Sentencia 1999-00389 de agosto 25 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 85001-23-31-000-1999-00389-01 (20.674)

Consejero Ponente:

Dra. Gladys Agudelo Ordóñez

Actor: Ernesto Maldonado Suárez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, de allí que para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder el monto de $ 18’850.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 51’214.110(1) solicitada por concepto de perjuicios morales, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

En ese orden, decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes y el Ministerio Público, contra la sentencia del 19 de abril de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare.

1. Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente, en lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieran sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieran sido practicadas con audiencia de aquella, no podrán ser valoradas en el primer proceso(2). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(3).

En el presente caso, obra la copia simple íntegra del proceso disciplinario Nº 024 adelantado por la Auditoría Auxiliar de Guerra Nº 97 de la Policía Nacional, en contra del agente Luis David Maldonado Yáñez y otros, remitido por esa autoridad con el Oficio Nº 208/AUGUE 97 DECAS del 15 de agosto de 2000, por los hechos objeto de la presente acción; sin embargo, en el proceso primitivo no fueron solicitadas ni practicadas a petición de la parte contra quien se aducen ni con su audiencia y su traslado no fue solicitado a este proceso de manera conjunta por las partes, sino por la parte demandada únicamente, y fue decretada por el tribunal, mediante providencia del 11 de julio de 2000.

Si bien es cierto que en el presente asunto no se agotaron las formalidades del traslado del proceso disciplinario, ni se surtió el traslado a las partes del mismo, también lo es, que dicha irregularidad quedó saneada, toda vez que esta prueba estuvo a disposición de los sujetos procesales durante todo el periodo probatorio sin que ninguno de ellos objetara o discutiera su contenido y porque además de conformidad con el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece”, aunado al hecho de que ninguna de las partes controvirtió dicha situación, razón por la cual, serán apreciadas en este proceso con el valor legal que les corresponde(4), únicamente las pruebas documentales que obran en el expediente disciplinario.

Adicionalmente, al respecto, la parte demandante con su comportamiento procesal avaló la validez del mencionado medio probatorio, pues en escrito obrante de folios 131 a 133 manifestó que no se podían desconocer los principios de comunidad de la prueba y de prevalencia del derecho sustancial, pues si existiendo los medios de prueba dieran cuenta de la responsabilidad del Estado, de los que se dedujera la verdad real, no podían obviarse por presuntos formalismos, además de que los mismos fueron practicados en legal forma por el funcionario investigador en el proceso disciplinario; y, que aquellas pruebas, fueron solicitadas por la parte demandada en la contestación de la demanda y aportadas en legal forma a este proceso.

Ahora bien, como se trata de documentos en copia simple debe reiterarse lo dicho por la Sala(5), en el sentido de que estas, “no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil antes citado(6)(7).

Quiere decir que las copias serán admisibles y podrán ser valoradas siempre que puedan reputarse auténticas, de conformidad con cualquiera de los eventos previstos por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, a saber:

“ART. 254.—[Modificado por el D.-L. 2282/89, art. 1º, num. 117]. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

“1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

“2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

“3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Comoquiera que en el caso sub examine, las copias del proceso disciplinario trasladadas al proceso contencioso administrativo, fueron remitidas por la directora de Auditoría Auxiliar de Guerra Nº 97 del Departamento de Policía del Casanare, entiende la Sala que se configura el supuesto previsto en el numeral 1º de la norma transcrita, por lo que le dará todo el mérito probatorio, al cumplir con los requisitos formales para su aportación.

2. Conforme a las pruebas que obran en el plenario, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

En el proceso contencioso administrativo obra el registro civil de defunción del señor Néstor Orlando Maldonado Yáñez, proferido por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Pore, Casanare, que da cuenta de que su fallecimiento ocurrió el 18 de diciembre de 1997 (fl. 23 del cdno. 1).

