Sentencia 1999-0395 abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUB SECCIÓN A

Expedientes: 50001233100 1999 0395 (32617) / 2000-0140 y 2001-0062 - Acumulados.

Consejero Ponente (E):

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Maria Elena Cediel de Prias y otros / Fausto Rengifo Medina y otros / María de la Cruz Vergara y otros

Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea.

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de los procesos acumulados, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 1º de noviembre de 2005, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, dado que la pretensión mayor de todas las demandas, es la que busca la indemnización del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante para Angélica Ladino Ceballos por valor de $ 175’000.000, por la disminución de su capacidad laboral(28).

Esa cifra supera los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de interposición de la demanda, que la Ley 954 de 2005 exigía para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia(29).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

2.1. Las pretensiones correspondientes al proceso número 1999-0395, tienen origen en los daños sufridos por los actores con ocasión de la muerte de Jahidit Prías Cediel y su hijo Juan José Rozo Prías, así como de las lesiones padecidas por Angélica Ladino Ceballos, ocurridas el 10 de julio de 1999 en desarrollo, según se indica, del ataque guerrillero objeto de discusión.

Así mismo, el libelo número 1999-0395 se fundamenta en los perjuicios derivados de la muerte del señor José Alberto Vergara Moreno que tuvo lugar el 27 de julio de 1999 como consecuencia, según los hechos de la demanda, de unas heridas recibidas en desarrollo de la citada incursión guerrillera.

De conformidad con el expediente, la demanda se presentó el 6 de diciembre de 1999 por lo que resulta evidente que se interpuso dentro del término previsto por la ley(30).

2.2. En lo que concierne al proceso número 2000-0140, fue la muerte de los señores Alba María Largacha Gamboa y Wilker Murillo Dávila, acontecidas el 10 de julio de 1999, presuntamente en desarrollo del aludido ataque insurgente, lo que dio fundamento a la demanda y como ésta se presentó el 28 de abril de 2000, dable es concluir que el ejercicio de la acción fue oportuno(31).

2.3. En cuanto a la demanda número 2001-0062 y que se soporta en la muerte del señor José Alberto Vergara el día 12 de julio de 1999, se tiene que se presentó el 5 de marzo de 2001, por lo que el ejercicio de la acción fue oportuno(32).

3. Obran en los expedientes los siguientes elementos probatorios susceptibles de valoración.

3.1. En relación a la muerte de Jahidit Prías Cediel y Juan José Rozo Prías.

En original o copia auténtica se allegaron los siguientes documentos:

— Registro Civil de defunción de la señora Jahidit Prías Cediel, el cual pone de presente que falleció el 10 de julio de 1999 en el municipio de Puerto Lleras, Meta(33).

— Registro Civil de nacimiento de Jahidit Prías Cediel —víctima—, con el cual se establece que su madre es la señora María Elena Cediel de Prías(34).

— Registro Civil de nacimiento de Carlos Uriel Prías Cediel, Saúl Prías Cediel y Carolina Prías Cediel, por medio de los cuales se determina el parentesco de hermanos con Jahidit Prías Cediel(35).

— Registro Civil de nacimiento de Juan José Rozo Prías —víctima—, a través del cual se prueba que es hijo del señor Carlos Hernán Rozo Mora y de Jahidit Prías Cediel —víctima—. Este documento permite dilucidar que la señora María Elena Cediel de Prías es la abuela materna del primero de los mencionados(36).

— Registro Civil de defunción de Juan José Rozo Prías, según el cual su deceso ocurrió el 10 de julio de 1999 en el municipio de Puerto Lleras, Meta(37).

— Registro Civil de matrimonio, en el cual figuran como contrayentes los señores Carlos Hernán Rozo Mora y Jahidit Prías Cediel —víctima—, documento que prueba su condición de cónyuges. En ese mismo documento aparece consignado que los señores Manuel María Rozo Tovar y Paula Rosa Mora Barco, son los padres del esposo y, por tanto, abuelos paternos de Juan José Rozo Prías(38).

— Extracto de hoja de vida del señor Carlos Hernán Rozo Mora —padre de Juan José Rozo Prías—, por medio de la cual la Policía informó que el 19 de diciembre de 2000 fue dado de baja por muerte en servicio activo(39).

Las siguientes declaraciones testimoniales:

— De las señoras Lenis Hernández Soler y Marisol López Rincón, quienes aseveraron que la señora Jahidit Prías Cediel y su hijo Juan José Rozo Prías, fallecieron en desarrollo del mencionado ataque guerrillero. También testificaron acerca de la actividad laboral a que se dedicaba la señora Jahidit Prías Cediel(40).

3.2. Por las lesiones de Angélica Ladino Ceballos:

En original o copia auténtica se allegaron los siguientes documentos:

— Registro Civil de nacimiento de Angélica Ladino Ceballos, por el cual se establece que sus padres son los señores Amparo Ceballos y Gabriel Ladino(41).

— Registro Civil de nacimiento de John Freddy Ladino Ceballos, Liliana Ladino Ceballos y Arnobis Ladino Ceballos, con los cuales se acredita su parentesco de hermanos con Angélica Ladino Ceballos(42).

— Historia clínica que el Hospital Simón Bolívar elaboró por la atención prestada a Angélica Ladino Ceballos y según la cual, ésta presentaba quemaduras en su cuerpo y estuvo hospitalizada entre el 13 de julio y 2 de agosto de 1999(43).

— Dictamen elaborado por la Junta de Calificación de Invalidez del Meta, acerca de la pérdida de capacidad laboral de la señora Angélica Ladino Ceballos como consecuencia de múltiples quemaduras sufridas el 10 de julio de 1999(44).

3.3. Por la muerte de José Alberto Vergara Moreno.

En original o copia auténtica los siguientes documentos:

— Registro Civil de nacimiento de José Alberto Vergara, Moreno por el cual se establece que es hijo de José Alberto Vergara(45).

— Historia clínica que el Hospital Simón Bolívar elaboró por la atención prestada al señor José Alberto Vergara Moreno, básicamente por quemaduras en su cuerpo causadas por la explosión de un cilindro de gas y quien ingresó a tal institución el 11 de julio de 1999 remitido de Puerto Lleras(46).

— Registro Civil de defunción del señor José Alberto Vergara Moreno, el cual pone de presente que falleció el 27 de julio de 1999 en la ciudad de Bogotá(47).

Se recaudaron los siguientes testimonios:

De las señoras Gloria Elsa Parra Manrique, quien reconoció a la señora Angélica Ladino Ceballos como la compañera sentimental de José Alberto Vergara Moreno y afirmó que las lesiones que la primera de las mencionadas sufrió como el deceso de éste, fueron producto del citado ataque guerrillero. Igualmente se refirió a la actividad económica que ambos desempeñaban(48).

3.4. Por la muerte de José Alberto Vergara —padre de quien llevaba su mismo nombre—.

En original o copia auténtica se allegaron los siguientes documentos:

— Registro Civil de defunción del señor José Alberto Vergara, con el cual se establece que murió el 12 de julio de 1999(49).

— Certificación expedida por la Alcaldía de Puerto Lleras, en la cual se indica que el señor José Alberto Vergara falleció como consecuencia del citado ataque guerrillero(50).

— Actas de Bautismos de José Alberto Vergara —víctima—, María de la Cruz Vergara y Luis Hernando Torres Vergara, por los cuales se pretende establecer el parentesco de hermanos que hay entre ellos(51).

Se recaudó la siguiente declaración testimonial:

De la señora María Matilde Leal Sánchez y Edgar Orlando Parra Manrique, quienes dijeron que José Alberto Vergara falleció tras los hechos objeto de discusión(52).

3.5. Por la muerte de Alba María Largacha Gamboa: En original o copia auténtica se allegaron los siguientes documentos.

— Registro Civil de nacimiento de Alba María Largacha Gamboa —víctima—, con el cual se establece que su madre es la señora Ninfa Gamboa Asprilla(53).

— Registro Civil de defunción de Alba María Largacha Gamboa que permite establecer que su deceso ocurrió el 10 de julio de 1999 en el municipio de Puerto Lleras, Meta(54).

— Registro Civil de nacimiento de Olmedo Rengifo Largacha, Carina Rengifo Largacha y Noraya Rengifo Largacha, por medio de los cuales se establece que la víctima era su madre(55).

— Certificación expedida por la Alcaldía del Bajo Baudó Pizarro, en la cual se indica que “después de revisar detenidamente los libros de registro civil de nacimiento que se llevan en esta alcaldía”, la señora Agripina Espinoza Gamboa aparece inscrita y que su madre es la señora Ninfa Gamboa Asprilla y, por tanto, es el documento que establece que aquella es hermana de la ahora víctima, la señora Alba María Largacha Gamboa(56).

— Registros Civiles de nacimiento de Oda Lilia Largacha Gamboa, Juan Alberto Largacha Gamboa, Diega Valentina Largacha Gamboa, Antonio José Jiménez Gamboa y Carlos Vicente Jiménez Gamboa, por medio de los cuales se determina su parentesco de hermanos con Alba María Largacha Gamboa(57).

—Certificación expedida por la Secretaría de Educación del Guaviare, en la cual se indica que la señora Alba María Largacha Gamboa se desempeñaba como docente y los ingresos que percibía por esa labor(58).

En copia simple:

— Acta del levantamiento del cadáver de Alba María Largacha Gamboa, por la cual se establece que su cuerpo fue hallado debajo de unos escombros de una habitación de la residencia La Cristalina y que presentaba fracturas en el cráneo(59).

Como prueba testimonial:

— Declaración de la señora Marlenis Mena Moreno, quien reconoció que el señor Fausto Rengifo Media era el compañero sentimental de Alba María Largacha Gamboa y afirmó que ésta murió en desarrollo del citado ataque guerrillero(60).

3.6. Por la muerte de Wilker Murillo Dávila.

En original o copia auténtica se allegaron los siguientes documentos:

— Registro Civil de nacimiento de Wilker Murillo Dávila, a través del cual se establece que sus padres son los señores Eufemio Murillo Martínez y Martina Dávila Caicedo(61).

— Registro Civil de nacimiento de Martina Dávila Caicedo, con el cual se establece que es hija de Félix Francisco Dávila y Juana Caicedo y, por ende, que éstos son los abuelos maternos de la víctima, Wilker Murillo Dávila(62).

— Registro Civil de defunción de Wilker Murillo Dávila, con el cual se establece que falleció el 10 de julio de 1999 en el municipio de Puerto Lleras, Meta(63).

— Registros Civiles de nacimiento de Elvia Inés Murillo Dávila, Oscar Murillo Dávila, María Naslin Murillo Caicedo, Néstor Murillo Caicedo y Jasmith Murillo Dávila, a través de los cuales se acredita su parentesco de hermanos respecto de Wilker Murillo Dávila(64).

— Constancia expedida por la Secretaría de Educación del Guaviare, en la cual se indica que la ahora víctima el señor Wilker Murillo Dávila se desempeñaba como docente, así como los ingresos que percibía(65).

Las siguientes declaraciones testimoniales:

De Luis Alez Hernández Asprilla, quien dijo conocer a la víctima y testificó acerca de la manera como ésta ayudaba económicamente a sus padres(66).

En copia simple:

— Acta de levantamiento del cadáver de Wilker Murillo Dávila, en la cual se consignó que su cuerpo fue encontrado debajo de los escombros de la “Residencia la Cristalina”, ubicada diagonal a la Estación de Policía de Puerto Lleras, y que presentaba varias fracturas(67).

— Certificación expedida por el Alcalde de Puerto Lleras, en la cual se indica que Wilker Murillo Dávila falleció en ese Municipio como consecuencia del ataque guerrillero que se perpetró entre los días 9 y 10 de julio de 1999(68).

3.7. En relación a las circunstancias que rodearon el ataque guerrillero perpetrado en contra de la Estación de Policía de Puerto Lleras en julio de 1999, obran en los expedientes los siguientes elementos probatorios susceptibles de valoración.

En original o copia auténtica los siguientes documentos:

— Resolución de 17 de septiembre de 2001, por medio de la cual el Ministerio Público evaluó la indagación preliminar dentro de un proceso disciplinario en contra de unos oficiales del Ejército, por su presunta responsabilidad en los hechos objeto del presente proceso(69).

— Acta 007 de un Consejo de Seguridad adelantado el 25 de junio de 1999 en la ciudad de Villavicencio, en el cual el Comandante de la Séptima Brigada del Ejército puso de presente la inminencia de ataques guerrilleros a poblaciones del Meta, entre ellas Puerto Lleras(70).

— Acta 008 de un Consejo de Seguridad que se llevó a cabo el 9 de julio de 1999 en la Ciudad de Villavicencio, en el cual se hizo un recuento de la delicada situación de orden público que se vivía en el municipio de Puerto Lleras(71).

— Oficio 845 suscrito por el Comandante del Departamento de Policía del Meta, por medio del cual se informó que la Estación de Policía del municipio de Puerto Lleras fue objeto de un ataque guerrillero durante los días 10, 11 y 12 de julio de 1999(72).

— Oficio 004177 expedido por la Fuerza Aérea, en el cual se relacionaron todas las acciones que se llevaron a cabo para apoyar a los Policías acantonados en Puerto Lleras mientras resistían el ataque guerrillero(73).

— Oficio suscrito por la Coordinadora del Programa de Atención Integral a Municipios afectados por la violencia en Colombia de la Red de Solidaridad Social, en la cual se indica que se cancelaron “ayudas humanitarias por muerte” de las siguientes personas: Alba María Largacha Gamboa, Wilker Murillo Dávila, Jahidit Prías Cediel, José Alberto Vergara y José Alberto Vergara Moreno(74).

