Sentencia 1999-00521 de febrero 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación 25000-13-26-000-1999-00521-01 acumulado (28481)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: William Javier Ferro Sanabria y otros

Demandado: La Nación Ministerio de Defensa-Policía Nacional/Dirección ejecutiva de administración judicial/Fiscalía General

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTO: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, pues, de acuerdo con el entendido del artículo 73 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia(4), de la Sala Plena de la corporación(5) la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa por error judicial debe ser conocida por esta corporación.

2. Caducidad.

Se observa que los demandantes acudió a la justicia dentro del término establecido en el artículo 136 del Decreto 1 de 1984, pues la sentencia de segunda penal de segunda instancia fue proferida el 28 de febrero de 1997 y las tres demandas se presentaron el 26 de febrero de 1999, esto es, dos días antes del vencimiento del término de caducidad.

3. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, deberá la Sala determinar si la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación son responsables de los daños alegados por los demandantes. Para ello se impone examinar en abstracto el fundamento de la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Además, dado que la fiscalía trae a colación el principio in dubio pro reo, en el que la misma fundó la absolución de los actores en el proceso penal, la Sala examinará la cuestión relativa a la relevancia jurídica de la duda como motivo de absolución, frente a la configuración de la responsabilidad por privación injusta de la libertad. Finalmente, se establecerá si existe fundamento para imputar a la Policía Nacional los daños reclamados por los actores.

4. Análisis del caso.

4.1 Hechos probados.

4.1.1. Sobre las relaciones de parentesco entre los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Ramón Molano Granado y Hernán Medina Ardila con el resto de los demandantes, antes de su detención.

4.1.1.1. William Javier Ferro Sanabria.

4.1.1.1.1. Está acreditado que el señor William Javier Ferro Sanabria es hijo de Ligia Sanabria Camelo; hermano de Ligia Jenith Ferro Sanabria y de Yves Helen, Betsy Karen y Alexis Yepes Sanabria y sobrino de Stella y Helda Sanabria Camelo (registros civiles fls. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 14, y 15, cdno. 2). La Sala llama la atención sobre el hecho de que no es posible tener por probada la relación parentesco entre los señores Alix Sanabria Camelo y William Javier Ferro Sanabria, por cuanto no se aportó el registro civil de nacimiento sino la partida eclesiástica de bautismo de la primera. Lo anterior no es óbice, sin embargo, para tener acreditado el vínculo afectivo entre los mismos, porque así lo demuestra tanto el documento en mención, como otros elementos probatorios allegados a la actuación.

4.1.1.1.2. Se sabe que, antes de su detención, el señor William Javier Ferro Sanabria convivía con las señoras Alix y Stella Sanabria Camelo. De ello se tiene noticia por cuanto, tanto en la diligencia de indagatoria, como en el acta de recepción de testimonios, la dirección de los declarantes registrada por la fiscalía, cra.(sic) 6ª sur, Nº 14 B-19 coincide e igualmente figura el mismo número telefónico, 2895630. Información, consignada en el encabezado de las respectivas actas, que bien puede considerarse en este asunto, en cuanto no fue manifestada por el indagado, hoy demandante, de donde se sigue que el escrito debe ser atribuido al funcionario encargado de la práctica de la prueba, en este caso el fiscal regional de Bogotá, código 05.

Además de ello, cabe resaltar que lo consignado por la fiscalía sobre la dirección del encartado y la señora Alix Sanabria es consistente con otros documentos presentes en el expediente penal. Así, por ejemplo, a folio 205 del cuaderno 3, obra copia auténtica del contrato individual de trabajo suscrito con William Javier Ferro por la empresa Serdan S.A. (que a su vez presta los servicios a Avianca S.A.). En dicho documento, fechado el 12 de abril de 1993, se consigna como dirección la antes mencionada, calle 6ª sur Nº 14 B-19 y el teléfono 2895630, además, al contrato de trabajo le fue anexada una hoja de vida, en la que el señor William Javier Ferro Sanabria señala a las señoras Helda y Stella Sanabria como referencias familiares, indicando, además, que reside en la calle 6 sur Nº 14 B-19 y el teléfono es el 2895630.

Finalmente, se destaca el hecho de que el señor Ferro Sanabria señaló la dirección y el teléfono antes referidos como los de su residencia, en el acta de compromiso que suscribió al salir de la cárcel el día 24 de enero de 1996 (fl. 1658, cdno. 8).

4.1.1.1.3. Se conoce que para el momento de su detención, el señor William Javier Ferro Sanabria tenía contrato de trabajo con la empresa Serdan S.A., a su vez contratista de Avianca S.A. y que cumplía funciones relativas a la manipulación de la carga de la aerolínea. La antedicha situación consta en el contrato referido en el numeral anterior, en el que se lee:

Contrato individual de trabajo de duración por labor contratada:

Nombre del empleador: Serdan S.A.

Domicilio del empleador: Cra. 10 Nº 93-30

Nombre del trabajador: Ferro Sanabria William Javier

Dirección del trabajador: Calle 6 sur Nº 14 B-19

Lugar, fecha de nacimiento: Bogotá D.C., octubre 6 de 1967

Oficio que desempeñará: Representante de carga

Salario: Cien mil pesos m/cte ($ 100.000)

Pagadero por: quincenas vencidas

Fecha de iniciación de labores 1993

Lugar donde desempeñará las labores: Avianca S.A.

Ciudad donde ha sido contratado el trabajador: Santafé de Bogotá, D.C.

Obra o labor contratada (especifique claramente): A. El objeto de la obra o labor contratada es el recibo, cheques (sic), clasificación de la carga llegada y la despachada, trámite y liquidación de documentos, diligenciamiento de los reclamos de los usuarios de acuerdo con las normas de IATA y organismos gubernamentales (...) (fl. 205, cdno. 3, Exp. 28481). Se destaca, además, que en el curso del proceso penal, los otros dos sindicados (señores Medina y Molano) se refirieron al señor Ferro Sanabria como supervisor de carga y que, en general, jueces y fiscales en ocasiones se refieren al antes mencionado como “Representante de carga” y, en otras, como supervisor. Así pues, aunque existe plena certeza sobre que el señor Ferro Sanabria laboraba en la sección de carga de Avianca y que la acción penal iniciada en su contra tuvo que ver con ejercicio de sus funciones aunque no se puede afirmar el cargo que ocupaba, pues no es del todo claro si su cargo era el de “Representante de carga”, como figura en el contrato o supervisor de la misma.

4.1.1.2. Ernesto Ramón Molano Granados.

4.1.1.2.1. Se sabe que el señor Ernesto Ramón Molano Granados es esposo de Doris Stella Díaz Forero y padre de John Alexander Molano Márquez y Nataly Andrea Molano Díaz, según consta en los registros civiles de matrimonio y nacimiento aportados al proceso (fls. 1 a 4, cdno. 4, Exp. 28229).

Por otra parte, aunque en ausencia del registro civil de nacimiento del señor Molano Granados no se puede declarar probada su condición de hijo de la señora Teresa Granados de Molano y hermano de Teresa Molano de Gómez, José Martín, Amparito y Consuelo Molano Granados, en el expediente obran elementos que permiten inferir las relaciones de familiaridad y afecto entre estos últimos y el directamente afectado y, por ende, predicar la legitimación para concurrir al proceso en calidad de damnificados.

En efecto, aunque, como se mencionó, en el expediente no se encuentra el registro civil de nacimiento del señor Ernesto Molano Granados, de manera que no es dable señalarlo como hijo de la demandante Teresa Granados, obra copia del registro civil del matrimonio que el mismo contrajo con la señora Doris Stella Díaz Forero, en la cual se consiga que es hijo de Martín Granados y Teresa Granados (fl. 1, cdno. 4, Exp. 2822), lo que permite concluir la relación de afecto. Igual información aparece en la boleta de encarcelación del señor Ernesto Granados Molano (fl. 45, cdno. 2822). Por lo demás, los testigos Jaime Oswaldo Gongotena Amores (fls. 24 a 26, cdno. 4, Exp. 2822) y Germán Andrés Gómez Molano (fls. 29 a 31, cdno. 4, Exp. 2822) identificaron a la señora Teresa Granados como madre de Ernesto Molano y a José Martín, Teresa, Amparo (sic) Eduardo y Consuelo Granados como sus hermanos. Los señores Gongotena y Gómez son, además, coincidentes en confirmar el afecto entre Ernesto Molano Granados, la señora Teresa Granados y los antes nombrados hermanos.

Efectivamente, al ser así interrogado sobre las relaciones familiares del señor Ernesto Molanos Granados el señor Jaime Oswaldo Gongotena contestó:

Las relaciones son muy cordiales, de mucho respeto y principios morales, siempre se muestra entre ellos una disposición de colaboración y apoyo en todas las circunstancias bien sean gratas o en momentos difíciles, están siempre atentos a brindarse apoyo tanto físico como material y moral. El núcleo familiar lo componen la cabeza como padre el señor Martín Molano Quintero, la Sra. Teresa Granados de Molano y sus hijos en orden descendiente, la Sra. María Teresa Granados de Molano, el Sr. Martín Molano Granados, la Sra. Consuelo Molano de Barragán, el Sr. Ernesto Ramón Molano Granados, la Sra. Amparo Molano Granados y el Sr. Eduardo Molano Granados (fls. 25 a 25, cdno. 4, Exp. 2822).

Y a su vez el señor Germán Andrés Gómez Molano, respondió:

La relación es excelente, es una relación de mucho afecto en donde es mutuo afecto tanto de mi abuela como de mi tío hacia los padres y hacia los hermanos. Mi abuela se llama Teresa Granados de Molano y mi abuelo Martín Molano Quintero, sus hijos se llaman José Martín Molano Granados, Teresa Molano de Gómez (mi mamá), Amparo Molano Granados, Eduardo Molano Granados y Consuelo Molano de Barragán. El trato es excelente, donde hay una relación mutua de amistad, cariño, de favores como de relación (fl. 29, cdno. 4, Exp. 2822).

4.1.1.2.2. Se sabe que, antes de su detención, el señor Ernesto Ramón Molano Granados trabajaba en la empresa Serdan S.A., contratista de Avianca S.A. y cumplía funciones de representante de carga en la mencionada aerolínea, tal como se evidencia en el contrato laboral obrante en el folio 212 del cuaderno 8 (Exp. 28229) en el que se lee:

Contrato individual de trabajo de duración por labor contratada:

Nombre del empleador: Serdan S.A.

Domicilio del empleador: Cra. 10 Nº 93-30

Nombre del trabajador: Molano Granados Ernesto Ramón

Dirección del trabajador: Calle 53, Nº 23-24

Lugar, fecha de nacimiento y nacionalidad: Cúcuta agosto 31 de 1961

Oficio que desempeñará: Representante de carga

Salario: Cien mil pesos m/cte ($ 100.000)

Pagadero por: quincenas vencidas

Fecha de iniciación de labores agosto 27 de 1993

Lugar donde desempeñará las labores: Avianca S.A.

Ciudad donde ha sido contratado el trabajador: Santafé de Bogotá, D.C.

Obra o labor contratada (especifique claramente): El objeto de la obra o labor contratada es desarrollar las labores de recibo de cheques, clasificación de la carga llegada y despachada, trámite y liquidación de documentos, diligenciamiento de los reclamos de los usuarios de acuerdo con las normas del IATA y organismos gubernamentales (...).

Así mismo, en el folio 51 del cuaderno 4 (Exp. 2822), reposa comunicación enviada por la empresa Serdan S.A. en la que se lee:

Bogotá, septiembre 27 de 2002.

Acusado de recibido del oficio 2002-4-708, me permito dar respuesta a lo solicitado por su despacho; el señor Ernesto Ramón Molano Granados identificado con la cédula de ciudadanía 19.452.600, estuvo vinculado con la compañía Serdan S.A. mediante contrato de trabajo por duración de una obra o labor determinada, con fecha de iniciación el día 27 de agosto de 1999, durante la vigencia del contrato de trabajo, y fecha de terminación por despido sin justa causa, el día 16 de agosto de 1999, durante la vigencia del contrato de trabajo, el trabajador desempeñó los cargos de representante de carga y supervisor de carga, recibiendo como último salario mensual promedio la suma de $ 684.012 pesos.

En nuestros archivos no reposa información alguna sobre el tiempo que estuvo detenido el extrabajador.

Así mismo, la división de nómina de la empresa mencionada expidió el siguiente certificado:

Nombre: Molano Granados Ernesto Ramón

Cédula de ciudadanía: 19452600

Cargo: Supervisor(a)

Tipo de contrato: Labor contratada

Frente de trabajo: Ava. carga internacional

Salario mensual: $ 486.626

Fecha de retiro: Agosto 16 de 1999

4.1.1.3. Hernán Medina Ardila.

4.1.1.3.1. Se sabe que el señor Hernán Medina Ardila es hijo de Hernán Medina González y Leocricia Ardila, esposo de Doris Edith Sánchez Varcárcel, padre de Kimberly Johana y Jonatan Hernán Medina Sánchez y hermano de María del Pilar Medina Ardila, según consta en los registros civiles de nacimiento y matrimonio aportados al proceso (fls. 36 a 38, cdno. 1, Exp. 28229 y 1 a 2, cdno. 7, Exp. 28229).

4.1.1.3.2. Se sabe que para la fecha de su detención, el señor Hernán Medina Ardila tenía suscrito un contrato de trabajo con la aerolínea Avianca S.A. y se desempeñaba como supervisor de carga internacional, tal como se verifica en la copia del contrato de trabajo aportada al proceso y obrante a folio 228 del cuaderno 8 (Exp. 28229) y en la comunicación enviada por la aerolínea, en la que se da cuenta de la historia laboral y los sueldos devengados por el señor Medina Ardila (fl. 32 cdno. 7, Exp. 28299), así:

A quien interese:

Por medio de la presente informamos que el señor(a) Hernán Medina Ardila, identificado(a) con C.C. 79. 276.596 de Bogotá, prestó sus servicios en esta empresa desde el 17 de abril de 1989 hasta el 27 de septiembre de 1996.