Entre las pruebas trasladadas del proceso disciplinario, se tiene el acta de levantamiento del cadáver de Néstor Orlando Maldonado Yáñez del 18 de diciembre de 1997, suscrita por un médico legista del Instituto de Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dispuso:

“Conclusión. Hombre adulto de 19 años de edad quien fallece por choque hipovolémico secundario a sección del 100% de iliaca externa y sección parcial del 80% de arteria iliaca interna por herida vascular con proyectil de arma de fuego” (fls. 145 y 146 del cdno. 3).

En el acta de inspección del cadáver Nº 13 del 18 de diciembre de 1997, realizado por CTI de la Fiscalía General de la Nación quedó consignada la versión de ocurrencia de los hechos, según información suministrada por el sub comandante de la estación de policía de la localidad, así:

“Averiguación de los hechos (cuándo, cómo, dónde sucedieron y quiénes pudieron participar). Según la información suministrada por el señor cabo primero Ever Beltrán Sánchez, sub-comandante Estación de Policía de Pore manifiesta que los hechos relacionados con la muerte del señor Néstor Orlando Maldonado ocurrieron aproximadamente a las 3:00 horas de la tarde aproximadamente (sic) dentro de la casa de residencia del agente Maldonado Yáñez Luis David, cuando en circunstancias que aún se desconocen se ocasionó un disparo de proyectil correspondiente a un fusil Galil calibre 7,62 mm. Que ante tal situación fue trasladado a las instalaciones del hospital local de Pore para efectos de primeros auxilios. Se deja constancia, que el occiso Néstor Orlando Maldonado Yáñez, es legítimo hermano del agente Maldonado Yáñez David” (fls. 151 a 154 del cdno. 3).

En el Oficio Nº 255, suscrito el 19 de diciembre de 1997 por el comandante de la Estación de Policía de Pore, dirigido al comandante de Policía de Casanare, informó la siguiente novedad:

“Siendo aproximadamente las 15:05 horas del 18-12-97, en la casa de residencia del señor agente Maldonado Yáñez Luis, se escuchó un disparo, para lo cual se procedió a verificar lo sucedido y se encontró herido al señor Néstor Orlando Maldonado Yáñez, quien al parecer se había propinado un disparo con el fusil Galil de dotación del agente en mención, a la altura de la región espinal iliaca posterior superior izquierdo (sic) con orificio de salida nivel flanco izquierdo debajo del ombligo con exposición de colon; al cual se le prestó la ayuda y se lo trasladó al puesto de salud local en el cual posteriormente falleció.

Cabe anotar que el señor agente Maldonado Yáñez Luis, hace parte de la escuadra de reacción que permanece disponible las 24 horas y que momentos antes de los hechos había solicitado permiso para dirigirse a su casa a tomar un refrigerio; se desconocen los móviles reales del hecho, al parecer por una riña familiar” (fl. 1 del cdno. 3).

En Oficio Nº 0362/1 del 29 de diciembre de 1997, el subjefe de la Sijin Decas envía al coordinador de la Fiscalía Seccional de Paz de Ariporo, Casanare, el acta de diligencia de inspección judicial al fusil Galil calibre 7,62 mm, asignado al agente Maldonado Yáñez Luis David, donde dispuso:

“Consta la diligencia de inspección judicial al fusil Galil calibre 7,62 mm, identificado con el Nº 8-1918912, con un proveedor metálico y 23 cartuchos para el mismo. El fusil de la referencia se hallaba asignado al agente Maldonado Yáñez Luis David, adscrito a la Estación de Policía de Pore (Casanare), y hasta donde se tiene conocimiento el arma en mención se encuentra comprometida en la muerte violenta del particular Néstor Orlando Maldonado Yáñez, según hechos ocurridos el día 18 de diciembre del presente año en la localidad de Pore (Casanare).

El fusil Galil Nº 8-1918912, un proveedor metálico para el mismo y 23 cartuchos calibre 7,62 mm y portafusil en lona color negro, quedaron en depósito provisional en el almacén de armamento del Departamento de Policía Casanare (…)” (fl. 160 del cdno. 3).

