Sentencia 1999-00477 de julio 8 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall De Rutén Ruiz

Ref.: 41001-3103-003-1999-00477-01

Bogotá, D.C., ocho de julio de dos mil trece.

Discutido y aprobado en Sala de marzo de 2013

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Como se anticipó al compendiar el cargo, la queja del impugnante se centra en el entendimiento del derecho sustancial por parte del ad quem, en la medida en que, en su decir, no acató los límites impuestos por el orden público a la “autonomía de la voluntad”, situación que lo llevó a considerar exigibles unas obligaciones que lo eran en condiciones de normalidad, pero que en un escenario concursal perdían tal característica, tornándose en revocables los actos celebrados para satisfacerlas.

2. Frente a dicho reproche, debe precisarse que le asiste razón al censor cuando manifiesta que los mandatos imperativos constituyen una limitación a la facultad de autorregulación de intereses privados.

Así lo ha estimado la corporación al indicar que “la ‘autonomía privada (auto, ‘aujtov’, uno mismo, y ‘nomos’, ley), expresión de la libertad, derechos fundamentales, libre desarrollo de la personalidad e iniciativa económica y de empresa garantizadas por el ‘Estado social de derecho’ en tanto soportes del sistema democrático (Preámbulo, artís. 2º, 13, 14, 16, 28, 58, 59 a 66, 78, 82, 94, 150 [19] y [23], 332, 333, 334, 335, 373, C.P.), confiere al sujeto iuris un poder para engendrar el negocio jurídico (negotium iuridicus, Rechtgeschäft), rectius, acto dispositivo de intereses jurídicamente relevante’, también ‘derechos, iniciativa, libertad y habilidad jurídica para disponer de sus intereses en procura de satisfacer sus fines, necesidades vitales, designios o propósitos individuales en la vida de relación, disciplinar, regular, gobernar u ordenar su esfera dispositiva en el tráfico jurídico mediante el negocio jurídico y el contrato’ con ‘el razonable reconocimiento legal a toda persona de un cúmulo de poderes o facultades proyectadas en la posibilidad de disponer o abstenerse de la disposición (libertad de contratar o no contratar), seleccionar el sujeto con quien dispone (libertad de elegir parte o contratante), escoger o crear el tipo contractual (libertad de optar en el catálogo legis o en los usos y prácticas sociales por la especie singular de contrato o crearlo), celebrarlo de inmediato o previo agotamiento de una fase formativa (libertad de celebrar el contrato en forma inmediata o progresiva), hacerlo directamente o por mandatario, representante o apoderado, expresar el acto dispositivo (libertad de expresión o de forma), determinar el contenido (libertad de estipular el contenido), asegurar el cumplimiento, prevenir la terminación o disponerla, y garantizar, atenuar o ampliar la responsabilidad’, sin constituir, empero poder ad libitum, libérrimo, absoluto o en blanco, pero cuyas limitaciones o restricciones dispone el legislador (Cas. Civil, sent. ago. 30/2011, exp. 11001-3103-012-1999-01957-01)” (Sent. Cas. Civil, oct. 19/2011, exp. 00847; resaltado fuera de texto).

En tal sentido, “[e]l ius cogens, derecho imperativo de la Nación u orden público, representa una restricción a la autonomía privada dispositiva (Cas. Civil, sent. ago. 30/2011, exp. 11001-3103-012-1999-01957-01), y su vulneración, a no dudarlo, produce la nulidad absoluta del contrato o de la estipulación afectada, ampara principios y valores fundamentales del sistema jurídico por constituir ‘núcleo central, medular, básico, cardinal, primario e inmanente de intereses vitales para la persona, la existencia, preservación, armonía y progreso de la sociedad (...) valores, principios e ideales considerados esenciales al concernir a materias, asuntos o intereses esenciales para la organización social en determinado momento histórico, en función al respeto y primacía de valores fundamentales del ordenamiento jurídico, la libertad, la democracia, los intereses individuales o sociales. En general, su concepto tutela razonables intereses nacionales vinculados a la organización política, económica o social del país, y no admite sustitución, cambio, modificación, derogación ni exclusión por decisión particular’, sea ‘positivo, si prescribe cómo y qué debe hacerse, ora negativo, al verterse en restricciones, limitaciones o prohibiciones, y puede obedecer a factores estrictamente políticos, económicos o sociales con sentido directivo o protector de ciertos intereses, situación, posición económica, social o jurídica’, ‘como mecanismo para la organización, productividad, eficiencia y equidad del sistema económico, [donde] hay una economía dirigida (orden público de dirección), y en ocasiones, para proteger determinados intereses (orden público tutelar o de protección) en razón de cierta posición económica, social, jurídica, factores sociales (Estado providencia, proteccionismo social) para proveer al bienestar social y la satisfacción de las necesidades económicas de los ciudadanos, suprimir o atenuar manifiestas desigualdades socio-económicos (contratos de adhesión, derecho del consumo), ora económicos (política deflacionista-control de precios-de crédito, derecho de la competencia, interés general)’, esto es, actúe en sentido político, social o económico (Cas. Civil, sentencias exequátur de nov. 8/2011, exp. E-2009-00219-00, y sentencia de 19 de octubre de 2011, exp. 11001-3103-032-2001-00847-01).

