Sentencia 1999-00466/29598 de octubre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 18001-23-31-000-1999-00466-02(29598)

Actor: María Irene Sánchez Cuellar

Demandado: Superintendencia Bancaria, Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria - Dansocial

Referencia: Apelación Sentencia - Acción de Reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Olga Melada Valle de De La Hoz

Bogotá D.C, veinte de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, el cual dice que la corporación en la Sala Contenciosa Administrativa conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales en proceso con vocación de segunda instancia(12).

Por lo tanto, la Sala es competente para conocer el recurso de apelación comoquiera que la pretensión mayor individualmente considerada es de $ 43.374.726,00(13) por concepto de daño emergente, monto que supera la cuantía establecida para que un proceso iniciado en el año 1999, tuviera vocación de doble instancia, esto es, $ 18.850.000.

2.2. Alcance del recurso de apelación.

En este caso el recurso de apelación fue interpuesto por la parte demandante, por lo tanto, la Subsección aplicará la decisión adoptada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado(14) en la que se fija el alcance de la competencia del sentenciador de segunda instancia, limitándola al estudio de los puntos de la sentencia que fueron opugnados por el recurrente en el libelo de apelación, teniendo en cuenta las referencias conceptuales y argumentativas expresamente formuladas en su contra.

2.3. Acervo probatorio.

El acervo probatorio está integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el a quo.

2.3.1. Valoración de copias simples.

Al respecto, es preciso indicar en lo que se refiere a las copias simples que obran en el acervo probatorio, que se le dará valor probatorio, dado que han obrado a lo largo del proceso y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes conforme a los principios de buena fe y Lealtad procesal que rigen toda actuación judicial.

Sobre las copias simples, la Sala Plena de la Sección Tercera unificó su posición en reciente sentencia:(15)

(…)

“Es necesario destacar la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, que cambió el inciso cuarto del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, para señalar que los documentos privados elaborados o suscritos por las partes, incorporados al proceso en original o copia se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos”.

(…)

“Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos leyes 1400 y 2019 de 1970. En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.)…”

(…)

“Las reglas relativas a la valoración de las copias, que podrán entrar en vigencia el 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 627 del Código General del Proceso, son las siguientes: (…). Cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el Código General del Proceso, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del Código General del Proceso, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias. Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales”.

(…)

No quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios - como los procesos ejecutivos en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (ver el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (ver contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 - nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. No obstante, el legislador del año 2011, al reconocer la importancia de los principios constitucionales y la función que ejercen o cumplen en la armonización de los postulados legales del orden procesal, determinó en la nueva disposición del artículo 167 ibídem, que “no será necesario acompañar su copia [la de las normas de alcance no nacional], en el caso de que las normas de carácter local que se señalen como infringidas se encuentren en el sitio web de la respectiva entidad, circunstancia que deberá ser manifestada en la demanda con indicación del sitio de Internet correspondiente”. (…) la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia - en los procesos ordinarios la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de los extremos es la administración pública (subrayado fuera del texto original).

Acervo probatorio relevante para la solución del caso:

1. Copia auténtica del formulario de Reclamación del 24 de agosto de 1998, con número de radicación 01-01455, elevado por María Irene Sánchez Cuellar a la Cooperativa Cofiandina en liquidación (fl. 2 c. 1).

2. Copia auténtica del Certificado de Ahorro a Término No 01558 (fl. 3 c. 1).

3. Copia auténtica del Certificado de Ahorro a Término No 02485 (fl. 4 c. 1).

4. Copia auténtica del Certificado de Ahorro a Término No 01539 (fl. 5 c. 1).

5. Resolución 0892 del 15 de julio de 1998, por la cual se toma posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Cofiandina Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina (fls. 6-10 c. 1).

6. Resolución 006 del 30 de diciembre de 1998, por medio de la cual se decide la aceptación o rechazo de las reclamaciones presentadas oportunamente, en el proceso de liquidación forzada administrativa de la Cofiandina y se determinan los bienes que están excluidos de la masa de la liquidación, el orden de restitución de los mismos, y se establece la prelación de pagos de los créditos a cargo de la masa (fls. 15- 21 c. 2 pruebas).

7. Circular Externa 003 del 27 de agosto de 1999, sobre el estado del proceso de liquidación forzosa administrativa (fls. 22-28 c. 2 pruebas).

8. Recibo de pago de acreencias de fecha 08 de septiembre de 2000, por valor de $ 20.498.401 (fl. 29 c. 2).

9. Comprobante de egreso Nº 90012041 por valor de $ 20.498.401 (fl. 30 c. 2).

10. Estado de cuenta reclamaciones (fl. 31-32 c. 2).

11. Recibo de pago parcial de acreencia Nº 90011034 del 20 de junio de 2000 por valor de $ 23.455.696 (fl. 33 c. 2).

12. Contrato de compra de acreencias y cesión de derechos y orden de pago C2-1555-132653-170760 por valor de $ 1.000.000.00, de fecha 30/03/00, que reza:

“Sánchez Cuellar María Irene con documento de identidad CC 26.615.616 en cumplimiento de lo establecido en el literal g del artículo 3º del Decreto 2506 de 1998, manifiesto que:

A. que he recibido a entera satisfacción la suma de: UN MILLÓN DE PESOS M/CTE 1.000.000 por concepto de la adquisición, que de mi acreencia en Cofiandina hace la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por conducto de Fiduciaria la Previsora S.A. Como mandataria y administradora del Fondo de Solidaridad de Ahorradores y Depositantes de entidades Cooperativas en liquidación-Fosadec.