En copia simple:

— Documento titulado “Caso Táctico Puerto Lleras”, elaborado por el Ejército Nacional, en el cual están consignadas las circunstancias que antecedieron y la forma como se desarrolló el ataque guerrillero en contra de la Estación de Policía de dicho municipio(75).

Valor probatorio de los documentos allegados en copia simple:

En relación con los varios documentos acercados al proceso en copia simple, cabe precisar que de conformidad con reciente pronunciamiento de unificación de la Sección Tercera de esta Corporación, es posible otorgarles mérito demostrativo, toda vez que respecto de ellos se surtió el principio de contradicción en relación a las partes del proceso(76).

Los documentos aportados en copia simple fueron allegados con las demandas sin que durante el transcurso del proceso, la entidad pública accionada —la Nación— se hubiere opuesto a que fueran tenidos como pruebas.

— Como testimonios trasladados del proceso disciplinario que el Ministerio Público adelantó con ocasión de los hechos que motivaron las demandas administrativas, se allegaron los siguientes:

— De Wilson Andrés Delgadillo Flórez quien dijo desempeñarse en el cargo de Comandante de la Estación de Policía de Puerto Lleras para la fecha del ataque guerrillero y de Luis Guillermo Herrera Buitrago, el cual dijo ser agente de Policía y hallarse presente los días de los hechos(77).

Todos ellos declararon acerca de las circunstancias que rodearon el ataque guerrillero, en especial acerca del conocimiento que se tenía de la inminencia de su ocurrencia y de las medidas que se adoptaron para contrarrestar el actuar de la guerrilla.

Valor probatorio de los testimonios trasladados:

En relación con el traslado de pruebas el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil establece:

“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella” (se resalta).

De otra parte, el artículo 229 del mismo Código dispone:

“Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

Conforme a lo anterior se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración, sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando hayan sido trasladados en copia auténtica y siempre que se hubieren practicado con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, han sido ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

Así las cosas, la Sala concluye que los testimonios trasladados del proceso disciplinario si bien fueron allegados en copia auténtica, no fueron practicados con citación o con audiencia de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea - y lo cierto es que tampoco se solicitó su ratificación por ninguno de los sujetos procesales.

No obstante lo anterior, tal situación no impide que los testimonios sean valorados, pues lo cierto es que la Sala ha interpretado que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, como ocurre en el presente proceso, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido(78).

De ahí que en tales casos resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(79).

4. Caso concreto.

De conformidad con las demandas acumuladas, los daños por los cuales se reclama indemnización fueron consecuencia del ataque guerrillero perpetrado en contra de la Estación de Policía del municipio de Puerto Lleras en el mes de julio de 19999 y consistieron en la muerte de Jahidit Prías Cediel y Juan José Rozo Prías; de Alba María Largacha Gamboa, de Wilker Murillo Dávila, de José Alberto Vergara, de José Alberto Vergara Moreno y las lesiones sufridas por Angélica Ladino Ceballos.

En ese contexto, resulta oportuno, en primer lugar, despejar cualquier duda en torno a la ocurrencia del citado ataque guerrillero en la fecha indicada en los libelos, como que al expediente se allegó el Oficio 845 suscrito por el Comandante del Departamento de Policía del Meta, en el cual aparece la siguiente información:

“Según se desprende del informativo administrativo número R-198-200/99, en el municipio de Puerto Lleras Meta, los días 10, 11 y 12 de julio de 1999, se presentó un ataque guerrillero a la Estación de Policía, siendo aproximadamente las 04:00 horas”(80).

Dado que no hay duda en cuanto a que la Estación de Policía de Puerto Lleras fue blanco de un ataque guerrillero durante los señalados días, pasa la Sala a determinar la existencia de los daños aducidos en las demandas y si estos se produjeron como consecuencia de tales hechos.

4.1. La muerte de Jahidit Prías Cediel y Juan José Rozo Prías:

Por medio de la prueba testimonial se pretende establecer las circunstancias en que fallecieron la señora Jahidit Prías Cediel y su hijo Juan José Rozo Prías. Se recaudaron las siguientes declaraciones:

De la señora Lenis Hernández Soler quien dijo ser educadora de profesión y vecina del municipio de Villavicencio. Dijo conocer a la señora Jahidit Prías Cediel porque era la esposa de su cuñado el señor Carlos Hernán Rozo Mora, quien, a su vez, funge como demandante en el proceso número 1999-0395. Así depuso en lo pertinente:

“la conocí hace nueve años, ella era la esposa de mi cuñado Carlos Hernán Rozo, ellos se casaron hace 8 años y tuvieron un niño, en julio de hace como 3 años ella se fue a visitar al esposo a Puerto Lleras como él era cabo de la Policía y estaba trabajando allá, y en la toma guerrillera que hubo, se murió ella y el niño, porque ella estaba hospedada en un hotel y pues cayeron cilindros allá, hace tres años murieron, el niño se llamaba Juan José Rozo Prías, tenía 3 años aproximadamente y ella tenía como 22 o 23 años”(81) (resalta la Sala).

A pesar del vínculo familiar que pueda haber entre Lenis Hernández Soler y Carlos Hernán Rozo Mora, pues según su relato, éste es su cuñado, lo cierto es que su declaración, al menos en lo que refiere a la muerte de Jahidit Prías Cediel y su hijo, resulta creíble como quiera que coincide con lo dicho por la señora Marisol López Rincón, quien también testificó en primera instancia.

Así lo depuso la señora Marisol López Rincón, quien dijo ser analista de sistemas, residente en el municipio de Villavicencio y conocer a las víctimas por cuestiones sociales:

“Carlos Rozo hizo una demanda por la muerte de su esposa y su hijo ocurrida en Puerto Lleras hace más o menos 3 años que ellos murieron en una toma guerrillera, ella vivía en Granada, ese día viajó a visitar a Carlitos a la Estación de Policía de Puerto Lleras y murieron en la toma guerrillera Jahidit y Juanchito (…) Hace ocho años que la conocía me la presentó el hermano de Carlos, William Rozo”(82) (resalta la Sala).

En ningún momento la parte demandada cuestionó la credibilidad de los testimonios que acaban de transcribirse y, en todo caso, como los Registros Civiles de defunción tanto de Jahidit Prías Cediel y su hijo Juan José Rozo Prías, son contestes en señalar que fallecieron el 10 de julio de 1999 en el municipio de Puerto Lleras, fecha en la que se inició el ataque guerrillero objeto de discusión, es dable concluir que los declarantes, al margen de la cercanía familiar o que ninguno de ellos dio cuenta de la fuente de su información, hacen alusión a las circunstancias en que murieron Jahidit Prías Cediel y Juan José Rozo Prías, pues coinciden en ubicar su muerte en una época y hechos que están debidamente acreditados por otros medios, estos es, que en julio de 1999 la guerrilla incursionó en el citado municipio.

Se sigue de lo que viene de verse, que está probado que estas personas fallecieron en desarrollo del citado ataque guerrillero.

4.3. El fallecimiento de Alba María Largacha Gamboa.

En relación con su muerte, se allegaron las siguientes pruebas:

Según el acta de levantamiento del cadáver de Alba María Largacha Gamboa, su cuerpo fue hallado bajo los escombros de una habitación de la residencia La Cristalina, ubicada en diagonal a la Estación de Policía de Puerto Lleras y que presentaba fracturas en su cráneo y cuerpo(83). Se transcribe en lo pertinente:

“El levantamiento se practicó dentro de una pieza de la residencia La Cristalina, debajo de escombros. Hechos que sucedieron el día de la toma guerrillera(84) (resalta la Sala).

Afín a lo consignado en el acta de levantamiento del cadáver, declaró la señora Marlenis Mena Moreno quien dijo ser docente y conocer a Alba María Largacha Gamboa por asuntos profesionales. Según su dicho, días antes de su muerte habían estado estudiando en el municipio de Cartago, Valle. Si bien la testigo no estuvo presente en Puerto Lleras el día de los hechos, su relato coincide con el contenido del acta de levantamiento del cadáver de la señora Alba María Largacha Gamboa, esto es que falleció en las circunstancias anotadas y el lugar donde fue encontrado su cuerpo. Así lo señaló:

“conocía a Alba María Largacha desde 1983, llegamos del Chocó a San José del Guaviare a conseguir trabajo y por eso nos conocimos (…) y desde una vez nos tratamos y por eso llegamos a solicitar nombramiento en la Secretaría de Educación, comenzamos a tratarnos (…) Lo que puedo decir al respecto fue que nosotros estudiamos en Cartago, Valle con Alba María Largacha, habíamos terminado la licenciatura y habíamos iniciado un posgrado al literatura infantil, salimos términos clase el (sic) el ocho de julio de 1999, y salimos ambas en el bus de la nueve de la noche de Cartago hacia Bogotá, traíamos proyectos de quedarnos dos días allí en Bogotá, pero llegando a Bogotá al terminal ella no se quiso quedar y siguió con otro compañero y compraron pasaje para Villavicencio ya que ella había recibido noticia de que tenía la última enferma y se desesperaba, pues hasta allí nos vimos nos despedimos, y ya el domingo, por noticias en Bogotá, me enteré por el noticiero de la toma guerrillera a Puerto Lleras, pero en ningún momento pensé que habían caído en esa toma (…) cuando llegué acá a San José del Guaviare, fue que me enteré por más comentarios, que decían que habían bombardeado el hotel donde ella estaba, y que ella había muerto en esa toma (…) no estuve en esos hechos pero en ese enfrentamiento murió ella(85) (resalta la Sala).

Del análisis en conjunto de las pruebas que vienen de referenciarse, así como del registro civil de defunción de la señora Alba María Largacha Gamboa, el cual consigna que falleció el 10 de julio de 1999(86), la Sala concluye que está debidamente probado que su muerte fue en desarrollo del ataque guerrillero objeto de discusión.

4.4. La defunción de Wilker Murillo Dávila.

Está probado por medio de su Registro Civil de defunción, que Wilker Murillo Dávila falleció el 10 de julio de 1999 en el municipio de Puerto Lleras y de conformidad con otras pruebas, que su deceso fue consecuencia del citado ataque guerrillero.

Así, en efecto, lo certificó el Alcalde de Puerto Lleras, quien, en escrito de 31 de julio de 1999, señaló que Wilker Murillo Dávila falleció en ese Municipio como consecuencia del ataque guerrillero que se perpetró en ese lugar(87).

Acorde con lo anterior puede verse el acta de levantamiento de su cadáver, en la cual se indica que fue encontrado bajo los escombros de una habitación de la residencia La Cristalina, ubicada en diagonal a la Estación de Policía de Puerto Lleras, agregándose en ese documento que presentaba fracturas en su cráneo y cuerpo(88), tal y como sucedió en el caso de Alba María Largacha Gamboa, lo que lleva a concluir que ambos estaban hospedados en el mismo sitio.

Por lo expuesto anteriormente, para la Sala es evidente que el señor Wilker Murillo Dávila falleció en desarrollo del ataque guerrillero en contra de la Estación de Policía de Puerto Lleras.

4.2. Las lesiones sufridas por Angélica Ladino Ceballos y los decesos de José Alberto Vergara Moreno y de José Alberto Vergara.

En cuanto a las lesiones que habría sufrido Angélica Ladino Ceballos, obra en el proceso copia auténtica de su historia clínica en el Hospital Simón Bolívar, según la cual ella fue remitida de Puerto Lleras por presentar quemaduras en su cuerpo. Esto dice tal documento:

“13 julio 99

Pte con quemadura de 3 días de evolución remitida del hospital de Villavicencio procedente de Puerto Lleras por explosión de gas(89) (resalta la Sala).

También se aportó como prueba un dictamen elaborado por la Junta de Calificación de Invalidez del Meta, en el cual se determinó que Angélica Ladino Ceballos, como consecuencia de unas quemaduras en su cuerpo, perdió un 25.25% de su capacidad laboral. Estas son las conclusiones de la experticia:

“Se trata de una mujer de 22 años de edad quien trabajaba en Puerto Lleras (Meta) en una panadería de propiedad de su compañero cuando sufrió quemaduras graves el día 10 de julio de 1999, causadas por explosión de tres cilindros de gas en su residencia y lugar de trabajo al parecer porque una bala pérdida perforó la manguera del cilindro de gas en uso el día de los hechos.

Fue atendida inicialmente en el Hospital Regional de Villavicencio y de allí remitida a la unidad de quemaduras del Hospital Simón Bolívar de Bogotá.

(…)

Total grado de invalidez: 25.25%(90) (resalta la Sala).

En relación a José Alberto Vergara Moreno, se allegó al expediente copia auténtica de su historia clínica, la cual consigna la atención médica brindada por el Hospital Simón Bolívar de Bogotá y que es del siguiente tenor:

— “HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR EVOLUCIÓN

10 07 99

Paciente remitido de Puerto Lleras con IDx quemaduras de 1 y 2 grado con extensión +/- 40%”(91) (resalta la Sala).

26 VII 99

Paciente menor de 29

Quemaduras 45%

Falla orgánica Múltiple

Paciente en muy mal estado general, con pronóstico reservado(92) (resalta la Sala).

A su vez, su Registro Civil de defunción, indica que falleció el 27 de julio de 1999 en Bogotá(93).

De lo que se acaba de exponer y si bien la historia clínica que obra en el proceso no dice nada en torno al fallecimiento del señor José Alberto Vergara Moreno, lo cierto es que la Sala infiere, de manera razonable, que por la gravedad de sus heridas, aspecto que aparece consignado en tal documento, falleció el 27 de julio de 1999 en el Hospital Simón Bolívar, tras haber permanecido varios días hospitalizado a causa de quemaduras en su cuerpo recibidas en Puerto Lleras.

