Sentencia 1999-00461 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Radicación: 47001-23-31-000-1999-00461 01 (37.667)

Actor: Jay Wallace Smith y otra

Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo(1), modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 19 de agosto de 2009, en un proceso de reparación directa con vocación de doble instancia.(2)

2. Caducidad de la acción.

La caducidad en la acción de reparación se encuentra establecida en el artículo 136, numeral 8° del C.C.A., (Decreto 01 de 1984, modificado por la ley 446 de 1998(3)), que respecto de dicho medio de control opera el mencionado fenómeno procesal al vencerse el plazo de 2 años, computados “a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

En el presente asunto tenemos que la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho se efectuó el 21 de agosto de 1997, en donde se ordenó suspenderla por la complejidad de las objeciones presentadas, razón por la cual se envió el expediente al Despacho del señor Alcalde Distrital sin que éste a la fecha de interposición de la demanda resolviera el asunto sometido a estudio.

Razón por la cual el apoderado del querellante envió con fecha 10 de noviembre de 1997 una petición al burgomaestre para que resolviera las objeciones, la cual nunca fue contestada. En consecuencia a partir de allí se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción, es decir que la parte demandante tenía hasta el 10 de noviembre de 1999 para presentar la acción de reparación directa, y como ésta se presentó el 4 de mayo de 1999, se encontraba en tiempo.

3. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”(4).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(5) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

4. Problema jurídico

De lo anterior se puede plantear como problema jurídico: ¿cabe atribuir fáctica y jurídicamente la responsabilidad patrimonial al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta por el daño antijurídico ocasionado al Jay Wallace Smith por la ocupación de un inmueble de su propiedad con ocasión de la omisión de dicho ente de dar curso a una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho?

5. Pruebas

— Copia auténtica de la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, presentada el 11 de marzo de 1997, por el apoderado del señor Jay Wallace Smith ante la Alcaldía municipal del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. En donde como fundamentos de hecho se expuso, que se tenía conocimiento que en el predio de propiedad del señor Wallace Smith estaban irrumpiendo personas desconocidas demoliendo paredes y ocupando dicho terreno. (Fls. 19 a 21, cdno. 1).

— Declaraciones juramentadas ante la Notaría Segunda de Santa Marta de los señores Luis Humberto Gómez Yaruro y María del Carmen Guzmán de De Armas, en las que fueron contestes en afirmar que conocían al señor Jay Wallace Smith y que sabían que era propietario y poseedor de un predio aproximadamente de 8.300 metros cuadrados el cual estaba siendo invadido por unas personas indeterminadas. (Fls. 22 a 23, cdno. 1).

— Copia auténtica de la escritura pública 1.443 otorgada en la Notaría Segunda de Santa Marta, mediante la cual los señores Franco Barros Pabón y Agustín Barros Pabón trasfieren a título de venta pura y simple a los señores Cesar Augusto Mendoza Fernández, Braulio Rafael Brio Pérez y Jay Wallace Smith el derecho de dominio y posesión material de un globo de terreno ubicado en la ciudad de Santa Marta en la calle 11 entre las carreras 22 y 23, con una superficie de 14.349 metros cuadrados con la casa en el construida. (Fls. 29 a 30, cdno.1).

— Copia auténtica de la decisión de 15 de julio de 1997 suscrita por el señor Alcalde Santa Marta y su Secretario de Gobierno, mediante la cual se resolvió: (Fls. 39 y 40, cdno. 1).

“(…).

ART. 1º—Avocar el conocimiento en la presente querella de Lanzamiento por Ocupación de Hecho de conformidad a lo establecido en la Ley 57 de 1905 y su decreto reglamentario 992 de 1930.

ART. 2º—Tener como apoderado al Dr. Hugues Olivella Viloria (...)

ART. 3º—Admitir la presente querella Civil Policiva de Lanzamiento por Ocupación de Hecho, instaurada por el Dr. Hugues Olivella Viloria, por reunir los requisitos de ley.

ART. 4º—Decretar el lanzamiento de las personas que se encuentran ocupando el inmueble urbano ubicado en esta ciudad, identificado con el # 22 A-03 (---).

ART. 5º—Comisionar al Inspector de Policía de la Permanente Norte (turno) para que dé cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de este proveído (...).

ART. 6º—Advertir que contra esta decisión no procede recurso alguno de conformidad al Decreto 992 de 1930 y el Artículo 336 del Estatuto Distrital de Policía”.

— Copia auténtica de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, llevada a cabo el 21 de agosto de 1997 por el señor Jorge Luis Cotes Lora (Inspector de Policía) en el cual resolvió:

“(…) Aceptar la oposición presentada por el Dr. Aristides Valencia, absteniéndome de cumplir el despacho comisorio de lanzamiento y Regresar a la Secretaría de Gobierno Distrital para que resuelva de fondo la oposición presentada además ordena una paralización de obra o estatu quo, en el predio objeto de esta diligencia con el fin de que no se realicen más construcciones en dicho predio hasta que se resuelto esta oposición por el comitente (…).” (Fls. 50 a 53, cdno. 1).