El derecho imperativo de la Nación se remite al orden público, comprende principios fundamentales del ordenamiento jurídico inferidos de las normas imperativas. Las reglas legales, según una antigua clasificación, son supletorias, dispositivas o imperativas. En la primera categoría están las que rigen en defecto de específica previsión de las partes, en ausencia de estipulación alguna y, por ello, suplen el silencio de los sujetos, integrando el contenido del acto dispositivo sin pacto expreso ninguno. El segundo tipo obedece a la posibilidad reconocida por el ordenamiento jurídico para disponer, variar, alterar o descartar la aplicación de una norma. Trátase de preceptos susceptibles de exclusión o modificación en desarrollo de la autonomía privada, libertad contractual o de contratación. Son imperativas aquellas cuya aplicación es obligatoria y se impone a las partes sin admitir pacto contrario. Por lo común estas normas regulan materias de vital importancia. De suyo esta categoría atañe a materias del ius cogens, orden público social, económico o político, moralidad, ética colectiva o buenas costumbres, restringen o cercenan la libertad en atención a la importancia de la materia e intereses regulados, son taxativas, de aplicación e interpretación restrictiva y excluyen analogía legis o iuris. Dicha nomenclatura, se remite en cierta medida a los elementos del negocio jurídico, o sea, lo de su estructura existencial (esentialia negotia), o perteneciente por ley, uso, costumbre o equidad sin necesidad de estipulación a propósito (naturalia negotia) y lo estipulado expressis verbis en concreto (accidentalia negotia), que ‘se expresa en los contratos’ (C.C., art. 1603) o ‘pactado expresamente en ellos’ (C. Co., art. 861), y debe confrontarse con la disciplina jurídica del acto y las normas legales cogentes, dispositivas o supletorias, a punto que la contrariedad del ius cogens, el derecho imperativo y el orden público, entraña la invalidez absoluta” (Sent. Cas. Civil, mar. 6/2012, exp. 00026), o, tratándose de las acciones pauliana y revocatoria, la inoponibilidad(7).

3. En igual sentido, debe precisarse que, por su naturaleza, las normas aplicables a los procesos de reorganización y liquidaciones judiciales —Ley 1116 de 2006—, tomas de posesión y liquidaciones forzosas —Decreto 663 de 1993—, y en general, a los regímenes especiales de recuperación, liquidación o intervención estatal para administrar o liquidar los negocios del deudor fallido, contienen preceptos imperativos inmodificables por las partes.

Ciertamente, el derecho concursal —al que pertenecen los concursos y “para concursos” antes mencionados—, como disciplina autónoma y unitaria que regula de manera transversal la crisis patrimonial de los sujetos, es un complejo compendio normativo compuesto por disposiciones de linaje sustancial y procesal, de derecho público y privado, administrativo, fiscal, civil y mercantil —inter alia—, que no solo conduce, en virtud de su especialidad, a la inaplicación del derecho común, sino que constituye parte esencial del ius cogens, derecho imperativo de la Nación u orden público.