B. Que el crédito adquirido por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y cuyo límite se contrae a lo efectivamente pagado se deriva de los recursos por mí depositados en la cooperativa mencionada según: certificado de depósito a término 171539.

C. Que en virtud de lo anterior cedo a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de Fiduciaria la Previsora S.A, por ser mandataria de ella, todos los derechos relacionados con la acreencia (…) en consecuencia, subrogo a favor de la cesionaria todas las acciones legales a que hubiere lugar para hacer valer el crédito cedido en el proceso de liquidatorio de la mencionada cooperativa o frente a cualquier proceso administrativo o judicial.” (fl. 34 y vuelto del c. 2 copia simple).

13. Contrato de compra de acreencias y cesión de derechos y orden de pago C8-335-25742-170848, por valor de $ 1.000.000, de septiembre de 2000, el cual reza:

“Sánchez Cuellar María Irene con documento de identidad CC 26.615.616 en cumplimiento de lo establecido en el literal g del artículo 3º del Decreto 2506 de 1998, manifiesto que:

A. que he recibido a entera satisfacción la suma de: UN MILLÓN DE PESOS M/CTE 1.000.000.00 por concepto de la adquisición, que de mi acreencia en Cofiandina hace la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por conducto de Fiduciaria la Previsora S.A. Como mandataria y administradora del Fondo de Solidaridad de Ahorradores y Depositantes de entidades Cooperativas en liquidación-Fosadec.

B. Que el crédito adquirido por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y cuyo límite se contrae a lo efectivamente pagado se deriva de los recursos por mí depositados en la cooperativa mencionada según: certificado de depósito a término 171539.

C. Que en virtud de lo anterior cedo a la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de Fiduciaria la Previsora S.A, por ser mandataria de ella, todos los derechos relacionados con la acreencia (…) en consecuencia, subrogo a favor de la cesionaria todas las acciones legales a que hubiere lugar para hacer valer el crédito cedido en el proceso de liquidatorio de la mencionada cooperativa o frente a cualquier proceso administrativo o judicial.” (fl. 35 del c. 2).

14. Contrato de compra de acreencias y cesión de derechos y orden de pago CO-173-6829-171455, que reza:

“Sánchez Cuellar María Irene con documento de identidad C.C. 26.615.616 en cumplimiento de lo establecido en el literal g del artículo 3º del Decreto 2506 de 1998, manifiesto que:

A. que he recibido a entera satisfacción la suma de: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 15.771.420) por concepto de la adquisición, que de mi acreencia en Cofiandina hace la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por conducto de Fiduciaria la Previsora S.A. Como mandataria y administradora del Fondo de Solidaridad de Ahorradores y Depositantes de entidades Cooperativas en liquidación - Fosadec.

B. Que el crédito adquirido por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y cuyo límite se contrae a lo efectivamente pagado se deriva de los recursos por mí depositados en la cooperativa mencionada según:

Certificado de depósito a término 171539.

Certificado de depósito a término 171558.

Certificado de depósito a término 171485.

C. Que en virtud de lo anterior cedo a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de Fiduciaria la Previsora S.A, por ser mandataria de ella, todos los derechos relacionados con la acreencia (…) en consecuencia, subrogo a favor de la cesionaria todas las acciones legales a que hubiere lugar para hacer valer el crédito cedido en el proceso de liquidatorio de la mencionada cooperativa o frente a cualquier autoridad administrativa o judicial”(16) (fl. 36 del c. 2).

15. Declaración jurada de Stella Belmonte de Monje.

16. Certificado del gerente liquidador de la Cooperativa Financiera Andina —Cofiandina— En liquidación, donde se hace constar el pago total de liquidación + Fosadec por valor de $ 62.040.325 menos $ 314.808 por concepto de retefuente para una diferencia de $ 61.725.517.

17. Resolución 0909 de 1998, por medio de la cual se corrige y adiciona la Resolución 0892 del 15 de julio del mismo año (fl. 15 c. 3).

2.4. Análisis del caso concreto.

El apoderado de la Superintendencia Bancaria manifestó que el recurso de apelación no está debidamente sustentado, en cuanto no se concretaron con claridad las razones de hecho y de derecho motivo de inconformidad en relación a la providencia, según lo estipulado en los artículos 212 del Código Contencioso Administrativo y 348 del Código de Procedimiento Civil.(17)

En lo que tiene que ver con este tópico, el cual tiene íntima relación con los ataques formulados por el apelante contra la sentencia, la Sala abordará el estudio teniendo en cuenta estos.

