Sentencia 1999-00391 de mayo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 680012331000199900391 01

Ref.: Apelación sentencia. Reparación directa.

Expediente: 36268

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Carlos Enrique Garcés Jaimes.

Demandado: La Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación.

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Santander, el día 29 de junio de 2007, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del magistrado conductor correspondiente(1).

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16(2), permite decidir de manera anticipada, esto es sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Carlos Enrique Garcés Jaimes.

Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una Jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(3).

2. Caducidad de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la sentencia que dictó la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la cual se resolvió la “acción de revisión” de la providencia que condenó penalmente al ahora demandante, fue proferida el día 20 de febrero de 1998 y la demanda se formuló el 12 de marzo de 1999

3. Competencia.

La corporación es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia y el proveído dictado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen en primera instancia los tribunales administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado(4).

4. Objeto del recurso de apelación

Resulta necesario precisar, ab initio, que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se encuentra encaminado, de manera concreta, a modificar la indemnización por perjuicios morales y a obtener el reconocimiento del “perjuicio social”.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso de alzada que promueve la parte actora —apelante única—, cuya situación no puede desmejorarse en virtud del principio constitucional de la non reformatio in pejus, está limitado a los aspectos alegados y señalados de manera puntual en dicha impugnación como motivo de su inconformidad para con el fallo cuestionado.

Al respecto, la subsección reitera(5) que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión con las propias consideraciones del recurrente, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. (...).” (destacado adicional).

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los expresamente planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(6).

Así pues, cuando la ley lo exija, el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por las normas, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez(7). La exigencia legal de que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, por lo cual su inobservancia acarrea la declaratoria de desierta y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se recurre (CCA art. 212).

Esta Sala ha delimitado el estudio del recurso de alzada a los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, según lo reflejan las siguientes puntualizaciones:

“Ninguna precisión resultaría necesario efectuar en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, habida cuenta que el recurso de apelación incoado por la entidad demandada no controvierte tales extremos y la parte actora no recurrió la sentencia de primera instancia, de manera que los referidos, son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión proferida por el a quo(8).

En línea con lo anterior, la Sala ha dicho:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”(9).

Otra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la competencia del juez ad quem, para efectos de proferir el fallo respectivo con el cual ha de desatarse la apelación interpuesta contra una sentencia, la constituye la garantía de la no reformatio in pejus, por virtud de la cual no es válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia.

Dicha garantía, que le imposibilita al juez de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio y que se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de quien ha de aparecer como apelante único, encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política, a cuyo tenor:

“ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

‘El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único’.

No sobra puntualizar que la non reformatio in pejus —al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y tutela— no tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i). - En primer lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante solo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual, materialmente, han de tenerse como impugnaciones únicas; ii). En segundo lugar, ha de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “... aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC art. 357, inc. final,)(10).

Acerca del alcance de la garantía de la non reformatio in pejus, la Sala ha señalado:

“En efecto, la non reformatio in pejus, o, prohibición de la agravación en peor, se concibe como garantía del derecho al debido proceso dentro del trámite de la segunda instancia, pues condiciona la competencia del ad quem que conoce del mismo; el alcance de dicho condicionamiento ha sido precisado por la Corte Constitucional, en los siguientes términos(11):

‘Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (...). En otros términos, la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto que una alzada propuesta contra una decisión que de ninguna manera agravia, tendría que ser declarada desierta por falta de interés para recurrir, pues tal falta afecta la legitimación en la causa. Por tanto, tratándose de apelante único, esto es, de un único interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior funcional" (se destaca y subraya).

La prohibición de empeorar la situación del apelante único se circunscribe entonces al contenido de la decisión que se impugna, es decir, el juez de segunda instancia solo puede modificarla si con ello el apelante resulta favorecido o mejorado en el reconocimiento de sus pretensiones.

De allí que, si el recurso de apelación no prospera y por ende se confirma la decisión que, por desfavorable, fue impugnada, no existe fundamento alguno que permita siquiera considerar el quebrantamiento del aludido principio”(12).

Pues bien, a la luz de esta garantía, que le impone al juez de la segunda instancia el deber de respetar o de preservar el fallo apelado en aquellos aspectos que no resultaren desfavorables para el apelante único y que el mismo no hubiere cuestionado por considerarlos no perjudiciales para sus derechos o intereses, conecta perfectamente con la anteriormente referida limitación material que de igual manera debe respetar el juez de segunda instancia, contenida en la parte inicial del inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en razón de la cual “[l]a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso...”, de lo cual se desprende con claridad que si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente, por encontrarse conforme con ellos(13).

Así las cosas, comoquiera que la declaratoria de responsabilidad del tribunal a quo respecto de la entidad demandada no fue objeto de pronunciamiento alguno por la única parte recurrente, ninguna precisión efectuará la corporación en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, de manera que los referidos son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el Tribunal Administrativo a quo.

En conclusión, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, procederá a examinar y a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, sin que ello implique de modo alguno la afectación de la plurimencionada garantía de la non reformatio in pejus que ampara al recurrente único.

5. Cuestión previa.

La Sala estima pertinente señalar que si bien el daño reclamado se habría ocasionado por un error jurisdiccional y/o por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, atribuibles a la entidad demandada, puesto que al parecer hubo una indebida identificación e individualización respecto del ahora demandante durante el curso de un proceso penal, lo cierto es que dicha circunstancia dio lugar a que se siguiera el citado proceso en contra de una persona que se hacía pasar por el señor Carlos Enrique Garcés Jaimes y que finalmente se viera afectado de manera grave el derecho fundamental de la libertad del hoy demandante, puesto que así lo ordenaron las decisiones judiciales que en su momento produjeron la plenitud de sus efectos y que se dictaron en contra del señor Carlos Enrique Garcés Jaimes, aunque su verdadero propósito era el de limitar la libertad personal de un individuo distinto, esto es el impostor.