Y en lo que tiene que ver con la muerte de José Alberto Vergara, padre de José Alberto Vergara Moreno, obra en el plenario su Registro Civil de defunción, con el cual se establece que falleció el 12 de julio de 1999(94).

En lo atinente a las circunstancias de las que se derivaron los hechos que vienen de ponerse de presente, obran las declaraciones testimoniales que a continuación se transcriben.

El señor Edgar Orlando Parra Manrique quien dijo estar presente en Puerto Lleras los días de los hechos y se refirió a lo que ese día ocurrió, dijo que los señores Angélica Ladino Ceballos, José Alberto Vergara Moreno y José Alberto Vergara, fueron unas de las víctimas que produjo el ataque guerrillero en cita:

yo estaba presente en el perímetro urbano del municipio de Puerto Lleras siendo aproximadamente las cuatro de la mañana del día sábado 10 de julio de 1999, se inició el ataque guerrillero, contra el puesto de Policía y la Caja Agraria que se encontraba en el municipio, los subversivos invadieron las viviendas del centro de Puerto Lleras y partes aledañas al Comando de Policía, abriendo fuego con armas de largo y corto alcance y también con armamento no convencional, tales como los cilindros de gas, desde el cual lanzaron al frente del Hospital, al frente de mi casa, con destino al Puesto de Policía, pero muchos dieron en blancos diferentes generando incendios y daños a la población civil y de policía destruyendo totalmente a muchas viviendas, causando muertes a civiles y policías, entre los civiles cayó el compañero marital Angélica Ladino Ceballos quien en vida se llamó Alberto Vergara y del señor padre o progenitor del finado, que también tenía el mismo nombre(95) (resalta la Sala).

En similar sentido rindió testimonio la señora María Matilde Leal Sánchez, quien dijo ser de ama de casa y vivir en Villavicencio:

“Ese día empezó la balacera como a las cinco de la mañana, había mucha guerrilla, más tarde el avión que va a bombardear o sea el Ejército y todo el día duró el enfrentamiento, toda la noche, el 10 fue cuando el avión dicen que estaba disparando por toda la calle principal y dicen que cayó una bala sobre un cilindro de gas, que fue lo que produjo el incendio en la panadería donde resultaron quemadas cuatro personas, el papá de Alberto que también se llama Alberto, un empleado y Alberto y Angélica(96) (resalta la Sala).

En relación con este último testigo, si bien de su dicho no es posible determinar por qué conocía de las circunstancias en que resultaron afectados los señores José Alberto Vergara y José Alberto Vergara Moreno, así como las lesiones sufridas por Angélica Ladino Ceballos, lo cierto es que su narración, en cuanto a que hubo un incendio en el recinto donde se encontraban las víctimas en desarrollo del ataque, independientemente de si el mismo se originó por la explosión de un cilindro de gas, lo cual no es posible determinar, resulta afín con el tipo de lesiones que padeció el señor José Alberto Vergara Moreno y por las cuales fue remitido al Hospital en donde murió y con las quemaduras sufridas por Angélica Ladino Ceballos que le representaron una disminución del 25.25% de su capacidad laboral, quienes por los días en que ocurrió el ataque guerrillero, fueron remitidos de Puerto Lleras al Hospital Simón Bolívar de Bogotá.

Aunque la testigo que viene de hablarse menciona que el señor José Alberto Vergara, padre de quien lleva su mismo nombre, también murió como consecuencia de las quemaduras que soportó, lo cierto es que no hay otra prueba que permita corroborar tal situación. Sin embargo, la imposibilidad de establecer las causas de su deceso, no es óbice para concluir que el señor José Alberto Vergara murió en desarrollo de los hechos que aquí se discuten.

El análisis en conjunto de su Registro Civil de defunción, según el cual su deceso fue el 12 de julio de 1999, así como del testimonio del señor Edgar Orlando Parra Manrique, quien dijo estar en Puerto Lleras los días de los hechos y que dijo que el señor José Alberto Vergara murió tras el ataque guerrillero, son elementos de pruebas que permiten concluir que esta persona falleció en desarrollo de esos acontecimientos.

4.3. La imputabilidad de la responsabilidad.

Dado que están probados los daños con base en los cuales se reclama indemnización y que éstos fueron consecuencia del susodicho ataque guerrillero, la Sala pasará a analizar si le son imputables a la parte demandada, como plantea el libelo.

En el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de primera instancia, se dijo que la entidad demandada omitió adoptar las medidas necesarias para evitar que se concretara el ataque guerrillero de julio de 1999 en contra de la Estación de Policía de Puerto Lleras.

Según la apelación, el proceso disciplinario que el Ministerio Público adelantó por lo sucedido en Puerto Lleras y las actas de unos Consejos de Seguridad que se llevaron a cabo en Villavicencio, son las pruebas que demuestran que la entidad demandada sabía de la inminencia del ataque guerrillero y, a pesar de ello, se abstuvo de llevar a cabo acciones de carácter preventivo.

Revisado el expediente, encuentra la Sala que las decisiones adoptadas por el Ministerio Público y a las cuales se refiere la parte actora en su escrito de apelación, son la Resolución de 17 de septiembre de 2001 proferida por el “Despacho del Procurador General de la Nación-Grupo de Asesores Disciplinarios en Derechos Humanos”, por medio de la cual se llevó a cabo la indagación preliminar, así como la Resolución de 4 de febrero de 2002, con la que el Procurador General de la Nación decidió “Abrir investigación disciplinaria contra los señores oficiales (…)”(97), por los hechos acaecidos en los municipio de Puerto Lleras y Puerto Rico, Meta(98).

En cuanto al alcance probatorio de las sentencias judiciales proferidas en otros procesos, razonamiento que es extensivo a las decisiones de carácter disciplinario, es pertinente traer a colación lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, quien sostuvo(99):

“aunque entre tales documentos se encuentra también la copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial con sede en esta ciudad (...), no puede perderse de vista que la copia de una decisión jurisdiccional de tal naturaleza, como lo ha reiterado la Corte, acredita su existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha, excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte, doctrina con arreglo a la cual puede afirmarse que la copia de dicha providencia demuestra que se trata de una sentencia desestimatoria de la pretensión (...), proferida por dicha Corporación, en la fecha mencionada, más no sirve para la demostración de los hechos que fundamentaron tal resolución (...), pues como lo ha reiterado la Sala tener como plenamente acreditados los hechos tenidos como ciertos en la motivación de una sentencia proferida en otro proceso, podría suscitar eventos “(...) incompatibles con principios básicos de derecho procesal, pues entonces no sería el juez de la causa a quien correspondería valorizar y analizar las pruebas para formar su propia convicción sobre los hechos controvertidos, desde luego estaría obligado a aceptar el juicio que sobre los mismos se formó otro juez, y las partes en el nuevo litigio no podrían contradecir la prueba ni intervenir en su producción (G.J. LXXV, 78)” (resalta la Sala).

Con fundamento en lo que viene de exponerse, la Sala se permite señalar que los razonamientos tenidos en cuenta por el Ministerio Público para adelantar el citado juicio disciplinario, no vinculan la labor de análisis en conjunto que le corresponde efectuar al juez contencioso administrativo en relación al acervo probatorio que obra en el expediente bajo estudio(100). Dicho de otro modo, la valoración probatoria que adelantará la Sala se hará con independencia de las consideraciones expuestas en las decisiones disciplinarias.

Ahora bien, de otra parte, en lo que respecta a las actas de unos Consejos de Seguridad, documentos que, según el recurso de apelación, evidencian que la entidad demandada sabía de la inminencia del ataque guerrillero, lo cierto es que se trata de aquellas identificadas con los números 007 de 25 de junio de 1999 y la 008 del 9 de julio de ese mismo año.

En efecto, la número 007 de 25 de junio de 1999 contiene la siguiente información:

“El comandante de la Séptima Brigada, General (…) pone en conocimiento una información sobre la ofensiva guerrillera a escala nacional, por iniciarse las mesas de negociación se espera que funcione el dispositivo para reforzar y dar mayor alcance a la seguridad de Villavicencio. (…) Se anuncia toma a Acacías, San Juan de Arama, Puerto Lleras, Puerto Rico que son las zonas de mayor cuidado. Respecto a Puerto Rico y Puerto Lleras, se debe tener sumo cuidado y además la gente de San Juan de Arama se mantiene por fuera de su territorio extorsionado, por lo tanto se va a poner máxima atención para contrarrestar cualquier acción”(101) (resalta la Sala).

A su vez, del acta 008 de 9 de julio de 1999 se destaca lo siguiente:

“Situación de orden público en Puerto Lleras —Puerto Rico—

El General (…) Comandante de la Séptima Brigada manifiesta que en el día de ayer se sobrevoló el área, y hasta ese momento no hubo ninguna acción, hace referencia a Caño Casibare, donde murieron tres personas, esto no es una masacre, son tres homicidios de campesinos.

(…).

El comandante de la Policía, el Coronel (…) informa que se encontró un camión quemado, al parecer se llevaron otro y a algunas personas, dejando en el sitio panfletos donde se referían a que llevaban a cabo esa acción ya que la población no tuvo en cuenta las exigencias hechas por ellos.

Hubo retén entre la vía Puerto Lleras-Puerto Rico a dos horas de distancia de cada una de ellas, era como una pesca.

(…).

El General (…) comenta que hay más o menos 1.200 bandidos pendientes de incursionar a los municipios de Granada, San Martín y Puerto Lleras, municipios catalogadas como “objetivos militares”, esto es lo que buscan las FARC, ellos salen y montan retenes.

(…).

El General (…) dice que lo que sucede en Puerto Rico - Puerto Lleras, es de fácil ocurrencia por la cercanía a la zona de distensión, es así como las FARC están asegurando el área de la Uribe, tratando de bloquear a San Juan de Arama y así prolongar el período de negociación, el día anterior se detectaron cinco camiones con hombres.

(…).

El Coronel (…) referente a Puerto Lleras, comenta que ellos van a reforzar la presencia de la Policía verificando y tomando testimonios para tener algo tangible(102) (resalta la Sala).

De lo que se acaba de transcribir es evidente que tanto el Ejército como la Policía, sabían que era inminente que el municipio de Puerta Lleras iba a ser atacado por la guerrilla de las FARC. Sin embargo, del análisis en conjunto de las demás pruebas recaudadas, no se extrae ningún elemento que demuestre actuación irregular o anómala por parte de la entidad demandada, concretamente que hubiere omitido llevar a cabo algún tipo de estrategia con miras a contrarrestar el actuar de la guerrilla que, como se acaba de resaltar, era un hecho anunciado.

Como testimonios trasladados del proceso disciplinario con ocasión del citado ataque guerrillero, es oportuno transcribir la declaración rendida por el policía Wilson Andrés Delgadillo Flórez, quien dijo desempeñarse en el cargo de Comandante de la Estación de Policía de Puerto Lleras para la fecha de los hechos:

Yo llevaba como Comandante de la Estación aproximadamente tres meses, en los cuales en una o dos oportunidades nos realizaron hostigamientos hacia la Estación, no puedo precisar quiénes fueron. La información de la toma se tuvo con mucha antelación, tanto así que el Comando del Departamento había optado por dividir una contraguerrilla y mandar la mitad para Puerto Rico y la otra mitad para Puerto Lleras. Cuando yo llegué a la Estación ya se encontraba la contraguerrilla. Después se obtuvo información de la comunidad de reuniones o desplazamientos de los cuales se informaba al Comando del Departamento. En la semana de la toma un grupo obstaculizó la vía terrestre que de Puerto Lleras conduce a Puerto Rico, pintando los buses con alusiones, unos a las AUC y los otros a las FARC; para ese fin de semana había solicitado permiso para trasladarme a la ciudad de Bogotá, siendo negado por esta situación; para el día sábado siendo aproximadamente las cuatro de la mañana, uno de los centinelas observó un bulto que se movía en una esquina, inmediatamente le reporto al comandante de guardia y salieron a verificar, cuando iban saliendo de la Estación les dispararon sin que los hubieran herido, en ese momento se activó el plan de defensa de la Estación. Se estuvo ahí por un tiempo de 15 minutos aproximadamente y como no pasó nada, pasamos a la recogida, o sea a dormir. Pasado un tiempo el comandante de guardia junto con el centinela nuevamente activaron el plan de defensa, en ese momento el personal de la estación adoptó los puntos correspondientes en los búnkeres y el personal contraguerrilla formó en el patio que había dentro de la Estación, con el objeto de realizar una contraemboscada, pero como en las ocasiones anteriores de hostigamiento habían salido, el personal manifestó al comandante de la contraguerrilla (…) que era mejor que en esa oportunidad no salieran (…) el apoyo aéreo consistió en no dejar acercar a los guerrilleros a la Estación, disparando en los alrededores de la estación, comenzando desde las nueve o diez de la mañana hasta las seis o siete de la noche y el día domingo alrededor de las seis de la mañana e incluso hasta cuando salimos de la Estación hubo apoyo aéreo (…) por parte del comando de la Estación se diseñó un plan de defensa el cual era conocido por cada uno de los hombres, existe un plan de apoyo entre unidades, al igual que un plan de contingencia en la base del Departamento. Ese plan de apoyo entre unidades consiste más o menos en que las unidades aledañas a la estación, de acuerdo a su personal apoyan la estación que está en crisis o en su defecto realizan actividades tendientes como puestos de control y búsqueda de antecedentes. También ahí alistamiento de primer grado en estas unidades. El plan de contingencia consiste en que las estaciones envían a los comandos de departamento información de la ubicación y puntos críticos con el objeto de que allí en el comando de departamento realicen un plan de apoyo conjunto con las Fuerzas Militares, se es necesario o en su defecto con el personal de la contraguerrilla(103) (resalta la Sala).