En el caso sub examine, la impugnación de la sentencia de primera instancia fue sustentada por la parte demandante en debida forma, pero la edificó en dos puntos concretos.

El primero reiterando que el menoscabo patrimonial de la señora María Irene Sánchez se produjo por haberse realizado el pago del capital de manera tardía, sin reajuste y sin intereses; agregando que con el incumplimiento de la obligación crediticia se le ocasionaron perjuicios a título de daño emergente y lucro cesante, lo que constituiría en su sentir el daño antijurídico.

En segundo lugar señaló que, la intervención a la Cooperativa de ahorro y crédito —Cofiandina— a través de la Nación-Superintendencia Bancaria(18) fue tardía, dado que esta última entidad debió ejercer las acciones necesarias y pertinentes para garantizar la solvencia de dicha cooperativa, considerando que la pérdida de liquidez de Cofiandina fue conocida con suficiente antelación,(19) por lo tanto, tal argumento de encontrarse probado constituiría la imputación —en sus dos niveles ‘fáctico y jurídico’— a dicha entidad.

Ha de tenerse presente que la decisión del a quo se fundamentó en la inexistencia del daño reclamado por la demandante, en atención a la falta de certeza del mismo, pues los títulos valores insolutos debían ser pagados durante el transcurso del proceso liquidatario, y sólo ante el evento de no ser pagados se podría hablar de un perjuicio cierto, agregando que, el perjuicio reclamado por el actor pasó de ser incierto a nulo. El tribunal razonó así:

(…) “Al momento de presentarse la demanda el daño predicado por el actor no era cierto, toda vez que la intervención de la Cooperativa Cofiandina por parte del [sic] Superintendencia Bancaria, no implica necesariamente la pérdida de sus títulos valores (CDTA), pues ellos debían ser pagados en el transcurso del proceso liquidatorio, de no ser pagados si podría hablarse de un perjuicio cierto, lo cual configura un daño antijurídico”.

“No obstante en desarrollo de la liquidación susodicha, finalmente atendiendo a la reclamación de la Doctora María Irene Sánchez Cuellar, ésta recibió la totalidad de su dinero, conforme a lo que está fehacientemente demostrado con las pruebas que obran a folios 131 a 144 del c. 1 y en especial en la constancia suscrita por el señor gerente liquidador de la Cooperativa Financiera Andina certificado que a la señora Sánchez Cuellar le fueron reconocida acreencias por un total de $ 62.040.325, por ende sus acreencias presentan un saldo de cero pesos, de igual modo aparecen los recibos de las acreencias signados por éste”(20).

La Sección Tercera de esta corporación, en lo que tiene que ver con el tema ahora tratado ha dicho:

(…)

“En efecto, entre las entidades de control y los usuarios de las entidades financieras existe una relación de protección, que genera la confianza de éstos últimos en el sistema financiero y los motiva a depositar sus ahorros en las entidades financieras, con la finalidad de obtener liquidez, seguridad y rentabilidad, dentro de una entidad que le otorga confianza para ello. En el momento en que la entidad es intervenida —con fines de liquidación— los objetivos con los cuales los usuarios acudieron a la entidad financiera se ven afectados, y la confianza de éstos con respecto a la entidad y al sistema, se quebranta. En estos casos, el daño consiste en el menoscabo patrimonial de los usuarios, quienes no pueden contar con su dinero —ahorros— en el momento en que lo necesitan, es decir, de forma inmediata. La Sala advierte igualmente que, entre las entidades de control y las vigiladas, también existe una relación jurídica de derecho público en la cual, éstas últimas pueden padecer daños durante la intervención o con ocasión de la liquidación, procedimiento dentro del cual la entidad de control puede adoptar medidas transitorias, como puede ser la toma de posesión, que tiene por objeto proteger el sistema financiero y a los depositantes o ahorradores, y que tiene la potencialidad de causar un daño, consistente en el menoscabo de la capacidad operativa de la entidad vigilada, que pierde su autonomía en la toma de decisiones. Ahora, la Sala considera que las pretensiones no se formulan antes de tiempo puesto que, como se explicó, los procedimientos previos a la liquidación e incluso, durante la misma liquidación, pueden causar daños a los ahorradores o usuarios e incluso a las mismas entidades financieras. Desconocer lo anterior, significaría prolongar un daño y agravar los perjuicios que de él se generan, haciendo más gravosa la situación de los usuarios. Ante esta realidad, afirmar que el daño no es cierto, sería desnaturalizar la noción misma de daño, concebida como la aminoración patrimonial sufrida por las víctimas, quienes no pueden disponer de su dinero por un largo período de tiempo, y desconocer la cláusula general de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política. La responsabilidad del Estado por la omisión de los órganos de control se configurará únicamente cuando los daños causados sean consecuencia de una actuación de las entidades vigiladas contraria al ordenamiento jurídico, cuyo cumplimiento ha debido garantizar el organismo supervisor(21) (subrayado fuera del texto).