El numeral 7º del artículo 301 del Decreto 663 de 1993, norma que disciplina los “para concursos”, señala que “cuando los activos de la entidad intervenida sean insuficientes para pagar la totalidad de créditos reconocidos, podrá impetrarse por el liquidador la revocatoria de los siguientes actos realizados dentro de los dieciocho (18) meses anteriores a la fecha de la providencia que ordene la toma de posesión(8). a) Los pagos o las daciones en pago de deudas no exigibles a cargo de la entidad intervenida; b) Los actos jurídicos celebrados con los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de los directores, administradores, asesores y revisor fiscal, o con algunos de sus consocios en sociedad distinta de la anónima, o con sociedad colectiva, limitada, en comandita o de hecho, en que aquellos fueren socios; c) Las reformas estatutarias formalizadas, cuando con ellas se haya disminuido el capital de la entidad o distribuido sus bienes en forma que sus acreedores resulten perjudicados; d) Las cauciones que haya constituido la entidad con posterioridad a la cesación en los pagos, cuando sea esta la causal de toma de posesión, o e) Los demás actos de disposición o administración realizados en menoscabo de los acreedores, cuando el tercer beneficiario de dicho acto no haya actuado con buena fe exenta de culpa(9). f) Los actos a título gratuito(10). PAR.—La acción a que se refiere este numeral la interpondrá el liquidador ante el juez civil del circuito del domicilio de la intervenida dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de expedición de la providencia que decretó la toma de posesión”.

Este precepto, aplicable a aquellas entidades cuya liquidación esté regulada por el estatuto orgánico del sistema financiero, bien sea porque son contempladas expresamente en éste o por remisión normativa, establece una acción revocatoria concursal cuyos rasgos principales son:

a) Es un remedio en beneficio de la masa, pues su objetivo es la reintegración de los activos que salieron indebidamente del patrimonio de la institución intervenida.

b) Su interposición requiere, sin excepción, que se haya dado inicio para concurso liquidatorio, y que los activos de la deudora sean insuficientes para atender “la totalidad de los créditos reconocidos”, de donde se desprende que, sin importar el mayor o menor perjuicio causado por el acto, o la buena o mala intención de los involucrados en él, si no se acredita la escasez de bienes del deudor frente al monto de sus pasivos, la acción resulta vana.

c) El periodo de sospecha de 18 meses(11) es único, sin considerar el tipo de operación cuya revocatoria se pretenda, y se contabiliza hacia atrás, desde la “fecha de la providencia que ordene la toma de posesión”.

d) Para la revocatoria de los actos enunciados en los literales a), b), c), d) y f) no se requiere valorar la conducta de las partes, basta con la verificación objetiva del supuesto de hecho consagrado por el legislador —por ejemplo, una compraventa celebrada entre la concursada y el hijo de uno de sus directores, es objetivamente revocable siempre que se haya efectuado en el periodo de sospecha y se determine la insuficiencia de los activos—; mientras que frente a los contemplados en el ordinal e. se exige su realización “en menoscabo de los acreedores” así como la ausencia de buena fe exenta de culpa en el fuero del “tercero beneficiario”.

e) El liquidador, como representante de la masa y titular del interés, es el único legitimado para incoar el procedimiento.

f) La competencia para conocer de la acción recae en el juez civil del circuito del domicilio de la fallida, y debe interponerse dentro de los 3 años siguientes “a la fecha de expedición de la providencia que decretó la toma de posesión”.

4. Por otro lado, en los negocios en que el pago de la prestación dineraria se ha pactado por instalamentos o cuotas periódicas, la cláusula aceleratoria es la estipulación en virtud de la cual el obligado faculta al acreedor para que, frente al incumplimiento del primero u otras situaciones allí previstas, declare extinguido el plazo y exija el importe total del crédito; verbi gratia, ante la deshonra en la temporalidad o cuantía de los abonos u otro compromiso contractual, cuando así se ha acordado, surge la potestad exclusiva del acreedor para, en ejercicio de dicho convenio, invocar la exigibilidad inmediata y anticipada de las obligaciones no vencidas “con todas las consecuencias jurídicas que ello apareja, entre ellas, la de que a partir de ese momento es posible su recaudo forzoso (CPC, art. 488) y además, que allí [cuando el acreedor la hace efectiva] comienza a contarse el término de prescripción, conforme consagra el artículo 2535 del Código Civil” (Sent. T. mar. 14/2006, exp. 00342).

Sobre el particular, el artículo 69 de la Ley 45 de 1990 preceptúa que “cuando en las obligaciones mercantiles se estipule el pago mediante cuotas periódicas, la simple mora del deudor en la cancelación de las mismas no dará derecho al acreedor a exigir la devolución del crédito en su integridad, salvo pacto en contrario (...)”, lo que convierte al precitado acuerdo en una clara expresión de la libertad contractual, de las facultades, los poderes y derechos que confiere el ordenamiento jurídico a los sujetos para regular de manera específica los actos de disposición de sus intereses; en un elemento accidental del negocio jurídico, plenamente válido en la medida en que no resulte contra legem, es decir, siempre y cuando se ajuste a los imperativos legales, caso en el cual, la ley reconoce y convalida su contenido, en idéntico sentido al que las partes hayan querido otorgarle.

