Sentencia 1999-00518 de abril 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 52001-23-31-000-1999-00518-01(20750)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gomez

Actor: Alicia Margoth Montilla y otros

Demandado: Municipio de San Lorenzo y otro

Referencia: Reparación directa - apelación sentencia

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 27 de abril de 2001, mediante la cual se condenó a las entidades públicas demandadas a pagar los montos transcritos al inicio de esta sentencia.

2.1. Régimen de responsabilidad aplicable.

Para definir el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, es necesario remitirse al texto mismo de la demanda y a la manera en la cual se estructuraron en aquella las imputaciones relacionadas con la responsabilidad extracontractual de la administración.

Debe la Sala resaltar que en el caso en estudio la parte actora estimó que la muerte del señor Baudilio Alberto Flórez se produjo porque la competencia de motociclismo fue organizada de forma improvisada “sin adoptar medida de seguridad alguna tendiente a proteger la vida e integridad de los pobladores, pese al riesgo que implicaba la realización dicha competencia”.

A partir de esa causa petendi, como resulta evidente, la parte demandante estructuró su argumentación hacia la configuración de una falla del servicio, régimen que supone, para la prosperidad de las pretensiones de la demanda tanto la acreditación del daño, como de los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración.

La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continúa siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(2).

También ha sostenido que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, consistente en que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”(3), así, las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión—, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo(4).

Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad.

Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía(5).

Con fundamento en lo anterior, debe la Sala establecer si en el presente asunto se configuraron los elementos para declarar la responsabilidad de la administración por una falla en la prestación de los servicios a su cargo, en este caso relativos a la adopción de medidas de seguridad y/o de protección necesarias para desarrollar espectáculos públicos en el perímetro urbano de un municipio.

Por otro lado, en cuanto a la alegada eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de la víctima, conviene recordar que, al igual que acontece con las demás eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta sección(6) ha sostenido lo siguiente:

“En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C.C., art 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados.

Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina:

“La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida”(7).

En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual “no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia”(8), toda vez que “[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación”(9), entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño sólo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que este deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil(10) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “[I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”(11). La recién referida acepción del vocablo “imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si este se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente.

Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia”.

Por otra parte, a efectos de que operen las citadas eximentes de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de la víctima tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima(12).

Así pues, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

2.2. Las pruebas recaudadas en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron, en el proceso, los siguientes elementos probatorios:

— A folios 33 del cuaderno 1 obra copia auténtica del protocolo de necropsia practicada al cadáver del señor Baudilio Alberto Flórez, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la cual se hizo constar que su muerte se produjo el día 9 de agosto de 1998, por causa de “hipertensión endocraneana por hematoma fronto-parietal derecho subdural por trauma contundente en accidente de tránsito- peatón”; también se hizo constar que no se practicaron exámenes de laboratorio.

— A folio 195 del cuaderno 1, obra copia auténtica del oficio 213 de fecha 27 de octubre de 1999, suscrito por el comandante de la Estación de Policía del municipio de San Lorenzo, en el cual se informó:

“Respecto a los hechos ocurridos el día 9 de agosto de 1998, en los que falleció el señor Baudilio Flórez, a Usted manifiesto:

“Es tradición en el municipio de San Lorenzo celebrar fiestas patronales, eventos que regularmente se desarrollan entre los días 1º al 10 de agosto. Festividades dentro de las cuales se realizan una serie de actividades, religiosas, culturales y deportivas.

“Para el programa de 1998, la costumbre se siguió, organizándose un programa por parte de la alcaldía municipal, a través de sus diferentes comités; con la única variación respecto a los años anteriores en cuanto a las competencias con motocicletas, ya que anteriormente era usual llevar a cabo válidas de velocidad por las calles del pueblo, tal como puede verse en los programas de fiestas de los años 1996 y 1997; para el año de 1998, se dispuso por primera vez una competencia de motocross en pista construida en la periferia del pueblo. Competencia para la cual se dispuso de medidas de seguridad pertinentes, tales como señalamientos con cintas y el respectivo personal policial.

“Sin embargo, aproximadamente a las cuatro de la tarde del día 9 de agosto, inmediatamente se terminó la prueba de motocross de forma intempestiva y saliéndose de la programación conocida, sin informar ni solicitar la colaboración policial, el comité de deportes de la junta organizadora de fiestas, dispuso la realización de una competencia de velocidad por el perímetro urbano del pueblo. Al percatarme de esta actividad, cuando ya la misma estaba en marcha, en mi condición de comandante de la Estación de Policía de San Lorenzo ordené que el dispositivo policial se mantenga conforme a aquel observado en desarrollo de una carrera de motociclismo que momentos antes había terminado.

“El dispositivo mencionado estaba conformado con el personal integrante de la Estación San Lorenzo y con el refuerzo enviado de otras estaciones con ocasión de fiestas.

(...).

“El día (9) de agosto de 1998, ante la inminencia de la competencia de velocidad, como ya se anotó, dispuse que los agentes permanecieran en los sitios por ellos ocupados en la competencia de motociclismo.

“Ahora bien, la competencia de velocidad partió y terminó en la esquina del parque con el barrio corea, desviando con ello la atención de la gente, toda vez que la prueba de ciclismo salió y terminó en el sitio cuatro esquinas, lugares distantes entre sí y sin visión, ni comunicación directa.

