Sentencia 1999-00435/28425 de marzo 25 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Exp.: 410012331000 199900435 01 (28425)

Consejero Ponente (E):

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Martha Cecilia Restrepo Velásquez y otros

Demandada: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 16 de abril de 2004, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, como quiera que la indemnización del perjuicio material para la menor Lina Marcela Ortiz Restrepo, se estimó en $ 102’657.800(17), mientras que el monto exigido en el año 1999 para que un procesoadelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia fue de $ 18’850.000 (Decreto 597 de 1988).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

La responsabilidad administrativa que se reclama en la demanda se deriva de las lesiones que las menores Lina Marcela Ortiz Restrepo y Yessika Julieth Ortiz Restrepo sufrieron, con ocasión del ataque guerrillero perpetrado en contra de la Estación de Policía del municipio de Saladoblanco, departamento del Huila, el día 25 de diciembre de 1998 y, comoquiera que la demanda se presentó el día 20 de abril de 1999, resulta evidente que se interpuso dentro del término previsto por la ley(18).

3. El objeto de la apelación.

Es preciso manifestar que el recurso de apelación formulado por la Nación ―Policía Nacional― se enderezó a cuestionar los fundamentos de su deber de responder por los perjuicios causados a la demandante como consecuencia del ataque guerrillero perpetrado en contra de la Estación de Policía del municipio de Saladoblanco el día 25 de diciembre de 1998, excluyéndose de la alzada cualquier cuestionamiento en contra de otro extremo de la litis.

Observa la Sala que la sentencia de primera instancia se abstuvo de analizar las pretensiones respecto de las menores Lina Marcela Ortiz Restrepo, Yessika Julieth Ortiz Restrepo y Paula Andrea Muñoz Restrepo, así como las relacionadas con el señor Luis Alberto Muñoz Barrera, con fundamento en que carecían de representación judicial, aspecto sobre el que no habrá pronunciamiento por no haber sido objeto del recurso.

Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(19).

Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá exclusivamente al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.

4. Las pruebas aportadas al expediente.

Obran en el expediente los siguientes elementos probatorios susceptibles de valoración:

En original o copia auténtica los siguientes documentos:

― Registro Civil de nacimiento de Lina Marcela Ortiz Restrepo, con el cual se establece que su madre es la señora Martha Cecilia Restrepo Velásquez(20).

― Informe de novedad por medio del cual el Departamento de Policía del Huila, informó acerca de las circunstancias que rodearon el ataque guerrillero perpetrado el 25 de diciembre de 1998 en contra de la Estación de Policía de Saladoblanco(21).

― Historia Clínica de la menor Lina Marcela Ortiz Restrepo, con la cual se establece que el 26 de diciembre de 1998 ingresó al Hospital Departamental de San Antonio - Pitalito - Huila. Según tal documento, la paciente presentaba herida de arma de fuego en miembros inferiores(22).

En copia simple:

― Historia clínica de la menor Yessika Julieth Ortiz Restrepo, con la cual se determina que el día 26 de diciembre de 1998 ingresó al Hospital Departamental de San Antonio - Pitalito - Huila, con heridas en rostro por esquirlas(23).

― Registro Civil de nacimiento de Yessika Julieth Restrepo, con el cual se establece que su madre es la señora Martha Cecilia Restrepo Velásquez(24).

Se recibieron las siguientes declaraciones testimoniales:

― De los señores Oscar Roberto Vargas Oviedo y César Augusto Muñoz Álvarez, quienes dijeron ser policías y estar presentes el día de los hechos en la Estación de Saladoblanco. Declararon acerca de lo que sucedió el 25 de diciembre de 1998(25).

Valor probatorio de los documentos aportados en copia simple:

En relación con el Registro Civil de nacimiento e Historia Clínica de Yessika Julieth Restrepo, documentos que fueron aportados al proceso en copia simple, cabe precisar que de conformidad con reciente pronunciamiento de unificación de la Sección Tercera de esta Corporación, es posible otorgar mérito demostrativo a tales probanzas, toda vez que respecto de las mismas se surtió el principio de contradicción en relación con la parte demandada(26).

En efecto, los documentos aportados en copia simple fueron allegados con la demanda sin que durante el transcurso del proceso, la entidad demandada se hubiere opuesto a que fueran tenidos como pruebas.

5. Caso concreto.

5.1. El daño.

De conformidad con la demanda, los daños cuya reparación se pretende consistieron en las lesiones que presuntamente las menores Lina Marcela Ortiz Restrepo y Yessika Julieth Ortiz Restrepo sufrieron, como consecuencia de la incursión guerrillera perpetrada en contra de la Estación de Policía de Saladoblanco, departamento del Huila, el día 25 de diciembre de 1998.

