Sentencia 1999-00555 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 26531

Rad.: 17001233100019990055501

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandante: Wilson Daza Parra y otros

Demandado: Hospital de Caldas ESE

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los presupuestos procesales de la acción.

Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la procedencia de la acción, la competencia de la Sala, la legitimación en la causa y la caducidad.

1.1. Procedencia de la acción.

La acción de reparación directa es la procedente para resolver el conflicto planteado, por cuanto se pretende la indemnización de los perjuicios sufridos por los demandantes, como consecuencia de las lesiones padecidas por dos de ellos en el accidente de tránsito ocurrido el 27 de diciembre de 1998, en el sitio conocido como Tres Puertas, en la vía Medellín-Manizales.

1.2. Competencia de la Sala.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada en razón de la mayor de las pretensiones, era de $ 28.429.200, equivalentes a 2.000 gramos de oro a la fecha de presentación de la demanda, indemnización solicitada a favor de cada uno de los señores Wilson Daza Parra y Gloria Cecilia Castañeda Lasso por el perjuicio moral, la cual supera la suma exigida para el efecto por aquella norma(1).

1.3. Legitimación en la causa.

Quienes integran la parte demandante están legitimados en la causa, toda vez que alegan haber sido afectados con los hechos que se considera causantes del daño y la demandada —el hospital de Caldas ESE— es una entidad de derecho público, porque fue creado mediante Decreto Extraordinario 489 de 10 de agosto de 1991, expedido por la alcaldía de Manizales y transformado en empresa social del Estado, según Decreto Extraordinario 142 de 31 de marzo de 1995, proferido por la misma entidad territorial (fls. 1-15, cdno. 4).

En cuanto a la excepción de falta de legitimación para comparecer al proceso, como llamado en garantía, formulada por el hospital San Antonio de Villamaría, con fundamento en que no era la persona jurídica citada, ni operaba bajo lo prescrito en el Acuerdo 4 de 4 de septiembre de 1991, cabe señalar lo siguiente:

Mediante Acuerdo 4 de 1991, el concejo municipal de Villamaría creó “el hospital local (o unidad intermedia) San Antonio, como establecimiento público descentralizado del nivel municipal, adscrito a la alcaldía, dotado de personería jurídica, patrimonio propio o independiente de la administración municipal y con autonomía administrativa” (fls. 17-24, cdno. 4).

Para el año 2001, el hospital San Antonio de Villamaría no se había transformado en empresa social del Estado, ESE, según constancia expedida por la Dirección Seccional de Salud de Caldas, quien, además, certificó que mediante Resolución 14661 de 29 de octubre de 1990, expedida por el Ministerio de Salud, dicho centro asistencial fue clasificado como de primer nivel y su dirección corresponde al municipio, de conformidad con el artículo 6º de la Ley 10 de 1990 (fl. 8, cdno. 3).

Según la certificación expedida el 2 de diciembre de 1999, por la Dirección Seccional de Salud de Caldas, “el origen jurídico del hospital San Antonio de Villamaría (Caldas), se encuentra sustentado en el Acuerdo 4 de 1991. Actualmente tiene como representante al doctor William Arias Betancurth, identificado con cédula de ciudadanía 10 250 964 de Manizales” (fl. 116, cdno. 1).

El señor William Arias Betancurth, identificado con la cédula de ciudadanía 10.250.964 fue nombrado como director del hospital San Antonio de Villamaría, mediante resolución de 8 de septiembre de 1997 por el director seccional de Salud de Caldas (fl. 130, cdno. 1) y tomó posesión del cargo en la misma fecha (fl. 131, cdno. 1).

El señor William Arias Betancurth fue el mismo servidor público, que actuando como representante legal del hospital San Antonio de Villamaría, suscribió el acta de entrega del vehículo de placa OUB-890, que intervino en el accidente en el cual resultaron lesionados los demandantes (fls. 120-124, cdno. 1); igualmente, firmó el convenio interadministrativo de permuta celebrado entre la entidad que representaba y el hospital de Caldas, el 14 de enero de 1999 y su aclaración de 17 de marzo del mismo año (fls. 117-119 y 125-129, cdno. 1), y fue también quien certificó que el señor Jesús Albeiro Orozco Serna estaba vinculado al hospital de Villamaría (fls. 85 y 132, cdno. 1); que esa entidad era la propietaria del vehículo que intervino en el accidente, por haberlo adquirido conforme al convenio de permuta, y que el traspaso del mismo se había efectuado el 4 de enero de 1999 (fls. 86-87, cdno. 1).

La citación del llamamiento en garantía fue dirigida al señor William Arias Betancurth, como representante legal del hospital San Antonio de Villamaría, Caldas y remitida el 23 de junio de 2000 (fl. 224, cdno. 1). El 11 de julio de 2000, el señor César Augusto Ramírez acudió a la secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas, en calidad de representante legal del hospital San Antonio de Villamaría, a fin de notificarse personalmente del auto de 11 de febrero anterior, mediante el cual se admitió el llamamiento en garantía formulado contra la entidad (fl. 229, cdno. 1). El notificado nombró apoderado para que ejerciera la defensa de los intereses de la entidad (fl. 230, cdno. 1). Entre los documentos aportados con la contestación de la demanda, se incluyeron copias simples de: (i) una circular dirigida por la dirección del hospital al “personal y funcionarios con automotor de dotación personal de portería”, el 7 de enero de 1997, en la cual se indicó que los vehículos de dotación, diferentes a las ambulancias, debían ser utilizados exclusivamente en horarios de trabajo, y se afirmó que ese documento había sido suscrito, en constancia de su conocimiento, por el señor Jesús Albeiro Orozco Serna, quien conducía el vehículo OUB-890 al momento del accidente; (ii) la certificación expedida el 13 de octubre de 1999 por el entonces director del hospital, señor William Arias Betancurth, relacionada con la propiedad del vehículo en mención y la afirmación de que el conductor del vehículo oficial no había sido autorizado para utilizarlo en misión oficial alguna; (iii) la resolución de nombramiento y acta de posesión del señor Jesús Albeiro Orozco Serna, como síndico del hospital, y (iv) el “convenio interadministrativo de permuta suscrito entre el hospital de Caldas ESE y el hospital San Antonio”, el 14 de enero de 1999, que tuvo por objeto varios vehículos, entre ellos, el campero de placa OUB-890 (fls. 231-238, cdno. 1).

Con las pruebas enunciadas, no queda duda a la Sala de que la entidad llamada en garantía fue la misma citada al proceso y condenada por el a quo; la misma que recibió del hospital de Caldas el vehículo que intervino en el accidente en el que resultaron lesionados los señores Wilson Daza Parra y Gloria Cecilia Castañeda Lasso, y a la cual se encontraba vinculado laboralmente el señor Jesús Albeiro Orozco Serna, conductor del vehículo en el momento del accidente.

La afirmación del hospital San Antonio de Villamaría, Caldas, en cuanto a que la entidad llamada era una y la citada otra, aunque con el mismo nombre y domicilio, carece de sustento probatorio. No se trajo al expediente la prueba de la existencia de un hospital departamental con igual nombre al que fue creado por el municipio de Villamaría como establecimiento público. Por lo tanto, no hay lugar a la prosperidad de la excepción de falta de legitimación para actuar en el proceso, formulada por la entidad llamada en garantía.

