Sentencia 1999-00467 de mayo 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015).

Expedientes: 31178 (acumulado 30399)

Rad.: 180012333100019990046701

Actor: L... R... G... y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Acción: Reparación directa

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de la demandada(1).

La Sala es competente para resolver la apelación en razón a la vocación de doble instancia del asunto, como pasa a explicarse:

Las demandas fueron promovidas el 9 de diciembre de 1999 (Exp. 31178) y el 1 de febrero de 2000 (Exp. 30399); por su parte, los recursos de apelación en su contra fueron promovidos el 20 de abril de 2005 (fl. 97, c. p.) y el 22 de noviembre de 2004 (fl. 180, c. 7) , esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 954 de 27 de abril de 2005, por lo cual la competencia para conocer de los procesos se regía por el Decreto 597 de 1988, por cuya virtud la cuantía para que el asunto tenga vocación de doble instancia debe superar los $ 26.390.000 para las demandas radicadas en el año 2000, presupuesto que se cumple en relación con el proceso 30.399(2) y que al estar acumulado mediante decisión en firme al radicado 31.178, otorga competencia a la corporación para decidirlos en segunda instancia.

1.2. Acción procedente.

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios es la de reparación directa tal como fue promovida por los demandantes.

1.3. Legitimación en la causa de los extremos de la litis. 

1.3.1. De la parte activa.

El legítimo interés de los demandantes que los habilita para comparecer en esa calidad a la actuación, deviene del vínculo afectivo y de parentesco con la víctima, que acreditaron así:

L... R... G..., U... R... G... y A... R... G..., probaron ser hijos del señor de J... M... R... B..., a través de sus correspondientes registros civiles de nacimiento (fls. 5-7, c. p.).

Se acreditó que Y... L... M... y S... G... D... eran los padres de la víctima A... G... L... (fl. 5, c. 8); por su parte, Y... G... L... (fl. 7, c. 8) y A... M... G... L... (fl. 8, c. 8) probaron ser sus hermanos; el señor S... G... A... acreditó ser abuelo paterno del fallecido (fl. 4, c. 1) y F... M... (fl. 18, c. 10), acreditó ser la abuela materna.

1.3.2. De la parte pasiva.

Frente a la legitimación en la causa por pasiva la Sala encuentra que los actores pretenden endilgar responsabilidad en los hechos al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, como representante de la Nación, por lo cual está formalmente legitimada en la causa y es la llamada a comparecer como demandada en este asunto.

1.4. La caducidad de la acción.

El ordenamiento jurídico prevé la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, de modo que si se instauran por fuera del límite temporal previsto en la ley, el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que esta debe promoverse en un término máximo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).

En el sub lite se pretende endilgar responsabilidad a la demandada por los hechos ocurridos el 23 de febrero de 1998, en los que resultaron muertos J... M... R... B... y A... G... L.... Las demandas fueron promovidas el 9 de diciembre de 1999 (Exp. 31178) y el 1º de febrero de 2000 (Exp. 30399), ante el Tribunal Administrativo del Caquetá, esto es, dentro de los dos años siguientes, por lo que se impone concluir que lo fueron dentro del término legal y, en consecuencia, no operó la caducidad como elemento que impida la decisión de fondo de los asuntos.

2. Problema jurídico.

Para definir la controversia y como quiera que sobre ello discurren los recursos que deben decidirse, analizará la Sala si en el presente caso el atentado en el que resultaron muertos J... M... R... B... y A... G... L..., estuvo dirigido contra el Ejército Nacional, para establecer si era del caso aplicar el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional como lo pretenden los actores, o si se trató de un ataque indiscriminado contra la población civil como lo afirma el fallo recurrido. Con base en el análisis de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos establecerá la Sala el régimen jurídico de imputación que aplicará con el fin de resolver la controversia.

3. Análisis probatorio.

Antes de centrar la atención de la Sala en el estudio de las pruebas aportadas, es preciso indicar lo siguiente en cuanto al mérito de algunas de las aportadas, así:

3.1. Del mérito probatorio de las pruebas trasladadas.

Como cuestión previa a acometer el estudio de las evidencias aportadas, es preciso indicar que aquellas que fueron trasladadas y que corresponden al proceso penal adelantado con ocasión de los hechos que dieron origen al proceso, pueden tenerse válidamente como pruebas en este asunto, en razón a que aunque no fueron practicados con audiencia de las partes, estas solicitaron de manera expresa en la demanda tenerlas como prueba y la demandada coadyuvó tal petición al contestar la demanda (fl. 166, c. p.).

Cuando así lo pidieron, aceptaron las partes que esos medios probatorios sirvan de insumo para la decisión de la controversia; sobre el particular ha considerado la corporación que en estos casos hay lugar a tener en cuenta esas pruebas en razón a que resultaría contrario a la lealtad procesal, que las partes las soliciten y luego invoquen formalidades legales para su inadmisión en caso de que les desfavorezcan(3). Por ello, la Sala valorará los documentos, declaraciones y demás medios de prueba que provienen de esas diligencias penales, en cuanto resulten útiles para la decisión de los recursos.

3.2. Hechos probados.

Con los medios de prueba recaudados, se demostraron los siguientes hechos relevantes para la decisión del caso:

3.2.1. El 23 de febrero de 1998 fue detonado un artefacto explosivo en el Municipio de San Vicente del Caguán. El capitán del Ejército Nacional M... J... D..., le informó a la Fiscalía General de la Nación sobre esos acontecimientos, así:

El día 23 de febrero de 1998 las 11.00 horas en el Parque de los Transportadores del Municipio de San Vicente del Caguán (...) [fue detonado] un artefacto explosivo, causándole la muerte a 4 civiles identificados como A... G... D... de 14 años de edad, (...) y heridas graves a 4 militares identificados como el C.P. R... H... H..., CS P... P... G... E..., SL V... V... C..., SL Y... R... J... y 32 civiles (...). 