“Pese a lo anterior se tomaron las medidas de seguridad al alcance por parte de la Policía ubicando el personal en sitios estratégicos, tal como ya se anotó.

En desarrollo de la competencia cuando ya se habían corrido varias vueltas, el señor Baudilio Flórez en estado de embriaguez salió de un establecimiento público en las cuatro esquinas hacia la calle en el preciso momento en que pasaba uno de los competidores de nombre Oveimar Montero, siendo atropellado, muriendo posteriormente en la ciudad de Pasto. Pese al incidente fortuito la competencia siguió su marcha y los lesionados fueron trasladados al Centro de Salud y luego remitidos a la ciudad de Pasto.

Tomando en cuenta que en años anteriores este tipo de competencias (velocidad), eran normales en el decurso de las fiestas patronales, existía en los moradores de San Lorenzo el conocimiento previo del peligro que las mismas pudieran acarrear, independientemente de ello acuden en forma masiva a observar la carrera, razón por la cual en el momento del accidente este no causó conmoción grave en la comunidad que permaneció observando la terminación del evento, que de ningún modo fue catastrófico, sino eventual e individual, caso contrario era de esperarse una situación de desorden público.

Se puso en conocimiento al juzgado promiscuo municipal de esta localidad, despacho que posteriormente remitió las diligencias a la Unidad de Fiscalía local de La Unión Nariño; sin embargo, como el señor Baudilio Flórez murió en la ciudad de Pasto existe investigación por este hecho en la unidad de fiscalías seccionales de esa ciudad.

La competencia tantas veces referida se organizó por los señores integrantes del comité deportivo de fiestas: profesores Jesús Ángel Martínez Montero, Otoniel Gamboa y colaborando con ellos la señora Juana Isabel Andrade y el señor Carlos Efrén Rosero. El señor Martínez Montero junto con Otoniel Gamboa se encargaron de recolectar el dinero para la premiación que se cumplió por parte del señor Jesús Ángel.

Se tiene conocimiento que parte del efectivo para la premiación fue donado por el señor alcalde municipal, donación recibida por el señor Jesús Ángel Montero, hecho este del cual puede dar cuenta la señora Nancy Navarro, para esa época empleada de la alcaldía municipal, quien presuntamente facilitó el dinero solicitado por el Alcalde, en presencia de otras personas” (Se deja destacado).

— A folios 216 del cuaderno 1 obra copia auténtica del oficio de fecha agosto 10 de 1998, dirigido al Juez Promiscuo Municipal de San Lorenzo, por el comandante de la estación de ese municipio, en el cual se manifestó lo siguiente:

“Por medio del presente me permito informar a ese despacho sobre el accidente de tránsito ocurrido el 090898 siendo aproximadamente las 16:00 horas en el perímetro urbano de esta localidad, cuando se realizaba una competencia de motociclismo organizada por la junta de fiestas patronales de esta localidad, donde resultó lesionado el señor Baudilio Vásquez Flórez, indocumentado, 40 años de edad (...). El accidente fue ocasionado con la motocicleta Yamaha DT 125 color blanco, sin placa, ni documentación que acreditara a su propietario.

El accidente se produjo en momentos en que el señor Ubeimar montero conducía la motocicleta participando de la competencia y el señor Baudilio Vásuqez en estado de embriaguez intempestivamente salió de la vía siendo atropellado por la motocicleta resultando lesionados los dos ciudadanos quienes inicialmente fueron remitidos al centro de salud de esta localidad y posteriormente remitidos al Hospital Departamental de la ciudad de San Juan de Pasto. Informo a ese despacho que no se levantó el respectivo croquis del accidente porque se continuó la competencia y debido también a la gravedad de los lesionados.

“La motocicleta en mención queda a disposición en las instalaciones policiales”. (Negrillas adicionales).

— Testimonio rendido en este proceso por el señor Obeimar Montero Castillo, quien respecto de la forma en que ocurrió el fatal accidente, respondió:

“Yo ese día venia a festejar, venía a ver, en eso se me presentó la oportunidad ya que hicieron una carrera improvisada, como la hicieron de velocidad, se me presentó la oportunidad de correr una moto, me dijeron que la corra un señor sin preparar ni nada, yo participé cuando ya arrancamos como iban cuatro vueltas creo cuando salió el señor, un señor estaba al lado del andén y yo la velocidad que llevaba me choqué con él porque no había más espacio ya que al otro lado había un carro escalera y me fue imposible hacerme para el otro lado porque me chocaba con el carro y además por la gente que había al otro lado de la esquina, cuando me choqué yo también me caí y quedé inconsciente. Preguntado: Manifieste a qué distancia usted pudo percatarse de la presencia del mencionado señor en la calle por donde transitaba la competencia. Contesto: Yo lo vi de cerca cuando estaba a unos diez metros. Preguntado: Manifieste qué velocidad traía la moto que usted conducía. Contesto: A unos 120 kilómetros por hora ya que era recto el plan y además en competencia. (...). Preguntado: Manifieste qué medidas de seguridad tomaron para el desarrollo de la competencia. Contesto: No había ninguna medida de seguridad, la programaron y fue así de sencillo, y no colocaron bandas y no quitaron los carros que habían allí ni cerraron ningún establecimiento público, y la gente como no sabía de la carrera pensaron que se había terminado arriba” (Se resalta, fl. 136 cdno. 1).

