Sentencia 1999-00419 de enero 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 18001-23-31-000-1999-00419-01(30366)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Harold Alexander Gutiérrez Urrego y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional

Referencia: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, D.C., veintinueve de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2004, por el Tribunal Administrativo del Caquetá, comoquiera que en las demandas presentadas los días 28 de octubre de 1999 y el 21 de septiembre de 2000, respectivamente, se estimó la mayor de las pretensiones en 4.000 gramos de oro por concepto de indemnización de perjuicios fisiológicos, la cual supera el exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 18.850.000 y $ 26.390.000(17).

2.1.2. De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que esta se presentó dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es las lesiones de carácter permanente padecidas por el señor Harold Alexander Gutiérrez Urrego se produjo el 30 de septiembre de 1998, razón por la cual, por haberse interpuesto las demandas los días 28 de octubre de 1999 y el 21 de septiembre de 2000, respectivamente, se impone concluir que las mismas se formularon oportunamente.

2.2. Objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis respecto del objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, resulta necesario precisar que en el presente asunto no hay lugar a tramitar el grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo(18), según el cual las sentencias que impongan una obligación a cargo de cualquier entidad pública deberán consultarse para ante el superior cuando no fueren apeladas, pero siempre que el proceso tenga vocación de doble instancia en razón de su cuantía y en cuanto la condena impuesta a la entidad pública demandada fuere superior al monto equivalente a 300 salarios mínimos mensuales legales o que la sentencia que no fuere apelada hubiere sido proferida en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem.

De conformidad con lo anterior, se advierte que en el presente asunto resulta improcedente el trámite del grado jurisdiccional de consulta, toda vez que, por un lado, tal y como lo ha manifestado la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación(19), la sola interposición del recurso de apelación respecto de la sentencia condenatoria excluye, per se, el mencionado grado jurisdiccional, independientemente de cuál hubiere sido la parte que formuló la impugnación y, por otra parte, en este caso la cuantía de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia resulta inferior al monto establecido en la referida norma legal para el aludido trámite jurisdiccional, esto es 300 smlmv.

Ahora bien, resulta necesario precisar, ab initio, que los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante —incluida la apelación adhesiva—, están encaminados, como se indicó, a que se reconozca la causación de perjuicios morales a favor de todos los demandantes y se aumenten los montos reconocidos por el a quo como indemnización de perjuicios morales y fisiológicos, en la forma en que se solicitaron en la demanda, al tiempo que se reconozcan los perjuicios materiales a favor de la víctima directa.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora se encuentra limitado a los puntos específicos antes indicados, consideración que cobra mayor significado en el sub lite si se tiene presente que en cuanto corresponde a los demás asuntos del fallo impugnado, incluyendo la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, la propia parte recurrente manifestó su complacencia y se abstuvo de cuestionar en esas materias la sentencia de primera instancia, amén de que el silencio y la pasividad de la parte demandada evidencian su conformidad para con la totalidad del fallo, incluidos los aspectos que se dejan señalados.

Al respecto, conviene recordar que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con las propias consideraciones del recurrente, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella (…)” (resaltados adicionales).

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(20).

Así las cosas, comoquiera que la declaratoria de responsabilidad del tribunal a quo respecto de la entidad demandada no fue objeto de ataque o cuestionamiento o impugnación por la propia entidad demandada, ni tampoco por la parte actora —pues la recurrente no controvierte tal extremo en la apelación interpuesta—, ninguna precisión efectuará la Sala en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, por manera que los referidos son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el tribunal a quo(21).

En conclusión, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, procederá a examinar y a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante —incluida la apelación adhesiva—, claro está, en lo circunscrito al objeto de estos.

2.3. Indemnización de perjuicios.

2.3.1. Perjuicios morales a favor de los demandantes.

Teniendo en cuenta que el tribunal a quo condenó a la entidad demandada a pagar la suma equivalente en pesos a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la víctima directa, y denegó el reconocimiento a favor de sus padres y hermanos, y que en la apelación se solicita se acceda al reconocimiento de los montos solicitados en la demanda a favor de todos los demandantes en cuantía de 1.000 gramos de oro, la Sala estudiará las pruebas que permitan establecer la existencia e intensidad de dicho perjuicio.