Al ampliar su denuncia, narró al ente investigador que estaba al mando de una patrulla del Ejército a la que había dado orden de realizar un “plan presencia” en el Municipio de San Vicente del Caguán y a ello procedieron sus hombres, quienes llevaban una hora patrullando el casco urbano cuando tuvo lugar la explosión. Indicó:

De acuerdo a los análisis que se han hecho fue una carga explosiva con pentolita y metralla de aproximadamente unos seis kilos, la cual fue ubicada en una esquina del llamado parque de los transportadores y esta fue activada al paso de la patrulla, mediante el sistema de control remoto, al parecer la carga se encontraba en un timbo plástico.  

Afirmó que esos operativos urbanos los realizaban en la temporada previa a las elecciones, cada dos o tres días.

3.2.2. Sobre la forma en que ocurrieron los hechos rindieron testimonio ante la Fiscalía los integrantes del Ejército que estuvieron presentes en el momento de la explosión. El soldado A... J... T... los narró así (fl. 48, c. 1 inv.):

[M]i capitán J... formó el pelotón, arriba en la parte alta donde estábamos ubicados cerca a esta localidad de San Vicente; nos dijo que había que sacar una sección como plan de presencia para hacer un registro sobre las medidas de aproximación de aquí del pueblo de San Vicente, bajamos por el lado del Hospital y cruzamos por Telecom hacia arriba y de ahí llegamos hasta el “say” de la parte de abajo (...). Luego, entonces nosotros nos venimos con las medidas de seguridad hacia el lado del parque “Los Transportadores”, iban unos soldados adelante como unos tres me parece, y atrás venían dos cabos uno de apellido R... y el otro de apellido P... P... J..., cuando yo ya salí a la esquina frente del parque, entonces fue cuando detonó la bomba, bueno yo alcancé a ver cuando los soldados que iban adelante cayeron, lo mismo que yo (...). 

Afirmó que la explosión se produjo a una distancia aproximada de 5 metros de la patrulla.

3.2.3. En similares términos narró los hechos el soldado G... C... (fl. 54, c. 1 inv.), quien dio cuenta de que la patrulla estaba conformada por 14 personas, de las cuales resultaron heridos 2 cabos y 3 soldados. Dijo que la explosión se produjo cuando se dirigían hacia la base y llegaron a la esquina del parque.

3.2.4. El testigo J... C... M... (fl. 275, c. p.), residente del Municipio de San Vicente del Caguán, quien presenció la explosión, declaró que en el lugar hacía presencia el Ejército; así lo narró: “al momento del estruendo el ejército se aproximaba al sitio, muriendo tres de ellos y otros quedaron heridos (...) eran más o menos unos doce, venían vestidos de militar y bien armados”.

Indicó que en la época de los hechos el orden público estaba alterado por la acción del grupo guerrillero FARC, que desplegaba acciones para evitar la realización de las elecciones y entregaba volantes de amenaza dirigidos a la población civil que participara en los comicios electorales.

3.2.5. Declaró en el proceso el señor E... M... S..., quien estaba cerca de lugar de los hechos en el momento en que ocurrieron y al aproximarse pudo ver muerto al sobrino de su cónyuge, a quien identificó como A... López Montero. También dio cuenta de la presencia del cadáver del señor R... B.... Indicó:

“[C]uando escuché la explosión nosotros cerramos el almacén y corrimos junto con otro compañero de trabajo hacia el sitio de los hechos, pero no pudimos entrar porque el ejército ya había acordonado la zona, y disparaban al aire, en ese descuido aproveché para entrar hasta donde estaba el niño muerto el sobrino de mi mujer J... A... L... M..., (...) el señor R... V... (sic) quedó en la calle, también destrozado. Había soldados muertos y unos heridos que los echaron a la camioneta para llevarlos al hospital local incluso yo ayudé a echarlos a la camioneta la cual era de ellos. 

Sobre las características del orden público en la zona y época de los acontecimientos refirió que como residente del sector pudo apreciar que era muy peligroso en aquel entonces y que la guerrilla había prohibido a las personas transitar de noche por las calles.

3.2.6. Aunque en oficio de 15 de septiembre de 2008 (fl. 240, c. p.), el Batallón Cazadores informó que no tuvo conocimiento sobre militares muertos o heridos en los hechos del 23 de febrero de 1998 (fl. 93, c. 1 inv.) y que sólo cuenta con archivo desde el año 2000 (fl. 248, c. p.), la gerente del Hospital María Inmaculada de Florencia informó sobre los pacientes que fueron remitidos de San Vicente del Caguán a esa institución, entre los que relacionó a G... P... P... y a un señor de apellido R..., a quienes identificó como cabos del Ejército, así como al soldado C... V..., todos heridos por esquirlas.

3.2.7. Mediante oficio de 25 de abril de 2000 (fl. 13, c. 10), la Fiscalía General de la Nación dio cuenta sobre las investigaciones que adelantó por hechos violentos en el departamento del Caquetá, en el que hicieron mención al ataque con artefacto explosivo, del que la Policía Nacional le informó en los siguientes términos: “en el parque Los Transportadores de ese municipio fue activado un artefacto explosivo compuesto por dinamita y metralla, dicho artefacto estaba dirigido a un personal del Ejército que realizaba labores de patrullaje por dicho sector”.