— Declaración rendida en este proceso por el señor Renzo Ferney Martínez, quien en relación con los hechos a los cuales hace referencia la demanda, señaló:

“El día 9 de agosto de 1998 yo me encontraba en la esquina de la cantina del señor Luis Rodríguez, yo me encontraba mirando la competencia de motocross, fue entonces allí cuando el señor Baudilio Flórez bajó el andén y fue donde allí lo atropelló, yo solamente miré cuando bajó el andén hacía la vía y fue allí cuando lo atropelló una moto, el conductor se llama Obeimar no sé el apellido pero es de Santa Cecilia, eso pasó en diagonal a las cuatro esquinas allí no había nada de seguridad, ni bandas protectoras para la gente, habían carros por el lugar donde ocurrió el accidente, es decir estaban estacionados; Baudilio Flórez quedó tendido y había mucha gente, gente que lo trajo al puesto de salud de este lugar y de allí se lo llevaron a Pasto al hospital departamental y allá murió. (...). Preguntado: Manifieste si pudo usted percatarse de la presencia de policías en el desarrollo de la competencia. Contesto: Si miré tres agentes de la Policía que estaban haciendo el orden allí los cuales no daban abasto para toda la gente. (...). Preguntado: Manifieste a qué distancia del andén fue atropellado el señor Baudilio. Contesto: Por ahí a un metro y medio de distancia de allí lo mandó al centro de la vía” (Se resalta, fls. 125 a 126 cdno. 1).

— Declaración de Fidilberto Sigifredo Ortiz Gómez, respecto de la cual resulta pertinente transcribir los siguientes apartes:

“Preguntado: Sírvase manifestar qué medidas de seguridad se habían tomado para la realización de la competencia a la que usted se está refiriendo. Contesto: Como parece que esta competencia fue extra no estaba dentro de la programación entonces pues en el momento de la competencia empezaron a desalojar las calles por donde iba a transcurrir lo que estaban organizando, seguridad casi que era difícil porque había mucha gente ese día, la policía se estaba en las esquinas donde más se aglomera la gente, ayudaban a que no se metan al lugar donde pasaban los competidores, lo único la seguridad de la Policía, no sé el número de agentes, digamos un grupo regular de agentes” (fl. 127 cdno. 1).

— Declaración del señor Carlos Efrén Rosero:

“Yo me encontraba en el parque y llegaron todos los motociclistas y la competencia no estaba programada, en el parque se acercó un amigo y me dijo que cómo hacíamos para obtener la premiación de esta competencia, nos acercamos hasta las oficinas de la alcaldía municipal donde nos encontramos al señor alcalde y tres colaboradores más de él quien nos aportó ciento cincuenta mil pesos en efectivo para dicha premiación, nos regresamos al parque y se hizo la respectiva competencia de motociclismo de velocidad, se alcanzó a hacer la primera prueba que fue la de 100 centímetros cúbicos donde no hubo ningún problema, luego se lanzó la de 125 y en la tercera vuelta ocurrió el siniestro en el cual resultó herido el señor Baudilio Flórez. Preguntado: Sírvase manifestar qué otras personas se encargaron de organizar la mencionada competencia de velocidad. Contesto: Del ente deportivo del municipio Jesús Ángel Martínez, quien recibió los $ 150.000 de parte de la alcaldía, no sé a quién se los entregó; Saulo Rodríguez y el señor que declaró anteriormente Otoniel Gamboa, ellos son los que recuerdo. Preguntado: Diga qué medidas de seguridad se tomaron para estas competencias. Contesto: No hubo ninguna clase de avisos advirtiendo a la comunidad lo que se iba a llevar a cabo la competencia, realmente no hubo nada”. (fl. 132 cdno. 1).

— Testimonio de la señora Rissi Yaneth Lasso, en el cual informó:

“Sí yo estuve en la esquina del billar de las cuatro esquinas miré que don Baudilio bajaba la acera y una moto lo atropelló, yo alcancé a mirar que él bajaba la acera, la moto que atropelló a este señor hacía parte de la competencia. (...). Preguntado: Sírvase manifestar si en el lugar de donde Usted estaba observando la competencia se tomaron medidas de precaución para que la misma se desarrollara normalmente. Contesto: Habían como tres policías, sogas eso no había nada. Preguntado: Manifieste al despacho qué establecimientos existen por el lugar donde pasó la competencia. Contesto: Hay billares, tiendas, restaurantes, discoteca y un asadero de pollo. Preguntado. Usted recuerda a qué distancia estaba el señor Baudilio Flórez del andén. Contesto: El bajaba la acera no más, no sé la distancia pero él estaba muy cerquita”. (fl. 136, cdno. 1).