En caso sub examine el daño antijurídico consiste entonces según la jurisprudencia de esta corporación, en que la señora María Irene Sánchez no pudo disponer de manera oportuna de los dineros depositados en Cofiandina con ocasión a la toma de posesión y liquidación de dicha entidad,(22) debido a que no es razonable que en una situación como la que se analiza, los ahorradores tengan que soportar el no pago oportuno de sus ahorros como tampoco la incertidumbre acerca de la posible pérdida de los mismos.

Ahora bien, establecida la ocurrencia cierta del daño, pasa la Sala analizar bajo que título de imputación se estudiará este caso.

En tal cometido, la Sala pone de presente que en materia de responsabilidad del Estado por la prestación de los servicios financieros y bursátiles en los procesos en que se imputa la responsabilidad al Estado por la omisión en sus funciones de control, inspección y vigilancia, esta corporación ha considerado que se debe aplicar el régimen subjetivo de falla probada, pues en caso de demostrarse que la liquidación de la entidad financiera se debió a la omisión en la vigilancia del Estado, a pesar de que tal procedimiento no haya finalizado, es evidente que el no poder disponer de los ahorros es un daño cierto, que lógicamente genera perjuicios materiales e inmateriales, imputable al Estado que debe indemnizarlos, y que harán nugatoria la posibilidad de que los usuarios indemnizados puedan reclamar sus acreencias ya satisfechas, a la culminación del proceso de liquidación de la entidad financiera liquidada(23).

Establecida la existencia del daño y el título de imputación bajo el cual se estudia este caso, procede la Sala a determinar si ese daño le es imputable tanto fáctica como jurídicamente a la Superintendencia.

En el presente caso se cuenta con la respectiva resolución por medio de la cual se decreta la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de la Cooperativa —Cofiandina—, así como las copias de los respectivos CDT y de los recibos de pagos extemporáneos.

Para la prosperidad de la demanda por la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, por omisión de sus funciones, además de estar acreditado el daño, se debe reunir los siguientes requisitos:(24) a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habría evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) y que le sea imputable.

En este orden de ideas, el asunto que decide la Sala en esta oportunidad, se contrae a determinar si la Nación-Superintendencia Bancaria es responsable patrimonialmente con ocasión a la omisión en la prestación del servicio de intervención, control y vigilancia sobre la actividad financiera ejercida por la Cooperativa de ahorro y crédito —Cofiandina—.

En tal lineamiento, y bajo el siguiente marco normativo, tenemos que, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas —Dancoop—(25) fue creado para aplicar la legislación cooperativa y su principal función consistió en ejercer el control y vigilancia sobre las entidades cooperativas, entre ellas, las especializadas y multiactivas con sección de ahorro y crédito, sin que tal supervisión implicara la facultad de cogestión o intervención en la autonomía de dichas cooperativas. Para el cumplimiento de esa función, la ley atribuyó al Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas —Dancoop— las mismas facultades del Superintendente Bancario respecto de las entidades sometidas a su control.(26)

Por otro lado, los mecanismos de prevención que podía adoptar Dancoop, están contenidos en el artículo 113(27) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero —EOSF—(28), aplicables para consolidar la confianza en el sector financiero(29).

No obstante lo anterior, el Presidente de la República facultado extraordinariamente por el artículo 30 de la Ley 344 de 1996, expidió el Decreto-Ley 1688 de 1997, vigente para la época de los hechos, el cual prescribió en el artículo 17 parágrafo 2 que:(30) “La vigilancia y control de los entes cooperativos que adelanten actividades financieras de manera especializada será asumida por la Superintendencia Bancaria en un plazo máximo de un (1) año, contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto” (subrayado fuera del texto original). Esto es, contados a partir del 27 de junio de 1997.(31) Igualmente, en el artículo 9 numeral 13 del mismo decreto se asignaron funciones específicas de conceptuar sobre los informes, cuentas y balances que rindan los liquidadores; estudiar, evaluar y conceptuar sobre los informes o actas de visitas e investigaciones realizadas y formular la adopción de las medidas necesarias.

Con posterioridad, el 29 de marzo de 1998 el Presidente de la Republica en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial las consagradas en los numerales 11, 17 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, publicó el Decreto 619, vigente para la época de los hechos(32), el cual reiteró en el artículo 1º: “A más tardar el 27 de junio de 1998, la Superintendencia Bancaria asumirá el control y vigilancia de las cooperativas que adelantan actividad financiera en forma especializada” (subrayado fuera del texto original).

Por otro lado, con la expedición de la Ley 454 de 1998, publicada en el diario oficial el 6 de agosto de 1998, se transformó el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas —Dancoop— en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria —Dansocial—, se creó la Superintendencia de Economía Solidaria(33), así como el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras, de Ahorro y de Crédito, y reguló la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa(34).