Los cargos desempeñados por Hernán Medina Ardila fueron:

CargoDependenciaFecha
Representante cargaDivisión comercial carga17/abril/1989
Representante cargaDepartamento terminal carga01/julio/1991
SupervisorBodega recibo nacional01/julio/1992
SupervisorSección carga nacional01/enero/1993
SupervisorSección carga internacional01/julio/1993
Supervisor cargaSección carga internacional01/julio/1994

Informamos que su sueldo promedio al momento de su retiro fue de $ 391.087.

Adicionalmente, a folio 33 del mismo cuaderno obra una relación de los pagos efectuados al señor medina Ardila entre 1992 y 1996. En lo que respecta al periodo anterior a la detención, y al mes inmediatamente siguiente, así:

Año 1992(6)(sic) 

ConceptoEne.Feb.Mar.Abr.MayoJun.Jul.Ago.Sep.Oct.Nov.Dic.
Sueldo básico135,135135,135135,135135,135135,135135,135135,135135,135135,135171,621171,621171,621
Sueldo atrasado1.800.5011.701.700.700.421.2001.301109.485.850.600.60
Diferencia prima de servicios
  8,421    730   
Horex. (sic) Festivos o dominicales con compensación9,0099,0099,009 4,50490091,35139,00918,01811,441 22,882
Horex. (sic) diurnas21,7183,901225,7395,2285,6304,0218,8484,02110,05412,25811,74735,243
Horex. (sic) Nocturnas33,22049,54933,2203,9415,06710,69813,51313,51310,13549,2367,15042,190
Fest. Dominicales sin compensación2,707   18,018  9,009 11,44111,44134,324
Horex. (sic). Festivos dominicales diurnos3,6195,0673,619 7,2397,23918,82210,85914,47818,387 11,639
Horex. (sic) festivos dominicales nocturnos2,6542,6546,193  5,3082,6548,84818,5815,618 21,350
Diferencia horario entre las 12:00 a.m. a 6 p.m. 8681,7374,3431,1581,1583,1853,7645,2126,6193,30913,239
Prima vacaciones    112,613       
Intereses sobre cesantía78,096    29,320      
Prima de navidad           171,621
Prima de servicios     100,458     116,011
Bonificación           25,171

Año 1993

ConceptoEne.Feb.Mar.Abr.MayoJun.Jul.Ago.Sep.Oct.Nov.Dic.
Sueldo básico185,810200,000200,000200,000200,000200,000242,760242,760242,760242,760242,760242,760
Sueldo atrasado14,1900.400.801.301.501.500.200.701.100-301.001.60
Auxilio enfermedad    8,0000       
Diferencia prima de servicios
  17.728    2,378   
Horex.(sic) Festivos o dominicales con compensación12,38713,33319,99913,3336,66619,99929,5172,427664,7368,09224,276 
Horex (sic) diurnas6,55116,07121,42820,2387,73821,42840,25450,57561,41245,42793,925 
Horex. (sic) Nocturnas 11,66639,16616,6664,16623,33320,64914,16113,14925,91931,356 
Fest. Dominicales sin compensación13,33326,66626,666 39,99926,66629,51716,18416,184   
Horex. Festivos dominicales diurnos 21,42816,071 16,0715,357 13,0056,5022,60110,404 
Horex (sic) Festivos dominicales nocturnos 10,475  3,9283,928 1,5894,768   
Diferencia horario entre las 12:00 a.m. a 6 p.m.7,0288,76111,04710,85712,85710,85711,5353,93013,178   
Diferencia de horario entre las 12:00 a 6 a.m.7,41311,9996,4265,3578,1427,07110,2077,54218,2072,0807,803 
Auxilio educativo convencional 100,000          
Dev. Descuento tiempo5,720           
Dev. ISS      4,618     
Prima de vacaciones    166,667       
Intereses sobre cesantía24,834       38,780   
Prima navidad           242,205
Prima servicio     148,901     180,992
Bonificación    240,000       

4.1.2. Hechos relativos a la detención de los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Ramón Molano Granados y Hernán Medina Ardila y al desarrollo del proceso ante la jurisdicción penal.

4.1.2.1. Está demostrado que el día 16 de noviembre de 1993, la policía aeroportuaria realizó un operativo en la sección de carga de la empresa Avianca S.A., y que en el curso del mismo encontró varios kilos de cocaína, ocultos en cajas de flores. La mencionada mercancía estaba lista para ser embarcada en un vuelo de Alitalia con destino a Roma. Hallazgo que dio lugar a la captura de los señores Ernesto Ramón Molano Granados, William Javier Ferro Sanabria y Hernán Medina Ardila, quienes se desempeñaban como representante, supervisor y jefe de sección de carga respectivamente, según se ha visto.

El hecho de la detención consta en el informe enviado por el comandante de la unidad operativa antinarcóticos de la Policía Nacional, con sede en el Aeropuerto el Dorado, al jefe de la Sijin. En esta se lee:

Comedidamente me permito dejar a disposición de esta unidad a los señores:

Ernesto Ramón Molano Granados, identificado con la cédula de ciudadanía 19.452.600, natural de Cúcuta, de 32 años, estado civil casado, cargo que ocupa representante de carga de la aerolínea Avianca S.A., quien reside en la calle 53 Nº 27-24, apto. 402.

William Javier Ferro Sanabria, identificado con la C.C. 79.276.596. de Bogotá, natural de Bogotá, de 26 años de edad, estado civil soltero, cargo que ocupa representante de carga de la aerolínea Avianca, quien reside en la calle 6 sur Nº 14 B-19.

Hernán Medina Ardila, identificado con la C.C. 79.276.472 de Bogotá, natural de Bogotá, de 30 años de edad, estado civil casado, cargo que ocupa jefe de carga de la aerolínea Avianca, quien reside en la calle 58 Nº 81-06 sur.

Los cuales siendo aproximadamente las 10:00 horas del día de hoy, fueron retenidos en la zona de carga de Avianca, cuando recibían una carga de flores. Que iban a ser enviadas en el vuelo 563 de Alitalia, con destino a Roma (Italia) en cuyo interior fueron hallados ciento cincuenta y ocho (158) paquetes prensados de cocaína, y dos (2) paquetes más en icopor, forrados en cinta aislante; al efectuar el pesaje de la droga incautada arroja un total aproximado de ciento sesenta y siete mil seiscientos sesenta (167.660) gramos. La droga iba camuflada en el interior de cuarenta (40) cajas con flores de a cuatro (4) paquetes con icopor y tablas (fls. 30-31, cdno. 3).

Lo anterior también quedó consignado en el oficio 1434 de la Sijin, expedido por el comandante de la unidad narcotráfico para poner a disposición de la fiscalía a los capturados, reproduciendo la relación de hechos del informe citado ad supra (fl. 28, cdno. 3).

4.1.2.2. Se sabe que el 19 de noviembre de 1993, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en contra de los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Ramón Molano Granados y Hernán Medina Ardila. La decisión se adoptó con base en los informes antes mencionados y en las declaraciones de los policías intervinientes en el operativo, quienes manifestaron que el hoy demandante y sus compañeros fueron retenidos, en virtud de su calidad de encargados de la sección de carga de la compañía Avianca y la confrontación del hecho ilícito con las funciones propias de sus cargos.

4.1.2.3. Se sabe que el 22 de agosto de 1994, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra los señores Ferro Sanabria, Molano Granados y Medina Ardila. En tal ocasión, el ente acusador reiteró su apreciación sobre que los sindicados omitieron el deber de revisar la carga. Omisión que dio lugar a que no detectaran la mercancía ilegal. En esta ocasión, el ente acusador desvirtuó los fundamentos de la defensa a cuyo tenor no les correspondía a los sindicados adelantar la labor que se echó de menos.

“Respecto a lo alegado por los defensores Drs. Marco Aurelio Linás Volpe, Raúl Gallón Remolina, Augusto José Ordosgoitia A..., este despacho encuentra que las pruebas practicadas a los documentos adjuntados al plenario en ningún momento hacen variar la situación de los sindicados William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Molano y Hernán Medina, frente al ilícito materia de la investigación y sobre la actividad que deberían cumplir el día 16 de noviembre de 1993. Veamos por qué:

a) El manual de funciones referido por los defensores y por el señor agente del Ministerio Público, “confirma las tareas que debieron realizar los sindicados con relación a los hechos materia de investigación, pues allí se indican en forma precisa las funciones del representante de carga, del supervisor de carga, del jefe de carga internacional, cargos que desempeñaban ese día en su orden Ernesto, William Javier y Hernán Medina (...).

c) La declaración de Amparo Barrera de Barrera, recibida el 28 de diciembre de 1993, en la cual dice sobre el problema del 16 de noviembre de 1993 con “el despacho” amparado con la “guía aérea” 55.21147656 de la aerolínea Alitalia, el cual fue manejado por los empleados de Avianca, porque tienen un contrato para el manejo y recibo de la carga pues, Alitalia no tiene personal ni instalaciones en el aeropuerto zona de carga.

Del contrato celebrado entre las empresas Alitalia y Avianca

5.2. Carga de exportación:

Manejo físico: “Aceptar la carga de acuerdo a las instrucciones del transportador, asegurando un control adecuado de que los envíos están “listos para el transportador y que el peso y volumen de los envíos ha sido realizado”.

De acuerdo a las pruebas relacionadas anteriormente, encuentra el despacho que las funciones desarrolladas por los sindicados, empleados de Avianca, indican que estos tuvieron participación en la actividad desarrollada por lo actores intelectuales del ilícito (...) y sin la cual la participación no hubiese sido posible el que las cajas contentivas de los 158 paquetes contentivos de la sustancia estupefacientes fueran encontradas ya paletizadas, enmalladas y listas para ser enviadas en la aerolínea Alitalia y la cual se halló en el cuarto palet, con destino Roma-Italia” (fls. 1138 a 1139, cdno. 6).

4.1.2.4. No se discute que el día 24 de enero de 1996, el Juez Regional de Bogotá concedió la libertad provisional a los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Granados Molano y Hernán Medina Ardila. También se sabe que el día 29 de febrero los antes mencionados firmaron acta de compromiso (fl. 658, cdno. 8), recibieron la boleta de libertad y que en el caso del señor Ferro Sanabria la señora Helda Sanabria pagó la correspondiente caución, según un título judicial por valor de $ 1.421.250 (fl. 1657, cdno. 8).

En el caso del señor Molano Granados, la caución aparece cancelada por el mismo detenido (fl. 1657, cdno. 8, Exp. 28481) y en el del señor Hernán Medina Ardila, la compañía Avianca S.A. asumió ese valor.

Valores estos que el día 13 de mayo de 1997, el Juzgado Regional de Santa Fe de Bogotá ordenó reintegrar, una vez confirmada, en segunda instancia, la sentencia absolutoria.

4.1.2.5. Está probado que el día 12 de noviembre de 1996, el Juzgado Regional profirió sentencia absolutoria a favor de los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Ramón Molano Granados y Hernán Medina Ardila. Para el efecto se analizaron las funciones del personal de la sección de carga, particularmente si Avianca estaba obligada, en razón del contrato vigente con Alitalia, a revisar y garantizar la seguridad de la carga. No obstante se concluyó que los sindicados no tenían que garantizar el contenido de la carga de Alitalia, de donde su conducta no podía calificarse de omisiva ni, por tanto, merecedora de reproche penal. Aparte de ello, no encontró sustento probatorio para endilgar a los sindicados el delito de narcotráfico. Dado que el razonamiento del juzgado regional, resulta pertinente, a efectos de determinar las razones que llevaron al juzgador a absolver al actor, se transcribe, in extenso, los apartes que permiten comprender los fundamentos de la decisión:

Es de vital importancia, indispensable y necesario saber si realmente entre las empresas Avianca de Colombia y Alitalia de Italia se había celebrado contrato de prestación de servicios e instalaciones en tierra; para determinar si era una función de los empleados de revisión de carga y los supervisores atender, revisar, pesar y verificar su volumen, de las cargas de los vuelos correspondientes a Alitalia (sic) (...).

El precitado contrato en idioma español e inglés aparece formando parte de las pruebas en el expediente, en los folios 409 a 515 cuaderno O., 1 y este para la época de los hechos no se encontraba revestido de las solemnidades de ley, indispensables para la validez, esta pudo ser una de las razones para que los enjuiciados no se preocuparan por el servicio, siendo respaldada la prueba por las declaraciones de los empleados de Avianca para esa época como lo exponen Henry Barreto Pardo, Germán Darío Barrero Barón y los propios sindicados en sus exculpaciones, que no había contratación especial de seguridad con Alitalia y que esta se llevaba a cabo por la policía antinarcóticos, antes de ser recibida por los despachadores y la seguridad contratada por Avianca (rayos X). No encuentra entonces este juzgado prueba que no dé lugar a dudas sobre la responsabilidad de los procesados, por el contrario, de las pruebas arrimadas se puede extraer que no tenían la función de abrir la carga para su revisión.

(...).

Como la resolución de acusación los señaló de cómplices y teniendo en cuenta el sentido real de esta clase de participaciones este juzgado no encuentra prueba cierta y veraz que Ferro Sanabria, Molano Granados y Medina Ardila hayan contribuido a la ejecución del hecho punible cumpliendo promesa anterior a la realización del mismo, no se demostró en la etapa instructiva y mucho menos en la etapa de juzgamiento un nexo entre autor y cómplice es decir, una relación de amistad, de negocios o tratos entre los encausados y los autores materiales y determinadores; ¿nunca se supo cuál era la clase de promesa que le hicieron los autores principales? Y esto si la hubiere habido; probatoriamente no se demostró; no existía ni siquiera amistad con los autores que enuncia el fiscal en su acusación; los contratos laborales son expresos en primer lugar en demostrar que la clase de funciones se les asignó aquí a los acusados (sic), representante de carga, pero no abrir las cajas de flores quitando los zunchos, la supervisión va encaminada a revisar la documentación que aportan, la cual debe estar en regla para poder tramitar una determinada mercancía; Avianca presta servicios a la empresa Alitalia pero dentro de estos no está el de la seguridad en la revisión del contenido de las mercancías que transporta, para prestar este servicio debe existir un contrato que no tienen las empresas mencionadas (...).

