Sentencia 1999-00528 de mayo 23 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad: 76001-23-31-000-1999-00528-01(22681)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Humberto Muñoz Jaramillo y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto por virtud del recurso de apelación formulado por las partes contra la sentencia del 27 de abril de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la demandada por las lesiones que sufrieron Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez y Dorly Patricia Martínez Solarte, en un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un automotor oficial, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue establecida en $ 60’000.000, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, para la señora Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez y la cuantía mínima exigida por la ley, en el año 1999(2), para que un proceso fuese de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $ 18’850.000(3).

2.2. Caducidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el presente asunto, los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 1999 y la demanda fue instaurada el 23 de abril del mismo año, es decir, dentro del término que contempla el ordenamiento legal.

2.3. El caso concreto y análisis probatorio.

Además de las pruebas aportadas por las partes, los actores solicitaron el traslado del proceso penal militar seguido contra los agentes de la Policía Nacional involucrados en el accidente de tránsito en el que resultaron lesionadas las jóvenes Muñoz Rodríguez y Martínez Solarte (fl. 9, cdno. 1). A su turno, la demandada solicitó el traslado del proceso disciplinario adelantado por dicha institución contra los precitados agentes de policía (fl. 51, cdno. 1).

Mediante Oficio 0496 del 7 de abril de 2000 (fl. 427, cdno. 2), el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar de Popayán remitió, en copia auténtica, el proceso penal seguido contra los mencionados agentes de policía por los delitos de peculado, desobediencia y abandono del cargo, pruebas que podrán valorarse en el sub lite, toda vez que fueron practicadas por la parte contra la cual se aducen y obran en copia auténtica.

Por las mismas razones podrán valorarse las pruebas que militan en el proceso disciplinario, las cuales fueron remitidas a este proceso por el Departamento de Policía del Cauca, mediante Oficio 0071 del 25 de enero de 2000 (fl. 13, cdno. 4). En este punto, es de aclarar que, si bien la solicitud de traslado del proceso disciplinario no fue coadyuvada por la parte actora, las pruebas que allí militan no la perjudican, de modo que las mismas podrán valorarse en el sub júdice. En adición, cabe mencionar que se desconoce la suerte final de estos dos procesos.

No obstante, las diligencias de versión libre de los agentes Durley Morales Hernández, Álvaro Vásquez Ramírez, Gilberto Ramiro Padilla Orbes, Héctor Danilo Rivas Villa, Eudoxto Segura Hernández, Suley Ancísar Angulo Balanta, José Asdrúbal Sánchez, Alexander Acosta Quintero y Rubian Morales Basto, rendidas el 26 de febrero de 1999 en el curso del proceso disciplinario adelantado por la Policía Nacional (fls. 35 a 62, cdno. 4), y las diligencias de indagatoria rendidas el 10 y el 13 de septiembre de 1999 por los agentes Julio Hernando Martínez Castillo y Durley Morales Hernández en el curso del proceso penal miliar (fls. 703 a 717, cdno. 3) no podrán valorarse en el sub judice, por no encontrarse sometidas a la formalidad del juramento.

En relación con la práctica de las diligencias de indagatoria o versión libre, la Sala ha sostenido que aquellas no son objeto de valoración, toda vez que no tienen el alcance de una prueba testimonial ni pueden someterse a ratificación, dado que no se encuentran sometidas a la formalidad del juramento, como sí ocurre con la prueba testimonial. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración de una persona dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio(4).

Tampoco podrá valorarse la declaración que rindió la señora Dorly Martínez Solarte el 29 de marzo de 1999 ante la Fiscalía Delegada ante los Jueces Civiles del Circuito de Mercaderes, por despacho comisorio que libró el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar de Popayán (fls. 207 a 209, cdno. 4), pues dicha señora funge en este proceso como demandante(5).