Dicha ley dispuso, que el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria —Dansocial— asumiría las obligaciones del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas —Dancoop—, también en igual sentido la ley ordenó otra vez al Dansocial desempeñar las funciones de control, inspección y vigilancia en el sector financiero, hasta tanto se organizara la Superintendencia de la Economía Solidaria,(35) organización que de forma inmediata las asumiría(36).

Así las cosas, la Sala observa, que durante el corto periodo comprendido entre el 27 de junio de 1998 hasta el 6 de agosto de 1998, fue exclusivamente la Superintendencia Bancaria(37) quien tenía el deber de asegurar la confianza pública en el sistema financiero cooperativo y velar porque las instituciones mantuvieran permanentemente solidez económica y coeficientes de liquidez apropiados para atender sus obligaciones; y de otra parte, prevenir situaciones que pudieran derivar en la pérdida de la confianza del público, protegiendo el interés general, y particularmente el de terceros de buena fe, de conformidad con el artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Ahora, se encuentra acreditado que la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera, de conformidad con el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y mediante Resolución 0892 del 15 de Julio de 1998, ordenó directamente la liquidación de la entidad mediante la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la entidad vigilada - Cofiandina Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina.

Es decir, que desde el 27 de junio hasta el 15 de julio de 1998, sólo transcurrieron dieciocho (18) días, y en ese lapso, la Superintendencia Bancaria, asumió de manera célere su función de control, inspección y vigilancia sobre la cooperativa tantas veces mencionada, una vez advertida la situación financiera de la entidad controlada que se encontraba en quiebra.

En el artículo cuarto de la Resolución 0892 de 1998, la Superintendencia Bancaria señaló(38): “la manifestación más visible de la crisis fue la virtual desaparición del fondo de liquidez, el cual después de representar el 9% de los depósitos y exigibilidades en enero, pasó a ser menos del 0.5% en los meses subsiguientes hasta mayo, desconociéndose el cumplimiento de la disposición anotada, situación que la coloca en grave estado de iliquidez”. Lo anterior, contraviene claramente lo dispuesto en el Decreto 1134 de 1989 artículo 12(39), sobre el fondo de liquidez Permanente.

Partiendo de lo anterior, es claro para la Sala, que para la época en que la Superintendencia Bancaria asumió las funciones de inspección, control y vigilancia sobre el sector cooperativo, ya los hechos generadores de quiebra de la Cooperativa Cofiandina, que llevaron a la Superintendencia Bancaria a adoptar la decisión de intervenirla habían acaecido.

Si ello es así, no hay lugar a considerar que la Superintendencia Bancaria incumplió con sus deberes de inspección, vigilancia y control, en consideración al breve lapso transcurrido desde que le habían asignado tales funciones, sin que pueda exigírsele la adopción de medidas tales como la imposición de multas con relación a la captación y mantenimiento de ahorros de terceros, así como de otorgar créditos, cuando el fondo de liquidez estuvo por debajo del 10% exigido por ley(40).

Lo anterior, por cuanto como viene dicho, tales medidas eran improcedentes, ante la cesación de pagos y la iliquidez en que estaba sumida la Cooperativa Cofiandina, que aconsejaban la intervención y toma de posesión con fines de liquidación a efectos de proteger a terceros de buena fe y la confianza pública.

En efecto, una vez la Superintendencia Bancaria asumió las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el sector cooperativo, evidenció el 0.5% en que se encontraba el fondo de liquidez de la cooperativa —Cofiandina—, así como la cesación de pagos en que había incurrido(41), optando por declararla inviable financieramente, y por consiguiente, declarando la toma de posesión de los bienes, negocios y haberes de Cofiandina para liquidarla.

Luego, la falta de adopción de medidas previas a dicha decisión, así como la omisión del deber de tomar las medidas correctivas en cuanto a la captación masiva de dineros del público en estado de iliquidez, no le es imputable a la Superintendencia Bancaria, por lo tanto, no es dable sostener que haya incurrido en una falla en el servicio, por la sencilla pero potísima razón que tales medidas en nada contribuirían a salvaguardar los intereses de los inversores como tampoco la confianza pública.

Se itera, que la entidad de control plasmó en la Resolución 0892 de 1998, que la grave situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito —Cofiandina—, no sólo se debió al acelerado proceso de descapitalización masiva en pocos meses,(42) sino también a las pérdidas que presentó Cofiandina a diciembre 31 de 1997 por $ 1.287 millones, que al mes de abril de 1998 llegaron a la suma de 2.437 millones, comprometiéndose el capital social en un 23.02%.

Aunado a lo anterior, a 30 de abril de 1998 existía un déficit en el fondo de liquidez de $ 3.176 millones, situación que se había presentado en varias ocasiones desde 1997, destacándose el mes de noviembre y diciembre de 1997, con el agravante que a febrero de 1998 el déficit llegó a la suma de $ 3.622 millones, certificados por el revisor fiscal en su informe del primer trimestre el 28 de abril de 1998.