— Copia auténtica de una carta suscrita por numerosas personas, dirigida al Alcalde del Distrito de Santa Marta el 30 de agosto de 1996, en la cual le hacen saber que por su difícil situación económica tomaron posesión de unos predios en el cerro de Juan XXIII los cuales eran baldíos, que solicitan su ayuda para que no sean desalojados y le reiteran un compromiso con el proyecto político dirigido por el alcalde. (Fl. 64 a 68 c1)

— Oficio suscrito por el apoderado de dos de los invasores del predio del señor Jay Wallace Smith, enviado al Alcalde Distrital de Santa Marta el 2 de septiembre de 1997, en el que le manifiesta dos puntos, el primero sosteniendo que el señor Hugues Olivella Viloria carece de poder para representar los derechos del señor Wallace Smith, y el segundo, manifestando que la querella de lanzamiento por ocupación de hecho se encuentra prescrita, comoquiera que los invasores tienen más de seis meses de estar en posesión del lote, toda vez que lo ocupan desde agosto de 1996. (Fls. 75 y 76, cdno. 1)

— Oficio de 10 de noviembre de 1997 suscrito por el apoderado del demandante, mediante el cual solicita al Alcalde Distrital que resuelva la oposición que hicieron los ocupantes del predio del señor Jay Wallace Smith durante la diligencia de lanzamiento. (Fl. 78, cdno. 1).

— Certificado de libertad y tradición de matrícula inmobiliaria 080-67187 impreso el 4 de mayo de 1999, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, en la que se hace constar que Jay Wallace Smith es el propietario del inmueble tipo urbano lote 21 contenido en la escritura 1761 de 5 de mayo de 1998. (Fl. 79, cdno. 1).

— Copia simple de la escritura pública 1.761 otorgada por Shirley Patricia Mendoza Romero y Jay Wallace Smith en el que se consignó que al segundo se le asignaron los lotes 5, 6, 7, 8, 17,19, 20 A, 21, 22 y 22 A.

Toda vez que la división se hizo teniendo en cuenta que en el proceso de sucesión causado para el señor Cesar Mendoza Fernandez le correspondió una parte del terreno a su hija menor Shirley Mendoza Romero donde él era propietario con el señor Jay Smith. (Fls.. 81 a 110, cdno. 1).

— Copia simple de la escritura pública 2.797 de aclaración en donde aparece como otorgante el señor Jay Wallace Smith, celebrada en la Notaría Segunda de Santa Marta. (Fls.. 112 y 115, cdno. 1).

— Certificado de libertad y tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 080-67187, impreso el 9 de marzo de 2000, en donde se hace constar que Jay Wallace Smith vendió la propiedad a la señora Silvia Helena Olivella Saurith. (Fl. 151, cdno. 1).

— Testimonio rendido por el señor Hernando Manuel Varela Peña el 10 de julio de 2002, en el cual manifestó: (Fls. 266 a 269, cdno. 1).

“(…) PREGUNTADO: Díganos si para los años de 1996 y 1997 laboró usted en alguna de las dependencias del DISTRITO (…) CONTESTO: Sí, ingresé a la Alcaldía Distrital de Santa Marta inicialmente como Jefe de División de Justicia; posteriormente por la inhabilidad del Secretario de Gobierno (…) quedé encargado de la Secretaría de Gobierno (…) PREGUNTADO: Díganos todo lo que le conste y recuerde acerca de la tramitación adelantada ante la División de Justicia de la Secretaria de Gobierno Distrital con ocasión de la ocupación de un predio ubicado en esta ciudad en la calle 11 con carrera 22ª el cual tenía una extensión aproximada de 8.300 metros cuadrados. CONTESTO: Si recuerdo el trámite de esa querella civil policiva en razón a que ocurrió cuando yo estaba de Secretario de Gobierno encargado y ordené su ejecución como Jefe de División de Justicia como aparece en el despacho #060 (…) con respecto a la querella que me trae a esta declaración fue presentada legalmente por el doctor Olivella cumpliendo ésta con todos los rigores del Decreto Reglamentario 992/1930 y ley (sic) 57/1905; así como en el Estatuto Distrital de Policía de Santa Marta vigente (…) y presentada dentro del término que exige la ley, o sea dentro de los treinta (30) días a partir del momento en que se tuvo conocimiento de la ocupación del predio (…) en esta clase de procesos o querellas policivas de lanzamiento por ocupación de hecho, los recursos se interponen es ante el Inspector Comisionado y es obligación resolverlo dentro de la misma diligencia ya que en esos momentos según la ley están revestidos de los poderes del señor Alcalde. Es por ello que si usted observa, señora Magistrada, en la providencia el último artículo dice que contra esta providencia no procede recurso alguno, eso indica que no se interponen ante el funcionario de turno o sea ante el Secretario de Gobierno ni el señor Alcalde sino ante el mismo Inspector de Policía que está realizando la diligencia de lanzamiento. Quiere decir esto que debe devolverse el despacho comisorio debidamente diligenciado, más no se puede suspender diligencia por recursos, tiene que entregarse debidamente diligenciado, ya sea para que la parte querellante acuda a la justicia ordinaria o en su defecto se le dé trámite al lanzamiento inmediato (…) Por lo visto, en lo poco que recuerdo, éste decidió remitir el expediente al señor Alcalde porque supuestamente las oposiciones eran complejas, error del señor Inspector de Policía ya que el señor alcalde en ese momento era él y él tenía que darle trámite a esos recursos y continuar con la diligencia (…) PREGUNTADO: De acuerdo a la respuesta dada por usted, díganos si conforme a la omisión que hiciera el señor Inspector de Policía, comisionado para la diligencia de lanzamiento, la Alcaldía Distrital o en su defecto la Secretaría de Gobierno ordenó mediante acto administrativo que se prosiguiera la diligencia y para el efecto se devolviera el expediente de la querella al despacho del señor Inspector para lo de su cargo. CONTESTO: Después que se devolvió el despacho comisorio ya relacionado a órdenes del señor Alcalde el expediente reposó siempre en manos de éste y nunca nos remitieron el expediente o sea a la Secretaria de Gobierno para que se ordenara la continuación del lanzamiento ya ordenado por el mismo Alcalde haciendo una claridad que al momento de salir el señor Alcalde Edgardo Vives por cumplimiento de su período quedó el expediente ya en manos del Alcalde Jaime Solano Jimeno con sus asesores; al momento de yo salir de la Alcaldía Distrital de Santa Marta también cumpliendo mi período todavía no me había remitido ese expediente (…) PREGUNTADO: En el expediente que contiene la querella civil policiva que nos ocupa aparece una carta firmada por más de setenta (70) personas o jefes de familia que invadieron el predio objeto de la querella en la cual hacen un compromiso político con el doctor Edgardo Vives Campo con el fin de que él les ampare la invasión que hicieron (…) CONTESTO: Si observamos detenidamente esa carta enviada por los sujetos invasores con sus respectivas firmas y cédulas vemos claramente que está dirigida por la vía de correspondencia recibida directamente al señor Alcalde Mayor del Distrito de agosto 30 del año 96 y recibida por su secretaria señorita Victoria (…).” Negrilla fuera del texto