También consta en el informe que se perpetraron otros atentados en el municipio de Puerto Rico Caquetá, así: en contra de una patrulla militar (14 de octubre de 1997), de la estación de policía y despachos judiciales (29 de marzo de 1996), de la sede de la Fiscalía General de la Nación (22 de octubre de 1997) y, de la Registraduría Nacional del Estado Civil (25 de mayo de 1998).

Se allegaron copias de volantes y panfletos en los que presuntamente la Columna Teófilo Forero de las FARC impuso restricciones a la movilidad en la zona, se declaró en contra del proceso electoral en octubre del año 1997, amenazó a quienes participaran en este y declaró objetivo militar a los candidatos (fls. 9-12, c. 5).

3.2.8. El informe de análisis operacional del primer trimestre de 1998 en el departamento de Caquetá (fl. 288, c. p.), dio cuenta de que el 24 de febrero de ese año se activó una bomba en el Municipio de San Vicente del Caguán, donde resultó muerto un soldado, heridos dos más y muertos 2 suboficiales. Aunque la fecha no es coincidente con las de los hechos (ocurrieron el 23 de febrero de ese año), las demás pruebas recaudadas, en especial las relativas al número de heridos, permiten a la Sala establecer que el documento hace mención a los mismos hechos en que se funda la demanda.

3.2.9. El 23 de febrero de 1998 (fl. 21, c. 3), en el Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, se realizó necropsia al cadáver del señor J... M... R... B..., en el que encontraron múltiples quemaduras de primer y segundo grado en diferentes partes del cuerpo, así como heridas múltiples por esquirlas, herida con avulsión de tejido en el miembro superior izquierdo, herida en la región parietal y occipital con fractura de cráneo, herida en el cerebro en el lóbulo parietal y múltiples hemorragias intraparenquimatosas. A título de conclusión se afirmó: “heridas cerebrales múltiples, choque hipovolémico segundario a lesión múltiple de órganos secundarias a evento explosivo”.

3.2.10. En las mismas fecha e institución se realizó necropsia al cadáver del menor A... G... D..., de 14 años de edad, el que se encontró destrozado, con múltiples avulsiones y quemaduras de III grado, múltiples heridas por esquirlas y ruptura de órganos internos, lesiones que también se catalogaron como secundarias a un evento explosivo.

3.2.11. El 23 de febrero de 1998 se registró la defunción del señor J... M... R... B... y del menor de edad A... G... L..., según consta en los correspondientes registros civiles de defunción allegados a la actuación (fls. 4, c. 5 y 6, c. 8).

3.2.12. Se aportaron como pruebas documentos suscritos por el personero de San Vigente del Caguán, en los que señala que las referidas víctimas fallecieron el día de los hechos y que el ataque se perpetró “cuando patrullaba cerca un grupo de militares del Ejército Nacional” (fl. 12, c. 5).

4. Análisis de la Sala.

4.1. El daño antijurídico.

En este caso particular no hay dudas acerca de la efectiva acreditación del daño antijurídico, consistente en la muerte violenta del señor J... M... R... B... y del menor de edad A... G... L..., que los demandantes no tenían el deber de soportar. Ese daño se acreditó en legal forma mediante los correspondientes registros civiles de defunción de las mencionadas víctimas.

4.2. Imputación.

En lo que respecta a la posibilidad de imputar ese daño antijurídico a la Nación, en cuanto actúa representada por el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, la Sala considera:

Quedó demostrado en el plenario que la muerte de J... M... R... B... y del menor de edad A... G... L..., fue consecuencia del atentado con artefacto explosivo que tuvo lugar el 23 de febrero de 1998 en el Municipio de San Vicente del Caguán. Así se acreditó por virtud de los protocolos de necropsia, realizados el mismo día en el hospital de esa municipalidad, que dio cuenta de que las lesiones en los cadáveres de las mencionadas víctimas eran propias de un evento explosivo.

En efecto, los dos aparecen relacionados como víctimas del atentado y mencionados en múltiples oportunidades en tal calidad dentro del proceso penal adelantado con ocasión de los hechos.

Por su parte, las pruebas testimoniales recaudadas, en especial la rendida por el testigo E... M... S..., dan cuenta de la presencia en el lugar de los hechos de las referidas víctimas, de quienes se dijo se dedicaban a las ventas ambulantes en el sector.

Ahora bien, es claro para la Sala que ninguna participación activa en los hechos se le atribuyó a las fuerzas militares, así como tampoco se acreditó grado alguno de participación omisiva, como quiera que ninguna de las evidencias allegadas permite inferir que se tratara de un ataque previsible, pues no contaban el Estado con elementos de juicio para establecer con antelación la posibilidad de ese ataque particular y sus características. Sólo quedó probado que a nivel municipal se vivía un ambiente de verdadera tensión, zozobra e inseguridad, hecho que por sí sólo no permite establecer que se tenía algún conocimiento específico sobre el eventual ataque.

Sin embargo, a juicio de la Sala sí quedó demostrada en el proceso la tesis de los demandantes, relativa a que el ataque con explosivos perpetrado por criminales estuvo dirigido en contra de una patrulla del Ejército, conclusión que logra la Sala a través de la apreciación de las pruebas de los que da cuenta el material probatorio recaudado.