Observa la Sala, que para la época en que se presentaron las irregularidades financieras que causaron el detrimento patrimonial de Cofiandina, la entonces Superintendencia Bancaria, no tenía aún a su cargo la función de asegurar la confianza pública en el sistema financiero cooperativo, y por tanto no tenía el deber de ejecutar medidas preventivas, oportunas y eficientes que hubiesen podido evitar la producción del daño(43).

Para la Sala es claro que a las entidades de control no les es exigible una gestión de resultado, sino que desarrollen las actividades necesarias y justificadas que conlleven a una decisión oportuna, razonable y objetiva, sin que esté obligada a garantizar a toda costa que, al cumplir en la medida de sus posibilidades con el contenido obligacional que le es exigible, puedan salvar a las entidades vigiladas.

En consecuencia con lo anterior, no puede atribuírsele responsabilidad alguna a la Superintendencia Bancaria sobre aquellos riesgos inherentes a la actividad de intermediación financiera, pues contrario a lo pretendido por la parte demandante, la Superintendencia Bancaria bien hizo, al intervenir y ordenar la liquidación de Cofiandina, con el propósito de evitar un detrimento mayor en el patrimonio de la Cooperativa, siendo por ende una medida de salvamento, que en últimas favorecía a los ahorradores.

En similar sentido se pronunció esta Subsección(44), precisando:

“(…)

Por lo tanto, la toma de posesión de la cooperativa por parte de la entidad que ejercía su vigilancia y control, no puede calificarse a priori como inoportuna, ni implicó el desconocimiento de sus funciones, tampoco permitió la iliquidez de la entidad intervenida, por cuanto fueron las actuaciones de la cooperativa la que puso en evidencia una serie de irregularidades que concluyeron en la toma de posesión para la liquidación mediante la Resolución 1550 de 17 de septiembre de 1997, por lo que se ordenó la sustracción del manejo de los administradores de la cooperativa, medida necesaria y autorizada por la ley para lograr la mayor protección del patrimonio de los socios y ahorradores de la misma. Entonces, el demandante no puede imputar la responsabilidad de una entidad de manera genérica y sin que materialmente lo acredite, lo que equivalen a considerar que se presenta un desconocimiento de lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil”.

Corolario de todo expuesto, se impone la confirmación de la sentencia apelada.

2.5. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2004, por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(12) “La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por el alcance del respectivo recurso de alzada (...) [Es así como], si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos”. Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, Sentencia de Unificación del 9 de febrero de 2012, Exp. 21060.

(13) Fl. 9 c. 1.

(14) “(…) En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro —y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su jurisprudencia— que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”. (…) Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos y la vigencia del derecho internacional humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada (…)” Sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 21060.

(15) Consejo de Estado; Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022.

(16) VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro: Derecho civil de las obligaciones. Ed Temis, tomo III, Bogotá D.C, 2006. pp. 401 y 444. Código Civil. ART. 1959.—Subrogado. L. 57 de 1887, art. 33. “La cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose una por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento”. La validez de la cesión entre cedente y cesionario no sólo exige el acurdo de voluntades, sino que además requiere de la entrega del título o documento donde conste la acreencia (…) “Según la parte final del artículo 1669, la subrogación convencional por pago está sujeta a las reglas de cesión de créditos…” para el presente caso no hubo subrogación toda vez que lo que alegó la defensa fueron los pagos efectuados a la parte actora, ni se alegó y demostró la tenencia del título.

(17) Fl. 166 c. 6.

(18) En concordancia con los principios constitucionales, la Ley 489 de 1998, en sus artículos 66 y 82 dispone que las superintendencias son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y financiera que aquella les señale —con personería jurídica o sin ella— que cumplen funciones de inspección o vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el Presidente de la República, previa autorización legal. El Decreto 2359 de 1993 dispuso: “La Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, en su calidad de autoridad de supervisión de la actividad financiera y aseguradora, tiene a su cargo el cumplimiento de los siguientes objetivos…” Ley 510 de 1999. Artículo 35: “La Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen la actividad financiera y aseguradora, y que tiene a su cargo el cumplimiento de los siguientes objetivos…”.

(19) Fls. 152-153 c. 6.

(20) Fl. 144 c. 6.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Rad. 25000-23-26-000-1999-00228-01(27920), Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil nueve (2009).

(22) HENAO Juan Carlos: El daño. Ed. Externado de Colombia, Bogotá D.C., 2006, p. 77. Citando al profesor Francis-Paul Benoit. “El perjuicio lo constituye el conjunto de elementos que aparecen como las diversas consecuencias que se derivan del daño en sí mismo. Mientras que el daño, es un hecho que se constata, el perjuicio es, al contrario, una noción subjetiva apreciada con una persona determinada”.

(23) Ob. cit. M.P. Ramiro Becerra Saavedra, Rad. 25000-23-26-000-1999-00228-01(27920).

(24) Ob., Cit. C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Rad. 25000-23-26-000-1999-00228-01(27920).

