Sentencia 1999-0497 de enero 26 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 52001233100019990497 - 01 (19.961)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Segundo Marcos Acosta y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Prueba del hecho, de la condición de los agentes y de las armas.

En la demanda se alegó que el daño sufrido por los demandantes tuvo su origen en la muerte del señor Francisco Giraldo Acosta Castillo, como consecuencia de las heridas causadas por miembros de la Policía Nacional con sus armas de fuego de dotación oficial, imputaciones fácticas que se encuentran acreditadas en el proceso, de conformidad con el siguiente caudal probatorio:

1.1. Certificado del registro civil de defunción (fl. 12, cdno. 1).

1.2. Certificado emitido por el Instituto de Medicina Legal - Seccional Nariño (unidad local Ipiales), el día 20 de enero de 1999 (fl. 24, cdno. 1), en el cual se indicó:

“Que el día tres (3) del mes de diciembre de 1998, se practicó necropsia médico-legal 134-98 correspondiente a Francisco Giraldo Acosta Castillo de 36 años de edad, estableciéndose la conclusión de la muerte así:

Mecanismo de muerte: estallido cardiaco.

Causa de muerte: heridas por proyectil de arma de fuego.

Manera de muerte: homicidio”.

También fue allegada al proceso, por parte de asuntos disciplinarios de la Policía Departamental de Nariño, copia de la indagación preliminar 48 de 1998, adelantada en contra de unos agentes de esa entidad por los hechos en los cuales perdió la vida el señor Francisco Giraldo Acosta Castillo, el día 2 de diciembre de 1998 (fl. 85, cdno. 1).

Respecto de la mencionada actuación administrativa, debe tenerse en cuenta que la parte demandante, en el capítulo de pruebas de la demanda, solicitó oficiar a la Policía Nacional para que remitiese a este juicio copia de la misma, por la muerte del señor Francisco Giraldo Acosta Castillo (fl. 3, cdno. 1). La anterior prueba fue decretada en primera instancia a través de auto de 25 de agosto de 1999 (fl. 75, cdno. 1); la secretaría del a quo libró para tal fin el correspondiente oficio 5313 de 6 de septiembre de 1999 (fl. 77, cdno. 1) y, en virtud de ello, la propia entidad demandada aportó copia de la mencionada investigación administrativa, radicada bajo el número 48/98 (fl. 85, cdno. 1), tal como lo refleja el oficio 1279 suscrito por el jefe de asuntos disciplinarios de la Policía Departamental de Nariño.

Los documentos y diligencias que obran dentro de la referida prueba trasladada serán objeto de valoración probatoria en este proceso, dado que la propia entidad demandada, al contestar la demanda, adhirió —o, mejor aún, coadyuvó— a todos los medios probatorios solicitados por su contraparte(2).

Al respecto, esta sección del Consejo de Estado ha sostenido, en forma pacífica y reiterada, que la admisión de la prueba solicitada por una de las partes y recaudada con el asentimiento o la propia voluntad de la otra parte representa la renuncia al —o mejor— al ejercicio del derecho de contradicción y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de reproducir su práctica, de modo que no le es dable al juez de la causa desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad cuyo objeto lo constituye la protección del derecho sustancial (CPC, art. 228)(3).

Ahora bien, dentro de la prueba trasladada antes referida se encuentran contenidos, a su vez, los siguientes medios probatorios:

1.3. Copia del informe policial de fecha 2 de diciembre de 1998 (fls. 89 a 91, cdno. 1), según el cual:

“Siendo las 20:30 el señor Subteniente ... informa al operador de servicio de cuarto turno del segundo distrito ... que en la vereda San Francisco jurisdicción del municipio de Carlosama habían sido interceptados por siete sujetos quienes portando armas de corto y largo alcance y algunos de ellos cubiertos el rostro con pasamontañas pararon unos vehículos con mercancía, llevándolos con rumbo desconocido”.

(...).

Delincuentes dados de baja:

1. Francisco Giraldo Acosta Castillo, C.C. 12.976.455 de Pasto, 36 años, sin más datos.

(...).

Hechos

Una vez recibida la información me trasladé con personal bajo mi mando hasta la vereda San Francisco donde según lo manifestado por el ciudadano estaban los sujetos atracando, al llegar al lugar no se encontró ninguna situación anómala a lo cual opté por realizar patrullajes por el sector, pasando por el municipio de Carlosama hacia Ipiales por la vía de San Francisco, al aproximarme al puente, fuimos atacados por varios sujetos con armas de fuego, resultando heridos los policiales arriba mencionados; los delincuentes estaban escondidos a lado y lado del puente y otros en un vehículo Dodge amarillo de placas VS 4319, el cual se encontraba en la mitad de la vía, del cual salieron unos sujetos hacia la mina y otros al río, disparándonos, en ese momento el personal policial repelió el ataque logrando dar de baja a los sujetos que se quedaron dentro del vehículo los cuales dispararon contra nuestra humanidad ... en el asiento trasero lado derecho del mismo automotor se encontró sin signos de vida al señor Francisco Giraldo Acosta Castillo, con varios impactos de arma de fuego, entre su cuerpo se encontró una granada de fragmentación IM-2 (...)” (se resalta).

