Sentencia 1999-00442 de julio 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 180012331000199900442 01 (26010)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Yanith Arteaga Vargas

Demandado: Municipio de Belén de los Andaquíes

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que negó las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por esta corporación.

1.2. Legitimación en la causa.

Las declaraciones de las señoras Beatriz Charo Jiménez e Ismania Cuellar Murcia, recepcionadas dentro del proceso acreditan el interés de la demandante Yanith Arteaga Vargas, pues dan cuenta de su condición de compañera permanente de Juan Carlos Rojas Gutiérrez; quien falleció el 9 de septiembre de 1999 a causa de un accidente en el que el vehículo en el que se transportaba colisionó en una vía en la que se estaban ejecutando unos trabajos, por parte del municipio de Belén de los Andaquíes (fls. 179 a 180, cdno. 2).

1.3. Caducidad.

Se observa que la demanda se presentó dentro del término establecido en el artículo 136 del Decreto 1 de 1984(2), pues los hechos ocurrieron el 27 de agosto de 1999 y la presentación data del 12 de noviembre siguiente.

2. Problema jurídico.

De acuerdo con los hechos de la demanda y los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar la ocurrencia del daño alegado y así mismo establecer si resulta imputable al municipio de Belén de los Andaquíes, como resultado del accidente de tránsito ocasionado por la colisión de una motocicleta particular, contra un montículo de asfalto colocado en la vía que de la cabecera del municipio conduce a Puerto Torres o, si la entidad debe ser exonerada por el hecho de la víctima y del tercero conductor del vehículo, como lo plantea la parte pasiva y lo resolvió el a quo.

3. Cuestión previa.

La valoración de pruebas trasladadas en nuestro ordenamiento se encuentra regida por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:

“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”.

En los términos de la norma, solo las pruebas que cumplan con los requisitos prescritos podrán ser valoradas sin más formalidades. Particularmente se advierte que, las piezas procesales correspondientes a la investigación disciplinaria adelantadas por los hechos objeto del presente proceso serán valoradas, en la medida en que así el traslado solo haya sido solicitado por la parte demandante, lo cierto es que las mismas se recaudaron con participación de la demandada, de modo que pudo contradecirlas comoquiera que el disciplinario fue adelantado por la personería municipal de Belén de los Andaquíes contra la administración municipal - Secretaría de Obras Públicas. Aunado a lo anterior, los documentos trasladados no fueron tachados de falsos y las partes no solicitaron su ratificación.

Ahora bien, respecto del proceso penal, la Sala advierte que será objeto de valoración dentro de la presente providencia, comoquiera que satisface los requisitos establecidos en la norma citada en precedencia, pues i) la allegó la fiscalía en copia auténtica, atendiendo la solicitud de la parte demandante previamente decretada por el a quo, ii) el tribunal ordenó tenerlas como tal y correr el traslado, para efectos de que se ejerciera el derecho de contradicción.

En lo que hace referencia a las declaraciones espontáneas rendidas por el alcalde y el secretario de gobierno de la época, dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del municipio demandado, la Sala advierte que las mismas serán valoradas pero no como prueba testimonial, sino como una declaración de parte, pues al concurrir el municipio de Belén de los Andaquíes dentro del presente proceso en calidad de parte demandada, los dichos de sus representantes deberán analizarse y valorarse como declaraciones, siempre que con ellas se produzca una confesión(3).

De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos:

3.1. Hechos probados.

3.1.1. El 27 de agosto de 1999, el señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez sufrió un accidente, al colisionar la motocicleta en la que viajaba con un montículo de asfalto colocado sobre la vía que de la cabecera de Belén de Andaquíes conduce a Puerto Torres. En razón del accidente, la víctima fue llevada al Hospital Local San Roque de Belén. Dice así la nota de ingreso:

“Causa básica que origina la atención:

Trauma craneoencefálico

Anamnesis: Antecedentes específicos relacionados con esta urgencia (...). Paciente de 30 años que yendo en moto vía a la (ilegible) se estrelló contra un montón de asfalto y se cayó y la moto la (ilegible) recibiendo el golpe en el cráneo región occipital y al parecer se fracturó”.

Para luego ser remitido al Hospital María Inmaculada de Florencia con la siguiente solicitud (fl. 25, cdno. 2)(4):

“Paciente de 30 años que yendo en moto a (ilegible) Pto. Torres en la moto se estrelló contra un montón de asfalto que estaba en la carretera y la moto se golpeó recibiendo el golpe en el cráneo (ilegible) y al parecer hay fractura (ilegible).

Examen físico

Cráneo lesión en región occipital al parecer fractura.

Paciente inconsciente en regulares condiciones generales.

Cráneo lesión en región occipital al parecer fractura.

(ilegible).

Fuerza (+++)”.

Recibido en el Hospital María Inmaculada, se anotó en la historia clínica de urgencias(5) (fls. 12 a 13, cdno. 2):

“Paciente remitido de Belén por haber sufrido un accidente de tránsito el cual le ocasionó trauma cráneo encefálico (...).

Estado mental - anormal: Hallazgos: Responde a estimulo doloroso, con (ilegible) Glasgow 7/15. Aliento alcohólico.

Cabeza y órganos de los sentidos: anormal: Hallazgos: presenta (ilegible) con midiaris izq.

Cuello y tórax: Normal - anormal. Hallazgos: laceración en tórax posterior.

Cardio-respiratorio: Normal.

Abdomen y genitourinario. Anormal. Hallazgos: Difícil valoración por estado del paciente.

Extremidades y Osteoarticular: Anormal. Hallazgos: Presenta edema de brazo izquierdo.

Neurológico: Normal - Anormal. Hallazgos: (Ilegible).

Impresión diagnóstica:

1. TCE moderado.

2. Intoxicación alcohólica.

3. TX húmero izq.?”.

3.1.2. El día 6 de septiembre de 1999, luego de estar sometido al tratamiento requerido, los familiares manifestaron su deseo de retirar al paciente, no obstante la gravedad de la situación y el riesgo de morbimortalidad (fl. 24, cdno. 2). En la historia clínica textualmente se indicó:

“06 09 99. 17:00 Se ha conversado insistentemente con familiares. A pesar de su condición clínica ha habido regresión en nivel de conciencia y general. Se explica (ilegible) grave riesgo de morbimortalidad (ilegible), alto riesgo de morir. Se plantea incluso remisión.

Sus familiares deciden alta por retiro voluntario nuevamente y firman”.

3.1.3. El 9 de septiembre de 1999, el señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez falleció, según da cuenta el certificado de defunción 3469639 de 13 de septiembre de 1999 allegado en copia auténtica (fl. 8, cdno. 4), así como el protocolo de necropsia 219 de 10 de septiembre de 1999, expedido por la sección de patología forense-Regional Sur Oriente-Florencia Caquetá en el que se concluyó:

“Hombre adulto, quien fallece por hipertensión endocraneana debido a trauma craneoencefálico severo (ver resumen historia clínica).

Historia clínica 90722 del Hospital Regional María Inmaculada: Nombre: Juan Carlos Rojas Gutiérrez. Edad: 31 años. Fecha de ingreso: 28-08-99. Fecha de egreso: 06-09-99. Remitido de Belén por haber sufrido accidente de tránsito. Examen físico: responde a estímulos dolorosos, Glasglow 7/15, aliento alcohólico, anisocórica con midriasis izquierda, laceraciones en tórax posterior. DX: Trauma cranoencefálico. Fractura húmero izquierdo? 29-08-99. Neurocirugía: hallazgos del TAC: 1. Contusiones hemorrágicas intracerebrales. 2. Alteración de cisternas basales. 3. Surcos de convexidad borrados. 4. Hemorragia intraventricular. 31-08-99: Paciente con TCE y fractura húmero proximal izquierdo con luxación; agitado inconsciente. 06-09-99. Se le ha explicado a los familiares los problemas de salida con acta voluntaria. 06-09-99. Ha habido regresión a nivel de conciencia general, se explica el riesgo de morbimortalidad, de sacarlo del hospital, se plantea posible remisión, los familiares se lo llevan con acta voluntaria”.

3.1.4. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses regional Sur-Seccional Caquetá realizó, a partir de la revisión exhaustiva de la historia clínica del señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez, un dictamen pericial para dar respuesta a dos cuestionamientos formulados por el a quo: “1. Si las condiciones de salud que presentaba el señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez para el día 29 de agosto de 1999, permitían su recuperación de haber sido tratado médicamente. 2. Si las lesiones sufridas por dicha persona y a que hace referencia la historia clínica, implicaban de manera irremediable su muerte”... Mediante oficio de 17 de diciembre de 2001, suscrito por el director seccional encargado, doctor Aníbal Silva Montealegre se dio respuesta en los siguientes términos:

“1. Para la fecha específica (29.08.99) las condiciones generales del señor Rojas Gutiérrez, anotadas en la citada historia clínica, eran ‘alto riesgo de muerte y pésimo pronóstico funcional, ..., Glasgow 5/15’, pero los datos de los días subsiguientes, a partir del 3008.99 revelan una mejoría progresiva de su estado de conciencia y hemodinámica hasta el 06.09.99, en que se da de alta por retiro voluntario, que muy posiblemente de haber continuado en esta tónica de recuperación y con tratamiento médico le habrían permitido evolucionar satisfactoriamente.

2. No. La literatura anotada, refiere que las puntuaciones Glasgow de 3 o 4 presentan un 85% de probabilidades de fallecer en las primeras 24 horas post trauma. No obstante, (y parece ser el caso en mención) sobreviven algunos pacientes con un pronóstico inicial desfavorable, lo que sugiere que está justificado un tratamiento agresivo en la práctica totalidad de los casos”.

3.1.5. En razón de la muerte del compañero de la actora, la fiscalía catorce delegada ante el juzgado promiscuo del circuito adelantó investigación penal en contra del conductor de la motocicleta Germán Córdoba Anacona, por el delito de homicidio en accidente de tránsito, sin que se conozca su desenlace, pues las pruebas remitidas refirieron únicamente la orden de captura para rendir indagatoria.

3.1.6. Los contratos(6) de obra pública 15 de 1998, los de transporte de asfalto, los de alquiler de rodillo, etc., dan cuenta de las obras de pavimentación que realizaba el municipio demandado en la vía que conduce a Puerto Torres desde Belén de Andaquíes. En efecto, obra dentro del expediente copia del informe final de interventoría de la “pavimentación del carreteable San Juan-La Mono del municipio de Belén de los Andaquíes” el cual da cuenta de que, a 21 de septiembre de 1999, el contrato de obra suscrito por la administración municipal para la pavimentación de la vía se encontraba en ejecución.

3.1.7. Con ocasión de los hechos objeto de la presente demanda, la personería municipal adelantó investigación preliminar en contra de la administración municipal (fls. 78 a 167, cdno. 2)(7), que terminó archivada(8). Al respecto se indicó:

“Respecto de la responsabilidad que la quejosa quiere endilgar a la administración municipal-Secretaría de obras públicas municipales no encuentra esta personería ningún nexo de causalidad ente la presunta imprudencia del hoy occiso Juan Carlos Rojas Gutiérrez al transportarse en una motocicleta muy seguramente en estado de embriaguez y los trabajos realizados por los obreros operarios y funcionarios de obras públicas municipales”.

3.2. Pruebas testimoniales.

Comparecieron a la investigación disciplinaria, en calidad de testigos, los señores Jorge Erley Núñez Samboni, Arbenis Martínez Molina y Germán Córdoba Anacona. Manifestaron los antes nombrados, en relación con los hechos de la presente demanda que la vía no contaba con señalización que diera cuenta de la presencia del obstáculo con el que colisionó la motocicleta, en la que se transportaba el compañero de la actora y, que en adición, el conductor no advirtió su presencia por cuanto en horas de la mañana la vía se encontraba libre. De la misma manera comparecieron para rendir diligencia de exposición espontánea el alcalde del municipio y el secretario de obras públicas, quienes a tiempo de insistir en las señales coincidieron en señalar la ingesta de alcohol por parte de la víctima.

3.2.1. El señor Jorge Erley Núñez Zamboni, amigo del occiso, quien horas antes del accidente estuvo reunido con la víctima y viajaba hacia el mismo destino en otra motocicleta, manifestó (fl. 96, cdno. 2):

“Preguntado: ¿Sírvase decirle al despacho si usted el 27 de agosto de 1999 hacia las 11:00 p.m., sufrió un accidente de tránsito en una motocicleta en la vía que de Belén de los Andaquíes conduce a Puerto Torres? Contestó: a esa hora aproximadamente me encontraba en el sitio de los hechos, ya que nosotros con Albeiro Molina, también fuimos accidentados en ese mismo sitio.

Preguntado: ¿Sírvase decirle al despacho si usted el 27 de agosto de 1999 a las 11:00 p.m., sufrió un accidente de tránsito en una motocicleta en la vía que de Belén de los Andaquíes conduce a Puerto Torres? En caso afirmativo haga una exposición breve respecto de los hechos ocurridos en la fecha ya señalados indicando si iba solo o acompañado. Contestó: Nosotros llegamos de Florencia a las 5 de la tarde, estuvimos tomándonos unas cervezas en los puestos de la galería y después nos abrimos ellos se quedaron y (sic) en la galería y yo y Albeiro, luego Albeiro salió a hacer una vuelta y yo lo esperé para luego irnos para Puerto Torres como a eso de las diez y media salimos todos o sea Juan Carlos Rojas, Germán, Albeiro y yo, pues Juan Carlos y Germán, salieron adelante de nosotros, pues cuando nosotros pasamos por la mañana no había ningún asfalto en la carretera, pues ese asfalto lo hecharon (sic) seguro en horas de la tarde. motivo (sic) por el cual nosotros nos accidentamos porque como lo dije antes en la carretera no había asfalto y como viajamos en horas de la noche y no se encontraba ninguna señalización en la vía. Cuando yo me accidenté con Albeiro, los otros dos ya se habían accidentado y estaban quejandosen (sic) en el suelo y como a mí no me pasó prácticamente nada me devolví con Molina en la moto donde iba Juan Carlos ya que la que yo conducía se me inundó, a avisarle a Jaime Carbayo para que los recogiera a Juan Carlos y a Germán para trasladarlos al hospital de este municipio (...).

Preguntado: Sírvase decirle al despacho si tiene usted conocimiento que los señores Juan Carlos Gutiérrez y Germán Córdona Anacona la noche del 27 de agosto conducían en estado de embriaguez la motocicleta en la que se accidentaron. Contestó: La verdad yo creo que no porque ellos no tuvieron tiempo de tomar tantas cervezas ya que todos salimos juntos para Puerto Torres, y en ningún momento los vi borrachos, lo que sí puedo afirmar es que el señor Juan Carlos no tomó cerveza y menos aguardiente pues él tomó fue gaseosa (...).

Nosotros sí abíamos (sic) tomado, pero borrachos no estábamos.

Preguntado: ¿Había observado usted con anterioridad a la noche del 27 de agosto del /99 que se estaban realizando trabajos en la vía que de Belén conduce a Puerto Torres y que había volquetadas de asfalto en la vía listas para ser regadas en la vía? En caso afirmativo desde cuando? Contestó: sí observé que se estaba realizando ese trabajo en esa vía, pero ese día que viajé en compañía con Albeiro o sea quien conducía la motocicleta no había ninguna volquetada de asfalto para regar en la vía antes mencionada pues yo creo que ese día en horas de la tarde fue que descargaron ese asfalto y como lo dije anteriormente no colocaron ninguna señalización (...).

Yo creo y aseguro que ese accidente se debió a la descargada de asfalto en la vía y no haberle puesto ninguna señalización a las volquetadas de asfalto que quedaron amontonadas”.

Dicho testigo también rindió declaración ante la Fiscalía General, dentro del proceso penal que se adelantó en contra del señor Germán Córdoba Anacona por el delito de homicidio culposo. En ese testimonio el señor Núñez coincidió con lo expuesto ante la personería municipal, en el proceso disciplinario, salvo en lo relacionado con la ingesta de bebidas alcohólicas por parte de la víctima. Al respecto manifestó (fls. 208 a 209, cdno. 2):

“Preguntado: ¿Cómo era el estado anímico de German Córdoba Anacona, el día de los hechos, como de Juan Carlos Rojas Gutiérrez? Contestó: ellos sí se habían tomado unas cervecitas pero no iban bien mareados, el neme lo había echado en toda una vuelta, o sea curva (...)”.

3.2.2. También el señor Arbenis Martínez Molina, quien se transportaba en otra motocicleta con el señor Jorge Núñez y según su declaración también se accidentó como Juan Carlos Rojas y Germán Córdoba por la presencia de unas volquetadas de asfalto sin señalización, en la vía que del municipio de Belén conduce a Puerto Torres, sostuvo (fl. 97, cdno. 2).

“Sí sufrí un accidente el día 27 de agosto de 1999 a eso de las 11 de la noche aproximadamente, y a eso de las 10 y media de la noche del 27 de agosto de 1999 me dirigí a Puerto Torres en compañía del señor Jorge Arley (sic) Núñez y en la carretera en la vía a Puerto Torres o sea después del basurero de este municipio como a 500 metros aproximadamente, y en una media vuelta habían (sic) dos volquetadas de asfalto amontonadas listas para ser regadas y como cuando nosotros pasamos por allí en horas de la mañana no había nada en la vía y cuando regresamos ya estaban las volquetadas de asfalto en la mencionada vía, motivo por el cual nos caímos y nos estropiamos (sic) pues yo me golpíe (sic) una mano o sea la mano izquierda una de las rodillas tronchadas y otros raspones, pues el golpe en la cabeza fue fuerte, ya que el casco se me rajó, pero afortunadamente no me pasó gran cosa, pues cuando me paré escuché que se quejaba alguien y era el señor Germán Córdoba y el señor Juan Carlos estaba inconciente (sic) tirado en el suelo y entonces nosotros con Jorge Arley el (sic) cual no le pasó nada nos vinimos a avisar y a llevar un carro para traerlos al hospital de este municipio (...).

No miré ninguna clase de señales por eso nos accidentamos (...).

De verdad no creo que estuvieran en estado de embriaguez puesto que en horas de la tarde cuando nos encontramos en la galería de ese municipio, solo nos tomamos unas cervezas como para la sed y luego como yo tenía que hacer unas vueltas me fui o sea nos abrimos y cuando ya nos íbamos a regresar nos encontramos otra vez con ellos pero en ningún momento los observé es estado de embriaguez (...).

Preguntado: ¿A qué cree usted que se debió el accidente en que presuntamente perdió la vida el señor Juan Carlos Rojas Gutierrez? Contestó: Yo creo y casi puedo afirmar que el accidente se debió a los montones de asfalto que se encontraban en la carretera lo mismo a la falta de señalización (...)”.

Al igual que Jorge Erley Núñez este testigo también rindió declaración en la investigación penal, reiterando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos y la ingesta de alcohol (fls. 206 a 207, cdno. 2).

3.2.3. En el curso de la investigación disciplinaria, el conductor de la motocicleta en la que se transportaba la víctima, expuso que las volquetadas de asfalto contra las que colisionó el 27 de agosto de 1999 estaban ubicadas en una curva de la vía sin ninguna señalización (fl. 110, cdno. 2).

Textualmente manifestó:

“Sí sufrí un accidente ese día del 27 de agosto de 1999, pues como a las diez o diez y media de la mañana nos vinimos de Puerto Torres con el señor Juan Carlos Rojas y cuando pasamos por la vía sí estaban trabajando personal del municipio de Belén, pero no habían descargado materiales algunos en la vía y cuando nos regresamos en horas de la noche ya estaban unas volquetadas de asfalto en la vía las cuales nos hicieron accidentar ya que estaban en una pequeña vuelta y seguidas y sin ninguna señalización (...).

En ningún momento estábamos en estado de embriaguez, menos el señor Juan Carlos el cual no se había tomado ni una sola cerveza y yo solo me tomé una cerveza y eso porque en la galería nos encontramos con los señores Jorge Arley y Arbenis quienes sí venían tomados a los cuales el finado les recibió una gaseosa y yo una cerveza, por eso afirmo que nosotros no nos encontrábamos en estado de embriaguez (...).

La causa del accidente se debió a las volquetadas de asfalto que habían descargado en la vía y por falta de una señalización fue que sucedió el accidente y lo mismo la muerte del señor Juan Carlos se debió al mismo accidente.

Preguntado: ¿Manifieste al despacho quién conducía la moto en la que viajaba el señor Juan Carlos Rojas? Contestó: Yo Germán Córdoba Anacona (...)”.