(25) La Ley 24 de 1981 transformó la Superintendencia de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas Dancoop, cuyo objetivo consistió en aplicar la legislación cooperativa y promover la educación y el desarrollo cooperativos. Su función principal era ejercer el control y la vigilancia sobre las entidades cooperativas, que fueron creadas como personas jurídicas de derecho privado que, por su importancia social, quedaron sometidas al control del Estado. La Ley 79 de 1988 actualizó la legislación cooperativa, facultó además a las cooperativas en los artículos 98, 99 y 151 para que se organizaran como instituciones financieras que, en todo caso, no perderían su naturaleza jurídica cooperativa y estarían sometidas integralmente al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria en los términos previstos en el Decreto Ley 1939 de 1986.

(26) Decreto Reglamentario 1134 de 1989. Artículo 16, vigente para la época de los hechos: “Corresponderá al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, en forma exclusiva, la inspección y vigilancia de las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito y de las operaciones de ahorro y crédito que realicen las Cooperativas Multiactivas e Integrales. Para el ejercicio de tales funciones el Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas tendrá las mismas facultades con que cuenta el Superintendente Bancario…” (subrayado fuera del texto original).

(27) Las medidas preventivas para la toma de posesión para la época de los hechos son: Vigilancia especial, recapitalización, administración fiduciaria, cesión total o parcial de activos, pasivos, contratos y enajenación de establecimientos de comercio a otra institución y fusión.

(28) Artículo 10 de la Ley 35 de 1993. Inspección, vigilancia y control de las actividades financiera, aseguradora y bursátil. El Presidente de la República, a través de las Superintendencias Bancaria y de Valores, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, ejercerá la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realizan las actividades financiera, aseguradora, bursátil y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en los mismos términos y condiciones en que tales funciones se ejercen en la actualidad de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Además, las Superintendencias Bancaria y de Valores vigilarán en lo de su competencia el cumplimiento de las normas que se expidan en desarrollo de la presente Ley. Los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero continuarán bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. El control de las demás cooperativas de ahorro y crédito, de primer grado, continuará a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop. En ese orden de ideas, el Presidente facultado por dicha ley expidió el Decreto-Ley 663 de 1993, pero con la expedición de las leyes 510 de 1999 y 795 de 2003, que no son aplicables al caso concreto porque son posteriores a la ocurrencia de los hechos demandados, se adicionaron las medidas de protección. Fijó la estructura general del sistema financiero y asegurador, compuesto por los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de capitalización, las entidades aseguradoras y los intermediarios de seguros y reaseguros. Los establecimientos de crédito, a su vez, están conformados por varias clases de instituciones financieras como son los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial y las cooperativas financieras. Estas últimas son organismos cooperativos especializados, que tienen por objeto desarrollar la actividad financiera y están bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Su naturaleza jurídica se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 79 de 1988, mientas que a las operaciones que realiza le son aplicables las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

(29) Artículo 99 de la Ley 70 de 1988. La actividad financiera del cooperativismo se ejercerá siempre en forma especializada por las entidades a que se refiere el presente capítulo, las cooperativas de ahorro y crédito o de seguros, y por los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero o de seguros, con sujeción a las normas que regulan dicha actividad. Bajo circunstancias especiales y cuando condiciones sociales y económicas lo justifiquen, el Gobierno Nacional podrá autorizar a las cooperativas multiactivas e integrales que tengan Sección especializada para el ejercicio de la actividad financiera. En concordancia con el artículo 151 de la presente ley, la actividad financiera y demás aspectos contables y operativos de los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero o de seguros, estarán sometidos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, en los términos del Decreto-Ley 1939 de 1986 y demás disposiciones complementarias. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas ejercerá en los demás asuntos las funciones propias de su competencia; no obstante, para sancionar reformas estatutarias de dichas entidades, solicitará concepto previo de la Superintendencia Bancaria.

(30) Sobre la competencia del control y vigilancia fue derogado por el artículo 67 de la Ley 454 de 1998. Vigencia. La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación, modifica en lo pertinente el Decreto 2150 de 1995 y deroga las disposiciones que le resulten contrarias, en particular el artículo 17 del Decreto 1688 de 1997 y el Decreto 619 de 1998. La Ley 79 de 1988 continuará vigente en lo que no resulte contrario a lo dispuesto en la presente ley.

(31) “ART. 18.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 4o y los artículos 11 al 33 inclusive, de la Ley 24 de 1981 y el artículo 7º del Decreto 2406 de 1989.

(32) El presente decreto rige desde su publicación y deroga las normas que le resulten contrarias.

(33) “ART. 33.—Creación y naturaleza jurídica. Créase la Superintendencia de la Economía Solidaria como un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera”.