En efecto, conviene destacar que el citado proceso penal finalizó con sentencia condenatoria en contra de un tercero que se hacía pasar por el señor Carlos Enrique Garcés Jaimes, la cual fue objeto de acción de revisión y en la misma se dejó constancia de los siguientes supuestos fácticos:

“Hechos.

El 20 de junio de 1994, a eso de las dos de la tarde, cuando la Empresa Thomas Greiff & Sons., cancelaba los salarios a los trabajadores de la Compañía de Limpieza Metropolitana Lime Ltda., ubicada en la carrera 78 Nº 59-21 sur de la ciudad, dos sujetos que portaban armas de fuego, luego de intimidar a los empleados de la empresa de seguridad, se apoderaron de la suma de $ 78.195.123 y emprendieron la huida, presentándose un intercambio de disparos en donde resultó lesionado uno de los asaltantes, y se logró la captura de los dos sujetos, quiénes[sic] se identificaron como Carlos Enrique Garcés Jaimes y Miguel Ángel Benavides Silva; este fue el que resultó herido y posteriormente falleció en el Hospital San Juan de Dios.

El proceso penal siguió en contra del individuo identificado como Carlos Enrique Garcés Jaimes y con tal identidad se le condenó, ordenándose su captura, pues en el curso del proceso se le había otorgado la libertad condicional. Al verdadero Carlos Enrique Garcés Jaimes, le había sido arrebatada en un atraco en Bucaramanga su cédula de ciudadanía, el 8 de mayo de 1993.

Actuación procesal.

(...).

El 22 de junio de 1994, rindió diligencia de indagatoria el sujeto que dijo llamarse Carlos Enrique Garcés Jaimes, quien se identificó con la cédula de ciudadanía Nº (...), expedida en Suratá (Santander) y dijo llamarse como aparece, natural de Suratá, de 28 años de edad, nacido el 27 de noviembre de 1965, hijo de Enrique Garcés y Lucila Jaimes. La madre es fallecida, el padre vive en Suratá en la calle Nº 52, de profesión carpintero, es técnico electricista del Colegio Salesiano de Bucaramanga, sin más estudios, salió técnico en el año de 1981, dijo poseer libreta militar del mismo número de la cédula de ciudadanía, expresó ser soltero pero convive con Constanza de Los Ríos, ella tiene 27 años de edad, tiene un hijo de nombre Manuel Alejandro Garcés Martínez, de 5 años de edad, de bienes dijo poseer un carro Renault 4, modelo 1978, placas JC-1569, color naranja.

(...).

El tribunal.

En el caso subexamine, resulta indiscutible que la prueba nueva demuestra que se ha cometido un grave error judicial, porque ni en el curso de la instrucción, ni dentro del juicio, se (sic) bien se hizo una individualización física del aprehendido en flagrancia, no se averiguó por su verdadera identidad, sino que se tuvo como tal la de la cédula de ciudadanía (...), que exhibió el capturado, y de la que el verdadero titular es un ciudadano honesto, ajeno por completo a los delitos cometidos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. (...).

La prueba allegada en esta acción de revisión, demuestra que no se trata de un simple error en cuanto a unos nombres y apellidos que dio el sindicado, sino que esos nombres y apellidos son los de un ciudadano completamente inocente de los delitos cometidos, es decir, que el nombre suplantado, esto es, la identidad, y la individualización del verdadero autor no corresponden a una misma persona, por más que el usurpador se halle libre, mediante una excarcelación que le fue concedida, y el usurpado está solicitado para que cumpla una condena por algo que no cometió. (...)”.

A su turno, se advierte que el actor fue detenido el día 5 de abril de 1997 en el Aeropuerto de Palonegro de Bucaramanga cuando se disponía a viajar a la ciudad de Bogotá; no obstante ese mismo día fue dejado en libertad, tal como consta en el acta de compromiso suscrita por dicho ciudadano, de la cual se extrae lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que el día de hoy, a las 13:00 horas cuando se disponía a viajar a la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., al revisar los archivos sistematizados en el Aeropuerto de Palonegro de esta ciudad, se halló solicitud de captura a nombre de Carlos Enrique Garcés Jaimes con cédula de ciudadanía Nº (...) de Bucaramanga por parte del Juzgado 73 Penal del Circuito de Bogotá, según Oficio 1067 de noviembre 19 de 1996, delito porte ilegal de armas, proceso 2435. Al realizar llamada telefónica al DAS archivo operacional con el objeto de obtener mayores datos de Santafé de Bogotá se supo que el requerido por el despacho es hijo de Enrique y Lucila, técnico electricista (...); datos que no coinciden con los que aparecen en el archivo de certificados judiciales del año 89 y 92 de esta seccional, como lo son hijo de Adela y Raúl (...).

Por lo antes citado, se procede a dejar en libertad a Carlos Enrique Garcés Jaimes, quien presenta carta certificada de la cédula de ciudadanía (...), comprometiéndose a presentarse al despacho antes citado a fin de aclarar su situación el próximo 7 de abril del año en curso” (fl. 10, cdno. 1).