1.4. La demanda en tiempo.

En el presente asunto se pretende la reparación de los daños causados a los demandantes con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 27 de diciembre de 1998. Dado que la demanda se presentó el 23 de julio de 1999, lo fue dentro de los dos años previstos en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

2. Validez de los medios probatorios.

Para adoptar la decisión en el caso concreto se tendrán en cuenta las pruebas que obran en el expediente, susceptibles de ser valoradas, que en concreto corresponden a: (i) los documentos traídos al expediente por las partes, en copia simple, pero solo en cuanto le resulten oponibles a quien los aportó; (ii) las pruebas trasladadas de la investigación penal que adelantó la Dirección Seccional de Fiscalías de Manizales, que fueron arrimadas al expediente en copia auténtica por la Procuraduría Judicial Veintinueve al formular el llamamiento en garantía en contra del señor Jesús Albeiro Orozco Serna, de las cuales podrán valorarse todos los documentos e informes técnicos expedidos por entidades oficiales, porque han estado a disposición de las partes sin que le merecieran réplica alguna. Las pruebas testimoniales de ese proceso solo podrán valorarse en contra de los demandantes, porque estos solicitaron su traslado, pero no en contra de la demandada ni de los llamados en garantía porque estos no se allanaron a dicha solicitud, ni intervinieron en dicho proceso y esas declaraciones no fueron ratificadas en este; (iii) los testimonios recibidos por el a quo o por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Riosucio, Caldas, que fue comisionado, y (iv) los documentos allegados al expediente por distintas autoridades públicas, en respuesta a los oficios expedidos por el a quo.

3. Los hechos probados.

Con base en las pruebas antes señaladas, se tienen como probados los siguientes hechos relevantes:

3.1. Los señores Wilson Daza Parra y Gloria Cecilia Castañeda fueron víctimas en un accidente de tránsito ocurrido el 27 de diciembre de 1998, en la vía que comunica los municipios de Manizales y Medellín, en el punto conocido como “Tres Puertas”, en jurisdicción del municipio de Villamaría, al colisionar la motocicleta de placas DAE-95, en la que viajaban, con el vehículo campero, de placas OUB-890 (informe de accidente, fls. 44-46, cdno. 1 y testimonio del agente de la Policía Omar Gil Ospina, quien atendió la diligencia de levantamiento del croquis del accidente, fls. 2-6, cdno. 2).

3.2. En ese accidente, los señores Gloria Cecilia Castañeda Lasso y Wilson Daza Parra sufrieron ambos “fractura abierta de tibia y peroné pierna derecha”, por lo cual recibieron atención médica, quirúrgica y hospitalaria en el Instituto de Seguros Sociales - seccional Caldas (historias clínicas, fls. 59-84, cdno. 1). Las lesiones les produjeron incapacidad médico legal provisional de 60 días (reconocimiento médico legal practicado a los pacientes por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el día 5 de enero de 1998, fls. 47-48, cdno. 1). Fueron citados a nuevo reconocimiento al finalizar la incapacidad médico legal, a la cual debían presentar un resumen de la historia clínica que se les llevara en el Instituto de los Seguros Sociales, pero no obra en el expediente prueba de nuevo reconocimiento.

3.3. Los señores Jesús Daniel Daza Cuervo y Gilma Rosa Parra Álvarez son padres del señor Wilson Daza Parra (registro civil del nacimiento de este, fl. 8, cdno. 1), y la señora Luz la señora Amparo Lasso es la madre de la señora Gloria Cecilia Castañeda Lasso (registro civil del nacimiento de esta demandante, fl. 9, cdno. 1).

3.4. Los señores Wilson Daza Parra y Gloria Cecilia Castañeda y sus padres sufrieron perjuicios morales y materiales como consecuencia del daño que padecieron, según lo afirmaron en el proceso los señores Fermín Figueroa Suárez, Alexander Ballesteros Gallego, Carmen Oliva Cárdenas de Restrepo y Deici Amparo Hernández Rendón (fls. 11-18, 41-43, cdno. 2), quienes aseguraron ser compañeros de trabajo, amigos o vecinos de los demandantes y por eso constarles esos hechos.

4. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto, corresponde a la Sala decidir si puede mantenerse la decisión proferida por el tribunal de instancia, en la cual se condenó al hospital de Villamaría a pagarle a los demandantes los perjuicios que sufrieron como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 27 de diciembre de 1998, a pesar de que dicho hospital no fue demandado, sino llamado en garantía por el hospital de Caldas, entidad contra la cual se dirigió la acción, pero que en la sentencia recurrida se declaró que no estaba legitimada en la causa.

En caso de que el recurso prospere en este aspecto, deberá la Sala establecer si el hospital de Caldas es patrimonialmente responsable del daño que sufrieron los demandantes y, en tal caso, si el hospital de Villamaría llamado en garantía debe reintegrar a la entidad las sumas que aquel pague a los beneficiarios como indemnización; además, deberán revisarse las indemnizaciones concedidas, a fin de establecer si está o no demostrada su existencia, y si las mismas son o no proporcionales al daño.

5. Análisis de la Sala.

5.1. El hospital Villamaría de Caldas impugnó la sentencia, con el argumento de que no debió condenársele a pagar suma alguna a los demandantes porque fue llamada en garantía por el hospital de Caldas, al cual se exoneró de responsabilidad en la sentencia dictada por el a quo.

Al respecto, estima la Sala que en materia de intervención de litisconsortes y terceros en procesos de controversias contractuales y de reparación directa, el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo establece que la parte demandada podrá en el término de fijación en lista denunciar el pleito, llamar en garantía o presentar demanda de reconvención. No obstante, esa codificación no contiene una regulación de esas figuras, por lo que el artículo 146 ibídem remite expresamente a los artículos 50 a 57 del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 57 del Código de Procedimiento Civil define el llamamiento en garantía como la figura procesal que permite a quien sea llamado a un proceso para que responda patrimonialmente por un daño, citar a aquel de quien derive un derecho, legal o contractual, a fin de que le indemnicen los perjuicios que llegare a sufrir como consecuencia de la sentencia que se profiera en su contra(2). Por su parte, el artículo 55 ibídem señala los requisitos que debe contener la solicitud de llamamiento en garantía, en relación con los cuales la sección ha señalado que son los siguientes:

i) El nombre de la persona llamada en garantía y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso, ii) La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran (bajo la gravedad de juramento), iii) Los hechos en que se basa el llamamiento en garantía y los fundamentos de derecho que se invoquen y iv) La dirección de la oficina o habitación donde el llamante y su apoderado recibirán notificaciones personales.

Ha entendido la Sala que al escrito en el cual se fundamenta el llamamiento, se debe acompañar la prueba siquiera sumaria del derecho a formularlo y la relativa a la existencia y representación que fueren necesarias, con el fin de garantizar que el uso de este instrumento procesal sea serio, razonado y responsable, además de ser adecuado al derecho de defensa del citado.

Es decir, es indispensable para la procedencia del llamamiento en garantía, además del cumplimiento de los requisitos formales, que el llamante allegue prueba siquiera sumaria del derecho legal o contractual en que apoya la vinculación del tercero al proceso, dado que dicha vinculación implica la extensión de los efectos de la sentencia judicial al tercero, causándole eventualmente una posible afectación patrimonial(3).