De conformidad con las pruebas válidamente practicadas en este proceso, se encuentra acreditado que Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez y Dorly Patricia Martínez Solarte resultaron lesionadas como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el 24 de febrero de 1999, cuando se movilizaban en un vehículo de la Policía Nacional. Así lo acreditan las historias clínicas de la Dirección Departamental de Salud del Cauca (fls. 222, 223, cdno. 4), los dictámenes médico legales de Medicina Legal, Seccional Cauca (fl. 245, cdno. 4; fl. 1173, cdno. 5) y los dictámenes médicos laborales practicados por la Junta de Calificación de Invalidez del Cauca que arrojaron una incapacidad laboral del 66,35%, para la primera de ellas (fl. 1226, cdno. 5) y del 4,65%, para la segunda (fl. 100, cdno. 1).

Teniendo en cuenta lo anterior, no hay duda que está acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, pues las lesiones de Carmen Yaneth y Dorly Patricia constituyen un menoscabo a un bien jurídicamente tutelado por el legislador, del cual se derivan los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende en este caso.

Está demostrado, igualmente, que el 24 de febrero de 1999, a las 20:00 horas, el Cabo Julio Hernando Martínez Castillo y los subintendentes William Eduardo Castillo Quisoboní y Durley Morales Hernández salieron de la Estación de Policía del municipio de Mercaderes, departamento del Cauca, para patrullar el sector urbano, en la camioneta Nissan con número 056, perteneciente a la institución, la cual era conducida por el último de los prenombrados. También lo está que sufrieron un aparatoso accidente en la vía que comunica a los municipios de Mercaderes y Florencia, en el que resultaron muerto el agente Castillo Quisoboní y heridos los demás ocupantes del vehículo oficial, entre ellos las particulares Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez y Dorly Patricia Martínez Solarte, quienes se movilizaban en el automotor siniestrado, como lo revelan el informe de novedad suscrito el 25 de febrero de 1999 por el comandante de la Estación de Policía de Mercaderes y el libro de anotaciones de la misma entidad (fls. 15, 16, 34, cdno. 4).

Sobre la presencia de las lesionadas en el vehículo oficial, el cabo Rubian Morales Bastos, en diligencia de ratificación del informe rendida el 14 de mayo de 1999 en el Juzgado 62 Penal de Instrucción Militar de Popayán, manifestó que ellas eran amigas del cabo Julio Hernando Martínez Castillo y que, el día de los hechos, este las invitó a dar una vuelta en el vehículo oficial, cuyo conductor perdió el control en una curva, se salió de la carretera y chocó contra un árbol (fls. 570 a 572, cdno. 2).

Por su parte, la señora Rubiela Arteaga López, propietaria de la discoteca “Derroches”, ubicada en la vereda Sombrerillos, jurisdicción del municipio de Mercaderes, departamento del Cauca, en declaración rendida el 17 de marzo de 1999 ante la Policía Nacional, en el curso del proceso disciplinario seguido contra los agentes involucrados en el accidente de tránsito, sostuvo que el día de los hechos, en horas de la noche, llegaron a su establecimiento tres agentes de esa Institución en un vehículo oficial, acompañados de tres mujeres, quienes bailaron un rato, se tomaron 6 cervezas y luego se marcharon y que al día siguiente se enteró que habían sufrido un accidente en la carretera (fls. 141 a 142, cdno. 4). La misma versión de los hechos suministró el esposo de esta testigo, el señor Luis Alberto Chávez (fls. 143 a 145, cdno. 4).

A su turno, la menor Lucía Urbano Dorado, quien el día de los hechos se movilizaba en el automotor oficial siniestrado, aseguró que después de salir de la discoteca tomaron la carretera con rumbo a Mercaderes y que el agente que conducía el automotor oficial empezó a manejar en zigzag, “como jugando con el timón”, al punto que las cervezas que llevaba en la cabina se cayeron al piso, razón por la cual le solicitó que fuera más despacio “y fue cuando cogimos la curva y Martínez le dijo al conductor que le metiera la pata pero no sé si era para frenar o para acelerar más, de pronto Martínez dijo (…) nos matamos, entonces yo cerré los ojos y cuando los abrí tenía el vidrio en la cara y me lo quité (…) yo me bajé por la puerta, entonces comencé a gritar”. Agregó que los agentes todo el tiempo estuvieron tomando cerveza (fls. 66 a 68, cdno 4).

Se demostró también que el agente Durley Morales Hernández, quien el día de los hechos conducía el automotor oficial siniestrado, se encontraba en estado de embriaguez, como lo reveló el dictamen de alcoholemia practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, seccional Cauca, que arrojó la presencia de alcohol etílico en su organismo, en un porcentaje de “noventa y tres miligramos por cien mililitros (93 mg%)” (fl. 179, cdno 4).

Por su parte, el agente William Eduardo Castillo Quisoboní, quien falleció en el accidente de tránsito, tenía en su organismo 34 mg% de alcohol etílico, conforme al dictamen de alcoholemia practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, seccional Cauca, visible a folio 522 del cuaderno 2. A su vez, en la historia clínica de Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez se consignó que ella se encontraba en estado de embriaguez cuando ingresó a la Dirección Departamental de Salud del Cauca, para que le prestaran los primeros auxilios (fl. 223, cdno. 4).

Las pruebas hasta acá valoradas no permiten establecer, a ciencia cierta, cuál fue la verdadera causa del accidente del automotor oficial en el que resultaron lesionadas Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez y Dorly Patricia Martínez Solarte, pero todo parece indicar que se debió a la conducta negligente del agente de la Policía Nacional Durley Morales Hernández, pues conducía en estado de embriaguez y con total desconocimiento de las normas de tránsito, tal como lo constatan la prueba de alcoholemia que le fuera practicada y la declaración de la menor Lucía Urbano Dorado, quien —se recuerda— aseguró que el uniformado se encontraba embriagado y conducía en zig-zag, “como jugando con el timón” y que en una curva perdió el control, se salió de la carretera y colisionó contra un árbol, testimonio que ofrece plena credibilidad para la Sala, por su claridad, coherencia y espontaneidad y porque se trata de una persona que se movilizaba en el automotor oficial siniestrado y, además, porque lo dicho por ella se encuentra respaldado con otros medios de prueba, si se tiene en cuenta que la menor manifestó en su declaración que los agentes consumieron todo el tiempo cerveza y, en efecto, el dictamen de alcoholemia que se les practicó arrojó resultado positivo, aspecto este que nunca fue cuestionado por la entidad demandada.

Sin duda, el comportamiento de los agentes de la Policía Nacional que se movilizaban en el automotor oficial siniestrado resulta cuestionable desde todo punto de vista, si se tiene en cuenta que se apartaron del cumplimiento de sus funciones y deberes y lejos de atender la misión que se les había confiado, cual era la de patrullar la zona urbana, se dirigieron a una discoteca, en horas del servicio y utilizando un vehículo oficial, en compañía de tres mujeres y se dedicaron a ingerir bebidas alcohólicas y, cuando emprendían el retorno, el conductor perdió el control del automotor, se salió de la vía y colisionó contra un árbol, como ya quedó dicho, dejando un saldo trágico de una persona muerta y varias lesionadas, entre ellas Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez y Dorly Martínez Solarte.

Está comprobado que el consumo de bebidas embriagantes disminuye la capacidad de las personas para el desarrollo normal de cualquier actividad; además, cuando tales actividades están relacionadas con situaciones que entrañan riesgo o peligro, como ocurre, por ejemplo, con la conducción de vehículos automotores, el estado de embriaguez incrementa en altísimas proporciones la posibilidad de sufrir un accidente, pues el alcohol, incluso en dosis pequeñas, deprime los centros coordinadores del cerebro y retarda sensiblemente las reacciones normales del conductor experto. En consecuencia, a pesar de su lucidez mental aparente y de su habilidad en el volante, el conductor que ha ingerido bebidas embriagantes tarda mucho más de lo normal en actuar ante circunstancias imprevistas, lo que es causa constante de numerosos y graves accidentes de tránsito, hecho que torna irresponsable conducir vehículos después de haber ingerido licor. Los trastornos neuromusculares —como retardos en las reacciones sicomotoras, disminución de la atención y perturbación de los reflejos con alargamiento del tiempo de reacción— ocurren mucho antes de que aparezcan los síntomas de ebriedad, de modo que ni el conductor ni quienes lo acompañan se dan cuenta del trastorno hasta que irrumpe una circunstancia imprevista, que demanda decisión y reacción rápidas de parte del conductor, pero ya entonces las decisiones y reacciones rápidas son imposibles, porque hay alcohol en el organismo, así sea en pequeña cantidad(6).