Para acreditar la configuración de dicho perjuicio moral, se aportaron los siguientes documentos:

— Copia auténtica del informativo administrativo por lesión de fecha 30 de septiembre de 1998, suscrito por el Comandante de Infantería 34 “Juanambú”, en el cual manifestó:

“El día 30 de septiembre de 1998, siendo aproximadamente las 13:30 horas, en alrededores de la Base Militar San Isidro (Rapetidora)(sic), municipio de Morelia, Caquetá, sufre un accidente con arma de fuego (fusil galil), el soldado Gutiérrez Urrego Harold Alexander orgánico de la compañía ‘D’, cuando el soldado Martínez Moreno Oliden, quien cargó su arma de dotación sin orden, se puso a manipularla y por descuido acciona el disparador efectuándose el disparo, causándole heridas en el muslo derecho sección del conducto inguinal, escrotal y fractura del cuello del fémur derecho, siendo evacuado al Hospital María Inmaculada de Florencia donde es intervenido quirúrgicamente y remitido al Hospital Militar Central para valoración de especialistas.

Concepto: (…). La lesión sufrida por el soldado Gutiérrez Urrego Harold Alexander ocurrió en el servicio por causa y razón del mismo”(22).

— Copia auténtica del acta de junta médica laboral de la dirección de sanidad del Ejército Nacional de fecha 25 de octubre de 2000, en la cual se consignó la siguiente información:

“Diagnóstico positivo de las lesiones o afecciones: Herida por arma de fuego en cadera derecha con fractura de cabeza femoral derecha, sección del conducto inguino-escrotal derecho y testículo derecho, tratado quirúrgicamente por ortopedia y urología que deja como secuela: i) Osteomilitis cadera; ii) acortamiento de 8 cms, miembro inferior derecho; iii) artrofia cuádriceps derecho; iv) orquidectomía derecha; v) cicatrices dolorosas en región inguinoescrotal derecha, región glútea y muslo derecho.

Le determina una incapacidad relativa y permanente. No apto para actividad militar.

Le produce una disminución de la capacidad laboral del setenta y cinco por ciento (75.15%).

La lesión ocurrió en el servicio por causa y razón del mismo”(23).

Finalmente, debe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento de los señores Harold Alexander Gutiérrez Urrego, Harold José Gutiérrez Mejía, Anderson, Alfredo y Alexis Gutiérrez Rubio; María Leiver Urrego Jaramillo, Milady Valdés Urrego y Nelson Javier Leal Urrego, los cuales dan cuenta de la relación de parentesco existente entre el primero de los nombrados y quienes acuden en calidad de sus padres y hermanos(24).

Ahora bien, acerca de los daños causados por las lesiones que sufre una persona, resulta necesario precisar que si bien estas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas, pues hay situaciones en las cuales estas —las lesiones sufridas—, son de tal magnitud que su ocurrencia alcanza a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido y a las circunstancias particulares de las causas y consecuencias de la lesión.

De igual forma, resulta claro que la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta las circunstancias, la naturaleza, la gravedad de las lesiones sufridas y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

Así pues, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida es de tal entidad que puede poner en riesgo la vida de una persona, tal y como ocurrió en el sub lite, pues el señor Harold Alexander Gutiérrez Urrego fue víctima de un disparo de proyectil de arma de fuego realizado por parte de un soldado, de forma imprudente o negligente, lesión que, además, le produjo a la víctima directa una considerable afectación a su integridad física y sexual, pues le fue extirpado un testículo (orquidectomía derecha)(25).

En este caso, tal como se demostró en el proceso, el señor Harold Alexander Gutiérrez Urrego resultó herido por un proyectil de arma de fuego que le significó un porcentaje de incapacidad médico-laboral equivalente al “75.15%”, tal y como lo certificó la junta médica laboral, todo lo cual le produjo, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada. En efecto, resulta comprensible que una persona que haya sido lesionada de la forma en que quedó acreditada en el proceso y, en consecuencia, que haya visto en riesgo su vida y, además, que hubiere sufrido una invalidez parcial permanente, y una afectación a su integridad física y sexual(26).

De otra parte, frente al reconocimiento de perjuicios solicitados a favor de los padres y hermanos del principal lesionado, la Sala en esta oportunidad reiterará su jurisprudencia en el sentido de indicar que el reconocimiento de perjuicios se desprende de la condición personal de damnificado con el daño sufrido, y que el parentesco resulta ser un elemento probatorio adicional que indica la existencia de una relación familiar consolidada. Al respecto la Sala ha razonado de la siguiente manera:

“Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del servicio, no en su carácter de herederos de esta, sino por el perjuicio que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vínculo parental que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, la parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.

Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carácter de heredera.

El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la víctima y el presunto damnificado.

Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.

Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el solo hecho del parentesco.

Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión”(27).

Así las cosas, la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento de los perjuicios morales no puede entenderse en forma alguna como una simple verificación de la relación de parentesco de los demandantes, sino que es deber del fallador hacer acopio de todos los elementos probatorios obrantes de manera que verifique la existencia de criterios o referentes objetivos para su cuantificación tales como: “las características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado”(28).

Con fundamento en lo anterior, concluye la Sala que la lesión de carácter permanente padecida por el principal lesionado, produjo ciertamente —como plantea la demanda— un padecimiento moral a sus padres y hermanos. En efecto, —reitera la Sala—, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afectaciones de los sentimientos, cuando un ser querido sufre una lesión con secuelas permanentes.

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta tanto la prueba recaudada con la cual se demostró las afectaciones sufridas por los demandantes, como los parámetros jurisprudenciales sostenidos por la Sección, se impone modificar la sentencia apelada y, en consecuencia, acceder al reconocimiento de las siguientes cantidades y a favor de las siguientes personas:

Harold Alexander Gutiérrez (lesionado)100 smmlv
Harold José Gutiérrez Mejía (padre)100 smmlv
María Leiver Urrego Jaramillo (madre)100 smmlv
Anderson Gutiérrez Rubio (hermano)50 smlmv
Alfredo Gutiérrez Rubio (hermano)50 smmlv
Alexis Gutiérrez Rubio (hermano)50 smmlv
Milady Valdés Urrego (hermana)50 smmlv
Nelson Javier Leal Urrego (hermano)50 smmlv

 

2.3.2. Perjuicios por daño a la salud.

En relación con el perjuicio fisiológico, hoy denominado daño a la salud, derivado de una lesión a la integridad física del señor Harold Alexander Gutiérrez Urrego, el cual fue establecido por el tribunal a quo en 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la Sala reitera la posición acogida en las sentencias 19.031 y 38.222, ambas del 14 de septiembre 2011(29), en las cuales se precisó:

“De modo que, el “daño a la salud” —esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica— ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (C.P. art. 49) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v. gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.

Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica solo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional.

Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, comoquiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v. gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad(30).

En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

(…).

En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo” (negrillas del texto original).

Así mismo, la Sala en sentencia del 28 de marzo de 2012, Expediente 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros(31), determinó, de acuerdo con el principio del arbitrio iuris, los parámetros de liquidación y valoración del daño a la salud, en cuanto a sus contenidos objetivos (estático) y subjetivo (dinámico); en la providencia se estableció:

“El arbitrio iuris siempre será necesario en cualquier ordenamiento jurídico puesto que el legislador no puede contemplar todas y cada una de las hipótesis y variables que se pueden presentar en el proceso judicial, razón por la cual queda un margen de maniobra a cargo del operador judicial que, lejos de ser catalogado como arbitrariedad, constituye un campo de discreción racional en el que con fundamento en las reglas de la experiencia y la sana crítica traza derroteros para colmar esas lagunas o vacíos que están contenidos en la ley.

De allí que sí existen criterios de valoración del daño a la salud, de manera concreta, de la siguiente forma:

1. El ámbito o espectro objetivo o estático del daño a la salud se determinará a través del arbitrio iuris, para lo cual se tendrá en cuenta la edad de la víctima y la gravedad de la lesión, lo cual permitirá emplear la regla de tres, al tener en cuenta que a la mayor incapacidad corresponde un valor máximo de cuatrocientos salarios mínimos mensuales vigentes, como lo ha hecho la jurisprudencia de tiempo atrás

2. En cuanto al contenido dinámico del daño a la salud, esto es, las particularidades o especificidades que ese perjuicio significa para cada víctima en particular (v. gr. no es lo mismo la pérdida de una mano para alguien que tiene como “hobbie” ir a cine, frente a alguien cuyo esparcimiento lo obtiene de tocar el piano o pintar cuadros). En este tipo de eventos, en los que la persona logre acreditar unas consecuencias particulares que harían más gravosa su condición al resultar afectado en su integridad psicofísica, el juez podrá incrementar, con base en el arbitrio iuris, la indemnización correspondiente al factor objetivo del daño a la salud. No obstante, se itera, en principio no se podrá reconocer una suma superior a 400 smmlv, pues este es el tope —sumado el ámbito estático y dinámico— del daño a la salud.

