Sentencia 1999-00509 de septiembre 28 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 52001 23 31 000 1999 00509 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Demandante: José García Quiñones y otros

Demandado: municipio de Túquerres

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintiocho de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

I. Competencia

12. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en un proceso que, por su cuantía (fls. 32 y 33, cdno. 1)(1) determinada al momento de la interposición del recurso de alzada, tiene vocación de doble instancia. Se aplican en este punto las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998.

II. Los hechos probados

13. Con base en las pruebas válida y oportunamente allegadas al expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

13.1. Para el año de 1997, el señor William García Angulo se desempeñaba como agente de la Policía Nacional (extracto de la hoja de vida y certificado de posesión; fls. 134-138, cdno. 1).

13.2. El 5 de noviembre de 1997, el señor Héctor Ernesto Oviedo Rosero, alcalde del municipio de Túquerres, se desplazó a la ciudad de Pasto en compañía de sus escoltas, los agentes de policía William García Angulo y Wilson Marino Estrada Oviedo, y del señor Daniel Bayardo Castro Arciniegas, con el fin de gestionar unos asuntos relacionados con auxilios de vivienda por parte del Inurbe (informe de novedad suscrito por el Departamento de Policía de Nariño Nº 0815/NDTUQ; fls. 72-73, cdno. 1).

13.3. El vehículo oficial asignado al alcalde de Túquerres se encontraba fuera de servicio para el mes de noviembre de 1997, motivo por el cual, los señores arriba mencionados se desplazaron en el vehículo particular Mazda 323 identificado con placas HBO 929 (informe de novedad suscrito por el Departamento de Policía de Nariño Nº 0815/NDTUQ, fls. 72-73, cdno. 1).

13.4. Siendo aproximadamente las 2:00 p.m., a la altura de la vereda “Chirristés” en la jurisdicción del municipio de Imués, en la carretera que conduce de Túquerres a Pedregal (Nariño), el vehículo en el que viajaba el alcalde Oviedo Rosero y sus acompañantes, se precipitó a un abismo de 800 metros. Los ocupantes del automotor, entre ellos el señor William García Angulo, perdieron la vida (copia auténtica del certificado de defunción, acta de levantamiento de cadáver; informe de necropsia, informe de novedad suscrito por el Departamento de Policía de Nariño Nº 0815/NDTUQ(2); fls. 26, 64-65, 72-73, cdno. 1).

13.5. La Policía Nacional conceptuó que el fallecimiento de los agentes William García Angulo y Wilson Marino Estrada Oviedo se clasificó como “muerte en actos del servicio”, ya que el 5 de noviembre de 1999 “se encontraban cumpliendo actividades propias del servicio como escoltas del señor Héctor Oviedo Rosero alcalde del municipio de Túquerres y al momento de regresar de la ciudad de Pasto, el vehículo en el que se movilizaban se precipitó a un abismo” (copia autenticada del concepto emitido por la oficina de asuntos disciplinarios del Departamento de Policía de Nariño - Túquerres, fl. 94, cdno. 1).

III. Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala determinar si el municipio de Túquerres es patrimonialmente responsable de los daños causados a los demandantes, como consecuencia de la muerte del señor William García Angulo en el accidente de tránsito acaecido el 5 de noviembre de 2012. Para ello deberá precisarse si el régimen de responsabilidad a aplicar es el de riesgo excepcional, derivado del peligro causado con la conducción de un vehículo automotor, habida cuenta de que no se encuentra probado que el municipio sea propietario de este.

IV. Análisis de la Sala

15. En primer lugar, la Sala encuentra debidamente demostrado el daño invocado por la parte actora, consistente en la muerte del señor William García Angulo el 5 de noviembre de 1997, en una vía del departamento de Nariño, como consecuencia de las lesiones por él sufridas en un accidente de tránsito ocurrido cuando el vehículo en el que se desplazaba se precipitó a un abismo.