Dentro de los artículos 32 y 38 de la Ley 30 de 1986 no se encuentran los verbos rectores revisar, pesar, y verificar volumen, como tipos delictivos revisar, pesar, y verificar volumen, como tipos, estos fueron extraídos por el fiscal del manual de funciones dado por la empresa Avianca a sus empleados, que se encaja dentro de la administración de esa persona jurídica. La función de revisar la carga encomendada a los supervisores, se entiende, que es a la documentación a aportar las personas para los trámites correspondientes, también observar el estado de las cajas o empaques en que se lleva el producto a exportar o importado, es decir, si está bien zuchada (sic), o bien enmallada, no presenta deterioro, etc...

(...).

La complicidad, no se demostró; además los verbos que enunció el fiscal acusador, ejecutados por los procesados no forman parte del tipo penal descrito en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986, conforme se expuso en el acápite anterior (...). No existiendo conexión entre las conductas de los autores materiales y los cómplices, no se demostró nexo entre la compra, transporte, entrega, elaboración de documentos para la exportación, conductas ejecutadas por los autores principales y quienes dice ser cómplices. Penalmente no deben responder los acusados por la fiscalía, en el caso sub examine, porque el expediente cuenta con pruebas que generan más duda que verdad sobre el actuar de los señores Molano, Ferro, y Medina y esta es una razón jurídica más para aplicar en su favor in dubio pro reo. Beneficiándolos con una sentencia absolutoria (fls. 1750 a 1751, cdno. 9).

4.1.2.6. Está probado que durante el tiempo de su reclusión, los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Ramón Molano Granados y Hernán Medina Ardila continuaron vinculados a las empresas Serdan S.A. y Avianca S.A. respectivamente.

En el caso del señor Ferro Sanabria, esta circunstancia se conoce por los alegatos de conclusión de la parte actora en los que se lee en el apartado correspondiente a la reiteración de las pretensiones:

La suma de cuatro millones setecientos setenta mil pesos m.l. ($ 4.770.000), por concepto de horas extras y diferencias de horario y promedios prestacionales dejados de percibir desde el 16 de noviembre de 1993 al 29 de enero de 1996, la empresa Avianca, solamente le pagaba el sueldo básico mientras estuvo detenido, dejando de percibir entre $ 160.000 a $ 200.000 en promedio. Se adjuntan recibos de antes de estar detenidos y de la época que estaba detenido donde se observa que solo le pagaban el básico (fl. 154, cdno. 2, Exp. 28481).

Lo anterior acorde con los recibos expedidos por empresa Serdan, visibles a folios 157 a 166 del cuaderno 2 del Expediente 28481, a cuyo tenor el señor William Javier Ferro Sanabria recibió de la empresa antes mencionada, en el período comprendido entre septiembre de 1993 y febrero de 1996, los siguientes pagos.

Fecha 30-08-1993

DevengosValor
Sueldo50.000
Sub. Tra.7.542
Rec. Noc.3.354
HE. Diur.5.729
HE. Noc.3.646
HE.Fest.24.167
E.F. Diu.3.750
E.F. Noc.4.010
Compens.0
Tot. devengos102.198
Deducciones (ISS- HE.EXT)10.260
Neto a pagar91.938

Fecha 15-09-1993

DevengosValor
Sueldo50.000
Rec. Noc3.354
HE. Diur.14.583
HE. Noc.9.844
HE. Fest.20.000
E.F. Diu.5.625
E.F. Noc.573
Compens.3.333
Tot. devengos107.312
Deducciones0
Neto a pagar107.312

Fecha 30-07-1994

DevengosValor
Sueldo121.090
Sue.-ho.0
Prima l.0
Tot. devengos121.090
Deducciones (ISS-préstamo)33.421
Total a pagar87.669

Fecha 15-08-1994

DevengosValor
Sueldo121.090
Sue.-ho.0
Prima l.0
Tot. devengos121.090
Deducciones (-préstamo)20.000
Total a pagar101.090

Fecha 30-03-1995

DevengosValor
Sueldo121.090
Prima l.0
Alimentación20.000
Tot. devengos14.1.090
Deducciones (ISS)14.027
Total a pagar127.063

Fecha 15-04-1995

DevengosValor
Sueldo121.090
Prima l.0
Tot. devengos121.090
Deducciones0
Total a pagar121.090

Fecha 15-04-1995

DevengosValor
Sueldo145.000
Aj. suel.191.280
Prima l.0
Tot. devengos336.280
Deducciones0
Total a pagar336.280

Fecha 30-10-1995

DevengosValor
Sueldo145.000
Sue.-ho.0
Prima l.0
Tot. devengos145.000
Deducciones (ISS-préstamo)35.663
Total a pagar109.337

Fecha 30-11-1995

DevengosValor
Sueldo145.000
Sue.-ho.0
Prima l.0
Tot. devengos145.000
Deducciones (ISS-préstamo)35.663
Total a pagar109.337

Fecha 13-02-1996

DevengosValor
Prima l.145.000
R. préstamo500.000
Tot. devengos5000.000
Deducciones0
Total a pagar50.000

En lo que respecta a la situación laboral del señor Molano Granados, la consideración conjunta del contrato de trabajo y de los certificados remitidos por Serdan, solo permiten tener certeza sobre el inicio y el fin de la relación laboral y el valor de los ingresos del trabajador entre 1993 y 1999. El testimonio del señor Jaime Oswaldo Gongotena, por lo demás, confirma lo reconocido por la misma parte actora sobre el hecho de que el señor Molano Granados continuó recibiendo un salario básico, durante el tiempo de reclusión. Manifestó el testigo:

Tengo entendido que a pesar de que la empresa Avianca continuó pagándole un sueldo básico durante el tiempo que permanecieron en prisión, dio muestras de negligencia, de falta de apoyo y solidaridad con sus trabajadores que siendo inocentes y estando en horas laborales al servicio de la empresa fueron detenidos y apresados injustamente (fl. 26, cdno. 4, Exp. 28229).

No consta, sin embargo, el valor del salario básico recibido, ni se cuenta con elementos para establecer la diferencia entre este y el promedio mensual de lo recibido antes de la detención.

En cuanto respecta al señor Hernán Medina Ardila, la relación de pagos remitida por la aerolínea Avianca S.A. (fl. 34, cdno. 7, Exp. 28299) da lugar a sostener que durante el tiempo de detención, el antes mencionado, recibió mensualmente un salario básico de $ 242,760 en 1993 y 1994; $ 296.167 en 1995 y $ 360.317 en 1996.

4.1.2.7. Está probado que el día 28 de febrero de 1997, el tribunal nacional confirmó la sentencia absolutoria. Reiteró el superior la ausencia de responsabilidad de los inculpados, en cuanto no incurrieron en la omisión que les fue endilgada por la fiscalía:

Si, en consecuencia, no era función de los acusados de autos registrar y verificar el contenido del cargamento de flores, ningún compromiso penal les puede merecer su comportamiento omisivo, menos cuando, como lo expuso el representante del Ministerio Público, en el plenario no se logró establecer la existencia de relación o vínculo con quienes camuflaron la droga en las cajas contentivas de las flores con la intención de sacarla del país.

Acertado estuvo, por tanto, el juez de primera instancia cuando absolvió a los procesados. Su decisión, por consultar la realidad procesal, será confirmada (fl. 1861, cdno. 9, Exp. 28481).

4.1.3. Otras circunstancias.

4.1.3.1. Se sabe que la señora Doris Stella Díaz Forero, se hallaba en estado de embarazo cuando su cónyuge, Ernesto Molano Granados fue detenido, y que cayó en un estado depresivo. Así mismo, se sabe que la menor Nataly Andrea Molano Díaz nació mientras su padre se encontraba recluido y que la detención del señor Molano Granados concluyó cuando su hija tenía dos años. También se conoce que su hijo John Alexander contaba con 13 años en el momento de los hechos y que la detención de su padre le causó un gran impacto.

Sobre la repercusión de la detención del señor Molano Granados en la órbita emocional de su esposa, depuso la señora Sandra Janneth Guillot Nieto:

Preguntado: ¿Dígale al despacho qué relaciones o qué consecuencias trajo para Ernesto Ramón Molano Granados y para su familia el hecho de la detención de que fue objeto y por qué le consta lo que declara al respecto?

Contestó: La reacción para todos fue sorpresiva y ya que desde que lo conozco y conozco a su familia han sido honorables, y de las dificultades que tuvieron, respecto de su esposa la impresión que tuvo casi la pérdida del bebé que estaba esperando, y para su familia algo que no se esperaba ya que el comportamiento de él siempre ha sido intachable.

Preguntado: ¿Diga al despacho quién estaba a cargo, de la manutención del hogar conformado por el señor Ernesto Ramón Molano Granados, su señora e hijos?

Contestó: Ernesto era quien estaba a cargo, de igual manera ella laboraba, pero después de ello ella se fue a vivir a la casa de los papás de ella por la depresión y la complicación en el embarazo que tuvo (fl. 27, cdno. 4, Exp. 28229).

Y el señor Germán Andrés Gómez Molano, sobrino del detenido, manifestó:

(...) de alguna manera con la detención Doris, quien es su esposa, se vio muy afectada, no solo por el proceso en el cual iba a ser parte sino por estado en el que ella se encontraba (ella estaba embarazada) (...). La afectación del hijo pues en cierta forma fue entender el por qué el papá estaba detenido y el porqué lo acusaban de algo que él no había hecho, de igual forma por la edad en ese entonces del hijo, que tenía más o menos 13 años, fue de asombro, de no entender esa misma reacción y el proceso en el cual el padre estaba involucrado, e incluso verlo por las noche por las noticias y verlo cómo lo llevaban esposado fue un impacto fuerte para él, por lo mismo de su edad (fl. 30, cdno. 4, Exp. 28229).

4.1.3.2. Se sabe que para el momento de la detención del señor Hernán Medina Ardila, su hijo Jonathan Hernán tenía tres años de edad y su hija Kimberly Johana, un mes de nacida. Se sabe, además, que la detención de del señor Medina Ardila causó un profundo impacto emocional y económico a su esposa, Doris Edith Medina Ardila e hijos:

Al respecto, la señora Ana Cecilia Gutiérrez Rico, declaró:

Preguntado: ¿Conoce usted de las relaciones y sentimientos que se han causado a la esposa de Hernán Medina y a los hijos al ser este privado de la libertad?

Contesta: La señora Doris sufrió mucho, en estos días que sufrió el problema con su esposo y tenía su bebé recién nacida y ella Doris, lloraba mucho y sufría mucho de ver lo que le había sucedido a su esposo y él era el único que estaba viendo por ellos, la señora Doris me comentó el caso de su esposo, yo la ayudé mucho cuidando sus hijos, ayudándole a hacer rifas para poder sobrevivir, dándoles comida a los niños, le cuidaba la bebé, buscábamos leche materna para la niña, porque ella no podía darle leche por el choque que sufría. El niño Jonathan preguntaba mucho por su papá, tanto ella como nosotras las amigas le decíamos que el papá estaba viajando y que iba a volver pronto (fl. 36, cdno. 7, Exp. 28229).

Por su parte, la señora María Susana Tinjacá de Cadena respondió así:

Preguntado: ¿Dígale a este despacho, si sabe por qué, cuál fue el impacto económico y moral, que como consecuencia de la privación de la libertad del señor Hernán Medina, soportaron Doris, Jonathan y Kimberly, esposa e hijos de este?

Contestó: El impacto fue terrible. Sin apoyo del padre y económicamente sin que llegara la quincena para el sustento, el bebé lloraba mucho, la bebé estaba recién nacida y Doris tenía que ir a ver qué estaba pasando con él; y económicamente si no llegaba Hernán para ver por sus cosas y la alimentación de los niños la situación era terrible, yo lo viví con ellos (fls. 41 y 42, cdno. 7, Exp. 28229).

A su vez, el señor Guillermo González Segura manifestó:

Preguntado: ¿Conoce usted de las relaciones y sentimientos que se han causado a la esposa de Hernán Medina y a los hijos al ser este privado de la libertad?

Contesta: Sí, arrancando por Doris, la esposa, la parte activa de ella se vino al suelo, era una mujer muy pujante y se vio afectada con todo esto, tocó ayudarle mucho en la parte anímica, adicionalmente tocó buscarle alternativas para que ella cogiera el ritmo de vida (...). Con los niños, la parte emocional, a ella le tocaba dejarlos al cuidado de otras personas mucho tiempo para estar al cuidado de Hernán y esto contribuyó mucho a que la parte del hogar que ellos tenían se viera muy afectada (fl. 45, cdno. 7, Exp. 28229).

4.1.3.2. Se sabe que durante la etapa de reclusión de su sobrino la señora Helda Sanabria Camelo solicitó préstamos a la Cooperativa de Trabajadores de Avianca. También se conoce que asumió los gastos de defensa del señor William Javier Ferro Sanabria y otros más relacionados con su detención.

El costo de la defensa penal se verifica en los recibos expedidos por los abogados Humberto Jaimes Arbeláez, Edinson Agamez Ordosgoitia y Augusto José Ordosgoitia Arrieta, así:

Humberto Jaimes Arbeláez, identificado con la cédula de ciudadanía 17.171. 330 de Bogotá, con registro profesional 14.188 del Ministerio de Justicia:

Hago constar:

Que actúo como defensor del señor William Javier Ferro Sanabria, en el proceso JR 3155, ante el juez regional.

Por lo anterior, en la actualidad, existe un saldo a mi favor, por concepto de honorarios por la suma de $ 1.8000.000 (un millón ochocientos mil pesos m/cte.), los cuales deberán ser cancelados por la señora Elda Sanabria Camelo, identificada con la cédula de ciudadanía 41.582.380 de Bogotá.

Se expide la presente constancia a petición de la interesada con destino a “Avianca”, a los veintitrés días del mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco (fl. 179, cdno. 2, Exp. 28481).

Así mismo, en documento sin fecha se lee

Edinson Agamez Ordosgoitia

Augusto J. Ordosgoitia Arrieta

Abogados penal y criminología

Por medio de la presente me permito certificar que la señora Elda Sanabria de Camelo canceló la suma de $ 1.200.000 por concepto de honorarios profesionales, en el proceso 10048 que cursa en la Fiscalía Regional de Bogotá, sindicado William Javier Ferro.