Conforme a lo anterior, las normas de tránsito aplicables para la época de los hechos, consagraban sanciones o reproches para las personas que condujeran en estado de embriaguez o de drogadicción, pues es evidente que ambos estados impiden el desempeño con plenas facultades físicas y mentales y ponen en riesgo la seguridad propia y la de los demás usuarios de las vías. Por eso, se afirma que la persona que se encuentra en estado de embriaguez no está en buenas condiciones para conducir, por cuanto dicha circunstancia, así no alcance un nivel muy elevado, incide desfavorablemente en la prontitud de los reflejos y en la evaluación de las contingencias del tráfico, factores indispensables para una segura conducción(7).

Así, por ejemplo, el artículo 224 del Decreto 1344 de 1970, antiguo Código Nacional de Tránsito, modificado por la Ley 33 de 1986, señalaba: “Quien conduzca en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas o estupefacientes y sin perjuicio de que se aplique el artículo 207 del Código de Policía, será sancionado con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos y suspensión de la licencia de conducción de seis meses (6) meses a un (1) año”. A su turno, el artículo 230, numeral 3º, del primero de los códigos citados, modificado por la Ley 33 de 1986, contemplaba la inmovilización de los vehículos “cuando el conductor se encuentre en estado de embriaguez”.

Por su parte, el numeral 7º del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal —Decreto 2700 de 1991—, aplicable al sub judice, contemplaba la detención preventiva para “los casos de lesiones culposas previstas en los artículos 333, 334, 335, 336 del Código Penal, cuando el sindicado en el momento de la realización del hecho se encuentre en estado de embriaguez aguda o bajo el influjo de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica demostrada por dictamen técnico o por un método paraclínico, o abandone sin justa causa la comisión del hecho punible”.

En el caso sub examine, se encuentra acreditado, entonces, que los hechos en los que resultaron lesionadas las jóvenes Muñoz Rodríguez y Martínez Solarte obedecieron al comportamiento del servidor público que conducía el automotor oficial siniestrado, que incidió determinantemente en el resultado dañoso, si se tiene en cuenta que manejaba el vehículo oficial en estado de embriaguez, con total desconocimiento de las normas de tránsito y de los cánones de comportamiento que deben observar los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, lo cual evidencia en su actuar negligencia, temeridad e impericia, lo que comporta una falla en la prestación del servicio y, por lo tanto, compromete la responsabilidad de la demandada por los daños que sufrieron las lesionadas.

Acá, cabe anotar que si bien en las actividades riesgosas, como ocurre con la conducción de vehículos automotores, opera un régimen de responsabilidad objetivo, que implica que el demandante solo tiene que probar la existencia del daño y el nexo de este con el servicio, es decir, que el daño sufrido se origina en el ejercicio de la actividad peligrosa a cargo de la entidad demandada, si se logra acreditar que los hechos puestos a consideración del juez ocurrieron por una falla de la administración, este así debe declararlo, pues dicho régimen es el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria a cargo del Estado. Al juez administrativo le compete —por principio— una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(8).

Ahora bien, no obstante que se encuentra acreditada la responsabilidad de la demandada por las lesiones de Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez y Dorly Patricia Martínez Solarte, la condena que llegare a imponerse en este caso será reducida en un 50%, teniendo en cuenta que la conducta de las lesionadas tuvo incidencia en el resultado dañoso, pues ellas abordaron libre y voluntariamente el automotor oficial, a sabiendas, pues habían estado bailando con ellos en una discoteca (ver páginas 10 y 11 de esta sentencia), de que los agentes que se movilizaban en él se encontraban consumiendo bebidas embriagantes; en tales condiciones, las lesionadas debieron ser conscientes del peligro que representaba abordar un vehículo conducido por una persona que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, que no ofrecía condiciones mínimas de seguridad al volante y, por lo mismo, es dable señalar que ellas mismas se expusieron de forma innecesaria y negligente al riesgo y, por tanto, deben asumir, en parte, las consecuencias de su comportamiento imprudente.