16. En cuanto el título de imputación, si bien el tribunal a quo analizó el proceso, sub judice bajo la óptica de una falla de servicio, encuentra la Sala que el régimen aplicable respecto de los casos en los cuales interviene un vehículo oficial en la producción de un daño, cuya indemnización se reclama a través de la acción de reparación directa, es, por regla general, de carácter objetivo, pues con la conducción de vehículos automotores se crea un riesgo excepcional que, de materializarse, compromete la responsabilidad estatal.

17. Así pues, no importa para el efecto que no exista ilicitud en la conducta de la administración, e incluso que esta contribuya al cumplimiento de un deber legal, pues la imputabilidad surge del ejercicio de una actividad que, por su peligrosidad, genera un riesgo grave y anormal para los administrados(3). En ese sentido, al demandante le basta acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación solicita, en tanto que la administración solo podrá exonerarse si logra demostrar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, la culpa exclusiva y determinante de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero(4).

18. Respecto del caso sub judice, se encuentra que el vehículo automotor de placas HBO 929 fue el instrumento mediante el cual efectivamente se causó el daño, comoquiera que las lesiones fueron producidas como consecuencia directa del accidente de tránsito acaecido, consistente en el despeñamiento de aquel en un abismo —ver párrafo 13.4—. Así pues, en principio, sería procedente aplicar el título de imputación referido con anterioridad. Sin embargo, para tal efecto, debe verificarse si dicho vehículo tiene la categoría de “oficial”.

19. Se advierte, en primer lugar, que no obra prueba alguna en el plenario que permita acreditar que el mencionado automotor era propiedad del municipio demandado. Por el contrario, de las pruebas recaudadas se desprende que aquel no hacía parte de la flota oficial al servicio del municipio de Túquerres —que de conformidad con lo probado se encontraba en reparación—, sino que, aparentemente, era propiedad particular del fallecido alcalde de dicho municipio.

20. Sin embargo, el hecho de que el automotor no sea propiedad de la entidad territorial demandada, no implica, de suyo, que para efectos de la responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional, dicha fuente de riesgo no estuviera a su cargo. Lo anterior, comoquiera que conforme con la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado, así como por la Corte Suprema de Justicia, no solo el propietario puede ver comprometida su responsabilidad en la activación de un riesgo, sino también la persona —natural o jurídica— que tiene a su cargo la fuente de peligro, es decir, quien es su guarda. Al respecto, esta corporación ha dicho:

“Adicionalmente, se considera necesario tener en cuenta la noción de guarda, en relación con la actividad peligrosa desarrollada. Es bien sabido que, en principio, el propietario de la actividad peligrosa o de la cosa con que ella se desarrolla se presume guardián de la misma. No obstante, en algunos eventos, puede demostrarse que la guarda había sido transferida, caso en el cual la responsabilidad del propietario puede desaparecer. Puede suceder, también, que exista una guarda compartida entre varias personas. En ese sentido, el profesor Tamayo Jaramillo explica que ‘el responsable de la actividad peligrosa (...) es quien tiene el poder intelectual de dirección y control, poder que puede estar en cabeza de varias personas naturales o jurídicas, las cuales pueden tener diferentes relaciones de hecho frente a la actividad’(5).

En el caso que ocupa a la Sala, el vehículo que dio lugar a la producción del accidente era conducido por un particular, quien, además, conforme a lo expresado por varios testigos, era su propietario. Sin embargo, en el momento en que ocurrieron los hechos, dicho vehículo estaba a disposición de miembros de la Policía Nacional, quienes solicitaron la colaboración de aquel, para efectos de cumplir una función pública, esto es, prestar colaboración a algunos ciudadanos, cuyas propiedades se encontraban en peligro, conforme al aviso dado por estos mismos.

(...).

Así las cosas, considera la Sala que los agentes del Estado antes mencionados tenían a su cargo la guarda de la actividad peligrosa, en ejercicio de la cual se produjo el accidente. En efecto, de ellos dependían la dirección y el control de la actividad, en el momento preciso en que sucedieron los hechos. Por esta razón, se concluye que el daño causado a José Manuel Gutiérrez Sepúlveda, al accidentarse el vehículo citado, es imputable a la entidad demandada”(6).