En efecto, los diversos testigos de los hechos dieron cuenta en forma inequívoca sobre la presencia de los militares en el sitio exacto de la explosión, presencia que aparece confirmada con el informe presentado por el oficial del Ejército que los comandaba, quien en forma inequívoca señaló que realizaban una “operación presencia” en el casco urbano, que además realizaban en forma rutinaria en aras de la seguridad del sector.

Por supuesto, ese hecho probado relativo a la presencia de la unidad militar en el sitio permite inferir razonablemente, en el marco del conflicto armado interno, que se trató de un ataque en contra de las fuerzas armadas, en razón a que sin duda se han constituido en el blanco más común de la insurgencia, que encuentra en ellas el enemigo a vencer.

No puede desconocer la Sala el ambiente de violencia que se vivió en la zona en la época, que aparece demostrado en este proceso mediante documentales provenientes de la Fiscalía y del Ejército, en las que se hace mención a los múltiples atentados perpetrados en la zona contra entidades representativas de las instituciones estatales entre los años 1996 y 1998. Esa especial circunstancia también es indicativa de que el objetivo del ataque eran las fuerzas militares.

Tal hipótesis sobre el móvil de los hechos cobra especial relevancia si se advierte, tal como quedó demostrado en el proceso, que la explosión tuvo lugar en el momento mismo de la llegada de los uniformados al lugar, de donde se colige que el momento exacto de la explosión no fue producto del azar, sino que los subversivos tuvieron control del momento mismo en que haría explosión la carga y la detonaron cuando hicieron presencia en el lugar los militares.

Para los subversivos era previsible esa presencia militar, en razón a que tal como lo reconoció el oficial del Ejército a cargo de la patrulla, eran constantes y recurrentes los operativos militares en el casco urbano, hecho que les permitió planear el ataque.

De acuerdo con las reglas de la experiencia y un análisis fundado en el contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos, la Sala concluye que si el artefacto hizo explosión a la llegada de los militares, de cuya presencia en el lugar otorgan certeza las evidencias recaudadas, es porque el atentado estaba encaminado a afectar en forma directa a los miembros de la patrulla del Ejército Nacional.

Aunque no hay duda acerca de que el atentado tuvo la finalidad la de difundir sentimientos de zozobra y pánico en la población, lo cierto es que en este caso particular ese objetivo se quiso cumplir mediante un atentado directo contra efectivos de la fuerza pública, propósito que se evidencia en razón a la magnitud de la carga y a la mínima distancia de los militares a la que fue activada. En efecto, las pruebas dieron cuenta de que varios militares resultaron afectados por la onda explosiva.

Bajo ese panorama probatorio resulta razonable concluir, contrario a lo que estimó el a quo, que el atentado tuvo como finalidad atacar en forma particular a los efectivos del Ejército Nacional. Aceptar los argumentos del fallo recurrido conllevaría a admitir que la presencia de los militares en el lugar se trató de una simple coincidencia, lo que sin duda aparece desvirtuado probatoriamente.

Los anteriores razonamientos sobre el móvil del atentado resultan fundamentales en el presente caso para establecer el régimen jurídico de imputación aplicable al caso, tal como pasa a explicarse:

En tratándose de la responsabilidad del Estado por actos criminales ejecutados por organizaciones o personas al margen de la ley, que carecen desde el punto de vista fáctico de una relación con la conducta activa u omisiva de la administración, la jurisprudencia de la corporación ha sido pacífica en entender que el Estado, aún establecida su ajenidad con los hechos, está llamado a responder en aquellos eventos en que el ataque está dirigido contra bienes o personas representativas de la institucionalidad, que por esa condición se constituyen en blanco de los ataques de la delincuencia.

Ha considerado la jurisprudencia de la corporación que la presencia institucional genera un riesgo excepcional para los asociados, derivado de la constante posibilidad de ataque a la que en las condiciones actuales de violencia que aquejan a nuestra sociedad, están sometidas las edificaciones del gobierno, de las fuerzas militares y de policía, así como los funcionarios que representan las instituciones públicas.

La jurisprudencia ha hecho uso del mencionado título cuando se acredita que la acción criminal estuvo directamente encaminada contra alguna de las más altas autoridades públicas, una sede castrense oficial o un centro de comunicaciones al servicio de la administración(4), o en general servidores públicos o inmuebles oficiales que pueden llegar a ser considerados objetivos militares, de modo que ello ponga en grave riesgo la situación de quienes se encuentren en sus inmediaciones.

El anterior criterio lo aplicó la corporación en un caso en el cual moradores de sectores aledaños a los denominados “CAI” (centros de atención inmediata de la Policía Nacional), resultaron afectados con daños, por haber sido “expuestos a una situación de peligro de particular gravedad, que excedió notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que se derivan de la prestación de un servicio público”(5), criterio que reiteró al estudiar la demanda presentada con ocasión de los daños producidos a particulares por un ataque explosivo contra un comando de policía de Bello, Antioquia(6).

En dicha oportunidad la corporación consideró que no existía razón para limitar la responsabilidad estatal a los eventos en los cuales el ataque esté dirigido contra un objetivo militar o de policía, sino que debe extenderse “a todos aquellos casos en los que el blanco sea un objeto claramente identificable como Estado”(7). Este criterio fue aplicado posteriormente en sede de acción de grupo, al declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con ocasión de la toma guerrillera del municipio de Algeciras Huila, como consecuencia de una toma guerrillera(8).