En lo que corresponde al caso de Lina Marcela Ortiz Restrepo, se allegó al proceso copia de su historia clínica en la cual se consignó que el día 26 de diciembre de 1998 ingresó al servicio de urgencias del Hospital Departamental San Antonio de Pitalito ―Huila― y presentaba heridas por arma de fuego en miembros inferiores. Así lo dice la historia clínica:

“26 12 98 8:00 A.M.

Paciente quien hace +/- 8 horas recibe múltiples heridas con arma de fuego a nivel de miembros inferiores con pérdida del conocimiento no se recuerda x cuanto tiempo.

(...)

1) Fx abierta pierna derecha.

2) Heridas muslo, glúteo y pierna izq”(27).

También obra en el proceso copia de la historia de clínica en relación a la atención brindada en el Hospital Central, con la cual se establece que a la menor Lina Marcela Ortiz Restrepo se le amputó su miembro inferior derecho, como consecuencia de las heridas por arma de fuego que había recibido. Estas son las notas médicas:

“Paciente con secuelas de herida X PAF en MID el que fue amputado a nivel supracondileo del fémur(28) (negrilla por la Sala).

Epicrisis

Fecha ingreso: 26-XII-98 Fecha egreso 18-01-99 Edad 13 años

Paciente remitida de Pitalito - Huila por presentar herida por arma de fuego MID, durante toma guerrillera fue atendida en centro de salud donde iniciaron reanimación, se remitió a Pitalito. (...) Trauma severo con compromiso vasculo-nervioso, osteomuscular y de tejido blando isquemia por lo cual se decidió amputada supracondilea por lo cual se realiza cirugía el 29 XII 98(29) (negrilla por la Sala).

Respecto a Yessika Julieth Ortiz Restrepo, se tiene que también ingresó el día 26 de diciembre de 1998 al servicio de urgencias del Hospital Departamental San Antonio de Pitalito ―Huila―, con heridas en su rostro por esquirlas. Así se recoge el hecho en su historia clínica:

Edad 5 años fecha y hora 26-12-98 7:55

Causa consulta: Esquirlas

Enfermedad actual: Paciente ingresa por presentar múltiples esquirlas en rostro, principalmente hemicara izquierda”(30) (negrilla por la Sala).

Dicho lo anterior, para la Sala es clara la existencia de los daños por cuya indemnización reclama la señora Martha Cecilia Velásquez Restrepo, razón por la cual es necesario establecer si son imputables a la entidad demandada.

5.2. La imputabilidad de la responsabilidad.

No hay duda en cuanto a que los daños por los cuales se reclama indemnización fueron producto del ataque guerrillero del que se viene hablando.

En efecto, el informe de novedades elaborado por la Policía del departamento del Huila, con respecto al ataque guerrillero del 25 de diciembre de 1998 en contra de la Estación de Policía de Saladoblanco, da cuenta de que la demandante Martha Cecilia Restrepo Velásquez y sus hijas Lina Marcela Ortiz Restrepo, Yessika Julieth Ortiz Restrepo y Paula Andrea Muñoz Restrepo, se encontraban al interior de esa edificación en el momento en que inició el combate. Así lo recoge ese documento:

“Respetuosamente me permito informar al señor Capitán los hechos sucedidos el día 251298 a las 21:30 aproximadamente, fuimos objeto del ataque subversivo por parte del XIII de las FARC.

A las 21:00 horas nos reunimos en la Estación para coordinar el plan hamaca para este día, ya que desde hace 8 días antes se tenía informaciones sobre una posible toma subversivas, el plan se llevaría a cabo a partir de las 22:00 horas porque todavía habían ciudadanos del municipio rondando las calles.

De lo anterior se había informado por escrito y verbalmente a los Comandos Superiores. Dentro de las instalaciones se encontraban 3 unidades de servicio Si Román García José Luis, (...) el Ag Grisales Masabel Luis Fernando (...) el PT Chavarro Cabrera Abraham (...) Los agentes Reales Amaranto William, Pulido Peralta Rubén, y Guzmán Beltrán Jorge se encontraban en sus residencias y en el momento del ataque nos encontrábamos 0-6-8 unidades. Igualmente se encontraba en la sala de televisión las esposas de los AG Muñoz Barrera Luis Alberto con sus tres niñasy la señora del PT Roa Bermúdez Sixto Alfonso las cuales estaban de visita por ser día de navidad y en ese momento se disponían a retirarse para la residencia ubicada en el parque principal del municipio. Se escucharon dos disparos de pistola y una detonación fuerte en el pieza del suscrito, anteriores disparos fueron hechos al centinela (...) nos estaban haciendo ráfagas y lanzando bombas desde la torre de la iglesia (...) comenzamos a repeler el ataque (...) terminando la incursión subversiva a las 2:30 aproximadamente, donde manifestaron no encartarse en cuidar heridos que no pertenecían a sus filas”(31) (negrilla por la Sala).