En otras palabras, las lesionadas obraron negligentemente al abordar libremente un vehículo que era conducido por una persona que se encontraba en estado de embriaguez, circunstancia esta última que era conocida por las propias víctimas, teniendo en cuenta que, minutos antes del accidente, estuvieron bailando en una discoteca con el conductor del automotor oficial y sus otros compañeros de uniforme, motivo por el cual puede afirmarse que ellas se expusieron imprudentemente a sufrir un accidente, como el que ocurrió a la postre, particularmente porque es evidente el riesgo que se corre al movilizarse en un vehículo que es conducido por una persona que no se encuentra en plenas facultades para desarrollar a cabalidad dicha actividad.

Sobre el tema de la concausa, la Sección ha sostenido(9) que el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quántum indemnizatorio es aquel que contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir, cuando la conducta de la persona agraviada participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que contribuyó realmente a la causación de su propio daño.

En esa medida, la reducción del daño resarcible con fundamento en el concurso del hecho de la víctima responde a una razón de ser específica: que la víctima haya contribuido realmente a la causación de su propio daño, caso en el cual esa parte del perjuicio no deviene antijurídico y, por ende, no tiene la virtud de imputarse al patrimonio de quien se califica responsable.

Al respecto, no sobra anotar que, un caso similar al que ahora ocupa la atención de la Sala, esta corporación se pronunció en los siguientes términos:

“la condena que llegare a imponerse en este caso debe reducirse a la mitad, como quiera que las personas que resultaron afectadas en el accidente obraron imprudentemente al abordar voluntariamente la volqueta oficial siniestrada, a pesar de que eran conscientes de que el alcalde, quien se encontraba en avanzado estado de embriaguez, era la persona que estaba presta a conducir dicho automotor”(10).

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala declarará la responsabilidad de la demandada por las lesiones que sufrieron Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez y Dorly Patricia Martínez Solarte, en un accidente de tránsito en el que resultó involucrado un vehículo de la Policía Nacional, en hechos ocurridos en jurisdicción del municipio de Mercaderes, departamento del Cauca; sin embargo, la condena a imponerse será reducida a la mitad, por las razones anteriormente anotadas.

III. Indemnización de perjuicios

Grupo familiar de Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez

3.1. Perjuicios morales.

Se demostró en el proceso que las lesiones de Carmen Yaneth Muñoz Martínez fueron graves, pues la Junta de Calificación de Invalidez del departamento del Cauca estableció que la víctima sufrió una pérdida de la capacidad laboral del 66,35%, lo que equivale a una invalidez total, según la Ley 100 de 1993(11) (fl. 1226, cdno. 5).

Se encuentra acreditado que Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez (lesionada) es la madre de María Paula Villamil Muñoz y Juliana Castro Muñoz, conforme a los registros civiles de nacimiento visibles a folios 25 y 43 del cuaderno 1; asimismo, se encuentra acreditado que la lesionada es hija de Humberto Muñoz Jaramillo, según el registro civil de nacimiento visible a folio 22 del cuaderno 1 y que sus hermanos son Gener Danilo y Dalis Marina Muñoz Rodríguez y Jhon Edinson Muñoz Cabrera, conforme a los registros civiles de nacimiento visibles a folios 23, 24 y 42 del cuaderno 1. También está demostrado que la señora Ernestina Jaramillo de Muñoz es la abuela de Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez (fl. 21, cdno. 1).

Tratándose de lesiones que afectan la salud o la estética de una persona, resulta procedente el reconocimiento de perjuicios morales y su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad del daño sufrido, pues hay situaciones en las que este es de tal magnitud que, sin duda, afecta no sólo a quien lo sufrió directamente, sino que puede llegar a afectar a terceras personas y, por lo mismo, quien pretenda su resarcimiento tendrá que demostrar únicamente el parentesco con la víctima, ya que este se convierte en un indicio suficiente que permite demostrar el perjuicio sufrido, siempre que no existan pruebas que indiquen lo contrario. En otras ocasiones, en cambio, puede ocurrir que el daño sufrido no revista gravedad alguna, al punto que no alcance a alterar el curso normal de la vida o las labores cotidianas de una persona y, por lo tanto, el tercero que pretenda obtener algún tipo de resarcimiento debe demostrar, además del parentesco con la víctima, el perjuicio sufrido(12).

