía conocimiento, por la labor que desempeñaba relacionada con el transporte de mercancías con destino al Ejército Nacional, del riesgo que representaba esa actividad, dada la zona en la cual tenía lugar esa labor.

Así las cosas, dado que la labor de protección de las personas en virtud del artículo segundo de la Constitución Política, le corresponde a la Nación - Ministerio de Defensa, para la Sala resulta evidente que esta última entidad es la llamada, como efecto sucedió, para intervenir en el presente proceso.

Con todo, la sentencia habrá de confirmarse por otras razones.

Ciertamente, de conformidad con el material de convicción allegado al proceso, se tiene acreditado el hecho dañoso sufrido por los demandantes, consistente en la muerte del señor Jesús Antonio Gómez Carranza por disparos propinado con arma de fuego.

Ahora bien, establecida la existencia del daño, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la Administración Pública y, por lo tanto, si constituye deber jurídico a cargo de ésta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y si la sentencia debe ser confirmada o revocada.

En cuanto al aludido hecho dañoso, si bien la parte actora sostuvo a lo largo del trámite de la presente acción que dicha muerte, se produjo como consecuencia de un accionar de un grupo subversivo con ocasión del transporte de mercancías con destino a instalaciones del Ejército Nacional, para la Sala no resulta posible imputar tales hechos al Estado, por las siguientes razones:

Del material aportado al proceso solamente se puede establecer, básicamente, que el señor Jesús Antonio Gómez Carranza prestaba sus servicios al Fondo Rotatorio del Ejército Nacional, con sede en Villavicencio, como transportador de víveres en las rutas de San José del Guaviare, Cumaribo y Yopal, en el vehículo de su propiedad. Así mismo se encuentra acreditado que para el día del deceso del señor Gómez Carranza, se encontraba transportando alimentos con destino al Supermercado Nº 4 ubicado en San José del Guaviare.

En cuanto a las circunstancia de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte del señor Gómez Carranza, únicamente se sabe con certeza que el día 27 de diciembre de 1997 fue encontrado, en el “cruce a Puerto Rico, Meta”, el cuerpo de la aludida víctima en avanzado estado de descomposición y que el motivo preliminar del deceso había sido disparos con arma de fuego.

De resto no se tiene certeza acerca del modo o las circunstancias específicas en las cuales ocurrió el daño, esto es no se sabe si la muerte se debió al accionar de un grupo subversivo o a la delincuencia común, al tiempo que se desconoce si el motivo de la muerte fue el transporte de mercancías para el Ejército Nacional, pues la ocurrencia probatoria que pesa en el expediente permite llegar a esa conclusión.

En este sentido, si bien existen declaraciones que se refirieron a lo que tuvieron la oportunidad de conocer acerca de las circunstancias en las cuales ocurrió la muerte del señor Gómez Carranza, debe destacarse que ninguno de esos testigos estuvo presente al momento de los hechos, al tiempo que lo que relataron acerca de los presuntos autores del homicidio tuvo por origen rumores que no encuentran respaldo probatorio alguno en el expediente.

Para la parte demandante, las autoridades, aún cuando tenían conocimiento del “peligro inminente” que pesaba sobre el señor Jesús Antonio Gómez Carranza, no se le protegió de forma alguna, motivo por el cual había lugar a declarar la responsabilidad de la Administración.

Al respecto cabe indicar que esta Corporación ha reconocido que la Administración debe responder patrimonialmente a título de falla en el servicio por omisión en el deber de prestar seguridad y protección a las personas, por lo menos en dos eventos: i) Cuando se solicita protección especial con indicación de las especiales condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la persona y ii) Cuando sin que medie solicitud de protección alguna, de todas maneras resulta evidente que la persona la necesitaba “en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones”(14).

De conformidad con lo anterior, de nuevo, en el expediente no obra material probatorio alguno que permita inferir que el señor Jesús Antonio Gómez Carranza había solicitado de manera expresa protección para sus desplazamientos, al tiempo que ni siquiera se pudo acreditar —fuera de lo expuesto por las partes en algunos de sus escritos por medio de los cuales intervinieron en el presente asunto— que la zona donde ocurrieron los hechos era considerada como “roja” o de marcada presencia e intervención de grupos subversivos, al tiempo que tampoco se estableció que el señor Gómez Carranza hubiere sido previamente amenazado por grupos irregulares. Tampoco se sabe cuál era el estado de la vía, esto es si se habían presentado ataques preliminares y si éstos iban dirigidos, de manera especial, contra las personas que de manera directa o indirecta prestaran servicios en beneficio de la entidad demandada; de igual forma no se conoce —puesto que ni siquiera se allegó— si en el contrato suscrito entre el occiso y el Fondo Rotatorio del Ejército Nacional había obligaciones especiales de seguridad y mucho menos dentro del Ejército Nacional existiere algún protocolo de seguridad a seguir en relación con los contratistas que debían cumplir su función a través del desplazamiento por carretera. Finalmente, resulta por completo un hecho incierto si la muerte del señor Gómez Carranza fue con ocasión de las funciones que desempeñaba, dado que se reitera, no se saben con certeza las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ocurrieron los hechos.

En síntesis, no obra medio probatorio que permita imputar fáctica y jurídicamente la conducta o comportamiento del Ejército Nacional para con los actos o hechos desencadenantes del daño.

Así las cosas, en el caso concreto que ahora se examina, se torna estéril cualquier examen de los fundamentos o sistemas de responsabilidad, objetivos o tradicionales, porque se está en presencia de una falta absoluta de causalidad del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado y aquéllos encuentran fundamento y razón de ser sólo cuando el daño antijurídico le es imputable a la Administración, cuestión que no se configuró en el evento sub examine y, por ello, se releva al juzgador de ese tipo de consideraciones(15).

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma legal(16), toda vez que —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que permita atribuir tan lamentable hecho al ente público demandado.

Para la Sala brilla por su ausencia la falta de acopio del proceso penal que se inició con ocasión de la muerte del señor Gómez Carranza —del cual posiblemente se pudieron haber extraído piezas importantes para conocer las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos—, expediente que si bien fue solicitado en la demanda y decretado como prueba, nunca fue allegado al presente encuadernamiento, al tiempo que no hubo actuación alguna por parte del demandante para lograr su recaudo, en especial no solicitó la práctica de dicha prueba con ocasión de la posibilidad que en segunda instancia prevé el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo(17).

Por consiguiente, por fuerza de todas las razones habrá de confirmarse la sentencia apelada y, en consecuencia, denegar las súplicas de la demanda.

> Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Descongestión, el 19 de agosto de 2004, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

2 Folio 9, cuaderno 1.

3 Folios 13-14, cuaderno 1.

4 Folio 16, cuaderno 1.

5 Folio 17, cuaderno 1.

6 Folio 19 a 20, cuaderno 1.

7 Folios 22-23, cuaderno 1.

8 Folios 24-25, cuaderno 1.

9 Folio 26, cuaderno 1.

10 Folios 58 a 77, cuaderno 1.

11 Folios 78 a 94, cuaderno 1.

12 Folio 95, cuaderno 1.

13 Folio 96, cuaderno 1.

14 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 25 de Febrero de 2009, expediente 18106, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

15 En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, expediente 165.16 y del 4 de junio del 2008, expediente 16.643, M.P. Enrique Gil Botero.

16 Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet; esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones”. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables”. Ídem, pág. 406.

17 ART. 214.—Pruebas en segunda instancia. Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

4. Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior.