Sentencia 1999-00449 de julio 28 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DE LOS CONTRATOS

La viuda puede pedir que la aseguradora pague un seguro de vida contratado a favor del acreedor

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Isidro Ardila Velásquez

Ref.: expediente 1999-00449-01

Bogotá, veintiocho (28) de julio de dos mil cinco (2005).

Decídese el recurso de casación interpuesto por la aseguradora demandada contra la sentencia de 13 de junio de 2002, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario de Patricia Elena Tobón López contra la Compañía Agrícola de Seguros de Vida S.A. y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en liquidación.

I. Antecedentes

Pidióse declarar que la aseguradora debe reconocer y pagar el valor asegurado establecido en el certificado individual de deudores de la Caja Agraria, debiendo por ello saldar la suma de $72.958.334 más los intereses moratorios, equivalentes al saldo que insoluto estaba el 14 de septiembre de 1998 de las obligaciones 430, 909, 939 y 989 a cargo de Jorge Humberto González Noreña y a favor de la Caja Agraria, según lo establecido en la póliza 4700, debiendo, además, cancelar la hipoteca del predio gravado; si no, que la Caja Agraria haga tal pago por incumplir el mandato de González Noreña a título de daños y perjuicios.

En pro de ello narró lo que así se relata:

El citado González, al obtener préstamos de la Caja Agraria, confió a esta el mandato de “tomar en su nombre y representación los contratos de seguro de vida hasta por el valor de los créditos”, y así se hizo a la póliza 4700 con la Compañía Agrícola de Seguros S.A., entidad que expidió los documentos de solicitud y certificado individual de seguro de deudores, salvo el del crédito 430, en los que aparece como tomador la Caja Agraria, asegurado González Noreña, además de los amparos pactados; el asegurado cumplió con los requisitos y declaraciones de asegurabilidad.

El 14 de septiembre de 1998 murió el asegurado y ante el reclamo de la cónyuge supérstite y representante legal de los hijos menores, el 27 de noviembre “del año en cita” la Agrícola de Seguros autoriza pagar el siniestro, extinguiéndose los créditos 909, 939, y parcialmente el 989 “por el excedente hasta $65.000.000”, pero no el de la obligación 430 por no estar el certificado individual del seguro que debió expedir la Caja Agraria.

Hubo oposición de las demandadas alegando ausencia de incumplimiento contractual, amparo automático, requisitos de asegurabilidad y falta de legitimación por activa.

La sentencia desestimatoria de primer grado fue revocada por el tribunal, la que ahora está recurrida en casación por la aseguradora.

II. La sentencia del tribunal

Determinó in limine que legitimada estaba la actora en cuanto se ha presentado como “cónyuge supérstite y por lo mismo interesada en la sucesión de Jorge Humberto González Noreña, en la cual, lógicamente, habría de liquidarse además la respectiva sociedad conyugal”.

Así que pasó al estudio de fondo de la pretensión, e identificó la controversia del siguiente modo: la aseguradora pagó hasta cierto límite y denegó el excedente, que es el punto de discordia y la razón de este proceso, por dos situaciones, a saber: de un lado, por no traerse el certificado individual de la obligación número 430, por la cual “no era objeto de amparo”; y, de otro, porque siendo que el excedente sobrepasa el valor del límite automático de la póliza, “no se aportaron los requisitos de asegurabilidad establecidos para otorgar cobertura por valor superior”.

Cuanto a lo primero sentenció:

Siendo un seguro de vida tomado por la entidad crediticia para garantizarse el pago de las acreencias que al fallecer le adeudasen sus clientes, es claro que la póliza la conserva ella, y por ende a cada uno de los asegurados “ha debido” entregar el certificado de la obligación, lo que en este caso no había ocurrido porque fue precisamente la Caja Agraria quien aportó tal documento.

Sin embargo, ahí no dio por concluido el asunto, porque agregó que aun cuando no fuera así, el caso es que en tal tipo de pólizas el certificado hace las veces de tal, y al folio 118 obra el último expedido al extinto González, suscrito el 28 de abril de 1998; y si en él figura como valor asegurado la suma de $136.350.000, justamente por comprender el saldo insoluto de la deuda, es porque “no sólo se amparó el crédito en esa misma fecha otorgado por la Caja Agraria al mencionado señor según obligación Nº 989, sino, además, los saldos de las demás obligaciones anteriormente contraídas para con la entidad crediticia por el mismo deudor y que ascendían a $77.600.000, como allí mismo se deja consignado. Repárese que justamente esta cantidad más el valor del crédito en esa fecha otorgado ($58.750.000), arroja el monto que en ese momento se aseguró”.

Y respecto de lo segundo, fulminó:

La sinceridad del asegurado sobre el estado del riesgo ha de estar presente en todo supuesto. En este caso, él respondió el cuestionario declarando que su estado de salud era normal y que no padecía de ninguna de las enfermedades allí enunciadas. Ese fue el único requisito de asegurabilidad exigido entonces. Y sin más, expedida fue la póliza. A partir de entonces (abr. 28/98) “comenzó su vigencia el respectivo riesgo”, con prescindencia de exámenes médicos. De tal modo que, con abstracción de las sanciones que el asegurador puede invocar en caso de reticencia o inexactitud —que no ha sido el caso—, ya no se podía revocar la póliza por tratarse de un seguro de vida, según lo dispone el artículo 1158 del Código de Comercio. Y por ahí derecho estimó irrazonable el condicionamiento del pago a dichos exámenes “posteriores”, porque “cualquiera fuera su resultado”, ya la póliza no podía ser revocada.

Y tras eso reiteró: por ende, la práctica de exámenes tales “puede ser condicionante para la celebración misma del contrato, para la expedición de la póliza, pero no para el pago de la suma asegurada una vez realizado el riesgo”, pues que, estando en camino el contrato, la única condición para el pago es la ocurrencia del riesgo.

Bien es cierto que al reverso del documento se exige el “previo cumplimiento de los requisitos de asegurabilidad”, pero como allí no se expresan otros, es lógico que el asegurado entendiera que todo se contraía a la declaración del estado del riesgo según el cuestionario que allí mismo se le sometía, “máxime el carácter imperativo” que contiene el artículo 1159, consistente en que el asegurador no puede, en ningún caso, revocar unilateralmente el seguro de vida.

Razones que —dijo— son suficientes para apuntalar las pretensiones.

Mas dio en agregar estas otras:

La exigencia de los exámenes no figura en el certificado de la póliza, sino en uno intitulado “condiciones particulares. Póliza vida grupo deudores 4700. Caja Agraria”, y resulta que este estaba en manos de la Caja Agraria puesto que fue ella quien lo aportó.

De otro lado, los exámenes “obviamente debe realizarlos un galeno autorizado por la compañía aseguradora” y por consiguiente no bastaba consagrar la obligación sino también impartir la orden correspondiente, cosa a la que ni se ha aludido.

Una vez que hizo todo esto, ofreció otra arista del problema, para desembocar que el resultado no variaba así se considerara aquello como una exclusión. En tal caso —afirma— se echa de menos la relación causal entre la omisión de los exámenes y el fallecimiento del asegurado que, por lo demás, no obedeció a causas naturales. Tampoco se ajustaría al artículo 44 de la Ley 45 de 1990, porque no figura “con caracteres destacados en la primera página de la póliza, so pena de ineficacia”. Además, trataríase de cláusula ambigua ante la clara prohibición de revocación unilateral del contrato, y estas se interpretan contra quien las redactó. Y, finalmente, no hubo objeción seria y fundada por parte del asegurador, por cuanto exigió algo que bien puede ser para la suscripción de la póliza mas no a la hora del pago, precisamente por la misma irrevocabilidad supradicha.

Fue así como revocó la sentencia de primer grado y dio paso a las pretensiones.

III. La demanda de casación

Los cuatro cargos formulados al amparo de la causal primera de casación, serán despachados de manera conjunta por compartir soportes similares.

Primer cargo

Acusa la violación indirecta de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 1039 del Código de Comercio “a consecuencia de errores de hecho manifiestos, consistentes en la falta de apreciación y en la apreciación indebida de la prueba documental”, en lo atinente al carácter de beneficiario en el seguro por cuenta de un tercero y en lo que atañe con las obligaciones especiales a cargo del asegurado.

Respecto al primero dice que la sentencia acoge las pretensiones de la cónyuge sobreviviente quien no tenía la calidad de beneficiaria, al no haber apreciado los siguientes documentos: el seguro de vida grupo —condiciones generales— que permite al tomador ser el beneficiario del contrato; el anexo de condiciones especiales que precisa que el tomador-acreedor, tendrá el carácter de beneficiario a título oneroso hasta por el saldo insoluto de la deuda; y el interrogatorio de la demandante donde reconoce que la Caja Agraria es la beneficiaria de la póliza.

Así el juzgador no vio que la Caja era la beneficiaria de la prestación asegurada, omitiendo que la póliza garantizaba los saldos insolutos a la muerte del deudor, dejando con ello de aplicar el artículo 1039 del Código de Comercio que indica a quién corresponde la prestación asegurada y en quién radica el derecho a exigir su cumplimiento. La Caja a pesar de estar legitimada para promover el pago del seguro por ser la beneficiaria no lo hizo. Además el seguro tenía establecidas unas sumas con amparo automático y otras con requisitos de asegurabilidad. Carecía de legitimación por activa la demandante como cónyuge sobreviviente quien no podría llevar a la sucesión del asegurado la calidad de beneficiario-acreedor.

En cuanto al segundo error, advierte que el tribunal desconoce las obligaciones especiales del asegurado, aduciendo que el deudor mutuario no estaba obligado a cumplir unos requisitos de asegurabilidad para que quedaran amparados los créditos superiores a $65.000.000, al haber apreciado erróneamente el documento ‘condiciones particulares —póliza vida grupo deudores— Caja Agraria, que establece que cuando las obligaciones sean mayores a $55.000.000 y hasta $250.000.000 el cliente diligenciará la solicitud certificado de seguro y presentará los exámenes médicos más adelante indicados e ignoró el texto del ‘seguro de vida —condiciones generales—’ que exige cumplir con los requisitos de asegurabilidad señalados por la compañía.

Segundo cargo

Combate la providencia por falta de aplicación de los artículos 1079 del Código de Comercio y 1602 del Código Civil a consecuencia de errores de hecho en la apreciación de la ‘solicitud y certificado individual de seguro de deudores póliza 4700’ y de las ‘condiciones particulares —póliza vida grupo deudores— Caja Agraria’ y del ‘anexo’.

Al decir la sentencia que en la última póliza el valor asegurado corresponde al saldo de las deudas anteriores, y que la objeción no resulta seria ni fundada, ignora con ello cómo al reverso de la solicitud del certificado individual de seguro establece que la responsabilidad de la compañía llega hasta los límites del valor asegurado, previo el cumplimiento de los requisitos de asegurabilidad, sin cuya omisión el tribunal hubiera percatado que estaba condicionado el tope del monto amparado al cumplimiento de unos requisitos.

Igualmente erró en la apreciación de las ‘condiciones particulares —póliza vida grupo deudores— Caja Agraria’, que establece el amparo automático para sumas iguales o inferiores a $55.000.000 sin requisitos de asegurabilidad y para los deudores con excesos a $250.000.000 y hasta $400.000.000, señala los requisitos de asegurabilidad.

Tampoco apreció el documento denominado ‘anexo’ donde consta la renovación y modificación de la póliza que ratifica el monto del valor asegurado en la operación contractual del asegurado González Noreña que no muestra lo que el sentenciador deduce. No observó el tribunal los requisitos de asegurabilidad presentes en el anverso del certificado de seguro ni que era una póliza colectiva tomada con anterioridad, y la inclusión en ella implicaba observar lo pactado, siendo las condiciones particulares parte de la póliza, documento debidamente incorporado al expediente.

La póliza indica tanto una cobertura automática como las condiciones de asegurabilidad para las obligaciones de montos superiores, debiendo concluir que el valor que obligaba a la compañía era de hasta $65.000.000, omitiendo los artículos 1979 de la codificación mercantil y el 1602 del Código Civil según el cual todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes.

Tercer cargo

Denuncia violación indirecta por aplicación indebida del artículo 1159 del Código de Comercio, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las ‘condiciones particulares —póliza vida grupo deudores— Caja Agraria’, al considerar que el contrato de seguro amparaba el total de las deudas y siendo improcedente su revocación una vez expedida la póliza, relegando la cláusula del seguro que exigía como requisito de asegurabilidad la realización de los exámenes médicos y de laboratorio para asegurar sumas mayores.

Las estipulaciones del contrato son claras siendo obvio que el examen médico, el análisis de orina y el electrocardiograma son requisitos cuya omisión impide la ampliación de la cobertura económica. Entender como causal de exclusión lo que es requisito de asegurabilidad parte de una errada valoración de la prueba, error que lo llevó a concluir que como la exigencia de realizarse los exámenes era causal de exclusión debía considerarse como un pacto ineficaz a la luz del artículo 1159 del Código de Comercio, que prohíbe revocar el contrato una vez perfeccionado.

La aseguradora no revocó el contrato sino que estableció que ante las omisiones ocurridas la obligación referida no estaba dentro del amparo previsto. No existió contrato de seguro respecto a las sumas superiores a $65.000.000 por el incumplimiento de los requisitos de asegurabilidad.

Cuarto cargo

Por este acusa violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 1142 del Código de Comercio: “la demandante promovió el proceso como cónyuge sobreviviente del asegurado y en virtud de la calidad —supuesta por ella— de beneficiaria del seguro”, calidad que no tenía, pero el tribunal se la otorgó violando la norma citada.

Al asignarle la condición de ‘beneficiaria del seguro’ debió establecerse si era la única, labor que no cumplió el juzgador sino por el contrario estimó que la tenía como cónyuge sobreviviente y con interés en la sucesión, ignorando no solo que “a la sucesión de su cónyuge no podía llevar la demandante una calidad que aquél no ostentaba, sino también el mandato del artículo 1142 citado”, según el cual sólo a falta de beneficiario designado o a consecuencia de la ineficacia o pérdida de efecto de la designación que en tal sentido se haga, es que la calidad reconocida a la demandante cobra vigencia.

Y si tal calidad se hubiere configurado, debió condenarse en la proporción que le corresponde a la demandante y no por el 100% de la prestación correspondiente, atendiendo a que los herederos no se hicieron parte en el proceso.

Consideraciones

1. En el caso de hoy es ineludible hacer un compendio, ya no de cada uno de los cargos en particular —que hecho está—, sino de todos en conjunto, para ver de establecer que ni aún así, vistos panorámicamente, la censura resulta cabal a ojos de la casación. Algunas veces porque dejan de atacarse todos los cimientos —que, como se ve del breviario de la sentencia del tribunal, no fueron pocos— de un determinado pronunciamiento, otras por cuanto el ataque se muestra desenfocado, y algunas más porque el inconformismo expresado se revela carente o escaso de argumentación. Unas y otras carencias, y todas juntas, desdicen por igual de un recurso dispositivo y extraordinario.

En lo fundamental, ciertamente, entre todos cuestionan los temas atinentes a la legitimación por activa, el hecho de no tener como vinculante lo pactado en torno a los discutidos exámenes médicos; asimismo no atribuirle a tales exámenes el carácter de asegurabilidad que ostentan en las llamadas “condiciones particulares” de la póliza.

Así, échase de ver con relación a lo primero el desenfoque de la acusación. Cuestiona el recurrente lo de la legitimación achacando al tribunal el tener por establecida, respecto de la actora, la condición de beneficiaria de la póliza; desacierto —dice—, ya probatorio (dejar de ver la póliza misma), ora puramente jurídico (por desnaturalizar el artículo 1142 del Código de Comercio que señala a quién asiste en tal caso el derecho a reclamar el seguro), según se lee respectivamente en el cargo inicial y en el postrero. Acusaciones ambas que se desploman una vez que es comprobado que el tribunal jamás atribuyó a la demandante la condición de beneficiaria de la póliza; muy de otra manera fue como en verdad justificó tal legitimación: simplemente dijo que la veía en el hecho de que siendo ella cónyuge supérstite le asistía interés para intervenir en la mortuoria del asegurado, en donde además habría de liquidar la respectiva sociedad conyugal. Como se palpa, no acudió el tribunal al riguroso concepto de quiénes son partes en el contrato de seguro; antes bien, parecióle suficiente a dicho propósito descubrir en la actora un interés.

2. Y pensándolo bien, razones hay para descubrir en la viuda un perfecto interés en orden a reclamar como aquí lo ha hecho, de modo de pensar que a la postre no se dijo allí disparate alguno, así sean otras las elucubraciones jurídicas que lleven a desembocar en el mismo llano.

Bien es cierto, en efecto, que pedir que una aseguradora cumpla lo suyo, en principio incumbe al contratante afectado, que no es otra cosa que predicar el postulado, proverbial como el que más, de que lo del contrato es asunto reservado a los contratantes. Las convenciones no tienen efecto sino entre las partes contratantes, suele indicarse. Desde luego que si el negocio jurídico es, según la metáfora jurídica más vigorosa que campea en el derecho privado, ley para sus autores (pacta sunt servanda), queriéndose con ello significar que de ordinario son soberanos para dictar las reglas que los regirá, asimismo es natural que esa “ley” no pueda ponerse en hombros de personas que no han manifestado su consentimiento en dicho contrato, si todo ello es así, repítese, al pronto se desgaja el corolario obvio de que los contratos no pueden ensanchar sus lindes para ir más allá de sus propios contornos, postulado que universalmente es reconocido con el aforismo romano res inter allios acta tertio neque nocet neque prodest. Aun así en los ordenamientos jurídicos que como el nuestro no tienen norma expresa que lo diga, pero que clara y tácitamente efunde de lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, pues al equiparar el contrato a la ley, pone de manifiesto que esa vigorosa expresión de la fuerza del convenio lo es para las partes que han dado en consentirlo. Y por exclusión, no lo puede ser para los demás. El contrato, pues, es asunto de contratantes, y no podrá alcanzar intereses ajenos. Grave ofensa para libertad contractual y la autonomía de la voluntad fuera de otro modo. El principio de la relatividad del contrato significa entonces que a los extraños ni afecta ni perjudica; lo que es decir, el contrato no los toca, ni para bien ni para mal.

Es con fundamento en ese criterio que a viudas como la de acá, y en su caso a los herederos, se les impide todo reclamo que roce siquiera con la prestación surgida del contrato de seguro. Como no fueron parte en dicho negocio —como de hecho no lo fueron—, aquellos principios sirven —alégase— de fuerte cerrojo al contrato para repudiar las miradas de curiosos y extraños. Se les dirá que como el contrato a nadie importa, así es elemental que nadie ose perturbar la autonomía privada.

Ocurre, empero, que una conclusión así no puede ser sino el fruto de un criterio inspirado en términos absolutos, que, dicho al paso, a modo de gran paradoja, tiende a explicar lo relativo que son los contratos. Cierto que la autonomía de la voluntad continúa siendo uno de los soportes más salientes en la vida contractual de los individuos, pero ha tenido que resistir ciertos ajustes, todo lo más cuando de por medio hay un interés que trasciende la frontera de lo estrictamente privado, casos típicos del precio en el contrato de arrendamiento o en las ventas de mercaderías básicas de un conglomerado, y también cuando él resulta irrisorio o sumamente lesivo para uno de los celebrantes; lo propio sucede con la teoría de la imprevisión, para no citar sino unos cuantos ejemplos. Hay que convenir entonces que no es ya el principio arrollador de otrora. A veces consiente que se le salga al paso, así y todo sea excepcionalmente.

En definitiva, allí hay un mal entendimiento del principio de la relatividad de los contratos. Y todo por echarse al olvido que en los alrededores del contrato hay personas que ciertamente no fueron sus celebrantes, pero a quienes no les es indiferente la suerte final del mismo. Dicho de otro modo, no sólo el patrimonio de los contratantes padece por la ejecución o inejecución del negocio jurídico; también otros patrimonios, de algunos terceros, están llamados a soportar las consecuencias de semejante comportamiento contractual. No hace mucho, por ejemplo, alegaba un recurrente que ante el impago de un cheque, el tenedor, así encontrase culpable al banco de ese hecho, necesariamente tenía que reclamarle al girador, pues al banco no podía demandar ya que ninguna relación contractual lo unía a él; y tampoco podía hacerlo extracontractualmente porque si aun así resultaba menester establecer el eventual incumplimiento por el banco del contrato de cuenta corriente, de todos modos sería permitir que la acción de un extraño terminara definiendo la suerte del contrato, y sin la comparecencia de todos sus celebrantes. A lo cual hubo de responder la Corte en los siguientes términos:

Planteamiento semejante parecería encontrar apoyo en el citado principio [res inter allios acta]. “Se dirá, en efecto: el contrato no incumbe sino a sus celebrantes, y por consiguiente las acciones que allí se deriven no tienen más titular que ellos mismos; todo intento de los demás por penetrar en el contrato, ha de ser rehusado”.

Y añadió:

“Con todo, tal argumento deja de ver que un hecho puede generar diversas proyecciones en el mundo jurídico; de aquí y de allá. Un hecho, aunque haga parte de un negocio jurídico, puede por ejemplo desgajar consecuencias no sólo civiles sino también penales, y todas serán juzgadas en sus respectivos ámbitos. Un hecho ilícito puede asimismo dejar muchas víctimas, aunque no todas estén en idéntica relación con su autor, y en ese orden de ideas concurrir allí responsabilidades diversas. Los perjuicios de un comportamiento anticontractual, verbigracia, podrían lesionar no sólo al cocontratante sino afectar a terceros, e incluso llegar a afectar no más que a terceros: el mismo hecho con roles jurídicos varios. Ese tercero, en la búsqueda del abono de los perjuicios, ¿alegará ante los tribunales que la prestación incumplida le pertenece? Ciertamente no. O ¿se resentirá de la mora? Tampoco. Con simplicidad se reducirá a alegar que un hecho, mondo y lirondo, le ha irrogado daño. Y que si ese mismo hecho hace parte de una relación jurídica que le es extraña, allá lo que suceda entre quienes tengan esa relación jurídica contractual, porque poco o nada le interesa; pero que mientras tanto aquí, por lo pronto, el autor de tal hecho ha de responderle. He ahí a la conducta de un contratante generando responsabilidad extracontractual. Dicho de modo axiomático: dirá que no demanda al contratante, sino al agente de un hecho.

Viénese, entonces, que sería inexacto pensar que lo que suceda por fuera de las lindes contractuales no interesa al Derecho. Ese no es el genuino alcance del principio res inter allios acta. En la periferia del contrato hay terceros, como se vio, que el incumplimiento del contrato los alcanza patrimonialmente, del mismo modo como en el hecho culposo de un tercero (...) podría estar la causa determinante del incumplimiento contractual, convirtiéndose en reo de responsabilidad extracontractual. Las dos cosas se regirán por esta especie de responsabilidad. De no, forzoso fuera compartir la teoría que el contrato constituye una coraza para quienes lo celebran, quienes jamás podrían ser demandados por extraños que, aunque perjudicados, son ajenos al mismo; y que, por ahí derecho, los hechos que entran a formar parte del mundo contractual, no pueden causar sino lesión negocial” (Cas. Civ. Sent. mar. 2/2005, exp. 8946).

A lo que vendría propicio agregar ahora que cosa parecida sucede cuando los perjudicados con la muerte de una persona demandan porque consideran que hubo incumplimiento del contrato de transporte. Ellos no se presentan a los tribunales alegando ser partes o acreedores de contrato; se circunscriben a decir que la no ejecución de un contrato, un hecho jurídico, les ocasiona daños reflejamente.

A lo que parece acertado afirmar que es el de la relatividad de los contratos uno de los principios más ampliamente explicados por los estudiosos del Derecho, pero también es el que más fácilmente es distorsionado. Tratando de buscarle a esto una explicación, bien podría antojarse que todo empieza porque la frase sentenciosa con que suele identificarse el principio no termina por expresar de modo acabado el genuino sentido de tal fenomenología jurídica. A la verdad, decir a secas que el contrato no afecta a terceros, conlleva vaguedades. Sin necesidad de ir tan lejos dígase de entrada que todo contrato válido, como acaecer fáctico que es, impone el reconocimiento de su existencia por absolutamente todos; en este sentido, nadie podría desconocerlo, sin que quepa la idea, es cierto, de que sea un deudor propiamente dicho; asimismo podría sacarse provecho de esa existencia, sin que quien lo haga sea un acreedor literalmente hablando. No es estólido sostener desde ahí que el contrato es “oponible”. Y si contra esta abstracción, que de veras lo es, alguien se levantase y reclamara sin faltarle motivo para hacerlo, una explicación concreta sobre el particular, habría que recordar que no son pocos los casos en que los negocios jurídicos afectan o aprovechan a personas que no son sus celebrantes en sí. Para comprobarlo no es estrictamente necesario traer en auxilio el tema de la causahabiencia, dada la evidencia irrecusable que a menudo se escucha en el punto, consistente en que quien contrata no solo lo hace para sí sino también para sus causahabientes a título universal; porque quien a este título obra, es sin ningún género de duda el continuador del patrimonio del causante, se identifica con él, recibe todos y no más que los elementos transmisibles, y por consiguiente se torna, incluso sin saberlo, en acreedor o deudor de las relaciones patrimoniales de aquél, salvo contadas excepciones. Por razones más o menos parecidas, tampoco se trata de ahondar en la causahabiencia a título singular. En estas materias se da por descontada la explicación.

Sin duda tiene mucho más interés poner de resalto cómo por fuera de la causahabiencia es aún posible observar que un contrato irradia los efectos más allá de sus autores, como acontece, por evento, con los acreedores de las partes. La suerte de ellos depende de la gestión patrimonial que haga el deudor. Si exitosa o ruinosa, cuánto mejor o peor.

Se extrae de allí por modo incuestionable que el contrato sí afecta a ciertos terceros; a lo menos, indirectamente. En estrictez jurídica los únicos que escapan definitivamente de sus efectos, son los terceros que se denominan absolutos, es decir totalmente extraños, que, según la doctrina, reciben por ello mismo la denominación de penitus extranei. De donde se sigue que si con arreglo a este apotegma los contratos afectan a propios y extraños, inaplazable y de mayor importancia es puntualizar cómo ha de entenderse el rigor del principio de la relatividad de los contratos, así: las consecuencias directas del contrato, las soportan o usufructúan exclusivamente los contratantes; evidentemente, la condición de acreedor o de deudor sólo se concibe respecto de quienes consintieron en el vínculo jurídico. Pero las secuelas indirectas que de ello se derivan, las soportan o aprovechan ciertos terceros; por cierto, si alguien paga lo que debe por virtud de un negocio, ese pago puede beneficiar a los acreedores de quien lo recibe.

Es apodíctico, así, que en el buen o mal suceso de los contratos hay mucha gente interesada. Bien fuera admitir la expresión de que en los contornos de los contratos revolotean intereses ajenos al mismo, los cuales no es posible rehusar o acallar no más que con el argumento de que terceros son. Por caso, ¿cómo decírselo a la viuda de acá? Cierto que el deudor fallecido no es el beneficiario del seguro contratado; que su vida se aseguró para bien del acreedor, en este caso el banco. ¿Quién podría negarlo ante la letra clarísima del artículo 1144 del Código de Comercio? De modo que sólo el banco es titular de las consecuencias directas del seguro contratado. Pero a más de él también está indiscutiblemente interesada la viuda y los herederos, dado que las secuelas indirectas del contrato, señaladamente el no pago del seguro, le perjudica. De la suerte de aquel contrato pende y en mucho la de la sociedad conyugal que tenía con su marido fallecido. Y algo similar le acontece a los herederos. Más todavía: incluso podría ser que al beneficiario del seguro no le interese hacerlo valer —lo demuestra este proceso— porque a la vista tiene otra garantía como la hipoteca y sacará ventaja de quienes atemorizados por la pérdida de sus bienes pagarán, y hasta con prisa, o que después de todo no le duela el incumplimiento de la aseguradora cuando le ha reclamado —cosa no infrecuente porque la experiencia se ha encargado de develarlo así más de una vez—, y entonces sería exacto afirmar que no hay mayor interesada que la viuda misma.