3.2.4. Los señores Arcesio Rojas Villa, Ricardo Medina Trujillo y Javier Mendoza Rojas, funcionarios adscritos a la Alcaldía de Belén de los Andaquíes, coincidieron en manifestar que en la vía se instalaban cintas amarillas o fluorescentes. Uno de ellos indicó que en adición se colocaron ramas y otro refirió que también la señal que da cuenta de hombre trabajando fue colocada en el lugar.

3.2.5. El alcalde del municipio, señor Luis Antonio Ruiz Ciceri, en diligencia de exposición espontánea, rendida dentro del proceso disciplinario, adelantado por el personero en relación con las señales preventivas sostuvo (fl. 99, cdno. 2)(9):

“cuando se tenía decuada (sic) la carretera conformada lista para llevar el asfalto, el asfalto que se transportaba la sitio ese mismo día se regaba muy rara vez se dejaba asfalto en la carretera de un día para otro. Pero sí se colocaban señales con ramas de árboles cuando se requería.

Preguntado: ¿En algún momento se le informó respecto de este accidente? Contestó: siempre la administración cuando hace una obra directamente siempre coloca la señalización respectiva, pues nos enteramos por comentarios.

Preguntado: ¿Cree usted que el accidente fue responsabilidad de quienes realizaban los trabajos en la vía al no señalizar el sitio de la obra? Contestó: en el estado de embriaguez en el que se desplazó con señales o sin señales se había podido accidentar en esa vía o en otra, yo sí creo que el origen del accidente fue el alcohol que dicho señor había ingerido”.

3.2.6. Por su parte el secretario de obras públicas señor Wilson José Sabi Arguello, en diligencia en exposición espontánea indicó que en la vía se instalaron cintas amarillas y la que indica la presencia de obreros en la vía. Afirmó que, inclusive al percatarse de la existencia del material sobre la vía, instalaron ramas para alertar a los conductores que circulaban por la misma.

Textualmente manifestó (fl. 111, cdno. 2):

“En el sitio donde se descargaba el asfalto siempre se mantuvo la señalización respectivo (sic) como avisos obreros en la vía y señalización con cinta que utilizamos especialmente en cualquier obra que estamos ejecutando (...).

Sí, quiero dejar en claro que el día del accidente siendo más o menos las tres de la tarde retiré la maquinaria del sitio de trabajo y acompañado de la ingeniera Ángela Ballén y el señor Oscar Zamudio, Luis General Henao y los conductores de la motoniveladora y el bribocón pactador(sic) nos dirigimos hacia el portal la mono a ejecutar otro trabajo sin que en ese momento quedara en la vía descargado ningún viaje de asfalto ni obstáculo alguno, ya como a eso de las 8 o 9 de la noche regresamos nuevamente con la maquinaria al sitio de donde la había retirado, las ubicamos en el sitio respectivo observando que luego de nosotros habernos retirado de allí esa tarde, había descargado una volqueta asfalto sin yo tener conocimiento cuál hubiera sido quién descargó ese material, luego de ello y haber ubicado la maquinaria en su sitio procedimos a ubicar la señalización correspondiente e inclusive le colocamos unas ramas y luego nos desplazamos a nuestras residencias y al día siguiente sí me di cuenta que había ocurrido un accidente porque habían unos vidrios en ese sitio”.

Esta persona fue escuchada dentro del proceso contencioso administrativo en diligencia de testimonio en la que textualmente manifestó (fls. 8 a 9, cdno. 3)(10):

“[c]uando regresados de los caseríos ya indicados observé que habían descargado unos viajes de asfalto en la vía a lo cual antes de regresarnos a este municipio procedí en mi condición de secretario de obras y en asocio de los acompañantes a colocar unas señalizaciones al viaje que habían descargado para evitar cualquier inconveniente.

Preguntado: ¿Díganos qué tipos de obra realizaba el municipio de Belén el día 27 de agosto de 1999 de la vía Belén a Puerto Torres, si estas obras eran contratadas con algún ingeniero o lo hacía la alcaldía directamente? Contestó: Por la fecha que se me pregunta la administración municipal en cabeza de la secretaría de obras públicas estaba realizando la pavimentación de más o menos dos kilómetros en la vía que del cruce al galán conduce a la hacienda San Julián, esas obras las hacía directamente la alcaldía con maquinaria alquilada (...), el material asfáltico lo transportaban volquetas particulares también alquiladas por la administración municipal (...).

Siempre acostumbro sinta (sic) para señalización la cual coloco a una distancia de 12 a 15 metros antes del obstáculo que se pueda localizar en la vía, esa vía tiene una anchura de 8 mtrs (...).

Como de costumbre los viajes de asfalto que las volquetas (sic) transportan siempre se descargan al lado derecho de la vía el cual o los cuales al ser descargados quedan ocupando un carril porque para mi concepto la vía que estamos confirmando es de doble vía (...).

En ningún momento, el señor conductor de la motocicleta o cualquier vehículo que pasara por ahí tenía que hacer ningún desvío o andar en contravía aclarando que sí tenía que pasar por la izquierda (...)”.

3.2.7. También se recepcionó el testimonio del señor Noé Flores Peralta, dentro el presente proceso, quien sobre las condiciones de la vía por la ejecución de la obra manifestó (fl. 9 vto. a 10 vto., cdno. 3):

“En los días en que estaban asfaltando la vía eso era por la vía a la Mono, regaban el asfalto pero siempre quedaba paso para los carros, no se la fecha yo pasé con mi hijo Wladimir (sic) pasamos en la moto pasamos con (sic) a las cinco y media de la tarde casi a las seis y el asfalto estaba regado por la carretera (...), claro que a mí me consta fue cuando ya estaba terminando esa asfaltada (...), yo esa semana no volví para acá para Belén. El día que le digo que venía con mi hijo las señales que habían en la vía eran unas cintas amarillo con negro, por la mañana cuando veníamos estaban los bultos y por la tarde ya estaba el asfalto regado (...)”.

Respecto de la distancia entre el asfalto y la señalización por él referida, indicó no poder afirmarla con exactitud, aunque era notoria; de la misma manera sostuvo que el asfalto dejado en la vía no impedía el paso para los vehículos que transitaban por ella y, finalmente, indicó que el material se depositó al lado derecho de la vía.

3.2.8. Compareció a declarar el señor Silvio Torres Gómez, pariente en segundo grado de la demandante quien afirmó conocer a Juan Calos Rojas, quien vivía aproximadamente hacía 5 años con la compañera permanente, en la casa de su madre y que los perjuicios por ella sufridos han sido considerables, pues la víctima le suministraba todo para su sostenimiento (fls. 10 vto. a 11, cdno. 3):

3.2.9. Por su parte el señor Ricardo Medina Trujillo, concejal del municipio de Belén de los Andaquíes, afirmó que las señales utilizadas fueron ramas instaladas por los mismos trabajadores. Adujo que, pese a la presencia de material en la vía, el espacio era suficiente para que pasaran los vehículos que transitaban por ahí. Indicó que se realizaban obras de pavimentación y que las ramas utilizadas se instalaban a 50 metros aproximadamente. Frente a la afirmación de quien fungía como secretario de obras, relacionada con la instalación de cintas negra con amarillo, con vaguedad hizo alusión a las cintas que se colocan y no se respetan. Señaló que no le consta que se haya señalizado el último asfalto que se dejó ese día en la vía (fls. 11 vto. a 13 cdno. 3).

