Sentencia 1999-00389 de febrero 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Proceso: 18001-23-31-000-1999-00389-01 (29723)

3-RD-1243-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: José Manuel Bernal Barragán y otros

Demandado: municipio de Morelia

Acción: reparación directa

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales.

1.1. La jurisdicción, competencia y acción procedente.

Como dentro de la controversia está una entidad pública, el municipio de Morelia (CCA, art. 82), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta Corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(4).

De otro lado, en los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo(5) prescribe que la acción de reparación directa constituye la vía procesal conducente para buscar la responsabilidad extracontractual del municipio de Morelia como consecuencia de los hechos descritos en la demanda.

1.2. La legitimación en la causa.

Frente a la legitimación de la entidad territorial demandada, debe señalarse que la vía donde ocurrió el accidente es de carácter nacional, tal como se desprende de las respuestas de los directores de la regional Caquetá del Invías(6) y del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Caquetá (fls. 10 y 11, cdno. 3)(7).

En ese orden, la sección, en un asunto similar, tuvo la oportunidad de precisar las obligaciones de las entidades territoriales municipales frente a las vías del orden nacional que atraviesan el perímetro urbano, al juzgar la responsabilidad del Invías por un accidente de tránsito ocurrido en el año de 1994 debido al mal estado de la vía, así:

7.1. En primer lugar, señaló el Invías que, considerando que el kilómetro 5 de la Av. Simón Bolívar —ubicado frente al SENA— estaba ubicado en el perímetro urbano del municipio, su mantenimiento y señalización era responsabilidad del ente territorial, según lo dispuesto en la letra d) del artículo 1º del Decreto 80 de 1987(8) y el artículo 113 del Decreto 1809 de 1990 —antes citado—.

Al respecto se tiene la certificación expedida por el jefe de la oficina jurídica de la alcaldía de Buenaventura, el 23 de junio de 1998, “el tramo del kilómetro 5 frente al SENA de la Avenida Simón Bolívar, es zona urbana” —fl. 70, cdno. 3—.

No obstante, la letra d) del artículo 1º del Decreto 80 de 1987 no atribuye a los municipios el mantenimiento y la señalización de las vías nacionales, pues prescribe, expresamente, que los municipios tienen la obligación de “adecuar la estructura de las vías nacionales dentro del respectivo perímetro urbano de conformidad con las necesidades de la vida municipal”. A su vez, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el verbo “adecuar” como: “Proporcionar, acomodar, apropiar algo a otra cosa”(9).

En efecto, la norma regula aquella situación fáctica en la que una vía nacional se ubica en el perímetro urbano de un municipio, situación que le exige, eventualmente, intervenir la vía en su estructura o realizar las obras que demande a efectos de acomodarla o adecuarla a las exigencias propias del área o perímetro urbano. Así mismo, es trascendental, a efectos de establecer el alcance de la obligación de adecuación de esas vías nacionales, determinar en que consiste el “perímetro urbano”, para lo que es preciso acudir al artículo 31 de la Ley 388 de 1997 expresa al respecto:

“Suelo urbano. Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial.

“Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros poblados de los corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios públicos o sanitario” —resalta la Sala—.

Como puede observarse, el área urbana es catalogada como tal, en razón a sus particularidades, a las cuales debe acomodarse o adecuarse la respectiva vía nacional ubicada en su perímetro, y fue eso, precisamente, lo que previó la norma en comento. Siendo así, por el hecho de que la vía cuente con esa naturaleza y, por tanto, sea responsabilidad del Invías, no impide que el municipio la intervenga y adelante las obras o adecuaciones estructurales necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la “vida municipal”.

Los conceptos anteriores ofrecen claridad en cuanto a la obligación de los municipios en relación con las vías del orden nacional que traspasan o se ubican en el perímetro o suelo urbano, toda vez que, cuando el artículo 1º en su letra d) del Decreto 80 de 1987 les impone la obligación de adecuar o acomodar la estructura de las vías o carreteras nacionales según las necesidades de la “vida municipal”, hace referencia a la realización de las obras requeridas para el debido funcionamiento del municipio, esto es, para la correcta prestación de los distintos servicios públicos —entre ellos los domiciliarios—(10), también para garantizar la movilidad vehicular y peatonal en la zona y, así, facilitar la urbanización y edificación. Según lo anterior, consecuencialmente, cuando el municipio, en desarrollo de las actividades necesarias para la adecuación de la vía nacional, cause un daño antijurídico, el ente territorial responderá.

Es claro que el artículo 1º en su letra d) del Decreto 80 de 1987 otorga a los municipios la obligación de realizar, sobre las vías nacionales, las obras estructurales requeridas para su debido funcionamiento como ente territorial, aspecto que en todo caso requiere la intervención física de la carretera; sin embargo, ese deber no conlleva la realización de obras relacionadas con el mantenimiento o la señalización de la vía, pues estas son actividades atribuidas, legalmente, al Invías, entidad que, incluso, en el presente caso, certificó que la conservación, mantenimiento y señalización de la Av. Simón Bolívar de Buenaventura —vía nacional— era su responsabilidad —fls. 4 y 5, cdno. 5—.

Bajo esta perspectiva, se observa que la norma otorga a los municipios la obligación y/o potestad de adecuar o acomodar las vías nacionales de acuerdo con sus necesidades, a efectos de garantizar la prestación de los servicios públicos, situación que exige la construcción de diferentes redes físicas —alcantarillado, acueducto, etc.—; de regular la circulación vehicular o peatonal en la zona, integrando o facilitando la convexidad de esa vía con las demás del orden municipal —construyendo cruces viales y puentes peatonales—; facilitar la urbanización y edificación en determinada área; entre otras actividades con similar finalidad y que no están relacionadas con la construcción, el mantenimiento o la señalización de una vía nacional(11). Sin embargo, no puede entenderse que dicha obligación de adecuar o acomodar signifique el mantenimiento, sostenimiento o la señalización de la respectiva vía nacional.