— Diligencia de inspección judicial efectuada al predio objeto del litigio, el 5 de julio de 2002 por la Magistrada Martha Isabel Castañeda cúrvelo (fls. 270 a 271, cdno. 1).

— Dictamen pericial de avalúo del inmueble propiedad del señor Jay Wallace Smith, realizado el 9 de junio de 2004 por el Ingeniero Civil Carlos Manuel Polo Jiménez, en el que se consignó: (i) que el bien es urbano está ubicado en la dirección es calle 11 Nº 23ª-03 (ii) con un área total de 8.300 metros cuadrados (lote), (iii) con ninguna posibilidad de adecuación porque está totalmente invadido en su mayoría por viviendas a medio construir y (iv) para el cual se estima un valor total de $390.000.000. (Fls. 273 a 285, cdno. 1).

6. Solución del caso concreto.

Visto el acervo probatorio que obra dentro del expediente se tiene demostrado fehacientemente que el señor Jay Wallace Smith adquirió junto con el señor Cesar Augusto Mendoza Fernández y Braulio Rafael Brio Pérez el derecho de dominio y posesión material de un globo de terreno ubicado en la ciudad de Santa Marta en la calle 11 entre carreras 22 y 23 con una superficie de 14.349 metros cuadrados, negocio elevado a escritura pública 1.443 de 30 de noviembre de 1978. Negocio, que posteriormente se registró con el número de matrícula inmobiliaria 080-001291.

Así mismo, está demostrado que en proceso divisorio promovido por Jay Wallace Smith en contra de Shirley Patricia Mendoza (heredera de Cesar Augusto Mendoza Fernández), se logró una transacción entre las partes mediante sentencia de 28 de noviembre de 1997, la cual se elevó a escritura pública 1.761 de 5 de mayo de 1998, en la que se consignó entre otras cosas que al señor Jay Wallace Smith le correspondió el lote 21, objeto de la querella civil policiva, situación que a la postre está demostrada con el certificado de libertad y tradición del inmueble obrante a folio 105 y 110 del cuaderno 1.

Probado está, que mediante oficio de 11 de marzo de 1997 el apoderado del señor Jay Wallace Smith interpuso ante el Alcalde Distrital de Santa Marta una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hechos contra personas indeterminadas, comoquiera que estas estaban invadiendo el inmueble urbano propiedad del primero ubicado en la calle 11 Nº 22A-03, motivo por el cual, la máxima autoridad municipal expidió el 28 de abril de 1997 el acto administrativo por el cual se resolvió admitir la querella, se decretó el lanzamiento y se comisionó al Inspector de Policía de la Permanente Norte para dar cumplimiento a lo ordenado. (Fols. 19 a 20 y 39 a 41 c1)

En cumplimiento de lo anterior, se expidió el despacho comisorio 060 (fl. 47, cdno. 1), mediante el cual la Secretaria de Gobierno Distrital – División de Justicia de Santa Marta, comisionó al Inspector de Policía Central Permanente para que se sirviera diligenciar la querella civil de policía de lanzamiento por ocupación de hecho de acuerdo a lo establecido en el acto administrativo de 28 de abril de 1997.

Así las cosas, el día 21 de agosto de 1997 se llevó a cabo por parte del Inspector de Policía Jorge Luis Cotes Lora, la diligencia de lanzamiento en el inmueble ubicado en la calle 11 Nº 22A-03, en donde el apoderado de los ocupantes invasores se opuso argumentando para ello las siguientes razones, la primera solicitando aplazar la diligencia a una nueva fecha por cuanto el Ministerio Público no estaba presente, petición que fue desestimada por el inspector; la segunda, fundamentado en que el apoderado del querellante carecía de poder para actuar en la diligencia y la tercera argumentando que la querella estaba prescrita toda vez que la ocupación se produjo desde el 30 de agosto de 1996 y según la normatividad la acción de lanzamiento por ocupación prescribía a los 30 días contados a partir del primer acto de ocupación o desde el día en que se tuvo conocimiento del hecho. (Fls. 38 a 53, cdno. 1).