— Segundo Francisco Narváez Portilla:

“Yo estaba parado en las cuatro esquinas y llegó este señor Baudilio Flórez borracho estaba como muy necio un agente de la Policía lo retiraba para que se quitara de ahí, y él no lo oía él le contestó que nadie lo mandaba, hasta yo le dije que se quite que no se vaya a hacer golpear de una moto, y a él se lo quitaba y el volvía a hacerse por donde pasaban las motos y de ver que estaba tan necio yo me hice a un lado, él estaba pasado de trago, después me fui al balcón de mi casa a mirar que pasaban las motos cuando después el agente Nelson Martínez lo retiró de allí y se fue a la cantina de donde don Lucho Rodríguez y se metió a la cantina, de allá adentro salió con una media de aguardiente en la mano y gritaba compadre tómese un trago y en ese momento venía la moto y lo cogió y lo agarró del lado de la cabeza y dio dos vueltas y cayó boca abajo, él estaba muy necio era como si quería morir. (...). Preguntado: En cuántas oportunidades le dijo al señor Baudilio Flórez que se retirara de la vía. Contesto: Yo una vez le dije, de ver que la policía le dijo como tres veces que se quitara y no oía, por eso le dije a don Baudilio que se evitara problemas, eso fue antes de irme a mi casa al balcón. Preguntado: Manifieste si el señor Baudilio Flórez pudo percatarse de que la moto iba a pasar por ese lugar en el momento en que fue atropellado. Contesto: Qué se iba a dar cuenta si estaba borracho y no se daba cuenta de nada si estaba perdido él”. (fl. 142 cdno. 1).

2.3. Conclusiones probatorias.

Analizados los medios probatorios que integran el proceso, la Sala confirmará la decisión apelada, con fundamento en el razonamiento que a continuación se desarrolla:

De conformidad con lo probado en el presente proceso, en el caso concreto se encuentra que el día 9 de agosto de 1998, en el municipio de San Lorenzo, Nariño, en el marco de las fiestas populares de esa localidad, se realizó una competencia de motociclismo, en la modalidad de velocidad, por las vías del perímetro urbano, en cuyo desarrollo resultó atropellado por una motocicleta el señor Baudilio Alberto Flórez, quien posteriormente murió en el Hospital Departamental de Nariño, de la ciudad de Pasto.

Asimismo, los anteriores medios probatorios permiten inferir que la mencionada competencia no se encontraba incluida dentro de la programación de las referidas festividades populares, pues ella se organizó de forma improvisada y repentina por autoridades administrativas de esa localidad, con el consentimiento y el apoyo económico del alcalde municipal.

Así pues, debido a la improvisación de la aludida competencia de motocicletas, no fue posible planificar y menos adoptar medida de precaución y/o seguridad alguna tendiente a garantizar la vida e integridad tanto de los espectadores como de los competidores, como por ejemplo realizar el despeje de los vehículos automotores que se encontraban parqueados en la vía por donde se iba a desarrollar la competencia, no se instalaron vallas ni cintas de seguridad que impidieran el paso de los peatones a la vía, máxime si se tiene en cuenta que los vehículos en competencia podían alcanzar velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora; la única medida en ese sentido fue la persuasión realizada por los pocos efectivos policiales para tratar de impedir el paso de los espectadores a la vía, no obstante la cantidad de agentes de la Policía en la localidad resultaba insuficiente para controlar de manera adecuada a los concurrentes al espectáculo público.

En cuanto al accidente en el cual resultó lesionado y posteriormente muerto el señor Baudilio Alberto Flórez, de los anteriores medios de convicción se infiere que se produjo cuando este, debido a su estado de embriaguez, hizo caso omiso a varios requerimientos para que saliera de la vía por la cual transitaban las motocicletas en competencia y fue arrollado por una de ellas.

Ahora bien, la Sala estima necesario recordar la existencia del deber omitido tanto por las entidades demandadas, concretamente en impedir la realización de espectáculos públicos en sitios que impliquen peligro para la vida e integridad de los ciudadanos y sin adoptar las medidas de seguridad y/o de precaución necesarias, así como el deber mínimo de comportamiento exigido a la propia víctima (Código Nacional de Policía D. 1355/70(13)). La norma en comento es del siguiente tenor literal:

“ART. 133.—Corresponde a la policía asegurar el orden en los espectáculos.

ART. 134.—Se entiende por espectáculo la función o representación que se celebra en teatro, circo, estadio, plaza, salón o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarlo u oírlo.

ART. 135.—Si la función o representación se limita a determinadas personas, las disposiciones de este capítulo no son aplicables.

(...).

ART. 137.—Los espectadores están obligados a guardar la compostura y el decoro debidos.

Las expresiones de entusiasmo o de desaprobación son toleradas en cuanto no alteren la tranquilidad o la seguridad de los asistentes.

ART. 138.—Quien promueva la presentación de un espectáculo deberá dar aviso escrito o solicitar permiso, según el caso, con cuarenta y ocho horas de anticipación al alcalde, con indicación del lugar en que va a llevarse a cabo, la clase de espectáculo y un cálculo prudencial del número de espectadores, si se trata de función o representación en sitio abierto.

Para funciones programadas periódicamente, bastarán los anuncios publicados en la prensa o por otro medio de publicidad.

(...).

ART. 144.—El jefe de policía impedirá la realización de espectáculos en recinto o lugar impropio o que no ofrezca la debida solidez o que no cumpla con los requisitos de la higiene.

También podrá impedir los espectáculos que sometan a gran riesgo a los espectadores.

ART. 145.—Por motivos de orden público, la policía podrá aplazar la presentación de un espectáculo o suspender su desarrollo” (Negrillas adicionales).