Efectivamente, y teniendo claridad sobre el concepto y alcance de la obligación de “adecuar”, es preciso considerar sus diferencias frente a las actividades relacionadas con el “mantenimiento”, vocablo que define, en lo pertinente, el mismo Diccionario de la Real Academia de la Lengua como el “Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente”(12).

Este concepto ratifica lo expuesto supra, en el sentido de que, la obligación de mantenimiento se establece a efectos de garantizar el funcionamiento apropiado de la vía(13), la cual, en todo caso, está al servicio de los entes territoriales. En el mismo sentido, en cuanto a la obligación de señalización de la vía, se concluye que, sumado a que no se trata de una actividad de “adecuación”, tampoco es “estructural”, por ende, no cumple con las condiciones impuestas por la norma a efectos de que su cumplimiento sea responsabilidad de los entes territoriales.

En conclusión, el argumento propuesto por la entidad recurrente no es válido, pues no es obligación de los municipios realizar las actividades correspondientes al mantenimiento o señalización de las vías del orden nacional, por tanto, frente al caso concreto, no puede imputarse la responsabilidad del daño antijurídico al municipio de Buenaventura por este aspecto, pues ni siquiera existía un deber jurídico previo en tal sentido (se destaca).

De lo expuesto se desprende: (i) que la responsabilidad del mantenimiento y señalización de las vías del orden nacional corresponde al Invías. Efectivamente, en ese orden, vale agregar a lo ya expuesto, que los artículos 53 y 54 del Decreto 2171 de 1992, vigente para la época de los hechos, impusieron al mencionado instituto el siguiente objeto y funciones:

ART. 53.—Corresponde al Instituto Nacional de Vías ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación en lo que se refiere a carreteras.

ART. 54.—Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto Nacional de Vías desarrollará las siguientes funciones generales (...):

1. Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura vial de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte.

2. Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura vial de su competencia (...).

3. Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y programas de su competencia.

5. Asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la construcción, mantenimiento y atención de emergencias en sus infraestructuras viales, cuando ellas lo soliciten.

7. Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo.

13. Definir las características técnicas de la demarcación y señalización de la infraestructura de transporte de su competencia, así como las normas que deberán aplicarse para su uso.

De otra parte, (ii) a los municipios cuyos perímetros urbanos son atravesados por vías nacionales les corresponde realizar todas aquellas obligaciones de adecuación para su aprovechamiento. Ahora, de suyo es que no solo los daños ocasionados en el cumplimiento de tales funciones compromete la responsabilidad de los entes municipales, sino también la omisión de llevarlas a cabo. Siendo así, como en el sub lite se le atribuye a la demandada la falta de medidas efectivas para controlar la ocupación de los andenes y la vía pública, además de la falta de señalización, actividades que, claramente, corresponden a aquellas que se requieren para la utilización adecuada de la vía nacional en el perímetro urbano, toda vez que se imponen para el tránsito seguro de vehículos y peatones, fuerza concluir que la legitimación se encuentra demostrada en el extremo pasivo de la presente acción.

La legitimación de los actores está acreditada con los registros civiles de nacimiento respectivos, a diferencia de lo decidido por el a quo, de donde se tiene que los señores José Manuel Bernal Barragán y María Galindo Guzmán son los abuelos de la menor fallecida, teniendo en cuenta que a su vez son padres de la señora Aliria Bernal Galindo (fl. 3, cdno. ppal.), madre de esta última y de los menores Jainer y Darmelis Salinas Bernal (fls. 4 y 5, cdno. ppal.).

1.3. La caducidad.

Toda vez que el accidente ocurrió el 2 de noviembre de 1997, como da cuenta el informe del comandante de la Estación de Carabineros de Morelia del Departamento de Policía del Caquetá y como la demanda se presentó el 8 de octubre de 1999, fuerza concluir que lo fue en el bienio prescrito en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(14).

2. Problema jurídico.

El problema jurídico del presente asunto se concreta en determinar la responsabilidad extracontractual del municipio de Morelia por la muerte de la menor Aleidy Salina Bernal, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 2 de noviembre de 1997 en la vía nacional que de Florencia conduce al municipio de Belén de los Andaquíes, a la altura del casco urbano de la primera entidad territorial mencionada.

3. Los elementos de la responsabilidad extracontractual.

3.1. Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(15), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación patrimonial del actor que se alega en la demanda, se entrará a estudiar la imputación.

3.2. Igualmente, precisa referir que los documentos allegados por la parte actora lo fueron dentro de la oportunidad pertinente, en original, en copia auténtica y copias simples (cdno. ppal., cdno. 2 y cdno. 3)(16).

También las pruebas trasladadas del investigativo penal adelantado por los hechos en estudio serán objeto de valoración, en tanto fueron pedidas por ambas partes (fls. 92 y 116, cdno. ppal.), tal como lo ha sostenido esta sección, toda vez que en “los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, estas pueden ser valoradas, aun cuando hubieran sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”(17).

Asimismo, debe advertirse que aunque las declaraciones de las partes rendidas ante otras autoridades no pueden valorarse en este estadio, toda vez que para ello se requiere la forma propia del interrogatorio de parte, lo cierto es que nada obsta para que, una vez surtido este último dentro del presente proceso, se puedan valorar en forma conjunta tales versiones con el ánimo de verificar la consistencia de la prueba aquí reunida.