Pues bien, de lo referido se concluye que ante la jurisdicción ordinaria se adelantó un proceso penal por los delitos de “hurto calificado y agravado en concurso con el de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal” en contra de un sujeto que se identificó con los nombres y apellidos del ahora demandante, el cual culminó con sentencia condenatoria en contra del aludido ciudadano, cuestión que si bien, en apariencia, correspondería a un error jurisdiccional y/o a un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, lo cierto es que tal circunstancia comportó una restricción del derecho fundamental a la libertad del hoy demandante en el plano jurídico, sin dejar pasar desapercibido que dicho actor también fue detenido físicamente por espacio de unas horas en el Aeropuerto Palonegro de la ciudad de Bucaramanga como consecuencia de los hechos investigados en el citado proceso penal.

Por las anteriores consideraciones, dicho asunto se estudiará bajo la óptica del título de imputación denominado privación injusta de la libertad.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Los perjuicios morales reclamados por el actor.

Respecto de esta clase de perjuicios, la Sala ha admitido la existencia de una presunción consistente en que la sola privación injusta de la libertad, según las reglas de la experiencia, produce sentimientos de tristeza y dolor, situación que da lugar a su reparación(14). Asimismo se ha dicho que, con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio, se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes cercanos(15), según corresponda.

En relación con el monto al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala, el juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto. En este sentido se ha manifestado:

“4.1. Morales: Conforme a lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha precisado, por el contrario, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado(16).

En el presente caso, se decretarán perjuicios morales tasados en salarios mínimos legales mensuales para todos los demandantes, esto es, para Martha Esperanza Ramos de Echandía, Mary Gema Rodríguez de Ramos, y Aníbal Ramos Oviedo, estos últimos padres de la afectada directa, según los registros civiles aportados con la demanda, y a los cuales se hizo referencia en el capítulo 2 de esta providencia(17).

Ahora bien, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(18), debe presumirse, que el peticionario ha padecido el perjuicio solicitado.

De otra parte, si bien en la demanda se deprecó como perjuicio moral una suma que asciende al valor de 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes, es relevante precisar que en el sub iúdice no se presenta el perjuicio en su mayor magnitud (v.gr. eventos de muerte), sino que la aflicción de los demandantes, al menos, se prolongó no solo durante el período en que la señora Ramos Echandía estuvo privada de la libertad, sino que se extiende hasta el momento en que quedó ejecutoriada la decisión que la absolvió de las imputaciones penales a ella formuladas; se tiene en cuenta además, la posición social de quien fuera privada de la libertad, su prestigio como profesional del derecho que indudablemente resulta afectado, la ancianidad de los padres, y las demás particularidades que en este tópico enseñan los autos; en esas condiciones, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral y con fundamento en el arbitrio judicial, las sumas de dinero establecidas en el cuadro señalado a continuación, para cada uno de los demandantes”(19).

Ahora bien, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que hubieren sido privadas injustamente de su libertad(20); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(21), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o respecto de los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(22).

A su turno, resulta pertinente destacar que la Sección Tercera, de manera reciente, unificó los criterios de reconocimiento y tasación de los perjuicios morales en los supuestos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, para cuyo propósito señaló unos parámetros objetivos con el fin de determinar los montos indemnizatorios susceptibles de ser reconocidos frente a la configuración de este tipo de perjuicios.

En efecto, la providencia calendada el 28 de agosto de 2013, precisó lo siguiente:

“... según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(23); en esa línea de pensamiento, se ha considerado que ese dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(24), al tiempo, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(25).

Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se unifica, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto.

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos de los presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivos y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P. arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

Se reitera, los anteriores parámetros objetivos sirven como norte, guía o derrotero a efectos de que se garantice el principio de reparación integral del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y los principios de igualdad material y dignidad humana, para lo cual el juez al momento de la valoración del daño moral es preciso que motive con suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales se reconoce el respectivo perjuicio”(26).

Pues bien, la providencia que resolvió la acción de revisión incoada por el apoderado de Carlos Enrique Garcés Jaimes contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Setenta y Tres (73) Penal del Circuito de Bogotá, se dejó indicado lo siguiente:

“El 27 de junio de 1994, se le profirió a este sindicado resolución de medida de aseguramiento de detención preventiva, por los delitos de hurto calificado y agravado. Aparentemente, perfeccionada la instrucción, se decretó su cierre el 22 de septiembre de 1994. Presentó alegato de conclusión el Ministerio Público (Personería Delegada en lo Penal de Santafé de Bogotá). El defensor, en un memorial solicita la libertad provisional del acusado de acuerdo al artículo 415-7 del Código de Procedimiento Penal, porque el perito avaluador rindió el dictamen sobre los daños y perjuicios causados por el procesado. Con fecha octubre 7 de 1994, la Fiscalía Delegada 168 le concedió la libertad provisional al sindicado que se hacía llamar Carlos Enrique Garcés Jaimes, previa caución prendaria de tres salarios mínimos legales mensuales. El 10 de octubre de 1994, el procesado firmó la diligencia de compromiso para obtener su libertad y sufragó la caución mediante el título judicial (...). A folio 25 aparece el acta de defunción de Miguel Ángel Benavides Silva, el otro atracador compañero de quien dijo llamarse Carlos Enrique Garcés Jaimes. Con fecha noviembre 24 de 1994, se califica el mérito del sumario y se profiere resolución de acusación en contra de Carlos Enrique Garcés Jaimes, por los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso heterogéneo con el de porte ilegal de armas de fuego. Se declaró extinguida la acción penal por la muerte de Miguel Ángel Benavides Silva.