21. Así entonces, según la jurisprudencia referida, en tratándose de accidentes de tránsito, la responsabilidad oficial se ve comprometida, aun cuando el vehículo sea propiedad de un particular —e incluso cuando este se encuentra conduciéndolo—, siempre que esté probado que la guarda sobre el mismo ha sido transferida a la administración pública. En consecuencia, conforme a lo dicho, se deberá determinar si para el caso en concreto, a pesar de que el automotor que causó el daño no es propiedad del municipio de Túquerres, es la entidad territorial patrimonialmente responsable del daño, por tener a su cargo la guarda de la actividad.

22. Para tal fin, advierte la Sala que del acervo probatorio se desprende que: (i) para el momento de los hechos los vehículos propiedad del municipio de Túquerres, usados para el cumplimiento de las funciones propias de la alcaldía municipal, se encontraban averiados; (ii) el alcalde de Túquerres debía dirigirse al municipio de Pasto para cumplir con funciones propias de su cargo, consistentes en la gestión de un proyecto de vivienda de interés social; (iii) como consecuencia de lo anterior, el servidor público realizó el viaje en un vehículo particular, que al parecer era de su propiedad(7).

23. Resulta entonces palmario que el señor Héctor Ernesto Oviedo Rosero, alcalde del municipio de Túquerres, en su calidad de servidor público en ejercicio de sus funciones, determinó destinar temporalmente el vehículo multicitado para el servicio público, con el fin de realizar diligencias oficiales en la ciudad de Pasto, encontrándose este bajo guarda de la entidad territorial —habida cuenta de que tenía su dominio material en cabeza de un servidor público y de que era quien se beneficiaba de la actividad riesgosa— para el momento en que acaeció el siniestro. Así entonces, resulta aplicable al caso sub lite el régimen de responsabilidad señalado en los párrafos precedentes.

24. Por otra parte, el hecho de que el occiso se encontrara dentro del vehículo como pasajero no enerva el régimen de responsabilidad a aplicar, comoquiera que dicha circunstancia no implica que aquel participara dentro de la creación o mantenimiento del riesgo excepcional, toda vez que no tenía dominio sobre el automóvil —pues no se era quien lo conducía—, y que se encontraba obligado a transportarse en él, para el satisfactorio cumplimiento de las obligaciones propias de su servicio(8).

25. En el mismo sentido de lo expuesto, para un proceso iniciado por idénticas circunstancias fácticas, la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación profirió sentencia el 11 de agosto del presente año(9), en los términos que a continuación se exponen:

“La Sala encuentra demostrado el daño invocado por la parte actora, consistente en la muerte de los señores William García Angulo y Daniel Bayardo Castro Arciniega el 5 de noviembre de 1997, como consecuencia de las contusiones recibidas con ocasión del accidente de tránsito, en el sitio Boca de Lobo, vereda Chirristés, jurisdicción del municipio de Imués (Nariño).

La entidad demandada ha insistido durante el trámite del proceso que no se configura su responsabilidad en atención a que el vehículo donde se transportaban las víctimas era de propiedad del alcalde del municipio de Túquerres y no de propiedad del ente territorial.

En relación con el tema ya esta corporación ha manifestado que ‘para definir la responsabilidad del Estado en relación con el uso de cosas riesgosas no importa tanto determinar la titularidad del bien sino identificar quién es el guardián del mismo en el momento en que se causó el daño’(10), por lo que el Estado responde en calidad de guardián de la cosa y no por ser su propietario cuando utiliza cosas peligrosas para cumplir sus funciones frente a quien no ha asumido los riesgos de esa actividad y sufre un daño.

Ahora bien, de las pruebas allegadas al proceso se deduce que el vehículo que le había sido asignado por el municipio de Túquerres al alcalde para transportarse, se encontraba fuera de servicio (fls. 7 y 8, cdno. 3) y, que debido a la necesidad que tenía de trasladarse hacia la ciudad de Pasto lo hizo en el vehículo de su propiedad, porque de acuerdo con las declaraciones recopiladas en el plenario esa era la fecha límite para firmar documentos relacionados con un proyecto de vivienda de interés social que les había sido aprobado.

Así las cosas, resulta claro del examen del acervo probatorio que el vehículo de propiedad del alcalde municipal de Túquerres se encontraba vinculado provisionalmente al servicio público por decisión de un servidor público que se hallaba en ejercicio de sus funciones, razón por la cual puede predicarse a la luz del pensamiento fijado por la corporación y al que acaba de hacerse alusión que de tal manera, puede colegirse que se comprometió la responsabilidad del ente territorial que representaba.

En relación con el tema de la guarda, la jurisprudencia(11) la ha orientado como elemento de imputación del daño para lo que ha acogido los criterios expuestos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que es del siguiente tenor:

El responsable por el hecho de cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes.

“Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se prueba lo contrario.

“De manera que si a determinada persona se le prueba ser dueña o empresaria del objeto con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de ser guardián de dicho objeto —que desde luego admite prueba en contrario— pues aún cuando la guarda no es inherente al dominio, sí hace presumirla en quien tiene el carácter de propietario.

“O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener.

“Y la presunción de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada”(12) (resaltado de la Sala).

Establecido que el municipio tenía la guarda del señalado vehículo que por su naturaleza desplegaba una actividad peligrosa, encuentra la Sala que en el presente asunto se concretó el riesgo propio de la conducción de vehículos, por lo que resulta aplicable el título de imputación de riesgo excepcional, más aún cuando el demandado no acreditó la configuración de una causa extraña, que sería su único medio que le permitiría exonerarse de responsabilidad en tratándose de un régimen objetivo, conclusión que impone a la Sala que no pueda prohijar la visión que informa las providencias impugnadas, razón por la deberán (sic) ser revocadas, como en efecto se hará”.

26. Así las cosas, en conclusión, al haberse acreditado el daño antijurídico causado a los demandantes, que es imputable a la actividad riesgosa de la entidad territorial demandada, aquel debía, en aras de exonerarse de responsabilidad, aducir y probar el acaecimiento de una causa extraña que rompiera el nexo causal. Comoquiera que no está acreditado en el plenario ninguna circunstancia de tal naturaleza, se procederá a declarar administrativa y patrimonialmente responsable al municipio de Túquerres por el daño referido, y se le condenará a pagar los perjuicios causados, que se relacionan a continuación.

V. Liquidación de perjuicios

27. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios morales y materiales con fundamento en las pretensiones formuladas en la demanda, y en las pruebas obrantes dentro del proceso.

a. Perjuicios morales.

28. Por concepto de perjuicios morales, en la demanda se solicitó que se condenara a la demandada a pagar el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro a favor de cada uno de los demandantes (fls. 3 y 32, cdno. 1). Comoquiera que estos perjuicios se definieron en gramos oro, la condena se proferirá en el valor equivalente a salarios mínimos legales, por cuanto la Sala abandonó el sistema de cálculo de los perjuicios morales con base en el patrón gramo de oro, para acoger en su lugar la indemnización de los mismos en salarios mínimos legales(13).

29. Se encuentra acreditado en el proceso que el señor William García Angulo (occiso) era hijo de los señores José García Quiñones y Olga Angulo Mora, y que tenía por hermanos a Silvio James, Luz Angélica, Javier Iván y José Armando García Angulo, ello de conformidad con las copias auténticas de los respectivos registros civiles de nacimiento, al tenor de los artículos 1º, 54, 101, 105, 112 y 115 del Decreto 1260 de 1970, los cuales señalan que cuando se expide un certificado de registro civil de nacimiento y en él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre este y aquellos y no puede el juez exigir pruebas adicionales para establecer el mismo, so pena de desconocer la solemnidad prevista por la ley(14) (fls. 21-25, cdno. 1).