En vista de los anteriores argumentos de oposición, el inspector de policía como director de la diligencia, resolvió en esa misma acta lo siguiente: “(...) En este estado de la diligencia el señor Inspector teniendo en cuenta la oposición presentada por el Dr. Aristides Valencia en particular debido a la complejidad de los puntos expuestos por el antes mencionado como es en particular pruebas de posesión argumentadas con el oficio alendado (sic) agosto 30 del 96 dirigido al alcalde distrital (...) RESUELVE: Aceptar la oposición presentada por el Dr. Aristides Valencia, absteniéndome de cumplir el Despacho comisorio de Lanzamiento y regresar a la Secretaria de Gobierno Distrital para que resuelva de fondo la oposición presentada además ordena una paralización de obra o Estatu Quo, en el predio objeto de esta diligencia con el fin de que no se realicen más construcciones en dicho predio hasta que sea resuelto esta oposición por el Comitente (...)”.

Por otra parte, si bien no obra dentro del plenario certificación o remisión alguna que indique que el asunto de la diligencia de lanzamiento pasó al Despacho del Alcalde Distrital de conformidad en lo allí resuelto, si es cierto que reposa escrito de 10 de noviembre de 1997, mediante el cual el apoderado del señor Jay Wallace Smith solicitó a la máxima autoridad del municipio resolver la oposición que hicieran los ocupantes del predio, toda vez que pese a decretarse un status quo durante la diligencia, los invasores seguían construyendo de mala fe en el predio invadido. (Fl. 78, cdno. 1).

Lo anterior, quiere significar que el expediente por la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho si se encontraba en el despacho del señor Alcalde Distrital, situación que a la postre corroboró el señor Hernando Manuel Varela Peña en su testimonio, quien manifestó que para la época de los hechos se desempeñó como Jefe de División de justicia de la Secretaría de Gobierno distrital y como Secretario de Gobierno encargado.

En ese orden de ideas, se puede constatar que al señor Jay Wallace Smith hasta el día de hoy nunca se le resolvió su situación ni la querella civil policiva que con el lleno de los requisitos legales fue admitida por el Alcalde Distrital de Santa Marta.

En vista de lo anterior, resulta pertinente traer a colación la normatividad vigente para la época de los hechos en cuanto a la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho.

Al respecto, observamos que el artículo 14 de la Ley 57 de 1905 de 29 de abril “Sobre reformas judiciales”, consagraba:

“Cuando la finca, al tiempo de ejecutarse el lanzamiento de que trata el artículo 12, estuviere ocupada por otras personas distintas del arrendatario que aleguen algún derecho para retenerla, el jefe de policía tomará razón de las pruebas y alegatos en la diligencia respectiva, pero no suspenderá en ningún caso el lanzamiento” Negrilla fuera del texto.

A su turno, el artículo 15 de Ley 57 de 1905 reglamentado por el Decreto Nacional 992 de 1930, modificado parcialmente por el artículo 15 de la Ley 200 de 1936 disponía:

“Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de las cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito de queja; y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, o se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca.

PAR.—El jefe de policía moroso en el cumplimiento del deber que le impone el inciso anterior, será responsable en la misma forma y términos de que trata el artículo 12.” Negrilla fuera del texto

A su turno, el Decreto Nacional 992 de 1930, por el cual se reglamentó el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y se derogó el Decreto 515 de 1923, dispuso en los siguientes artículos, lo siguiente:

“ART. 1º—Toda persona a quien se le hubiere privado de hecho de la tenencia del material de una finca, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, podrá pedir por sí o por medio de apoderado debidamente constituido al respectivo alcalde municipal la protección consagrada en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905.

(...).

ART. 2º—En el memorial a que se refiere el artículo 1º de este decreto, que debe ser presentado personalmente ante el alcalde y su secretario, se hará constar lo siguiente:

1. El nombre del funcionario a quien se dirige.

2. El nombre del querellante, expresando si lo hace por sí o a nombre de otro, y su estado civil y vecindad.

3. La persona o personas contra quienes se dirige la acción y su estado civil y vecindad, si fueren conocidos.

4. La finca que ha sido ocupada de hecho, su ubicación y los linderos y las demás señales que sirvan para identificarla claramente.

5. La fecha desde la cual fue privado de la tenencia material, o la fecha en que tuvo conocimiento de ese hecho; y

6. Los títulos en que se apoya para iniciar la acción y los hechos en que funda la queja.

(…).

ART. 6º—Cumplidas dichas formalidades, el alcalde municipal dictará inmediatamente la orden de lanzamiento contra los ocupantes, y lo hará saber en seguida a éstos personalmente o por medio de avisos fijados en la entrada de la finca de que se trate, si aquéllos se ocultaren o no fueren encontrados. En dichos avisos, que deben firmarse por el alcalde y su secretario, se expresarán el día y la hora señalados para efectuar el lanzamiento, que será dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de la admisión del escrito de queja. De todas la (sic) diligencias que se practiquen a este respecto se dejará especialmente constancia en el expediente.

Para el cómputo de horas se tendrá en cuenta lo prevenido en los artículos 60 y 62 del Código Político y Municipial y en el artículo 2º de la Ley 77 de 1926.

ART. 7º—Las providencias del alcalde en las actuaciones de lanzamiento, son apelables dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación, para ante el inmediato superior, en el efecto devolutivo, si se trata de la persona contra quien se dirige la acción, y en ambos efectos si el que apela fuere el querellante.

ART. 8º—alcalde del municipio en que estuviere ubicada toda la finca invadida es el competente para conocer de las demandas de lanzamiento; si la finca perteneciere a dos o más municipios y la acción se dirige para recuperar una porción de la finca situada en uno solo, conocerá el alcalde de ese municipio, y si la acción se refiere a toda la finca, conocerán los alcaldes de la ubicación a prevención.