1.4. Declaración rendida bajo juramento por el agente James Reyes Ortegón (fl. 107, cdno. 1), quien señaló:

“(...) para ese día a las ocho de la noche recibí una llamada telefónica en la cual un señor ... solicitaba que fuera la policía para el sitio San Francisco Carlosama que había un grupo de personas con armas cortas atracando los vehículos que pasan con mercancía por ese sector, al ver esta situación y teniendo en cuenta que mi responsabilidad es enviar las patrullas a los sitios donde se requieren y además como para el momento se encontraba patrullando la unidad de reacción de Ipiales los cuales portaban armamento de largo alcance y estaban cerca de ese sector le informé a mi cabo Toro de dicha información fin sea constatada (sic) con todas las medidas de seguridad, posteriormente el mismo cabo Toro me reportó acerca de dicha novedad y que verificaría esa información, posteriormente el SI. Toro me dijo que unos sujetos vestidos de civil armados habían hurtado tres vehículos ... y una camioneta que transportaba licor, posteriormente siguiendo la secuencia del caso la estación Carlosama reportó que habían recibido una información que habían atracado unos vehículos y que estaban realizando un puesto de control en la vía que conduce de Carlosama a San Francisco, como ya a las nueve y cuarto de la noche recibí una llamada de una persona desconocida la cual informaba que se escuchaban unos disparos por el sitio del puente de Carlosama, al mirar esa situación informé a los comandos superiores ... y estos coordinaron el refuerzo al sitio de los hechos, luego de estos hechos como a las nueve y media de la noche aproximadamente el agente Cuaran informa que se encontraba en el hospital con el agente Rivas a quien le habían pegado un tiro en la pierna y que el resto de agentes se quedaron en el sitio de los hechos, posteriormente se obtuvieron todas las informaciones y se informó a la comandos superiores como está ordenado, eso fue todo”.

1.5. Informe emitido el 26 de diciembre de 1998 por el funcionario encargado de adelantar las diligencias preliminares en contra del personal policial que participó en el operativo de diciembre 2 de ese mismo año (fls. 112 a 114, cdno. 1), en el cual se concluyó que: “(...) los hechos informados por el señor SI. Toro Iguad Rito Orlando y sucedidos el día 021298 en el puente del Río Blanco de Carlosama son ciertos, que el personal de reacción y control de Ipiales se encontraban realizando actividades del servicio (…)” (resaltados fuera del texto original).

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, para la Sala resulta completamente claro que la muerte (daño) del señor Francisco Giraldo Acosta Castillo sí es atribuible a la entidad demandada, por cuanto fue causada por agentes de la Policía Nacional, a través del accionar de sus correspondientes armas de fuego dotación oficial y en cumplimiento de funciones propias del servicio.

En efecto, en el plenario está probado que el día 2 de diciembre de 1998, a las 9:00 p.m., el señor Francisco Giraldo Acosta Castillo falleció a causa de “Heridas por proyectil de arma de fuego”, tal como lo revelan el respectivo certificado del registro civil de defunción y la certificación emitida por el Instituto de Medicina Legal (fls. 12 y 24, cdno. 1); su deceso se produjo sobre la vía que del corregimiento de San Francisco conduce al municipio de Ipiales y ese hecho fue cometido por integrantes de la unidad de reacción de la Policía de Ipiales, la cual se desplazó hacia el sitio por información de que allí se habría perpetrado un ilícito, tal como lo demuestran el correspondiente informe policial de ese día (fls. 89 a 91, cdno. 1) y el informe elaborado por el funcionario encargado de adelantar las diligencias preliminares en contra del personal policial que participó en el operativo (fls. 112 a 114, cdno. 1), los cuales, además, guardan total concordancia con la declaración juramentada emitida por el agente James Reyes Ortegón, quien recibió la información por parte de un ciudadano y la puso en conocimiento de la patrulla para que se dirigiese al sector (fl. 107, cdno. 1).

A lo anterior se adiciona que la propia Policía Nacional, a través de sus intervenciones, ha aceptado el hecho, esto es que la muerte del señor Francisco Giraldo Acosta Castillo fue causada por agentes activos de la policía con sus armas de fuego de dotación oficial y, por ello, su defensa se ha edificado, no mediante el rechazo de la atribución de ese hecho dañoso sino a través de la alegación de una causal de exoneración de responsabilidad (culpa exclusiva de la víctima), en la medida en que según su juicio habría sido la propia víctima quien, con su actuar ilegal e imprudente, generó la reacción armada de los agentes del Estado, tal como lo reflejan algunas de las glosas de la defensa: “la policía en cumplimiento de su deber constitucional y legal, se enfrentó con un grupo de delincuentes, entre los cuales se encontraba el occiso, producto de esta demanda, hecho que fue comprobado con el informe oficial rendido por el comandante del departamento de Policía de Nariño, es decir, su muerte no fue resultado de una equivocación por parte de la policía sino producto del enfrentamiento que él junto con sus compañeros se enfrentaron con los uniformados con sus armas de fuego” (fl. 253, cdno. 1), señalamiento que permite sostener —sin que deba entenderse como confesión o asunción de responsabilidad alguna por parte del ente demandado, pues para ello precisamente alega una causal de ausencia de responsabilidad(4)— que el hecho dañoso se produjo y que el mismo le es atribuible a la Policía Nacional.

En consecuencia, a la corporación no le queda el menor asomo de duda acerca de que el daño que en este caso se configuró es imputable a la entidad demandada, puesto que el material probatorio resulta completamente diáfano y directo en ese sentido, lo cual obliga a desechar tanto la consideración del tribunal a quo consistente en señalar que “la prueba recaudada en este proceso no acredita con la suficiencia requerida que la muerte del señor Francisco Giraldo Acosta Castillo sea imputable a la entidad demandada”, como la aplicación de indicios o pruebas indirectas solicitada por la parte recurrente, pues, como se vio, existen medios de convicción suficientes que radican la causación del daño en cabeza del ente accionado.

2. El riesgo excepcional como título jurídico de imputación aplicable a los eventos en los cuales se examina la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la producción de daños derivados de la utilización de armas de fuego.

Ocurre que en el expediente no obran pruebas suficientes que permitan establecer, con claridad meridiana, que el daño causado a los demandantes y atribuible al Estado, lo hubiere sido a título de falla en el servicio, puesto que las únicas pruebas que medianamente permiten conocer los detalles acerca de la manera en que ocurrieron los hechos devienen de las versiones y documentos suministrados por el propio personal de la entidad demandada y no cuentan con la fuerza necesaria para soportar la conclusión de que la actuación de dicho personal hubiere sido irregular o ilegal, pues como se expondrá más adelante, no existe certeza acerca de la forma en la cual se desarrolló el operativo policial y mucho menos de cómo se produjo el deceso de la víctima.