De modo similar declaró el agente Luis Guillermo Herrera Buitrago, quien dijo estar presente el día de los hechos:

“El día 10 de julio de 1999 yo me encontraba durmiendo a las cinco a las cinco y media de la mañana empezaron los primeros disparos, inmediatamente bajamos todos a cubrir las posiciones en la cual anteriormente ya nos habían dicho donde debíamos reaccionar, en el momento no hubo más disparos y por un momento quedó en tranquilidad, se envió una patrulla de contraguerrilla que se encontraba acompañándonos se envió a verificar la zona y fue repelida, le tocó devolverse porque estaba rodeado el puesto de policía y pues cada uno nos asignamos en los búnkeres, estábamos ya premeditados a reaccionar y esperar (…) el comandante sí se encontraba enterado puesto que continuos poligramas nos llegaban anunciando la presencia de subversivos por ese sector y que había movilización de tropa de ellos, llegaban poligramas todos los días de aquí de la SIJIN, de aquí del departamento, pues en vista de eso habían enviado a reforzar la estación, el grupo de contraguerrilla al mando del teniente (…) y nos apoyaron durante cuatro meses que fue la toma (sic)”(104) (resalta la Sala).

Los testimonios que vienen de transcribirse, son fundamentales para dilucidar la manera como la entidad demandada se comportó frente a la certeza que tenía de que iba a ocurrir ataque guerrillero en contra de la Estación de Policía de Puerto Lleras.

En efecto, con base en tales declaraciones, se llega a la conclusión de que el personal policial que se encontraba en Puerto Lleras sabía que iba a ser blanco de una incursión subversiva, al punto que, según lo afirmaron los testigos, contaban con un grupo especial de contraguerrilla desde unos meses antes de los hechos.

Además, queda claro que los policías tenían un plan de defensa el cual se puso en marcha al momento en que inició el ataque, pues ambos fueron contestes en indicar que reaccionaron como lo habían planeado.

No sólo la Estación de Policía de Puerto Lleras tenía un plan de defensa, sino que de conformidad con lo expuesto por el policía Wilson Andrés Delgadillo Flórez, la institución, al menos en lo que corresponde al departamento del Meta, contaba con unos planes de apoyo y de contingencia para brindar ayuda a las unidades que estuvieran bajo fuego, que consistía en lo que él denominó “plan de apoyo entre unidades, al igual que un plan de contingencia en la base del Departamento” y que aparecen descritos en sus declaraciones.

También es un hecho probado que los policías en tierra contaron con el apoyo aéreo durante el tiempo que duró el ataque, al punto que obra en el expediente el Oficio 004177 expedido por la Fuerza Aérea, en el cual se relacionan todas las acciones que se llevaron a cabo para apoyar a los Policías acantonados en Puerto Lleras(105).

Los policías que se encontraban en la Estación de Puerto Lleras siempre contaron con el apoyo de la Fuerza Aérea en desarrollo del ataque, institución que, según la declaración del señor Wilson Andrés Delgadillo Flórez, quien dijo desempeñarse en el cargo de Comandante de la Estación de Policía de Puerto Lleras, se ocupó de “no dejar acercar a los guerrilleros a la Estación, disparando en los alrededores de la estación”.

Por su parte, el Comando del Departamento de Policía del Meta, también estuvo pendiente de la situación de orden público que había en el municipio de Puerto Lleras, tanto así, que con anterioridad a la incursión subversiva, había enviado un grupo de contraguerrilla con el objeto de reforzar la seguridad en dicha población.

Acorde con lo que se acaba de decir, obra en el proceso un documento titulado “Caso Táctico Puerto Lleras”, elaborado por el Ejército Nacional, en el cual están consignadas las circunstancias que antecedieron y la forma como se desarrolló el ataque guerrillero en contra de la Estación de Policía de dicho municipio(106).

Si bien el documento que se acaba de mencionar hace un recuento de las acciones que el Ejército Nacional llevó a cabo para retomar el control de Puerto Lleras, contiene in extenso los resultados de la labores de inteligencia que se estaban llevando en el departamento del Meta con miras a identificar los cabecillas y los movimientos que la guerrilla venía realizando con anterioridad al ataque guerrillero. Así mismo aparece consignado una relación detallada de la ubicación y disponibilidad de las unidades militares de contraguerrilla. Es de destacar el siguiente aparte que da cuenta de los movimientos que tenía la tropa en razón de la presencia subversiva:

“D. Últimas actividades.

Las unidades de contraguerilla venían adelantando control militar de área, ejerciendo vigilancia permanente sobre los sectores asignados para el efecto, evitando así que éstos bandoleros llegaran a realizar masacres y desmanes contra la población civil; realizando a la vez presencia militar para garantizar la tranquilidad a los moradores de la región”(107).

Como conclusión de todo lo expuesto anteriormente, lo cierto es que el material probatorio demuestra que la entidad demandada no permaneció inactiva frente a la amenaza que se cernía sobre el municipio de Puerto Lleras. Es una realidad que la Fuerza Pública, motivada por la inminencia que había del citado ataque guerrillero, llevó a cabo varias acciones tendientes a contrarrestar el actuar de los insurgentes: refuerzo de la estación de Puerto Lleras, planes de defensa, labores de inteligencia, patrullaje de unidades del Ejército, identificación y ubicación de la fuerza militar disponible y apoyo de la Fuerza Aérea.

Acerca del apoyo brindado por la Fuerza Aérea en los términos de la declaración del señor Wilson Andrés Delgadillo Flórez, lo cierto es que no hay elementos probatorios que permitan establecer un nexo de causalidad entre los daños aducidos en la demanda y la manera como las aeronaves hicieron presencia en el municipio de Puerto Lleras, para efectos de estructurar sobre ese hecho, una falla en el servicio.

Como sea que el material probatorio no permite dilucidar si las acciones preventivas que la entidad demandada adelantó con anterioridad al ataque guerrillero fueron insuficientes y en vista de que a la Sala no le corresponde juzgar la pertinencia de las estrategias militares, resulta irrelevante que en el Acta 008 correspondiente al Consejo de Seguridad que se llevó a cabo el 9 de julio de 1999, un oficial del Ejército hubiera dicho que un estimado de 1.200 guerrilleros pretendían atacar los municipios de Granada, San Martín y Puerto Lleras. Más aún, no se probó que el personal que existía en la Estación de Policía de Puerto Lleras fuese insuficiente.

Ha de concluirse que no hay evidencia acerca de la omisión en que, según la parte actora, habría incurrido la Fuerza Pública y que facilitó el ataque guerrillero y, en cambio, sí que éste se limitó a repeler el ataque subversivo a través del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, por lo que no existe la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado a título de falla en el servicio.

4.4. Responsabilidad del Estado con ocasión de daños sufridos por los particulares con ocasión del conflicto armado interno. Reiteración de jurisprudencia(108).

La Sala considera que en este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que los daños por los cuales se reclama indemnización ocurrieron dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual no resulta constitucionalmente aceptable dejar abandonadas a las víctimas y, que explica que la imputación de responsabilidad no tenga que obedecer a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que puede llegar a concretarse como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y que representan y hacen visible y viviente la legitimidad del Estado.

En cuanto a la excepción propuesta por la parte demandada como eximente de responsabilidad, soportada en “el hecho de tercero”, ha de decir la Sala, como consecuencia de todo lo anteriormente expresado, que no aparece configurada en este caso por cuanto la declaratoria de responsabilidad que recae en la entidad demandada no parte de la determinación del causante del daño, —fuerzas estatales o miembros de los grupos alzados en armas—, sino que proviene del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y equidad(109).

Por todo lo dicho hasta aquí es que la Sala se asombra y no puede compartir en lo más mínimo la afirmación hecha por la Policía Nacional cuando, al contestar la demanda, aseguró que no se le podía imputar responsabilidad por los daños que padezca quien fije “su domicilio o abra un negocio en una población de las características que expresa la demanda”(110).

No puede esta Corporación en su condición de órgano de la Rama Judicial del poder público pasar por alto dicha afirmación y mucho menos darle cabida como aceptable pues, si lo hiciera, estaría negando el fundamento axiológico de justicia y equidad que contiene la Constitución Política y del cual se deriva el deber que tiene el Estado de acudir en respaldo de quienes han padecido los efectos del conflicto armado.

Conforme a lo dicho, la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declarar a la Nación —Ministerio de Defensa—, administrativamente responsable de los perjuicios causados a los actores por haber sido una estación de policía el objetivo militar de la incursión guerrillera que tuvo lugar entre los días 10 y 12 de julio de 1999 en el municipio de Puerto Lleras —Meta—.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Proceso 1999-0395:

a) A este proceso comparecieron los señores Mariana Elena Cediel de Prías y Carlos Hernán Rozo Mora, para reclamar la indemnización de los perjuicios sufridos por la muerte de Jahidit Prías Cediel y Juan José Rozo Prías.

De conformidad con el libelo, la señora Mariana Elena Cediel de Prías actúa en calidad de madre de Jahidit Prías Cediel y abuela de Juan José Rozo Prías. Mientras que el señor Carlos Hernán Rozo Mora lo hace como cónyuge y padre respectivamente.

Los Registros Civiles de nacimiento y de matrimonio allegados al proceso, acreditan el parentesco que Mariana Elena Cediel de Prías y Carlos Hernán Rozo Mora dicen tener respecto de Jahidit Prías Cediel y Juan José Rozo Prías(111).

b) Así mismo lo hicieron los señores Carlos Prías Cediel, Carolina Prías Cediel y Saúl Prías Cediel, quienes en condición de hermanos reclaman indemnización de perjuicios pero en razón únicamente por la muerte de Jahidit Prías Cediel. Acorde con los Registros Civiles de nacimiento, está probado dicho parentesco(112).

c) También comparecieron al proceso en condición de abuelos paternos, los señores Manuel María Rozo Tovar y Paula Rosa Mora Barco, para que se les indemnizara los perjuicios pero únicamente por la muerte de su nieto Juan José Roso Prías.

La condición de abuelos paternos de Juan José Rozo Prías —víctima— se deduce del Registro Civil de matrimonio de Carlos Hernán Rozo Mora y Jahidit Prías Cediel —víctima—, en el cual se indica que los padres del esposo —padre del primero de los mencionados—, son los señores Manuel María Rozo Tovar y Paula Rosa Mora Barco(113).

d) En este proceso también participó la señora Angélica Ladino Ceballos, quien en condición de compañera permanente de José Alberto Vergara Moreno reclamó la indemnización de perjuicios por su muerte.

En primera instancia se recaudó el testimonio de la señora Gloria Elsa Parra Manrique, quien reconoció a la señora Angélica Ladino Ceballos como la compañera sentimental de José Alberto Vergara Moreno. Con base en esta declaración, la Sala da por acreditado el vínculo sentimental y la convivencia que había entre ellos, pues en ningún momento la parte demandada la tachó de falsa y la Sala no encuentra razones para no darle credibilidad(114).

e) En el proceso 1999-0395 también actúan como demandantes Angélica Ladino Ceballos y sus padres los señores Gabriel Ladino y Amparo Ceballos, para reclamar indemnización de perjuicios derivados por las lesiones que aquella sufrió. Según el libelo, los progenitores lo hacen también en representación de Liliana Ladino Ceballos y Arnobis Ladino Ceballos, —hermanos de la lesionada—.

De igual manera el señor John Freddy Ladino Ceballos, quien dijo ser hermano de Angélica Ladino Ceballos demandó la indemnización de los perjuicios derivados por las lesiones sufridas por su hermana.

Tras revisar el expediente, la Sala encuentra con base en los registros civiles de nacimiento, que está probado el parentesco que cada uno de los demandantes antes mencionados dijo tener respecto de Angélica Ladino Ceballos(115).

Como quiera que se encuentra probado el parentesco de todos y cada uno de los demandantes del proceso 1999-0395 con respecto a las víctimas que dejó el mencionado ataque guerrillero, procede la Sala a indemnizar el perjuicio moral de la siguiente manera:

— Indemnización de los perjuicios morales:

i) En el libelo 1999-0395 se solicitó el reconocimiento de 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes, por concepto de indemnización de perjuicios morales por la muerte de Jahidit Prías Cediel, de Juan José Rozo Prías y de José Alberto Vergara Moreno.

Según lo ha dicho la Jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando se demanda la indemnización de los perjuicios morales por la muerte del cónyuge o el compañero permanente, o un ser querido dentro del 1º y 2º grado de consanguinidad o civil, la prueba del parentesco permite inferir, ante prueba en contrario, la aflicción y angustia que el núcleo familiar sufre por la pérdida de uno de sus miembros(116).

Tras revisar el expediente, no encuentra la Sala prueba alguna que permita poner en duda el dolor moral que normalmente se deriva por la muerte de un ser querido dentro de los grados de parentesco antes mencionado, vínculos familiares que están debidamente probados con los registros civiles de nacimiento.

Cabe añadir que la congoja que padecieron los demandantes por la muerte de sus seres queridos y que encuentra asidero en las relaciones de familia, la cual fue vulnerada de manera abrupta, reviste una connotación especial, por cuanto se trató de unas muertes violentas que tuvieron lugar en desarrollo de unos hechos que se prolongaron por 3 días, período de tiempo en el cual es razonable inferir, se presentaron múltiples dificultades para adelantar los trámites propios de un sepelio, todo lo cual postergó y dificultó que los demandantes iniciaran el proceso de duelo que es connatural a las pérdidas afectivas.