En el complemento del informe de novedades anteriormente referido, se consignó lo siguiente:

“Al término del tercer turno y al recibir el cuarto turno todo transcurría sin ninguna novedad en especial y en horas de la noche todavía había gente en las calles y en los establecimientos abiertos al público, para lo cual esa noche se realizó en la sala de televisión con todo el personal a eso de las 21:00 horas, con el fin de coordinar y ejecutar el plan hamaca y donde se acordó salir a las 22:00 horas por los motivos anteriores y por las medidas de seguridad y no ser detectados en el momento de salir de la Estación, lo anterior debido a las informaciones que se tenían de un posible ataque a la Estación de lo cual con anterioridad se le había informado al Comando de Distrito y quienes a su vez nos informaron que por la jurisdicción de Saladoblanco no había personal del Ejército y que debíamos tomar las medidas de seguridad.

(...).

Para el día 251298 todo transcurría normalmente y como se dijo anteriormente, se acordó la reunión para posteriormente salir a las 22 horas al citado plan hamaca. Como a las 21:30 horas aproximadamente fuimos objeto del ataque subversivo (...) y en el momento del ataque nos encontrábamos dentro de las instalaciones 0-6-8 unidades (...) igualmente se encontraban en la sala de televisión las esposas del señor AG Muñoz Barrera Luis Alberto, juntos con su tres hijas de las cuales las dos mayores salieron lesionadas(32) (negrilla por la Sala).

En cuanto a las declaraciones rendidas por los señores Oscar Roberto Vargas Oviedo y César Augusto Muñoz Álvarez, quienes dijeron ser policías y estar presentes en la Estación de Saladoblanco el día de los hechos, se tiene que su dicho resulta acorde con el informe de novedades que viene de verse, toda vez que son contestes en señalar que para el momento en que inició el ataque a eso de las 21:30 horas, en la sala de televisión de la estación se encontraban la ahora demandante la señora Martha Cecilia Restrepo Velásquez y sus hijas Lina Marcela Ortiz Restrepo y Yessika Julieth Ortiz Restrepo quienes resultaron heridas.

Así, por ejemplo, lo dijo el policía Oscar Roberto Vargas Oviedo:

“Eso fue el día 25 de diciembre de 1998 aproximadamente a eso de las nueve y treinta de la noche (...)También resultaron heridas las hijas del agente de policía Luis Alberto Muñoz Barrera una de las menores la de cinco años recibió heridas de esquirlas en la cara no sé el nombre de ella, eso fue lo que noté a primera vista; la mayor de las niñas de aproximadamente trece años de edad había recibido herida en una de sus piernas, la cual posteriormente le fue amputada, es de aclarar que las niñas se encontraban en el cuartel de policía en compañía de su madre que desconozco el nombre, ellas estaban ahí viendo televisión en el cuartel, luego del asalto fueron atendidas en el hospital del municipio y remitidas a Neiva”(33).

Del análisis del material probatorio anteriormente reseñado, la Sala no tiene duda en cuanto a que las heridas que sufrieron las menores Lina Marcela Ortiz Restrepo y Yessika Julieth Ortiz Restrepo fueron producto del ataque guerrillero perpetrado el 25 de diciembre de 1998 en contra de la Estación de Policía de Saladoblanco, en momentos en que se encontraban en el interior de dicha Estación.

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de la Nación ―Policía Nacional― por los perjuicios derivados de las lesiones sufridas por las menores, la prueba recaudada permite establecer lo siguiente:

Tal y como se desprende del informe de novedades anteriormente transcrito, los policías acantonados en la Estación de Saladoblanco tenían información de que era inminente un ataque guerrillero en su contra, razón por la cual el día de los hechos tenían programado llevar a cabo a las 22:00 horas, “el plan hamaca” con la finalidad de estar preparados ante una incursión armada.

De igual manera, no hay duda en cuanto a que en el momento en que inició al ataque guerrillero a eso de las 9:30 P.M. del 25 de diciembre de 1998, la señora Martha Cecilia Restrepo Velásquez en compañía de sus tres hijas se encontraban al interior de la Estación de Policía, de las cuales Lina Marcela Ortiz Restrepo y Yessika Julieth Ortiz Restrepo fueron las que resultaron con heridas.