Del Acta 003 del 18 de diciembre de 1997, que consistió en la entrega de un material de guerra, se transcribe:

“Un fusil Galil Nº 8-1918912

Un proveedor metálico por veinticinco cartuchos con munición dentro del mismo.

El anterior material de guerra está asignado al señor agente Maldonado Yáñez Luis David, mediante recibo individual de fecha 20-10-97; se hace la entrega debido a que el material de guerra se encuentra comprometido en los hechos acontecidos hoy a las 15:15 horas aproximadamente, donde resultó muerto el señor Néstor Orlando Maldonado Yáñez, con el fin de que se le practique inspección judicial” (fl. 161 del cdno. 3).

En el acta de inspección judicial al fusil Galil calibre 7,62 mm, asignado al agente Maldonado Yáñez Luis David, quedó consignado:

“Clase: Fusil

Calibre: 762X51

Marca: Galil

Modelo: Sar

Fabricación: Israelí

Número Externo: 8-1918912

Número estrías: cuatro sentido rotación derecha

Acabado: pavonado color negro

Longitud cañón: 42.5 cm

Funcionamiento: automático

Culatín: retráctil

Accesorios: porta fusil en lona color negro

Observaciones: el fusil motivo de la inspección no tiene cartucho en la recamara, posee un proveedor metálico con capacidad para 25 cartuchos calibre 7,62 mm y en el interior del mismo existe un total de veintitrés cartuchos calibre 7,62X51 mm, en constitución latón militar color amarillo y proyectil blindado” (fl. 162 del cdno. 3).

El director regional oriente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en respuesta a la solicitud del Departamento de Policía de Casanare, al responder uno de los interrogantes atinentes a la clase de arma de fuego que causó la herida mortal al señor Néstor Orlando Maldonado Yáñez, manifestó que esa consulta debía dirigirse al laboratorio de balística, así:

“3. Con qué clase de arma de fuego se causó la herida que registra en cuerpo del desaparecido Néstor Orlando Maldonado Yáñez.

Con los elementos de juicio aportados, se puede establecer que la lesión narrada al protocolo de necropsia, así como lo observado en el álbum fotográfico, se trata de un proyectil de alta velocidad, ocasionado por un arma que accione el impulso de cartuchos de éstas características (sic). Sin embargo, esta consulta debe elevarse al laboratorio de balística, con el envío de las prendas para el respectivo análisis” (fls. 209 a 214 del cdno. 3).

En oficio suscrito el 14 de enero de 1999 por el jefe de la Sijin Decas, dirigido al Auditor Auxiliar de Guerra Nº 97, manifestó:

“Por medio del presente me permito informar a ese despacho, que los proyectiles denominados de “alta velocidad”, son aquellos que producen orificios de entrada, son de bordes regulares, y sus salidas generan heridas grandes y de bordes irregulares. Igualmente entre las armas que los pueden disparar tenemos las siguientes: Fusiles calibre 5.56x45 en marcas R-15, Galil, M-16, fusiles calibre 762X51 en marcas Galil, Fal. Calibre 7.62X39 en marcas AK-47, y demás” (fl. 478 del cdno. 3).

3. De acuerdo con lo anterior, está probado que señor Néstor Orlando Maldonado Yáñez falleció el 18 diciembre de 1997 por causa de una herida con arma de fuego, en hechos confusos ocurridos en la vivienda de su hermano, el agente de Policía Luis David Maldonado Yáñez, quien para ese momento, hacía parte de la escuadra de reacción que permanece disponible las 24 horas en la Estación de Policía del municipio de Pore.

Por tanto, se encuentra acreditado el daño antijurídico padecido por los demandantes, consistente en la muerte de su hijo y hermano.

Verificado lo anterior, se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si el daño antijurídico es atribuible o no a la administración pública por una falla en el servicio como lo alega el actor.

4. Si bien, en el acta de inspección del cadáver se mencionó que el disparo que le ocasionó la muerte al señor Néstor Orlando Maldonado Yáñez provenía de un fusil Galil calibre 7,62 mm de dotación oficial, lo hizo aclarando que dicha información fue suministrada por el sub comandante del estación de policía de la localidad, sin que tal afirmación haya sido suscrita por éste, y sin exponer cuál fue el apoyo técnico de los funcionarios que lo profirieron, para hacer tal aseveración.