El 4 de agosto de 1995, el Juzgado Setenta y Tres (73) Penal del Circuito, avoca el conocimiento del proceso. No se pidieron ni se practicaron pruebas, la diligencia de audiencia de pública se efectuó el 13 de agosto de 1996 y se profirió la sentencia condenatoria el 11 de octubre del mismo año (1996)” (se destaca).

Adicionalmente, se resolvió lo siguiente:

“Primero: declarar la nulidad de la actuación y, por ende, invalidar la resolución del cierre de la investigación, de fecha septiembre veintidós (22) de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Quinta (5ª) de Patrimonio Económico, Fiscalía Delegada 168, así como la resolución que califica el mérito del sumario y toda la etapa del juicio. Por el a quo se remitirá la actuación para que conozca de la misma una fiscalía diferente.

Segundo: Con base en el artículo 241 del Código de Procedimiento Penal, se decreta la libertad provisional del señor Carlos Enrique Garcés Jaimes, mediante caución prendaria de cinco mil pesos ($ 5.000), que depositará a nombre de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, y suscribirá la diligencia de compromiso correspondiente.

Tercero: Se ordena cancelar las órdenes de captura proferidas en contra de Carlos Enrique Garcés Jaimes”.

Conviene advertir que si bien el señor Garcés Jaimes no estuvo privado de su libertad física, lo cierto es que dicha medida de aseguramiento comportó la restricción de su derecho a la libertad en el plano jurídico, amén de haberse traducido en una vulneración real, concreta y efectiva respecto de sus derechos a la libre circulación, a la libertad de fijar residencia, a libertad de escoger profesión u oficio, al libre desarrollo de su personalidad y a la unidad familiar, entre otros.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la medida de aseguramiento dictada por la Fiscalía 168 dictada en contra del señor Carlos Enrique Garcés Jaimes comportó la restricción de su derecho a la libertad en el plano jurídico, por más de dieciocho meses y la gravedad de los delitos por los cuales fue acusado, esta subsección considera que hay lugar a reconocerle al citado actor, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 100 SMLMV.

6.2. Daño a bienes constitucionalmente protegidos, denominado por el actor como “perjuicio social”.

Al respecto se tiene que el aludido perjuicio ha sido objeto de estudio por la Sala en varias oportunidades; en efecto, en la sentencia del 19 de julio de 2000 se reformuló el concepto del perjuicio fisiológico por el de daño a la vida de relación, en la cual se precisó:

“[E]l daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de relación”, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquella, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial —distinto del moral— es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre”(27) (destacado adicional).

Más adelante, según lo refleja la sentencia proferida el 15 de agosto de 2007(28), la Sala abandonó dicha denominación y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, en los siguientes términos:

“En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no solo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado social de derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política.

En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que ‘[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que estas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él’.

Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que ‘para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece’(29).

Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence(30) pueden entenderse como ‘una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos’(31) o ‘las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral’(32).

El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”.

Tal como se analizó anteriormente, la Sala había considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, estas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(33).

Finalmente, la Sala cambió nuevamente la denominación de dicho perjuicio por el de daño a la salud, tal y como lo señaló mediante la providencia de 14 de septiembre de 2011, en la cual se puntualizó lo siguiente:

“se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), solo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(34).

Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación”(35).

Ahora bien, la Sala ha accedido al reconocimiento de este último tipo de perjuicios en un caso similar al sub examine; sobre el particular, la sentencia del 23 de junio de 2011 (Exp. 19.958) señaló lo siguiente:

“En el presente asunto resulta evidente que tanto el señor Acasio Hinestroza Cossio como sus familiares sufrieron tanto un daño moral como una alteración grave a sus condiciones de existencia. Las afectaciones que constituyen el primero han sido explicadas y se refieren, especialmente, a la preocupación y al rechazo social que les produjo la vinculación al proceso penal del señor Hinestroza Cossio y la afectación al derecho a la libertad personal de este, específicamente en cuanto corresponde a su libertad de locomoción y de residencia.

Así pues, resulta evidente que, en este caso, el perjuicio reclamado por los demandantes debe ser indemnizado. Tal razonamiento deriva de entender a la víctima a partir de su dignidad e integridad humanas, que no pueden verse quebrantadas a raíz del daño y que deben permanecer indemnes a pesar de él, para que pueda quedar en una posición frente a la vida y a las posibilidades que ella le ofrezca, como si el daño no hubiera ocurrido o lo más cercano a una situación tal(36).

En conclusión, la Sala encuentra demostrado el perjuicio a la alteración grave a las condiciones de existencia por cuanto el hecho de encontrarse privado de la libertad evidentemente alteró su entorno en relación con su esposa, hijos y modificó los aspectos externos de su vida familiar.

Así las cosas, la Sala reconocerá dicho perjuicio en la cuantía equivalente a 50 SMLMV para el señor Acasio Hinestroza Cossio y 20 SMLMV para su esposa y cada uno de sus hijos”.

Según lo expuesto, esta corporación ha concluido que es procedente el reconocimiento de indemnización por concepto de perjuicios inmateriales distintos a los de carácter moral, tanto para la víctima como para los familiares de quien es sometido a una privación injusta de su libertad, a propósito de lo cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reconocido que hay lugar a indemnizar o a reparar los daños que se ocasionen a los bienes constitucionalmente protegidos, como el caso del derecho a la honra y el buen nombre.