Ciertamente, según el informe policial antes mencionado, los agentes del Estado se trasladaron hasta la vereda San Francisco porque obtuvieron noticias de que allí se perpetraba un ilícito pero no se advirtió sobre actuación ilegal alguna; al efectuar patrullajes por el sector, concretamente por el municipio de Carlosama hacia Ipiales —en un puente—, los uniformados habrían sido agredidos por sujetos con armas de fuego y, en respuesta a ese ataque, los agentes de la policía debieron hacer uso de sus armas de dotación oficial, dando de baja a varias personas, entre las cuales se encontraba el familiar de los demandantes, quien estaba en un vehículo automotor.

A juicio de la Sala, esa información no arroja la convicción necesaria acerca de la manera en que se desarrolló el operativo, entre otras cosas porque al expediente no se allegó el proceso o investigación penal adelantado por esos hechos y, por consiguiente, no resulta suficiente para colegir que la actuación policial hubiere sido arbitraria o que los agentes del Estado habrían actuado en forma desmedida o desproporcionada.

Lo que sí permite determinar el caudal probatorio es que la víctima falleció como consecuencia de disparos propinados por integrantes del grupo policial que acudió al sector, puesto que según el informe elaborado por el comandante de la unidad de reacción, luego de un intercambio de disparos “... en el asiento trasero lado derecho del mismo automotor se encontró sin signos de vida al señor Francisco Giraldo Acosta Castillo, con varios impactos de arma de fuego (...)”.

Por consiguiente, dado que el Estado se encontraba a cargo de la actividad riesgosa que produjo el daño, como es la utilización de armas de fuego, la Sala encuentra que la responsabilidad predicable respecto del ente demandado lo es a título del régimen objetivo, identificado como riesgo excepcional, sin perjuicio de analizar —más adelante— la alegada causal eximente de responsabilidad.

En relación con el aludido régimen de responsabilidad objetiva, la jurisprudencia reiterada de la corporación ha sostenido que tratándose de la producción de daños originados en el despliegue —por parte de la entidad pública o de sus agentes— de actividades peligrosas, lo cual ocurre cuando se utilizan armas de diversas clases, como las de fuego, aquel a quien corresponda jurídicamente la guarda de la actividad quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado(5); así mismo, en cuanto al reparto de la carga de la prueba que tiene lugar en litigios en los cuales el aludido sea el asunto objeto de controversia, se ha advertido, en forma reiterada, que

“[A]l actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(6).

3. Hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación.

Para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquella tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta factible concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto la causa exclusiva, esto es, única del daño, como que constituya la raíz determinante del mismo, es decir que se trate de la causa adecuada(7).

Descendiendo al caso concreto, se encuentra que ha sido enfática la entidad demandada en sostener que habría sido el hecho de la víctima la causa determinante del daño porque al encontrase cometiendo un ilícito, se habría enfrentado —con un arma de fuego— a los agentes de policía y, por ello, fue abatido por dicho personal.

La Sala estima que la participación de la víctima en el daño no fue acreditada y, como consecuencia obligada de ello, no se puede determinar que su conducta hubiere sido la causa determinante del mismo (daño), situación que impone la revocatoria del fallo impugnado y la consiguiente imposición de condena indemnizatoria de perjuicios a que haya lugar, tal como se pasa a exponer.

En primer lugar, no existe certeza de que en realidad la víctima, al momento de su deceso, se hubiere encontrado perpetrando un ilícito, dado que si bien es cierto que en el informe policial así lo menciona, porque fue encontrado en la parte trasera de un automotor —al parecer en posesión de una granada de fragmentación— de donde provenían los supuestos ataques armados en contra de los uniformados, lo cierto es que a la actuación no se allegó copia de la investigación penal que se adelantó por los hechos materia de este juicio, por medio de la cual se hubieren adelantado, al menos, las averiguaciones o indagaciones tendientes a esclarecer cómo acontecieron tales hechos y, por lo mismo, conocer si el señor Acosta Castillo habría participado, o no, en la comisión de uno o varios hechos punibles, de cuya presencia se conoce por unos informes policiales pero no por una investigación penal propiamente dicha.

La Sala encuentra, además, que otras fuentes oficiales ni siquiera hacen alusión al nombre e identidad de la víctima como autor o partícipe de los supuestos delitos que se habrían cometido en el lugar de los hechos, pues ni en el informe elaborado por el funcionario que adelantó las diligencias preliminares en contra del personal policial que participó en el operativo (fls. 112 a 114), ni en la decisión calendada el 7 de abril de 1999 (fls. 116 a 118, cdno. 1), a través de la cual la entidad demandada se abstuvo de iniciar investigación disciplinaria en contra de algunos de sus integrantes por esos hechos, se menciona el nombre del señor Francisco Giraldo Acosta Castillo como quien hubiere estado cometiendo una conducta ilegal en ese momento.

Es más, según el informe de inteligencia contenido en el oficio 500 de diciembre 7 de 1998 (fls. 101 y 103, cdno. 1), en el cual se hace alusión a una “banda” que al parecer se dedicada al asalto de vehículos, residencias y hoteles, el grupo que la integraba estaba compuesto por personas de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, identificándose a unas de ellas sin que se mencionare si quiera el nombre de la víctima.

La única prueba valorable en este proceso(8) y que alude a la persona de Francisco Giraldo Acosta Castillo como integrante del grupo ilegal que se habría enfrentado a los uniformados, es el informe policial del día en que se produjo el hecho (dic. 2/98), documento que por sí solo no resulta suficiente para considerar a dicha persona como miembro de un grupo dedicado a la comisión de hechos punibles, dado que, como se dijo, existen otras pruebas elaboradas por la propia entidad pública demandada que no lo identifican como tal, amén de que en el proceso se recaudaron cinco (5) testimonios de ciudadanos que conocían de tiempo atrás a la víctima, entre ellos el alcalde del municipio de Carlosama (Nariño) para la época de los hechos y, que de manera clara, lo identificaban como una persona trabajadora, dedicada al campo de la construcción, actividad que desempeñó a favor de ese municipio y de otras personas y por medio de la cual empleó a otros ciudadanos, señalamientos que no pueden ser despreciados por la Sala y que al valorarse desechan —o al menos dejan en total incertidumbre— la imputación delictiva formulada por la demandada en contra de la víctima.