El soportar por tres días los efectos de la guerra y tener que asumir un duelo en las circunstancias antes descritas, sin duda repercutió en hacer más complejo el dolor moral de quienes demandan.

Con base en lo expuesto, se reconocerán las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

1) Por la muerte de Jahidit Prías Cediel:

— Para Carlos Hernán Rozo Mora (esposo): 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes —SMMLV—.

— Para Mariana Elena Cediel de Prías (mamá): 100 —SMMLV—

— Para Carlos Prías Cediel, Carolina Prías Cediel y Saúl Prías Cediel (hermanos): 50 —SMMLV— para cada uno de ellos.

2) Por el deceso de Juan José Rozo Prías:

— Para Manuel María Rozo Tovar y Paula Rosa Mora Barco (abuelos paternos): 50 —SMMLV— para cada uno.

— Para Mariana Elena Cediel de Prías (abuela materna): 50 —SMMLV—.

— Para Carlos Hernán Rozo Mora (papá): 100 —SMMLV—.

3) Por el fallecimiento de José Alberto Vergara Moreno:

— Para Angélica Ladino Ceballos (compañera permanente): 100 —SMMLV—.

ii) La indemnización del perjuicio moral para Angélica Ladino Ceballos, así como para sus parientes por las heridas que aquella sufrió, se tasaron en 1.000 gramos oro para cada uno de ellos.

En lo que tiene que ver con la indemnización de perjuicios morales derivados de lesiones, la Jurisprudencia del Consejo de Estado sostiene que la prueba del parentesco con respecto al damnificado permite inferir la existencia de la aflicción y angustia que el núcleo familiar sufre por el dolor físico que uno de sus miembros padece(117).

En el expediente no hay pruebas que demuestren que los padres y hermanos de Angélica Ladino Ceballos no se afectaron moralmente por las lesiones —quemaduras— que ella sufrió en desarrollo del ataque guerrillero.

Según se dejó visto, la señora Angélica Ladino Ceballos sufrió unas quemaduras, por lo que estuvo internada en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá entre el 13 de julio y 2 de agosto de 1999, cuya secuela fue una disminución del 25.25% de su capacidad laboral(118).

Es dable afirmar, ante la ausencia de prueba que indique otra cosa, que la situación en que se vio inmersa la señora Angélica Ladino Ceballos, causaron en ella, sus padres y hermanos, una angustia, la cual se prolongó por el término en que duró la estancia hospitalaria y que finalmente se convirtió en permanente, pues como se dijo, en virtud de las lesiones, la víctima vio disminuida su capacidad laboral.

Así las cosas, se reconocerán las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales derivados de las lesiones que Angélica Ladino Ceballos sufrió:

— Para Angélica Ladino Ceballos (lesionada): 40 —SMMLV—.

— Para Gabriel Ladino y Amparo Ceballos (padres): 40 —SMMLV— para cada uno.

— Para Liliana Ladino Ceballos, Arnobis Ladino Ceballos, John Freddy Ladino Ceballos (hermanos): 20 —SMMLV— para cada uno.

— Indemnización del daño a la salud:

Dentro del proceso 1999-0395 la señora Angélica Ladino Ceballos también demandó la indemnización del perjuicio fisiológico que padeció como consecuencia de las lesiones que le conllevaron una merma de su capacidad laboral.

De conformidad con la reciente unificación jurisprudencial adoptada por la Sección Tercera de la Corporación, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud. Sobre el particular, razonó la Sección así(119):

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

“i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

“ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(120).

“Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación.

“Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud...

“…Así las cosas, el daño a la salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales o sociales que desencadene, circunstancia por la cual este daño, se itera, gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la pierden y, por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad material”.

En el caso que ahora ocupa a la Sala, es claro que las quemaduras que la señora Angélica Ladino Ceballos sufrió en desarrollo del susodicho ataque guerrillero y por las cuales fue atendida en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, en el cual permaneció hospitalizada por unos días, le generaron una disminución del 25.25% de su capacidad laboral.

Las circunstancias antes anotadas, conllevaron una afectación a la integridad física de la señora Angélica Ladino Ceballos y, por ende, de su salud no sólo física, sino emocional, pues para nadie resulta cómodo y llevadero tener que cargar sobre su cuerpo unas cicatrices permanentes y visibles. Según el dictamen de invalidez, estas son las secuelas:

“Fue atendida inicialmente en el Hospital Regional de Villavicencio y de allí remitida a la Unidad de Quemaduras del Hospital Simón Bolívar de Bogotá, donde duró unos 45 días en tratamiento especializado de quemaduras de dermis-epidermis en cara y extremidades superiores (40% de la superficie corporal).

Actualmente presenta las cicatrices visibles deformantes en miembros superiores y leves en dorso de nariz y región mandibular izquierda dolor maxilar izquierdo y carpo izquierdo(121) (resalta la Sala).

En vista de que está probado el daño a la salud de la señora Angélica Ladino Ceballos, la Sala le reconocerá una indemnización equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de conformidad con los montos sugeridos por la jurisprudencia de la Corporación(122).

— Indemnización del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante:

Los demandantes dentro del proceso 1999-0395, también solicitaron que se les indemnizara esta clase de perjuicio de la siguiente forma:

i) Para Carlos Hernán Rozo Mora por la muerte de su esposa la señora Jahidit Prías Cediel, la suma de $ 145’000.000.

La prueba testimonial recaudada acredita que la señora Jahidit Prías Cediel era una persona laboralmente activa y que se desempeñaba en manualidades. Así lo relató la señora Marisol López Rincón quien dijo conocer a la víctima desde hacía ocho años:

“Trabajaba en venta de cerámica, joyas, pues devengaba que me acuerde entre trescientos y cuatrocientos mil pesos, eso lo invertía en su casa en su hogar (…) Hace 8 años que la conocía me la presentó el hermano de Carlos, William Rozo”(123).

Aunque la testigo no da cuenta de porqué sabía lo que dijo, la Sala no encuentra razones para siquiera inferir que se trata de una declarante imparcial y que tenga interés en el proceso, además en ningún momento la parte demanda cuestionó su dicho. Así las cosas, para la Sala no hay razones que impidan darle credibilidad para tener por probado que la víctima era una persona económicamente activa.

Aunque no hay evidencia acerca de cuánto eran sus ingresos, la Sala considera que es procedente presumir que, al menos, la actividad productiva le dejaba un ingreso equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, tal como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación(124).

Para efectos de liquidar el lucro cesante a favor de Carlos Hernán Rozo Mora, se tomará como base el salario mínimo vigente actualmente ($ 644.350), en tanto resulta más favorable que actualizar el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales lo cual arroja la suma de $ 805.437.

A esa suma —$ 805.437— se le descontará el 25% ($ 201.359) que se presume, disponía la víctima para sus gastos personales, lo que arroja un monto total de $ 604.078.

Esta suma final se dividirá en dos partes iguales, esto es, en $ 302.039 cada una, cantidad que se entendía destinaba tanto para los gastos de manutención de su hijo Juan José Rozo Prías (quien también falleció en el citado ataque guerrillero) como para los gastos del hogar que había conformado con el ahora demandante, su esposo el señor Carlos Hernán Rozo Mora.

Dicha cantidad, $ 302.039 servirá como base de liquidación del lucro cesante a favor de Carlos Hernán Rozo Mora, cónyuge de Jahidit Prías Cediel(125).

En este punto de la providencia es necesario poner de presente que como prueba documental dentro del proceso 1999-0395, se ofició a la Policía Nacional para que enviara al expediente la siguiente información:

“Copia auténtica del extracto de hoja de vida de CARLOS HERNÁN ROZO MORA con cc (…) quien labora como suboficial de la Policía Nacional para el 9 de julio de 1999. Igualmente certificar si tenía personas a cargo o que dependieran económicamente de él, para julio de 1999”(126).

En respuesta a dicho requerimiento, la Policía Nacional hizo llegar al expediente una comunicación del siguiente tenor:

“Santa Fé de Bogotá julio 12 del 2002

EXTRACTO DE LA HOJA DE VIDA

Señor CP (R) ROZO MORA CARLOS HERNÁN

DADO DE ALTA COMO: ALUMNO SUBOFICIAL

DESDE: 120193

RETIRADO 19 12 2000

SEGUN: R 0168/2001

CON EL GRADO: CABO PRIMERO

CAUSAL DE RETIRO: MUERTE EN SERVICIO ACTIVO

ÚLTIMA UNIDAD DONDE LABORÓ: DEPARTAMENTO DE POLICÍA DEL META

OBSERVACIONES: CON RELACIÓN A LA CERTIFICACIÓN SI TENÍA PERSONAS A CARGO O QUE DEPENDIERAN ECONÓMICAMENTE DE ÉL PARA JULIO DE 1999 SE REMITIÓ PETICIÓN A JEFE DE PRIMAS Y SUBSIDIOS PARA QUE ALLÍ DEN RESPUESTA FAVORABLE”(127).

De lo que viene de verse para la Sala es un hecho probado que el señor Carlos Hernán Rozo Mora falleció en servicio activo como agente de Policía el 19 de diciembre de 2000. Ahora, si bien no obra en el proceso su Registro Civil de Defunción, lo cierto es que se trata de una prueba documental debidamente allegada al plenario, la cual no fue objetada por ninguna de las partes y que se originó, incluso, a petición de la parte actora que así lo solicitó en la demanda.

Dicho lo anterior y en vista de que no hay cómo establecer si se llevó a cabo o está en curso el trámite sucesoral del mencionado causante y, por ende, quiénes son sus herederos, para la Sala resulta pertinente acudir a la solución que la Corporación adoptó en un caso similar en sentencia de 26 de mayo de 2006(128), decisión en la que al margen de haberse reconocido que el derecho a la reparación de los daños morales resulta transmisible mortis causa, se dijo:

“(…).

No obstante, como no se acreditó en el proceso que se hubiera iniciado la sucesión del señor Efraín Quintero Rozo y, por lo tanto, se desconoce si los demandantes son sus únicos herederos, se ordenará que la indemnización de los perjuicios que le hubiere correspondido al causante favorezca a su sucesión, sin individualizar los reconocimientos (resalta la Sala).

(…)”.

En vista de lo anterior, la indemnización que le correspondía al causante por la muerte de su esposa, ha de reconocerse a favor de la sucesión del señor Carlos Hernán Rozo Mora.

La indemnización del lucro cesante se liquidará por el tiempo que transcurrió entre la muerte de Jahidit Prías Cediel y la fecha en que Carlos Hernán Rozo Mora falleció, es decir, entre el 10 de julio de 1999 y el 19 de diciembre de 2000, eso sí, teniendo en cuenta la base de liquidación que se obtuvo con anterioridad:

El lucro cesante consolidado se calculará con base en la siguiente fórmula:

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Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Base liquidación sobre la cual se liquida el lucro cesante consolidado del señor Carlos Hernán Rozo Mora: $ 302.039

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 17,3 meses

Reemplazando tenemos:

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S= $ 5’437.776

Total lucro cesante para la sucesión de Carlos Hernán Rozo Mora: $ 5’437.776

ii) La señora Angélica Ladino Ceballos solicitó indemnización del lucro cesante por la muerte de su compañero permanente, el señor José Alberto Vergara Moreno, en cuantía de $ 175’000.000.

En primera instancia se recaudó la declaración testimonial de la señora Gloria Elsa Parra Manrique quien dijo conocer a la señora Angélica Ladino Ceballos desde hacía mucho tiempo y ser vecina de Villavicencio. Se refirió a la activad económica que desarrollaban la señora Angélica Ladino Ceballos y su compañero sentimental:

“A la señora Angélica la conozco desde niña, al señor José Alberto lo distinguí cuando ella se fue a convivir con él (…) Sí constituían núcleo familiar, toda vez que Angélica se fue a convivir con él, me consta porque una oportunidad que fui a visitar a mi mamá a Puerta Lleras, Angélica me lo presentó como su compañero (…) Ellos tenían una panadería ubicada al frente de la escuela Inocencio Chinca que queda en el centro de Puerto Lleras, en cuanto a los ingresos no sé, sólo me enteré que vendían bastante y les iba bien con la panadería”(129).

En criterio de la Sala, la declaración rendida por la señora Gloria Elsa Parra Manrique es prueba de que tanto la señora Angélica Ladino Ceballos como su compañero permanente, el señor José Alberto Vergara Moreno, devengaban unos ingresos por su actividad en una panadería, pues no hay razones que le resten credibilidad a su relato a lo que se agrega que en ningún momento, a lo largo del juicio, la parte demandada lo tachó de sospechoso.

Si bien hay evidencia de que el señor José Alberto Vergara Moreno era una persona económicamente activa, no hay prueba acerca del monto que devengaba. Por esta razón, la Sala considera que es procedente presumir que, al menos, la actividad productiva le dejaba un ingreso equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, tal como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación(130).

Para efectos de liquidar el lucro cesante a favor de Angélica Ladino Ceballos, se tomará como base el salario mínimo vigente actualmente ($ 644.350) en tanto resulta más favorable que actualizar el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales lo cual arroja la suma de $ 805.437.

A esa suma —$ 805.437— se le descontará el 50% ($ 402.718), porcentaje que de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, se presume disponía la víctima para sus gastos personales(131), lo que arroja un monto total de $ 402.719, suma que servirá de base para calcular la indemnización a favor de la compañera permanente supérstite, la señora Angélica Ladino Ceballos, condición que se encuentra probada mediante la prueba testimonial(132).

De conformidad con lo anterior, la Sala procederá hacer la siguiente liquidación:

— Indemnización debida o consolidada:

Comprende el tiempo transcurrido entre la muerte de José Alberto Vergara Moreno —27 de julio de 1999— y la fecha de esta providencia —29 de abril de 2015, es decir, 189,06 meses.