30. En consecuencia, se condenará al municipio de Túquerres (Nariño), a pagar las máximas condenas reconocidas por la jurisprudencia contencioso administrativa en caso de muerte de un ser querido(15), así: la suma equivalente a 100 smmlv, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor de Olga Angulo Mora (madre) y José García Quiñones (padre), para cada uno de ellos.

31. Una vez establecido entre el señor William García Angulo (occiso) y sus hermanos, se puede inferir(16) que estos padecieron pena, aflicción o congoja con su muerte, con lo cual se los tiene como damnificados por tal suceso. Es decir, a partir de un hecho debidamente probado llamado “indicador”, que en este caso es el parentesco, se infiere o deduce indiciariamente a través del razonamiento lógico, otro hecho llamado “indicado”, que corresponde al sufrimiento y tristeza padecidos por los parientes más próximos del señor William García Angulo, a raíz de su deceso(17).

32. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala condenará al municipio de Túquerres (Nariño) a pagar a favor de cada uno de los señores Silvio James, Luz Angélica, Javier Iván y José Armando García Angulo la suma equivalente a 50 smmlv, con el fin de compensar el daño moral padecido por estos como consecuencia de la muerte de quien fuera su hermano.

33. La Sala advierte que debido a que la parte demandante no demostró que la señora Pricela María Castillo, sostenía un vínculo afectivo con William García Angulo como “abuela de crianza”, no se le reconocerá indemnización por perjuicios morales.

b. Perjuicios materiales.

34. La parte demandante solicitó el reconocimiento de indemnización por los perjuicios materiales ocasionados con la muerte de su hermano William García Angulo. La Sala advierte que los solicitantes se limitaron a hacer una estimación pecuniaria del daño causado, sin allegar el material probatorio necesario para dar certeza del padecimiento de este perjuicio.

35. En estas condiciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(18), aplicable por remisión al procedimiento contencioso administrativo, según lo previsto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la Sala estima que, en el presente caso, no resulta procedente la indemnización de perjuicios materiales solicitados.

VI. Costas

36. En atención a que para el momento en el cual se dicta este fallo la Ley 446 de 1998, en su artículo 55, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en el sub lite ninguna de aquellas actuó de esa forma, no habrá lugar a su imposición.

37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 13 de julio de 2001, la cual quedará así:

1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al municipio de Túquerres (Nariño) por el daño padecido por la parte actora, con ocasión de la muerte de William García Angulo.

2. CONDENAR al municipio de Túquerres (Nariño) a pagar, a título de indemnización de perjuicios morales, el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smmlv), a favor de cada uno de los señores José García Quiñones y Olga Angulo Mora.

3. CONDENAR al municipio de Túquerres (Nariño) a pagar, a título de indemnización de perjuicios morales, el equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 smmlv), a favor de cada uno de los señores Silvio James, Luz Angélica, Javier Iván y José Armando García Angulo.

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. No condenar en costas.

6. Cumplir lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. En firme este fallo devolver el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda presentada el 14 de mayo de 1999, se estima la cuantía de la mayor pretensión, por concepto de lucro cesante, en $ 105.600.000 para la madre del occiso. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta instancia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 18.850.000.