ART. 9º—Llegado el momento de practicar el lanzamiento, el alcalde se trasladará al lugar en que aquél debe verificarse, acompañado de su secretario, pudiendo también concurrir las personas interesadas y dos testigos si se juzgare conveniente; una vez allí, el alcalde llamará a la puerta de la casa o heredad y hará saber a la persona o personas que allí se encuentren, quién es y el objeto que lleva. Si dentro de diez minutos no le contestaren o no le permitieren la entrada, hará una nueva intimación, previniéndoles la responsabilidad en que incurren por su denegación; y si pasaren diez minutos más sin franquearse la entrada, procederá al lanzamiento, valiéndose de la fuerza, si fuere necesario.

ART. 10.—Si la casa estuviere cerrada y nadie contestare al llamamiento, pasados diez minutos se procederá a la apertura y lanzamiento. Cuando se trate de un campo inhabitado, el alcalde al llegar a cualquiera de sus linderos, hará en alta voz el llamamiento, prevenido, y pasados diez minutos procederá a entregar la finca al querellante.

ART. 11.—En los casos en que en la finca no se encontrare persona alguna, se hará un inventario de las cosas que allí hubiere, suscrito por el alcalde y su secretario, y se dejarán bajo el cuidado de un depositario que designará el alcalde.

(…).

ART. 13.—Si antes de practicarse el lanzamiento, el ocupante de la finca o heredad exhibiere un título o prueba que justifique legalmente la ocupación, el alcalde suspenderá la diligencia del lanzamiento, quedando en libertad los interesados para ocurrir al poder judicial.

(…).

ART. 14.—En la acción de lanzamiento, no hay necesidad de fijar cuantía para efectos de determinar la jurisdicción.

ART. 15.—La acción administrativa sumaria de lanzamiento prescribe a los treinta días, contados desde el primer acto de ocupación o desde el día en que tuvo conocimiento del hecho el querellante, según el caso”.

De conformidad con la normatividad reseñada y los hechos probados expuestos, puede concluir la Sala que el señor Jay Wallace Smith era el titular del derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la diligencia de lanzamiento; de cuya posesión se vio despojado como consecuencia de la ocupación irregular por parte de terceros quienes se situaron en dicho predio y realizaron construcciones de vivienda en él. Situación que en consecuencia, le ocasionó perjuicios al demandante toda vez que no pudo disponer libremente de su predio.

En vista de lo anterior, encuentra la Sala fehacientemente demostrada la falla del servicio por omisión en que incurrió el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, al no dar una respuesta eficaz y oportuna al señor Jay Wallace Smith que así lo demandaba mediante la querella civil policiva de lanzamiento por ocupación de hecho que previamente había interpuesto contra terceros indeterminados que ocupaban el predio de su propiedad.

Pues por el contrario, lo que si hubo fueron actuaciones dilatorias y desidia por parte de las autoridades competentes para resolver el caso sometido a estudio, que al final de cuentas no era la de establecer el derecho de dominio del predio ocupado, sino que buscaba proteger la posesión y tenencia del mismo, motivo por el cual, se esperaba que la actuación de las autoridades competentes se ejerciera de manera pronta y ágil requiriendo tan solo prueba sumaria del derecho afectado para que el funcionario procediera a adelantar la diligencia de lanzamiento, tal como lo preveían las normas citadas ut supra.

Se advierte pues, la brevedad con la cual el procedimiento debe ser adelantado, por cuanto se trata de una medida preventiva e inmediata para remediar una situación de hecho que afecta el estado en que se halla una persona frente a un bien inmueble determinado, bien sea como poseedora o como tenedora del mismo y que está viendo perturbada esa relación jurídica, por el actuar arbitrario, violento o clandestino de un tercero.(6)

De modo que en el caso sub iudice se observa, que si bien el Alcalde Distrital de Santa Marta recibió en su despacho el expediente de la querella para resolver las oposiciones que en la diligencia practicada por el Inspector de Policía se habían realizado, este omitió por completo su labor de dar una pronta y eficaz solución al problema planteado, dejando desprotegido al accionante quien nunca obtuvo un pronunciamiento por parte de la autoridad competente.

Pues se afirmó que por la ausencia de pronunciamiento por parte de quien debía hacerlo, los invasores se afianzaron aún más en el predio del demandante tornando casi que imposible su desalojo, toda vez que si bien en la diligencia de lanzamiento se decretó el statu quo del bien, este fue irrespetado por los ocupantes ilegales, quienes al contrario de lo decidido siguieron construyendo en el inmueble, sin que la entidad demandada hubiera hecho nada para impedirlo, es decir que la diligencia en realidad, se hizo a medias y no cumplió con su cometido.

Sobre esta clase de procesos, ha dicho la Corte Constitucional(7):

“3.2. Ahora bien, en relación con la querella policiva por ocupación de hecho, la Corte ha afirmado que la práctica de estos procesos supone celeridad e inmediatez, pues precisamente, la idea es evitar que la perturbación se prolongue. Al respecto, en Sentencia T-878 de 1999 se dijo:

“Según la normatividad aplicable a los procesos policivos y que se encuentra contenida en el decreto 1355 de 1970, rigen los principios de economía procesal, celeridad e inmediatez, basados en la urgencia y necesidad de adoptar medidas oportunas y eficaces para proteger los derechos o intereses cuya protección se impetra.

Ahora bien, uno de los procesos de policía más efectivos es el del lanzamiento por ocupación de hecho, cuyo objetivo es evitar que se perturbe, o que se ponga fin a la perturbación, entre otras situaciones, de la posesión que alguien tenga sobre un bien, de modo que se restablezca y preserve la situación que existía al momento en que ocurrieron los hechos que la motivaron.