La autonomía privada cuando de esta estipulación se trata no es absoluta. El legislador le trazó unos linderos determinados en el artículo 16 de la Ley 1116 de 2006, sancionando con ineficacia de pleno derecho “las estipulaciones contractuales que tengan por objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente el inicio de un proceso de reorganización, mediante (...) la aceleración de obligaciones”, y castigando al acreedor que intente hacer “efectiva la cláusula” con la postergación legal de su crédito.

De conformidad con el aludido precepto, no obstante que la privación de los efectos se produce “sin necesidad de declaración judicial”, “las discrepancias sobre los presupuestos de la ineficacia de una estipulación” en cualquiera de los supuestos que éste prevé, “serán decididas por el juez del concurso”; habiéndose establecido que tales controversias sean resueltas “siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 135 a 139 del Código de Procedimiento Civil”(12).

Es claro que la ineficacia no se predica de cualquier cláusula aceleratoria, sino de aquella que tenga “por objeto o finalidad impedir y obstaculizar directa o indirectamente el inicio de un proceso de reorganización”, circunstancia cuya determinación amerita una indagación teleológica, susceptible de generar disputa entre las partes, la cual ha de resolverse en la forma arriba indicada.

Otro de estos límites se encuentra establecido en el canon 19 de la Ley 546 de 1999, según el cual, los créditos de vivienda no podrán contener cláusulas aceleratorias que consideren de plazo vencido la totalidad de la obligación hasta tanto se presente la correspondiente demanda judicial, de donde se colige que, en obligaciones de la naturaleza que se viene comentando, sólo es posible ejercitar la cláusula aceleratoria facultativa, la cual, precisamente, le permite al acreedor arrebatar el plazo inicial otorgado al deudor cuando éste incumpla con el pago de las cuotas a su cargo, pero bajo la condición de que esa licencia sólo se puede ejercer en el momento en el que se presenta la demanda ejecutiva para el cobro judicial, no antes. Es que, los créditos de vivienda no podrán contener cláusulas aceleratorias que consideren de plazo vencido la totalidad de la obligación hasta tanto no se presente la correspondiente demanda judicial, en contraposición a lo que ocurre con la cláusula aceleratoria automática, en la que la mora o la situación pactada, junto al querer exclusivo del acreedor, genera la anticipación convenida.

5. Pues bien, sentadas las anteriores premisas, emerge palmaria la futilidad del embate contra la sentencia del tribunal, toda vez que el casacionista pretende darle al literal a. del numeral 7º del artículo 301 del Decreto 663 de 1993, efectos de los que carece, y que incluso serían más amplios o gravosos respecto del acreedor que los que derivarían de incorporar a esta regulación los dictados del artículo 16 de la Ley 1116 de 2006 en los apartes que han sido objeto de comentario (lo cual además no está previsto), para hacer desaparecer la exigibilidad de unos créditos según pasa a explicarse:

a) Las normas concursales y para concursales, incluyendo aquellas que regulan la acción revocatoria, son de orden público y su aplicación no está supeditada a la voluntad de los particulares; o más específicamente, los remedios para la reintegración del patrimonio son una sanción establecida por el ius cogens frente a determinados actos o negocios reprochables desde la perspectiva de la crisis empresarial, bien sea por sus efectos sobre la prenda general, la prelación legal de créditos o los acreedores mismos (C.C., arts. 2488, 2495 y ss.), a tal punto que, verificados los supuestos contenidos en la legislación financiera, el liquidador está en el deber de incoar su trámite.

Ahora bien, como quiera que “toda sanción es restrictiva, limitada y de estricta aplicación, excluyendo la analogía iuris o legis y la interpretación amplia y extensiva a casos análogos, conexos o próximos” (Sent. Cas. Civ. Jul. 1º/2008, exp. 00803), para la prosperidad de la acción revocatoria concursal se hace necesario que los hechos que fundamentan el petitum se encuadren plenamente en las circunstancias hipotéticas descritas por el legislador.