Por último, la inspección judicial y el peritaje, surtido dentro de la misma, serán objeto de valoración en esta instancia, en tanto cumplen con las exigencias legales para las pruebas anticipadas, contenidas en los artículos 246, numeral 8º(18) y 300(19) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que fueron tramitadas y practicadas por parte del Juez Único Promiscuo de Morelia y con anuencia e intervención de todas las partes (fls. 12 a 87, cdno. ppal.).

Sin embargo, no ocurre lo mismo frente al interrogatorio de parte de la señora Aliria Bernal Galindo, madre de la menor fallecida, en tanto fue solicitado por la parte actora y si bien fue ordenado por el juzgado de conocimiento, quien podía adelantarlo en los términos del artículo 202 del código citado(20), lo cierto es que se absolvió con base en las preguntas del apoderado de quien pidió la prueba, tal como se desprende de lo anotado al finalizar la diligencia: “Hasta aquí el interrogatorio formulado por el apoderado” (fl. 43, cdno. ppal.). Es decir, no se satisfacen los requisitos del interrogatorio de parte, siendo que se formuló con base en las preguntas del mismo extremo procesal; con todo, vale advertir que dentro de las presente diligencias, la madre de la menor rindió interrogatorio de parte que será valorado en su momento (fls. 46 a 49, cdno. 3), este sí solicitado por su contraparte (fls. 118 y 124, cdno. ppal.).

3.3. El daño.

En el sub lite, el daño alegado por los actores se concreta en la muerte de la menor Aleidy Salina Bernal. En ese orden, el certificado de defunción 1250538 del 4 de noviembre de 1997 da cuenta de que la víctima falleció el 2 del mismo mes y año, como consecuencia de paro cardiorrespiratorio, shock medular por accidente de tránsito (fl. 7, cdno. ppal.).

De lo anterior se desprende el daño deprecado.

3.4. La imputación.

3.4.1. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(21):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

3.4.2. En ese orden, frente a la imputación del daño producido a los actores, de las pruebas allegadas al plenario, se tiene:

3.4.2.1. El 2 de noviembre de 1997, aproximadamente a las 3:15 de la tarde, la menor Aleidy Salina Bernal fue atropellada por el vehículo particular de marca Land Rover de placas HL-7687, conducido por el señor Raúl Sterling Vargas, en momentos en que cruzaba por la carrera 2ª con calle 2ª del casco urbano del municipio de Morelia. La menor falleció en el centro médico municipal (fl. 13, cdno. 2, copia simple de la puesta a disposición del vehículo y su conductor a la Fiscalía de Belén de los Andaquíes, allegada por el comandante de la Estación de Carabineros de Morelia en respuesta al requerimiento formulado por el a quo).

3.4.2.2. Como señalización la vía en comento cuenta con la doble y continua línea amarilla y a unos 100 metros de donde ocurrió el accidente existe una señal de tránsito que advierte la existencia de zona escolar. Igualmente, en el croquis del accidente levantado por el comando de la policía municipal se observa que el ancho de la vía es de 9.30 metros y que el vehículo comprometido se movilizaba de norte a sur y en esa dirección se encontraba a 2.45 metros de la acera derecha y a 3.65 metros de la izquierda (fls. 12 y 17, cdno. 2, respuesta del comandante de la Estación de Carabineros de Morelia al requerimiento formulado por el a quo).

3.4.2.3. La vía donde ocurrió el accidente es de carácter nacional (fls. 10 y 11, cdno. 39, respuestas dirigidas al a quo por parte de los directores de la regional de Caquetá del Invías y del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Caquetá).

3.4.2.4. En este proceso declararon, mediante funcionario judicial comisionado por el a quo, las siguientes personas:

3.4.2.4.1. El señor Humberto Torres, sobre la ocurrencia del accidente, manifestó:

La verdad no sé si sería sábado o domingo, el carro, mejor dicho recuerdo que eran como las dos o dos y media de la tarde, llegó un carro con una gente a quienes yo les vendí unas empanadas de cambray, era un carrito como que de esos que tenían los curas, un Land Rover, ellos nos pagaron lo que les vendimos y el carrito salió y se fue, al salir el carro la mamá de una niña estaba en la esquina del restaurante como a 60 metros de donde yo le vendí, había una camioneta cuadrada de aquí de Morelia a Belén cuadrada al lado derecho de la posición Belén-Florencia, era una camioneta no sé bien, era una camioneta negra no recuerdo bien pero como que era la de Luis Cuéllar, una negra. La señora mamá de la niña, dicen que la había mandado a la niña por unos chitos, ella la mamá estaba hablando con unos evangélicos, yo la miré allí, pero dicen que la señora había enviado a la niña a comprar unos chitos, en eso la niña se cruzó por detrás de la camioneta y cuando la niña se metió iba pasando el carro y enseguida la atropelló, el carro iba para el lado de Belén, hasta lo que me di cuenta la niña se la llevaron para Florencia, corrijo, para el puesto de salud. (...) el carro salió hacia Belén me consta que iba bastante despacio, y miré que la niña salió corriendo detrás de la camioneta y en eso la atropelló (...) No había nada por ahí nada porque la niña fue atropellada fue en la mitad de la calle, lo único sería la camioneta no hubo sillas que obstaculizaran la vista del carro; el obstáculo era la camioneta de don Luis Cuéllar, porque la niña pasó por detrás (...) Preguntado: díganos si sobre los andenes de la vía a la cual se ha venido refiriendo los propietarios de los establecimientos que funcionan allí, como cafeterías, restaurantes, panaderías, sacan sillas y mesas sobre los andenes de esa vía? Contestó: sí todos los negocios sacan sillas y mesas al andén. Preguntado: díganos qué anchura tiene la vía sobre la cual usted se ha venido refiriendo y qué características presenta, entendido como bajo flujo vehicular o alto vehicular? Contestó: ahí caben o mejor tienen dos carriles y fuera de esos tiene un metro a cada lado de los carriles de un metro aproximadamente de más. Es una vía de alto flujo vehicular, pasan rápido porque acá no hay control. (...) Preguntado: díganos si en esa calle principal, hay aviso de prohibido estacionar? Contestó: no señor no hay avisos. (...) Ellos (se refiere a los vehículos) paran donde quieren y recogen donde quieren, vehículos particulares y cualquier otro carro (se destaca) (fls. 26 a 28, cdno. 3).