Por consiguiente, el daño a la salud reviste una connotación bifronte, una estática u objetiva que garantiza la máxima “a igual afectación a la integridad psicofísica debe corresponder una idéntica o similar compensación del perjuicio”, y una perspectiva dinámica o subjetiva —que permite hacer realidad la igualdad material— debido a que en este componente se permite que el juez eleve en un preciso porcentaje la reparación por cuenta de las condiciones particulares de la víctima.

No se trata de reparar la vida relacional o social de quien sufre el daño (en el espectro dinámico), sino de reconocer un porcentaje adicional debido a situaciones particulares que hacen que para ese sujeto específico la afectación correspondiente sea más grave”.

Conforme a lo anterior, debe señalarse que en los casos en que las lesiones revisten mayor gravedad, esto es una incapacidad del 100%, se ha concedido por daño a la salud el equivalente a 400 salarios mínimos mensuales vigentes. Por lo tanto, aplicando una simple regla de tres, y establecido que el porcentaje de incapacidad del señor Harold Alexander Gutiérrez Urrego, es del 75,15%, se le reconocerá por este concepto el valor de 300 salarios de la misma índole, por lo cual, el monto de la indemnización resulta proporcional con la lesión sufrida, esto de conformidad con los parámetros jurisprudenciales que han sido trazados sobre la materia, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión y, por lo tanto, la magnitud del perjuicio que supone una significativa variación en el estado de salud del demandante principal.

A lo anterior cabe agregar que el señor Gutiérrez Urrego sufrió una pérdida anatómica (extirpación de un testículo) y, por ende, una afectación a su integridad física, la cual aunque no repercute directamente en el desarrollo de su reproductiva —pues sobre el particular no obra prueba alguna en el expediente—, lo cierto es que dicha pérdida anatómica sí afecta indirectamente su estado psicológico, autoestima y satisfacción sexual, todo lo cual sirve de fundamento adicional para reconocer la indemnización antes relacionada a su favor.

2.3.3. Perjuicios materiales.

Comoquiera que en el recurso de apelación no se cuestionó la decisión que denegó los perjuicios materiales por daño emergente, la Sala se ocupará, exclusivamente, de la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al lucro cesante a favor del señor Harold Alexander Gutiérrez Urrego, reconocimiento que se estima procedente en consideración a que cuando se reconocen a favor del lesionado o de sus familiares los derechos de carácter prestacional, dichas sumas de dinero emanan de una relación jurídica de la cual se deriva una responsabilidad distinta a la que aquí se reclama y cuyo origen lo constituye la vinculación jurídico-laboral, razón por la cual no existe justificación alguna para ordenar el descuento del valor de las prestaciones reconocidas al actor del monto de la indemnización que se llegare a reconocer por el ejercicio de la acción de reparación directa(32), amén de que respecto de dicha indemnización laboral, no obra prueba alguna en el expediente que acredite que hubiese recibido pago alguno por parte del Ejército Nacional por ese concepto, por manera que habrá de revocarse en ese punto la sentencia apelada.

Ahora, en cuanto al criterio para liquidar dicho perjuicio material, debe advertirse que si bien no está demostrada la actividad productiva que realizaba antes de su incorporación al Ejército Nacional, ni los ingresos que percibía como producto de la misma, se aplicará la presunción de que la misma le generaba por lo menos el salario mínimo legal mensual vigente para aquella época.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:

Ingresos de la víctima al momento de la lesión: $ 203.826

Expectativa de vida total de la víctima: 56.85 años (682,2 meses)(33)

Período consolidado: 184 meses

Período futuro: 498,2 meses

Índice final: enero de 2014 (113,98)

Índice inicial: noviembre de 1997: 51.43

Actualización de la base:

 

S1999-419 FOR1.JPG
 

 

RA = $ 451.722, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014 ($ 616.000), se tomará este último para la liquidación. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 770.000). No obstante, de dicha suma solo se tendrá en cuenta el porcentaje establecido por la junta de calificación nacional de invalidez como la incapacidad laboral permanente, esto es 75,15%, lo cual arroja el resultado de: $ 578.655