Con fundamento en lo anterior, puede concluirse que para el caso sub examine, las entidades demandadas omitieron prohibir de la realización de la improvisada carrera de motociclismo -pese al riesgo inminente que representaba para la vida e integridad de los pobladores de la localidad-, y además colaboraron con la realización y premiación de tal competencia; tampoco adoptaron medida de seguridad y/o de precaución alguna para evitar accidentes como el que le quitó la vida al señor Baudilio Alberto Flórez, todo lo cual constituye una falla en el servicio de la administración.

Por consiguiente, dicha falla en el servicio, derivada de las mencionadas omisiones, comprometen la responsabilidad de las entidades demandadas respecto del daño por cuya indemnización se demandó y, en consecuencia, generan para ellas la consecuente obligación de repararlo.

Ahora bien, en relación con la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, en el caso sub examine, si bien es cierto que se configuró una falla en el servicio, también lo es que la conducta imprudente de la víctima contribuyó a la producción del resultado, de suerte que la condena impuesta por el a quo en la sentencia impugnada efectivamente debía reducirse en un 50%.

Advierte la Sala que si bien no existían medidas efectivas de seguridad y/o de precaución para el desarrollo de la competencia, lo cierto es que la conducta del señor Baudilio Alberto Flórez contribuyó en la producción del hecho dañoso, porque este hizo caso omiso de las advertencias realizadas por los agentes de Policía y por pobladores del sector para que saliera de la vía por la cual transitaban los vehículos en competencia, no obstante este de forma imprudente se atravesó y resultó arrollado por una de motocicleta.

Sobre el tema de la concausa, esta Corporación ha sostenido(14) que el comportamiento de la víctima habilita al juzgador para reducir el quántum indemnizatorio (C.C. art. 2357) en la medida en que la misma haya dado lugar al daño; es decir, cuando la conducta de los perjudicados participa de manera cierta y eficaz en el desenlace del resultado.

Tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez se configuran los elementos estructurales —daño antijurídico, factor de imputación y nexo causal—, la conducta del dañado solamente puede tener relevancia como factor de aminoración del quántum indemnizatorio, a condición de que su comportamiento adquiera las notas características de una co-causación del daño. En esta dirección puede sostenerse que no es de recibo el análisis aislado o meramente conjetural de una eventual imprudencia achacable a la víctima, si la misma no aparece ligada co-causalmente en la producción de la cadena causal.

Bien se ha dicho sobre el particular que la reducción del daño resarcible con fundamento en el concurso del hecho de la víctima responde a una razón de ser específica, es decir, que la víctima hubiere contribuido realmente a la causación de su propio daño, caso en el cual esa parte del perjuicio no deviene antijurídico y, por ende, no tiene la virtud de imputarse al patrimonio de quien se califica responsable(15).

En este caso se puede concluir que la causa eficiente del accidente en el cual resultó muerto el señor Baudilio Alberto Flórez se debió a una concurrencia de culpas entre las entidades públicas demandadas (municipio de San Lorenzo y la Policía Nacional) y la víctima directa, pues este último actuó de manera imprudente al cruzar por la vía por donde transitaban las motocicletas haciendo caso omiso a las advertencias que en ese sentido se le hicieron, con lo cual transgredió las normas del Código Nacional de Policía, de suerte que, como se anotó, la condena impuesta en primera instancia deberá confirmarse en cuanto redujo la misma en un 50%.

2.4. La falta de legitimación por activa y la prueba del estado civil y prueba del parentesco.

Sobre el particular, al ocuparse de regular los asuntos atinentes a las “pruebas del estado civil”, el Decreto-Ley 1260 de 1970(16), en su artículo 105, determina:

“ART. 105.—Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos.

“En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos y actos se probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 100”.

Para eliminar cualquier duda en relación con el alcance y el carácter imperativo de la norma transcrita, el mismo estatuto en cita determina, a la altura de su artículo 106:

“ART. 106.—Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”.

Sobre el punto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en sentencia del 22 de enero del 2008(17), señaló:

“Así pues, cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y de obligaciones (D. 1260/70, art. 1º) es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970”.

Por su parte, los artículos 52 y 53 del mencionado decreto-ley establecen el contenido del respectivo registro civil de nacimiento de una persona, en los siguientes términos:

“ART. 52.—La inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: una genérica y otra específica. En aquella solamente se consignarán el nombre del inscrito, su sexo, el municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números de folio y general de la oficina.

En la sección general se consignarán, además la hora y el lugar del nacimiento, el nombre de la madre, del padre; en lo posible la identidad de una y otro, su profesión u oficio (...).

“ART. 53.—En el registro de nacimiento se inscribirán como apellidos del inscrito, el primero del padre, seguido del primero de la madre, si fuere hijo legítimo o extramatrimonial reconocido o con paternidad judicialmente declarada; en caso contrario se le asignarán los apellidos de la madre”.

Con fundamento en lo anterior puede concluirse entonces que el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto.

Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la prueba del estado civil y del parentesco, en los siguientes términos:

“De conformidad con los artículos 1º, 101, 54, 105, 112 y 115 del Decreto 1260 de 1970, resulta claro que cuando se expida un certificado de registro civil de nacimiento y en él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre este y aquellos. En efecto, si tales nombres fueron indicados en el correspondiente certificado, es porque el inscrito nació dentro de un matrimonio legalmente celebrado o, siendo hijo extramatrimonial, fue reconocido por su padre o se declaró judicialmente su paternidad. Y no puede el juez exigir pruebas adicionales para establecer el parentesco, so pena de desconocer la solemnidad prevista por la ley, de manera excepcional, para la demostración de los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 105 del Decreto 1260 de 1970”(18).