3.4.2.4.2. El señor Arielito Rodríguez Martínez precisó:

Resulta que la señora madre de la niña se encontraba al frente del restaurante del finado Capulina, en la esquina hablando con un señor y resulta que yo me paré del asiento donde estaba le dije a la señora coja la niña, ella no me hizo caso, a la segunda vez me paré, le dije que cogiera la niña, ella sacó una moneda y le dio a la niña y cruzó para el otro lado de donde se encontraba la mamá, para lado izquierdo viniendo de Belén, corrijo, vía Morelia Belén y la niña regresó donde la mamá, a la tercera vez volví y le dije señora coja la niña que se la aporrea un carro, resulta que la señora no hizo caso y cuando la niña volvía de aquí para allá, fue el accidente, la cogió el carro, la niña iba buscando la mamá o mejor iba para donde estaba la mamá. La niña pasó tres veces la calle y a la última vez era que ocurrió el accidente, eso fue como en media hora que la niña pasó la calle, a mí me daba vaina porque la mamá no le ponía cuidado, había una persona dándose cuenta cuando yo le dije a la señora las tres veces que cogiera la niña, esa señora estaba esperando una llamada, se llama Elvia Piracoa entonces cuando ya la atropelló el carro a la niña, dijo la señora me consta que usted le dijo a la señora que cogiera la niña tres veces. (...) Iba hacia Belén un vehículo Land Rover, iba despacio el carro, y resulta que en ese intermedio había una camioneta cuadrada al lado izquierdo de aquí hacia Belén y la niña no miró que el carro Land Rover iba hacia allá, y cruzó la calle por delante de la camioneta, porque la camioneta estaba con la trompa hacia Belén, cruzó la niña y enseguida el Land Rover la arrolló y la niña quedó más al lado izquierdo de la calle saliendo hacia Belén (...) Preguntado: díganos si para la fecha de los hechos existía en esa calle principal a la cual se ha referido, señales de estacionamiento, de prohibido estacionar etc. Contestó: no señor, en ese tiempo no había nada (...) Preguntado: díganos de quién era la camioneta que estaba estacionada en el sitio, al frente de donde ocurrió el accidente donde perdió la vida la menor Aleidy Salina Bernal. Contestó: la camioneta era de don Luis Cuéllar, quien era el alcalde de esa época (...). Preguntado: díganos por qué el Land Rover cogió a la menor, y la atropelló. Contestó: fue porque si (sic) la camioneta no hubiera estado estacionada ahí, no había habido ningún accidente porque la camioneta, corrijo, porque el carro iba despacio (fls. 29 a 31, cdno. 3).

3.4.2.4.3. Los señores Rosana Vargas Aya y Adolfo Cuéllar Castro, en sus declaraciones, confirmaron que la camioneta del señor alcalde estaba estacionada al lado izquierdo yendo hacia Belén y que no existían señales que prohibieran el estacionamiento de vehículos (fls. 32 a 36, cdno. 3).

3.4.2.4.4. La señora Aliria Bernal Galindo, madre de la menor fallecida, en su declaración de parte rendida dentro del presente proceso por petición de la demandada, a diferencia de las demás declaraciones y de lo manifestado ante la Fiscalía (fls. 82 y 83, cdno. 2), advirtió que la niña iba acompañada de su hermano de ocho años de edad; también señaló de la camioneta estacionada en la vía del alcalde de la época, el señor Luis Cuéllar, igualmente refirió a otros vehículos estacionados (fls. 46 a 49, cdno. 3).

3.4.2.5. El 20 de diciembre de 1997, la Unidad Seccional de la Fiscalía 14 Delegada ante el Juzgado del Circuito de Belén de los Andaquíes profirió medida de aseguramiento en contra del señor Raúl Sterling Vargas, como presunto autor del delito de homicidio culposo de la menor Aleidy Salina Bernal (fls. 94 a 96, cdno. 2, copia auténtica). Para el efecto, sostuvo:

La injurada de Sterling quien refiere que venía de Florencia con sus dos hijos y su hermano Álvaro, iba pasando frente a una camioneta que se encontraba estacionada en el lado izquierdo y de repente sintió el golpe de la niña sin tener tiempo de verla, cuando frenó ya estaba ahí. No puede decir si el carro le pasó por encima lo cierto es que la llevaron viva al hospital. Refiere que el vehículo estaba en perfectas condiciones e iba ensegundando (sic) a unos 20 km por hora. El testimonio de Aliria Bernal Galindo madre de la menor occisa quien afirma que eso fue más o menos a las tres y media de la tarde en Morelia, la niña se fue a comprar unos chitos, la camioneta del alcalde estaba estacionada frente a la tienda de don Gregorio la niña salió y no vio el otro carro, fue a salir corriendo y no alcanzó el carro venía por la orilla donde ella estaba y atrapó a la niña. Asegura que el conductor del vehículo iba despacio y cuando cogió la niña le puso velocidad al carro porque la intención era de irse y dejar la niña ahí tirada.