Es así cómo los testigos fueron claros y contestes en sostener:

“(...) Yo conocía al maestro Giraldo, como un año y ocho meses antes de su muerte, por cuanto él ganó el concurso para la construcción de las viviendas de la urbanización Villa Real de esta población y entonces por referencias yo lo contraté para la terminación de la primera planta de mi casa, por esto fue mi conocimiento de él, de eso fue como diez meses antes de la muerte y por este trabajo le pagué $ 2’200.000, por la obra de la primera planta de mi habitación, y desde hace mucho tiempo atrás había trabajado con la alcaldía de este municipio, y dos días antes de su muerte llegó a mi casa en horas de la noche y me manifestó que estaba trabajando en un contrato del acueducto con el municipio de Cuaspud (...)”(9).

(...).

“(...) sí conocí al maestro Giraldo Acosta Castillo, hace más o menos unos cinco años antes de su muerte, mi conocimiento porque trabajó aquí en el municipio en obras municipales ... yo lo conocí siempre como maestro de obra (...)”(10).

(...).

“(...) sí conocí personalmente al señor Francisco Giraldo Acosta Castillo, hace años atrás de su muerte, como unos seis años, inicialmente lo conocí como árbitro de fútbol, luego como maestro de obra, ya que trabajaba en este municipio realizando varias obras, como la construcción de un poso séptico y en reconstrucción del acueducto municipal (...)”(11).

(...).

“(...) yo conocí al señor Acosta Castillo desde que entré a desempeñar el cargo de alcalde municipal de esa localidad, entonces él llegó a ponerse a órdenes del despacho, toda vez que este señor venía trabajando con el municipio en contratos desde la administración anterior, y en mi administración le di algunos contratos (...)”(12).

(...).

“(...) sí conocí personalmente al maestro Francisco Giraldo Acosta Castillo, por espacio de unos dos años más o menos, desde que él vino a trabajar aquí en Carlosama, en construcción de obras con el municipio y desde ese entonces me dio trabajo a mí y a varias personas de aquí ... era maestro de obra y realizó varios contratos en construcciones con el municipio de Carlosama (...)”(13).

En segundo lugar, la Sala advierte que tampoco se probó la supuesta agresión armada por parte del señor Francisco Giraldo Acosta Castillo en contra de los agentes de policía que participaron en el operativo, cuestión que por sí sola resulta suficiente para denegar la causal de exculpación alegada por la parte demandada.

En efecto, producto de toda esa incertidumbre fáctica, la cual parte desde el operativo mismo hasta la manera en que falleció la víctima, respecto de la cual solo se tiene certeza que murió por causa de la actuación de la autoridad pública —por el uso de armas de dotación oficial y en ejercicio de funciones—, debe advertirse que no existen pruebas claras y unívocas de que el señor Acosta Castillo hubiere atacado al personal policial y que, en respuesta a ello, se produjo su muerte.

Aunque en el tantas veces citado informe de la policía aparece consignado que a la víctima le fue hallada “una granada de fragmentación IM-2” y que además en el operativo se incautó material bélico, ello en modo alguno acredita que el señor Francisco Giraldo Acosta Castillo realmente hubiese actuado en contra de los agentes del Estado mediante el uso de armas de fuego o explosivos.

Nótese, incluso, que los registros policiales hacen alusión al supuesto intercambio de disparos que se habría registrado entre los “delincuentes” y los uniformados(14), sin mencionar si quiera el uso de material explosivo por el cual pudiere al menos inferirse que fue con dicho armamento que la víctima habría atacado al cuerpo policial; es más, el referido informe de la policía —en lo que atañe a la víctima claro está— no alude a la presencia de armas de fuego en el cadáver del señor Francisco Giraldo Acosta Castillo, cuestión que riñe con lo sostenido por la entidad pública, puesto que si la agresión se hubiere producido con el empleo de armas de fuego, tal aspecto resulta suficiente para sostener, sin ambages, que en lo que atañe a la víctima, no existió agresión alguna de su parte, por la sencilla pero suficiente razón de que el arma que le fue supuestamente hallada correspondía a un artefacto explosivo de cuya detonación nunca se ha hecho mención en las fuentes oficiales que reposan en el expediente —ni en el informe policial, ni en el informe elaborado por el funcionario encargado de adelantar las diligencias preliminares, ni mucho menos en la decisión que se abstuvo de iniciar investigación disciplinaria en contra del personal que participó en el operativo—.

Lo anterior no quiere significar, de manera alguna, que se le reste importancia a la presencia, o no, de una granada de fragmentación cerca de la víctima o en su posesión y tampoco que dicho artefacto revista menor importancia, solo que lo determinante en este litigio, para efectos de considerar la presencia de la causal eximente de responsabilidad propuesta por la entidad demandada, radica en establecer si en realidad existió una agresión armada de parte de la víctima hacia los agentes de policía y para ello cobra relevancia la especificidad del arma que al parecer le fue encontrada, puesto que, como se dijo, la confrontación armada a la que aluden las pruebas policiales se habría producido a través de un cruce de disparos y no mediante el uso de material explosivo, de modo que si al cadáver del señor Acosta Castillo le fue encontrado un artefacto de esa naturaleza, cae de su propio peso el hecho de que este hubiere atacado a la Policía Nacional.

Debe igualmente agregarse que no se practicó —al menos no se aportó—, prueba alguna (como la prueba de absorción atómica) que permita inferir que el demandante hubiere accionado un arma de fuego, cuestión que refuerza la conclusión a la cual alude la Sala acerca de la ausencia de prueba de la participación de la víctima en la producción del daño y, por ende, de que su conducta hubiese sido la causa determinante del mismo.