De conformidad con lo probado en el proceso, la Sala concluye que la Policía Nacional fue irresponsable y negligente al permitir que personas ajenas a su personal, entre quienes se encontraban 3 niñas, estuvieran presentes en la Estación de Policía de Saladoblanco a altas horas de la noche, momento en que era alta la probabilidad de que se concretara la amenaza que para ese día había de un ataque guerrillero, puesto que puso en riesgo la integridad física y la vida de civiles ajenos a la actividad policial.

El hecho de que la entidad demandada hubiera permitido el ingreso y permanencia de las menores Lina Marcela Ortiz Restrepo, Yessika Julieth Ortiz Restrepo y Paula Andrea Muñoz Restrepo a la Estación de Policía de Saladoblanco con los resultados ya vistos, se constituye en un incumplimiento de las normas nacionales e internacionales que propenden por la garantía de los derechos del niño, como sujetos de especial protección por parte del ordenamiento jurídico.

Debe tenerse en cuenta que los niños y niñas gozan de los mismos derechos que los demás seres humanos, pero su protección es prevalente en relación con el restante conglomerado social y cobija al infante desde el momento de su concepción hasta que adquiere la mayoría de edad.

La especial protección de que son sujetos los niños, las niñas y los adolescentes tiene rango constitucional por cuanto así lo señala el inciso tercero del artículo 44 de la Constitución Política:

“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Así mismo el artículo cuarto del Código del Menor ―Decreto 2737 de 1989―, vigente para la época de los hechos, que a su vez es la reproducción del artículo 6º de la Convención Sobre los Derechos del Niño ratificada por Colombia(34), consagraba como una obligación del Estado, garantizar la vida de todos los menores en los siguientes términos:

“ART. 4º―Todo menor tiene el derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado garantizar su supervivencia y desarrollo”.

Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los menores como sujetos de especial protección en los siguientes términos:

“Los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes gozan de una especial protección tanto en el ámbito internacional como en nuestro Estado Social de Derecho. Ello, dada la situación de indefensión, vulnerabilidad y debilidad de esta población y la necesidad de garantizar un desarrollo armónico e integral de la misma. Los niños, en virtud de su falta de madurez física y mental ―que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos―, necesitan protección y cuidados especiales, tanto en términos materiales, psicológicos y afectivos, como en términos jurídicos, para garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para convertirse en miembros autónomos de la sociedad. Atendiendo esta norma básica contenida en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, exige la obligación de prodigar una especial protección a aquellos grupos sociales cuya debilidad sea manifiesta, destacándose entre estos grupos la especial protección de los niños, la cual es prevalente inclusive en relación con los demás grupos sociales”(35) (negrilla por la Sala).

Visto lo anterior, la Sala concluye que tanto a la familia, el Estado y a la sociedad en general, les corresponde adoptar medidas que garanticen en todo momento la vida y demás derechos que por su condición de debilidad, le son inherentes a los niños.

Salta a la vista que la inmadurez física y mental de los menores es el fundamento sobre el cual se edifican los deberes en cabeza de la familia, el Estado y la sociedad en general encaminados a salvaguardar la integridad psicofísica de los infantes, en tanto estos dada su corta edad, no están en la capacidad de analizar con suficiente prudencia las diferentes situaciones en que se pueden ver inmersos y de las cuales podrían derivarse peligros que atenten contra su existencia.

Es así como una de las maneras como la familia, el Estado y la sociedad en general concretan su deber de cuidado respecto de los niños, es mediante la identificación y anticipación de los riesgos que puedan generarles algún daño, con la finalidad de evitar que los menores sean víctimas de los peligros que los rodean.

En ese sentido y descendiendo al caso concreto, lo cierto es que lo que les ocurrió el día de los hechos a las menores Lina Marcela Ortiz Restrepo y Yessika Julieth Ortiz Restrepo, es la consecuencia de la omisión del deber de cuidado y protección que el Estado ―en este caso la Policía Nacional― tenía respecto de las mencionadas niñas para garantizarles su integridad, toda vez que la entidad demandada no previó un riesgo que estaba en la condición de anticipar, en tanto que permitió su estancia en la Estación aun cuando era inminente el ataque guerrillero con los resultados ya vistos.

Como consecuencia de todo lo dicho, se deduce que la omisión en que incurrió la entidad demandada el día de los hechos, fue la causa para que las menores Lina Marcela Ortiz Restrepo y Yessika Julieth Ortiz Restrepo, resultaran con la amputación de una de sus piernas y con heridas en rostro por esquirlas, de ahí que se imponga declarar la responsabilidad del Estado por las lesiones sufridas por cada una de ellas.