En forma reciente esta Sala ha considerado que el título objetivo de riesgo excepcional puede servir como criterio de atribución de responsabilidad por los daños derivados de ataques perpetrados por grupos subversivos contra bienes o instalaciones del Estado, en la modalidad del subtítulo denominado “riesgo conflicto”, atendiendo a los riegos inherentes derivados del contexto de conflicto armado interno que aun asola al país. Al respecto ha afirmado:

Históricamente, la jurisprudencia ha definido tres modalidades básicas de responsabilidad por riesgo: el riesgo-peligro(9); el riesgo-beneficio(10) y el riesgo-álea(11). Sin embargo, los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado, plantean una nueva categoría de riesgo, que no encaja dentro de las anteriores, y que se deriva de la confrontación armada que surge de la disputa por el control del territorio y el monopolio del uso de la fuerza.  

Esta categoría de riesgo, que podría denominarse riesgo-conflicto, surge del reconocimiento de que, dada la situación de conflicto armado, el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de sufrir los efectos de los ataques armados que los grupos guerrilleros dirigen contra los bienes e instalaciones que sirven como medio para el cumplimiento de esos deberes y el desarrollo de dichas actividades(12).

De esta forma, se considera que los atentados cometidos por la guerrilla contra un “objeto claramente identificable como Estado” en el marco del conflicto interno armado, tales como estaciones de policía, cuarteles militares u oleoductos, pueden ser imputados al Estado a título de riesgo excepcional no porque estos bienes e instalaciones puedan ser considerados peligrosos en sí mismos —como sí ocurre con los objetos que encuadran dentro de la categoría riesgo-peligro (p.e. armas de dotación oficial, químicos o instalaciones eléctricas)—, sino porque la dinámica misma del conflicto armado ha hecho que la cercanía a ellos genere para la población civil el riesgo de sufrir afectaciones en su vida, su integridad personal y su patrimonio en razón a que son blanco de continuos y violentos ataques por parte de la guerrilla que los considera objetivos militares.(13) 

No se trata, en modo alguno, de reprochar como indebida o inconveniente la presencia estatal o de las fuerzas armadas en ejercicio de las competencias que la Constitución les ha asignado, sino de entender que esa presencia institucional genera per se un riesgo mayor al que normalmente deben soportar los ciudadanos en el marco del conflicto interno y, por ende, un rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas que permite inferir responsabilidad del Estado a título objetivo derivada de la materialización de esos riesgos creados por la presencia de la administración.

Así lo ha expresado la corporación al señalar que en este tipo de eventos(14):

[L]a imputabilidad surge de la creación de un riesgo, que es considerado excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por ésta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado(15). 

Cuando para el cumplimiento del deber de protección a los ciudadanos se genera un riesgo, quien lo crea está llamado a responder por los daños que su materialización genera; así, cuando se dispone —en forma legítima— de la fuerza pública con el fin de garantizar la seguridad nacional, esa presencia de las instituciones que los insurgentes pretenden desestabilizar, genera un riesgo para los asociados, ajenos a la confrontación armada, que al materializarse da lugar a una responsabilidad por riesgo en razón del principio general del derecho en virtud del cual ubi emolumentum, ibi et onus esse debet.

En este caso particular fueron agentes estatales, militares representantes por supuesto de la presencia del Estado en la zona, quienes se vieron sometidos al ataque por parte de grupos criminales, hechos en los que quedaron involucrados múltiples ciudadanos, entre ellos J... M... R... B... y A... G... L..., quienes perdieron la vida en tan lamentable acontecimiento.

En atención a esas consideraciones, estima la Sala que hay lugar a revocar las decisiones apeladas y, en su lugar, declarar responsable a la demandada por la muerte de las mencionadas personas, en razón a que las pruebas no dan cuenta de la configuración de alguna causal que permita exonerar en forma total o parcial a la administración, cuya carga de la prueba le correspondía a la demandada.

5. Indemnización de perjuicios.

Procede la Sala a determinar la cuantía de la indemnización de los perjuicios padecidos por los demandantes.

5.1. Daño moral.

El daño moral, entendido como el dolor y aflicción que una situación nociva genera, se presume en relación los sus familiares cercanos de quien ha sufrido una grave afectación en sus condiciones de salud o ha perdido la vida.

Ante la imposibilidad de cuantificar el daño moral, la jurisprudencia ha establecido un tope monetario para la indemnización de dicho perjuicio, que se ha tasado, como regla general, en el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales cuando el daño cobra su mayor intensidad, caso correspondiente al padecimiento sufrido por las propias víctimas o por quienes acrediten relaciones afectivas propias de las relaciones conyugales y paterno-filiales (primer grado de consanguinidad) con la víctima que ha perdido la vida o sufrido una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. En cuanto a los demás ordenes de parentesco, se ha establecido que la cuantía de la indemnización debe corresponder a un porcentaje de ese límite. Así se estableció en sentencia de unificación de esta Sección(16):

A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así: 

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 smlmv. 

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. 

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio. 

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio. 

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio. 

En aplicación de los mencionados criterios aceptados por la sección a título de unificación de jurisprudencia, se dispondrá una indemnización del perjuicio moral a favor de los hijos del señor J... M... R... B...: L... R... G..., U... R... G... y A... R... G..., en el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales para cada uno. En la misma cuantía se indemnizará el daño moral a los padres del menor A... G... L...: Y... L... M... y S... G... D....

A los hermanos del referido menor: Y... G... L... y A... M... G... L... y a sus abuelos: S... G... A... y F... M..., se les pagará una indemnización en cuantía equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales, para cada uno.