El lucro cesante consolidado se calculará con base en la siguiente fórmula:

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Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Base liquidación sobre la cual se liquida el lucro cesante consolidado de la señora Angélica Ladino Ceballos: $ 402.719

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 189,06 meses.

Reemplazando tenemos:

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S= $ 124’455.160

— Indemnización futura o anticipada:

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

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Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Base liquidación sobre la cual se liquida el lucro cesante para la señora Angélica Ladino Ceballos: $ 402.719

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= 403,8: Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el día siguiente a la fecha en que se profiere la presente providencia, hasta el término de vida probable de José Alberto Vergara Moreno, quien según la expectativa de vida, era quien fallecería primero.

Reemplazando se tiene:

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S= $ 71’095.655

— Resumen de la indemnización del lucro cesante para Angélica Ladino Ceballos por la muerte de su compañero permanente:

Lucro cesante consolidado:$ 124’455.160

Lucro cesante futuro:$ 71’095.655

Total:$ 195’550.815

iii) La demandante Angélica Ladino Ceballos también demandó la indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por la pérdida de su capacidad laboral. Solicitó el reconocimiento de $ 85’000.000.

Sea del caso retomar el testimonio y las consideraciones entorno a él, de la señora Gloria Elsa Parra Manrique, el cual sirvió de fundamento para reconocer indemnización del lucro cesante para Angélica Ladino Ceballos por la muerte de su compañero permanente:

“A la señora Angélica la conozco desde niña, al señor José Alberto lo distinguí cuando ella se fue a convivir con él (…) Sí constituían núcleo familiar, toda vez que Angélica se fue a convivir con él, me consta porque una oportunidad que fui a visitar a mi mamá a Puerta Lleras, Angélica me lo presentó como su compañero (…) Ellos tenían una panadería ubicada al frente de la escuela Inocencio Chinca que queda en el centro de Puerto Lleras, en cuanto a los ingresos no sé, sólo me enteré que vendían bastante y les iba bien con la panadería”(133).

Como sea que la declaración de la señora Gloria Elsa Parra Manrique es prueba de la actividad laboral de la señora Angélica Ladino Ceballos, pero no es posible determinar el monto que devengaba, la Sala considera que es procedente presumir que, al menos, la actividad productiva le dejaba un ingreso equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, tal como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación(134).

Para efectos de liquidar el lucro cesante a favor de Angélica Ladino Ceballos, se tomará como base el salario mínimo vigente actualmente ($ 644.350) en tanto resulta más favorable que actualizar el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales lo cual arroja la suma de $ 805.437.

A este valor ($ 805.437) se le deberá obtener el 25.25% que corresponde a su pérdida de capacidad laboral, cifra que será la base de liquidación de lucro cesante:

$ 805.437 X 25.25% = $ 203.372

Indemnización debida o consolidada

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Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Base liquidación sobre la cual se liquida el lucro cesante consolidado de la señora Angélica Ladino Ceballos: $ 203.372

i= Interés puro o técnico: 0,004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: Desde el día en que Angélica Ladino Ceballos resultó quemada: 10 de julio de 1999, hasta la fecha de esta sentencia —29 de abril de 2015—, esto es, 189,9 meses.

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S= $ 63’277.130

Indemnización futura o anticipada

Edad de la señora Angélica Ladino Ceballos a la fecha de los hechos: 20 años 8 meses y 2 días (248,06 meses)

Expectativa de vida de la señora Angélica Ladino Ceballos a partir de la fecha de los hechos: 57,39 años (688,88 meses)

Período a indemnizar: 688,88 meses – 189,9 meses (período anticipado)= 498,98

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S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 203.372

i= Interés puro o técnico: 0,004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: 498,98

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S= $ 38’080.049

Total indemnización del perjuicio material en su modalidad de lucro cesante para la señora Angélica Ladino Ceballos, en virtud de la disminución de su capacidad laboral: $ 101.357.179

5.2. Proceso 2000-0140:

a) Los demandantes en este proceso por la muerte de Alba María Largacha Gamboa son los siguientes:

— El señor Fausto Rengifo Medina quien actúa como compañero permanente de Alba María Largacha Gamboa, condición que se encuentra probada mediante el testimonio del señora Marlenis Mena Moreno, quien dijo que él era su pareja y que convivían como un matrimonio(135).

— Los menores Olmedo Rengifo Largacha, Carina Rengifo Largacha y Noraya Rengifo Largacha, quienes representados por su padre el señor Fausto Rengifo Medina, comparecen como lo hijos de Alba María Largacha Gamboa.

El parentesco de hijos de la víctima está demostrado mediante los registros civiles de nacimiento allegados al proceso(136).

— Los ciudadanos Ninfa Gamboa Asprilla, Agripina Espinosa Gamboa, Oda Lilia Largacha Gamboa, Juan Alberto Largacha Gamboa, Antonio José Jiménez Gamboa, Diega Valentina Largacha Gamboa y Carlos Vicente Jiménez Gamboa, participan como demandantes pero en calidad de hermanos de la occisa, parentesco debidamente probado a través de los Registros Civiles de nacimiento obrantes en el plenario(137).

b) Por la muerte de Wilker Murillo Dávila se hicieron parte los siguientes sujetos:

— Eufemio Murillo Martínez y Martina Dávila Caicedo como padres de Wilker Murillo Dávila, vínculo familiar acreditado con el Registro Civil de nacimiento de la víctima(138).

— Félix Francisco Dávila y Juana Caicedo en condición de abuelos del difunto, circunstancia que está probada con el respectivo Registro Civil de nacimiento de la madre del occiso(139).

— Elvia Inés Murillo Dávila, Oscar Murillo Dávila, María Naslin Murillo Caicedo, Néstor Murillo Caicedo y Jasmith Murillo Dávila en condición de hermanos de Wilker Murillo Dávila. Parentesco probado con sus Registros Civiles de nacimiento de cada uno de ellos(140).

— Indemnización de perjuicios morales:

Como se dijo anteriormente, la Jurisprudencia del Consejo de Estado sostiene que cuando se demanda la indemnización de los perjuicios morales por la muerte del cónyuge o el compañero permanente, o un ser querido dentro del 1º y 2º grado de consanguinidad o civil, la prueba del parentesco permite inferir, ante prueba en contrario, la aflicción y angustia que el núcleo familiar sufre por la pérdida de uno de sus miembros(141).

Tras revisar el expediente, se encuentra probado el parentesco que todos y cada uno de los demandantes dijo tener respecto de Alba María Largacha Gamboa y Wilker Murillo Dávila —víctimas—, al tiempo que no hay pruebas que permitan entrever, que en virtud de los lazos familiares, no sufrieron aflicción moral por sus muertes.

Ahora bien, como se dejó visto páginas atrás, tanto Alba María Largacha Gamboa como Wilker Murillo Dávila, fallecieron en desarrollo del ataque guerrillero quienes fueron encontrados muertos bajo los escombros de la residencia La Cristalina ubicada en diagonal a la Estación de Policía de Puerto Lleras, con diversas fracturas en sus cráneos y resto del cuerpo.

Las circunstancias en que fallecieron tanto Alba María Largacha Gamboa como Wilker Murillo Dávila, la forma en que fueron hallados sus cuerpos, así como las heridas que soportaron por quedar sepultados debajo de unos escombros, son hechos de los cuales se colige generaron en los demandantes un alto grado de tristeza e impotencia, por perder de manera tan basta a unos miembros de su familia.

Por lo antes dicho, se reconocerán las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

i) Por la muerte de Alba María Largacha Gamboa:

— Para Fausto Rengifo Medina (compañero permanente): 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes —SMMLV—.

— Para Olmedo Rengifo Largacha, Carina Rengifo Largacha y Noraya Rengifo Largacha (hijos): 100 —SMMLV— para cada uno.

— Para Ninfa Gamboa Asprilla, Agripina Espinosa Gamboa, Oda Lilia Largacha Gamboa, Juan Alberto Largacha Gamboa, Antonio José Jiménez Gamboa, Diega Valentina Largacha Gamboa y Carlos Vicente Jiménez Gamboa (hermanos): 50 —SMMLV— para cada uno.

ii) Por la muerte de Wilker Murillo Dávila:

— Para Eufemio Murillo Martínez y Martina Dávila Caicedo (padres): 100 —SMMLV— para cada uno de ellos.

— Para Juana Caicedo (abuela): 50 —SMMLV—.

— Para Elvia Inés Murillo Dávila, Oscar Murillo Dávila, María Naslin Murillo Caicedo, Néstor Murillo Caicedo y Jasmith Murillo Dávila (hermanos): 50 —SMMLV— para cada uno de ellos.

No se reconoce indemnización de perjuicios morales para Félix Francisco Dávila (abuelo de Wilker Murillo Dávila), porque en las pretensiones de la demanda no se pidió para él.

Indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante:

i) Para Fausto Rengifo Medina (compañero permanente), Olmedo Rengifo Largacha, Carina Rengifo Largacha y Noraya Rengifo Largacha (hijos) de la señora Alba María Largacha Gamboa, la suma de $ 140’000.000.

De conformidad con una certificación expedida por la Secretaría de Educación del departamento del Guaviare, para la fecha en que Alba María Largacha Gamboa falleció, se desempeñaba como docente al servicio de ese departamento y que sus ingresos mensuales para el momento de su muerte, eran de $ 880.057 mensuales(142).

En vista de que está probado que la víctima era una persona laboralmente activa y que devengaba un salario, se procede a liquidar la indemnización del lucro cesante así:

Al ingreso mensual de la occisa ($ 880.057) se le debe sumar un 25%, por concepto de prestaciones sociales y este resultado se debe traer a valor presente:

$ 880.057 + 25%= $ 1’100.071

Dicho resultado se actualiza de la siguiente manera:

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En donde:

Ra:Renta actualizada a establecer;

Rh:Renta histórica que se va a actualizar: $ 1’100.071

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el vigente a la fecha de esta sentencia: 120,98

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el vigente a la fecha en que falleció Alba María Largacha Gamboa: 55,77

Reemplazando tenemos:

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Ra = $ 2’386.347

A esa suma -$ 2’386.347- se le descontará el 25% ($ 596.586) que se presume, disponía la víctima para sus gastos personales, resta que da como resultado $ 1’789.761.

A ese valor debe obtenérsele el 50% que servirá de base de liquidación del lucro cesante para Fausto Rengifo Medina (compañero permanente) y el otro 50% se debe dividir por el número de hijos (tres), así:

— 50% de $ 1’789.761: $ 894.880,5 que servirá de base de liquidación para el compañero permanente, teniendo como término la vida probable de éste pues es quien hubiere muerto primero según la expectativa de vida.

— 50% de $ 1’789.761, dividido en tres: $ 298.293,5 que servirá de base de liquidación para cada uno de los hijos de Alba María Largacha Gamboa, hasta los 25 años de cada uno de ellos, pues es la edad en que se presume se emanciparían del seno familiar y conforman su propia familia(143).

— Indemnización del lucro cesante para Fausto Rengifo Medina (compañero permanente):

Indemnización debida o consolidada

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Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Base liquidación sobre la cual se liquida el lucro cesante consolidado para Fausto Rengifo Medina: $ 894.880,5

i= Interés puro o técnico: 0,004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: Desde la fecha de muerte de Alba María Largacha Gamboa: 10 de julio de 1999, hasta la fecha de esta sentencia —29 de abril de 2015—: 189,9 meses.

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S= $ 278’432.970

Indemnización futura o anticipada

Período a indemnizar: 433 meses (expectativa de vida de Fausto Rengifo Medina para la época de muerte de su compañera permanente) - 189,9 meses (período anticipado) = 243,1

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S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 894.880,5

i= Interés puro o técnico: 0,004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: 243,1

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S= $ 127’385.374

Total indemnización del lucro cesante para el señor Fausto Rengifo Medina (consolidado + futuro): $ 405’818.344

Ahora bien, en la demanda se tasó en $ 140.000.000, la indemnización del lucro cesante para el señor Fausto Rengifo Medina, suma que al ser actualizada equivale a $ 279’123.269.

De otra parte, el principio de congruencia contenido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, establece que no es posible condenar por una cantidad superior a la solicitada en la demanda(144).

Por lo antes dicho, dado que la indemnización que se acaba de obtener es superior a la suma deprecada en la demanda, la Sala sólo puede reconocer a título de indemnización del lucro cesante, la cantidad indicada en el libelo, esto es, $ 279’123.269.

ii) Indemnización del lucro cesante para Olmedo Rengifo Largacha, Carina Rengifo Largacha y Noraya Rengifo Largacha, hijos de la señora Alba María Largacha Gamboa, por la muerte de ésta, en cuantía de $ 140’000.000 para cada uno de ellos.

Se hará con base a los siguientes parámetros:

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Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Base liquidación sobre la cual se liquida el lucro cesante consolidado para cada uno de los hijos de la víctima: $ 298.293,5

i= Interés puro o técnico: 0,004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde la muerte de su madre —10 de julio de 1999—, hasta la fecha en que cada hijo llega a la edad de 25 años.

— Para Olmedo Rengifo Largacha:

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n= 121,4, número de meses transcurridos entre la muerte de su madre, la señora Alba María Largacha Gamboa: 10 de julio de 1999 y la fecha en que Olmedo Rengifo Largacha cumplió 25 años —22 de agosto de 2009—.

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Indemnización del lucro cesante consolidado para Olmedo Rengifo Largacha: $ 49’211.593

— Para Carina Rengifo Largacha:

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n= 134,6, número de meses transcurridos entre la muerte de su madre, la señora Alba María Largacha Gamboa: 10 de julio de 1999 y la fecha en que Carina Rengifo Largacha cumplió 25 años —30 de septiembre de 2010—.

