Sentencia 1999-00479 de septiembre 28 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Rad.: 63001-23-31-000-1999-00479-01

Nº Interno 1263-2008

Conjuez Ponente:

Dr. Gustavo Quintero Navas

Actor: Silvio Giraldo Monsalve

Demandada: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Interior y de Justicia y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Apelación de sentencia

Bogotá, D.C., veintiocho de septiembre de dos mil diez.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Quindío contra la sentencia proferida el 17 de enero de 2008 por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Quindío, en la cual se declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998 y se condenó a la Nación al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación a favor de este, a título de restablecimiento del derecho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le corresponde al Consejo de Estado, en calidad de superior funcional, resolver las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Ahora, dos de los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a quienes correspondió el conocimiento del asunto por reparto, se declararon impedidos el 25 de febrero de 2010 (fls. 300 a 303, cdno. ppal.). El impedimento fue aceptado por los miembros de la Sección Tercera de esta corporación, mediante auto de 19 de julio de 2010 (fls. 308 a 313, cdno. ppal.). Así las cosas, se procedió por secretaría a efectuar sorteo de conjueces y de conjuez ponente, quien recibió el proceso en su despacho el 10 de septiembre de los corrientes (fls. 315 a 322, cdno. ppal.).

Existiendo quorum para deliberar, entonces, se continuará con el trámite de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. El caso concreto.

A juicio de esta Sala de Conjueces, lo que busca la parte demandada en el caso sub examine, con la alzada impetrada, es que se profiera sentencia absolutoria frente a las declaraciones y condenas hechas por el Tribunal Administrativo de primera instancia; manteniéndose la validez de los actos administrativos de carácter particular expedidos por ella con relación al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación a favor de la parte actora, en los términos descritos en el libelo.

Ahora, habiéndose estudiado los argumentos esgrimidos por la apoderada de la Dirección Seccional Ejecutiva de Administración de Justicia de Quindío, y contrastados con la parte motiva y resolutiva de la sentencia de primera instancia, encuentra esta Sala de Decisión ad quem, desde ahora, que no existe razón jurídica ni fáctica alguna para revocar dicha sentencia de fondo y que, por tanto, se procederá a confirmarla en todas sus partes.

En efecto, estiman los suscritos conjueces que la sentencia de 25 de septiembre de 2001, proferida por esta honorable corporación(1), hizo tránsito a cosa juzgada contencioso-administrativa en los términos del artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, con relación a la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998. Dicha invalidez judicialmente declarada, sin lugar a dudas, aprovecha al señor Giraldo Monsalve como demandante dentro del presente proceso y como favorecido con el restablecimiento de su derecho a percibir la bonificación por compensación de los decretos 610 y 1239 de 1998 por cuenta de la misma, habiendo logrado la acreditación de su legitimación en causa por activa para reclamarla.

Igualmente, para esta Sala de Decisión —a diferencia de lo expresado por su apoderada en el escrito de apelación—, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no obstante no haber proferido el decreto acusado de ilegalidad dentro de la presente actuación, sí está obligada al pago de las sumas que por concepto de bonificación por compensación se deban al actor, según los porcentajes y periodos establecidos por el reglamento. Lo anterior, por mandato de los artículos 98 y 99 de la Ley 270 de 1996, que señalan como función de la entidad la ejecución de las actividades administrativas de la rama judicial, y en cabeza de su director ejecutivo, la tarea de administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la rama judicial y responder por su correcta aplicación o utilización. Las normas reseñadas le obligan a atender, indiscutiblemente, entre otros, el pago de prestaciones sociales a cargo de sus empleados cuando así se haya reconocido mediante sentencia judicial.

Por contera, la aplicación de los decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 2726 de 2001 y 663 de 2002, en punto del pago de la bonificación por compensación que debía hacer la demandada al actor, resulta procedente solo si las sumas allí establecidas respetan las equivalencias porcentuales establecidas en la parte motiva del Decreto 610 de 1998, apreciadas las vigencias fiscales proyectadas para los 3 años subsiguientes a su entrada en vigor y lo que efectivamente hubieren percibido por todo concepto los magistrados de las altas cortes en esos lapsos. Si bien los mencionados decretos no han perdido fuerza ejecutoria, sus disposiciones deben ser interpretadas de forma sistemática con la norma reglamentaria revivida por la jurisprudencia de esta honorable corporación , que según su artículo 4º deroga todas las que le sean contrarias; conforme lo dispone el artículo 30 del Código Civil. Lo anterior, buscando hacer efectivos los derechos e intereses de los administrados reconocidos por la ley aplicando con corrección las normas jurídicas, tal como lo ordena el artículo 2º del Código Contencioso Administrativo.

Bajo lo que viene de explicarse, esta Sala de Decisión mantendrá la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998 y el otorgamiento del restablecimiento con relación al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación al señor Giraldo Monsalve; eso sí, previa deducción de lo que ya se le hubiere pagado en virtud de los años 1999, 2000, 2001, 2002 y siguientes conforme los decretos 664 de 1999 y demás que resulten aplicables, y solamente durante el periodo en que haya fungido efectivamente como magistrado de Tribunal Administrativo dentro de la estructura de la rama judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de conjueces, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMESE la sentencia de 17 de enero de 2008, proferida la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

EFECTÚENSE los pagos impuestos a título de condenas en la sentencia de primera instancia, descontando las sumas que por dicho concepto ya se hubieren sufragado a favor del señor Silvio Giraldo Monsalve, según la parte motiva de esta providencia. Igualmente, REALÍCENSE tales desembolsos únicamente durante el tiempo en que el señor Giraldo Monsalve se hubiere desempeñado efectivamente como magistrado de Tribunal Administrativo al servicio de la rama judicial, conforme con los archivos y registros laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de conjueces en la sesión de la precitada fecha».

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, Radicado 395-99, sentencia de 25 de septiembre de 2001, C.P. Álvaro Lecompte Luna.