5.2. Daños materiales.

5.2.1. Daño emergente.

A la señora L... R... G..., se le indemnizará, a título de daño emergente, la suma que demostró tuvo que pagar con ocasión de los servicios funerarios del señor J... M... R... B..., pago que probó haber realizado a la “Funeraria Remansos de Paz” del municipio de Puerto Rico, Caquetá (fl. 8, c. 5).

La referida suma, correspondiente a $ 1.000.000, se reconocerá debidamente actualizada, con el fin de compensar la pérdida de su poder adquisitivo, con fundamento en el IPC, de acuerdo con la siguiente fórmula:

VA=VH *índice final

índice inicial

El primero corresponde al último índice conocido en la época del fallo y, el segundo, al vigente en la época en que realizó el pago.

Así:

VA=$ 1.000.000*121.63 (abril de 2015)

47,01 (febrero de 1998)

VA=$ 2.587.321

Las partes no demostraron otras erogaciones realizadas con ocasión del daño.

5.2.2 Lucro cesante.

Lo relativo al lucro cesante se definirá en forma separada para cada grupo familiar.

5.2.2.1. Grupo familiar de J... M... R... B....

Se acreditó en el proceso, conforme a los testimonios de M... R... S... (fl. 74, c. 6), J... C... M... (fl. 276, c. p.) y E... M... S..., que el señor R... B... laboraba como vendedor de dulces, cigarrillos, refrescos, entre otros productos, en el Municipio de San Vicente del Caguán.

La primera de los referidos testigos, afirmó que la víctima devengaba entre $ 250.000 y $ 300.000 mensuales. Los otros dos indicaron que el ingreso era de alrededor de $ 600.000 al mes. La primera informó que conoció el hecho por cuanto le contó la hija del fallecido, mientras que los demás testigos declararon saberlo por el dicho de la propia víctima.

En tales circunstancias, las declaraciones sobre el monto de lo devengado en vida por el señor R... B... ninguna certeza le otorgan a la Sala; por el contrario, además de no ser coincidentes aparece claro en los relatos de los declarantes que no tuvieron conocimiento directo de la cuantía de esos ingresos, sino de oídas. En tales condiciones y al no aparecer soportados sus dichos en otras evidencias sólidas que permitan establecer la cuantía de lo devengado por la víctima en vida, habría lugar a aplicar la presunción que en forma pacífica ha aceptado la jurisdicción, correspondiente a que por estar en una etapa productiva de su vida devengaría al menos el salario mínimo legal mensual.

Sin embargo, está acreditado, en relación con la edad de los hijos de la víctima:

L... R... G... nació el 24 de marzo de 1959 (fl. 5, c. 5), esto es, tenía más de 38 años en la época de los hechos.

U... R... G... nació el 25 de marzo de 1973 (fl. 6, c. 5), esto es, tenía 24 años, en la época de los acontecimientos.

A... R... G... nació el 20 de junio de 1970 (fl. 7, c. 5), esto es, tenía 27 años en la época de los acontecimientos.

Los testigos afirmaron que la víctima propendía por el sustento económico de su hogar conformado por él y sus tres hijos demandantes, quienes quedaron desamparados con ocasión de su deceso. Empero, no se acreditó en el proceso alguna circunstancia indicativa de que tenían alguna condición especial o discapacidad que les impidiera derivar por sí mismos su propio sustento, tratándose de adultos en edades productivas, lo que no hace verosímil lo afirmado por los testigos en relación con que dependían económicamente del trabajo de su padre.

En esas condiciones, sólo habría lugar a indemnizar el lucro cesante a favor de U... R... G..., quien no había cumplido 25 años en la época del daño; sin embargo, sólo se pidió indemnización por lucro cesante en favor de A... R... G..., quien tenía 27 años de edad en la época del daño y, se insiste, no probó alguna circunstancia especial que permita establecer que dependía económicamente de su padre para derivar lo necesario para su subsistencia.

5.2.2.2. Grupo familiar de A... G... L....

Está probado que A... G... L... nació el 10 de abril de 1982 (fl. 5, c. 8), esto es, en la época de los hechos había cumplido 15 años de edad.

Los testigos E... M... S... y J... M... A... (fl. 105 y s.s., c. 10), quienes conocieron al menor fallecido y a su familia, afirmaron que aquel se dedicaba a la venta de dulces en el parque “Los Transportadores” de San Vicente del Caguán y que le brindaba ayuda económica a sus padres con el producto de esa labor. Indicaron que como A... era menor de edad, entregaba el fruto de su trabajo a sus padres y a toda la familia. El primero de ellos lo narró así: Ahí en ese parque el papá tenía un puestico de vender tinto y pues A... vendía dulces en un cajoncito que el papá le había comprado para que trabajara (...) él (la víctima) me comentaba que a veces se vendía $ 6.000, $ 7.000 y yéndole bien se vendía $ 8.000 en el día, eso se lo gastaba colaborándole a los papá (sic) y a las hermanitas porque era una familia muy unida. (...).

El segundo de los referidos declarantes indicó: El muchacho A... le ayudaba a los padres a trabajar, el trabajo de ellos era una dulcería que tenían ahí en el parque Los Transportadores de San Vicente del Caguán (...) las ganancias que él podía devengar diariamente era poquito, yo digo que por ahí entre $ 7.000 u $ 8.000 diarios (...).

Para la Sala lo declarado por los testigos da cuenta de que a pesar de su edad (15 años) A... ya ejercía una actividad productiva y destinaba sus ingresos a brindar ayuda económica a sus padres, quienes se vieron privados de esa ayuda con ocasión del deceso del menor.