Cierto. Aquí, en este caso, la realidad se manifiesta con inigualable poderío y enseña cómo hay un entorno negocial que inspirado en un clima de confianza impide apedazar sus varias aristas. Con poco que se fije la vista, es paladino que hay en él cierta unidad en el designio convencional (mutuo-seguro) pues quienes participan son sabedores de los fines que refleja la negociación toda, de tal suerte que muy artificioso es que las defensas se armen desarticulando las distintas partes del todo. Es posible que una mirada fragmentaria del asunto —como cuando se dice que ella no es beneficiaria del seguro— genere conclusiones que, siendo incontestables, pudieran dirigir los pasos del litigio hacia otros resultados. Pero tal argumento algo deja de lado. Y sin alumbrarlo todo, habría una verdad a medias.

Cómo no va a venir en pos de la viuda todo lo explanado en torno al principio de la relatividad de los negocios. Mayormente si de contratos de seguro de vida se trata, en el que, como se sabe, son convenciones destinadas por antonomasia a producir efectos a favor de personas que no han participado en su celebración. Y más todavía por el contexto en que suele contratarse tal tipo de seguros. El deudor no fue por cierto un penitus extranei, esto es, un extraño por entero. Siempre estuvo en los alrededores del contrato; tanto, que la realidad del crédito supeditada estaba a la existencia de la garantía del seguro, cuya prima, de otra parte —y no porque se cite en segundo lugar es lo menos importante—, debía asumir él. Todo eso podría alegar él si se pudiera hablar después de muerto. ¿Cómo entonces imponerle a sus causahabientes el aspérrimo mandamiento del silencio? ¿Acaso no son ellos los que a la postre resisten las consecuencias económicas del caso?

Lógicamente que la viuda ni nadie distinto al beneficiario del seguro podría demandar la prestación del seguro para sí. Bien es verdad que el contrato no puede convertir a un tercero en acreedor; ni tampoco, agrégase, en deudor. Cosa que no está haciéndose aquí: no se remite a duda que eso concierne exclusivamente al beneficiario. Simplemente está exigiendo que la aseguradora pague lo que debe; y hay que entender en sano discernimiento que la súplica es que pague a quien debe pagar, esto es, a la Caja, cual resultó ordenándolo el tribunal. Interés de sobra tiene en ello. Si la Caja halló gratuitamente quién le asegurara que a la muerte del deudor tenía derecho a un monto igual al saldo insoluto de la deuda, y si para así ponerse a cubierto de eventuales pérdidas acudió a que su deudor pagase por ello (las primas del seguro), la viuda puede elevar su voz, precisamente porque la función económico-jurídica del seguro ha sido puesta en vilo ante la paciencia, aquiescencia, pasividad o tolerancia de la Caja. Dicha actitud causa de rebote un perjuicio en el patrimonio del causante y a su turno en el de la herencia y sociedad conyugal. Perfectamente dirá la viuda que los seguros, y más lo que le han costado, son para eso, para cumplirse, porque esa es su función normal y corriente; que para algo ha de servir el seguro. Cuando el seguro disputado en este juicio se contrató, es verdad meridiana que el deudor, tanto o más que el propio banco prestamista, está interesadísimo y hasta muy confiado en las proyecciones económicas que tal seguro reflejaría en su órbita patrimonial, y acaso fue por ello que decidió pasar por la condición de pagar, de buen grado o no, la prima a la aseguradora que de ordinario, dicho sea de ocasión, le señala el mismo banco. Difícil imaginar interés más fúlgido. Mandarle que no despegue sus labios porque no es parte en el seguro, o porque el banco, que sí es parte, puede obrar a su antojo, resulta una orden desproporcionada e inicua. Oírla, pues, parece lo más sensato y de elemental justicia. Su clamor no es otro que éste: el pago a mi acreedor, al propio tiempo me libera; ordénenle, por consiguiente, que cumpla.

A propósito de la sinergia contractual que opera en este tipo de seguro, viene tempestivo traer a cuento lo que recientemente dijo la Sala en un caso que aunque con algunas variantes, enseña cuál es la función jurídico-económica del seguro. Expresó, en efecto, que si los herederos ya habían pagado al banco, perfectamente podían obrar contra la aseguradora si de por medio estaba la subrogación que les hiciera el banco.

Expresó entonces:

“si por la subrogación, legal o convencional, se traspasan los ‘derechos, acciones y privilegios’ del antiguo al nuevo acreedor, no es equivocado sostener, con relación al seguro de vida grupo deudores, que los demandantes adquirieron la calidad de beneficiarios, a título oneroso, porque esa era precisamente la posición del Banco Cafetero en el contrato de seguros, que no es lo mismo a que fueran beneficiarios ‘directos’ del citado seguro de vida grupo deudores”.