Firmado

Edinson Agamez Ordosgoitia (fl. 21, cdno. 3, Exp. 28481).

Y en documento de fecha 11 de enero de 1994, se registra:

Augusto José Ordosgoitia Arrieta, identificado con la cédula de ciudadanía 15.039.567 de Sahagún-Córdoba, por medio de la presente me permito certificar que recibí de la señora Elda Sanabria Camelo, identificada con la C.C. 41.582.380 de Bogotá, por la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) por concepto de honorarios correspondientes al proceso 10948. Fiscalía regional. Sindicado, William Javier Ferro Sanabria.

Los préstamos, contraídos con la Cooperativa de Trabajadores de la empresa Avianca se conocen por el certificado emitido por la misma y por la copia del pagaré suscrito por la señora Helda Sanabria Camelo a nombre de la empresa Avianca.

El certificado reza lo siguiente:

El suscrito jefe del departamento de ahorro y crédito de la Cooperativa de Trabajadores de Avianca “Coopava”

Hace constar:

Que la señora Elda Sanabria Camelo, identificada con cédula de ciudadanía 41.582.380 de Bogotá y registro interno 01-858185 Loc-Jub-Bog, es asociada activa de esta cooperativa y durante los años 1993 a 1996 le fueron concedidos los siguientes préstamos

Año 1993: $ 1.550.679

Año 1994: $ 543.669

Año 1995: $ 1.035.784

Año 1996: $ 1.986.374.

Adicionalmente, acorde con el pagaré del que se hizo mención, fechado 15 de agosto de 1997, la señora Sanabria Camelo se comprometió a pagar la suma de $ 2.302.036, en 36 cuotas mensuales y cumplió con la obligación. Certificado y pagaré que no obstante haberse aportado al plenario, no demuestran su relación con la detención del señor Ferro, sin perjuicio de que el daño patrimonial habrá de ser reparado.

4.2. Consideraciones generales.

A pesar de que tanto la doctrina como la jurisprudencia enfocan la cuestión relativa al deber de indemnizar en los casos de privación de la libertad del inocente desde la perspectiva de la legalidad, la Sala se permite recordar que los más recientes desarrollos jurisprudenciales remiten a la Constitución su fuente principal y directa. Esta perspectiva, por lo demás, invita a considerar el concepto de injusticia, no desde la perspectiva formal de conducta de la administración, sino desde la material del daño desproporcionado, que el afectado no tenía que soportar y el consecuente desequilibrio en las cargas públicas. La antedicha manera de entender la exigencia constitucional de reparación del daño antijurídico se describió, como sigue, en sentencia de 12 de diciembre de 2013, cuyo contenido se cita in extenso(7):

“La Constitución Política, fiel a la filosofía liberal que la inspira, consagra un modelo de Estado que tiene su pilar fundamental en la inviolabilidad de la dignidad humana y a la libertad como uno de sus valores fundantes (preámbulo) y como principio normativo básico (art. 1º).

Lejos de ser un enunciado vacío o meramente desiderativo, la dignidad humana es un principio material plenamente vinculante y con un contenido que no se puede desconocer sin desnaturalizar por completo el sistema jurídico. En esencia, el reconocimiento de la dignidad consiste en la aceptación de una diferencia radical entre la condición personal del ser humano y la simple condición de cosa. La dignidad de la persona comporta, en efecto, su inviolabilidad e indisponibilidad, el poseer una eminencia que lo pone más allá de todo precio, un valor por encima de toda utilidad. En palabras de Kant, el reconocimiento de la dignidad comporta la aceptación de que la persona es un fin en sí mismo y nunca un simple medio o instrumento puesto al servicio de los fines o intereses de los demás(8). La regla fundamental en un Estado que se dice basado en la dignidad humana como principio basilar será pues, aquel imperativo de tratar siempre a la persona como fin en sí mismo y nunca como medio(9).

El reconocimiento de la eminencia de la persona como ser que es fin en sí mismo y, que por ende, no admite ser reducida a la condición de instrumento está inescindiblemente ligado al respeto de su libertad. Esta complicación dignidad-libertad, cuyo respeto es connatural al Estado de derecho, ha sido puesta de manifiesto en varias ocasiones por la Corte Constitucional la cual, de hecho, ha considerado que la autonomía es uno de los tres lineamientos fundamentales que hacen parte del objeto de protección del enunciado normativo de la dignidad humana(10).

El principio de libertad y autonomía, que como ya se ha dicho está inescindiblemente ligado a la dignidad humana, se desarrolla en un amplio catálogo de derechos o libertades fundamentales, dentro de los cuales se ha de destacar, por el momento, aquella salvaguardia del ejercicio arbitrario de las facultades de detención y el ius puniendi, contenida en el artículo 28 de la Carta Política que reza:

Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

El artículo antedicho comprende por una parte, el reconocimiento de la libertad de la persona y, por otra, la aceptación de que esta puede ser restringida temporalmente (aunque nunca anulada definitivamente, tal como lo sugiere la prohibición de las penas imprescriptibles) en razón de la necesidad social de investigar y sancionar las conductas delictivas. Que el reconocimiento de la libertad física y la previsión de una justicia penal con facultades para restringirla se hallen en la misma norma constitucional no deja de ser significativo y pone de manifiesto que, en el marco del Estado de derecho, el ejercicio de las antedichas facultades no puede entenderse como una prerrogativa omnímoda de las autoridades. Por el contrario, en él, a quien se le confiere la autoridad para restringir la libertad, como salvaguardia del orden social, se lo configura también como garante y guardián de la misma.

Ahora bien, en tanto ejercida por hombres, la existencia misma de la justicia penal conlleva posibilidad de error, ya sea por falta de rectitud del juzgador o por el hecho simplísimo de que la infalibilidad no es prerrogativa humana. Empero, como la convivencia social sería imposible sin la existencia de la función jurisdiccional, los titulares de esta última están obligados a adoptar medidas tendientes a i) minimizar los posibles escenarios de privación innecesaria e indebida de la libertad y ii) reparar el daño causado, a quien fue detenido injustamente.

El primero de estos deberes se cumple mediante la sujeción rigurosa a principios de presunción de inocencia, favorabilidad, defensa e in dubio pro reo, así como los de necesidad y excepcionalidad de las medidas de aseguramiento en la etapa de investigación. El segundo da lugar a un deber de indemnizar y reparar, al margen de las conductas de las autoridades comprometidas en la imposición de la medida.

Señala al respecto el artículo 90 constitucional:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

Vale recordar los debates al respecto en la asamblea constituyente:

Hay varias novedades dentro de este inciso, varias novedades que vale la pena resaltar por la importancia que tiene, el primero: el de que allí se consagra expresamente la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, en una norma de carácter positivo y de jerarquía constitucional, estamos hablando de los daños antijurídicos, y con esto, vale la pena que la comisión lo tenga en cuenta, porque en esta materia puede considerarse que nuestra propuesta es audaz, tradicionalmente, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado que han venido construyendo nuestros tribunales, como ya lo mencioné, se ha elaborado a partir del juicio que se hace sobre la conducta del ente público, primero estableciendo que si esa conducta podía calificarse de culpable habría lugar a la responsabilidad, luego se fue tendiendo un tanto más a noción de falla en el servicio, que es la que actualmente prima entre nosotros, la falla en el servicio es toda, pues en términos muy generales, es toda conducta de la administración que sea contraria al cumplimiento de su obligación en los términos establecidos por la Constitución y por la ley, lo que nosotros proponemos es que se desplace el centro de gravedad de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la conducta antijurídica del ente público a la antijuridicidad del daño, de manera que con esto se amplía muchísimo la responsabilidad y no queda cobijado solamente el ente público cuando su conducta ha dado lugar a que se causen unos daños, sino cuando le ha infringido alguno a un particular que no tenga porqué soportar ese daño(11).

Dado que en el nuevo paradigma constitucional la determinación de la responsabilidad estatal no depende de la pregunta por la ilegitimidad de la actuación estatal o culpa del agente que la ejecuta sino de la interrogación sobre qué afectaciones del derecho deben ser soportadas por quien las padece y relación causa a efecto entre estas y la acción u omisión de la administración, se impone que para la determinación de la naturaleza de la responsabilidad estatal por privación de la libertad se plantee previamente la pregunta de cuándo una persona está en la obligación de soportar una medida restrictiva de su libertad. Dentro del marco axiológico de un Estado de derecho, la única respuesta admisible es que alguien está obligado a soportar la restricción de la libertad cuando esta ha sido impuesta como consecuencia de una acción libre antecedente, esto es, como medio de contención al delito. Tratándose de una pena efectivamente subsiguiente al delito, la restricción indeseada de la libertad, no entra realmente en pugna con la autonomía y la dignidad del hombre sino que de cierto modo, es consecuencia de ellas. Siguiendo, nuevamente a Kant, se puede decir que lo que realmente ha sucedido es que lo que el delincuente recibe en forma de coacción lo que es la contracara de su acción libre.

Como se ve, en estos casos, la pena se reputa justa y, con razón, no contradice al principio de dignidad; puesto que no parte de una disposición arbitraria del bien jurídico de la libertad por parte del Estado, sino que, por el contrario, se aviene al delincuente como consecuencia de su autonomía, de modo que, en cierta forma, es exigida por su misma dignidad. No sucede lo mismo cuando la pena o la medida de aseguramiento no pueden correlacionarse de alguna manera, con acto originario de la libertad. En efecto, incluso cuando la privación de la libertad no provenga de la arbitrariedad estatal, en el caso concreto se hubiesen seguido sin éxito todas las reglas de la prudencia encaminadas a evitar el error, negar la injusticia de la detención de quien no es culpable supone asumir que, de alguna manera, la autonomía y el propio ser de la persona en cuestión se hallaban a disposición del Estado. Aceptar que el Estado no comete injusticia al disponer de la libertad de las personas significa, empero, aceptar que la libertad no es derecho y condición preexistente ontológicamente a la asociación sino mera concesión del poder(12). El todo social es, desde esta perspectiva, el titular de todos los derechos y su gracioso dispensador. Nadie puede reclamar nada al Estado, porque no hay nada anterior a él. Claramente no es este el Estado de derecho.

A riesgo de caer en repeticiones, hay que insistir. La suposición de que el bien de la sociedad justifique el sacrificio de la libertad del inocente, es en sí misma una instrumentalización de la persona en favor de la sociedad, incompatible con afirmación básica del carácter del hombre como fin en sí mismo. Por otra parte, la aceptación de que una persona pueda hallarse efectivamente obligada a soportar la restricción de la libertad siendo inocente, es claramente incompatible con la afirmación del principio de igualdad que tiene carácter de rector y fundante en toda sociedad. En efecto, cuando se afirma que alguien tiene que soportar eventualmente el sacrificio de sus libertades, como consecuencia de que el error o los fallos del sistema penal son un riesgo necesario para el buen funcionamiento de la sociedad, lo que realmente se está diciendo es que algunas personas tienen el deber de asumir todo el “riesgo”, mal funcionamiento de la administración del justicia, en tanto que otros no han de ver jamás limitada su libertad.

Por las razones antedichas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha abandonado enfáticamente la tesis según la cual, salvo en el caso de desviación manifiesta de la administración judicial, la eventualidad de ser privado de la libertad se encuentra comprendida dentro de las cargas públicas que todo ciudadano debe soportar. Recuérdese en este sentido lo manifestado por esta corporación en sentencia de 4 de diciembre de 2006:

... La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria solo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades— deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva, mal entendido— interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación.

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(13).

Por lo anterior, dado que la privación de la libertad no subsiguiente a un delito efectivamente cometido nunca puede reputarse como una obligación que el asociado deba soportar, se sigue que en todos los casos en los que la razón de la condena no obedezca a la culpabilidad probada lo procedente es reparar el daño antijurídico, tal como lo dispone el artículo 90 constitucional.

Se ha de insistir, por lo demás, en que el deber de reparación por privación injusta de la libertad es una exigencia constitucional directa y no derivada por ende de una previsión legal (v. gr. D. 2700/91, art. 414) o jurisprudencial. Esto no solamente queda patente en el hecho mismo de que conceptualmente es imposible no excluir a la privación de la libertad del inocente de la categoría conceptual del daño antijurídico, sino también por la consideración de la voluntad del constituyente, a la luz del método histórico de interpretación. En efecto, al examinar los proyectos y ponencias presentados en la Asamblea Nacional Constituyente, se advierte una preocupación seria por reparar las consecuencias de la pérdida de la libertad por error judicial. Al respecto es diciente lo manifestado por la constituyente Helena Herrán de Montoya, el día 7 de marzo de 1991, en la exposición de motivos de un artículo cuyo texto es similar en lo sustancial al actual artículo 90 de la Constitución:

Desde hace ya mucho tiempo en Colombia se admite la responsabilidad del Estado, y la más acogida jurisprudencia y doctrina han hecho ingente esfuerzo interpretativo para hallar el arraigo normativo de esa responsabilidad en el artículo 16 de la Carta vigente.

Con todo, esa misma jurisprudencia ha descartado de plano la obligación del Estado de salir a garantizar indemnización a quienes han sufrido daños por actos de los jueces, incluso en situaciones tan aberrantes como las que reciben el nombre de error judicial; personas que han padecido el viacrucis de un proceso, el oprobio de la detención en nuestras cárceles, la infamia de una sentencia condenatoria y al cabo del tiempo han probado su inocencia.

De ahí que es de capital importancia que desde la Constitución misma se consagre en forma expresa la responsabilidad, extendiéndola a todos los servicios y funciones estatales, pues si quien es víctima, por ejemplo, del atropellamiento ocasionado por un vehículo cuyo conductor es empleado oficial y está ebrio tiene derecho a indemnización y en ello todos concordamos, con mucha mayor razón debe repararse el daño sufrido por quien es víctima del funcionamiento del servicio de justicia.

Aunque muchas constituciones traen una norma expresa para el error judicial o para la administración de justicia en general, consideramos más técnico que un solo artículo se consagre la responsabilidad del Estado por todas sus actividades, del modo que se hace por ejemplo, en la Constitución española (“los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, art. 106 , segundo apartado), y en la uruguaya (“el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”, art. 24).