4. Juicio de responsabilidad.

La Constitución Política de 1991 dispone en su artículo 90 que, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Sobre la definición de daño antijurídico esta corporación, en sentencia de 2 de marzo de 2000, manifestó que, aunque no existe definición legal se alude a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho(11)”.

La jurisprudencia de la Sala ha sido reiterativa en manifestar que la responsabilidad patrimonial del Estado, en los casos de construcción, mantenimiento o recuperación de vías, se determina a partir de la omisión en la adopción de medidas tendientes a evitar los daños que se puedan derivar de dichas actividades, esto es, la entidad dueña de la vía responde por el incumplimiento en la instalación de medidas que adviertan de los peligros existentes en las vías, cuya conservación y mantenimiento le correspondan(12).

4.1. Cuestión previa.

La Sala advierte que, aun cuando en las pretensiones de la demanda se reclaman perjuicios de manera taxativa por la muerte del señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez, lo cierto es que del análisis conjunto de la misma, esto es, de su íntegra interpretación, se puede observar que los perjuicios reclamados a través de la presente demanda no se circunscriben a la muerte de la víctima directa, sino que envuelven las lesiones por él sufridas, con ocasión del accidente de tránsito, al colisionar con un montículo de asfalto dejado, según se afirma, sin señalización en la vía, a cargo de la entidad demandada.

En efecto, en el acápite denominado causa petendi la demandante se refiere de manera exclusiva a las lesiones sufridas por el señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez, específicamente, las de mayor gravedad, luego de colisionar contra el material asfáltico abandonado en la vía.

Sobe la interpretación armónica de la demanda, esta Sección en sentencia de 31 de agosto de 2006(13) manifestó:

“Por lo tanto, considera la Sala que para definir la causa petendi, la demanda debe ser interpretada de manera integral, para entender que el daño que hoy sufre el menor fue imputado por la parte demandante al Hospital Ramón González Valencia por haber incurrido en fallas en la prestación del servicio, que se produjeron no solamente en el acto quirúrgico, sino que abarcaron sucesivas omisiones, retardos y errores durante toda su permanencia en la institución, los cuales constituyeron las causas del paro cardiorrespiratorio que sufrió en el pos operatorio y que le dejó como secuela el estado de postración en el que hoy se encuentra.

A este respecto reitera la Sala la jurisprudencia que ha sostenido en decisiones anteriores, en las cuales se ha considerado que es deber del juez interpretar la demanda como un todo armónico(14), deber que no constituye una mera liberalidad sino el cumplimiento de los artículos 228 y 229 de la Constitución, que consagran como principios de la administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial y la garantía a su acceso. La falta de técnica en la demanda no es óbice para que el juzgador desentrañe su sentido(15); aunque, claro está, teniendo buen cuidado de no alterar el propósito expresado por el actor y siempre que no se contravenga el derecho de defensa de la otra parte.

El tema cobra particular importancia cuando se trata de la responsabilidad por los daños causados con la actividad médica, la que por regla general está estructurada por una serie de actuaciones que desembocan en el resultado final y en las que intervienen, en diversos momentos varios protagonistas de la misma, desde que el paciente asiste al centro hospitalario, hasta cuando es dado de alta o se produce su deceso. Esa cadena de actuaciones sobre el paciente no es indiferente al resultado final y por ello, la causa petendi en estos juicios debe entenderse comprensiva de todos esos momentos, porque la causa del daño final bien puede provenir de cualquier acción u omisión que se produzca durante todo ese proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte como en el presente caso es dable concluir que se busca el resarcimiento de los perjuicios por las lesiones sufridas y la consecuencial muerte del señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez, así las pretensiones no se hubieren individualizado en la demanda pues resulta suficiente la distinción que sin equivocación se extrae de la causa petendi, al punto que la entidad demandada así lo comprendió, en cuanto se defendió tanto de las imputaciones por la muerte, como por las lesiones. Formuló entonces la excepción por el hecho de la víctima, respecto de uno y otro daño.

Aclarado lo anterior y dada la interpretación armónica de la demanda, en virtud de los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 228, 229, la Sala encuentra acreditado el daño antijurídico, esto es, las lesiones sufridas por el señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez, a causa del accidente de tránsito acaecido el 27 de agosto de 1999.

Se conoce que la víctima se desplazaba el día antes señalado en una motocicleta por la vía que de Belén de los Andaquíes conduce a Puerto Torres, conducida por el señor Germán Córdoba Anacona, quien, según testigos, sufrió lesiones de menor gravedad. De la misma manera se encuentra probado que el señor Rojas Gutiérrez sufrió trauma craneoencefálico luego de que la motocicleta en la que se desplazaba como copiloto, colisionara contra un obstáculo ubicado en la vía. Condición médica por la que estuvo recluido en el Hospital María Inmaculada de Florencia, de lo que dan cuenta las historias clínicas de urgencias y de remisión, allegadas en copia auténtica.

Verificada la existencia del daño, con las pruebas descritas, la Sala deberá realizar el análisis de imputación para determinar si aquel resulta endilgable, por acción u omisión, a la entidad territorial demandada o si, por el contrario, se configura alguna causal de exoneración de responsabilidad.

4.2. De la obligación legal de señalización.

Respecto de la señalización en las vías, en los términos del Decreto 1344 de 1970, vigente para la época de los hechos, correspondía a las autoridades encargadas de la conservación o mantenimiento de las carreteras la instalación de las señales a que hubiere lugar, observando las pautas que determinara el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

Por su parte, el artículo 112 del citado decreto, se refiere a las señales de tránsito preventivas que deberán colocarse con el “objeto de advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este”.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Colombia(16) encargado de formular y desarrollar políticas en materia de transporte, infraestructura vial, etc., consiente de los altos índices de accidentalidad del país expidió el manual sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras, adoptado como reglamento oficial mediante la Resolución 5246 de 1992 y en el que figura, de manera expresa, las funciones de precaución, información y restricción de las señales de tránsito, dadas las condiciones específicas de la vía.

En lo que hace referencia a la señalización, en las etapas de construcción y conservación de carreteras, el capítulo III del citado manual destaca la función de guiar el tránsito en calles y carreteras, sometidas a procesos de conservación o construcción, donde necesariamente se ha de interrumpir el flujo continuo orientado a la prevención de riesgos. Señalización esta temporal que deberá instalarse antes de la iniciación de las obras y permanecer hasta su finalización.