La Sala ha reiterado que en materia de responsabilidad estatal deben diferenciarse dos relaciones jurídicas y juicios de responsabilidad patrimonial: una, la relación en la cual se controvierte y se persigue la responsabilidad directa del Estado por el daño antijurídico ocasionado por la acción u omisión de las autoridades públicas y cuyas partes son la entidad pública en calidad de demandada y la víctima en calidad de demandante; y otra, en la que los extremos son: el Estado como demandante y la persona de la que se pretende el reintegro del valor de la indemnización que aquel pagó a la víctima del daño, bien por existir una obligación legal o contractual de garantía, o bien porque se demuestre la actuación dolosa o gravemente culposa del servidor estatal con motivo o en ejercicio de sus funciones, cuando el llamamiento en garantía se formule contra este(4).

Es claro entonces que la pretensión inherente al llamamiento en garantía está “condicionada al resultado de la sentencia, pues cobra fuerza solo cuando se condena a la entidad demandada y esta tenga derecho legal o contractual de exigir del llamado la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer”(5). En otras palabras, para que se pueda entrar a analizar la segunda relación jurídica que surge con ocasión del llamamiento en garantía es necesario que se profiera condena en contra de quien fue demandado y promovió la citación, porque solo cuando se establezca que aquel puede sufrir un perjuicio derivado de la condena habrá lugar a resolver si el llamado debe hacer el reembolso total o parcial de la misma. De manera muy clara lo ha señalado la Sala:

... el llamamiento supone la existencia de una relación jurídico sustancial diferente a la que es objeto de las pretensiones contenidas en la demanda aunque entre ambas exista una dependencia necesaria, pues claro resulta que solamente cuando se produzca una sentencia de condena, habrá lugar a estudiar si el llamado debe asumir en virtud de la existencia de la garantía, dichas obligaciones objeto de la condena(6).

Dado que en este caso el a quo declaró la falta de legitimación en la causa del hospital de Caldas ESE y, en consecuencia, negó las pretensiones formuladas en su contra, no había lugar a resolver sobre la responsabilidad del hospital San Antonio de Villamaría, llamado en garantía, porque, se insiste: la decisión favorable de esa segunda relación jurídica estaba condicionada a que se profiriera condena en contra de la entidad demandada y esta, además, demostrara la existencia de un derecho legal o contractual para obtener de la entidad llamada en garantía el reembolso total o parcial de la indemnización que hubiera pagado a los demandantes.

5.2. Ahora bien, afirma la entidad recurrente que lo que debió formular el hospital de Caldas ESE fue una denuncia del pleito y no el llamamiento en garantía.

Vale señalar que los requisitos y el procedimiento para la formulación y trámite de la denuncia del pleito y del llamamiento en garantía son los mismos. La diferencia entre estas dos figuras procesales radica en el origen de los derechos que las sustentan. En efecto, como antes se señaló, el llamamiento en garantía se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, según lo previsto en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que la denuncia del pleito, en los términos del artículo 54 ibídem, se consagró como el mecanismo procesal con que cuentan demandante y demandado para hacer efectiva la obligación de saneamiento por evicción prescrita en el artículo 1899 del Código Civil que dispone:

El comprador a quien se demanda la cosa vendida por causa anterior a la venta, deberá citar al vendedor para que comparezca a defenderla.

Esta citación se hará en el término señalado por las leyes de procedimiento.

Si el comprador omitiere citarle, y fuere evicta la cosa, el vendedor no será obligado al saneamiento; y si el vendedor citado no compareciere a defender la cosa vendida, será responsable de la evicción; a menos que el comprador haya dejado de oponer alguna defensa o excepción suya, y por ello fuere evicta la cosa.

En estos términos, la denuncia del pleito solo puede formularla el demandante o demandado respecto de la persona de la que adquirió, a título oneroso, el derecho real que se discute en la litis, para que esta sea obligada al saneamiento en caso de evicción, dado que el objeto de esta figura es facilitar la intervención del vendedor en calidad de tercero con miras a que “este concurra a cumplir con sus obligaciones nacidas de la compraventa, apoyando la pretensión o la oposición del denunciante, lo cual lo sitúa también como parte en el proceso y, por tanto, queda sujeto al resultado del mismo”(7).

Conforme a lo anterior, en el caso concreto no era procedente que el hospital de Caldas ESE denunciara el pleito al hospital de Villamaría porque en el proceso no se estaba debatiendo derecho real alguno, ni existía ley sustancial que facultara al demandado para realizar esa citación, ni se anexó prueba sumaria del derecho que lo habilitara para tal efecto. Lo que adujo el demandado para pedir la citación del hospital San Antonio fue el hecho de que al momento del accidente el vehículo oficial de la placa OUB-890 estaba bajo la guarda material de este último, al cual se había hecho entrega anticipada en cumplimiento del convenio de permuta celebrado entre las entidades estatales, supuesto que no encaja entre los previstos por el legislador para la procedencia de la denuncia del pleito.

Dado que la pretensión del hospital de Caldas ESE estaba dirigida a que declarara la responsabilidad del hospital de Villamaría, por ser el tenedor del vehículo al momento del accidente, no procedía la denuncia del pleito ni era posible declarar su responsabilidad directa, porque no fue demandado en el proceso, es decir, no concurrió como litisconsorte, sino como llamado en garantía de quien sí fue demandado.

En resumen: las entidades públicas pueden llamar en garantía a los terceros frente a quienes les asista un derecho legal o contractual de exigir el reembolso de las sumas que deba pagar a título de indemnización, o a los servidores estatales cuando quiera que estos hubieren incurrido en acciones dolosas o gravemente culposas que hubieren dado lugar a la condena, y podrán formular denuncia del pleito contra la persona de la que adquirió, a título oneroso, el derecho real que se discute en la litis, para que esta sea obligada al saneamiento en caso de evicción, y cuando exista ley sustancial que faculte a cualquiera de las partes a promoverla, es decir, la denuncia del pleito emana de un derecho real(8) materializado en la figura de la evicción en el contrato de compraventa o de la existencia de una ley sustancial que faculte su procedencia(9).

Es el demandante quien decide cómo integrar la parte pasiva del ligio al dirigir sus pretensiones contra todos los presuntos responsables, contra varios o contra uno solo de ellos. Aquel o aquellos que sean llamados al proceso, en caso de prosperar la demanda, deben responder patrimonialmente y en forma solidaria por la totalidad del daño, sin que les esté dado pedir que se integre el litisconsorcio con los demás obligados, por no ser este necesario, aunque sí pueden pretender a través de una acción diferente que se declare la responsabilidad de los demás para que estos les reembolsen la porción de la indemnización que les corresponda de acuerdo con su grado de participación en el daño.

No hay lugar a entender que cuando el demandado llama en garantía a un tercero, este también adquiere el carácter de demandando en la relación procesal principal y que, en consecuencia, el juez está habilitado para condenarlos a ambos —llamante y llamado— o a cualquiera de ellos, a pagar al demandante la indemnización de los perjuicios que se le hubieran causado.