La actuación dentro del referido proceso debe ser lo más diligente posible para que la protección del derecho o del interés transgredido se satisfaga a la mayor brevedad; es por ello que se tramita en única instancia, con el fin de no retardar la expedición y efectividad de las medidas que tiendan a remediar la situación”

Ahora bien, resulta también pronunciarse en el caso de autos sobre los fundamentos expuestos por el a quo en la sentencia de primera instancia, toda vez que le asiste razón en señalar que al demandante también tiene otras herramientas legales para defender su derecho de propiedad, tal como la acción reivindicatoria de que trata el artículo 946 del C.C.

Lo anterior, por cuanto no puede pretender el demandante que mediante esta acción de reparación directa se le ampare su derecho de propiedad, toda vez que para garantizar ese derecho cuenta con otra herramienta jurídica en la jurisdicción ordinaria. Recuérdese, que el asunto sometido a esta jurisdicción tuvo inicio en una acción de lanzamiento por ocupación de hecho, la cual no tiene otra finalidad que la de proteger únicamente la posesión o tenencia de una cosa, y no de la propiedad o derecho de dominio como tal.

En conclusión, es evidente la falla del servicio por omisión que se le imputa al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta en cabeza de su entonces alcalde señor Edgardo Vives Campo y el que lo sucedió, señor Jaime Solano Jimeno comoquiera que resultó evidente la desidia y descuido de ambos en el manejo y solución del asunto sometido a su revisión, tal como se desprende del testimonio del señor Hernando Manuel Varela Peña, quien se desempeñó para la época como Jefe de División de Justicia y Secretario de Gobierno encargado y quien manifestó claramente que el expediente o carpeta de la diligencia quedó archivado en el Despacho del señor Alcalde, mostrando dicha actitud de los burgomaestres una clara negligencia y omisión de sus deberes normativos.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, procede la declaratoria de responsabilidad patrimonial solicitada en la demanda.

7. Liquidación de perjuicios

Sobre el asunto, se solicitó en la demanda el pago de los siguientes perjuicios discriminados así:

“Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene al Distrito Turístico, Cultural E Histórico de Santa Marta, a reconocerle a mi poderdante los perjuicios causados con la omisión, así:

• Una suma de dinero equivalente al valor del inmueble de propiedad de mi mandante, aproximadamente cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($450.000.000.oo).

• Las sumas de dinero que llegaren a determinarse en el proceso como daño emergente o lucro cesante desde la fecha en que se dio la ocupación de hecho por parte de los invasores hasta cuando se dicte la sentencia.

• El valor de mil gramos oro a la fecha en que se dicte la sentencia, con el fin de compensar el daño moral causado a mi poderdante por la omisión de las autoridades administrativas del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, lo que trajo como consecuencia la eventual pérdida del predio y el desmedro patrimonial de mi representado.

• Se ordene la inscripción de la sentencia en la oficina de Instrumento Público de Santa Marta, debido a que en caso de condena, ella constituiría título traslaticio de dominio, acorde con la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado.

• El Distrito Turístico, cultural e histórico de Santa Marta, le dará cumplimiento a la sentencia conforme a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.”

7.1. Perjuicios morales

En cuanto a los perjuicios morales reclamados, debe decirse que el daño moral se ha entendido como la aflicción, dolor, angustia y los otros padecimientos que sufre la persona con ocasión del evento daño y que deben ser indemnizados en aplicación del principio general de reparación integral del daño.

Ahora bien, sobre los perjuicios morales por pérdida de bienes materiales, la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de marzo 26 de 2008 Radicado: 1995-02016-01(15535) sostuvo:

Ahora bien, en cuanto atañe específicamente a la procedencia del daño moral por la pérdida de bienes, cabe precisar que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, esta Corporación si ha encontrado posible derivar perjuicios morales por la pérdida de bienes; así lo manifestó en sentencia del cinco de octubre de 1989:

“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por éstos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”(8). Negrilla fuera del texto

De igual forma lo reiteró en sentencia del 13 de abril de 2000 y posteriormente en sentencia del 7 de junio de 2006(9):

“El desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(10)(11).

Específicamente en cuanto a la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que:

“la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente y en consecuencia, para considerarlo indemnizable con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública.”(12) Negrilla fuera del texto

Para el caso concreto, no encuentra la Sala prueba alguna que acredite el perjuicio moral que se alega, en la medida en que no se demostró en que afectó moralmente la pérdida de la posesión del inmueble a la parte actora.

7.2. Lucro cesante

Entiéndase por lucro cesante, la ganancia o provecho que dejó de reportarse a consecuencia de la concreción del daño antijurídico. Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que el lucro cesante, puede presentar las variantes de consolidado y futuro, y este ha sido definido como “el reflejo futuro de un acto ilícito sobre el patrimonio de la víctima, que justamente por ser un daño futuro exige mayor cuidado en caracterización o cuantificación(13)

Al respecto, cabe señalar que no se reconocerá perjuicio alguno en la modalidad de lucro cesante, toda vez que el demandante sobre dicho rubro solo manifestó en la demanda que tenía la intención de “construir una urbanización en el sector”, lo cual quedó como una mera enunciación sin sustento probatorio alguno.

7.3. Daño emergente

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se concluye que sólo hay lugar al reconocimiento de los perjuicios sufridos por el demandante como consecuencia de la pérdida de la posesión sobre el predio de su propiedad que fue objeto de la invasión por terceros, no impedida oportunamente por la entidad demandada.