Es una verdad a gritos que en Colombia reina la impunidad más absoluta. Y sin embargo, cuando se produce una condena, no siempre se logra el acierto y de ahí que nuestra historia judicial registre casos extremadamente dolorosos como relata, entre otros, el profesor Carlos H. Pareja.

Colombia está en deuda con la verdadera justicia, y la presente es la más propicia ocasión para ponerse al día(14).

Por lo demás, el artículo 94 de la Carta también incorpora al orden constitucional lo enunciado en los tratados y convenios de derecho internacional ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. Esto no deja de ser significativo, puesto que la reparación de la detención injusta está explícitamente reconocida como componente del derecho a la libertad, por el numeral 5º del artículo 9º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos”.

4.2.3. La responsabilidad estatal en los casos de absolución fundada en el principio in dubio pro reo.

Los argumentos aportados hasta el momento permiten concluir que en ningún caso la detención del inocente puede considerarse dentro de las cargas públicas que los asociados estén obligados a soportar. La existencia de una prolongada polémica sobre la relevancia jurídica de la distinción entre las sentencias absolutorias por inocencia probada y por duda, obliga, sin embargo, a plantearse el problema de cuándo una persona se puede reputar inocente y, por lo tanto, no obligada a soportar medidas altamente restrictivas de la libertad, máxime cuando en el sub lite la defensa se ha centrado, básicamente, en la consideración de que la sentencia absolutoria se fundamenta en la duda sobre la participación de los hoy demandantes, en una operación de tráfico internacional de drogas, mientras que los demandantes y apelantes, por su parte, niegan que la ratio decidendi de las sentencias de la jurisdicción penal se encuentre, efectivamente, en el mencionado principio y, por otra, desestiman el eximente de responsabilidad utilizado, además de denunciar expresamente el recurso generalizado por parte de las autoridades a la invocación de la duda, para eludir el deber de reparar, en casos en los que el acervo probatorio ofrece suficiente claridad para declarar probada la inocencia.

4.2.3.1. Delimitación del problema jurídico: in dubio pro reo nominal y real.

Antes de entrar a examinar el problema directamente concerniente al valor jurídico de la absolución por in dubio pro reo, es conveniente recordar que, según jurisprudencia reiterada de esta corporación, la mera alusión al mencionado principio en la parte motiva en la providencia que absuelve o concede la libertad, no la configura, necesariamente, como una decisión adoptada en virtud de la duda.

En efecto, tal como lo ha manifestado la Sala en otros casos, la invocación del principio in dubio pro reo se ha de reputar meramente nominal cuando de la lectura del fallo se puede colegir que, a pesar de la mención de tal principio, la ratio decidendi se encuentra en la ausencia, debilidad o inconsistencia de las pruebas que sustentan la acusación en la conducta o en el hecho de haber sido las mismas efectivamente desvirtuadas, durante el proceso. Por lo demás, incluso en este supuesto, la apelación al principio in dubio pro reo solamente podría considerarse relevante en los casos en los que la duda sea jurídicamente aceptable, esto es, en los que la doctrina ha llamado duda razonable. Recuérdese, al respecto, lo sostenido en por esta corporación en sentencia de 29 de agosto de 2013:

(...) si bien es dable sostener diversas posturas sobre la naturaleza de la responsabilidad estatal, en el caso de las absoluciones proferidas en virtud del principio in dubio pro reo, esta polémica no se refiere a todos los casos en los que el juez o el fiscal invocan la duda en sus decisiones, sino únicamente a aquellos en los que efectivamente cabía la duda, al punto que no procede sino absolver al acusado.

Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que la duda, en cuanto estado subjetivo de la conciencia, no puede ser criterio de determinación de la responsabilidad penal o estatal. Es que en su subjetividad el juez puede llegar a dudar por cualquier motivo, sólido o débil. La mera acusación o la actitud personal del sindicado pueden ser suficientes para generar duda en un juzgador, mientras que en otros casos, quien decide exigirá que una y otras sean reforzadas. Por lo tanto, si la existencia de la duda fuera criterio suficiente de la responsabilidad penal, civil o estatal, los sujetos sometidos a juicio quedarían enteramente a merced de la subjetividad o el grado de suspicacia del juez, esto es, a un factor absolutamente subjetivo y arbitrario.

Siendo así, cabe precisar que la duda per se no es criterio de responsabilidad, pero que sí lo son los datos objetivos en los que la misma se sustenta. Esto porque de su grado de respaldo en datos externos depende que alcance el calificativo de razonable. En el caso de la responsabilidad penal, como se sabe, el umbral de la decisión lo marca el abandono o la presencia de la duda razonable, es decir, tratándose de casos en los que se discute la punibilidad de un acto, es menester que la culpabilidad esté comprobada de tal modo que una afirmación en contrario resulte descabellada. Se necesita, pues, que la explicación más probable del acto sea la de la comisión del delito y que las razones exculpatorias sean significativamente improbables.

Así las cosas, se entiende que hay casos en los que existiendo pruebas sólidas sobre el hecho delictivo y la participación del reo, las mismas se contrastan con otras de igual peso que, en conjunto, impiden afirmar que la hipótesis sobre la comisión del hecho se sitúa más allá de toda duda razonable. En estos casos, la contundencia de las pruebas en uno y otro sentido simplemente impiden arribar a un juicio certero sobre lo ocurrido y en consecuencia, la duda razonable inclina la balanza a favor del acusado.

En otros casos, la duda del juez se asienta sobre fundamentos menos sólidos, uno de los cuales puede radicar en el hecho de que la acusación no haya sido desvirtuada por completo por la defensa, a pesar de que no existan pruebas consistentes sobre el hecho criminal. En este caso, la duda subjetiva del juez no se puede considerar razonable y, por lo tanto, está excluida de los supuestos de aplicación real del principio in dubio pro reo por la simplísima razón de que no pasa de ser un estado psicológico, no fundamentado y, en consecuencia, sin sustento. Sostener lo contrario implicaría aceptar que el acusado tiene el deber de desvirtuar una presunción de culpabilidad en su contra, lo cual contradice el pilar de su inocencia que sostiene la legitimidad del Estado en materia criminal(15).

4.2.3.2. El derecho del sindicado a la no apelación a la duda cuando no existen motivos racionales para predicarla.

Después de haber establecido que no toda decisión que invoca el principio in dubio pro reo, puede reputarse auténticamente adoptada en virtud del mismo, la Sala considera pertinente reiterar que la equivocidad causada por su uso meramente nominal, en casos en los que no hay lugar para la duda razonable, no se compagina con las exigencias de la dignidad humana. Sobre lo anterior vale la pena recordar lo establecido en la sentencia antes citada:

(...) la Sala aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre la irregularidad que comporta la invocación meramente nominal del principio in dubio pro reo. En efecto, aunque en la práctica la sentencia absolutoria por la demostración de la inocencia o por la ausencia o debilidad probatoria puedan tener la misma virtud absolutoria que la sentencia auténticamente proferida en virtud del principio in dubio pro reo, no ocurre lo mismo respecto del impacto que el fallo pueda tener en el buen nombre del absuelto y en el éxito de la posible acción de reparación.

Sobre lo primero, hay que notar que los derechos fundamentales al buen nombre y a la verdad exigen que el juez no declare la existencia de duda razonable (que es a la que realmente se refiere el principio in dubio pro reo), cuando lo que realmente ocurre es que se ha demostrado la inocencia o que la hipótesis sobre la culpabilidad se sustenta en pruebas endebles o simplemente carece de ellas. Así el estigma social causado por la acusación de alguna manera persiste, perpetuando una situación de sospecha continua, lesiva de los derechos fundamentales(16).

4.2.3.3. La procedencia de la responsabilidad estatal en los supuestos de in dubio pro reo real.

Una vez establecido que el debate sobre la configuración de la responsabilidad estatal, en las absoluciones que apelan al principio in dubio pro reo, se circunscribe únicamente a los casos en los que la ratio decidendi de la decisión efectiva y realmente se funda en una duda razonable. Es menester, entonces, examinar hasta qué punto los casos subsumibles dentro de este supuesto pueden considerarse menos generadores de responsabilidad estatal.

Como es sabido, sobre este particular la jurisprudencia y la doctrina han sido divergentes durante años. Sin embargo, a medida en que se ha ido profundizando en las exigencias de reparación directamente emanadas de la Constitución, la conclusión sobre la necesidad de reparación en estos casos se consolidó, hasta convertirse en postura uniformemente aceptada por esta corporación.

En este sentido, se destaca la postura de unificación adoptada recientemente por la Sala Plena de esta sección en sentencia de 17 de octubre de 2013, sobre la responsabilidad estatal en el caso de una persona privada de la libertad y luego absuelta en aplicación del in dubio pro reo:

(...), si se atribuyen y respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad —cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto—, resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo haya sido un proceder ajustado o contrario al derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente —en todo sentido— que en el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial al individuo.

Y se habrá causado un daño especial a la persona privada preventivamente de su libertad y posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de este daño redundará en el beneficio de la comunidad —interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la administración de justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias—, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquella persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención preventiva, y por lo tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad de las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento del derecho que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional(17).

Las razones que motivan la consolidación de la postura jurisprudencial sobre la irrelevancia de la razón de la absolución en la determinación de la responsabilidad por privación de la libertad son contundentes. Por una parte, como se ha dicho, la Constitución misma contiene un mandato imperativo de reparación del daño fundada en la antijuridicidad y desproporcionalidad del daño impuesto a la víctima. Ciertamente, en algunos casos, la razón de la antijuridicidad se desprende de una falta o conducta irregular (nadie está obligado a soportar las consecuencias de la culpa de otro), pero en otros, la gravedad misma del daño y la intangibilidad del bien jurídico afectado obliga a excluirlos del conjunto de las restricciones y cargas públicas que los asociados tienen el deber de soportar en procura del bien común. En segundo lugar, los principios de buena fe y presunción de inocencia, concretados en el in dubio pro reo, son del todo antitéticos con la postura que niega la procedencia del reconocimiento de los perjuicios, en aquellos casos en los que no obra certeza alguna sobre la inocencia o culpabilidad de los privados de la libertad.

En efecto, afirmar que la absolución por duda no genera responsabilidad patrimonial del Estado, implica, de algún modo, que ante la jurisdicción contenciosa a los asociados no les basta con acreditar su absolución sino que, adicionalmente, les corresponde probar positivamente su inocencia. Postura esta que, desde luego, resulta diametralmente incompatible con el núcleo duro del principio de presunción de inocencia pues, por definición, aquello que se presume no requiere ser probado. No existe, por otra parte, asidero constitucional que permita sostener que el ámbito de aplicación de la presunción de inocencia está circunscrito únicamente al proceso penal, mientras que en otros terrenos procesales vale exigir al asociado que desvirtúe una presunción tácita de culpabilidad. Por el contrario, amén de que la presunción de inocencia es un principio de aplicación general, el artículo 83 de la Constitución Política establece claramente que la buena fe se ha de presumir siempre en las actuaciones de los particulares frente al Estado.

La denegación de la reparación del daño causado al detenido y absuelto, en razón de la persistencia de dudas sobre su participación, contradice, por lo demás, el principio que condiciona el deber de soportar la carga pública de la detención a la realización de un acto delictual. En efecto, la existencia de dudas, incluso fundamentadas, no guarda relación directa con la inocencia de la persona, sino que depende de factores externos a la conducta del acusado. Más aún, en algunos casos la inocencia simplemente no puede ser probada positivamente, bien por la naturaleza del objeto de la acusación (en aquellos supuestos en los que, por ejemplo, el acusado tuviese que demostrar una afirmación o negación indefinida), por la pérdida de las pruebas por circunstancias que escapan al control humano (v. gr. desastres naturales), por la existencia de maquinaciones inculpadoras por parte de terceros o por el hecho simplísimo de que quien comparece al proceso penal no está obligado a probar su inocencia y el Estado no siempre cuenta con el aparato investigativo suficiente para acceder a la verdad de los hechos.

4.2.3.4. Sobre las circunstancias de especial vulnerabilidad de ciertas víctimas indirectas de la detención.

Aparte de lo anteriormente enunciado, la Sala estima pertinente reiterar que la injusticia sufrida por quien es detenido siendo inocente, difícilmente puede considerarse como un daño aislado. Por el contrario, dada la sociabilidad natural del hombre, se entiende que, por regla general, la privación de la libertad incide negativamente en todo el sistema relacional del directamente afectado, dentro del cual, en ocasiones figuran sujetos de especial protección constitucional, como las mujeres embarazadas, los menores de edad, personas de la tercera edad o discapacitados.

Como se sostuvo en sentencia de 12 de diciembre de 2013:

Tradicionalmente se ha considerado el problema de la privación injusta de la libertad desde la perspectiva de la afectación del derecho subjetivo de la libertad, o si se quiere, desde la perspectiva de la afectación de un abanico de derechos subjetivos, que no se reducen a la mera restricción de la locomoción.

La Sala observa, sin embargo, que la privación de la libertad por pena o medida de aseguramiento tiene también consecuencias que trascienden del ámbito meramente individual. Para empezar, ordinariamente la pena privativa de la libertad incide en la dinámica relacional y económica del núcleo familiar del directamente afectado. En efecto, la privación de la libertad de uno de sus miembros usualmente tiene incidencia en la disminución de los ingresos familiares, la alteración de la relación entre sus miembros (en términos psicológicos una familia es un sistema afectivo, por lo que la afectación de uno de sus integrantes incide en la vivencia familiar en general), y en el detrimento de la percepción social de los demás miembros de la familia. Las consecuencias de la privación injusta de la libertad en el ámbito familiar revisten, por lo demás, una especial connotación de antijuridicidad cuando se ciernen sobre menores de edad, más vulnerables, dependientes de sus padres y frente a quienes la garantía de no perturbación arbitraria de la vida familiar debería estar reforzada, tal como lo reconocen los artículos 44 y 45 de la Constitución Política y la Convención sobre los derechos del niño. En este sentido la Sala advierte que la razón de antijuridicidad de la detención del inocente aumenta en todos aquellos casos en los que la víctima tiene a su cargo el cuidado de niños o adolescentes.