Debe tenerse en cuenta, se reitera, que cuando en una acción de reparación directa la entidad demandada llama en garantía a aquel de quien derive un derecho legal o contractual, para que le indemnice los perjuicios que llegare a sufrir como consecuencia de la sentencia que se profiera en su contra, se integran dos relaciones procesales diferentes. La primera: entre el demandante y el demandado. En esta la controversia gira en torno a la responsabilidad patrimonial de la entidad por el daño antijurídico que el demandante le imputa y, la segunda: entre la entidad demandada y el llamado, a fin de que, en el evento de que aquella sea condenada a pagar al demandante la indemnización reclamada, se determine si este debe reintegrarle la totalidad o una parte de esa indemnización, en razón de la existencia de un derecho legal o contractual de garantía.

Por lo tanto, en el caso concreto, se modificará la sentencia impugnada que declaró la responsabilidad directa de la entidad que no había sido demandada, sino llamada en garantía, para analizar si, tal como se pidió en la demanda, hay lugar a declarar al hospital de Caldas patrimonialmente responsable del daño. Una vez se resuelva esa relación jurídica y en caso de ser favorable a la parte demandante, se procederá a establecer si el hospital Villamaría de Caldas, llamado en garantía, debe reintegrar al hospital de Caldas ESE, en forma total o parcial, la suma que aquel deba pagar a los demandantes.

5.3. Está demostrado que el accidente ocurrido el 27 de diciembre de 1998, en la vía que comunica los municipios de Manizales y Medellín, en el punto conocido como “Tres Puertas”, en jurisdicción del municipio de Villamaría, se produjo al colisionar la motocicleta de placas DAE-95, en la que viajaban los señores Gloria Cecilia Castañeda Lasso y Wilson Daza Parra con el vehículo campero, de placas OUB-890, de propiedad del hospital de Caldas.

Según la versión del señor Jesús Albeiro Orozco Serna (fl. 46, cdno. 1), conductor del vehículo oficial, el accidente se produjo porque los motociclistas se desplazaban a exceso de velocidad. Su versión fue consignada en el informe del accidente en estos términos:

Vengo de la Rochela, en el cruce de Tres Puertas hago el pare dirigiéndome a Manizales, un señor en una moto, acompañado de una joven bien de la ruta de Irra muy tirado a su derecha, se golpea con la punta del bomper delantero del carro, cayendo como a los 5 metros, aproximadamente, es de aclarar que el conductor de la moto venía a mucha velocidad, de lo contrario, el señor no hubiera ocasionado el accidente.

A juicio de la Sala, la versión del conductor del vehículo no merece credibilidad, de una parte, porque resulta sospechosa, en tanto le asistía interés en justificar su actuación y, de otra, porque quedó demostrado que la vía Panamericana, sobre la que se desplazaban los motociclistas, tenía prelación y que fue el vehículo oficial el que no hizo el pare reglamentario. Esos hechos se acreditaron con las siguientes pruebas:

El testimonio rendido en el proceso por el agente de la policía de carreteras Omar Gil Ospina (fls. 44-46, cdno. 1), quien señaló que las circunstancias en las cuales tuvo conocimiento del hecho fueron las siguientes:

En el momento me encontraba laborando en policía de carreteras, instantes en que llegaba a la estación de policía Tres Puertas, sentimos un golpe, de inmediato, personas que se encontraban en el sitio del accidente llamaron hacia nosotros, inmediatamente nos regresamos encontrando una motocicleta y dos personas en el suelo, igualmente, un Trooper de color blanco, los cuales habían colisionado. Procedimos a levantar a los lesionados y despacharlos al hospital para que fueran atendidos. Es de anotar que la motocicleta y los lesionados fueron recogidos del carril izquierdo, pasando del cruce de Tres Puertas hacia la Manuela, con lesiones ambos en la pierna derecha. Posteriormente, procedimos a elaborar el croquis, al verificar el sitio o parte de colisión de los vehículos, pudimos observar que los ocupantes de la motocicleta se habían golpeado con la punta delantera izquierda del vehículo Trooper, ya que lo que nos puede mostrar que el señor conductor del vehículo Trooper no hizo el pare correspondiente en dicho cruce o no respetar (sic) prelación, más comúnmente, al ingresar a una vía de prelación superior o de mayor flujo vehicular...ambos vehículos venían en movimiento... [el Trooper] pudo haberse detenido después del impacto, después de la colisión... [la prelación] la llevaba la motocicleta, viene subiendo del 41 hacia la Manuela, por ser una carretera nacional, es la vía Panamericana y el vehículo Trooper viene por una vía departamental o de menor flujo vehicular (...).

Señaló el testigo que de acuerdo con el croquis del accidente, que él levantó, la ubicación de los vehículos que participaron en la colisión fue la siguiente: “una distancia del eje delantero derecho del vehículo Trooper y el segmento I nos indica que de la línea antes mencionada al eje delantero izquierdo del vehículo Trooper hay una distancia de 7.30, lo que significa que el accidente se produjo más sobre la vía Panamericana”; que era muy claro quién tenía la prelación de la vía, por la línea de pare y “los reductores de velocidad sobre la calzada de la vía que sale de Santagueda a coger la vía Panamericana”; que en ese cruce el conductor que tiene mejor visibilidad es el que “sale de la vía de Santagueda hacia la Panamericana, ya que el que viene de Irra hacia Manizales por la vía Panamericana viene en una ligera pendiente y cuando nota el otro vehículo ya está el cruce”, y aclaró que el puesto de policía de Tres Puertas se hallaba a 80 metros del sitio donde ocurrió el accidente.

No encuentra la Sala motivo de sospecha en la versión del agente de la policía de carreteras, quien se limitó a hacer una descripción de lo ocurrido. Su informe no mereció reproche alguno a los partícipes del hecho. Sus apreciaciones fueron objetivas, en tanto dieron cuenta de medidas y distancias tomadas en el acto; además, algunos de esos aspectos, relacionados básicamente con la prelación de la vía Panamericana, las dimensiones y visibilidad de las vías fueron corroborados en la inspección judicial practicada por el a quo el 13 de julio de 2001 al sitio donde ocurrió el accidente (fls. 7-10, cdno. 2), en la cual se dejaron las siguientes constancias:

[E]n cuanto a la visibilidad se halló que esta es excelente, tanto para el conductor del campero, como para el de la motocicleta, pues para el primero cuenta con una distancia superior a los 60 metros tomando la vía Santagueda hasta llegar a la intersección con la Panamericana y visibilidad similar en cuanto a distancia de quien se desplazaba por la Panamericana en dirección hacia Manizales. De acuerdo al esquema que se acompaña a esta diligencia, elaborado por el suscrito magistrado, se halló que el ancho de la vía Panamericana en el sitio del accidente es de 7.30 metros; que el ancho de la vía a Santagueda es de 8.30 metros; que del sitio supuesto donde ocurrió el choque, según información del conductor de la motocicleta y demandante en el proceso, al eje de la vía hay una distancia de 2.20 metros y que del mismo sitio a la orilla de la vía, en toda la curva, en la intersección con la Panamericana hay 3.30 metros. Debe anotarse que según la posición del vehículo de acuerdo a las medidas tomadas y adoptadas en el croquis elaborado por la policía, la distancia última indicada sería de 4.10 metros, anotando sobre este punto, tal como lo dijo el agente Omar Gil Ospina, quien fue el que elaboró este croquis y rindió declaración, esas medidas las tomó minutos después de haber ocurrido el accidente.