Acreditado el parentesco de los demandantes con Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez, puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que los actores tenían un nexo afectivo importante con la víctima que determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos y que, por lo tanto, aquellos sufrieron un profundo dolor y pesar con las lesiones graves que padeció Carmen Yaneth. Pueden considerarse suficientes, entonces, las pruebas del parentesco aportadas al proceso para tener demostrado el daño moral reclamado por los demandantes.

Conforme a lo anterior y siguiendo los parámetros trazados por la jurisprudencia de esta corporación en torno a la necesidad de tasar los perjuicios morales en salarios mínimos legales mensuales(13), la Sala condenará a la demandada a pagar, por dicho perjuicio, la suma de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez, la suma de 40 salarios mínimos legales mensuales legales vigentes para cada una de sus dos hijas, María Paula Villamil Muñoz y Juliana Castro Muñoz y otro tanto para su señor padre, Humberto Muñoz Jaramillo, y la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales legales vigentes para su abuela, Ernestina Jaramillo de Muñoz y otro tanto para cada uno de sus hermanos, Gener Danilo Muñoz Rodríguez, Dalis Marina Muñoz Rodríguez y Jhon Edinson Muñoz Cabrera.

No obstante, las sumas reconocidas se reducirán en un 50%, por las razones anotadas anteriormente.

3.2. Perjuicios materiales.

3.2.1. Daño emergente.

Por dicho concepto, el tribunal condenó a la demandada a pagar a Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez la suma de $ 5’250.645, pero como esta condena no fue objeto de impugnación en ninguno de los recursos de apelación formulados por las partes, la Sala se limitará a actualizar ese monto y el resultado obtenido será reducido en un 50%, por las razones atrás anotadas.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 5’250.645) multiplicada por la cifra que arroja el dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el que se profirió la sentencia del tribunal, esto es, abril 27 del 2001.

 

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Ra = $ 8’877.445

La suma anterior, se insiste, será reducida en un 50% ($ 4’438.722,50)

3.2.2. Lucro cesante.

Por dicho concepto, el tribunal condenó a la demandada a pagar a Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez la suma $ 40’722.712,08, la cual fue calculada con el salario mínimo legal mensual vigente en la época de los hechos y la vida probable de la lesionada (fl. 129, cdno. 6).

La parte actora cuestionó esta condena y estimó que el tribunal se equivocó al calcularla con el valor del salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos, pues, según dijo, se demostró en el proceso que Carmen Yaneth devengaba mensualmente la suma de $ 500.000, en la venta de café.

Pues bien, se encuentra acreditado, con las declaraciones de Agustín Girón Moreno (fls. 1236 a 1238, cdno. 5), Mirtha López Angulo (fls. 1239 a 1241, cdno. 5), Parménides Otoniel Girón Moreno (fls. 1242 a 1244, cdno. 5) y Daniel Gil Bolaños (fls. 1330 y 1331, cdno. 5), que Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez se dedicaba a la compra-venta de café y que en dicha actividad devengaba, en promedio, $ 1’000.000 mensuales; sin embargo, para la Sala, la prueba testimonial, por sí sola, no respaldada con otros medios de convicción, no resulta suficiente para establecer los ingresos que una persona obtiene en un oficio determinado(14), de tal suerte que tales perjuicios deben ser calculados, como lo hizo el tribunal, con el valor del salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos, esto es, $ 236.460.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma devengada por la víctima) multiplicada por la cifra que arroja dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes de los hechos.

 

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Ra = $ 482.859

Puesto que la suma obtenida es inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente para este año, se tendrá en cuenta este último, esto es, $ 566.700. Se tendrá también en cuenta la incapacidad laboral del 66,35% sufrida por Carmen Yaneth, conforme lo certificó la Junta de Calificación de Invalidez del departamento del Cauca (fl. 1226, cdno. 5), que equivale, como ya se dijo, a una invalidez total.

a. Indemnización debida o consolidada.