En el caso sub examine se tiene que en cada uno de los registros civiles de nacimiento de los señores Omar Ferney y Leidy Yaneth Flórez Montilla, figuran como padres de cada uno de ellos los señores Baudilio Alberto Flórez y Alicia Margoth Montilla Ortíz, respectivamente (fls. 19 y 22 cdno. 1); por consiguiente, la decisión adoptada por el tribunal a quo consistente en tener por probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, habrá de revocarse.

2.5. Acerca de la solidaridad de la condena impuesta a las entidades demandadas.

Teniendo en cuenta que en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la providencia impugnada el tribunal a quo dispuso que “[e]l valor a pagar a los demandantes por concepto de perjuicios materiales y morales, será cubierto por la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y el Municipio de San Lorenzo, por partes iguales” y que en la apelación la parte actora sostuvo que comoquiera que en la producción del hecho dañoso demandado participaron las dos entidades demandadas, la condena impuesta a las mismas debía hacerse en forma solidaria y no por partes iguales, la Sala estudiará, de conformidad con la normatividad aplicable al presente asunto, si la mencionada decisión merece ser confirmada o revocada.

Sobre el particular, advierte la Sala que según los dictados del artículo 2.344 del Código Civil(19), hay lugar a predicar la responsabilidad solidaria entre las entidades públicas demandadas dentro el presente asunto (Nación - Minidefensa - Policía Nacional y municipio de San Lorenzo), comoquiera que dicha figura se halla instituida para aquellos casos en los cuales si en la producción del hecho dañoso demandado hubieren participado dos o más personas, el demandante queda facultado por la ley para hacer exigible la obligación indemnizatoria respecto del daño irrogado a cualquiera de aquellas personas que hubieren participado en su producción y, comoquiera que tal y como se acreditó en el presente caso, ambas entidades participaron en la producción del mismo, la condena a imponer debe hacerse en forma solidaria respecto de las aludidas entidades públicas, por manera que también se dispondrá la modificación de la sentencia impugnada en ese aspecto.

2.6. Indemnización de perjuicios.

La Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno respecto de los denominados “perjuicios fisiológicos”, así como de los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, los cuales fueron denegados en la sentencia impugnada, toda vez que respecto de ese tópico las partes apelantes nada señalaron y menos argumentaron como motivo de su inconformidad, lo cual impide a la Sala revisar tales aspectos, por carecer de elementos para realizar dicho análisis y porque, en esas condiciones, lo resuelto por el a quo escapa a la competencia del juez de segunda instancia.

2.6.1. Perjuicios morales:

Según se acreditó en el presente asunto, el daño que se imputó a la entidad demandada en la sentencia de primera instancia se produjo por la muerte del señor Baudilio Alberto Flórez, en las circunstancias descritas en la parte considerativa de este proveído, todo lo cual produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

Acerca de los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes cercanos de una víctima fatal han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(20) y de las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

La tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la aflicción y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

Agréguese a lo anterior que, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de una persona; asimismo, la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la aflicción y de sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

En el presente caso se decretarán perjuicios morales tasados en salarios mínimos mensuales vigentes para todos los demandantes, esto es para la señora Alicia Margoth Montilla (cónyuge); Fabián Fernando, Omar Ferney, Darlyn Soraya, Diego Armando y Leidy Yaneth Flórez Montilla (hijos), comoquiera que obran los registros civiles que dan cuenta de la relación de parentesco que los vincula con la víctima directa (fls. 17 a 24, cdno. 1); no obstante debe advertirse que de conformidad con las consideraciones que se han dejado expuestas, la Sala mantendrá la decisión adoptada en la sentencia impugnada consistente en descontar el 50% de la condena correspondiente.

Asimismo, la Sala modificará la sentencia del tribunal en cuanto la condena impuesta lo fue en gramos de oro, para calcularla en salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues debe recordarse que de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980; para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales se ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(21), lo cual impone modificar en este aspecto la sentencia de primera instancia.

Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes:

Alicia Margoth Montilla Ortiz (cónyuge)
50 SMMLV
Fabián Fernando Flórez Montilla (hijo)
50 SMMLV
Omar Ferney Flórez Montilla (hijo)
50 SMMLV
Darlyn Soraya Flórez Montilla (hijo)
50 SMMLV
Diego Armando Flórez Montilla (hijo)
50 SMMLV
Leidy Yaneth Flórez Montilla (hijo)
50 SMMLV

 

2.6.2. Perjuicios materiales - lucro cesante.

Comoquiera que obran los suficientes elementos de análisis para realizar la condena en concreto de la indemnización por concepto de los perjuicios correspondientes al rubro de lucro cesante, a favor de los demandantes, la Sala procederá a establecer el monto de la misma.