En este punto, conviene precisar que la jurisprudencia de esta Sección ha reconocido la indemnización correspondiente al daño a la salud, precisamente por tratarse de un bien constitucionalmente protegido, el cual se encuentra consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política, lo cual permite precisar que igualmente resulta posible y procedente indemnizar a una persona a la cual el Estado le haya irrogado un daño antijurídico por la afectación de otro bien constitucionalmente protegido; en esa medida, la jurisprudencia en mención dejó sentadas las bases para que cuando aparezca demostrado en el proceso que se han vulnerado otros derechos constitucionalmente tutelados también haya lugar a protegerlos, tal como ya se había hecho en la providencia del 18 de marzo de 2010(37):

“... 5.4. Finalmente, respecto al perjuicio de ‘daño a la vida de relación’ concedido al hijo del occiso Víctor Julio Barceló Zambrano, la Sala debe aclarar que si bien coincide con los argumentos del tribunal para otorgar indemnización, no se hace bajo este criterio, en atención a que no solo se afectó la vida y existencia del menor con la ausencia indefinida de su padre, sino que también se violaron bienes jurídicos de raigambre constitucional que están íntimamente relacionados con el perjuicio a indemnizar.

En el presente caso, se tiene que el daño causado al menor por la pérdida de su padre, indudablemente vulnera los derechos fundamentales del niño y de la familia(38), principios constitucionales que el Estado debe proteger y amparar, en atención a la vulnerabilidad de la población infantil. 

“(...).

Así las cosas, es incuestionable que la pérdida de un padre afecta gravemente el núcleo familiar de un niño pues genera la privación abrupta e injustificada de la compañía y afecto paternal sin la posibilidad de restablecer esas condiciones ideales para su desarrollo y crecimiento. Esta situación vulnera bienes jurídicos de raigambre constitucional, se reitera, que al estar íntimamente relacionados con el bienestar de los infantes, en el caso específico produjo un daño que debe ser indemnizado.

En consecuencia, como está debidamente demostrado que el entorno familiar del menor y su desarrollo emocional se alteraron por la muerte del padre, y esta afectación se mantendrá durante toda su vida debido a la edad al momento de la ocurrencia del hecho —1 año—, no hay duda que esta situación le cercenó la posibilidad de disfrutar del apoyo, afecto, compañía y cariño paternal por el resto de sus días, de allí que, se confirmarán los perjuicios otorgados por el Tribunal de primera instancia pero por las razones que se vienen de exponer ...”. (Se destaca).

En esa misma línea, el 13 de febrero de 2013 esta corporación consideró que(39):

“... En la anterior línea de pensamiento, ya se ha pronunciado la corporación de manera reiterada. En efecto, en sentencia del 18 de marzo de 2010, radicado 32.651, se reconoció la afectación de derechos de raigambre constitucional de un menor de edad, reconocimiento que en primera instancia se hizo como daño a la vida en relación, lo cual se consideró inapropiado y por ello se centró la afectación en el orden constitucional. En similar sentido, en la sentida del 9 de febrero de 2010, al analizar el buen nombre del demandante se dijo: ‘(...) Se observa con claridad meridiana la vulneración del bien jurídico constitucional del cual hacen parte los derechos fundamentales al honor, buen nombre y honra (...)’(40).

‘(...).

La identificación de derechos constitucionales, como fundamento o apoyo a la indemnización de perjuicios, no es un tópico novedoso en la jurisprudencia del Consejo de Estado, ya que, en dos oportunidades, la Sección Tercera se había referido a la lesión al derecho a la honra como basamento para una indemnización autónoma por el concepto de daño a la vida de relación. De modo que si bien, se hacía consistir la vulneración a esos derechos fundamentales en una expresión de la impertinente categoría de daños denominada ‘daño a la vida de relación, lo cierto es que se reconocía la importancia del derecho considerado en sí mismo, así como de la lesión que padecía en virtud del daño antijurídico.

‘(...).

Como corolario de lo anterior, se tiene que el nuevo paradigma del derecho de daños y, concretamente, el contenido y alcance de la reparación integral del perjuicio atienden al restablecimiento del núcleo esencial de los derechos fundamentales - constitucionales que se ven afectados con el daño antijurídico imputable al Estado, por tal motivo, la reparación debe entender a una constitucionalización en cuanto concierne a la tipología del perjuicio, así como a la naturaleza de las medidas de reparación, en tanto no pueden estar dirigidas única y exclusivamente a entregar sumas de dinero a título de indemnización o compensación, sino que es necesario adoptar medidas de justicia restaurativa cuyo objeto sea la eficacia de los derechos de los asociados del Estado social de derecho...’”.

Así las cosas, al realizar la adaptación correspondiente a la comentada línea jurisprudencial, debe entenderse entonces que en cuanto la parte actora solicitó la indemnización por el “perjuicio social”, ello encuadra perfectamente en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos, los cuales evidentemente resultaron afectados con la medida impuesta al ahora demandante, razón por la cual, en el presente caso se encuentra que dicha vulneración se concretó en punto al artículo 21 de la Constitución Política el cual hace referencia al derecho a la honra y el buen nombre.

Al respecto, conviene destacar que la sentencia que resolvió la aludida acción de revisión contra la sentencia dictada dentro del proceso penal también puso de presente la afectación del citado derecho fundamental a la honra y el buen nombre del ahora actor, para cuyo efecto indicó lo siguiente:

“Por la incuria de los funcionarios que tramitaron este proceso, para identificar al que realmente cometió el delito de hurto calificado y agravado y el porte ilegal de armas de fuego, le fueron lesionados al señor Carlos Enrique Garcés Jaimes sus derechos al buen nombre y la honra, cualidades exclusivamente humanas que garantiza la Constitución Política en sus artículos 15 y 21, y que el Estado tiene el deber de respetar y hacerlos respetar como lo ordena la primera de las dos normas mencionadas. (...)”.