Comprende el periodo transcurrido desde la fecha de los hechos, 24 de febrero de 1999, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 158,2 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

 

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S = $ 134’560.549

La suma anterior será reducida —como también ya se dijo— en un 50% ($ 67’280.274,50).

b. Indemnización futura.

Comprende el periodo transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta la vida probable de Carmen Yaneth. De conformidad con las tablas de supervivencia, su vida probable es de 50,64 años, para un total de 607,68 meses, teniendo en cuenta que, para la época de los hechos, Carmen Yaneth tenía 27 años, según el registro civil de nacimiento visible a 22 del cuaderno 1. A la suma anterior se le deben restar los 158,2 meses, correspondientes a la indemnización consolidada, que ya se liquidó, para un total a tener en cuenta para la indemnización futura de 449,48 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

 

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S = $103’306.977

La suma anterior —se insiste— será reducida en un 50% ($ 51’653.488,50)

Sumados los valores de la indemnización debida y futura, hechas las reducciones del 50%, se obtiene un valor a pagar de $ 118’933.763, por lucro cesante.

Grupo familiar de Dorly Patricia Martínez Solarte

3.3. Perjuicios morales.

Se demostró en el proceso que Dorly Patricia Martínez Solarte sufrió lesiones que le produjeron una pérdida de la capacidad laboral del 4,65%, según la Junta de Calificación de Invalidez regional del Cauca (fl. 100, cdno. 1).

Se encuentra acreditado que Marco Aurelio Martínez Rodríguez e Irene Solarte Rodríguez son los padres de Dorly Patricia Martínez Solarte, según el registro civil de nacimiento visible a folio 30 del cuaderno 1 y que sus hermanos son Willinton Martínez Solarte y Hans Aurelio Martínez Figueroa, conforme a los registros civiles de nacimiento visibles a folios 26 y 27 del cuaderno 1. También se demostró que Eladio Martínez y María Rodríguez son los abuelos paternos de Dorly Patricia, pues así lo indica el registro civil de nacimiento de su padre, visible a folio 29 del cuaderno 1, y que Beneda Rodríguez y Carlos Solarte Sánchez son sus abuelos maternos, conforme lo indica el registro civil de nacimiento de su madre, visible a folio 28 del cuaderno 1.

Ahora bien, teniendo en cuenta que Dorly Patricia Martínez Solarte sufrió lesiones que le dejaron una incapacidad laboral del 4,65%, la Sala condenará a la demandada a pagarle la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la suma de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus padres, Marco Aurelio Martínez Rodríguez e Irene Solarte Rodríguez, quienes demostraron el perjuicio sufrido como consecuencia de las lesiones de su hija, tal como se infiere de las declaraciones de Carlos Abel Coronado Urrego y Gerardo Lopera (fls. 1220 a 1223, cdno. 5), en cuanto estos aseguraron que los padres de Dorly Patricia sufrieron mucho a raíz del accidente de tránsito en el que ella resultó lesionada. Por su parte, la Sala negará la solicitud de los perjuicios morales solicitados por los demás miembros del grupo familiar de Dorly Patricia, toda vez que no demostraron el perjuicio sufrido, lo cual debían haber hecho, como se explicó atrás, dada la poca magnitud del daño.

Al igual que en el caso de Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez y su grupo familiar, en este otro caso las sumas anteriores también se reducirán a la mitad.

3.4. Perjuicios materiales.

3.4.1. lucro cesante.

Si bien en el sub lite no se demostró que Dorly Patricia desarrollara una actividad económica para la época en que ocurrieron los hechos, la Sala accederá al pago del lucro cesante solicitado en la demanda, pues debe entenderse que una persona que se encuentra en una edad productiva, como era el caso de Dorly Patricia, quien tenía 18 años para ese entonces, conforme lo indica el registro civil de nacimiento visible a folio 30 del cuaderno 1, está en capacidad de trabajar y devengar, al menos, el mínimo vital que le permita vivir en condiciones dignas(15); por lo tanto, para calcular dicho perjuicio se tendrá en cuenta la expectativa de vida de la lesionada, el salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos y el porcentaje de disminución laboral que ella sufrió.