Las pruebas detalladas apuntan a una elevada probabilidad de que el indagado deba responder por el homicidio en cuestión, a título de culpa. Pues lo que reflejan las circunstancias en las que ocurre el insuceso es la distracción que para esos instantes mantenía el conductor del vehículo, desatención que puede aceptarse en un sinnúmero de actividades pero en el oficio de conducir un automotor dado el elevado riesgo que su rodamiento implica es a todas luces censurable. El sitio donde se realiza la conducta es el centro del municipio de Morelia en donde convergen además dos vías una proveniente de Valparaíso y la otra del municipio de Belén, en este lugar dada la profusión de establecimientos de comercio (expendio de bebidas alcohólicas, tiendas, tabernas, panaderías, casetas, restaurantes etc.) confluyen muchos campesinos, paseantes y viajeros, situaciones estas que obligan a cualquier conductor a mantener la previsión y el cuidado necesario para evitar incidentes como el ocurrido. Sin embargo Sterling Vargas —según el mismo lo refiere— tan solo se percata del fatal episodio cuando ya la menor yacía detrás del carro. Lo que aquí se reprocha es la violación del deber de cuidado al que estamos obligados todos los miembros del conglomerado social.

Era y sigue siendo previsible para un hombre prudente y diligente, que en ese lugar repentinamente aparezca un peatón o asome un vehículo por cualquiera de las vías señaladas con las consecuencias presentadas, por lo que se hace imperioso que los conductores permanezcan a la expectativa en orden a evitar los potenciales daños a personas o cosas por virtud del riesgo que mantiene el manejo de un automotor (fls. 94 y 95, cdno. 2).

3.4.2.5. El 5 de marzo de 1998, la misma autoridad dispuso la preclusión de la investigación seguida en contra del señor Raúl Sterling Vargas, en consideración al desistimiento de la acción penal por parte de la madre de la menor fallecida, como consecuencia de la indemnización integral de los daños y perjuicios causados con el homicidio (fls. 112 y 113, cdno. 2).

3.4.2.6. El 12 de mayo de 1998 y el 3 de marzo de 1999, el Concejo Municipal de Morelia se reunió con diferentes autoridades del municipio para advertir la necesidad de regular el tema del estacionamiento de vehículos en las vías de Morelia, así como la señalización de las mismas y la invasión del espacio público por vendedores, sin particularizar en la vía donde ocurrió el accidente en estudio (fls. 34 a 38, copia auténtica de las actas 26 y 15 del Concejo Municipal de Morelia, respectivamente).

3.4.2.7. El 15 de octubre de 1998, 7 de enero y 10 de agosto de 1999, el personero municipal de Morelia requirió al alcalde para que adoptara las medidas encaminadas a regular la actividad de los vendedores ambulantes, la pintura de los reductores de velocidad y el estacionamiento de vehículos en la vía principal (fls. 29, 30 y 31, cdno. 2, copia auténtica remitida por el personero municipal de Morelia, en respuesta a lo requerido por el a quo), con el fin de evitar hechos lamentables como “la muerte de una menor y el accidente del vendedor ambulante Lino Guevara Agredo, el pasado 18 de julio del año en curso (1999), quien fue arrollado por un bus de la empresa Coonstrascaquetá (sic), causándole fracturas graves en sus dos piernas” (fl. 31, cdno. 2, comunicación del 10 de agosto de 1999).

3.4.2.8. El 25 de agosto de 1999, ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Morelia, las partes realizaron una inspección judicial anticipada, en la cual el juez dejó la siguiente descripción del sitio del accidente:

Desde el punto de partida, antes señalado carrera 2 entre calles 3 y 2, a lado y lado de la vía, un espacio público designado para peatones, en el que existan obstáculos, tales como: en primer lugar presencia de voladizos o techos de zinc, que cubren todo el espacio del andén en promedio de 2 dos metros de ancho, además se denota como particular en el día de hoy, que en los negocios públicos ubicados en la vía en cuestión, no hay presencia de las mesas y sillas acostumbradas en el espacio peatonal, como otro obstáculo existente, podemos mencionar las materas y plantas o arbustos sembrados en los bordes del espacio peatonal, plantas que por su tamaño afectan la visibilidad, así mismo se observa la existencia de hornos de tamaño regular, fijos en el suelo del espacio peatonal, que están destinados para producir pan y ocupan aproximadamente la mitad del andén destinado para los peatones, impidiendo así el paso o movilización de los mismos. De esta forma deja constancia el despacho de lo observado, se aclara, que los pisos en su mayoría, destinados al andén, se hallan en cemento esmaltado y en mineral, respecto a la vía se deja constancia que nos referimos a una vía aproximadamente de 9 m de ancho, por donde circulan los carros que vienen de Florencia hacia el sur del departamento, tales como Valparaíso, Belén, etc., presta servicio en doble sentido y es una vía de acceso rápido, sin reductores de velocidad y la señalización que presenta, es con pintura reciente, sin señalización de tránsito (fl. 40, cdno. ppal.).

Dentro de la misma diligencia asistieron los peritos, previamente nombrados y posesionados, quienes tomaron fotografías del lugar y se les otorgó plazo para rendir el dictamen que solicitó la parte actora para establecer el ancho de la vía, de los andenes, la visibilidad en el lugar, el sitio exacto donde falleció la menor, así como la distancia entre este y los andenes, la existencia de vendedores ambulantes, señales que prohíban parquear, reductores de velocidad, señalización reciente, zonas de parqueo, la transitabilidad de la vía y el levantamiento de un plano topográfico (fls. 14 y 41, cdno. ppal.).