Igualmente, se puede advertir que la detención injustificada de una persona tiene aptitud perturbadora de las dinámicas de otros grupos sociales. Así, por ejemplo, la privación de la libertad de alguien podría eventualmente alterar gravemente el funcionamiento de un sindicato o asociación, de una empresa o simplemente el cumplimiento de compromisos contractuales del detenido(18).

Por una parte, no desconoce la Sala que a pesar de que no se trata de un estado patológico, el embarazo es un periodo de la vida de la mujer caracterizado por grandes cambios y vulnerabilidad. Como bien lo han notado, Slade, Sadler, Cohen y Miller, “(e)l embarazo no es un tiempo ordinario en la vida de una mujer. En ningún otro momento de su vida experimentará cambios semejantes en un periodo tan breve, ni la naturaleza y calidad de sus adaptaciones tendrán repercusiones tan duraderas para su salud física y mental y la de su hijo. Por una parte, es un periodo de transición, transformación en el que la reorganización es una esperanza y una posibilidad, pero por otro lado es un tiempo de potencial desorganización”(19).

A las anteriores consideraciones, sobre la especial fragilidad que intrínsecamente comporta el estado de embarazo, se suma una consolidada tendencia social a la discriminación a la mujer que lo afronta, al punto que, tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el orden constitucional interno, adoptan medidas efectivas de protección a favor de las mujeres embarazadas y lactantes, a quienes se ha considerado un grupo de especial vulnerabilidad. Recuérdese, al respecto, lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia de 22 de julio de 1998:

(...) En desarrollo de los postulados del Estado social de derecho, la Constitución ha considerado que la mujer en estado de embarazo, conforma una categoría social que, por su especial situación, resulta acreedora de una particular protección por parte del Estado. En consecuencia, se consagran, entre otros, el derecho de la mujer a tener el número de hijos que considere adecuado (C.P., arts. 16 y 42); a no ser discriminada por razón de su estado de embarazo (C.P., arts. 13, 43 y 53), a recibir algunos derechos o prestaciones especiales mientras se encuentre en estado de gravidez (C.P., arts. 43 y 53); y, al amparo de su mínimo vital durante el embarazo y después del parto (C.P., arts. 1º, 11, 43). Adicionalmente, la especial protección constitucional a la mujer en embarazo se produce con el fin de proteger integralmente a la familia (C.P., art. 42)(20).

La especial vulnerabilidad de la madre se predica también de su hijo en gestación, a quien la jurisprudencia de esta corporación ha reconocido plenamente su capacidad para ser sujeto de perjuicio moral y su susceptibilidad al estrés emocional padecido por su madre. Tal como lo estableció la Sala en sentencia de 18 de enero de 2012:

(...) la ciencia, ha explicado que la exposición de la mujer en embarazo a altos niveles de estrés, produce alteraciones serias en el feto y en el niño, tales como enfermedades físicas y neurológicas, ansiedad, depresiones y problemas en el aprendizaje y en el desarrollo sicológico y social del ser humano.

(...).

Ahora bien, de conformidad con nuestra Constitución - artículo 44, la menor tenía derecho a que la sociedad y en especial las autoridades, de conformidad con el artículo 2º ibídem, le garantizaran sus derechos fundamentales, principalmente el tener un padre dentro de su núcleo familiar, no ser separada de él y gozar de su cuidado y amor, de lo cual dependía, a su vez, la integridad física y sicológica de la menor, así como la calidad de su educación, aspectos de vital importancia para la menor y para la sociedad colombiana que cuenta un alto porcentaje de familias monoparentales, debido a diferentes factores, tales como el altísimo margen de madres solteras, en su mayoría adolescentes, separaciones conyugales o divorcios y fallecimiento de uno de los padres, un gran número por muerte violenta, situaciones que conllevan la ausencia de uno de los progenitores, generalmente del padre.

Así mismo, la jurisprudencia contencioso administrativa, no ha sido ajena a los factores anteriormente expuestos ni a la protección del que está por nacer o hijo póstumo, por el contrario, es reiterado el precedente jurisprudencial que reconoce el perjuicio causado en cabeza del nasciturus, no solo el perjuicio material sino, también, el de carácter moral. Es así como la Sala ha reconocido la existencia de daño moral aunque la demandante no había nacido para el momento de ocurrencia de los hechos generadores de la muerte de su padre; ha dicho que al momento de la ocurrencia del hecho dañoso aun cuando la actora era nasciturus no se puede desconocer, como lo enseña la vida social y la experiencia humana, que el suceso de muerte del progenitor priva a la menor de las condiciones fundamentales de crecimiento, desarrollo personal y sentimental, en tanto carecerá, a lo largo de su vida, de la figura paterna para recibir de él afecto y la dirección necesarios para el normal desenvolvimiento de un ser humano (...). Esta postura de la Sala, se ha desarrollado desde el año 1989, en forma reiterada y sin variaciones y merece ser reiterada en esta oportunidad, pues la niña al privarse del derecho a tener un padre, como ya se dijo, se expondrá a afecciones de índole sicosociales al punto que sus roles vitales y sus proyectos se verán afectados”.

En igual sentido, se reitera la postura de la Sala según la cual los menores, en razón a su minoría de edad no son sujetos ajenos al daño moral, pues, tratándose de aflicción, angustia o daño moral propiamente dicho, la mayor o menor ausencia de conciencia o de conocimiento racional de una situación no afecta tal causación y condigno reconocimiento, porque lo cierto es que son precisamente los menores los que en un núcleo familiar, con mayor intensidad padecen o se benefician moralmente de las condiciones de su entorno, pues los infantes como ningún otro sujeto son receptores y perciben con mayor agudeza y padecen hasta inconscientemente los rigores de las calamidades familiares y así sucede, por ejemplo, cuando aquellos pierden la oportunidad de gozar o continuar gozando de la protección, el apoyo o las enseñanzas ofrecidas por su padre, o cuando su cercanía a este les facilitaba, dadas sus especiales condiciones profesionales o de otra índole, el acceso a ciertos círculos sociales y el establecimiento de determinadas relaciones provechosas, que, en su ausencia, resultan imposibles(21).

La decisión anteriormente citada permite, por lo demás, aceptar la especial gravedad del daño moral inferido a los hijos menores de edad de quienes son detenidos. Al respecto, esta corporación hace eco de los estudios sobre la problemática social que representa la situación de los hijos de la población carcelaria. Algunos de estos estudios son bastante dicientes sobre la necesidad de volver la vista hacia este grupo social “invisible” para la mayor parte de los responsables de la política y la justicia criminal. Así, por ejemplo, Robertson, explica:

A menudo se describe a los hijos de madres/padres encarcelados como las víctimas olvidadas del encarcelamiento. Cuando una madre o padre va a la cárcel, sus hijos se ven afectados, por lo general, de forma negativa. No obstante, estos efectos rara vez son considerados en los procesos de justicia penal, durante los cuales —en cambio— la atención se enfoca en determinar la culpabilidad o inocencia de una persona y en castigar a quienes infringen la ley. Al no tomar en cuenta a los hijos de las madres y los padres encarcelados ni hablar con ellos a lo largo de todas las etapas del proceso de justicia penal —desde el arresto, pasando por el juicio, el encarcelamiento y la liberación, hasta la rehabilitación y reinserción en la comunidad— se están ignorando, cuando no activamente perjudicando, los derechos, necesidades y mejor interés del niño o niña.

Tras el encarcelamiento de su progenitor(a), los niños probablemente tendrán que asumir nuevos papeles en el hogar a fin de apoyar en las labores domésticas y en lo emocional y económico a otros miembros de la familia. La relación con su madre/padre encarcelada/o y las relaciones con otras personas de su entorno se verán por lo general afectadas. Tal vez tengan que mudarse de barrio, de casa o de escuela a causa del encarcelamiento materno/paterno. Más, en general, los sistemas de justicia penal en todo el mundo aún no reconocen estos impactos. Muchos de ellos no registran la información sobre los hijos de los presos, a veces ni siquiera en relación a si la persona encarcelada tiene o no hijos. Se han hecho algunos esfuerzos por compensar estas fallas pero principalmente a nivel individual o local, más que haber cambios en los procedimientos y estructuras oficiales hacia colocar los intereses de los niños en el centro de todas aquellas cuestiones que del contexto carcelario les afecta.

Esta negación de los intereses de los niños y niñas de madres y padres encarcelados por parte de autoridades e instituciones es una consecuencia previsible de los sistemas judiciales “centrados en los principios de ‘justicia’ y ‘responsabilidad individual’”. Poner el foco en el delincuente significa que las personas en torno a este serán por lo general ignoradas, desde el momento del arresto hasta después de la liberación. Los policías tal vez no toman en cuenta el impacto que un arresto a altas horas de la noche tendrá sobre los hijos del sospechoso o sospechosa, a pesar de que para los niños es una experiencia traumática y aterradora. Al dictar sentencia, los jueces rara vez toman en cuenta las responsabilidades maternas/paternas del acusado o acusada. Las estructuras físicas y regímenes de la cárcel están diseñados sin sopesar el impacto que tendrán sobre los visitantes más pequeños; por ejemplo, comúnmente se trata de instalaciones remotas e inaccesibles que son inapropiadas para los niños. El regreso de una madre o un padre a la familia al salir de la cárcel es un reto para todos los involucrados; no obstante, rara vez se da a los presos y a sus familias el apoyo que necesitan durante este cambio tan grande que puede ser tan perturbador como lo fue el mismo encarcelamiento(22).

En igual sentido, Techera, Garibotto y Urreta consideran víctimas secundarias a los hijos de los encarcelados:

Consideramos victima secundaria a quien(es) reciben un daño indirecto a partir de una situación en la que no han tenido parte. En este caso se considera la situación de privación de libertad de un padre, afectando las vivencias y el desarrollo de su hijo/a. En primer lugar la victimización secundaria refiere a la que produce la necesaria intersección entre un sujeto (en este caso el niño/a) y el complejo aparato jurídico penal del Estado que lleva a la encarcelación de su padre. Esto conlleva a la separación forzada del padre y sus hijos/as sin que el niño/a mantenga una intervención directa en la misma, disminuyendo las posibilidades de comprensión del hecho. Esta situación asociada a edades más tempranas se agudiza. La imposibilidad de convivencia y por ende, de compartir una cotidianeidad organizada en torno a actividades, responsabilidades, sufrimientos, momentos gratificantes y anhelos, sin duda afecta la representación subjetiva del hijo/a respecto al rol paterno como estructurador de su identidad. Si bien no se trata de una separación permanente, sí requiere, especialmente de parte del niño/a un esfuerzo cognitivo y afectivo importante en el momento de estructurar y desestructurar esa cotidianeidad trasladada a los espacios de la visita, meta que si no logra alcanzar provocaría una ambivalencia entre el contenido manifiesto de satisfacción por el encuentro y el latente de angustia y frustración.

(...).

Cabe reflexionar sobre todos estos aspectos, en la medida que lejos de ser experiencias de cotidianeidad familiar, adquieren un contenido significativo para los niños y niñas en desarrollo, y por lo tanto actúan como aprendizajes que se incorporan a sus vidas. En la medida que estas situaciones adversas se naturalizan tempranamente, irían generando una forma distorsionada de ver el mundo a partir de esas experiencias y vivencias (Montero, 2004), en las que la invasión del espacio personal es natural, el ocultamiento o no compartir sentimientos o expresar contenidos de dolor, carencia, angustia y soledad, se establecen como mecanismos habituales para hacer sentir mejor al ser querido y a sí mismos.

Finalmente, es importante lo que lateralmente surge a partir de este estudio, que es la estigmatización del niño/a por extensión de la que ya se produce en torno a su padre por su condición de preso. Sin duda es un daño mayor e indirecto las representaciones sociales que se establecen a partir de esta situación, marcadas fuertemente por el prejuicio (Rodríguez, 1996), que puede llevar a la discriminación, afectando sus derechos básicos y las consecuencias que ello tiene. El niño/a comúnmente se encuentra inhibido de manifestar la situación que vive respecto a su padre privado de libertad, aunque en algunos casos pueda provocar un comportamiento reivindicativo y desinhibido, en el que el padre preso aparece como una “figura modelo” en el esfuerzo por mantener la figura modélica del padre. El profundizar en estos aspectos permitirá comprender cómo los procesos sociales de representación (prejuicios, estigmas) se encarnan como procesos individuales y cómo el estigma y el prejuicio pueden ser aprehendidos por el sujeto (en este caso el hijo/a) y adoptados como actitud de vida (Marín-Baró, 1998)(23).

Ahora bien, dado que, según se ha visto, tanto la mujer embarazada o lactante y los niños son sujetos de especial vulnerabilidad y, consecuente protección, se colige que las situaciones que afectan sus derechos revisten una especial antijuridicidad material y dan lugar a medidas de discriminación positiva. En efecto, si las consecuencias de la privación de la libertad del inocente se reputan siempre injustas, por la desproporción en las cargas públicas que ellas implican, con mayor razón lo son cuando al sujeto que las soporta la Constitución le ha reconocido un fundado derecho a la mayor protección. O, en otras palabras, si, en términos generales nadie tiene que soportar el riesgo de error inherente a la administración de justicia, con mayor razón los sujetos que dada su particular vulnerabilidad, demandan del Estado particular consideración. Todo lo anterior, desde luego, ha de reputarse relevante en la determinación de la indemnización debida a las víctimas, cuando la detención repercute en un núcleo familiar de las características descritas ad supra.

4.3. Consideraciones sobre el caso concreto.

4.3.1. Sobre los motivos de la absolución.

A pesar de que, según lo visto, el derecho a la reparación de los demandantes no se ve afectado en absoluto por el hecho de que la sentencia haya sido proferida o no en virtud del principio in dubio pro reo, dado que los demandantes han sido insistentes en apuntar que la ratio decidendi de las sentencias penales no es el mencionado principio, la Sala considera pertinente examinar la naturaleza de la decisión. Esto, obedece, por lo demás, a que, como se ha dicho, la apelación meramente nominal a la duda razonable, dentro de los procesos penales, no acaba de ser del todo compatible con la dignidad de los acusados, quienes tienen derecho a que las autoridades penales dejen en claro su inocencia, sin incurrir en ambigüedades que permitan la perpetuación del estigma social y la sombra de duda.