A lo que dio en complementar:

“el Tribunal calificó a quienes hicieron los pagos como ‘terceros’ con respecto a las relaciones entre las aseguradoras y el Banco Cafetero. Este requisito de la subrogación convencional, que entre otras cosas no se controvierte, desvirtúa que los demandantes hayan solucionado las deudas del difunto. Como se dijo en la sentencia recurrida, no lo es porque dicho causante ‘nada debía al momento de ocurrir el deceso’, en consideración a que ‘por efectos del contrato de seguro’, esas obligaciones se trasladaron, surgiendo un nuevo deudor, ‘específicamente las aseguradoras que asumían el riesgo originado el siniestro’” (Cas. Civ. Sent. mayo 25/2005, exp. C-7198).

Y consideración de no menor aprecio hállase en otras razones, ya muy propias del caso particular en estudio. Así, quepa repetirlo una vez más, la Caja reconoce que no demandó a la aseguradora, e incluso manifestó que bien podían hacerlo por ella los herederos del deudor; en concordia con esa posición, agregó que no se oponía a la demanda de casación. La aseguradora, de otro lado, tácitamente admitió el vigor del reclamo elevado por la viuda, cuando precisamente cubrió el seguro respecto de otras obligaciones, y en la de aquí apenas sí adujo que echaba de menos el certificado individual.

En compendio, ni la autonomía de la voluntad ni el principio de la relatividad de los contratos, sirven de valladar a que en casos como el que aquí se juzga pueda el deudor exigir a la aseguradora que cumpla lo suyo. Por este aspecto, nada podía objetarse a la viuda.

3. Si se dijera que ataque también hubo a la legitimación por echarse de menos el certificado de la obligación 430, cosa que, dicho sea de ocasión, apenas sí toca el recurrente, habría que responder que también ahora es incompleto el ataque, amén de tibio. Ya se dijo que el casacionista no hizo más que mencionar el aspecto. Pero, además, el tribunal no forjó su entendimiento en una sola motivación sino en varias. Aparte de la elucubración atinente a que el saldo de dicha obligación debió quedar comprendido en el valor total del último certificado, dijo a mayor abundamiento que todo apuntaba a que dicho certificado no lo podía aportar la actora porque estaba en manos de la entidad crediticia. Y el caso es que esto no se combate.

4. Ya es oportuno pasar a otros aspectos. Díjose que también se critica al tribunal por lo de los polémicos exámenes médicos. De nuevo es corta la censura, porque el recurrente no alegó más que respecto de unas razones del tribunal, mas no de todas. Alegó, sí, que el tribunal no se fijó que tales exámenes eran requisito de asegurabilidad, que hizo mal en entenderlo como exclusión, todo por apreciar incorrectamente documentos tales como el envés del certificado y el documento denominado “condiciones particulares”. Y por ello lo emplaza de contraevidente. Lo primero por destacar es que el tribunal puso la vista en tales documentos, y a fe que leyó lo que el recurrente lee. Sólo que concluyó de modo diverso; pero no por capricho sino por razones varias: dijo que lo del respaldo de aquel documento es demasiado escueto al someter la responsabilidad de la aseguradora al cumplimiento de las condiciones de asegurabilidad, y que como no hacía expresa mención a otras cosas era dable entender que sólo se refería a la declaración que con arreglo al interrogatorio suministró el deudor. Criterio que mantuvo a despecho de leer igualmente lo de las “condiciones particulares”, pues dijo que tal documento no lo tuvo el asegurado sino la entidad crediticia, quien precisamente lo aportara. Y añadió que en todo caso, con abstracción de unas y otras cosas, exigir exámenes posteriores a la suscripción de la póliza, no empece la dinámica del seguro contratado, el cual, una vez que cobre vida jurídica es irreversible, ante la imposibilidad de revocarlo unilateralmente; en su parecer, tales exámenes pueden exigirse como condición previa a la suscripción de la póliza; después nada hay que hacer, porque el resultado de ellos no puede reversar el contrato. A la verdad, el recurrente se desentendió de todas estos apuntamientos del tribunal, pues algunas ni las menciona y otras las nombra al paso.

Ya se sabe suficientemente que la labor del casacionista no consiste en alegar simplemente, pues quien alega no demuestra, como en efecto lo tiene reconocido la Corte al decir: “demuestra quien prueba, no quien enuncia, no quien envía a otro a buscar la prueba” (sent. mayo 14/2001; exp. 6752).

Así resulta de todas las cosas que se dejan referidas, que los cargos no alcanzan próspero suceso.

IV. Decisión

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida en este proceso por el tribunal superior del distrito judicial de Medellín.

Costas en el recurso de casación a cargo de la recurrente. Tásense.

Notifíquese.

Edgardo Villamil Portilla—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Pedro Octavio Munar Cadena—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete 

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