Desde esta perspectiva, la genuina y recta inteligencia del precepto citado es la que se deriva de su observancia estricta, libre de añadiduras o enmiendas, esto es, aquella cuya conclusión unívoca se ajusta a los parámetros de interpretación establecidos en la Ley (arts. 25 y ss. ídem). Justamente, la disposición bajo estudio, amén de ser imperativa y sancionatoria –excluyente de cualquier aplicación o interpretación extensiva—, lejos está de ser obscura o ambigua, razón por la cual habrá de estarse a su tenor literal y al sentido de las palabras (art. 27 a 29 ibídem).

Precisamente, como quiera que el canon reza que “podrá impetrarse por el liquidador la revocatoria de a. Los pagos o las daciones en pago de deudas no exigibles a cargo de la entidad intervenida” (negrillas fuera de texto), mal podría deducirse que en el concepto resaltado están incluidas las acreencias que en virtud del negocio o la ley se hicieron exigibles en el periodo de sospecha y fueron honradas, como si la ley estipulara la pérdida retroactiva de exigibilidad de dichas obligaciones; cosa que a todas luces no sucede, pues se insiste, bajo el imperio de esta norma, según su correcta hermenéutica, sólo son revocables los pagos y las daciones en pago de “deudas no exigibles”.

b) El contrato, expresión de la autonomía privada, genera para las partes el deber legal de cumplirlo (arts. 1602 y 1603 del C.C. y 871 del mercantil), so pena de ser compelidas forzosamente a su honra, y en éste se puede pactar, como elemento accidental del negocio jurídico, la cláusula aceleratoria (L. 45/90, art. 69), siempre que no contravenga el orden público (disposiciones 19 de la Ley 546 de 1999 y 16 de la Ley 1116 de 2006).

El literal a) del numeral 7º del artículo 301 del Decreto 663 de 1993, lejos está de constituir un límite a la autonomía privada en lo que a los pactos anticipatorios del plazo respecta, pues se circunscribe a sancionar el pago de obligaciones no exigibles, sin referir, de forma alguna, a los efectos de las estipulaciones negociales en el periodo de sospecha. En otras palabras, dicho ordinal no consagra la ineficacia de las reglas contractuales fijadas por las partes, para efectos de permitir la revocabilidad de los actos ejecutados al amparo de las mismas.

Es de advertir que ni siquiera en el ámbito para el cual ha sido consagrada expresamente la ineficacia de la cláusula aceleratoria (el concurso recuperatorio), ha sido esta regulada con el alcance general e indiscutible que el cargo implícitamente le atribuye, para que se la reconozca en un contexto donde no ha sido consagrada (el “para concurso” liquidatorio).

En síntesis, no erró el ad quem al concluir que las pretensiones de la demandante resultaban inanes, en la medida en que las transferencias cuya revocatoria implora fueron realizadas cuando las obligaciones que les dieron origen ya eran exigibles, toda vez que las normas jurídicas que el impugnante esgrime no habilitan al fallador para desconocer tal exigibilidad.

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 30 de noviembre de 2010, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario promovido por la Cooperativa Financiera Andina, Cofiandina, en liquidación contra el Banco Cooperativo de Crédito y Desarrollo Social, Coopdesarrollo.

Costas de casación a cargo del recurrente. En su liquidación inclúyase la cantidad de seis millones de pesos ($6.000.000) por concepto de agencias en derecho, por haber sido replicada la demanda.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(7) Sobre la superación de la teoría de la nulidad y el acogimiento de la inoponibilidad, cfr. Sent. Rev. Civil, de 24 de noviembre de 1992, y Sent. Cas. Civil 151 de 13 de octubre de 1993, inter alia.

(8) El inciso primero de la norma en comento, antes de su modificación por el artículo 27 de la Ley 510 de 1999, introducida con posterioridad a la ocurrencia de los hechos sub examine, establecía: “Cuando los activos de la entidad intervenida sean insuficientes para pagar la totalidad de créditos reconocidos, podrá impetrarse por el liquidador la revocatoria de los siguientes actos realizados dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la providencia que ordene la toma de posesión: (...)”.

(9) Antes de la modificación introducida por el artículo 27 ídem, el texto rezaba: “e. Los actos de disposición y administración, cuando se probare cualquier connivencia entre las partes, consumada en menoscabo de los acreedores”.

(10) Literal incorporado por la disposición antes citada.

(11) Ver nota 8 supra.

(12) Artículo 8 ídem.