Así las cosas, al encontrar e identificar el bien constitucionalmente protegido que resultó afectado con la medida impuesta al ahora demandante, se entiende configurado el daño que en la demanda se solicitó indemnizar, razón por la cual cabe concluir que resulta procedente el reconocimiento de la indemnización correspondiente a tal perjuicio(41).

En tal orden de ideas, esta subsección le reconocerá al actor por dicho concepto la suma equivalente a 100 SMLMV.

5.3. En cuanto a la indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, reconocida en abstracto a favor del señor Carlos Enrique Garcés Jaimes, en razón a los honorarios profesionales sufragados, conviene advertir que si bien este aspecto de la condena no fue objeto de apelación, lo cierto es que en virtud de los principios de eficacia, eficiencia, celeridad y economía procesal, esta subsección estima que dentro del asunto sub iúdice existen suficientes medios de acreditación que permiten dictar una condena en concreto.

En línea con lo anterior, se destaca que el tribunal administrativo a quo profirió condena en abstracto, toda vez que no tenía “conocimiento de la fecha exacta en que los dineros fueron recibidos por los respectivos abogados”; no obstante, estima la Sala que tal circunstancia no debe impedir que se profiera una condena en concreto, comoquiera que ello conllevaría una mayor dilación del derecho fundamental que tienen las partes a obtener una justicia pronta y cumplida.

En efecto, conviene traer a colación que esta subsección en aquellos casos en los cuales no se ha tenido suficiente información para establecer la cuantificación de dicho perjuicio, ha tenido en cuenta las tarifas establecidas para las agencias en derecho en procesos judiciales, en efecto la subsección, de manera reciente, indicó:

“Al respecto la subsección estima procedente el reconocimiento de tal indemnización, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, es decir las sumas específicas de dinero que debió cancelar la actora a su(s) representante(s) judicial(es) dentro de la investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso —allegadas en debida forma a este litigio— es posible determinar que el señor González González sí contó con una defensa técnica y, por consiguiente, sí se configuró el daño alegado.

Al respecto la subsección estima procedente la indemnización, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, esto es las sumas específicas de dinero que debió cancelar el actor a su(s) representante(s) judicial(es) dentro de la investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso –allegadas en debida forma a este litigio– es posible determinar que el señor Velandia Zapata sí contó con una defensa técnica y, por consiguiente, sí se configuró el daño deprecado.

Podría aducirse que en este caso no habría certeza acerca de la configuración del perjuicio antes mencionado, comoquiera que bien pudo ocurrir que el señor hubiese acudido a la asistencia y representación judicial gratuita de un familiar, amigo o conocido, de manera que, si ello fuere así, no habría lugar a reconocimiento económico alguno, dado que no habría certeza acerca de si, en efecto hubo, de manera efectiva, erogación dineraria por este concepto.

Al respecto cabe indicar que la regla general, cuando se trata de acudir a los servicios de un profesional del derecho para efectos de la representación en un proceso judicial, indica que este tipo de actuaciones profesionales no son ni deben ser de carácter gratuito, en la medida en que lo que ocurre de ordinario es que por esa labor se generen unos honorarios. (...)”(42) (se destaca).

Pues bien, del anterior pronunciamiento jurisprudencial se desprende que en aquellos eventos en que no se ha contado con elementos de acreditación suficientes para cuantificar el citado daño emergente, la Sala, se ha abstenido de proferir condenas en abstracto y, en consecuencia, se ha valido de diversos instrumentos para cuantificar el perjuicio aludido.

Así las cosas, como en el asunto sub examine sí se tiene conocimiento del quantum reclamado, pues con mayor razón la Sala procederá al reconocimiento de dicho perjuicio, por lo cual, esta subsección procederá a actualizar la suma de dinero sufragada por el actor por concepto de honorarios profesionales, para lo cual se aplicará la fórmula utilizada reiteradamente por esta corporación para tal efecto.

Aunado a ello, la Sala advierte que para efectos de determinar el índice inicial para llevar a cabo la correspondiente actualización, tendrá en cuenta las fechas de las constancias provenientes de los profesionales del derecho que asumieron la defensa técnica del ahora demandante, las cuales fueron elaboradas los días 18 y 19 de septiembre de 1998.

Entonces, la fórmula de actualización arrojó el siguiente resultado(43):

pelela.jpg
pelela.jpg
 

Total perjuicios materiales: $ 1.655.840

5.4. Finalmente, conviene advertir que si bien el recurrente no manifestó, de manera expresa, su inconformidad respecto de la negativa con que fue resuelta su pretensión indemnizatoria en punto del lucro cesante reclamado en la demanda, lo cierto es que en el recurso de apelación la parte actora advirtió que la impugnación se interponía contra la sentencia de primera instancia en todo lo que la misma resultara desfavorable para el actor “y en pro de todo en lo que el superior pueda beneficiarlo, sin que la ausencia de referencia o la escasa referencia a determinado aspecto deba interpretarse como si tácitamente estuviésemos aceptando desfavorecimiento alguno en perjuicio suyo”.