Se reitera, que este no es el escenario ni la vía judicial idónea para reclamar el valor total del bien inmueble, comoquiera que no estuvo —en la diligencia de lanzamiento— ni está en discusión la propiedad de dicho predio -para lo cual el demandante puede hacer uso de la acción reivindicatoria- sino únicamente la posesión.

En ese orden de ideas, para probar lo que el demandante tenía dentro de su predio, se rindieron dos testimonios que se requerían para interponer la querella civil policiva ante la alcaldía en ese entonces (Fls. 22 y 23, cdno. 1), en los cuales los dos testigos fueron contestes en afirmar que lo que existía antes de la invasión u ocupación ilegal en el inmueble de Jay Wallace Smith eran: cerramientos, árboles frutales, albercas que sirvieron como bebederos para animales y una gruta con una imagen del “Divino Niño”.

En consecuencia, encuentra la Sala que si bien está determinado el perjuicio sufrido por la parte demandante, se observa que la actividad probatoria para acreditar el quantum del mismo fue nula, sin embargo, no significa ello que se niegue la indemnización, ya que éste puede ser apreciable material y jurídicamente.

En casos como este, se ha acudido a la aplicación del principio de equidad, para valorar o tasar el perjuicio, con fundamento en el art. 16 de la Ley 446 de 1998, que dispone:

”Valoracion de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

Al respecto, en sentencia del 21 de febrero de 2011. Exp. 38.621, proferida por esta Subsección, con ponencia del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, se refirió al tema tratado –fallos en equidad-, de la siguiente manera:

“(…).

Así que en conclusión, los fallos en equidad, sea que los profieran los jueces o sea que los emitan los árbitros en los casos que proceden, no quedan exentos de estar motivados ni de fundamentarse en las pruebas oportuna y legalmente allegadas al proceso.

Luego, la gran conclusión es que los fallos en conciencia están proscritos en nuestro sistema jurídico y que se podrá acudir a la equidad como criterio único si la ley o las partes facultan al juzgador para ello.

Pero, ¿Qué es lo que caracteriza a un fallo en equidad?

A juicio de la Sala nada mejor que los dos postulados que atrás se mencionaron para determinar si se rotula con la equidad a una decisión.

En efecto, la providencia será en equidad cuando: a) El juez o el árbitro inaplica la ley al caso concreto porque considera que ella es inicua o que conduce a una iniquidad; b) El juez o el árbitro busca por fuera del ámbito de la ley una solución al caso controvertido.

Pero, se repite, ninguna de estas hipótesis supone que el juzgador prescinda de la motivación o de las pruebas porque entonces ya no sería en equidad sino en conciencia y las decisiones de ésta naturaleza están proscritas de nuestro sistema jurídico tal como se deduce de los artículos 29, 116 y 230 superiores.

Así las cosas, la Sala al observar que no existen documentos u otros medios de prueba, que den cuenta de erogaciones realizadas por la parte actora en virtud de la ocupación así como tampoco existe prueba de que el predio tuviera construcciones previas a la ocupación, y, teniendo en cuenta que existe prueba del daño, más no de su cuantía; la liquidación del daño emergente se hará en equidad de acuerdo a la motivación anteriormente expuesta.

En efecto, dada la dificultad de precisar cuáles fueron los gastos concretos y su cuantía que la perdida de la posesión generó al señor Jay Wallace Smith para arribar a una cuantificación en equidad del perjuicio, se tendrán en cuenta los siguientes factores:

a) Que el poseedor –demandante- tuvo que nombrar apoderado judicial para que se encargara del asunto, es decir, de la querella civil policiva de lanzamiento por ocupación.

b) Que se trata de un bien inmueble con una extensión de 8.300 metros cuadrados en la ciudad de Santa Marta.

c) Que en virtud de la magnitud de las construcciones ilegales en el predio se hace muy difícil o casi que imposible recuperar la posesión del mismo. (Ver folios 270 a 285 donde reposa la inspección judicial al lugar y el dictamen pericial que tuvo como finalidad ver las condiciones en las que se encontraba el bien ya invadido y determinar su valor el cual se tazó en $390.100.000.oo)

d) Que si bien no habían construcciones considerables dentro del lote, según los testimonios de los señores Luis Humberto Gómez Yaruro y María del Carmen Guzmán de Armas —los cuales se rindieron el 11 de marzo de 1997 para instaurar la querella policiva—, dentro del predio al momento de la ocupación ilegal existían únicamente cerramientos, árboles frutales —sin especificar cuantos ni de qué calidad—, “albercas que sirvieron de bebedero” y una gruta con una imagen del Divino Niño (fls. 22 y 23, cdno. 1).

e) Que según el dictamen de avalúo de bienes inmuebles y mejoras rendido el 12 de agosto de 2012 por el Ingeniero Civil Carlos Polo Jiménez, el área en metros cuadrados del lote era de 8.300 metros con un valor unitario de $47.000, valor fundamentado en las siguientes consideraciones: (fls. 272 a 285, cdno. 1).

“…Topografía: Quebrada. Forma: Irregular. Clima: 28 Cº. Posibilidad de adecuación: Ninguna/totalmente invadido. Está ocupado en su mayoría por viviendas a medio construir. (…) Sus condiciones de topografía (terreno quebrado), hacen que su valor sea menos que el correspondiente a predios vecinos, con topografía plana…

Comentarios. 

El inmueble objeto de la diligencia, se encuentra ubicado en la Calle 11, entre las carreras 22 y 22 A, Barrio San Juan XXIII, hoy parte de la Comuna 5, según la clasificación del POT (…) de la ciudad de Santa Marta.