En el presente caso, los testimonios de los señores Carlos Alberto Córdoba Ortiz, Guillermo Paz Martínez, Oria Amanda Mena Arturo y Damaris Silva Lasso (fls. 123 a 140 C. 1), son coherentes en manifestar que el señor Baudilio Alberto Flórez, para la época de los hechos, laboraba como obrero de construcción, no obstante dichas declaraciones no permiten tener por demostrado el monto del ingreso percibido por tal concepto, razón por la cual se acudirá a la presunción de que dicha actividad le generaba como ganancia un salario mínimo legal mensual, el cual, para la época de su muerte —año 1998—, equivalía a $203.826,oo.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:

Ingresos de la víctima al momento de su fallecimiento: $ 203.826

Expectativa de vida total de la víctima: 28.58 años (342 meses)(22)

Período consolidado: 152 meses

Período futuro: 190 meses

Índice final: febrero de 2011 (último conocido): 106.83

Índice inicial: agosto de 1998: 41.11

Actualización de la base:

Ind. final (106.83)

RA = VH -----------------------

Ind. inicial (51.29)

RA = $ 424.542,46, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2011, se tomará en cuenta el actual ($ 535.600) para la liquidación; adicionalmente, dicho guarismo será incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 530.678) y de dicho monto se reducirá un 25%, correspondiente al porcentaje que dedicaba a sus gastos personales ($ 502.126) y el resultado, según jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado, debe dividirse entre su esposa (50%) y sus hijos (50%).

Adicionalmente, la Sala estima necesario recordar que en virtud de la reducción de la condena en un 50%, a las sumas que resulten de la aplicación de las fórmulas utilizadas para la liquidación del lucro cesante debe descontárseles dicho porcentaje.

A favor de la señora Alicia Margoth Montilla Ortiz (cónyuge):

Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Baudilio Alberto Flórez (ago. 1998) hasta la fecha de esta sentencia (abr. 2011), esto es 152 meses, aplicando la siguiente fórmula:

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S = $ 251.063 x 224.312

S = $ 56’316.443.

Futuro: Por el resto del período de vida probable de la víctima, esto es 190 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

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S = $ 251.063 X 123,80834

S = $ 31’083.693.

Total perjuicios materiales para Alicia Margoth Montilla Ortiz: ($ 87’400.136), suma de la cual debe descontarse el 50%, lo cual arroja la cantidad de cuarenta y tres millones setecientos mil sesenta y ocho pesos ($ 43’700.068).

— A favor de Fabián Fernando Flórez Montilla

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de Baudilio Alberto Flórez (ago. 1998) hasta la fecha de esta sentencia (abr. 2011), esto es 190 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Entonces:

Ra = 50.212,60(23)

 

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Sentencia 1999 7.PNG
 

 

S = $ $ 50.212,6 x 224.312

S = $ 11’263.283

Futuro: Por el período transcurrido entre la fecha de esta sentencia (abr. 2011) y la fecha en la cual el demandante adquiera 25 años de edad (oct. 2015), esto es 54 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

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Sentencia 1999 9.PNG
 

 

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S = $ 50.212,6 X 47,39288

S = $ 2’379.719

Total perjuicios materiales para Fabián Fernando Flórez Montilla: ($ 13’643.002), monto del cual debe descontarse el 50%, lo cual arroja la suma de seis millones ochocientos veintiún mil quinientos un pesos ($ 6’821.501).

— A favor de Omar Ferney Flórez Montilla:

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de Baudilio Alberto Flórez (agosto de 1998) hasta la fecha de esta sentencia (abril de 2011), esto es 190 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Entonces:

 

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S = $ $ 50.212,6 x 224.312

S = $ 11’263.283

Futuro: No habrá lugar a reconocer dicho perjuicio en esta modalidad, por cuanto a la fecha de esta sentencia el demandante ya adquirió 25 años de edad.

Total perjuicios materiales para Omar Ferney Flórez Montilla: ($ 11’263.283), cuantía de la cual debe descontarse el 50%, lo cual arroja la suma de cinco millones seiscientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y dos pesos ($ 5’631.642).

— A favor de Diego Armando Flórez Montilla:

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de Baudilio Alberto Flórez (ago.1998) hasta la fecha de esta sentencia (abr.2011), esto es 190 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Entonces:

 

Sentencia 1999 11.PNG

 

Sentencia 1999 12.PNG

 

S = $ $ 50.212,6 x 224.312

S = $ 11’263.283

Futuro: Por el período transcurrido entre la fecha de esta sentencia (abr. 2011) y la fecha en la cual el demandante adquiera 25 años de edad (nov. 2017), esto es 79 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

Sentencia 1999 8.PNG
 

 

S = VA

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S = VA

Sentencia 1999 17.PNG

 

S = $ 50.212,6 X 65,45510

 

S = $ 3’286.671

Total perjuicios materiales para Diego Armando Flórez Montilla: ($ 14’549.954), cantidad de la cual debe descontarse el 50%, lo cual arroja la suma de siete millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y siete pesos ($ 7’274.977).

— A favor de Darlyn Soraya Flórez Montilla:

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de Baudilio Alberto Flórez (ago. 1998) hasta la fecha de esta sentencia (abr. 2011), esto es 190 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Entonces:

 

Sentencia 1999 11.PNG

 

S = VA

Sentencia 1999 19.PNG

 

S = $ 50.212,6 x 224.312

S = $ 11’263.283

Futuro: Por el período transcurrido entre la fecha de esta sentencia (abr. 2011) y la fecha en la cual la demandante adquiera 25 años de edad (jun. 2019), esto es 64 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

S = VA

Sentencia 1999 20.PNG

 

S = VA

Sentencia 1999 21.PNG

 

S = VA

Sentencia 1999 22.PNG

 

S = $ 50.212,6 X 77,7981

S = $ 3’906.446

Total perjuicios materiales para Darlyn Soraya Flórez Montilla: ($ 15’169.729), monto del cual debe descontarse el 50%, lo cual arroja la suma de siete millones quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos ($ 7’584.865).