En el dictamen pericial, los peritos contestaron que el ancho de la vía es de 7 metros, desde las líneas blancas paralelas que se encuentran en la calzada; los andenes tienen 2 metros de ancho, con una cuneta de 1.40 metros, los cuales se encuentran ocupados por la estructura de establecimiento de comercio (sillas, mesas, etc.), al punto que obligan a los peatones a bajarse a la vía para transitar; existen obstáculos para visibilidad, tales como postes, árboles, materas, casetas, parasoles, gran cantidad de vendedores ambulantes; no existen reductores de velocidad ni prohibiciones de parqueo, solo las dos líneas amarillas continuas; la vía es de muy alta transitabilidad; se allegó plano topográfico del lugar (fls. 45 a 68, cdno. ppal.).

Del anterior dictamen se corrió traslado por tres días, con el silencio de las partes (fls. 70 y 82, cdno. ppal.).

Del análisis conjunto de las anteriores pruebas se tiene:

(i) La vía donde ocurrió el accidente es de alto tránsito vehicular.

(ii) La visibilidad de la menor y la del conductor involucrado se vio afectada por un vehículo, que los testigos aseguran es de propiedad del alcalde del municipio demandado.

(iii) La vía carecía de señales que limitaran el parqueo de vehículos.

La cuestión que se plantea en el sub lite es tratar de dilucidar si la muerte de la menor Aleydi Salina Bernal es imputable al municipio de Morelia. La sección tiene definido que en casos donde se imputa a las entidades públicas la omisión en el cumplimiento de sus deberes es preciso que “una vez se haya identificado el contenido obligacional a cargo de la entidad pública accionada en el caso concreto, con base tanto en el examen de los preceptos constitucionales o legales que programan la actividad y las decisiones de la misma, como también en el sentido de las disposiciones reglamentarias e, incluso, de los pronunciamientos judiciales de haberlos que hubieren precisado el alcance de las obligaciones y deberes de cuidado a cargo de la entidad respectiva y en la contextualización de dichos elementos en el cuadro fáctico del supuesto específico bajo estudio, debe proceder a establecerse si el sujeto accionado defraudó las expectativas de actuación que se desprendían del que constituye su rol, de este modo configurado”(22).

En ese orden, la Sala pone de presente la obligación de los entes territoriales municipales de garantizar la seguridad de sus habitantes, tal como lo imponía del Código Nacional Terrestre de la época(23), razón por la cual, vale recordar que, frente a las carreteras nacionales:

Corresponde a los municipios y al Distrito Especial de Bogotá, a partir de un año de la vigencia del presente decreto, el ejercicio de las siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas que le hayan sido atribuidas por anteriores disposiciones (...):

d) Racionalizar el uso de las vías municipales en los respectivos municipios y en el Distrito Especial de Bogotá, y como consecuencia: i) Otorgar, negar, modificar, revocar y cancelar las autorizaciones para los recorridos urbanos que deben cumplir las empresas que prestan servicios intermunicipales de transporte de pasajeros en cada municipio y en el Distrito Especial de Bogotá; ii) Propender por la adecuación y restablecimiento de vías de acceso y salida de los terminales de transporte terrestre y adoptar las medidas necesarias para asignar la localización adecuada de las empresas transportadoras, y iii) adecuar la estructura de las vías nacionales dentro del respectivo perímetro urbano de conformidad con las necesidades de la vida municipal (se destaca)(24).

Siendo así, a las autoridades de tránsito(25), entre otras, deben:

ART. 113.—Las autoridades municipales de tránsito colocarán en las vías urbanas las marcas y señales para estacionamiento paraderos, cruce de peatones, zonas escolares, zonas de taxis, zonas de cargue y descargue, y de más a que haya lugar, de acuerdo con las pautas del Ministerio de Obras Públicas, quien tendrá a su cargo la colocación de las señales en las autopistas y carreteras(26).

Es innegable que la señalización de una vía nacional, con el fin de regular el tránsito de vehículos y peatones, corresponden a aquellas adecuaciones necesarias para incorporarla a la vida municipal, en tanto las autoridades locales de suyo determinarán la necesidad de señalización en un sitio, sin perjuicio de que el ordenamiento jurídico imponga su obligatoriedad en ciertos eventos. Así por ejemplo, se prohíbe el estacionamiento en determinados lugares. Efectivamente, el artículo 140 del citado código disponía:

No se puede estacionar vehículos en los siguientes sitios:

1. Sobre los andenes;

2. En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad y puentes;

3. A menos de un metro de otro vehículo que se halle estacionado o a distancia mayor de treinta centímetros de la acera;

4. Frente a los vehículos estacionados y a los hidrantes, entradas de garajes, teatros, iglesias, circos, salones públicos, zonas escolares andamios y obstáculos que angosten la vías, o en curvas de visibilidad reducida;

5. Donde las autoridades de tránsito locales lo prohíban.

Sin embargo, la misma normatividad imponía:

ART. 147.—(...) Toda zona de prohibido estacionamiento de vehículos en la calle debe estar expresamente demarcada.

Es decir que la labor de demarcar las zonas donde está prohibido parquear corresponde, en lo que al presente asunto interesa, a las autoridades municipales, quienes están en la obligación de demarcar aquellas zonas que el ordenamiento jurídico así lo impone. En esos términos, es claro que el municipio de Morelia se sustrajo a dicha obligación, incluso aun después de los hechos que aquí se estudian, hasta el punto que se produjo un nuevo accidente en la misma vía que involucró la integridad física de un vendedor ambulante, según lo dio a conocer el personero municipal de Morelia (fl. 31, cdno. 2, comunicación del 10 de agosto de 1999).