A lo anterior se añade que brilla por su ausencia el acta de levantamiento del cadáver, a través de la cual esta corporación pudiere, por un lado, corroborar la presencia del artefacto explosivo que se menciona en el informe policial y, por el otro, conocer la distancia o ubicación de la granada de fragmentación respecto del cadáver de la víctima para efectos de determinar —o al menos inferir— si en realidad esa clase de arma era portada por el señor Francisco Giraldo Acosta Castillo al momento de su deceso.

También debe señalarse que, como se ha venido sosteniendo, en el proceso no existe claridad absoluta acerca de la manera en que se desarrolló el operativo policial —entendido este desde el momento en que la patrulla fue supuestamente sorprendida y atacada hasta que se produjo la respuesta armada de los uniformados— y la forma en que resultó muerto el señor Acosta Castillo, de quien solo se sabe que se encontraba trabajando en el municipio de Carlosama y en horas de la noche se dirigía en su automotor a su residencia, pero resultó muerto por autoridades del Estado, se insiste, bajo hechos o circunstancias no del todo claras.

Esa falta de claridad respecto de la manera en que murió la mencionada persona, impone igualmente desestimar que habría sido su conducta —y no cualquier tipo de actuación sino aquella eficiente para causar el daño— la única generadora del hecho dañoso, por cuanto si no existe certeza de la manera en que se produjo su fallecimiento —solo que murió a manos de la Policía Nacional—, no puede sostenerse igualmente que se hubiere configurado la causal eximente de responsabilidad aquí analizada:

“A juicio de la Sala, la sola circunstancia de que en el proceso no exista certeza acerca de la forma en la cual se produjo el accidente de tránsito, esto es al desconocerse de manera concreta si la víctima se arrojó sobre la vía de manera intempestiva o si dejó de acatar las instrucciones que supuestamente le habrían sido impartidas por sus acompañantes o simplemente si producto de su descuido no se percató de la circulación del automotor, mal puede entonces predicarse, en forma categórica, que con su actuar hubiere contribuido en la causación del accidente de tránsito por el hecho de que se encontraba bajo el influjo de bebidas embriagantes”(15).

En consecuencia, la Sala estima que en el presente caso no existe prueba de la participación determinante de la víctima en el hecho dañoso y mucho menos de que su conducta hubiere sido la causa exclusiva del daño, por manera que no hay lugar a eximir de responsabilidad a la entidad pública demandada.

4. La legítima defensa como causal de exoneración de responsabilidad.

Aunque el principal argumento que esgrime la entidad demandada para tratar de eximirse de responsabilidad por el daño por ella causado a los demandantes se concentró en la culpa exclusiva de la víctima, la Sala analizará también la legítima defensa como causal de exculpación de la administración, habida cuenta que ese punto también fue propuesto por el ente accionado y además guarda relación directa con la conducta de la víctima como la supuesta causa determinante del daño.

La Sala, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido la legítima defensa como causal de exoneración de responsabilidad de la administración(16), sin embargo se ha dado especial atención al uso de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones, por cuanto tal potestad, como lo ha sostenido la corporación de manera reiterada, solo puede ser utilizada como último recurso, esto es luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño, puesto que lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas(17).

Así las cosas, los elementos que configuran la legítima defensa deben quedar debidamente acreditados en el proceso, bajo el entendido de que el arma de fuego utilizada por el agente del Estado constituía el único medio posible para repeler la supuesta agresión de la(s) víctima(s). También debe quedar claro que la respuesta armada tenía como propósito único y exclusivo repeler en forma proporcionada, el peligro y la agresión que estaría combatiendo el agente estatal y que dicha defensa no constituía una reacción indiscriminada. Finalmente, debe quedar establecida la coherencia de la defensa con la misión que legal y constitucionalmente se ha rencomendado a los miembros de la fuerza pública(18).

En el presente caso, como se indicó en precedencia, se desechó la agresión del señor Acosta Castillo frente a los agentes del Estado, lo cual impone, a su vez, desestimar la legítima defensa como causal eximente de responsabilidad, por cuanto no se probó el ataque armado que alegó la entidad pública en contra de sus agentes por parte de la víctima y, más allá de ello, la Sala desestimó tal agresión por considerar que así la víctima hubiere tenido en su poder una granada de fragmentación, con esa clase de arma no se habría atacado a los uniformados, lo cual excluía cualquier agresión armada por parte de la víctima y, por lo mismo, no existía razón alguna para que los agentes de la policía hubieren accionado sus armas de fuego en contra de aquella.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

Respecto del grupo familiar que demandó por la muerte de Francisco Giraldo Acosta Castillo, integrado por sus padres, hijos, compañera permanente y hermanos, se allegaron los siguientes medios de prueba:

Copia autenticada del registro civil de nacimiento del señor Francisco Giraldo Acosta Castillo(19), en el cual consta que sus padres son los demandantes Segundo Marcos Acosta Velásquez y Concepción Castillo de Acosta (fl. 14, cdno. 1); copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Nidia Milena Acosta Díaz, Wilmer Alexander Acosta Díaz, Daira Marcela Acosta Díaz y Yineth Catherine Acosta Chaspuengal (fls. 20, 21, 22 y 23, cdno. 1, respectivamente)(20); copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Ana Cristina Acosta Castillo, Francisco Rodrigo Acosta Castillo, Eder Arturo Acosta Castillo y Álvaro Hernán Acosta Castillo (fls. 15, 16, 17 y 18, cdno. 1, respectivamente)(21).

Por consiguiente, se encuentra acreditado el parentesco de los actores para con la víctima directa, en sus condiciones de padres, hijos y hermanos, respectivamente, razón por la cual no solo cuentan con legitimación en causa por activa sino que también son beneficiarios de la indemnización —a título de perjuicios morales— por la muerte de Francisco Giraldo Acosta Castillo.