La Sala no desconoce la realidad social que impone en muchos casos el inicio a corta edad del ejercicio laboral o de actividades productivas con el fin de satisfacer las necesidades básicas propias y de su núcleo familiar. Así lo reconoció por ejemplo en sentencia de 30 de enero de 2013(17), en la que indemnizó el lucro cesante a los padres de un niño que se dedicaba a la pesca, aun cuando no contaba con autorización legal para laborar. Señaló en esa oportunidad la Sala:

La Sala reconoce la existencia de dinámicas sociales en las que los jóvenes, desde muy temprana edad, se ven impelidos a trabajar para cubrir sus propios gastos o aliviar la carga económica de su grupo familiar, sin que esto tenga, necesariamente, un impacto dañino en su desarrollo psicosocial o en sus estudios, pues, por el contario, puede potenciar sus habilidades y talentos. Al respecto, la Corte Constitucional ha autorizado el trabajo desde los catorce años, con las siguientes condiciones: que no se realicen trabajos peligrosos o ilícitos, que exista flexibilidad laboral en cuanto a los horarios y las condiciones de trabajo, y que cuente con la respectiva autorización del inspector de trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local a solicitud de los padres o del defensor de familia(18). 

La ley protectora del menor exige una autorización escrita de las autoridades de trabajo para que éste pueda realizar actividades laborales(19). La función de estas autoridades consiste en evaluar si las condiciones socioeconómicas de la zona permiten asegurar el acceso al sistema educativo, y determinar si los medios de educación están insuficientemente desarrollados, de manera que el joven pueda dedicarse de plano a sus estudios(20). El cumplimiento de este requisito, adicional a los antes indicados, constituye la regla general para efectos de definir si hay lugar a la reparación del lucro cesante a favor de quienes recibían ayuda económica de un menor de edad(21).  

Sin embargo, en el presente caso, es preciso llamar la atención sobre la escasa cultura institucional en determinados lugares del país, particularmente en zonas periféricas en las que el desarrollo social y económico es precario y la presencia estatal, débil. En tales contextos dominados por la carencia y la necesidad, además de una marcada afectación por el conflicto armado(22), el trabajo de los jóvenes se lleva a cabo sin mediación del Estado, sin que por ello se comprometa la integridad física y psicológica de los menores, o la permanencia de sus estudios, que son los propósitos últimos de la autorización. En síntesis, el registro y la valoración de tales dinámicas son esenciales para promover una aplicación de la norma ajustada a la realidad social. 

En tales condiciones, se acoge la posición mayoritaria de la Sala bajo el entendido de que dadas las condiciones socio económicas de la víctima y su grupo familiar, los padres del menor tienen derecho a reclamar el lucro cesante derivado de la ayuda económica que les suministraba la víctima, como quiera que la demandada no acreditó que el menor estuviera en alguna condición de desescolarización o explotación. En este caso particular lo que está probado a través de los referidos testimonios es que el menor trabajaba al lado de sus padres, esto es, colaboraba en la actividad desplegada por ellos, de modo tal que con su deceso se vieron privados de esa ayuda que desde temprana edad les suministraba.

Lo que no está acreditado es el monto de los ingresos que la actividad que desarrollaba le reportaba al menor, pues lo señalado por los testigos no fue producto de su percepción directa sobre el particular y no da cuenta de cifras concretas de ganancias, sino del monto de algunas ventas. En tales condiciones, la Sala aplicará la presunción acogida en forma pacífica, bajo el entendido de que devengaría al menos el salario mínimo, pero aplicando la proporción correspondiente a la jornada que de acuerdo con las normas vigentes en la época de los hechos tenía permitido laborar(23), durante el período a indemnizar anterior a la época en que cumpliría 18 años de edad. A partir de esa época, se indemnizará con base en el salario mínimo legal mensual vigente.

En la época del daño (23 de febrero de 1998), el menor contaba con 15 años, 10 meses y 13 días, esto es, le restaban 2 años, 1 mes y 17 días para alcanzar la mayoría de edad, por lo cual, el primer período consolidado a indemnizar será de 25,56 meses.

En ese lapso, la base de liquidación será el salario mínimo, incrementado en un 25%. Al resultado se deducirá un 50% que presumiblemente destinaba la víctima para su propio sustento, así:

$ 644.350*1.25=$ 805.437

$ 805.437-50%=$ 402.718

Esa última suma correspondería a la base de liquidación mensual si trabajara ocho horas. Aplicada proporcionalmente(24) a la jornada que legalmente le era permitida antes de cumplir 18 años de edad, la base corresponderá entonces a $ 302.038.

S = Ra (1+ i)n - 1

I

En la que:

Ra = Base de liquidación actualizada

I = Interés legal anual expresado en tasa mensual

n = Período a indemnizar en meses (25,56)

1 = Constante

S = $ 302.038 (1 + 0.004867)25.56 -1

0.004867

S = $ 8.199.626

Por los siete años restantes (84 meses), entre los 18 y los 25 años, cuando presumiblemente conformaría la víctima su propio hogar, la indemnización se liquidará con fundamento en la base inicial obtenida del salario mínimo. Entonces:

S = $ 402.718 (1 + 0.004867)84 -1

0.004867

S = $ 41.666.961 +$ 8.199.626

S = $ 49.866.587

El 50% de esa suma ($ 24.933.293), corresponderá al valor a indemnizar para cada uno de los padres de la víctima.