Es del caso aclarar que no obra en el proceso ninguna prueba técnica, de balística, que determine que el disparo se produjo con un arma de dotación oficial, concretamente con el fusil Galil asignado al agente Luis Davis Maldonado Yáñez.

En la necropsia médico legal practicada al cadáver, tampoco se determinó qué tipo de arma fue la que causó la herida mortal.

En el mismo sentido, la diligencia de inspección judicial realizada al fusil Galil calibre 7,62 mm, asignado al agente Maldonado Yáñez, si bien dio cuenta de que el arma tenía capacidad para 25 cartuchos y que al momento de la diligencia solo se encontraron 23, no puede asegurarse que uno de los 2 faltantes haya sido el que causó la muerte de la víctima, entre otras cosas, porque se trató de uno solo, pues fue una la herida, así como también fue una sola la detonación.

Adicionalmente, el Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses al referirse al tipo de arma de fuego con que se causó la herida mortal al occiso, manifestó que debía consultarse al laboratorio de balística, y solamente afirmó que se trató de un proyectil de alta velocidad.

Al respecto, el jefe de la Sijin Decas afirmó que los proyectiles de alta velocidad podían ser disparados por una serie de armas, dentro de las que se encontraba el fusil Galil, arma asignada al hermano del occiso, lo que, sumado a lo anteriormente expuesto, no ofrece certeza de que el arma con la que se disparó el proyectil que le causó la muerte al señor Néstor Orlando Maldonado Yáñez haya sido la asignada a su hermano, el agente Luis David Maldonado Yáñez.

Así las cosas, aún cuando está probado el daño sufrido por los demandantes, no existe claridad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos que fundamentan la acción, razón por la que no resulta procedente atribuir la responsabilidad al Ministerio de Defensa - Policía Nacional, pues no hay siquiera certeza de que el arma con la que se causó la herida mortal al señor Néstor Orlando Maldonado Yáñez haya sido de dotación oficial, ni concretamente, la asignada al agente Luis David Maldonado Yáñez, hermano del occiso.

En otras palabras, no se cumplió con la carga de la prueba en este extremo, pues de acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, en consecuencia, los demandantes debían probar el daño alegado y los perjuicios producidos como era su deber, por ser norma de conducta para las partes y regla de juicio para el juez, que de un lado le indica a aquellas como debían actuar so pena de sufrir las consecuencias de no hacerlo así, y de otro lado le señala al juez que debe fallar contra la parte que debía probar y no probó.

No obstante, y si en gracia de discusión, se entendiera que el arma que causó la muerte al señor Néstor Orlando Maldonado Yáñez, era de dotación oficial, se tendría que destacar que en el plenario no obra elemento de convicción alguno que permita concluir que el agente Luis David Maldonado Yáñez hubiere estado en cumplimiento de funciones propias de su cargo al momento de la muerte de su hermano, por el contrario, si bien el agente de la policía hacía parte de la escuadra de reacción que permanecía disponible las 24 horas en la estación de la localidad, de conformidad con el Oficio Nº 255, suscrito por el comandante de la misma momentos antes de los hechos, el agente solicitó permiso para dirigirse a su casa a tomar un refrigerio, lugar donde ocurrieron los hechos, de donde se concluye que se trató de una riña familiar, asunto ajeno al servicio.

Para los efectos de responsabilidad estatal por hechos como los que en esta oportunidad se estudian, la Sala ha manifestado que las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público, la simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública.

En relación con la conexión o vínculo existente entre la conducta del agente estatal y el servicio público, la Sala en diferentes oportunidades, ha señalado:

“Las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público y que la simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública.