El valor del salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos era de $ 236.460. Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma devengada por la víctima) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia proferida por la Sala por el índice de precios al consumidor vigente en el mes de los hechos.

 

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Ra = $ 482.859

Puesto que la suma obtenida es inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente para este año, se tendrá en cuenta este último, esto es, $ 566.700. A la suma anterior se le aplicará el 4,65%, correspondiente al porcentaje de incapacidad laboral de Dorly Patricia, esto es, $ 26.351, suma con la cual se liquidará la indemnización debida y futura.

a. Indemnización debida o consolidada.

Comprende el período transcurrido desde cuando ocurrieron los hechos, 24 de febrero de 1999, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 158,2 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

 

 

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S= $ 6’256.934

Lo mismo que en el caso anterior, esta suma será reducida en un 50% ($ 3’128.467).

b. Indemnización futura.

Comprende el periodo transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta la vida probable de Dorly Patricia. De conformidad con las tablas de supervivencia, su vida probable es de 59,36 años, para un total de 712,32 meses, toda vez que, para la época de los hechos, la lesionada tenía 18 años, según el registro civil de nacimiento visible a folio 30 del cuaderno 1. A la suma anterior se le deben restar 158,2 meses, correspondientes a la indemnización consolidada, que ya se liquidó, para un total a tener en cuenta para la indemnización futura de 554,12 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

 

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S = $ 5’046.828

La suma anterior será también reducida en un 50% ($ 2’523.414).

Sumados los valores de la indemnización debida y futura, hechas ya las reducciones del 50%, se obtiene un valor total a pagar por lucro cesante de $5’651.881

3.3. Condena en costas.

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, resulta que ninguna de ellas actuó de esa manera, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia del 27 de abril de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión y, en su lugar:

a. DECLÁRASE la concurrencia de culpas entre la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez y Dorly Patricia Martínez Solarte, por las lesiones que estas últimas sufrieron como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el 24 de febrero de 1999, en jurisdicción del municipio de Mercaderes, departamento del Cauca.

b. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez; 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de las siguientes personas: Humberto Muñoz Jaramillo, María Paula Villamil Muñoz y Juliana Castro Muñoz; 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de las siguientes personas: Ernestina Jaramillo de Muñoz, Gener Danilo Muñoz Rodríguez, Dalis Marina Muñoz Rodríguez y Jhon Edinson Muñoz Cabrera; 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Dorly Patricia Martínez Solarte, 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Marco Aurelio Martínez Rodríguez y 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Irene Solarte Rodríguez.

c. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de cuatro millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos veintidós pesos con cincuenta centavos ($ 4’438.722,50) m/cte.

d. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a Carmen Yaneth Muñoz Rodríguez, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de ciento dieciocho millones novecientos treinta y tres mil setecientos sesenta y tres pesos ($ 118’933.763) m/cte.

e. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a Dorly Patricia Martínez Solarte, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de cinco millones seiscientos cincuenta un mil ochocientos ochenta y un pesos ($ 5’651.881) m/cte.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

4. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(2) La demanda fue instaurada el 23 de abril de 1999.

(3) Decreto 597 de 1988.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2009, Expediente 16.319.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 21 de febrero de 2011, Expediente 18.648.

(6) Arango Palacio Mario, Control de Conductores Alicorados, Minsalud, Medellín, 1974, pág. 2.

(7) Olano Valderrama, Carlos Alberto, Tratado Técnico Jurídico sobre Accidentes de Circulación, Librería Ediciones del Profesional Ltda., Sexta Edición, Bogotá, 2003, pág. 365.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, Expediente 8163.

(9) Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 1999, Expediente 14.859; Demandante: Edgar Gallego Salazar y otros.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Expediente 16.679.

(11) Según el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, puede considerarse inválida una persona que hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral, entendida ésta como el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en su trabajo habitual (D.917/99, art. 2º, lit. c).

(12) Consejo de Estado, Sentencia del 16 de julio de 2008, Expediente 15.821.

(13) Consejo de Estado, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15646.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2008, Expediente 15.821.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 2008, Expediente 16.592.