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR las sentencias de 8 de abril de 2005 y 11 de noviembre de 2004, por medio de las cuales el Tribunal Administrativo del Caquetá negó las pretensiones de las demandas. En su lugar se dispone:

1. DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, de la muerte del señor J... M... R... B... y del menor de edad A... G... L..., ocurridas el 23 de febrero de 1998 en el Municipio de San Vicente del Caguán.

2. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a pagar a los demandantes una indemnización por el daño moral sufrido con ocasión de la muerte de sus familiares, así:

A L... R... G..., U... R... G..., A... R... G..., Y... L... M... y S... G... D..., el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de la ejecutoria del presente fallo, para cada uno de ellos.

A Y... G... L..., A... M... G... L..., S... G... A... y F... M..., se les pagará una indemnización en cuantía equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes en la época de ejecutoria del presente fallo, para cada uno.

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a pagar a L... R... G..., la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VENTIÚN PESOS ($ 2.587.321), como indemnización por el daño emergente sufrido.

4. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a pagar a Y... L... M... y S... G... D..., la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 24.933.293), como indemnización por lucro cesante, para cada uno de ellos.

5. La sentencia se cumplirá en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. NEGAR las demás pretensiones de las demandas.

7. Sin costas.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Stella Conto Díaz del Castillo, presidenta—Danilo Rojas Betancourth—Ramiro Pazos Guerrero, ponente.

1 Código Contencioso Administrativo, artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.

2 Se estimó el lucro cesante en cuantía equivalente a $ 30.000.000 (fl. 33, c. 8).

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 2013, Exp. 26955, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

4 Sentencia de 23 de septiembre de 1994, Exp. 8577.

5 Sentencia del 18 de octubre de 2000, Exp. 11834.

6 Sentencia de 28 de julio de 2006 Exp. 16630, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio

7 Sentencia de 11 de diciembre de 2003, procesos acumulados 12916 y 13627, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

8 Sentencia 6 de octubre de 2005 AG 2001-0094801 Acción de Grupo C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

9 La imputación por riesgo-peligro procede en aquellos casos en los que la Administración interviene en la ocurrencia del daño, pero no por haber fallado en el cumplimiento de sus obligaciones, sino por haber creado consciente y lícitamente un riesgo a partir de la utilización de un objeto (p.e. armas, vehículos), una sustancia (p.e. combustibles, químicos) o una instalación (p.e. redes de energía eléctrica) que resulta en sí misma peligrosa, pero que es útil o necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado o para satisfacer demandas colectivas de bienes y servicios.

10 Se incluye dentro de la categoría de riesgo-beneficio aquella actividad que, aunque no entrañe verdadera peligrosidad, “conlleva la asunción de las consecuencias desfavorables que su ejercicio pueda producir, por parte de la persona que de dicha actividad se beneficia”. En este caso, el fundamento de la responsabilidad recae, no ya en el peligro creado por el Estado, sino en el provecho que éste o la comunidad reciben como consecuencia del ejercicio de la actividad riesgosa correspondiente. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, Exp. 16.530, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

11 Es el riesgo que descansa en la probabilidad estadística de la ocurrencia de un daño, derivado de la ejecución de ciertas actividades o el desarrollo de algunos procedimientos, “quizás con la ineludible mediación del azar o de otro tipo de factores imprevisibles (...). En la jurisprudencia francesa se ha reconocido la responsabilidad del Estado en esta suerte de casos cuando se emplean, por parte de la Administración, métodos científicos cuyas consecuencias dañosas aún no son del todo conocidas o cuando, a pesar de ser conocidas, resultan de muy excepcional ocurrencia, en definitiva, cuando se está en presencia del denominado ‘riesgo estadístico’”. Ibíd.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 18.536, C.P. Ruth Stella Correa.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre de 2012, Exp. 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2000, Exp. 11518, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2000, Exp. 11834, M.P. Alier Hernández.

15 Sentencia de 22 de febrero de 2012, Exp. 21456, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, Exp. 27709, M.P. Carlos Alberto Zambrano.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de enero de 2013, Exp. 27484, M.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

18 Corte Constitucional, Sentencia C-170 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

19 Decreto 2737 de 1989. “Por el cual se expide el Código del Menor”. Artículo 238. Los menores de dieciocho (18) años necesitan para trabajar autorización escrita del inspector del trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de éstos, del defensor de familia (...).

20 Corte Constitucional, Sentencia C-170/2004, M. P. Rodrigo Escobar Gil.

21 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 22274, C.P. Danilo Rojas Betancourth. En este caso se reconoció el lucro cesante a favor de los padres de Sugeys Peñaloza, una joven de 17 años que trabajaba como niñera. No obstante, ante la ausencia del requisito que fija el artículo 238 del Código del Menor, el mencionado perjuicio se liquidó a partir de la fecha en que la adolescente habría cumplido 18 años.

22 Presidencia de la República, Programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario, Diagnóstico departamental Antioquia, págs. 1-3; Misión de observación electoral, Monografía político electoral. Departamento de Antioquia, 1997 a 2007”, págs. 2-7.

23 Decreto 2737 de 1989. Artículo 242. La duración máxima de la jornada de trabajo del menor se sujetará a las siguientes reglas: (...) 2. Los mayores de catorce (14) y menores de dieciséis (16) años sólo podrán trabajar en una jornada máxima de seis (6) horas diarias; Artículo 243. (...) El salario del menor trabajador será proporcional a las horas trabajadas.

24 Con fundamento en un regla de tres simple se establece el valor correspondiente a 8 horas de trabajo.