Cabe señalar que el agente de la policía de carreteras Omar Gil Ospina indicó cuáles eran las señales reglamentarias de tránsito que existían en las vías en las cuales se produjo la colisión, pero también advirtió las fallas que se presentaban en estas, así: una línea de pare ubicada en la vía que de Tres Puertas conduce a Santagueda, que por el trajín vehicular se borraba; semáforos, que muchas veces estaban fuera de servicio; que para el momento de los hechos y que según lo que recuerda, las vías estaban secas, en asfalto y en buenas condiciones.

También en la diligencia de inspección judicial se indicaron las señales de tránsito que existían para ese momento sobre las vías en cuestión: una señal vertical de pare en la margen derecha, otra informativa sobre la dirección de las vías; en el piso de la carretera que conduce a Santagueda, antes de llegar a la curva de intersección con la Panamericana, hay una huella de lo que supuestamente fue una línea blanca de pare, que “no se encuentra quizá por el uso y el paso del tiempo ninguna indicación sobre el particular”; que para ese momento la vía estaba en buen estado de conservación y funcionamiento. Con relación a las vías que fueron observadas, el agente de la policía Omar Gil manifestó en la diligencia que “las señales existentes en la vía Santagueda Manizales antes de llegar a la intersección... fueron colocadas en el transcurso de este año”.

De acuerdo con las pruebas anteriores, las señales de tránsito ubicadas sobre las vías presentaban fallas en su mantenimiento para el momento de los hechos, y en relación con las que se verificaron en la inspección judicial no debe perderse de vista que esta se practicó tres años después del accidente, por lo que no puede asegurarse que las mismas se hallaran al momento de su ocurrencia; de hecho, durante la diligencia el mismo testigo aclaró que algunas de esas señales fueron instaladas en el último año; sin embargo, tales circunstancias carecen de relevancia para la solución del caso concreto, porque en el proceso no se atribuyó el accidente a la carencia de señales reglamentarias de tránsito, sino al incumplimiento por parte del conductor del vehículo oficial de respetar la prelación que llevaban los motociclistas, hecho que aquel no cuestionó.

5.4. En la sustentación del recurso de apelación, el hospital de Villamaría adujo que el daño era imputable a las víctimas, quienes estaban ejerciendo una actividad peligrosa y violatoria del estatuto nacional de tránsito, porque las motocicletas solo están habilitadas para transportar un pasajero y que, además, era clara la impericia del motociclista, quien contaba con espacio suficiente para sortear oportunamente la actuación del conductor del vehículo oficial, siempre que hubiera ido a velocidad reglamentaria.

La causal de exoneración alegada por la entidad no fue acreditada en el expediente. No obra prueba que acredite que la motocicleta en la que viajaban los demandantes estuviera habilitada solo para movilizar un pasajero, ni que para el momento de los hechos existiera restricción alguna en cuanto al número de personas que podían ocupar uno de esos vehículos; tampoco se probó la falta de pericia del conductor ni que viajara a exceso de velocidad; por el contrario, de las circunstancias en las cuales se produjo el accidente, deduce la Sala que los motociclistas no incurrieron en violación de norma reglamentaria alguna, porque de haber sido como lo sugiere la entidad recurrente, el accidente hubiera tenido peores consecuencias.

5.5. También señaló la entidad apelante que el hecho no tuvo nexo alguno con el servicio, porque el día del accidente fue un domingo y no aparece antecedente que demuestre que al conductor del vehículo oficial se le hubiera ordenado la realización de funciones propias del cargo.

Ese hecho exceptivo debió ser acreditado por la entidad que lo alegó, en especial porque era la que estaba en condiciones de probar que había perdido la guarda del vehículo, sin haber incurrido en falla alguna. Sin embargo, no aparece prueba en el expediente que desvirtúe la presunción de que el vehículo oficial estaba cumpliendo una misión de esa misma naturaleza, o que, al menos, su conductor había extralimitado toda autorización, y que frente a esa conducta la entidad no era digna de reproche. Por lo tanto, no hay lugar a afirmar que el ejercicio de la actividad riesgosa ejercida por el conductor del vehículo oficial, fuera ajena al servicio que debía prestar.

5.5. Ahora bien, el hospital de Caldas manifestó que no era responsable del accidente porque había entregado el bien al hospital de Villamaría en razón del contrato de permuta que celebraron.

Está demostrado que el hospital Universitario de Caldas para el momento de los hechos era el propietario del vehículo Trooper, de placas OUB-890, según la certificación expedida por el coordinador del grupo placas, matrículas y traspasos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, el 21 de mayo de 1999 (fl. 15, cdno. 1), en la cual consta:

Clase: campero

Tipo: cabinado

Marca: Chevrolet Trooper DLX CAB. 2.259 cc

Modelo: 1992

Color: rojo y blanco metal

Servicio: oficial

Capacidad: 5 puestos

(...).

Fecha: noviembre 1º de 191 (sic)

Puerto de entrada: Bogotá

Propietario actual: Hospital Universitario de Caldas...

Lim. a la propiedad: no tiene limitaciones

Propiet. anteriores: solo ha tenido un propietario

Observaciones: este vehículo se encuentra a paz y salvo por impuesto.

También obra en el expediente el “acta de entrega por permuta 016” de 30 de noviembre de 1998, suscrita por los gerentes de los hospitales de Caldas ESE y San Antonio de Villamaría, en la cual consta que el primero entregó al segundo varios bienes, entre ellos, el vehículo campero marca Chevrolet, placas OUB-890 (fls. 120-124, cdno. 1). Así lo afirmaron también los señores Uriel Bedoya Ramírez y Jorge Hernán Carvajal, funcionarios del hospital Villamaría (fls. 1-7, cdno. 3).

Al momento del accidente, el vehículo de placa OUB-890 era conducido por el señor Jesús Albeiro Orozco Serna, quien estaba vinculado al hospital San Antonio de Villamaría, Caldas, desde el año 1992, en el cargo de técnico código 401, asistente administrativo, tal como consta en la certificación expedida por el director de esa entidad hospitalaria (fl. 85, cdno. 1).

El 14 de enero de 1999, esto es, con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, los hospitales de Caldas ESE y San Antonio de Villamaría celebraron el “convenio interadministrativo de permuta”, por medio del cual el primero transfirió al segundo la propiedad de varios vehículos y entre ellos, el “campero Chevrolet Trooper DLX, cabinado, placas OUB-890, modelo 1992, color rojo, motor 969361, serie USA 67728, cuyo valor comercial asciende a la suma de quince millones ochocientos mil pesos ($ 15 800 000)” (fls. 117-119, cdno. 1). El valor del vehículo fue aclarado mediante acto de 17 de marzo de 1999 (fls. 125-129, cdno. 1).

Significa lo anterior que para el 27 de diciembre de 1998, día en el cual ocurrió el accidente, el vehículo de placas OUB-890 figuraba como de propiedad del hospital de Caldas y, de acuerdo con lo acreditado en este proceso, así continuó registrado, por lo menos hasta el 21 de mayo de 1999, fecha en la cual la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales expidió la certificación sobre su matrícula; aunque también está demostrado que los hospitales de Caldas ESE y San Antonio de Villamaría celebraron el “convenio interadministrativo de permuta”, el 17 de enero de 1999, pero que desde el 30 de noviembre de 1998, aquel le había hecho entrega del vehículo a este.