Consolidado: Desde la fecha de la lesión del señor Harold Alexander Gutiérrez Urrego (sep./98) hasta la fecha de esta sentencia (ene./2013), esto es 185 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

F2 S1999-419 CE.JPG
 

 

Futuro: Por el resto del período de vida probable de la víctima (Harold Alexander Gutiérrez Urrego), esto es 498,2 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

S1999-419 FOR3.JPG
 

 

Total perjuicios materiales para el señor Harold Alexander Gutiérrez Urrego Doscientos ochenta y un millones doscientos ocho mil novecientos setenta pesos ($ 281.208.970).

2.4. Condena en costas.

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 7 de diciembre de 2004, la cual quedará así:

1. Declarar que la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional es administrativa y patrimonialmente responsable por las lesiones de carácter permanente sufridas por el señor Harold Alexander Gutiérrez Urrego, el día 30 de septiembre de 1998.

2. En consecuencia, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero:

2.1. Por concepto de indemnización de perjuicios morales, las siguientes cantidades a favor de las siguientes personas:

Harold Alexander Gutiérrez (lesionado)100 smmlv
Harold José Gutiérrez Mejía (padre)100 smmlv
María Leiver Urrego Jaramillo (madre)100 smmlv
Anderson Gutiérrez Rubio (hermano)50 smlmv
Alfredo Gutiérrez Rubio (hermano)50 smmlv
Alexis Gutiérrez Rubio (hermano)50 smmlv
Milady Valdés Urrego (hermana)50 smmlv
Nelson Javier Leal Urrego (hermano)50 smmlv

 

2.2. A título de perjuicios por daño a la salud, se reconocerá al señor Harold Alexander Gutiérrez Urrego la suma equivalente en pesos a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta sentencia.

2.3. A título de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se condena a pagar, a favor del señor Harold Alexander Gutiérrez Urrego, la suma de doscientos ochenta y un millones doscientos ocho mil novecientos setenta pesos ($ 281.208.970).

TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(17) Decreto 597 de 1988.

(18) “ART. 184.—Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas”.

(19) Al respecto consultar, por ejemplo, sentencias proferidas por esta misma Subsección el 14 de septiembre de 2011, Expediente 21.329, M.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia del 16 de agosto de 2012, Expediente 24.792, entre otras.

(20) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” (resaltados adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106.

(21) En este mismo sentido consultar, entre otras sentencias, las proferidas el 14 de septiembre de 2011, Expediente 21.329, el 26 de enero de 2011, Expediente 20.955 y el 23 de abril de 2009, Expediente 17160, todas con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez.

(22) Folio 9, cuaderno 3.

(23) Folios 6 a 8, cuaderno 3.

(24) Folios 1 a 15, cuaderno 2.

(25) “La orquiectomía consiste en la extirpación total o parcial del testículo. Si la orquiectomía es total, también se extirpará el epidídimo y parte del cordón testicular, en otras ocasiones la orquiectomía es solo parcial, extirpando únicamente la parte funcional del testículo dejando el resto de estructuras (orquiectomía subalbuginea).

La orquiectomía total está indicada en procesos tumorales, infecciosos que destruyeron el testículo, y en casos de atrofia testicular (pudiéndose colocar posteriormente una prótesis)”. En http://www.hespanol.com.ar/upload/Orquidectom%C3%ADa.pdf.

(26) Esta conclusión resulta congruente con la posición reiterada por la Sala Plena de esta Sección del Consejo de Estado, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar. Sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392).

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de noviembre de 1991, Expediente 6.469, criterio reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2001, Expediente 12.819, M.P. María Elena Giraldo.

(28) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 23 de agosto de 2012. Expediente 24392.

(29) Ambas con ponencia del consejero Enrique Gil Botero.

(30) “El daño subjetivo o daño a la persona es aquel cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser””. Fernández Sessarego, Carlos “El daño a la persona”, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pág. 71 y ss.

(31) Magistrado ponente Enrique Gil Botero.

(32) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo del 2010, Expediente 18.950, entre otras.

(33) De conformidad con el registro civil de nacimiento de la referida persona, se tiene que nació el 28 de diciembre de 1979 (fl. 14, cdno. 2).