De igual manera, acorde con el manual en mención, cuando se ejecutan trabajos de conservación y/o construcción, pueden usarse las señales preventivas descritas en el mismo, en mayor tamaño y diferente color (dimensión mínima del lado del cuadrado 90 cms, fondo anaranjado, símbolo y la orla, negros). Específicamente se regula el uso de un letrero en el que se deberá leer: “Vía en construcción 500 m”, identificado en el manual con las letras y números SP-101, cuyo objeto será prevenir al usuario sobre la aproximación a un tramo de calle o carretera intervenida en razón de su construcción, reconstrucción o conservación.

En adición, se reguló el uso de i) barricadas, “conformadas por bandas o listones horizontales de longitud no superior a 3.00 m. y ancho de 0.30 m., separadas por espacios iguales a sus anchos” y ii) canecas, pintadas con franjas alternadas reflectivas negras y anaranjadas de 0,20 mts de ancho, con altura no inferior a 0,80 mts.

Por último y en lo que refiere al capítulo III del citado manual, dada la importancia de la actividad que se regula y en pro de evitar daños a trabajadores y particulares que usen la vía sometida a conservación, construcción o mantenimiento dispone el manual que se deberán instalar señales “reflectivas o (...) convenientemente iluminadas, para garantizar su visibilidad en las horas de oscuridad”.

Respecto del número de señales, a efecto de anunciar obstáculos y evitar así daños, el artículo 2º de la Resolución 8408 de 1985, proferida por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte relaciona seis señales. Ahora sobre obligatoriedad esta Sección se ha pronunciado, en varias oportunidades, analizando las conductas imputadas al Estado, a la luz de la normatividad vigente en la materia.

Así en sentencia de 20 de septiembre de 2007(17), se sostuvo:

“Las señales preventivas tienen por objeto advertir sobre la existencia de calles y carreteras en construcción, lugares de alto riesgo de accidente o vías sometidas a proceso de conservación, para prevenir del peligro tanto a usuarios como a personas que trabajan en la vía. Así, conforme al artículo 2º de la Resolución 8408 de 1985, seis es el número mínimo de señales de aproximación a obstáculos y/o peligros en la vía. Estas deben ser colocadas en un orden preestablecido, que de todas maneras puede modificarse de acuerdo con la clase de obstáculos o el peligro que se presente. La señales preventivas de obstáculos y/o riesgos en la vía son: i) superficies rizada (SP-24), resalto (SP-25), depresión (SP-26), zonas de derrumbe (SP-42), superficie deslizante (SP-44), que se colocarán a 60 metros del peligro, ii) velocidad máxima 40 kilómetros por hora, colocado a 80 metros del sitio riesgoso (SR-30), iii) velocidad máxima 30 kilómetros por hora, colocado a 60 metros del sitio peligroso (SR-30), iv) peligro no especificado (SP-60), colocado a 60 metros del riesgo, v) prohibido adelantar (SP-26), colocado a 60 metros y vi) al finalizar el paso por la zona riesgosa, nuevamente debe determinarse el riesgo de la superficie (figura 2 de la Res. 8408/85).

De igual manera, el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, define sesenta señales de prevención o preventivas para advertir “la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de esta”, las cuales se identifican por el código general SP (...).

Las características, especificaciones de diseño y colores que deben tener esas señales preventivas, están definidas en el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras o Resolución 5246 del 2 de julio de 1985, adicionada y modificada mediante resoluciones 1212 del 29 de febrero de 1988, 11886 del 10 de octubre de 1989 y 8171 del 9 de septiembre de 1987, todas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, así:

(...)”.

4.3. Caso particular.

Del material probatorio obrante dentro del expediente la Sala observa, respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, que el 27 de agosto de 1999 el municipio de Belén de Andaquíes adelantaba obras de pavimentación en la vía que de dicho municipio conduce a Puerto Torres. De ello dan cuenta los contratos de obra y de transporte allegados por la alcaldía, así como los informes de interventoría, en los que se lee, claramente, que se pavimentaba el carreteable San Juan-La Mono.

De igual manera obran las declaraciones de los testigos presenciales señores Jorge Núñez, Arbenis Martínez Molina y Germán Córdoba Anacona, sobre las que se surtió el requisito de contradicción, comoquiera que, aunque recepcionadas en la investigación disciplinaria y trasladadas por solicitud del demandante fueron recibidas en presencia del municipio demandado dentro del proceso adelantado en contra de los funcionarios vinculados a la municipalidad y comprometidos con este asunto.

Coinciden los testigos en manifestar que las obras eran adelantadas por el municipio; afirmaciones ratificadas por vecinos de la municipalidad.

De los testimonios rendidos por los señores Arbenis Martínez Molina, Jorge Núñez y Germán Córdoba Anacona encuentra la Sala demostrado que, el 27 de agosto de 1999, el señor Juan Carlos Rojas sufrió trauma craneoencefálico, además de otras contusiones, como consecuencia de la colisión de la motocicleta en la que se transportaba contra un montículo de material asfáltico, ubicado en la vía que de la cabecera del municipio de Belén conduce a Puerto Torres.

El señor Germán Córdoba Anacona afirmó:

“La causa del accidente se debió a las volquetadas de asfalto que habían descargado en la vía y por falta de una señalización fue que sucedió el accidente y lo mismo la muerte del señor Juan Carlos se debió al mismo accidente”.

Al respecto el señor Arbenis Molina sostuvo:

“(...) y en la carretera en la vía a Puerto Torres o sea después del basurero de este municipio como a 500 metros aproximadamente y en una media vuelta habían (sic) dos volquetadas de asfalto amontonadas listas para ser regadas y como cuando nosotros pasamos por allí en horas de la mañana no había nada en la vía y cuando regresamos ya estaban las volquetadas de asfalto en la mencionada vía, motivo por el cual nos caímos y nos estropiamos (sic) pues yo me golpíe (sic) una mano o sea la mano izquierda una de las rodillas tronchadas y otros raspones, pues el golpe en la cabeza (...)”.

Por su parte el señor Juan Núñez afirmó:

“(...) sí observé que se estaba realizando ese trabajo en esa vía, pero ese día que viajé en compañía con Albeiro o sea quien conducía la motocicleta no había ninguna volquetada de asfalto para regar en la vía antes mencionada pues yo creo que ese día en horas de la tarde fue que descargaron ese asfalto y como lo dije anteriormente no colocaron ninguna señalización (...)”.

Esos testimonios dan cuenta de la presencia de material asfáltico en la vía, tal como lo confirmó el secretario de obras del municipio, quien también informó que, de regreso al sitio en donde ocurrieron los hechos, observó unos viajes de asfalto sobre la vía y para evitar inconvenientes, instaló señales preventivas.

Con las pruebas hasta aquí analizadas la Sala puede concluir:

i) Que el 27 de agosto de 1999, el municipio de Belén de los Andaquíes ejecutaba la obra de pavimentación de la vía que de la cabecera municipal conducía a Puerto Torres.

ii) Que el día antes señalado, a las 11:00 p.m., en el sector La Hacienda varios montículos de asfalto colocados sobre la vía obstaculizaban el tráfico.

iii) Que contra el obstáculo colisionó la motocicleta de placa AYI 86A en la que se transportaba el compañero permanente de la actora, conducida por el señor Germán Córdoba Anacona.

iv) Que como consecuencia del accidente el señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez sufrió heridas de consideración.