5.6. En este orden de ideas, resulta relevante a efectos de establecer la responsabilidad patrimonial del hospital de Caldas ESE demandado en este proceso, determinar si este tenía o no bajo su guarda el vehículo con el cual se causó el daño.

En relación con la responsabilidad patrimonial por los daños causados con objetos peligrosos, como lo son los vehículos automotores, la jurisprudencia y la doctrina nacional y foránea, han señalado que la misma corresponde a su guardián, entendiendo como tal: o bien aquel que tiene materialmente el objeto en su poder y puede ejercer sobre este vigilancia y dirección (guarda material); o aquel que reporta beneficio económico o personal de su uso (guarda provecho); o aquel que tiene una vinculación jurídica con la cosa, como el propietario o poseedor (guarda jurídica)(10).

Al aplicar a los casos concretos esas nociones, para derivar de ellas el deber de reparar, se han generado incoherencias relevantes. Así, al identificar el guarda material simplemente con quien tiene el poder de disposición inmediato del bien se puede desproteger a la víctima al obligarla a dirigir su pretensión reparatoria, por ejemplo, contra el conductor del vehículo y no contra su dueño; por otra parte, identificar al guardián con el propietario pone a este en desventaja cuando ha sido despojado del bien, o lo ha entregado a un tercero bajo título jurídico que implique transferencia del poder de dirección y control; e, inclusive, es fácil advertir que no siempre aquel que recibe un beneficio del uso del bien tiene el poder de dirección sobre el mismo, como ocurre en los casos de transporte benévolo(11).

Por las razones anteriores, se ha pretendido corregir la definición de guarda para referirla a quien tenga control material sobre la actividad que se desarrolla con el objeto, bien porque la ejerza personalmente o bien porque otro lo haga a su nombre, como en el caso de los representantes o empleados, o simplemente porque ha facilitado o autorizado a otra persona el bien para su disfrute temporal, sin desprenderse de su poder de dirección y control (guarda intelectual). En este orden de ideas, el propietario o poseedor con ánimo de señor y dueño (guarda jurídico), es quien, en principio, ejerce el poder de dirección del mismo, a menos que hubiera trasmitido a otro ese derecho mediante cualquier negocio jurídico idóneo (arrendamiento, depósito, etc.), o haya sido despojado ilícitamente de él.

Estas nociones, pensadas desde el derecho civil han sido acogidas en la jurisprudencia de la corporación, con las precisiones necesarias para armonizarlas con los principios y fundamentos de la responsabilidad patrimonial de las entidades públicas. Así, se ha fijado la regla conforme a la cual los daños causados con objetos peligrosos son imputables a las entidades públicas cuando los mismos están destinados de manera permanente o temporal a la prestación de los servicios a su cargo, bien por ser propietarias de los mismos, o por tenerlos bajo su cuidado con fundamento en un título jurídico diferente o simplemente por haberlos destinado a esos fines de manera temporal:

La responsabilidad derivada del hecho de las cosas, término utilizado por el Código de Napoleón, plantea el surgimiento de una obligación, no solamente respecto del daño causado por el hecho propio sino también por las cosas que se tienen bajo custodia, postulado que fue reconocido inicialmente por el derecho francés en su legislación y posteriormente considerado por la jurisprudencia colombiana y que tiene razón de ser por el deber de vigilancia y cuidado por parte de quienes ejercen poder sobre la cosa.

Desde sus inicios se consideró que tal responsabilidad debía ser objeto de un tratamiento especial, contemplando beneficios a favor del perjudicado, primero mediante la presunción de la culpa del propietario o guardián de la cosa, posteriormente a través del establecimiento de la responsabilidad objetiva que sacaba por completo la culpa de la estructura de responsabilidad; se diferenció asimismo entre los daños ocasionados por la ruina de los edificios, y los originados, entre otros, por cosas inanimadas.

Asimismo y con fundamento en la previsión contenida en el artículo 2.384 del Código Civil francés que refiere a la responsabilidad de las cosas que se tienen bajo custodia, la jurisprudencia y la doctrina foránea y nacional empezaron a referir a la responsabilidad que recae en el guardador de la cosa, entendido este como la persona que tiene el poder de dirección, disposición o mando sobre esta(12), lo que dio lugar a su vez a distinguir entre guarda jurídica y guarda material y a considerar la responsabilidad por el hecho de las cosas para el que detenta su propiedad, o para el que tiene la tenencia o uso de cosa; se distinguió asimismo entre guardián de la estructura y guardián del comportamiento y entre la responsabilidad del guardián por los daños derivados de los vicios de la cosa o de la que se desprenden de la utilización de esta, respectivamente(13).

Los doctrinantes Mazeaud-Tunc llaman la atención sobre “(...) cuán comprensiva es la responsabilidad con que la jurisprudencia ha dotado a una víctima de una cosa inanimada, que pruebe que la cosa ha participado en el daño; con ello tendrá derecho al abono de daños a menos que el guardián de la cosa pueda demostrar que la cosa suya no ha sido la verdadera causa del daño (...)”(14) teniendo en cuenta que toda intervención de la cosa en la producción del daño se presume activa.

La legislación colombiana por su parte previó en el Código Civil el daño ocasionado por el hecho de las cosas en los artículos 2.350, 2.351 y 2.355; estas disposiciones prevén los daños ocasionados por la ruina de edificio, por ruina originada por un vicio de construcción y por daño causado por cosa que cae de edificio, que han sido fundamento jurídico de la declaratoria de responsabilidad en juicios adelantados ante la jurisdicción civil ordinaria. Esta corporación por su parte, ha estudiado las situaciones de daños ocasionados por el hecho de las cosas inanimadas enmarcándolo de manera general, en algunas ocasiones, en los supuestos contemplados por el artículo 90 de la Carta Política, considerando que se trata de un daño antijurídico o aquel que el particular no está en la obligación de soportar y en otras y tratándose de daños inferidos con cosas que revisten peligrosidad o son utilizadas en actividades peligrosas, a través del título jurídico de riesgo excepcional cuya pertenencia al régimen objetivo hace que solo pueda hablarse de exoneración de responsabilidad mediante la prueba de la ruptura del nexo causal, a través de la demostración del hecho exclusivo del tercero, de la víctima o de la fuerza mayor(15).

Conforme al criterio acogido por la jurisprudencia de la corporación, la responsabilidad patrimonial por el hecho de las cosas recae sobre aquel que detenta su guarda material, esto es, sobre la persona que tiene el poder de dirección, disposición o mando sobre ellas, aunque no ostente su guarda jurídica, es decir, al margen de que no sea su propietario. Ha dicho la Sala:

[E]n el caso concreto, no resulta relevante la demostración de la titularidad o propiedad del campero Toyota, sino la identificación de quién ejercía el poder intelectual de uso, mando y dirección de la cosa, esto es, la guarda material del automotor al momento de producción del accidente, circunstancia que quedó probada con suficiencia con la certificación suscrita por la secretaria general de EPSA, así como con el informe del accidente. En efecto, la Sala siguiendo el pensamiento formulado por la doctrina de los hermanos Mazeaud, ha sostenido que en tratándose de los daños derivados del ejercicio de una actividad peligrosa, el criterio imperante es el de guarda material, y que, de manera subsidiaria habrá lugar a acudir a los conceptos de guarda jurídica o guarda provecho, esta última asociada al concepto de riesgo beneficio(16).