(34) Ley 454 de 1998. Artículo 67.—Vigencia. La presente ley empezará a regir a partir de su promulgación, modifica en lo pertinente el Decreto 2150 de 1995 y deroga las disposiciones que le resulten contrarias, en particular el artículo 17 del Decreto 1688 de 1997 y el Decreto 619 de 1998. La Ley 79 de 1988 continuará vigente en lo que no resulte contrario a lo dispuesto en la presente ley (subrayado fuera del texto original).

(35) La Superintendencia de la Economía Solidaria entró en funcionamiento el 2 de agosto de 1999 (Decreto 1401 de 1999, derogado por el Decreto 186 de 2004).

(36) Ley 454 de 1998. “ART. 31. Asunción de obligaciones y funciones transitorias. El Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, asumirá las obligaciones del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, siempre y cuando correspondan a sus propias funciones. Así mismo desempeñará las funciones de control, inspección y vigilancia, hasta tanto se organice la nueva Superintendencia de la Economía Solidaria, organismo que de forma inmediata las asumirá”.

(37) En concordancia con los principios constitucionales, la Ley 489 de 1998, en sus artículos 66 y 82 dispone que las Superintendencias son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y financiera que aquella les señale —con personería jurídica o sin ella— que cumplen funciones de inspección o vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el Presidente de la República, previa autorización legal. El Decreto 2359 de 1993 dispuso: “La Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, en su calidad de autoridad de supervisión de la actividad financiera y aseguradora, tiene a su cargo el cumplimiento de los siguientes objetivos…” Ley 510 de 1999. Artículo 35: “La Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen la actividad financiera y aseguradora, y que tiene a su cargo el cumplimiento de los siguientes objetivos…”.

(38) El documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (art. 251 C. de P. C.), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

(39) Decreto 1134 de 1989 artículo 12. Las Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito y las Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito mantendrán en un organismo cooperativo de segundo grado o instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero debidamente autorizados por la Superintendencia Bancaria, un depósito equivalente al diez por ciento (10%) del total de sus captaciones de ahorros a la vista y a término, como fondo de liquidez permanente. El incumplimiento a la obligación de mantener el fondo de liquidez en el porcentaje señalado determinará la imposición de multas por parte del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el artículo 154 de la Ley 79 de 1988 que adicionó el artículo 46 de la Ley 24 de 1981.

(40) En especial el Decreto 1134 de 1989 los siguientes artículos: el artículo 4 que prescribe “Las cooperativas especializadas de ahorro y crédito para poder recibir y mantener depósitos de ahorros de terceros y de otorgar créditos a estos, deberán cumplir los siguientes requisitos: (…) 5. Establecer el fondo de liquidez previsto en el artículo 12 del presente Decreto”. El artículo 16: “Corresponderá al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, en forma exclusiva, la inspección y vigilancia de las cooperativas especializadas de ahorro y crédito y de las operaciones de ahorro y crédito que realicen las cooperativas multiactivas e integrales. Para el ejercicio de tales funciones el Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas tendrá las mismas facultades con que cuenta el Superintendente Bancario con respecto a las entidades sometidas a su inspección y vigilancia permanente, consagradas en la Ley 45 de 1923, en los decretos 2216 y 2217 de 1982, 1215 y 2906 de 1984, 1939 de 1986 y en las normas concordantes”. Por otro lado téngase en cuenta la Ley 79 de 1988, artículo 151.—“las cooperativas estarán sujetas a la, inspección y vigilancia permanente del departamento administrativo nacional de cooperativas, de conformidad con la ley, con la finalidad de asegurar que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento, cumplimiento del objeto social y disolución y liquidación, se ajusten a las normas legales y estatutarias. además de las facultades de inspección y vigilancia que corresponden al departamento administrativo nacional de cooperativas, los organismos cooperativos se someterán a la inspección y vigilancia concurrente de otras entidades del estado, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. Las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facultad de congestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las cooperativas”.

(41) Estatuto Orgánico Financiero el artículo 114 menciona sobre las causales para la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios para la liquidación: a) cuando haya suspensión del pago de sus obligaciones (…) e) cuando persista en violar sus estatutos o alguna ley.

(42) “Dicho comportamiento fue la consecuencia directa de un acelerado proceso de des captación masiva que se manifestó en [sic] desplome del saldo de depósitos y exigibilidades de $ 42.628 millones a $ 25.812 millones. La pérdida de recursos tuvo como correlativo la caída del saldo de activos totales y de cartera de crédito. Los activos totales evolucionaron de $ 71.741 millones en enero a $ 52.295 millones, en tanto que el saldo de la cartera pasó de $ 44.062 millones a $ 34.097 millones en el mismo lapso”.

(43) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil siete (2007), Rad. 25000-23-27-000-2001-00009-01(AG) (…) “la relación causal entre la omisión y el daño. Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión. Nota de Relatoría: Ver Sentencia del 23 de mayo de 1994, Exp. 7616, Sentencia de 26 de septiembre de 2002, Exp. 14.122, Sentencia de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.789”.

(44) Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Exp. (26.951), sentencia del 19 de junio de 2013, actor Oswaldo Diaz Cifuentes, Demandado Dancoop.