También el POT señala que el Barrio San Juan XXIII se encuentra en Área Residencial AR 4 (Zona Homogénea ZHT-8). Esta clasificación se establece para aquellos barrios de origen de invasión, que han ido consolidando en el tiempo una tipología de vivienda y una estructura espacial particular, con deficiencias de espacio público y equipamento (sic) que deben ser incorporados al tejido urbano.

A esta tipología corresponde el barrio Juan XXIII. Sin embargo, el predio objeto de esta diligencia, está ocupado en su mayoría por viviendas de escasos recursos, que no satisfacen las necesidades básicas a sus moradores, especialmente a aquellos que se encuentran en la parte alta del predio.

Factor determinante para que esto se desarrollara así, es la topografía del terreno, ya que es un cerro o elevación, rodeado geológicamente por zonas planas, como se aprecia en las fotos que se anexan en este estudio.

(…) el suministro predial de acueducto no existe para estos predios que se encuentran en la cumbre del cerro.

(…) en cuanto al suministro eléctrico, se observa el tendido de cables, sin ninguna técnica, presumiéndose que existen conexiones fraudulentas.

(…).

Las características descritas de este asentamiento urbano en el lote marras, hace que se constituyan en factor desvalorizante. Además que la misma topografía conduce a la disminución del valor por metro cuadrado del terreno. Es decir, su costo no puede ser igual al del metro cuadrado en la zona plana”.

Atendiendo a todas y cada una de las anteriores circunstancias, la Sala, buscando compensar al demandante, determina, en equidad, que la indemnización del daño material, en la modalidad de daño emergente, a la fecha de esta providencia es de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo), comoquiera que, se reitera, el predio en sus condiciones topográficas no era la mejor, puesto que era elevado en un cerro, no contaba con instalaciones de servicios públicos y se encontraba en una zona general de invasiones.

8. Costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera – Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 19 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena por las razones expuestas en esta providencia.

Primero: DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta por los daños y perjuicios causados al señor Jay Wallace Smith por la pérdida de la ocupación del inmueble de su propiedad.

Segundo: CONDENAR al Distrito Turístico, Cultural E Histórico de Santa Marta a pagar a favor de la señora Silvia Helena Olivella Saurith como cesionaria de los derechos litigiosos, en los términos de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 28 de agosto de 2000, la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo) a título de daño emergente que le fueron causados, para lo cual se tendrán en cuenta los lineamientos consignados en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto: DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de segunda instancia, conforme al artículo 114 del Código General del Proceso.

Quinto: Sin condena en costas.

Sexto: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. (…)

2 La pretensión mayor es de $450.000.000 por concepto de perjuicios materiales, es decir que supera los 500 SMLMV exigidos para el momento de la presentación del recurso de apelación.

3 En su precedente normativo, esto es, en el Código Contencioso Administrativo consagrado por la ley 167 de 1941, en el artículo 83 y en su inciso 3º del artículo 84 estableció que las acciones encaminadas a obtener una reparación, como es la presente, prescriben al cabo de cuatro meses a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto, etc”. Puede verse: Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 23 de mayo de 1953, expediente 19530523. Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de marzo de 1954, expediente 19540309. Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 22 de julio de 1955, expediente 1955-N5085. Sección Segunda, auto de 29 de febrero de 1972. “De conformidad con el artículo 83 del C.C.A. la acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos particulares prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de cuatro meses a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho u operación administrativa que cause la acción”. Fija esta norma un término perentorio para accionar o recurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra actos que lesionan derechos de particulares. Este término es lo que los tratadistas denominan "Caducidad", que es diferente, desde luego, a la prescripción. Hay por lo mismo una impropiedad en la norma al hablar de prescripción y no de caducidad. Los plazos preestablecidos en forma objetiva, es decir, sin consideración a situaciones personales del interesado, es lo que se llama caducidad. Si el actor los deja transcurrir sin presentar la demanda, el derecho a la acción caduca, se extingue inexorablemente, sin que pueda alegar para revivirlos excusa alguna, ya que no son susceptibles de interrumpirse, al contrario de lo que ocurre con la prescripción extintiva de derechos. El derecho puramente potestativo a la acción o al recurso comienza con el plazo prefijado y nada obsta para que se ejercite desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo improrrogable. Quien se crea con derecho a accionar contra el acto administrativo que le ha creado una situación jurídica subjetiva debe hacerlo antes para no correr el riesgo de que se le extinga el plazo concedido”. Sección Tercera, auto de 31 de mayo de 1979. “Es indudable que el Decreto Ley 528 de 1964 estableció un término perentorio de caducidad en el artículo 28, al disponer: "La competencia para conocer de las acciones indemnizatorias por hechos u operaciones de la administración está condicionada a que dichas acciones se instauren dentro de los tres años siguientes a la realización del hecho u operación correspondiente”.

4 Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.

5 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 2005, radicado: 11.988, actor: Hoteles e Inversiones Ltda.

7 Sentencia T-844 de 2003. M.P.: Alfredo Beltrán Sierra

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del cinco de octubre de 1989, expediente: 5.320, actora: Martha Cecilia Klinker de Jaramillo.

9 Expediente AG- 001

10 Sentencias del 5 de octubre de 1989, exp: 5320, del 7 de abril de 1994, exp: 9367 y del 11 de noviembre de 1999, exp: 12.652, entre otras.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 13 de abril de 2000, expediente: 11.892.

12 (pie de página de la cita) Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 15.351.

13 CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de responsabilidade civil, 6ª edic., Malheiros editores, Sao Paulo, 2005, pág. 97.