En aplicación del criterio de que quien tiene la guarda material de un objeto, al margen de que el mismo ostente o no la guarda jurídica, es quien debe responder patrimonialmente por los daños que se causen con el mismo, se ha condenado a las entidades estatales, por ejemplo, cuando tales daños se producen en ejercicio de actividades en las cuales se utilizan vehículos de propiedad de particulares:

Un aspecto fundamental que debe resolverse antes de entrar en el análisis del caso concreto es el referido a la responsabilidad del Estado cuando el bien con el que se ejerce la actividad peligrosa no es de su propiedad. El Estado responde cuando utiliza cosas peligrosas para cumplir sus funciones frente a quien no ha asumido los riesgos de esa actividad y sufre un daño, dada su calidad de guardián de ellas y no por ser su propietario(17).

La responsabilidad patrimonial por el hecho de las cosas recae sobre quien tenga su guarda material. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, se presume que el propietario de tales objetos, esto es, quien ostente la guarda jurídica tiene a su vez la guarda material y es, por lo tanto, responsable del daño que con las mismas se hubiera causado, a menos que desvirtúe esa presunción. En otros términos, de la prueba de la propiedad de los objetos se infiere la de su poder de dirección. Así se ha señalado de manera reiterada en la jurisprudencia de la Sala:

[A] pesar de que se presume que el propietario del bien tiene su guarda, este puede demostrar que al momento de la ocurrencia del hecho no tenía disposición del mismo y por lo tanto, liberarse de responsabilidad en los eventos en los cuales el daño se produce como consecuencia del funcionamiento del objeto: ‘Puesto que es el propietario, en la situación normal, el que tiene el poder de mando, hay que decidir, y la consecuencia merece ser subrayada, que pesa sobre el propietario una ‘presunción de guarda’. La víctima no tiene que probar que el propietario tiene la custodia de una cosa de él. A este último es al que le incumbe demostrar que ya no es guardián...que ya no tiene la dirección de una cosa suya; que ha transmitido o perdido ‘el uso, la dirección y el control(18).

Para decidir la responsabilidad del Estado en relación con el uso de cosas riesgosas es necesario definir si en el momento en que se produjo el daño la entidad oficial tenía o no la guarda del bien. Cuando se acredita que el Estado es el propietario de la cosa se presume que tiene su guarda, aunque dicha presunción puede ser desvirtuada. En otros términos, la custodia, guarda y conservación de los objetos públicos, entre ellos naturalmente los vehículos oficiales, es una obligación que recae en la entidad pública a la cual se encuentran asignados tales objetos y por lo tanto, la entidad debe ejercer sobre tales bienes los controles suficientes para evitar que con ellos se cause cualquier daño. En consecuencia, si con los objetos oficiales se causan daños antijurídicos y no media prueba de causal alguna de exoneración que rompa el vínculo causal, la responsabilidad patrimonial del Estado aparece comprometida por la relación existente entre la conducta y el daño ocurrido. Se reitera que el guardián del objeto peligroso —vehículo oficial, arma de dotación— responde por los daños que con este se causen(19).

Y también se ha precisado en la jurisprudencia que frente a las víctimas puede considerarse que la guarda de la actividad riesgosa puede recaer en varias entidades, en razón de los diferentes títulos jurídicos que puedan tener en relación con el objeto:

Adicionalmente, se considera necesario tener en cuenta la noción de guarda, en relación con la actividad peligrosa desarrollada. Es bien sabido que, en principio, el propietario de la actividad peligrosa o de la cosa con que ella se desarrolla se presume guardián de la misma. No obstante, en algunos eventos, puede demostrarse que la guarda había sido transferida, caso en el cual la responsabilidad del propietario puede desaparecer. Puede suceder, también, que exista una guarda compartida entre varias personas. En ese sentido, el profesor Tamayo Jaramillo explica que ‘el responsable de la actividad peligrosa... es quien tiene el poder intelectual de dirección y control, poder que puede estar en cabeza de varias personas naturales o jurídicas, las cuales pueden tener diferentes relaciones de hecho frente a la actividad(20).

En conclusión: dado que en la generalidad de los casos, el propietario de los objetos con los cuales se ejercen actividades que se califican como riesgosas, es el que tiene el poder de mando y dirección sobre los mismos, este es el llamado a responder por los daños que con ellos se causen, a menos que demuestren haber perdido esa guarda, bien por haberla entregado a otro o bien por haber sido despojado de ella sin su responsabilidad, dado que lo que determina el deber de reparar los daños causados con objetos peligrosos es su poder de dirección, control, mando y vigilancia sobre los mismos. Por lo tanto, las entidades son responsables de esos daños no solo cuando ellas mismas los causan, bien por su comportamiento negligente o por haberse materializado los riesgos inherentes a las mismas, o por no haber evitado, debiendo hacerlo, los daños que con esos objetos puedan causar terceros.

5.7. En el caso concreto, como antes se señaló, el hospital de Caldas ESE demostró haber entregado el vehículo de placas OUB-890 al hospital Villamaría de Caldas desde el 30 de noviembre de 1998; sin embargo, no se probó que la entidad se hubiera despojado con ese acto de su poder de dirección, control y vigilancia sobre el bien. Pero, aún en el evento de haber sido así, esa circunstancia no era oponible a terceros por no haberse hecho público ese acto a través del registro automotor.

Es cierto que la parte demandante estaba enterada de que el vehículo era conducido en el momento del accidente por un empleado del hospital de Villamaría, porque según la información con la que contaba le había sido entregado el bien “en comodato”(21); sin embargo, esa información no relevaba de responsabilidad al hospital de Caldas ESE, en tanto los señores Wilson Daza Parra y Gloria Cecilia Castañeda Lasso no tenían por qué saber si esa entrega implicaba el traslado pleno de la guarda de la actividad, o si el propietario del vehículo mantenía sobre el mismo poder de mando y dirección de la actividad.

En esos mismos términos razonó la Sala en un evento similar en el cual la guarda jurídica del bien recaía en una entidad estatal, pero el accidente había sido causado por otra, que en ese momento ostentaba su tenencia:

En su recurso de apelación, el departamento de Antioquia recabó sobre la distinta personalidad del Hospital La Merced, el cual, sostuvo, no pertenece ni depende de dicha entidad territorial, cuenta con su propia personería jurídica y con autonomía administrativa y financiera; así mismo, hizo énfasis sobre el hecho de que la ambulancia envuelta en la producción del hecho dañoso, es de propiedad de la ONU (Organización de Naciones Unidas), entidad que no concurrió al proceso, alegando que, en consecuencia, no se integró el litis consorcio por pasiva; e insistió en la excepción de “inexistencia de la obligación”, consistente en que no se le puede deducir responsabilidad al departamento, por un hecho en el que no tuvo participación alguna, ni se le puede condenar a indemnizar unos perjuicios que no ocasionó ni directa ni indirectamente.