Por lo tanto, la Sala destaca que si bien es cierto que el juez penal de segunda instancia apeló explícitamente a este principio en la motivación de su decisión, lo cierto es que del análisis del fallo se colige inequívocamente que la ratio decidendi fue la absoluta debilidad de las pruebas presentadas en contra de los sindicados, por lo que en el caso concreto se ha de decir que la invocación del principio in dubio pro reo fue meramente nominal.

En efecto, si se revisa el ítem argumentativo del fallo del juzgado regional se advierte fácilmente que este arriba a la conclusión de que procede la absolución, después de establecer que la conducta que la fiscalía encontró reprochable, esto es, no haber revisado el cargamento, no constituye delito ni puede ser consideradas indicio de participación en una conducta delictiva. En otras palabras, el juzgado, afirma tajantemente la inocencia de los actores por no existir ninguna prueba de su supuesta complicidad y no ser de recibo considerar que la omisión de una actividad laboral puede resultar constitutiva de delito. En este sentido, se puede decir que la invocación al principio in dubio pro reo en tres líneas aisladas de la parte resolutiva, no implica reconocimiento real de duda razonable.

Por otra parte, aun admitiendo en gracia de discusión que el fallo de primera instancia se hubiera proferido efectivamente en virtud del principio in dubio pro reo, es claro que el fallo de segunda instancia, que es el que se puede considerar definitivo, no se apoyó en tal principio, sino en la estimación de que los sindicados no estaban obligados a detectar la presencia de droga en las cajas de flores ni, por lo tanto, a evitar su envío.

4.3.2. Sobre el carácter injustificado de la captura por parte de la policía.

Aun cuando, según se ha visto, en el caso concreto no es necesaria la demostración de la falla en el servicio para reconocer la desproporcionalidad del daño y condenar en consecuencia, la Sala no puede dejar de advertir una irregularidad en la captura realizada por la Policía Nacional y en el modo de reportar la misma.

En efecto, del examen del acervo probatorio se puede tener por cierto que los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Ramón Molano Granados y Hernán Medina Ardila no fueron capturados en flagrancia, único supuesto en el que el ordenamiento colombiano admite la detención administrativa, lo fueron sí por inferencias o sospechas de los agentes policiales.

Aparte de lo anterior, cabe destacar que el informe remitido por la policía antinarcóticos da a entender que la captura obedeció a la flagrancia, cuando los mismos testimonios de los agentes intervinientes demuestran lo contrario.

Por todo lo anterior, aunque se condenará a la fiscalía al pago de los perjuicios materiales y morales causados al señor Ferro Sanabria, la Policía Nacional ha pagar al ente acusador el valor correspondiente al tiempo que los acusado permanecieron detenidos antes de que se definiera su situación jurídica.

4.3.1. Sobre la configuración del daño antijurídico.

4.3.1.1. El daño moral.

En el caso sub exámine la Sala tiene por cierto que la prolongada detención a la que fueron sometidos los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Ramón Molano Granados y Hernán Medina Ardila fue causa de profunda aflicción y afectación moral para los detenidos y su núcleo familiar directo. Las pruebas del parentesco y de la cercanía afectiva, allegadas y practicadas en el proceso, permiten inferir el perjuicio moral causado, sin que exista necesidad de prueba adicional. Esto es así porque, en los casos en los que falta la prueba solemne del parentesco (v. gr. madre y hermanos del demandante Ernesto Ramón Molano Granados) la parte demandante probó inequívocamente la existencia de relaciones de familiaridad a partir de las cuales es posible inferir el afecto. Adicionalmente, en la totalidad de los casos se aportaron testimonios sobre el dolor moral padecido por los accionantes que corroboran lo que las reglas de la experiencia permiten deducir.

Expuesto lo anterior, la Sala estima preciso señalar algunas circunstancias especiales observadas en cada uno de los casos:

4.3.1.1.1. Sobre la naturaleza de la relación de familiaridad entre el señor William Javier Ferro Sanabria y sus tías maternas.

La inferencia directa que se hace usualmente respecto del perjuicio moral sufrido por hermanos, hijos y padres del detenido no se puede extender a otros familiares menos directos como tíos, primos o sobrinos, pues en este caso las reglas de la experiencia indican que, en términos generales, el vínculo es menos estrecho. Por lo anterior, en estos casos lo razonable es exigir pruebas adicionales sobre la cercanía de la relación.

Ahora bien, en el caso sub exámine, se demostró la estrecha e íntima relación del señor William Javier Ferrro Sanabria con sus tías, patente en las circunstancias de que conviviera con las mismas antes y después de la detención, que las señalara como referencias familiares en la hoja de vida o el que, tanto, los honorarios profesionales de la defensa como la caución requerida para el reconocimiento de la libertad condicional, hubieran sido cancelados por una de ellas. Todo lo cual confirma lo afirmado por las hermanas Sanabria Camelo, sobre el hecho de haber criado desde pequeño al señor William Javier Ferro Sanabria. Por esta razón, a las antes nombradas se les indemnizará como, acorde con la jurisprudencia, se indemniza al padre de crianza.

4.3.1.1.2. Sobre la especial situación de la señora Doris Stella Díaz Forero, y los hijos menores de edad de los señores Ernesto Molano Granados y Hernán Medina Ardila.

Se observa, por otra parte, los núcleos familiares de los señores Ernesto Ramón Molano Granados y Hernán Medina Ardila, toda vez que en los dos casos, su detención afectó directamente a infantes (la hija menor del señor Molano nació mientras su padre se encontraba en cautiverio y los hijos del señor Medina tenían tres años y un mes respectivamente). Adicionalmente, se observa que la medida causó una profunda perturbación emocional a las señoras Doris Stella Díaz Forero y Doris Edith Sánchez, hasta el punto de causarles complicaciones en el embarazo y la lactancia respectivamente.

Para la Sala es claro que estas circunstancias agravan el daño, en la medida en que en que las repercusiones de la privación de la libertad de un ser querido, para el efecto el cónyuge o compañero, están científicamente comprobado que repercuten en la mujer gestante, en el hijo que espera y en los menores. Repercusión que no tendría que soportar cuando la detención fue injusta. De ahí que para la Sala resulta perentorio, de conformidad a la normativa constitucional e internacional ya señalada disponer una reparación que comporte una medida de discriminación positiva a favor de la gestante y la madre en periodo de lactancia.

4.3.2. Sobre los daños materiales.

En el sub lite está probado que los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Molano Granados y Hernán Medina Ardila siguieron vinculados a sus respectivas empresas durante el periodo de su detención, y que recibieron un salario básico y prestaciones sociales. También consta que, antes de la detención, recibían pagos adicionales por concepto de horas extras y diferencias de horario, los cuales, como es evidente, dejaron de percibir al estar encarcelados.

Ahora bien, mientras que en las demandas presentadas por los señores Molano Granados y Medina Ardila las pretensiones en el orden de los perjuicios materiales se limitan al reconocimiento de la diferencia, entre el salario básico y lo que en promedio recibían antes de la detención, el grupo de demandantes conformado por el señor William Javier Ferro Sanabria ha solicitado el reconocimiento de los daños causados por el pago de los honorarios profesionales a los abogados defensores, el pago de la fianza impuesta al señor Ferro Sanabria, los gastos derivados de su manutención en la cárcel y el perjuicio que supuso la terminación de su relación laboral, después del proceso.

Al respecto se destaca que se encuentra probado que la señora Helda Sanabria Camelo asumió el pago de los honorarios de los abogados que representaron a su sobrino durante el proceso penal y también que, si bien la fianza fue pagada por la misma, el dinero fue devuelto por el juzgado regional. Se hace notar, sin embargo, que la cifra retornada no se actualizó en ningún momento, por lo cual la Sala reconocerá la diferencia, entre el valor actualizado de la caución y lo efectivamente devuelto.

En relación a la manutención alegada, la Sala observa que no se originan en la detención preventiva, en cuanto se trata de los gastos que de todas maneras había tenido que asumir el señor Ferro Sanabria de haber estado en libertad y que, por otra parte, el Estado tenía el deber de asumir durante el periodo de detención.

En lo que tiene que ver con la terminación de la relación laboral alegada por el señor Ferro Sanabria, la Sala no encuentra relación directa entre la actuación estatal y el daño alegado, aunque como lo viene sosteniendo la jurisprudencia se considerará la indemnización por el tiempo que de ordinario, quien es privado de la libertad demora en reiniciar su actividad laboral. Así mismo, se hace notar que los señores Molano Granados y Medina Ardila, continuaron al servicio de las empresas Serdan y Avianca S.A., según consta en los certificados aportados por las mismas

5. Liquidación de perjuicios.

Habiendo comprobado que en el sub lite existen razones para imputar a la Nación los daños sufridos, es preciso fijar la cuantía de los mismos.

5.1. Perjuicios morales.

La parte demandante ha pedido mil gramos oro para el detenido y cada uno de sus hijos. Debe recordarse, sin embargo, que tanto la legislación como la jurisprudencia de esta corporación han abandonado la tasación de los perjuicios morales en gramos oro para, en su lugar, adoptar el equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes al tiempo de la condena(24). Además, habida cuenta de que el daño moral es de suyo imposible de cuantificar por ser este de carácter inmaterial, es necesario fijar el monto de la indemnización valiéndose de la facultad discrecional que le asiste a la Sala en estos casos y de conformidad con los parámetros establecidos jurisprudencialmente(25) i) la indemnización se hace a título de compensación, mas no de restitución ni de reparación(26); ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio y iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

En lo tocante a la privación injusta de la libertad, la subsección había acogido como patrón general y no absoluto que, por cada mes de reclusión se reconocerán cinco salarios mínimos de indemnización, hasta llegar al tope de cien. Este criterio, hay que anotarlo, fue establecido a partir de la consideración del promedio de las indemnizaciones adoptadas por la Sala en decisiones previas, con el fin de encontrar elementos objetivos a partir de los cuales cuantificar lo que de suyo es incuantificable y evitar, hasta donde era posible, el desconocimiento del derecho a la igualdad de quienes se presentan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en circunstancias similares.

En reciente decisión la Sección unificó los criterios indemnizatorios como sigue:

(...) sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos evento, la Sala formula las siguientes reglas de la experiencia que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smlmv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a los 18 meses, el monto de 90 smlmv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv, iv) si fue mayor a 6 meses pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización equivalente a 70 smlmv, v) de igual forma, en tanto la privación de la libertad sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio corresponderá a 50 smlmv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados(27).

Así mismo, se advierte que, según los parámetros de la sentencia unificadora citada ad supra se reconoce al cónyuge, a los padres y a los hijos una indemnización equivalente a la de la víctima directa, mientras que a los hermanos, la mitad.

Se reitera, sin embargo que no se trata de parámetros indemnizatorios, a modo de tarifa legal, sino de criterios generales, derivados de la jurisprudencia precedente y adoptados en consideración a lo que la experiencia indica que sucede en la mayoría de los casos. Ello significa que, tal como ocurre siempre que se trata de aplicar un precedente, el juez bien puede apartarse de lo antes resuelto cuando advierte, en el caso concreto, circunstancias especiales que ameriten reconocer otra cuantía. Así, por ejemplo, en sentencia de 31 de mayo de 2013, esta misma Sala reconoció una indemnización significativamente mayor a la que se seguiría de la aplicación del promedio indemnizatorio anteriormente aplicado, habida cuenta de la especial afectación a la honra y el prestigio profesional que comportó al demandante la privación de su libertad. En esa oportunidad se aclaró:

Sin embargo, desde el momento mismo de la adopción de este criterio, se ha dejado claro que no se trata de una regla absoluta sino de una estimación que opera en ausencia de datos adicionales que permitan conocer de eventuales circunstancias de agravación. En el sub lite, la afectación del buen nombre del señor Buitrago Vargas se entiende como una consecuencia de la detención que le perjudicó de modo especial debido a su calidad de abogado y sus aspiraciones políticas. La Sala nota, por lo demás, que en casos en los que se ha declarado la indemnización por sanciones disciplinarias —y por ende no privativas de la libertad— la cuantía reconocida excede en mucho, la de diez salarios mínimos, correspondientes a la sola privación de la libertad durante aproximadamente dos meses(28).

Las observaciones anteriores son pertinentes por cuanto, aunque según los parámetros cronológicos apuntados por la detención de los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Ramón Molano Granados y Hernán Medina Ardila corresponde una indemnización por cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (tope indemnizatorio ordinario), las circunstancias especiales de las esposas e hijos de los señores Molano Granados y Medina Ardila, amerita aumentar el monto de la indemnización debida tanto a la víctima directa como a su cónyuge e hijos, de modo que cada uno de los integrantes de este núcleo familiar recibirá una indemnización de ciento diez (110) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

También se reitera que, en virtud de la estrecha relación de familiaridad del señor William Javier Ferro Sanabria y sus tías, estas serán indemnizadas como madres de crianza y, por lo tanto, recibirán la misma indemnización reconocida a su sobrino.