En relación con el perjuicio moral padecido por los demandantes, la prueba del parentesco con la víctima resulta suficiente para tenerlo por configurado, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que la muerte de su hijo, padre y hermano les debió causar un dolor moral, el cual será reconocido de la siguiente manera:

Para los señores Segundo Marcos Acosta Velásquez y Concepción Castillo de Acosta (padres), un monto equivalente a cien (100) smlmv, para cada uno; a favor de los actores Nidia Milena Acosta Díaz, Wilmer Alexander Acosta Díaz, Daira Marcela Acosta Díaz y Yineth Catherine Acosta Chaspuengal (hijos), la suma correspondiente a cien (100) smlmv, para cada uno; para cada uno de los hermanos Ana Cristina Acosta Castillo, Francisco Rodrigo Acosta Castillo, Eder Arturo Acosta Castillo y Álvaro Hernán Acosta Castillo (hermanos), cincuenta (50) smlmv.

En cuanto a la demandante María del Carmen Díaz Casimance, quien según la demanda era la compañera permanente de la víctima, la Sala advierte que en el expediente no reposa una sola prueba que permita tener por acreditado el vínculo —de hecho o de derecho— entre dichas personas, puesto que si bien los cinco (5) testigos que rindieron sus respectivas declaraciones en este proceso afirmaron conocer al señor Acosta Castillo, lo cierto es que sus señalamientos y respuestas se concentraron en determinar las labores productivas o económicas a las cuales él se dedicaba en vida, al conocimiento que tuvieron acerca de su muerte y a los ingresos que habría de reportar por su desempeño laboral, sin que alguno de los declarantes se hubiere pronunciado acerca del núcleo familiar del fallecido y de su composición.

Solo uno de ellos, el señor Diego Mauricio Velasco, señaló ligeramente dentro de su declaración un aspecto relacionado con la “esposa” de la víctima, así: “me encontré con la esposa del finado quien en ese rato creo que iban a hacer el trámite para reclamar el cadáver, la esposa me dijo: no se(sic), lo mataron a mi esposo, y parece que lo habían torturado y amarrado”, aspecto que de manera alguna permite identificar a la demandante con la “esposa” del fallecido Acosta Castillo, puesto que en dicha versión testimonial se omitió suministrar el nombre de quién fue la persona con la que habló y, por ende, si habría sido, o no, la señora Díaz Casimance.

Es más, de no ser porque esta corporación, con fundamento en las reglas de la experiencia, ha inferido la causación del perjuicio moral respecto de los familiares más cercanos de las víctimas de esta clase de hechos, la indemnización que por tal concepto se indicó en precedencia a favor de los accionantes habría sido denegada sin vacilación alguna, puesto que brillan por su total ausencia en este litigio pruebas encaminadas a establecer las relaciones y/o los lazos familiares entre la víctima y los demandantes y, por tanto, del establecimiento —vía prueba directa— de la aflicción, congoja y desasosiego que les habría causado la pérdida de su ser querido.

Debe también señalarse que aunque está acreditado que la demandante María del Carmen Díaz Casimance es la madre de tres (3) de los cuatro hijos de la víctima, no por esa sola razón debe tenerse por sentado que para la época de los hechos ella ostentaba la condición de compañera permanente del señor Acosta Castillo, en la medida en que sus tres hijos nacieron, la primera en el año 1982 (fl. 20, cdno. 1); el segundo hijo en el año 1984 (fl. 21, cdno. 1); y la tercera hija en el año 1990 (fl. 22, cdno. 1), es decir mucho antes de la fecha en que murió su padre (1998), situación que impide siquiera deducir, con base en la concepción de sus hijos, la legitimación en la causa que le habría asistido respecto del padre de sus hijos (como compañera permanente del mismo), porque ninguno de los hijos que concibió de la víctima nació al menos en una época cercana —antes o después— al deceso de esta última.

Agréguese a lo anterior que el cuarto hijo de la víctima (Yineth Catherine Acosta Chaspuengal), concebido con una persona distinta a la señora Díaz Casimance, nació el día 3 de abril de 1997, situación que frustra, aún más, la tarea de probar —por vía de indicios o inferencias— la condición de compañera permanente de dicha demandante respecto de la víctima.

Por lo tanto, la señora María del Carmen Díaz Casimance no será beneficiaria de indemnización alguna de perjuicios dentro de esta sentencia, habida cuenta que no se acreditó en el proceso su legitimación para ello.

5.2. Perjuicios materiales.

• Daño emergente.

La parte actora solicitó que se le indemnice por este rubro:

5.2.1. “... el valor de las herramientas perdidas y de los implementos del automotor sustraídos, así como de los gastos de arreglo del vehículo dañado”, a favor de la señora María del Carmen Díaz Casimance, y

5.2.2. “... las sumas que se demuestre gastaron en funerales (sic) y entierro de su hijo”, a favor de los padres de la víctima, por partes iguales.

En relación con la primera pretensión que comprende la indemnización por daño emergente, la Sala la denegará por cuanto, de un lado, quien pretende ser su beneficiaria, no cuenta con legitimación en la causa para tal fin, puesto que no probó la condición de compañera permanente de la víctima, situación que impone —de entrada— la desestimación de tal indemnización.

De otra parte, porque así la accionante contare con interés para ello, debe advertirse que al proceso no se aportó prueba alguna que acredite la causación de tal perjuicio material, puesto que se desconoce por completo si dentro del automotor en el cual se desplazaba el señor Acosta Castillo se transportaban sus materiales de trabajo y aún en el evento en el cual los llevare en dicho bien, lo cierto es que no existe información alguna acerca de cuáles serían tales implementos y además si efectivamente se perdieron, o no, como consecuencia del hecho dañoso y menos el monto al que ascendería cada una de ellas o todas esas herramientas en conjunto.

De igual manera, en cuanto a los gastos en que habría incurrido la parte actora para arreglar el automotor, debe precisarse que las fotografías aportadas para determinar los daños del bien a causa de los impactos de bala que le fueron propinados carecen de eficacia probatoria, dado que tampoco existe certeza de que correspondan al automotor de que se trata en este proceso, es decir, solo son prueba de que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, por cuanto no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro del proceso(22).