Ahora, se conoce que el obstáculo no estaba señalizado comoquiera que quienes declararon fueron contestes en advertir la ausencia de letreros o cintas. Aunado a que de haber sido colocada específicamente una cinta amarilla fluorescente, atendiendo las afirmaciones de los funcionarios de la demandada y vecinos del sector la misma no fue colocada desde que se inició la obra, como era de esperarse y, en todo caso, se echaría de menos el cuadrado indicativo de advertencia sobre la construcción sobre el que los testigos de la demandada nada dijeron.

Esto es así porque si bien los señores Noé Flores Peralta y Ricardo Mediana Trujillo, coincidieron en la presencia de señales preventivas no así en la señal utilizada, según el primero cintas amarillas y negras y, acorde con lo dicho por el segundo, ramas de árboles. Aunado a que los mismos sostuvieron que la señal fue colocada en horas de la tarde, siendo que los trabajos se adelantaban desde la mañana.

De modo que, así en gracia de discusión se llegara a tener por ciertas sus afirmaciones, en relación con la utilización de cintas y ramas para la prevención, lo cierto es que la entidad demandada no habría cumplido con la obligación legal de señalar debidamente en orden al conocimiento real y claro de la intervención en la vía, máxime si se tiene en cuenta que el material fue dejado en una curva, tal como lo afirman los testigos presenciales, lo cual imponía una obligación mayor de prevención.

En síntesis, aun cuando se tuviera por cierto que se utilizaron ramas para alertar la presencia del material asfáltico, lo cierto es que el municipio de Belén de los Andaquíes omitió adoptar las medidas correctivas y de protección requeridas, pues, como quedó anotado, seis son las señales de alerta para anunciar la presencia de obstáculos en la vía, adicionales a aquellas relacionadas con las que informan la presencia de obreros y anuncian la vía en construcción.

Lo anterior significa que tan solo cintas o ramas devienen en insuficientes para advertir sobre el peligro que entraña para los usuarios una vía en construcción, en especial por la presencia de material, pues son claras las exigencias legales sobe luminosidad, distancias, cantidad, forma y tamaño que la supuesta señalización no cumplía.

Con lo visto resulta forzoso concluir que se encuentra probada la omisión de la entidad territorial, respecto de su obligación de señalización, razón por la cual no queda sino concluir que le son imputables las lesiones sufridas por el señor Juan Calos Rojas Gutiérrez, a causa de la colisión de la motocicleta en la que viajaba como pasajero, pues se encuentra demostrado que minutos más tarde, colisionó otra motocicleta contra el mismo montículo de asfalto y, además, que el riesgo se aumentó con el lugar el que se descargó el material, pues los testigos presenciales son coincidentes en afirmar que el montículo se ubicó en una curva, aspecto lo que impedía advertir su presencia de manera oportuna.

Conviene advertir que la Sala no pasa por alto las declaraciones de los testigos presenciales, según las cuales tanto el señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez como Germán Córdoba Anacona habían ingerido una o más cervezas momentos antes de la ocurrencia de los hechos, empero advierte que no se cuenta con prueba técnica que dé cuenta del grado de alcohol del conductor de la moto, aunque respecto de la víctima la historia clínica refiere aliento alcohólico. Circunstancia que no influyó en el accidente ocasionado porque el vehículo colisionó contra un obstáculo en la vía, sin señalización, sin que en horas de la mañana, es decir al inicio de la obra se vislumbraba el obstáculo.

Es de anotar que si bien la ingesta de alcohol podía haber influido en el accidente, nada indica que así fue. De donde la causal de exoneración invocada por falta de prueba habrá de negarse.

Por último la Sala advierte que, los perjuicios que se reconocerán en la presente providencia encuentran sustento en las lesiones sufridas por el compañero de la demandante, no así por la muerte; en tanto la víctima salió de la entidad médica en la que se recuperaba por decisión de sus familiares contrariando las previsiones médicas y no se conoce si permaneciendo recluido en el hospital el desenlace hubiera sido el mismo, máxime cuando la prueba pericial dictaminaba que “(...) muy posiblemente de haber continuado en esta tónica de recuperación y con tratamiento médico le habrían permitido evolucionar satisfactoriamente (...). No obstante (y parece ser el caso en mención) sobreviven algunos pacientes con un pronóstico inicial desfavorable, lo que sugiere que está justificado un tratamiento agresivo en la práctica totalidad de los casos”.

5. Liquidación de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

En la demanda se solicitó el pago de dos mil (2.000) gramos oro a favor de la demandante, a título de daño moral.

De acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —Exp. 13.232—, la demostración del padecimiento invocado, en su mayor grado, debe ser indemnizado con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De donde, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la jurisprudencia y dado que está debidamente acreditado que el señor Juan Carlos Rojas era compañero permanente de la señora Yanith Arteaga Vargas, de conformidad con las reglas de la experiencia no cabe sino concluir que la misma sufrió congoja y aflicción, por las lesiones ocasionadas, al margen, como quedó explicado de su deceso.

De modo que la Sala reconocerá a la actora el perjuicio moral, dando aplicación al principio de igualdad, lo cual, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia(18), impone al juez la revisión concordante del caso sometido a su consideración con otros similares, a efectos de tasar el perjuicio solicitado y consecuentemente probado.

En observancia de lo anterior, se tiene que en sentencia de 26 de julio de 2012 proferida dentro del Expediente 21.205(19), se reconoció a favor del demandante quien sufrió trauma craneoencefálico, luego de que el avión en el que se transportaba cayera, el equivalente en pesos a 30 smmlv; en sentencia de o de julio de 2009 dentro del Expediente 16.679, la Sala reconoció por perjuicios morales a favor de una persona que sufrió trauma craneoencefálico sin secuelas, el equivalente en pesos a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes(20).

Teniendo en cuenta lo anterior y, dada la gravedad de las lesiones sufridas por el señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez, consistentes en un trauma craneoencefálico severo (tal como lo referenció el protocolo de necropsia) la Sala le reconocerá a la actora, a título de restablecimiento del perjuicio moral 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Perjuicios materiales

5.2.1. Por daño emergente.

En la demanda se solicitó el pago de los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, que se llegaren a demostrar en el proceso; sin embargo, no se señalan gastos en los que la actora haya invertido, ni obra prueba alguna de la que se puedan deducir.

5.2.2. Por lucro cesante.

Por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, en la demanda se solicita el reconocimiento de “Las prestaciones sociales y emolumentos salariales que percibiría el señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez, durante el tiempo probable de vida de acuerdo a las tablas de supervivencia aprobadas por la Superintendencia Bancaria”.

No obstante y comoquiera que en la presente providencia se está declarando la responsabilidad de la demandada por las lesiones y no por su muerte y estas según lo reporta la historia clínica, tuvieron que ver con el tiempo de permanencia en el hospital, la Sala reconocerá el lucro cesante debido o consolidado respecto de las lesiones, desde el día de la ocurrencia del accidente de tránsito hasta el día en que el señor Rojas Gutiérrez salió del Hospital María Inmaculada de la ciudad de Florencia con rumbo desconocido.