Así las cosas, aunque no se desconoce que la madre de la menor debió vigilarla y no permitir que atravesara la vía sin la compañía de un adulto(27), circunstancia que obligará a reducir el monto de la condena, en los términos del artículo 2357 del Código Civil(28), tampoco puede negarse que el estacionamiento indebido de un vehículo en el lugar de los hechos que se estudian —que según las pruebas testimoniales era de propiedad del alcalde municipal, sin más precisiones—, defraudó las expectativas de una vía segura, toda vez que la demandada omitió disponer las medidas para evitarlo, tales como la señalización de la vía o el control de ese tipo de estacionamientos prohibidos, lo cual impide predicar la culpa exclusiva de la víctima(29).

Ahora, de las pruebas es difícil dilucidar si el conductor implicado fue el determinante del daño, en tanto los testigos refieren que conducía a baja velocidad, que existía un vehículo estacionado, que la menor cruzó la calle corriendo(30) y, además, la estatura de la menor constituyen circunstancias que se conjugaron para la producción del accidente, sin que la decisión de la Fiscalía haga reparos sobre estos aspectos, sino que se limitó a deducir que de estar atento a la conducción debió observarla, para lo cual se basó en la indagatoria del encartado y la declaración de la madre de la menor fallecida, pruebas que para la Sala son insuficientes para apoyar tales deducciones. En todo caso, el proceso penal finalizó por la indemnización que hiciera el conductor, lo cual constituiría un indicio para estructurar el hecho de un tercero; sin embargo, es insuficiente, en tanto las pruebas aquí aportadas no dan cuenta de ello.

En ese orden, toda vez que el fundamento de la responsabilidad que aquí se declara se funda en la omisión atribuible a la entidad demandada, resulta inviable el descuento de las sumas pagadas por un tercero al presente proceso, esto es, el conductor del vehículo comprometido, toda vez que este respondió dentro de su esfera personal y patrimonial, a través de un acuerdo que produjo efectos entre quienes en él intervinieron (supra 3.4.2.5) y, por consiguiente, sin relación con el reproche que aquí estructura la responsabilidad. Siendo así, se impone declarar la responsabilidad de la entidad demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia atacada.

3.5. Los perjuicios.

El daño moral. Los únicos perjuicios reclamados fueron los morales. Sobre el particular se advierte que, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la sentencia de 6 de septiembre de 2001(31), la estimación de los perjuicios morales debe hacerse en salarios mínimos legales mensuales vigentes y no en gramos oro y, para ello, se tiene en cuenta la equivalencia según la cual, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, puede reconocerse una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por lo anterior es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(32), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia...”(33), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(34).

En ese orden, para la madre, hermanos y abuelos podrá reconocerse las siguientes cantidades de salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia, así: 100 para cada uno de los dos primeros (madre y hermanos) y 50 para cada de los demás actores. Con todo, la indemnización se reducirá en un 70%, habida consideración de que la madre descuidó a su hija y dejó que cruzara una vía de alto flujo vehicular sin el cuidado de un adulto y tampoco estuvo atenta al comportamiento de la menor. En consecuencia, se reconocerán 30 y 15 salarios en la forma indicada.

3.6. Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia del 21 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

2. En su lugar, DECLARAR la responsabilidad extracontractual del municipio de Morelia por la muerte de la menor Aleidy Salina Bernal, como consecuencia del accidente ocurrido el 2 de noviembre de 1997.

3. En consecuencia, CONDENAR al municipio de Morelia a pagar, así:

A la señora Aliria Bernal Galindo, madre la menor, el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia.

A los menores Jainer y Darmelis Salinas Bernal, hermanos de la menor, la suma de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia, para cada uno de ellos.

A los señores José Manuel Bernal Barragán y María Mercedes Galindo Guzmán, abuelos de la menor, la suma de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia, para cada uno de ellos.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. Sin condena en costas.

6. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(4) El numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, asignó el conocimiento en primera instancia a los tribunales administrativos de los asuntos de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes. En consecuencia, como la mayor reclamación por perjuicios morales fue por 2.000 gramos oro —que equivalían a $ 41.635.060, si se tiene en cuenta que el valor del gramo oro a la fecha en que se presentó la demanda correspondía a $ 20.682,53—, es claro que para 1999 (fl. 95, cdno. ppal.), la controversia superaba el valor exigido para que tuviera vocación de doble instancia, esto es superior a $ 18.850.000.

(5) “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

(6) En dicho documento se consignó: “Que la vía pública que de Florencia conduce al municipio de Belén de los Andaquíes (carretera San José-Florencia, código 6502), pasando por el casco urbano de Morelia es del orden nacional, en lo que tiene que ver con su mantenimiento, conservación y señalización” (fl. 10, cdno. 3).

(7) Ese documento prescribe: “(...) me permito manifestarle que la vía que de Florencia conduce a Belén de los Andaquíes, pasando por la vía principal del casco urbano del municipio de Morelia Caquetá, es un carreteable del orden nacional; y para todos los efectos de mantenimiento, conservación y señalización le corresponde al Instituto Nacional de Vías” (fl. 11, cdno. 3).