(2) Este documento informa lo siguiente: “Respetuosamente me permito informar al señor coronel comandante Departamento Policía Nariño, que el día 051197 Héctor Oviedo Rosero alcalde municipal de Túquerres, acompañado de los agentes Estrada Oviedo Wilson Marino y García Angulo William además del señor Daniel Bayardo Castro Arciniega, con el fin de trasladarse hasta la ciudad de Pasto, en donde debía gestionar asuntos relacionados con unos auxilios de vivienda por parte del Inurbe, y se movilizaban en el vehículo Mazda 323, color blanco de placas HB0929 de propiedad del señor Héctor Oviedo Rosero. // Siendo aproximadamente las 14:00 horas por parte de particulares se recibió la información de que en el sitio Boca de Lobo vereda Chirristés jurisdicción del municipio de Imués, se había presentado un accidente de tránsito, enterado de esta novedad el personal de bomberos, defensa civil y Cruz Roja, salieron para el respectivo apoyo de inmediato, llegado al sitio indicado se procedió a constatar, estableciéndose que se trataba del vehículo del señor alcalde, quien había utilizado el vehículo de su propiedad para realizar este desplazamiento, por cuanto el vehículo del municipio asignado a él se encontraba fuera de servicio. El cual por circunstancias o móviles aún sin determinar se precipitó al abismo en dicho lugar, en momentos en que habían su regreso desde la ciudad de Pasto y se dirigían con destino a Túquerres, falleciendo en forma instantánea los señores Héctor Ernesto Oviedo Rosero C.C. 5.371.458 de Túquerres, 55 años de edad, casado, licenciado en educación física, natural y residente en Túquerres, quien se desempeñaba como alcalde municipal; quien sufrió heridas labio superior, golpe región frontal y parietal izquierda, golpe región auricular izquierdo, traumas múltiples y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, su fallecimiento se produjo por trauma craneoencefálico (...) agente García Angulo William C.C. 12.909.650 de Tumaco, 32 años, casado, bachiller, agente ponal, natural Tumaco, residente en Túquerres, hijo de José y Olga, quien presenta herida región francoparietal izquierda de aproximadamente 12 centímetros, herida dorso nasal izquierdo, herida codo izquierdo, fractura cúbito y radio brazo izquierdo, herida flanco izquierdo con exposición de vísceras, golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo. Su fallecimiento se produjo al parecer por politraumatismo craneano (...) // Los agentes antes mencionados se desempeñaban como escoltas del señor alcalde...”.

(3) Sobre el particular, pueden consultarse, entre muchas otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 10 de julio de 2003, Exp. 14.083, C.P. María Elena Giraldo; 3 de mayo de 2007, Exp. 16.180, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 26 de marzo de 2008, Exp. 14.780, C.P. Ruth Stella Correa.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 15 de marzo de 2001, Exp. 11.222, C.P. Alier Eduardo Hernández; 25 de julio de 2002, Exp. 14.180, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 26 de marzo de 2008, Exp. 14.780, C.P. Ruth Stella Correa.

(5) “[4] Tamayo Jaramillo, Javier. De la responsabilidad civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Editorial Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2, Santafé de Bogotá, 1996, pág. 78”.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Exp. 11842, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(7) Si bien el informe de novedad suscrito por el Departamento de Policía de Nariño Nº 0815/NDTUQ, obrante a folios 72 a 73 del cuaderno 1, constituye el único medio probatorio que da cuenta de los hechos citados, aquel es suficiente para darlos por probados, comoquiera que la Sala no advierte motivo alguno que demerite su credibilidad, y toda vez que la parte demandante no allegó material probatorio que lo controvirtiera.

(8) Al respecto, contrario a lo que manifestó el a quo, se encuentra probado que como agente de la Policía Nacional, al occiso se le encomendó fungir como guardaespaldas del señor Héctor Ernesto Oviedo Rosero, alcalde municipal de Túquerres, de conformidad con lo consignado en el concepto emitido por la oficina de asuntos disciplinarios del Departamento de Policía de Nariño - Túquerres, obrante a folio 94 del cuaderno 1.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de agosto 11 de 2011, Exp. acumulado 19638-20293 (1999-0155), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(10) “[16] Proceso 10981, Actor María E. Montoya Álvarez”.

(11) “[17] Sentencia del 26 de marzo de 2008. Exp. 16393. Actor Ernesto Lozano Aragón”.

(12) “[18] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de mayo 18 de 1972. En el mismo sentido la sentencia de julio 4 de 1977”.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 6 de 2001, Exp. 13232-156446, C.P. Alier Hernández.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 21 de 2000, Exp. 11766, C.P. Alier Hernández.

(15) Ibídem, sentencia citada en la nota al pie 7.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, Exp. 14694, C.P. Ramiro Saavedra.

(17) Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, Exp. 12703, C.P. María Elena Giraldo.

(18) El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, establece que “[i]ncumbe a las partes probar los supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.