Para el cálculo de la indemnización se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia ($ 589.500), ante la falta de cualquier otro elemento de juicio que permita deducir suma distinta para efectuar la liquidación, más el 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 147.375), así:

$ 589.500 + $ 147.375 = $ 736.875 - 25% = $ 552.656,25.

4.2.2.2. Indemnización debida:

S 1999-00442IM1.jpg

Para aplicar se tiene:

S = Suma a obtener

Ra = Renta actualizada, es decir $ 552.656,25

I = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867

N = Número de meses transcurridos desde el momento en que ocurrieron los hechos —ago. 27/99— hasta la fecha en que la víctima estuvo hospitalizado (sep. 6/99), es decir, 10 días, que equivalen a 0.33 meses

1 = Es una constante

S 1999-00442IM2.jpg
 

De esta manera, se accederá a la pretensión aludida.

4.2.2.3. Indemnización futura:

Así en la demanda se abogue por el reconocimiento de los perjuicios futuros, en razón de la muerte, la pretensión será negada, pues no se allegó prueba sobre su imputación, máxime cuando se conoce que dentro del expediente existe una prueba técnica que indica que de haberse continuado con el tratamiento, una persona con las lesiones sufridas por el señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez, pudo haberse recuperado.

Por lo anterior, la Sala se abstendrá de reconocer suma alguna por dicho perjuicio.

6. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2003 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá. En su lugar se dispone:

1. DECLARAR al municipio de Belén de los Andaquíes, patrimonialmente responsable por los daños causados en el accidente de tránsito del 27 de agosto de 1999, en el cual resultó herido el señor Juan Carlos Rojas Gutiérrez .

2. CONDENAR al municipio de Belén de los Andaquíes, a pagar a la señora Yanith Arteaga Vargas, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos a 50 smmlv, a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

3. CONDENAR al municipio de Belén de los Andaquíes a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, la suma de ciento ochenta y dos mil setecientos ochenta y nueve pesos con siete centavos ($ 182.789,7), a favor de la señora Yanith Arteaga Vargas.

4. NEGAR las demás pretensiones.

5. NO CONDENAR por concepto de costas procesales.

6. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE COPIAS con destino a la parte actora, que serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Para la ejecución y cumplimiento de las condenas impuestas en la presente sentencia, se deberá observar lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) El 12 de noviembre de 1999, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 18.850.000 —arts. 129 y 132 del CCA subrogados por el D. 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $ 36.871.920, valor equivalente a 2.000 gramos de oro de la fecha de presentación de la demanda, a favor de la señora Yanith Arteaga Vargas, por concepto de perjuicios morales.

(2) Modificado por el artículo 44 Ley 446 de 1998.

(3) Ver entre otras, sentencia de 29 de octubre de 2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en la que se manifestó: “Por otra parte, en cuanto al segundo testimonio referenciado y rendido por la señora Ramona Josefina Bohórquez, la Sala observa que al ser la declarante integrante de la parte demandante, dicho medio probatorio no puede ser valorado como una declaración de tercero sino como una declaración de parte, cuya finalidad es la obtención de una confesión y, en esta medida, en caso de resultar relevante, solo podrá ser apreciada en aquello que produzca consecuencias jurídicas adversas a la confesante o que favorezcan a la parte contraria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil”.

(4) Fotocopia remitida por el subgerente científico del Hospital María Inmaculada.

(5) Documento remitido por la subgerencia científica del Hospital María Inmaculada.

(6) Documentos allegados por el alcalde del municipio demandado en cumplimiento de la prueba decretada por el a quo (fls. 348 a 376 anexo 1, cdno. 2).

(7) Documentos remitidos en copia auténtica por el personero municipal mediante oficio 533 de 13 de octubre de 2000.

(8) Mediante auto de 18 de abril de 2000 (fls. 124 a 126, cdno. 2).

(9) Prueba valorada como declaración de parte, de conformidad con lo expuesto en el acápite de cuestión previa de la presente providencia.

(10) Ídem.

(11) Sentencia de 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(12) Sentencia de 28 de julio de 2011, proferida dentro del Expediente 20.112, actor: Julia Esther Basto León y otros vs. Nación-Ministerio de Transporte e Invías, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(13) Sentencia de 31 de agosto de 2006 proferida dentro del Expediente 15.772, actor: María Olga Sepúlveda Ramírez vs. Hospital Ramón González Valencia.

(14) En este sentido, providencias de la Sección de 20 de septiembre de 1990, Expediente 6133; 1º de octubre de 1993, Expediente 6474, entre muchos otros. De manera más reciente, la Sala señaló: “Como cualquier otro acto de hombre o de persona, la demanda es objeto de valoración; ésta implica no dejarse llevar por su mera apariencia formal. Por eso el Código de Procedimiento Civil enseña que “Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley substancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes” (art. 4º). Por consiguiente la doctrina indica que para el estudio de la ley procesal “no puede el juzgador aferrarse a las palabras ni al sentido literal, sino que debe perseguir el conocimiento del contenido jurídico que ella encierra, y si el objeto de los procedimientos es la tutela de los derechos reconocidos en la ley substancial, con mayor razón es imperativo adoptar un criterio de interpretación conjunta, razonada y científica de la demanda”. Compendio de derecho procesal. Teoría General del Proceso. Tomo I. Hernando Devis Echandía. Biblioteca Jurídica Dike. Duodécima edición. Pág. 436. Así entonces conociendo que la demanda es un todo, si en su apreciación no se encuentra armonía absoluta habrá, si se puede, que acudir a los hechos históricos que la informan como a los fundamentos de derecho que alude para hacer visible su verdadero sentido; así ocurre jurídicamente en otras materias sustantivas como en los convenios y contratos cuando no son claros, y para tal efecto la ley substancial indica cuáles son los métodos de interpretación”. Sentencia de 23 de enero de 2003, Expediente 22.113.

(15) “La demanda no constituye en este caso, precisamente, un modelo de lo que deba ser la pieza procesal de introducción. Pero, ello no es óbice para que el juzgador cumpliendo con el deber de interpretar razonablemente los diversos actos procesales, pueda y deba llegar a desentrañar el verdadero propósito que tuvo el actor para reclamar en contra de quien estaba llamado a responder por los perjuicios ocasionados en virtud de los hechos enrostrados a este”. Sentencia de 8 de agosto de 1991, Expediente 6414.

(16) Hoy Ministerio de Transporte.

(17) Expediente 15.740, actor: Yimed Ramírez Gallego y otros vs. departamento del Tolima y otro, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(18) Ver, entre otras, sentencias 13.232-15.646 de 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(19) Sentencia de 26 de julio de 2012 proferida dentro del Expediente 21205, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(20) Sentencia de 8 de julio de 2009, proferida dentro del Expediente 16679, C.P. Myiam Guerrero de Escobar.