A lo anterior se adiciona que se desconoce, igualmente, si el bien mueble al que se hace referencia habría perdido por completo su funcionamiento o cuáles habrían sido los arreglos que supuestamente se le efectuaron y el costo de los mismos, pues no obra prueba alguna en tal sentido.

En cuanto a la segunda pretensión que por daño emergente se efectuó en la demanda por “... las sumas que se demuestre gastaron en funerales (sic) y entierro de su hijo”, la Sala estima procedente su reconocimiento, de conformidad con las siguientes pruebas:

— Factura de venta 448 de diciembre 3 de 1998, expedida por las funerarias Santa Lucía y La Ermita, a nombre del señor Segundo Acosta, por un valor de $ 600.000 y, por concepto de gastos funerales (fl. 25, cdno. 1).

— Factura de venta 3327 de diciembre 7 de 1998, expedida por Jardines Cristo Rey Ltda., por un valor de $ 256.000 y, por concepto de gastos de inhumación de la víctima (fl. 26, cdno. 1).

Se reconocerá entonces a favor de los padres de la víctima, por daño emergente, la suma de $ 1’726.436, la cual resulta de actualizar, a valor presente, el monto de $ 856.000(23). Por lo tanto, le corresponderá a cada uno de los padres del señor Acosta Castillo, la suma de $ 863.218.

• Lucro cesante.

En relación con la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al rubro de lucro cesante a favor de los hijos de la víctima, la Sala lo estima procedente en consideración a que se encuentra acreditado, con fundamento en las pruebas testimoniales y en diversas certificaciones que obran en el proceso, que el señor Acosta Castillo desempeñaba labores de construcción en su calidad de maestro de obra y, por dicho concepto, percibía una utilidad económica de la cual derivaban el sustento sus hijos.

Debe precisarse que aunque los testigos aluden al valor promedio de los ingresos que percibía el señor Acosta Castillo, así como también existen unas certificaciones en las cuales consta que dicha persona se desempeñaba como contratista del municipio de Carlosama (fl. 45, cdno. 1), lo cierto es que esas pruebas no arrojan certeza de cuál era el monto concreto que obtenía la víctima, máxime si se tiene en cuenta la naturaleza de la labor a la cual se dedicaba, cuya periodicidad impide conocer la utilidad exacta que percibía, razón por la cual se liquidará la indemnización con fundamento en el salario mínimo legal para la época de los hechos, sin perjuicio de adoptar el del presente año, siempre que el primero resulte inferior —una vez actualizado a valor presente— al salario mínimo vigente al año 2010, por razones de equidad.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a liquidar las indemnizaciones debida y futura, de la siguiente manera:

 

F1S1999-00497CE.JPG
 

 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener;

Ra = Es el ingreso percibido por el señor Francisco Giraldo Acosta Castillo(24), actualizado a valor presente de acuerdo con la fórmula aceptada por la jurisprudencia ($ 535.600)(25), incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 133.900), arroja un monto de $ 669.500; a esta cifra se le descontará un 25%, el cual se presume que la víctima destinaba para su propio sostenimiento ($ 167.375). De esta manera se tiene que, para la fecha de su muerte, la víctima percibía unos ingresos mensuales de $ 502.125.

Entonces:

Ra = $ 502.125

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el período indemnizable(26).

— A favor de Nidia Milena Acosta Díaz (hija de la víctima):

S = $ 125.531(27) x (1+ 0.004867)156 - 1

0.004867

S= $ 29’216.095

— A favor de Wilmer Alexander Acosta Díaz (hijo de la víctima):

S = $ 125.531(28) x (1+ 0.004867)156 - 1

0.004867

S= $ 29’216.095

— A favor de Daira Marcela Acosta Díaz (hija de la víctima):

S = $ 125.531(29) x (1+ 0.004867)156 - 1

0.004867

S= $ 29’216.095

— A favor de Yineth Catherine Acosta Chaspuengal (hija de la víctima):

S = $ 125.531(30) x (1+ 0.004867)156 - 1

0.004867

S= $ 29’216.095

Total indemnización debida = $ 116’864.380.

Indemnización futura:

En cuanto a las demandantes Daira Marcela Acosta Díaz y Yineth Catherine Acosta Díaz, según las reglas de la experiencia, se supone que dependerían económicamente de su padre hasta llegar a los 25 años de edad.

— A favor de Daira Marcela Acosta Díaz (hija de la víctima directa):

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

 

F2S1999-00497CE.JPG
 

 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener

Ra = $ 125.531(31)

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se extiende desde la fecha de la sentencia y hasta que esa demandante adquiera 25 años de edad (59 meses), puesto que esa edad la habrá de adquirir en el mes de diciembre del año 2015.

Reemplazando, se tiene que:

 

F3S1999-00497CE.JPG
 

S = $ 6’424.346

— A favor de Yineth Catherine Acosta Chaspuengal (hija de la víctima directa):

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

 

F4S1999-00497CE.JPG
 

 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener

Ra = $ 125.531(32)

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el período indemnizable, el cual se extiende desde la fecha de la sentencia y hasta que esa demandante adquiera 25 años de edad (135 meses), puesto que esa edad la habrá de adquirir en el mes de abril del año 2022.

Reemplazando, se tiene que:

 

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S = $ 12’400.727

Total indemnización futura = $ 18’825.073

6. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Revocar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño el 2 de febrero de 2001; en su lugar se dispone:

1. Declarar, administrativa y patrimonialmente, responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la muerte del señor Francisco Giraldo Acosta Castillo.

2. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a los demandantes Segundo Marcos Acosta Velásquez, Concepción Castillo, Nidia Milena Acosta Díaz, Wilmer Alexander Acosta Díaz, Daira Marcela Acosta Díaz y Yineth Catherine Acosta Chaspuengal, un monto equivalente a cien (100) smlmv, para cada una de estas personas, a título de perjuicios morales.

3. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a cada uno de los demandantes Ana Cristina Acosta Castillo, Francisco Rodrigo Acosta Castillo, Eder Arturo Acosta Castillo y Álvaro Hernán Acosta Castillo, un monto equivalente a cincuenta (50) smlmv, a título de perjuicios morales.

4. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a los demandantes Segundo Marcos Acosta Velásquez y Concepción Castillo, la suma de ochocientos sesenta y tres mil doscientos dieciocho pesos ($ 863.218), para cada uno, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

5. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a favor de los demandantes Nidia Milena Acosta Díaz, Wilmer Alexander Acosta Díaz, Daira Marcela Acosta Díaz y Yineth Catherine Acosta Chaspuengal, la suma de veintinueve millones doscientos dieciséis mil noventa y cinco pesos ($ 29’216.095), para cada uno, por concepto de lucro cesante consolidado.

6. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a favor de la demandante Daira Marcela Acosta Díaz, la suma de seis millones cuatrocientos veinticuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos ($ 6’424.346), por concepto de lucro cesante futuro.

7. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a favor de la demandante Yineth Catherine Acosta Chaspuengal, la suma de doce millones cuatrocientos mil setecientos veintisiete pesos ($ 12’400.727), por concepto de lucro cesante futuro.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) “Pruebas:

Coadyuvo las solicitadas por la parte actora, por considerar que su práctica es suficiente para el esclarecimiento de los hechos, materia de demanda” (fl. 69, cdno. 1).

(3) En este sentido se pronunció la Sala en sentencia de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.247, sentencia de 22 de abril de 2004, Exp. 15.088, sentencia de diciembre 4 de 2006, Exp. 15.723 y de 23 septiembre de 2009, Exp. 17.532, entre muchas otras decisiones.

(4) En el mismo sentido puede consultarse la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el día 18 de febrero de 2010, Exp. 18.143.

(5) Sentencia del 30 de noviembre de 2006, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, Expediente 15473; sentencia del 4 de diciembre de 2007, Exp. 16.827.

(6) Sentencia de 14 de junio de 2001, Exp. 12.696; C.P. Alier E. Hernández Enríquez; sentencia de abril 27 de 2006, Exp. 27.520; C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 24.972, reiterada en sentencia del 11 de febrero de 2009, Exp. 17.145, entre muchas otras.

(8) Dentro del expediente obran unas versiones libres —practicadas dentro de la indagación preliminar administrativa— emitidas por los agentes que participaron en el hecho, los cuales carecen de eficacia probatoria en este juicio, habida cuenta que son declaraciones rendidas sin la gravedad del juramento.

(9) Testimonio del señor Diego Mauricio Velasco (fls. 150 a 152, cdno. 1).

(10) Declaración del señor Segundo Omar Bolaños Quiroz (fls. 153 y 154, cdno. 1).

(11) Testimonio del señor Fabián de Jesús Rosero (fls. 154 y 155, cdno. 1).

(12) Declaración del señor Manuel Bitervo Palchucán Chingla (fl. 158, cdno. 1).

(13) Testimonio del señor José Ignacio Carchi (fls. 159 a 161, cdno. 1).

(14) En el informe policial de diciembre 2 de 1998, se indicó:

“... fuimos atacados por varios sujetos con armas de fuego, resultando heridos los policiales arriba mencionados; los delincuentes estaban escondidos a lado y lado del puente y otros en un vehículo Dodge amarillo de Placas VS 4319, el cual se encontraba en la mitad de la vía, del cual salieron unos sujetos hacia la mina y otros al río, disparándonos, en ese momento el personal policial repelió el ataque logrando dar de baja a los sujetos que se quedaron dentro del vehículo los cuales dispararon contra nuestra humanidad (...).

Al realizar un rastreo en la zona en la parte que corresponde a una mina de material fuimos objeto de disparos que se originaban desde la maleza, donde reaccionamos efectuando disparos a ese blanco, al constatar por ese sitio se encontró el cuerpo sin vida de un sujeto (...).

Cabe anotar que del sitio de la mina y del puente, en el intercambio de disparos lograron escapar varios sujetos al parecer heridos, con rumbo desconocido” (resaltado fuera del texto original).

(15) Sentencia de 17 de marzo de 2010, Exp. 18.567.

(16) Al respecto, ver por ejemplo, sentencias de 19 de febrero de 1999, Exp. 10.459; de 10 de marzo de 1997, Expediente 11.134; de 31 de enero de 1997, Exp. 9.853; de 12 de diciembre de 1996, Exp. 9.791.

(17) Sentencia de 3 de febrero de 2010, Exp. 17.834, M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(18) Ibídem.

(19) Víctima directa.

(20) Hijos de la víctima. Se precisa que en cuanto a la demandante Yineth Catherine Acosta Chaspuengal, se encuentra probada su condición de hija de la víctima, solo que fue concebida con una mujer distinta de la de sus demás hijos.

(21) Hermanos de la víctima.

(22) Sobre el valor probatorio de las fotografías, ver sentencias de febrero 3 de 2002, Exp. 12.497, de 25 de julio de 2002, Exp. 13.811 y de 18 de marzo de 2010, Exp. 18.884, entre muchas otras.

(23)

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(24) Se tomará el salario mínimo legal vigente en el año 1998, toda vez que si bien se probó la actividad económica, no se acreditó, de manera concreta, el monto percibido por la conducción del camión.

(25) Dado que el resultado de actualizar a valor presente el salario mínimo legal vigente para el año 1998 ($ 203.826) arroja una cifra inferior ($ 411.089) a la del salario mínimo legal vigente para 2011 ($ 535.600), se tomará este último como base para calcular la renta actualizada.

(26) Desde la fecha de la muerte de su padre (dic./98) hasta la fecha de la presente sentencia (ene./2011).

(27) Este valor equivale al 25% de $ 502.125 (Ra).

(28) Este valor equivale al 25% de $ 502.125 (Ra).

(29) Este valor equivale al 25% de $ 502.125 (Ra).

(30) Este valor equivale al 25% de $ 502.125 (Ra).

(31) Este valor equivale al 25% de $ 502.125 (Ra).

(32) Este valor equivale al 25% de $ 502.125 (Ra).