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Indemnización del lucro cesante consolidado para Carina Rengifo Largacha: $ 56’525.276

— Para Noraya Rengifo Largacha:

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n= 189,9, número de meses transcurridos entre la muerte de su madre, la señora Alba María Largacha Gamboa: 10 de julio de 1999 y la fecha de esta sentencia —29 de abril de 2015—.

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Indemnización del lucro cesante consolidado para Noraya Rengifo Largacha: $ 92’810.990

Indemnización futura o anticipada

Solamente Noraya Rengifo Largacha es acreedora de la indemnización por concepto de lucro cesante futuro, en tanto el 2 de abril de 2022 es la fecha en que cumpliría 25 años, mientras que sus hermanos a la fecha de esta sentencia, ya los cumplieron.

Periodo a indemnizar: 272,7 meses (tiempo transcurrido entre muerte de su madre y el momento en que cumple los 25 años) -189,9 meses (período anticipado)=

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S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 298.293,5

i= Interés puro o técnico: 0,004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: 82,8

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Indemnización del lucro cesante futuro para Noraya Rengifo Largacha: $ 20’ 288.248

Total indemnización por concepto de lucro cesante para Noraya Rengifo Largacha (consolidado + futuro): $ 113’ 099.238

iii) Indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para Eufemio Murillo Martínez y Martina Dávila Caicedo, padres de Wilker Murillo Dávila, por la muerte de éste. Solicitaron la suma de $ 25’000.000.

Con base en las pruebas allegadas al expediente, para la Sala es un hecho cierto que el señor Wilker Murillo Dávila al momento de fallecer tenía 26 años(145), que además era una persona laboralmente activa en tanto así lo establece una constancia expedida por la Secretaría de Educación del Guaviare, en la cual se indica que se desempeñaba como docente y el salario que devengaba(146).

En cuanto a la ayuda económica que el señor Wilker Murillo Dávila proporcionaba a sus progenitores, el testimonio del señor Luis Alez Hernández Asprilla quien dijo conocer a los padres de la víctima, por cuestiones de trabajo y porque vivían en el mismo municipio, San José del Guaviare, se refirió a este aspecto de la siguiente manera:

“los conozco desde 1983, por vinculación con el trabajo y además paisanos, desde cuando vivíamos o mejor nos vinimos a conocer acá en San José (…) Docente, al servicio de la Secretaría de Educación

Departamental (…) aproximadamente ganaba trescientos ochenta y seis mil pesos, tengo entendido que los compartía con su madre, padres y hermanos. (…) era una de las columnas del sustento tanto de sus abuelas, padre y en veces de sus hermanos(147)”.

Acerca del testimonio que viene de transcribirse, el cual señala que el señor Wilker Murillo Dávila colaboraba económicamente con sus padres, se trata de una afirmación que no tiene prueba en contrario y que tampoco fue cuestionada por la entidad demandada. Así mismo la Sala no halla elementos que permitan tacharla de sospechosa, razones estas que conllevan a tenerlo como la prueba del lucro cesante a favor de Eufemio Murillo Martínez y Martina Dávila Caicedo, por la muerte de su hijo.

Ahora bien, acerca del reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, la jurisprudencia ha dicho que se presume que los hijos los ayudan hasta la edad de veinticinco años (25), en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”(148). A pesar de lo anterior, si el padre (s) acredita que dependía económicamente de su hijo por la imposibilidad de trabajar, dicha indemnización puede calcularse hasta la vida probable del padre (s)(149).

En ese sentido, el fundamento de lo que viene de decirse, es que las obligaciones que se derivan de la familia de procreación impiden continuar atendiendo las cargas económicas que se originan de la familia de crianza, circunstancia que, según esta corporación, sucede a los 25 años de edad.

Dicho lo anterior, como sea que el señor Wilker Murillo Dávila al momento de fallecer tenía 26 años, habría de concluirse, en principio, que de conformidad con la regla jurisprudencial anotada, los señores Eufemio Murillo Martínez y Martina Dávila Caicedo no tendrían derecho a la indemnización del lucro cesante. Tampoco hay probanza alguna de que los padres de la víctima se encuentran inmersos en alguna circunstancia que les impida obtener recursos para su manutención.

Sin embargo, lo cierto es que la víctima, a pesar de que tenía más de 25 años ayudaba económicamente a sus padres y, además, no hay prueba de que tuviera familia de procreación ni que hubiera conformado hogar con su pareja sentimental, todo lo cual impone acceder a la indemnización del lucro cesante para los señores Eufemio Murillo Martínez y Martina Dávila Caicedo, por cuanto no hay razón alguna para no indemnizar un daño que está debidamente probado y cuyos supuestos escapan a la regla según la cual, los hijos solo ayudan a sus progenitores hasta la edad de 25.

Procede entonces la Sala a indemnizar a favor de Eufemio Murillo Martínez y Martina Dávila Caicedo, el lucro cesante por la muerte de su hijo, así:

Tras revisar el expediente no encuentra la Sala prueba alguna que permita determinar la edad del señor Eufemio Murillo Martínez para efectos de establecer su expectativa de vida, circunstancia que sí se puede averiguar en relación a Martina Dávila Caicedo, con base en su Registro Civil de nacimiento(150).

El desconocimiento de la edad del señor Eufemio Murillo Martínez, no impide que está Sala liquide la indemnización del lucro cesante que le corresponde a él como a la señora Martina Dávila Caicedo, por la muerte de su hijo.

Como sea que la contribución económica de la víctima era hacia sus padres como núcleo familiar y no cada uno de ellos individualmente considerados, la Sala considera razonable que se tome la expectativa de vida de la madre como criterio temporal para liquidarles el lucro cesante, en tanto es el único dato conocido y así se evitaría ordenar un incidente de liquidación de perjuicios, a lo que se agrega que, en todo caso, la proporción de los ingresos que un hijo destina al sostenimiento de sus padres, a falta de prueba, según la jurisprudencia, es el 50% independientemente de si ambos están con vida o no(151).

Liquidación de la indemnización del lucro cesante para Eufemio Murillo Martínez y Martina Dávila Caicedo:

Al ingreso mensual de la víctima según la certificación expedida por la Secretaría de Educación del Guaviare ($ 428.325) se le debe sumar un 25%, por concepto de prestaciones sociales y este resultado se debe traer a valor presente:

$ 428.325 + 25%= $ 535.406

Dicho resultado se actualiza de la siguiente manera:

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En donde:

Ra:Renta actualizada a establecer;

Rh:Renta histórica que se va a actualizar: $ 535.406

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el vigente a la fecha de esta sentencia: 120,98

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el vigente a la fecha en que falleció Wilker Murillo Dávila: 55,77

Reemplazando tenemos:

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Ra = $ 1’161.438

El valor obtenido anteriormente se debe dividir en dos partes, pues dado que no hay prueba de la cantidad de dinero que la víctima destinaba para ayudar a sus padres, la Sala aplicará la regla según la cual los hijos que aportan para la manutención de su padres, destinan el 50% de sus ingresos para los gastos propios y el otro 50% para el de ellos(152), cifra que se tendrá como base para calcular el lucro cesante consolidado en cabeza de Eufemio Murillo Martínez y Martina Dávila Caicedo: $ 580.719

Indemnización debida o consolidada

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Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Base liquidación sobre la cual se liquida el lucro cesante consolidado para de Eufemio Murillo Martínez y Martina Dávila Caicedo: $ 580.719

i= Interés puro o técnico: 0,004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: Desde la fecha de muerte de Wilker Murillo Dávila: 10 de julio de 1999, hasta la fecha de esta sentencia -29 de abril de 2015-: 189,9 meses.

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S= $ 180’684.813

En la demanda se solicitó el reconocimiento de $ 25’000.000 para los padres del ahora fallecido Wilker Murillo Dávila, por concepto de indemnización del lucro cesante, cifra que traída a valor presente equivale a $ 49’843.441. De ahí que en aplicación del principio de congruencia, la Sala no pueda reconocer un mayor valor, por lo que se hace innecesario liquidar la indemnización del lucro cesante futuro.

Dicho lo anterior, la indemnización del lucro cesante para los padres de Wilker Murillo Dávila asciende a $ 49’843.441.

5.3. Proceso 2001-0062.

Comparecieron como demandantes los señores María de la Cruz Vergara y Luis Hernando Torres Vergara, quienes según el libelo, son hermanos de José Alberto Vergara y reclaman indemnización de perjuicios por la muerte de éste en desarrollo del citado ataque guerrillero.

Como prueba para acreditar su condición de hermanos, se allegaron al expediente las partidas de bautismo tanto de ellos como la de José Alberto Vergara.

Sobre la prueba del estado civil mediante esos documentos es preciso hacer la siguiente reflexión:

A partir de la vigencia del Decreto 1260 de 1.970 el estado civil y sus alteraciones deben constar en el registro civil, el cual es llevado por funcionarios especiales del Estado.

Como consecuencia de esto, para las personas nacidas a partir de 1938, el estado civil sólo puede probarse mediante el correspondiente registro civil según el Decreto 1260 de 1970. Este nuevo estatuto introdujo innovaciones con respecto al antiguo sistema de la Ley 92 de 1938, que distinguía entre pruebas principales y pruebas supletorias del estado civil. Las primeras se vinculaban al registro civil, no así las segundas (partidas eclesiásticas de matrimonios, bautismos y defunciones).

Para entender correctamente esta primera orientación del nuevo sistema, conviene tener en cuenta que las antiguas pruebas supletorias de la Ley 92 de 1938 conservan todo su valor. En tal caso el acto de registro del estado civil surge en la partida de bautismo, sin necesidad de una posterior participación del Estado(153), por ello respecto a las partidas eclesiásticas levantadas en forma directa por el cura párroco, una vez celebrado el bautismo, la copia de tales actas tiene valor ante los funcionarios del registro civil para levantar el acta civil, pero las personas nacidas con anterioridad a la Ley 92 de 1938, no están obligadas a registrar la partida de bautismo, pues éste sólo documento constituye plena prueba de su estado civil.

En lo que respecto al caso concreto, se tiene que según las partidas de bautismo de María de la Cruz Vergara, Luis Hernando Torres Vergara y José Alberto Vergara, ellos nacieron después de 1938(154).

Así pues, se concluye que las partidas de bautismo de los señores María de la Cruz Vergara y Luis Hernando Torres Vergara no sirven como prueba de su estado civil, por cuanto no hay evidencia de que las mismas se hubieran registrado ni obran en el expediente sus registros civiles. Por ende, dichos documentos no sirven para acreditar su parentesco de hermanos con la ahora víctima, para efectos de deducir, a partir del vínculo familiar, la existencia del perjuicio moral.

Tampoco obra en el expediente ninguna otra prueba que permita dilucidar, al margen del parentesco que pueda haber entre los demandantes y la víctima, un sufrimiento y dolor por la muerte de José Alberto Vergara.

Aunque en libelo 2001-0062 obran los testimonios de los señores Olga Marina Vargas y José Milciades Sedanos Sánchez, lo cierto es que ellos no dan cuenta de la presunta afectación moral que los señores María de la Cruz Vergara y Luis Hernando Torres Vergara habrían sentido por el deceso de José Alberto Vergara.

Por todo lo dicho, se niegan las pretensiones del proceso 2001-0062.

6. Consideración probatoria común a todos los procesos acumulados.

Como prueba documental obra en el plenario un oficio elaborado por la Red de Solidaridad Social, en el que se indica que se pagaron unos dineros por concepto de “ayuda humanitaria por muerte” de Alba María Largacha Gamboa, Wilker Murillo Dávila, Jahidit Prías Cediel, José Alberto Vergara y José Alberto Vergara Moreno. Tal y como puede observarse, el deceso de esos ciudadanos fue lo que motivó la interposición de las demandas que ahora resuelve la Sala.

En cuanto a la procedencia de más de una compensación económica a raíz de un mismo daño, es oportuno señalar que dicha situación es procedente cuando provienen de causas jurídicas distintas. En el presente caso los pagos hechos por la Red de Solidaridad Social se fundamentaron en la Ley 418 de 1997, esto es una prestación del orden legal, mientras que los montos que se conceden en este fallo son de naturaleza indemnizatoria en virtud de la responsabilidad del Estado.

7. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 1ª de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia de 1º de noviembre de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro de los procesos con número de radicación 1999-0395, 2000-0140 y 2001-0062 y, en su lugar, se dispone lo siguiente:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación —Ministerio de Defensa—, por los perjuicios causados como consecuencia de la muerte de Jahidit Prías Cediel, Juan José Roso Prías, José Alberto Vergara Moreno, José Alberto Vergara, Alba María Largacha Gamboa y Wilker Murillo Dávila, así como por las lesiones sufridas por Angélica Ladino Ceballos, en desarrollo del ataque guerrillero perpetrado en contra de la Estación de Policía de Puerto Lleras, departamento del Meta, entre los días 10 y 12 de julio de 1999.

2. CONDENAR a la Nación —Ministerio de Defensa—, a pagar indemnización de perjuicios por los siguientes aspectos, así:

• Para los demandantes dentro del proceso número 1999-0395:

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES:

i) Por la muerte de Jahidit Prías Cediel:

— Cien (100) salario mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Carlos Hernán Rozo Mora y Mariana Elena Cediel de Prías.

— Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Carlos Prías Cediel, Carolina Prías Cediel y Saúl Prías Cediel.

ii) Por la muerte de Juan José Rozo Prías:

— Cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Carlos Hernán Rozo Mora.

— Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Manuel María Rozo Tovar, Paula Rosa Mora Barco y Mariana Elena Cediel de Prías.

iii) Por la muerte de José Alberto Vergara Moreno:

— Cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Angélica Ladino Ceballos.

iv) Por las lesiones de Angélica Ladino Ceballos:

— Cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Angélica Ladino Ceballos, Gabriel Ladino y Amparo Ceballos.

— Veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Liliana Ladino Ceballos, Arnobis Ladino Ceballos y Jhon Freddy Ladino Ceballos.

POR CONCEPTO DE DAÑO A LA SALUD:

— Cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Angélica Ladino Ceballos.

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE:

— CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 5’ 437.776) para la sucesión de Carlos Hernán Rozo Mora, por la muerte de su esposa la señora Jahidit Prías Cediel.

— CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 195’ 550.815) para Angélica Ladino Ceballos por la muerte de su compañero permanente, el señor Jorge Alberto Vergara Moreno.

— CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 101’357.179) para Angélica Ladino Ceballos, en virtud de la disminución de su capacidad laboral.

• PARA LOS DEMANDANTES DENTRO DEL PROCESO NÚMERO 2000-0140:

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES:

i) Por la muerte de Alba María Largacha Gamboa:

— Cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Fausto Rengifo Medina, Olmedo Rengifo Largacha, Carina Rengifo Largacha y Noraya Rengifo Largacha.

— Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Ninfa Gamboa Asprilla, Agripina Espinosa Gamboa, Oda Lilia Largacha Gamboa, Juan Alberto Largacha Gamboa, Antonio José Jiménez Gamboa, Diega Valentina Largacha Gamboa y Carlos Vicente Jiménez Gamboa.

ii) Por la muerte de Wilker Murillo Dávila:

— Cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Eufemio Murillo Martínez y Martina Dávila Caicedo.

— Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Juana Caicedo, Elvia Inés Murillo Dávila, Oscar Murillo Dávila, María Naslin Murillo Caicedo, Néstor Murillo Caicedo y Jasmith Murillo Dávila.

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE:

— DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 279’123.269) para Fausto Rengifo Medina, por la muerte de su compañera permanente la señora Alba María Largacha Gamboa.

— CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 49’211.593) para Olmedo Rengifo Largacha, por la muerte de su madre la señora Alba María Largacha Gamboa.

— CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ( $ 56’ 525.276) para Carina Rengifo Largacha, por la muerte de su madre la señora Alba María Largacha Gamboa.

— CIENTO TRECE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ( $ 113’099.238) para Noraya Rengifo Largacha, por la muerte de su madre la señora Alba María Largacha Gamboa.

— CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 49’843.441) para Eufemio Murillo Martínez y Martina Dávila Caicedo, por la muerte de su hijo Wilker Murillo Dávila.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. SIN condena en costas.

Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese notifíquese y cúmplase.»

28 Folio 27, cuaderno principal 1999-0395. Pretensión por valor de $ 175’000.000.

29 500 salarios mínimos para el año 1999 cuando se interpuso la demanda: $ 118’230.000

30 Ver folio 1, cuaderno principal proceso 1999-0395.

31 Folio 0, cuaderno principal 2000-0140.

32 Folio 1A, cuaderno principal 2001-0062.

33 Folio 74, cuaderno principal 1999-0395.

34 Folio 69, cuaderno principal 1999-0395.

35 Folio 68, 70 y 71, cuaderno principal 1999-0395.

36 Folio 73, cuaderno principal 1999-0395.

37 Folio 75, cuaderno principal 1999-0395.

38 Folio 72, cuaderno principal 1999-0395.

39 Folio 415, cuaderno principal 1999-0395.

40 Folios 299-304, cuaderno principal 1999-0395.

41 Folio 80, cuaderno principal 1999-0395.

42 Folio 81, 82 y 83, cuaderno principal 1999-0395.

43 Folios 333-345, cuaderno principal 1999-0395.

44 Folios 182-183, cuaderno principal 1999-0395.

45 Folio 86, cuaderno principal 1999-0395.

46 Folios 319-332, cuaderno principal 1999-0395.

47 Folio 87, cuaderno principal 1999-0395.

48 Folios 418-422, cuaderno principal 1999-0395.

49 Folio 31, cuaderno principal 2001-0062.

50 Folio 210, cuaderno principal 2001-0062.

51 Folios 28-30, cuaderno principal 2001-0062.

52 Folios 435-438, cuaderno principal 1999-0395.

53 Folio 75, cuaderno principal 2000-0140.

54 Folio 80, cuaderno principal 2000-0140.

55 Folio 69, 70 y 71, cuaderno principal 2000-0140.

56 Folio 73, cuaderno principal 2000-0140.

57 Folios 74, 76, 77, 78 y 79, cuaderno principal 2000-0140.

58 Folios 238-239, cuaderno principal 2000-0140.

59 Folio 396, cuaderno principal 2000-0140.

60 Folios 284-287, cuaderno principal 2000-0140.

61 Folio 89, cuaderno principal 2000-0140.

62 Folio 83, cuaderno principal 2000-0140.

63 Folio 90, cuaderno principal 2000-0140.

64 Folios 84, 85, 86, 87 y 88, cuaderno principal 2000-0140.

65 Folio 237, cuaderno principal 2000-0140.

66 Folio 289 y 291-292 cuaderno principal 2000-0140.

67 Folio 91, cuaderno principal 2000-0140.

68 Folio 92, cuaderno principal 2000-0140.

69 Folios 208-221, cuaderno anexo 1.

70 Folios 228-240, cuaderno principal 2001-0062.

71 Folios 241-249, cuaderno principal 2001-0062.

72 Folio 114, cuaderno principal 2001-0062.

73 Folios 122-177, cuaderno principal 2001-0062.

74 Folios 579-581, cuaderno principal 1999-0395.

75 Folios 184-219, cuaderno anexos 1.

76 Sección Tercera-Sala Plena, C.P. Enrique Gil Botero. 28 de agosto de 2013, radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022). Actor: Rubén Darío Silva Alzate, Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

77 Folios 9-13, 128-132, 51-55, cuaderno anexo 1.

78 Sentencia de 21 de febrero de 2002, expediente 12.789.

79 Sentencia de 26 de enero de 2011, expediente 18.429.

80 Folio 114, cuaderno principal 2001-0062.

81 Folio 300, cuaderno principal 1999-0395.

82 Folio 303, cuaderno principal 1999-0395.

83 Folio 396, cuaderno principal 2000-0140.

84 Ibíd.

85 Folio 286, cuaderno principal 2000-0140.

86 Registro civil de defunción: folio 80 cuaderno principal 2000-0140.

87 Folio 92, cuaderno principal 2000-0140.

88 Folio 91, cuaderno principal 2000-0140.

89 Folio 344, cuaderno principal 1999-0395.

90 Folios 182-183, cuaderno principal 1999-0395.

91 Folio 325, cuaderno principal 1999-0395.

92 Folio 331, cuaderno principal 1999-0395

93 Folio 87, cuaderno principal 1999-0395.

94 Folio 31, cuaderno principal 2001-0062.

95 Folios 519-520, cuaderno principal 1999-0395

96 Folios 436-437, cuaderno principal 1999-0392.

97 Folio 14, cuaderno anexo 1.

98 Folios 28-40, cuaderno anexo 1.

99 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia S-011-99, 6 de abril de 1999, M.P. José Fernando Ramírez Gómez; Expediente 4931.

100 Ver por ejemplo la sentencia proferida por la Sección Tercera el 11 de agosto de 2010, C.P. (E): MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, radicación 50001-23-31-000-1996-05910-01(17609).

101 Folio 230, cuaderno principal 2001-0062.

102 Folios 243-244, cuaderno principal 2001-0062.

103 Folios 128-132, cuaderno anexos 1.

104 Folios 51-52, cuaderno anexos 1.

105 Folios 122-177, cuaderno principal 2001-0062.

106 Folios 184-219, cuaderno anexos 1.

107 Folio 200, cuaderno anexos 1.

108 Se reiteran los planteamientos expuestos en sentencia proferida el 19 de abril de 2012 por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Expediente 190012331000199900815 01 (21515)

Actor: María Hermenza Tunubalá Aranda.

Demandada: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Acción: Reparación directa.

109 Lo antes dicho, no resulta un razonamiento novedoso, sino que, por el contrario, proviene de vieja data. En sentencia de 7 de abril de 1994, expediente 9261 ya la Sección había dicho:

“Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quien disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, no permite saber si fue la Policía o la guerrilla la que lesionó a la menor, sin que exista la posibilidad de practicar una prueba técnica sobre el proyectil por cuanto éste salió del cuerpo de la menor. Pero lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía por qué soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivos y si bien es cierto aquellas actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos por esa carga excepcional que debió soportar; por consiguiente, la decisión correcta fue la tomada por el a quo, en virtud de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda”.

En caso similar al hoy estudiado, en sentencia de 8 de agosto de 2002, con ponencia del Dr. Ricardo Hoyos Duque se afirmó:

En síntesis, son imputables al Estado los daños sufridos por las víctimas cuando éstos excedan los sacrificios que se imponen a todos las personas y en su causación interviene una actividad estatal.

En este régimen el hecho del tercero exonerará de responsabilidad a la administración sólo cuando sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando éste se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa. Pero no la exonerará cuando el daño se cause en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas a esa confrontación es antijurídico, en cuanto éstas no tenían el deber jurídico de soportar cargas superiores a las que se imponen a todos los demás asociados.

Y todo esto sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado no es necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes (resaltado fuera de texto).

110 Folio 112, cuaderno principal 2000-0140.

111 Folios 69, 72, 73, cuaderno principal 1999-0395.

112 Folio 68, 70 y 71, cuaderno principal 1999-0395.

113 Folio 72, cuaderno principal 1999-0395.

114 Folios 418-422, cuaderno principal 1999-0395.

115 Folio 80-83, cuaderno principal 1999-0395.

116 Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Expediente: 73001-23-31-0002001-00418-01 (27.709).

Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 660012331000200100731 01 (26.251).

117 Ver sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2014, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, radicación 50001231500019990032601 (31172).

118 Folios 182-183, cuaderno principal 1999-0395.

119 Consejo de Estado. Sentencias de Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, C.P. Dr. Enrique Gil Botero, expediente 19.031. Actor: Antonio José Vigoya Giraldo y otros. Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. expediente 38.222. Actor: José Darío Mejía Herrera y otros. Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

120 “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico”. Gil Botero, Enrique “daño corporal - daño biológico - daño a la vida de relación”, pág. 10.

121 Folio 183, cuaderno principal 1999-0395.

122 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz. Ver también sentencia de esa misma fecha, expediente: 31.170, radicación 05001-23-31-000-1997-01172-01.

123 Folio 303, cuaderno principal 1999-0395.

124 Ver sentencia de 26 de mayo de 2011, expediente 250002326000199602873 01 (19855).

125 Folio 72, cuaderno principal 1999-0395.

126 Folio 270, cuaderno principal 1999-0395.

127 Folio 415, cuaderno principal 1999-0395.

128 Expediente 14.908. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacios.

129 Folios 420, cuaderno principal 1999-0395.

130 Ver sentencia de 26 de mayo de 2011, expediente 250002326000199602873 01 (19855).

131 En este sentido la jurisprudencia ha considerado que cuando una persona no tiene hijos a cargo destina una mayor parte de sus ingresos para sus gastos personales, por lo que el porcentaje a deducir para efecto de la liquidación del lucro cesante equivale al 50% del ingreso. En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de julio 6 de 2005, expediente 13406, C.P. Alier Hernández; sentencia de junio 6 de 2007, expediente 16064, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de febrero 12 de 2009, expediente 16147, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de febrero 18 de 2010, expediente 18076, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y, sentencia de junio 14 de 2012, expediente 23341, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

132 Folios 418-422 y 435-438, cuaderno principal 1999-0395.

133 Folios 420, cuaderno principal 1999-0395.

134 Ver sentencia de 26 de mayo de 2011. Expediente 250002326000199602873 01 (19855).

135 Folios 284-287, cuaderno principal 2000-0140.

136 Folio 69, 70 y 71, cuaderno principal 2000-0140.

137 Folio 73, 74, 76, 77, 78 y 79 cuaderno principal 2000-0140.

138 Folio 89, cuaderno principal 2000-0140.

139 Folio 83, cuaderno principal 2000-0140.

140 Folios 84, 85, 86, 87 y 88, cuaderno principal 2000-0140.

141 Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, Expediente: 73001-23-31-0002001-00418-01 (27.709).

Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 660012331000200100731 01 (26.251).

142 Folios 238-239, cuaderno principal 2000-0140.

143 Sentencia 15.129 del 9 de junio de 2005; C.P. Ruth Stella correa y 16.064 del 6 de junio de 2007; C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

144 “ART. 305.—Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio” (resalta la Sala).

145 Registro Civil de nacimiento folio 89, cuaderno principal 2000-0140.

146 Folio 237, cuaderno principal 2000-0140.

147 Folio 289, cuaderno principal 2000-0140.

148 Ver, por ejemplo, sentencia del 12 de julio de 1990, expediente: 5.666.

149 Expediente 16.586.

150 Folio 83, cuaderno principal 2000-0140.

151 Sentencia 15.129 del 9 de junio de 2005, C.P. Ruth Stella Correa y sentencia 16.064 del 6 de junio de 2007, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

152 Sentencia 15.129 del 9 de junio de 2005, C.P. Ruth Stella Correa y sentencia 16.064 del 6 de junio de 2007, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

153 Corte Constitucional, Sentencia T-584 de 1992.

154 Folios 28-30, cuaderno principal 2001-0062.