No obstante lo anterior, esta subsección observa que si bien la sentencia de primera instancia contiene un aspecto que le resultó desfavorable a las pretensiones de la parte demandante (lucro cesante), el cual no fue objeto de apelación, lo cierto es que la frase transcrita en el párrafo anterior no resulta suficiente para derivar de ella inconformidad de la parte actora respecto de la aludida decisión denegatoria, comoquiera que la citada manifestación resulta en extremo vaga e imprecisa.

A su turno, se destaca que la parte actora no realizó una intervención a título de alegaciones finales, por cuya virtud, eventualmente, pudiere tener el Consejo de Estado para su análisis una argumentación u oposición concreta acerca de la negativa en primera instancia respecto de la deprecada indemnización por el perjuicio aludido.

A propósito del tema relacionado con la competencia del superior con ocasión del recurso de apelación interpuesto contra las providencias de primera instancia, la Sala, en forma reiterada, ha sostenido:

“En este orden de ideas resulta claro que para el juez de segunda instancia el marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por los recurrentes, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación opera el principio de la congruencia de la sentencia, de acuerdo con el cual ‘las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum(44)(45)(destaca la Sala).

Así las cosas, para la Sala resulta completamente claro que dentro del presente asunto el Consejo de Estado no cuenta con argumentos que le permitan adelantar un estudio o análisis en orden a revisar por ese aspecto la sentencia apelada y, por consiguiente, en este punto amerita ser confirmada, tal como lo concluyó la Sección Tercera de la corporación dentro del pronunciamiento inicialmente transcrito:

“De tal manera que si en el escrito presentado ante el ad quem a modo de sustentación del recurso de apelación interpuesto no se adujo argumento alguno tendiente a desvirtuar la presunción de acierto y corrección que recae sobre la sentencia de primera instancia, carece el juzgador de segunda instancia de razones para revisar dicho fallo, pues se reitera que el marco de su decisión dentro del ámbito del recurso de apelación está dado por esas argumentaciones y elementos de juicio planteados por el recurrente en la sustentación y que constituyen por lo tanto los medios de convicción por él utilizados respecto de la existencia de errores en la decisión cuestionada; obviamente, si no se esgrime crítica alguna respecto de la sentencia objeto del recurso de apelación, desconoce el ad quem cuáles son esos errores que el recurrente considera presentes en dicha providencia, que por lo tanto deberá permanecer incólume.

En el presente caso, tal y como se evidenció, el apelante presentó un escrito en el que manifestó su inconformidad con las condenas proferidas por el a quo a favor de la parte demandante, por considerar que no se reconocieron todos los perjuicios sufridos por ella, cuando en realidad en el sub lite, la sentencia objeto del recurso de apelación, negó todas las pretensiones y, por lo tanto, no hubo valoración o cuantificación alguna de perjuicios en sus consideraciones ni en la parte resolutiva se incluyeron condenas en contra de la entidad demandada, lo cual demuestra la absoluta carencia de relación entre los argumentos de inconformidad del apelante y lo decidido en la sentencia de primera instancia.

En consecuencia, la Sala considera procedente la confirmación del fallo impugnado y así lo decidirá en la parte resolutiva de esta providencia”(46) (se deja destacado en negrillas y en subrayas).

Así las cosas, dado que el recurrente no controvirtió, de manera clara y concreta, la negativa a la reparación de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, esta subsección se abstendrá de pronunciarse respecto de la procedencia, o no, de dichos perjuicios.

6. Condena en costas.

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 29 de junio de 2007, la cual quedará así:

“1. Declárase administrativamente responsable a la Nación —Fiscalía General de la Nación y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial—, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Carlos Enrique Garcés Jaimes.

2. Como consecuencia de lo anterior, se condena solidariamente a la nación, en cabeza solidaria de la Fiscalía General de la Nación y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar:

Por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 100 SMLMV a favor del señor Carlos Enrique Garcés Jaimes.

Por concepto de daño a bienes constitucionalmente protegidos, la suma equivalente a 100 SMLMV a favor del señor Carlos Enrique Garcés Jaimes.

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, a favor del señor Carlos Enrique Garcés Jaimes la suma de $ 1.655.840.

3. Se deniegan las demás súplicas de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen”.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Lo anterior de conformidad con el Acta de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado Nº 9 del 25 de abril de 2013.

(2) “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

ART. 63A.Del orden y prelación de turnos.“Artículo condicionalmente exequible”

“(...).

“Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

“Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

“Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio”. (destacado y subrayas fuera del texto original).

(3) En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:

— Subsección A: Sentencia del 27 de abril de 2011, Exp. 21140, M.P. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 27 de enero de 2012, Exp. 22701, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Sentencia del 21 de marzo de 2012, Exp. 23507; Sentencia del 23 de febrero de 2012, Exp. 18418; Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 24008.

— Subsección B: Sentencia del 12 de mayo de 2011, Exp. 20569, M.P. Stella Conto Diaz del Castillo; sentencia del 11 de mayo de 2011, Exp. 19457, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 31 de enero de 2011, Exp. 18626, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 29 de marzo de 2012, Exp. 16448, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

— Subsección C: Sentencia de junio 22 de 2011, Exp. 20713, M.P. Enrique Gil Botero; Sentencia del 10 de octubre de 2011, Exp. 19151, M.P. Enrique Gil Botero; Sentencia del 24 de enero de 2011, Exp. 15996, M.P. Jaime Orlando Santofimio; Sentencia del 23 de mayo de 2012, Exp. 22672, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(4) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008 00009.

(5) Pueden consultarse las sentencia proferidas por esta subsección, los días 26 de enero 2011, Exp. 19.865 y 12 de mayo de 2011, Exp. 20.960, entre otras.