— A favor de Leidy Janeth Flórez Montilla:

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de Baudilio Alberto Flórez (ago. 1998) hasta la fecha de esta sentencia (abr. 2011), esto es 190 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Entonces:

 

Sentencia 1999 11.PNG

 

S = VA

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S = $ 50.212,6 x 224.312

S = $ 11’263.283

Futuro: Por el período transcurrido entre la fecha de esta sentencia (abr. 2011) y la fecha en la cual el demandante adquiera 25 años de edad (dic. 2013), esto es 32 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

S = VA

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S = VA

Sentencia 1999 27.PNG

 

S = VA

Sentencia 1999 27.PNG

 

S = $ 50.212,6 X 29,5655

S = $ 1’484.561

Total perjuicios materiales para Leidy Yaneth Flórez Montilla: ($ 12’747.844), cantidad de la cual debe descontarse el 50%, lo cual arroja la suma de seis millones trescientos setenta y tres mil novecientos veintidós pesos ($ 6’373.922).

2.7. Costas.

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICASE la sentencia apelada, esto es la proferida el 27 de abril de 2001, por el Tribunal Administrativo de Nariño, la cual quedará así:

1. Declarar a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y al Municipio de San Lorenzo (Nariño), patrimonial y administrativamente responsables por la muerte del señor Baudilio Alberto Flórez determinada por las lesiones por él sufridas en hechos sucedidos el día 9 de agosto de 1998, en el municipio de San Lorenzo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese, en forma solidaria, a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y al Municipio de San Lorenzo, al pago de perjuicios morales, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

Alicia Margoth Montilla Ortiz (Cónyuge)
50 SMMLV
Fabián Fernando Flórez Montilla (Hijo)
50 SMMLV
Omar Ferney Flórez Montilla (Hijo)
50 SMMLV
Darlyn Soraya Flórez Montilla (Hijo)
50 SMMLV
Diego Armando Flórez Montilla (Hijo)
50 SMMLV
Leidy Yaneth Flórez Montilla (Hijo)
50 SMMLV

 

3. Condénase en forma solidaria a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y al Municipio de San Lorenzo, al pago de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación:

A Alicia Margoth Montilla Ortiz: cuarenta y tres millones setecientos mil sesenta y ocho pesos ($ 43’700.068).

A Fabian Fernando Flores Montilla: seis millones ochocientos veintiún mil quinientos un pesos ($ 6’821.501).

A Omar Ferney Flores Montilla: cinco millones seiscientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y dos pesos ($ 5’631.642).

A Diego Armando Flores Montilla: Siete millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y siete pesos ($ 7’274.977).

A Darlyn Soraya Flores Montilla: siete millones quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos ($ 7’584.865).

A Leidy Yaneth Flores Montilla: seis millones trescientos setenta y tres mil novecientos veintidós pesos ($ 6’373.922).

4. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

5. Las entidades demandadas le darán cumplimiento al presente fallo en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Sentencias del 13 de julio de 1993, expediente 8163 y del 10 de marzo del 2011, expediente 17.738, entre muchas otras.

(3) Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente 11837.

(4) Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14.787

(5) Sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente 14.880.

(6) Sentencias del 26 de marzo de 2008. Exp. 16.530. Actor: José A. Piratoba y del 9 de junio de 2010. Exp. 18.596. Actor: Luis Guillermo Jiménez Garzón, entre muchas otras.

(7) Nota original de la sentencia citada: “Robert, André, Les responsabilites, Bruselas, 1981, p. 1039, citado por Tamayo Jaramillo, Javier, Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 19.

(8) Nota original de la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, pág. 8”.

(9) Nota original de la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, pág. 581.

(10) Nota original de la sentencia citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”.

(11) Nota original de la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1.982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, pág. 21.

(12) En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, sólo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de mayo dos (02) de dos mil siete (2007); Expediente: 190012331000199800031 01; Radicación: 24.972.

(13) De acuerdo con el artículo 39 de la aludida disposición normativa “los alcaldes son jefes de policía en su respectivo municipio”.

(14) Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 1999, Expediente 14.859; Demandante: Edgar Gallego Salazar y otros.

(15) En similares términos consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia el 29 de agosto de 2007, Exp. 16.052, Actor: Bernardo Franco Rodríguez y otros.

(16) “Por el cual se expide el Estatuto del Registro Civil de las Personas”.

(17) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de enero de 2008, expediente 2007-00163-00. M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 21 de septiembre de 2000, Exp. 11.766 y del 26 de agosto de 1999, Exp. 13.041, ambas con ponencia del Consejero Alier Hernández Henríquez.

(19) A cuyo tenor “[s]i un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2.350 y 2.355 (...)”.

(20) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646. MP. Alier Eduardo Hernández Henríquez.

(22) De conformidad con los registros civiles de nacimiento allegados, se tiene que el señor Baudilio Alberto Flórez tenía una expectativa de vida menor que la de su cónyuge.

(23) Suma que se obtiene de dividir el 50% de la renta $ 251.063, entre los cinco hijos.