Ahora bien, también resultó irresponsable el actuar de su madre, la ahora demandante la señora Martha Cecilia Restrepo Velásquez, quien colocó a sus hijas en situación de riesgo que se concretó con el ataque guerrillero, al permitir que estuvieran en el interior de una estación de policía a altas horas de la noche y que si bien no tenía por qué saber de la inminencia de la incursión subversiva, en tanto es una persona ajena a la actividad policial, su condición de madre le exigía en todo momento no exponer a sus hijas a situaciones que per se representan un peligro para los menores de edad y a la población civil en general, pues se trataba de un establecimiento que por su naturaleza le son inherentes diversos riesgos derivados del manejo de las armas de fuego y de su servicio, cual es procurar la seguridad y el mantenimiento del orden público.

Se sigue de lo que viene de verse, que no prospera el hecho de tercero como causal eximente de responsabilidad formulado por la entidad demandada y que tuvo como fundamento que la guerrilla fue quien lesionó a Lina Marcela Ortiz Restrepo y Yessika Julieth Ortiz Restrepo, como quiera que fue la omisión del deber de cuidado en cabeza de la entidad demandada y la madre de las menores de edad, lo que determinó que estas resultaran lesionadas el día del ataque guerrillero, pues era de esperarse que quienes estuvieran al interior de la Estación de Policía de Saladoblanco en ese momento, sufrieran algún tipo de herida o si no, la muerte.

En ese sentido, toda vez que las lesiones que padecieron las menores Lina Marcela Ortiz Restrepo y Yessika Julieth Ortiz Restrepo son atribuibles tanto a la omisión en el deber de cuidado y protección en que incurrió la entidad demandada como su mamá, se impone confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 16 de abril de 2004 por el Tribunal Administrativo del Huila, quien declaró la responsabilidad de la entidad demandada y dispuso la reducción de la condena impuesta en un 50% debido a la participación de la demandante en la causación de las heridas sufridas por sus hijas.

6. Acerca de la actualización de la condena.

De conformidad con la parte resolutiva de la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo del Huila reconoció a la señora Martha Cecilia Restrepo Velásquez la suma de $ 17’900.000, por concepto de indemnización de perjuicios morales, sin embargo, lo cierto es que en la parte considerativa de dicho fallo, se señala que ese valor corresponde a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2004(36).

Así las cosas, no resulta procedente actualizar la suma de $ 17’900.000, toda vez que la condena está expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes.

7. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida el 16 de abril de 2004 por el Tribunal Administrativo del Huila y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional -, por los perjuicios causados a la señora Martha Cecilia Restrepo Velásquez, como consecuencia del ataque guerrillero perpetrado en contra de la Estación de Policía de Saladoblanco, departamento del Huila, el día 25 de diciembre de 1998.

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional-, a pagar a la señora Martha Cecilia Restrepo Velásquez, indemnización por concepto de perjuicios morales, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. SIN condena en costas.

7. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

17 Fl. 11, cdno. ppal.

18 Fl. 25, cdno. ppal.

19 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

20 Fl. 31, cdno. ppal.

21 Fls. 80-83, cdno. ppal.

22 Fls. 34-36 y 85-127, cdno. ppal.

23 Fl 36, cdno. ppal.

24 Fl. 30, cdno. ppal.

25 Fls. 218 y 300, cdno. ppal.

26 Sección Tercera-Sala Plena. C.P. Enrique Gil Botero. 28 de agosto de 2013. Rad.: 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), actor: Rubén Darío Silva Alzate, demandado: Nación ―Fiscalía General de la Nación―.

27 Fls. 34-35, cdno. ppal.

28 Fl. 87, cdno. ppal.

29 Fl. 86, cdno. ppal.

30 Fl. 36, cdno. ppal.

31 Fls. 80-81, cdno. ppal.

32 Fls. 82-83, cdno. ppal.

33 Fls. 218, cdno. ppal.

34 La ratificación se llevó a cabo a través de la Ley 12 de 1991 “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989”. Artículo 6º: “1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño” (negrilla por la Sala).

35 Sent. T 260/2012.

36 Así dice la sentencia de primera instancia: “Como consecuencia de las heridas sufridas por las dos hijas menores de edad de la actora, Lina Marcela y Yessica Julieth Ortiz Restrepo, y reconociendo la concurrencia de culpas en un cincuenta por ciento (50%) se le reconocen a la demandante cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes como perjuicios morales”.