“En doctrina que la Sala ha acogido en reiterada jurisprudencia, se señala que para que la conducta causante del daño, desplegada por un agente estatal, tenga vínculo con el servicio, se requiere que esta se presente externamente como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público:

“… no cualquier actuación dañosa de los funcionarios o agentes administrativos conlleva imputación de responsabilidad a la administración de quien dependen o en la que están encuadrados. Se requiere en todo caso para que opere el mecanismo de atribución a la administración del deber de reparar un daño patrimonial, que la actuación lesiva de la persona autora material de este pueda calificarse como propia del ‘funcionamiento de los servicios públicos’. Es decir que la conducta del agente de la administración productora del evento dañoso suponga una manifestación del desempeño o ejercicio del cargo público, presentándose externamente entonces el resultado lesivo como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público. “Por tanto, la administración no responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las funciones del cargo público; en una palabra, la realizada fuera del servicio público. En definitiva, el fenómeno jurídico de imputación de responsabilidad civil a la administración no se produce ‘en aquellos supuestos de daños resarcibles en los que el funcionario se presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona privada, desprovisto, por tanto, de toda cualificación jurídico-pública”(8).

En el asunto sub examine, se encuentra probado que el hecho dañoso se produjo al interior de la casa de habitación del agente Luis David Maldonado Yáñez, hermano del obitado que se encontraba de visita en ese lugar, tal como lo acredita la demanda, razón por la cual los hechos ocurridos no guardan nexo alguno con el servicio, y aún en el caso de que se hubiera demostrado que fue con el arma del agente Maldonado con la que se causó la muerte de señor Néstor Orlando Maldonado Yáñez, se tiene que aquel no actuó en su condición de policía, sino en circunstancias de carácter estrictamente personal, lo cual en manera alguna relaciona dicho comportamiento con el servicio público que constitucional y legalmente le podría haber correspondido en su calidad de agente.

Los anteriores aspectos son relevantes para determinar el grado de relación del daño con el servicio público, puesto que, no basta invocar el vínculo entre el causante del daño y la entidad demandada, a efectos de concretar una aparente imputación jurídica en cabeza de la administración pública, sino que además, se debe tener en cuenta que, en el asunto sub lite, la conducta o actividad del funcionario no estaba determinada o encaminada a la prestación del servicio público, ni al desempeño de las funciones propias del cargo del cual estaba investido, sino al ejercicio de una actividad personal.

Así las cosas, se reitera, que aún en el caso de que estuviera acreditado que el arma homicida era la asignada al agente Maldonado Yáñez, hermano del occiso, estaría plenamente acreditada la configuración de la eximente de responsabilidad consistente en la culpa personal del agente, circunstancia que, igualmente, impediría estructurar la imputación jurídica del daño causado en contra de la entidad pública demandada, elemento este indispensable para poder deducir responsabilidad extracontractual respecto del Estado.

Se tiene, por lo expuesto, que no le asistió la razón al tribunal al declarar patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte del señor Néstor Orlando Maldonado Yáñez, razón por la que habrá lugar a revocar la providencia recurrida.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 19 de abril de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare; en su lugar, se dispone:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Folio 4 del cuaderno 1. Equivalente a multiplicar el valor del gramo de oro de la época (17.071,37) por 3.000.

(2) Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300.

(3) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789.

(4) En este sentido se pronunció la Sala en sentencia de 26 de marzo de 2008, Expediente 34.038, actor: María Luz Fanny Pinzón de González, M.P. Myriam Guerrero de Escobar y en sentencia de 5 de junio de 2008, Expediente 16.358, actor: Esneda Alvis Ureña y otros, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) Así por ejemplo la sentencia del 16 de abril de 2007, Expediente AG- 025.

(6) Sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 31.217.

(7) “… la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle el mismo valor probatorio del original es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos...”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(8) Entre otras: Sentencias del 8 de noviembre de 2001, Expediente 13.883, actor: Wilson de Jesús Herrera González; del 5 de diciembre de 2005, Expediente 15.914, actor: Rubén Darío González Peña y del 2 de mayo del 2007, Expediente 16.743, actor: Henry Castro Medina y otros.