(6) Al respecto, ver por ejemplo, Sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

(7) Así lo consideró la Sala en la providencia dictada el 26 de febrero de 2004, Exp. 26.261, M.P. Alier Hernández Enríquez.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto del 2008, Exp. 14.638.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de abril de 2009, Exp. 32.800, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(10) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, Exp. 17.160 y del 20 de mayo de ese mismo año, Exp. 16.925.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-583 del 13 de noviembre de 1997.

(12) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia fechada en julio 18 de 2002. Rad. 85001-23-31-000-2000-0266-01(19700) y sentencia fechada en agosto 10 de 2000, Rad. 12648, M.P. María Elena Giraldo Gómez, entre otras.

(13) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, Exp. 17.160 y del 20 de mayo de ese mismo año, Exp. 16.925.

(14) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168.

(15) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1º de marzo de 2006, Exp. 15440, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13.232-15.646.

(17) “Una razonable aspiración de la sociedad, es que - como retribución por su obediencia a las leyes, de su sometimiento pacífico a las decisiones jurisdiccionales, de su profundo respeto a la dignidad de quienes ejercen el apostolado de la justicia - se le garantice que sus derechos no podrán ser conculcados, ni por ignorancia, ni por negligencia, ni por arbitrariedad del poder público. Allí reposa el germen de la paz social, la suprema virtud de un auténtico ordenamiento jurídico. Y cuando estos principios se olvidan, empiezan los síntomas del despotismo y la tiranía.

“... Pero si ya ha padecido la situación aflictiva, perjudicial y desmoralizante, después de lo cual se declara su inocencia; si se le ha sometido a torturas o coacciones físicas y morales; si su nombre como incriminado en un delito, ha trascendido imprudentemente a la opinión pública, mediante la radio, la prensa o la televisión; si como consecuencia de la privación de su libertad perdió su crédito o quedaron en falencia sus negocios; si por causa de su reclusión sufrió serios quebrantos su salud y adquirió enfermedades que requirieron tratamiento posterior; si por ello moralmente se desmoronó su hogar y se interrumpió la seguridad de un bienestar económico; y, en fin, si por un error judicial han quedado en su vida estas huellas que lo afrentan y lo disminuyen ante el conglomerado social, el Estado debe obligarse a repararle adecuadamente los perjuicios sufridos, lo que se impone no solo por incuestionable deber moral, sino por imperativo mandato de justicia” Londoño Jiménez, Hernando “De la captura a la excarcelación”, Ed. Temis, 1974, Pág. 196 y 197.

(18) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

“El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

(19) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2007. Exp. 15498, M.P. Enrique Gil Botero.

(20) Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, Exp. 12.076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(21) Sentencia de 20 de febrero de 2.008, Exp. 15.980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(22) Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 23.688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Exp. 24.296.

(23) Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, Exp. 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(24) Cf. Sentencia del 20 de febrero de 2008, Exp. 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(25) Cf. Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23998 y del 13 de febrero de 2013, Exp. 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta Sección, y en sentencia del 24 de julio de 2013, Exp. 27289, M.P. Enrique Gil Botero.

(26) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Exp. 11.842, M.P. Alier Hernández Sección Tercera.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval.

(29) Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, pág. 98.

(30) Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, pág. 78.

(31) Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 252.

(32) Paillet Michel. La Responsabilidad Administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, o. 278.

(33) Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007, Exp. 16.407.

(34) “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico.” GIL Botero, Enrique “Daño Corporal - Daño Biológico - Daño a la vida de relación”, pág. 10.

(35) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de 14 de septiembre 2011, Exp. 19031, M.P. Enrique Gil Botero.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 17 de agosto de 2000. Exp. 12.123, C.P. Alier Hernández y del 22 de noviembre de 2001. Exp: 13.121, C.P. Ricardo Hoyos, entre otras.

(37) Sentencia del 18 de marzo de 2010, Exp. 32.651, M.P. Enrique Gil Botero.

(38) “La familia es ‘institución básica de la sociedad’, en términos del artículo 5º constitucional. Ella es quizá el término intermedio entre la persona y el Estado. Por eso se obliga a los poderes públicos a asumir una protección en tres aspectos: social, económico y jurídico, a saber: social en la medida en que se protege su intimidad (art. 15) y la educación de sus miembros. Económica en cuanto se protege el derecho al trabajo, a la seguridad social, etc. Y jurídica ya que es obvio que de nada serviría la protección familiar si los poderes públicos no impidiesen por medios jurídicos los ataques contra el medio familiar.

“La Constitución en el artículo 44 reconoce como un derecho fundamental de los niños al tener una familia, independientemente de su filiación, sobre la base de la igualdad de los individuos ante la ley”. Sentencia proferida por la Corte Constitucional el 7 de mayo de 1993, Exp. T-179.

(39) Sentencia del 13 de febrero de 2013, Exp. 25.119, M.P. Enrique Gil Botero.

(40) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 98 de junio de 2010. Rad. 19.283, M.P. Enrique Gil Botero.

(41) En igual sentido consultar sentencia dictada el 9 de octubre de 2013 dentro del Exp. 26.919.

(42) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 16 de septiembre de 2013. Exp. 34.077.

(43) Último conocido a la fecha de esta sentencia.

(44) Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

(45) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 10 de junio de 2009, Exp. 16985, actor: Segundo Juan Arcos Gallardo y otros.

(46) Sentencia de abril 14 de 2010, Exp. 18.115.