(8) Cita original: artículo 1º, Decreto 80 de 1987: “Corresponde a los municipios y al Distrito Especial de Bogotá, a partir de un año de la vigencia del presente decreto, el ejercicio de las siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas que le hayan sido atribuidas por anteriores disposiciones: (...) “d) Racionalizar el uso de las vías municipales en los respectivos municipios y en el Distrito Especial de Bogotá, y como consecuencia: i) Otorgar, negar, modificar, revocar y cancelar las autorizaciones para los recorridos urbanos que deben cumplir las empresas que prestan servicios intermunicipales de transporte de pasajeros en cada municipio y en el Distrito Especial de Bogotá; ii) Propender por la adecuación y restablecimiento de vías de acceso y salida de los terminales de transporte terrestre y adoptar las medidas necesarias para asignar la localización adecuada de las empresas transportadoras, y iii) adecuar la estructura de las vías nacionales dentro del respectivo perímetro urbano de conformidad con las necesidades de la vida municipal” —resalta la Sala (sic)—.

(9) En original: En línea: <www.rae.es>. Consultado el 1º de junio de 2009.

(10) En este sentido, el artículo 5º de la Ley 142 de 1994 prescribe: “Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:

“5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente (...)”.

(11) Cita original: En cuanto a la “vía nacional”, la Ley 105 de 1993, en su artículo 11, prescribe: “Perímetros del transporte por carretera. Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes: a. El perímetro del transporte nacional comprende el territorio de la Nación. El servicio nacional está constituido por el conjunto de las rutas cuyo origen y destino estén localizadas en diferentes departamentos dentro del perímetro nacional. No hacen parte del servicio Nacional las rutas departamentales, municipales, asociativas o metropolitanas (...)”.

(12) Cita original: En línea: <www.rae.es>. Consultado el 1º de junio de 2009.

(13) Cita original: artículo 2º, Ley 769 de 2002: “Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: (...) “Señal de tránsito: dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías”.

(14) “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

(15) Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 37.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Expediente 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 febrero de 2012, Expediente 22.943, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(18) “ART. 246.—Práctica de la inspección. En la práctica de la inspección se observarán las siguientes reglas: (...) 8. Igualmente el juez, de oficio o a solicitud del interesado, podrá interrogar a las partes presentes en la diligencia, sobre hechos relacionados con esta”.

(19) “ART. 300.—Con citación de la presunta contraparte o sin ella, podrá pedirse como prueba anticipada la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia de un proceso, cuando exista fundado temor de que el transcurso del tiempo pueda alterar su situación o dificultar su reconocimiento. // Podrá pedirse dictamen de peritos, con o sin inspección judicial, siempre que se cite para ello a la persona contra quien se pretende hacer valer esa prueba. // La petición se formulará ante el juez del lugar donde debe practicarse”.

(20) “Interrogatorio y careo de las partes por decreto oficioso. El juez o magistrado podrá citar a las partes en las oportunidades que se indican en el artículo 180, para que concurran personalmente a absolver bajo juramento, el interrogatorio que estime procedente formular en relación con hechos que interesen al proceso. // La citación se hará en la forma establecida en el artículo 205; la renuencia a concurrir, el negarse a responder y la respuesta evasiva, serán apreciados por el juez como indicios en contra del renuente. // Podrá también decretarse de oficio en las mismas oportunidades, careos de las partes entre sí”. Por su parte, el artículo 180 ejusdem prescribe: “Decreto y práctica de pruebas de oficio. Podrán decretarse pruebas de oficio, en los términos probatorios de las instancias y de los incidentes, y posteriormente, antes de fallar. Cuando no sea posible practicar estas pruebas dentro de las oportunidades de que disponen las partes, el juez señalará para tal fin una audiencia o un término que no podrá exceder del que se adiciona, según fuere el caso”.

(21) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2011, Expediente 17.613, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(23) Efectivamente, el inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1344 de 1970 a través del cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre, disponía: “El tránsito terrestre de personas, animales y vehículos por las vías de uso público es libre, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades, para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes”.

(24) Literal d) del artículo 1º del Decreto 80 de 1987, por medio del cual el cual se asignan unas funciones a los municipios en relación con el transporte urbano.

(25) Según el artículo 3º del Decreto 1344 de 1970, son autoridades de tránsito: “1. El Ministerio de Obras Públicas; 2. El Consejo Superior de Tránsito; 3. Las secretarías, departamentos, institutos, direcciones y demás organismos de tránsito de carácter departamental, distrital, intendencial y comisarial; 4. Los alcaldes municipales e inspectores de Policía; 5. Las secretarías departamentos, inspecciones y demás organismos municipales de tránsito; 6. La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de Policía Vial y Policía Urbana de Tránsito”. Numerales 3º y 5º, modificados por el artículo 2º del Decreto 2591 de 1990.

(26) Decreto 1344 de 1970.

(27) Vale recordar que en los términos del artículo 2346 del Código Civil los menores de 10 años no pueden cometer delito o culpa y los daños causados por estos recaerán en quienes estuvieran a cargo de ellos, siempre que se les pueda imputar negligencia.

(28) “Reducción de la indemnización. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.

(29) Frente a la actuación imprudente de un menor de edad, la Sala ha tenido la oportunidad de precisar que se está frente a una actuación que bien puede tratarse como una culpa exclusiva y excluyente de la víctima, que no de un hecho de un tercero, así sean responsables los padres, en tanto se tratan de personas que no son ajenos a la órbita de responsabilidad del menor. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, Expediente 17.179, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(30) Así lo declaró el señor Humberto Torres (fl. 27, cdno. 3).

(31) M.P. Alier E. Hernández Enríquez, proceso acumulado 13.232–15.646.

(32) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “... descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodean los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad...” (sent., jun. 16/94, Exp. 7445, M.P. Juan de Dios Montes Hernández). Igualmente puede verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, Expediente 14726, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

(33) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, Expediente 17.179, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En esa oportunidad, en un caso donde falleció una menor de edad por la caída de una portería de un parque infantil, la indemnización correspondió a 100 smlmv para la madre y 50 para cada uno de los hermanos.