Así las cosas las indemnizaciones reconocidas a título de perjuicios morales se liquidan así:

a) Grupo de demandantes compuesto por el señor William Javier Ferro Sanabria y familiares

William Javier Ferro Sanabria100 smlmv
Ligia Sanabria Camelo100 smlmv
Alix Sanabria Camelo100 smlmv
Helda Sanabria Camelo100 smlmv
Stella Sanabria Camelo100 smlmv
Ligia Jenith Ferro Sanabria50 smlmv
Betsy Karen Yepes Sanabria50 smlmv
Yves Helen Yepes Sanabria50 smlmv
Alexis Yepes Sanabria50 smlmv

b) Grupo de demandantes compuesto por Ernesto Ramón Molano Granados y sus familiares

Ernesto Ramón Molano Granados110 smlmv
Doris Stella Díaz Forero110 smlmv
Jhon Alexander Molano Márquez110 smlmv
Nataly Andrea Molano Díaz110 smlmv
Teresa de Jesús Granados de Molano100 smlmv
Teresa Molano de Gómez50 smlmv
José Martín Molano Granados50 smlmv
Eduardo Molano Granados50 smlmv
Amparito Molano Granados50 smlmv
Consuelo Molano de Barragán50 smlmv

c) Grupo demandantes compuesto por Hernán Medina Ardila y familiares

Hernán Medina Ardila110 smlmv
Doris Edith Sánchez Varcárcel110 smlmv
Jonathan Hernán Medina Sánchez110 smlmv
Kimberly Joanna Medina Sánchez110 smlmv
Lerocricia Ardila de Medina100 smlmv
Hernán Medina González100 smlmv
María del Pilar Medina Ardila50 smlmv

5.2. Perjuicios materiales.

Lucro cesante

Los demandantes han pedido el reconocimiento de la diferencia entre el promedio de los ingresos mensuales recibidos en los periodos anteriores a la detención y el sueldo básico recibido durante la misma por los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Molano Granados y Hernán Medina Ardila. Ahora bien, aunque en el expediente hay elementos que permiten tener por cierto que los antes mencionados vieron reducidos sus ingresos mientras estuvieron privadas de la libertad, la información aportada, en cuanto fragmentaria, en algunos casos no permite liquidar lo dejado de devengar. Así, por ejemplo, solamente obran los recibos de algunos de los pagos quincenales realizados por Serdan al señor Ferro Sanabria y no hay ninguno que permita conocer los recibidos por el señor Molano Granados.

Así las cosas, la Sala considera pertinente condenar en abstracto de modo que sea posible recabar una información más completa que permita conocer con certeza el valor de lo dejado de percibir. Por lo anterior, en incidente separado, que deberán promover los interesados dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de notificación del auto que ordene cumplir lo dispuesto por el superior y en los precisos términos previstos en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, deberá cuantificarse la diferencia entre el salario básico percibido por los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Ramón Molano Granados y Hernán Mediana Ardila.

Para lo anterior, se tendrá en cuenta la información parcial consignada en los numerales, 4.1.1.1.1.3; 4.1.1.2.2; 4.1.1.3.2, y 4.1.2.6 de las consideraciones de esta providencia, en los certificados obrantes en los expedientes acumulados y en toda documentación adicional aportada por las partes.

Esto es

i) Los certificados y recibos enviados por las empresas Serdan y Avianca S.A., relativos a los ingresos mensuales de los señores William Javier Ferro Sanabria, y Hernán Medina Ardila (fls. 157 a 166, cdno. 1, Exp. 38481, y 33 a 34, cdno. 7, Exp. 28999, referidos en los puntos 3.1.1.3.2 y 3.1.2.6).

ii) Los contratos de trabajo suscritos por los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Ramón Molano Granados y Hernán Medina Ardila con las empresas Serdan y Avianca, S.A. (fl. 205, cdno. 3, Exp. 28481, 212, cdno. 8, Exps. 28299 y 228, cdno. 8, Exp. 28299).

iii) Los certificados expedidos por las empresas Avianca y Serdan S.A. relativos al tiempo trabajado y los cargos desempeñados por los señores Ernesto Ramón Molano Granados y Hernán Medina Ardila (fl. 51 cdno. 4 y fl. 32, cdno. 7, Exp. 282999).

iv) Todas las demás certificados y testimonios que las partes aporten durante el término del incidente y que permitan inferir cuánto dejaron de devengar los detenidos a causa de su detención.

Por otra parte, como se dijo anteriormente, en el caso del señor William Javier Ferro Sanabria la Sala reconocerá la indemnización correspondiente al periodo que, en promedio, requiere quien recobra su libertad para reiniciar su actividad laboral, esto es, 8.75 meses. Para lo anterior, se tomará como referencia liquidatoria el valor del salario mínimo legal mensual vigente, es decir, seiscientos dieciséis mil pesos ($ 616.000). Así las cosas, se condenará a la Fiscalía General de la Nación a pagar al señor William Javier Ferro Sanabria la suma de cinco millones trescientos noventa mil pesos ($ 5.390.000).

Daño emergente

Se ha comprobado que la señora Helda Sanabria canceló los honorarios devengados por los abogados Edinson Agamez Ordosgoitia, Augusto José Ordosgoitia Arrieta y Humberto Jaimes Arbeláez. La Sala hace notar que mientras que las comunicaciones en las que los señores Ordosgoitia Arrieta y Jaimes Arbeláez están debidamente fechadas, en la remitida por el señor Agamez Ordosgoitia no consta ninguna fecha. Sin embargo, de la revisión del proceso penal se tiene por cierto que el señor Edinson Agamez Ordosgoitia recibió poder para obrar en calidad de abogado suplente de la señora Nubia Constanza Velásquez de Ibáñez el día 28 de diciembre de 1993 y que la abogada antedicha fue sustituida por el señor Augusto José Ordosgoitia el día 23 de febrero de 1994, mediante poder en el que no hay mención alguna del señor Agamez Ordosgoitia. Así las cosas, la Sala infiere que el señor Agamez Ordosgoitia actuó como abogado defensor en el periodo comprendido entre el 28 de febrero de 1993 y el 23 de febrero de 1994 y, por lo tanto, asumirá que la fecha de pago es la que aparece en el poder, esto es, el 28 de febrero de 1993.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a actualizar el valor de las sumas canceladas por la señora Helda Sanabria a los abogados que figuran ad supra, aplicando la siguiente fórmula matemática, jurisprudencialmente aceptada:

S 1999-00521 FOR
 

En donde:

Ra = Renta actualizada a establecer.

Rh = Renta histórica, es decir, el valor de lo cancelado por la señora Helda Sanabria a cada uno de los abogados mencionados.

IPC(f) = El índice de precios al consumidor a la fecha de la liquidación.

IPC(i) = El índice de precios al consumidor a la fecha del pago.

De esta manera, la Sala concluye que los valores actualizados de lo cancelado por la señora Helda Sanabria a los profesionales del derecho asciende a:

AbogadoFecha pagoValor del pagoValor actualizado
Edinson Agamez28-dic.-1993$ 400.000$ 2.458.665
Augusto J. Ordosgoitia11-ene.-1994$ 1.800.000$ 9.325.688
Humberto Jaimes23-ago.-1995$ 1.200.000$ 4.531.740

De lo anterior se sigue que la Nación debe a la señora Helda Sanabria Camelo por la cancelación de los honorarios profesionales de los abogados antes mencionados la suma de dieciséis millones trescientos dieciséis noventa y tres pesos ($ 16.316.093).

Por otra parte, como se dijo anteriormente, en el expediente consta que el juzgado regional ordenó reintegrar a la señora Helda Sanabria de Camelo la suma de un millón cuatrocientos veintiún mil quinientos cincuenta pesos ($ 1.421.250), cifra que, aunque nominalmente coincidente con la de cancelada el día 29 de febrero del año 1996, no se corresponde con el valor real del inicialmente pagado. Dado que entre el valor actualizado de la fianza, de acuerdo con el IPC de 1997 y lo efectivamente devuelto a la señora Sanabria Camelo hay una diferencia de trescientos veintidós mil ochocientos veintisiete pesos $ 332.827 (de 1997). Siendo así la Sala concederá esta suma, debidamente actualizada, según la fórmula anteriormente citada. Así las cosas, se condenará a la Nación a pagar a la señora Helda Sanabria de Camelo la suma de novecientos veintidós mil ochocientos sesenta y siete mil pesos ($ 922.867).

De lo anterior se concluye que el total de lo debido a la señora Helda Sanabria de Camelo, por concepto de daños materiales en la modalidad de daño emergente, asciende a diecisiete millones doscientos treinta y ocho mil novecientos sesenta pesos ($ 17.238.960).

6. Sobre lo que corresponde pagar a la Policía Nacional.

Como se dijo ad supra, la Policía Nacional debe responder en la medida en que sus agentes detuvieron a los señores Ferro Sanabria, Molano Granados y Medina Ardila sin que se presentara una situación de flagrancia. Por lo tanto, la Sala declarará la responsabilidad de la Policía Nacional por el tiempo en que los antedichos demandantes permanecieron bajo su control, esto es, los días 16 y 17 de noviembre de 1993. Dado que la privación física de la libertad se prolongó por 775 días, la Sala condenará a la Policía a pagar el porcentaje que los dos días que los acusados pasaron antes de ser puestos a disposición de la fiscalía representan respecto del total de la condena física, esto es, el 0,25%.

Dado que los gastos correspondientes al pago de los honorarios se causaron mucho después de que concluyera la intervención de la Policía Nacional, a esta entidad no se le condenará a pagar porcentaje alguno de los perjuicios materiales.

Así las cosas, resulta imputable a la Policía Nacional el 0.25% del valor del total de la indemnización por perjuicios morales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

1. REVOCAR las sentencias proferidas el 22 de junio y el 16 de junio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los procesos 25000232600019990052101 (28481) y 19990522 y 19990523 (acumulados) respectivamente.

2. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional por los daños que los demandantes sufrieron los como consecuencia de la privación injusta de la libertad de los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Ramón Molano Granados y Hernán Medina Ardila.

3. CONDENAR a la Fiscalía General y Ministerio de Defensa-Policía Nacional pagar las siguientes sumas, calculadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los demandantes a título de daños morales:

William Javier Ferro Sanabria100 smlmv
Ligia Sanabria Camelo100 smlmv
Alix Sanabria Camelo100 smlmv
Helda Sanabria Camelo100 smlmv
Stella Sanabria Camelo100 smlmv
Ligia Jenith Ferro Sanabria50 smlmv
Betsy Karen Yepes Sanabria50 smlmv
Yves Helen Yepes Sanabria50 smlmv
Alexis Yepes Sanabria50 smlmv

Ernesto Ramón Molano Granados110 smlmv
Doris Stella Díaz Forero110 smlmv
Jhon Alexander Molano Márquez110 smlmv
Nataly Andrea Molano Díaz110 smlmv
Teresa de Jesús Granados de Molano100 smlmv
Teresa Molano de Gómez50 smlmv
José Martín Molano Granados50 smlmv
Eduardo Molano Granados50 smlmv
Amparito Molano Granados50 smlmv
Consuelo Molano de Barragán50 smlmv

Hernán Medina Ardila110 smlmv
Doris Edith Sánchez Varcárcel110 smlmv
Jonathan Hernán Medina Sánchez110 smlmv
Kimberly Joanna Medina Sánchez110 smlmv
Lerocricia Ardila de Medina100 smlmv
Hernán Medina González100 smlmv
María del Pilar Medina Ardila50 smlmv

La Fiscalía General deberá pagar el 99.75% y la Policía Nacional el 0.25% de la condena por perjuicios morales. Los demandantes podrán elegir la entidad ante la que presentan la cuenta y esta pagará el 100% de la condena, sin perjuicio de repetir contra la otra, por el valor que corresponda.

4. CONDENAR EN ABSTRACTO a la Fiscalía General de la Nación a pagar a los señores William Javier Ferro Sanabria, Ernesto Ramón Molano Granados y Hernán Medina Ardila el valor equivalente a la diferencia entre el promedio mensual que devengaban antes de la detención y el salario básico que recibieron durante este periodo. Esta suma deberá concretarse en incidente separado, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

5. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar al señor William Javier Ferro Sanabria la suma de cinco millones trescientos noventa mil pesos ($ 5.390.000), correspondientes al lucro cesante generado desde la recuperación de la libertad y los 8.75 meses que, en promedio, demora la reintegración del detenido al mundo laboral.

6. CONDENAR a la Fiscalía de la Nación a pagar a la señora Helda Sanabria Camelo la suma de diecisiete millones doscientos treinta y ocho mil novecientos sesenta pesos ($ 17.238.960) a título de perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente.

7. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional darán cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

9. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(4) “De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos”.

(5) En tal sentido, Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 9 de septiembre de 2008, Expediente. 11001-03-26-000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7)(sic) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 2013, radicación 25000232600020000071801 (27252), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(8) Así, según el maestro de Konisberg: “En el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad” (Kant, Immanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Porrúa, México, 1990, pág. 48.

(9) El imperativo práctico será entonces como sigue: obra de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio” Ibídem, pág. 50.

(10) “Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones) (Corte Constitucional, Sent. T. 881/2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

(11) Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, actas de sesiones de las comisiones, artículo 90, sesión comisión 1, mayo 6, página 4.

(12) En este sentido vale recordar nuevamente a Kant, quien afirma enfáticamente que “la pena judicial (poena forensis) (...) no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que de imponérsele solo porque ha delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otros ni confundido entre los objetos del derecho real” Immanuel Kant, Metafísica de las costumbres, Bogotá. Rei Andes, 1995. Pág. 166.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Radicación 25000-23-000-1994-09817-01, C.P Mauricio Fajardo Gómez.

(14) Ponencia presentada por la constituyente Helena Herrán de Montoya el 7 de marzo de 1991, en Gaceta Constitucional Nº 27, 26 de marzo de 1991, págs. 10 y 11.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2013, Radicación 250002232600019990195901 (27536), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(16) Ibídem.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de octubre de 2013, Radicación 52001233100019967459-01 (23354), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 2013, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(19) Arietta Slate, Lisa Cohen, Lois Sadler, y Maia Miller, “The Psychology and Psychopathology of pregnancy. Reorganization and Transformation”, en Charles H. Zeanah, The Handbook of Infant Mental Health, Guilford Press, 2009, p. 22.

(20) Corte Constitucional, Sentencia T-373 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de enero de 2012, Radicación 70001-23-31-000-1998-00753-01(21146). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(22) Oliver Robertson, El impacto que el encarcelamiento de un progentitor(a) tiene sobre sus hijos, Quaker United Nations Office, serie: Mujeres en la cárcel e hijos de padres encarcelados, Ginebra, 2007.

(23) José Techera, Gina Garibotto y Alejandra Urreta, “Los hijos de los presos: vínculo afectivo entre padres privados de la libertad y sus hijos/as. Avances de un estudio exploratorio”, en Ciencias Psicológicas 2012; VI (1): págs. 69 y 70.

(24) Esta corporación ha adoptado el susodicho criterio para la estimación del daño moral a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15646 (acumulados), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(25) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia Nº de radicación 21.350, actor: Mauricio Monroy y otra, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(26) En la sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 13.232, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (...)”.

(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, Exp. 27079, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.