En relación con las anteriores aseveraciones, observa la Sala que, efectivamente, el hospital municipal, cuyo empleado manejaba la ambulancia que colisionó con la motocicleta conducida por el actor, no es una dependencia del departamento sino una persona jurídica distinta, tal y como se probó en el plenario, a la que cabe deducir responsabilidad patrimonial por los perjuicios que ocasionó al demandante mediante el ejercicio de una actividad peligrosa, como es la conducción de vehículo automotor, respecto de la cual, dicha entidad tenía la guarda material.

No obstante, esta circunstancia no significa la ausencia de responsabilidad de la entidad territorial, la cual se deriva del hecho de ser ella la llamada a ejercer control sobre el elemento peligroso, que lo es en este caso el vehículo automotor, toda vez que, jurídicamente, ejercía la guarda de la ambulancia que le fue entregada para “uso oficial” por su propietario, el PNUD (ONU), en cumplimiento de las labores propias de este organismo, que adelanta programas de cooperación para el desarrollo de las distintas naciones; y se afirma que el departamento de Antioquia era titular de la guarda jurídica del referido vehículo, toda vez que no consta en parte alguna del expediente, por qué, si formalmente figuraba a su cargo, era el hospital “de naturaleza privada” el que hacía uso de dicho bien, ni tampoco a qué título, esta institución asistencial ejercía su tenencia; esto quiere decir que no se probó por parte del departamento, la causa jurídica que lo relevara de su condición de guardián de la actividad peligrosa, y por lo tanto, de su deber de velar por el buen estado y la correcta utilización del vehículo, que se traduce así mismo, en el deber de responder por los daños que de su conducción puedan derivarse(22).

Por lo anterior, se concluye que al margen de la discusión jurídica que pueda suscitarse en relación con el carácter declarativo del registro automotor, lo cierto es que los actos que realicen las entidades en relación con sus bienes solo son oponibles a los terceros cuando han contado con la publicidad suficiente; en caso de omisión sobre la misma y, tratándose específicamente de la guarda de la actividad riesgosa, se presume, salvo prueba en contrario, que el propietario tiene la guarda material de la misma. En este caso, se insiste, la entidad demandada no logró desvirtuar dicha presunción, porque demostró haber entregado el vehículo, pero no acreditó haberse desprendido de su poder de mando y dirección sobre el mismo.

En consecuencia, el hospital de Caldas ESE, en tanto propietario del vehículo placas OUB-890 es responsable de los daños que se ocasionaron a los señores Wilson Daza Parra y Gloria Cecilia Castañeda Lasso en el accidente ocurrido el 27 de diciembre de 1998.

5.7. (sic) En cuanto a la entidad llamada en garantía —el hospital de Villamaría— considera la Sala el hospital de Caldas ESE tiene derecho de exigirle el reembolso parcial del pago que deba hacer como consecuencia de este proceso.

En efecto, como antes se señaló, el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil faculta al demandado para llamar en garantía al tercero en relación con el cual le asista un derecho legal o contractual de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

En este caso, se probó que el hospital de Caldas ESE celebró contrato de permuta con el hospital Villamaría, en virtud del cual aquella entidad hizo entrega a esta del vehículo campero marca Chevrolet, placas OUB-890, según “acta de entrega por permuta 016” de 30 de noviembre de 1998.

Cabe señalar que el contrato de permuta se suscribió el 14 de enero de 1999, esto es, con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, lo cual revela la voluntad de las partes de perfeccionar en esa fecha dicho contrato, de acuerdo con las formalidades previstas en la Ley 80 de 1993.

Dado que el hospital de Villamaría era quien tenía en mayor grado el poder de dirección, control y vigilancia sobre el vehículo al momento del accidente, lo cual se infiere del hecho de que el conductor del mismo era uno de sus servidores, según lo certificó la misma entidad y lo aseguraron los señores Uriel Bedoya Ramírez y Jorge Hernán Carvajal, también empleados ese centro asistencial (fls. 1-7, cdno. 3), se dispondrá que el llamado en garantía reintegre al hospital de Caldas ESE el 90% de la condena que este pague a los demandantes como consecuencia de esta sentencia.

5.8. En cuanto a la responsabilidad del señor Jesús Albeiro Orozco, conductor del vehículo, quien fue condenado en primera instancia a reintegrar al hospital de Villamaría el 50% de la indemnización que este pague a los demandantes, por haber obrado de manera gravemente culposa, se advierte que la Sala carece de competencia para revisar esa decisión porque en este aspecto, la sentencia no fue objeto de recurso.

5.9. Igual decisión se adopta en relación con la Previsora S.A. Compañía de Seguros, en relación con la cual consideró el a quo que dicho contrato había terminado por no haberse notificado oportunamente a la entidad aseguradora el cambio o variación del titular del riesgo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1060 del Código de Comercio, por lo que la compañía no podía entrar a responder por los daños causados con el vehículo. Frente a la solución sobre esta relación procesal no se interpuso recurso alguno, por lo cual la Sala carece de competencia para revisarla.

7. Liquidación de perjuicios.

Adujo el hospital de Villamaría en el recurso de apelación que resulta extraño que lesiones de la naturaleza sufridas por los demandantes les hubieran dejado secuelas permanentes, a menos que hubiera habido una inadecuada atención médica o quirúrgica o un inadecuado tratamiento fisioterapéutico, con lo cual la obligación indemnizatoria sería ajena a la entidad; que las condenas estaban fundamentadas en simples presunciones, en especial, la del perjuicio material, porque los demandantes no acreditaron sus ingresos; además, la incapacidad les debió ser reconocida por la respectiva EPS, de acuerdo con la ley vigente, y en relación con los perjuicios morales, consideró que era excesiva la indemnización, en tanto no se acreditó la existencia de secuelas.

En relación con las indemnizaciones concedidas por el a quo, considera la Sala:

7.1. Los perjuicios morales.

Dado que el monto de la indemnización por el perjuicio moral depende de la intensidad del daño, ha señalado la Sala que cuando este se produce en su mayor grado, como en el caso de la muerte de uno de los parientes más cercanos (padres, hijos) o del cónyuge o compañero, deben reconocerse al afectado 100 smlmv a la fecha de la sentencia(23), lo cual “no significa que no pueda ser superior cuando se pide una mayor indemnización y se alega y demuestra una mayor intensidad en el padecimiento del daño moral”(24).

Dado que en el caso concreto quedó acreditado que las lesiones sufridas por los Wilson Daza Parra y Gloria Cecilia Lazo Castañeda les produjeron una incapacidad de 60 días, pero no se demostró que las mismas les hubieran generado secuelas, se considera que la indemnización que les fue reconocida no resulta proporcional al daño y, por lo tanto, se reducirá a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes la indemnización por ese perjuicio a favor de cada uno de los lesionados, y para sus padres, los señores Jesús Daniel Daza Cuervo, Gilma Rosa Parra Álvarez y Luz Amparo Lasso una indemnización de 7.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

7.2. Los perjuicios materiales.

El a quo reconoció una indemnización por $ 664.000 a favor de cada uno de los demandantes, la cual corresponde a los 60 días de incapacidad, liquidados con base en el salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de la sentencia de primera instancia.

Considera la Sala que en este aspecto la sentencia debe ser confirmada, porque está conforme con la jurisprudencia y las pruebas que obran en el expediente. Además, se aclara que a pesar de que los demandantes hubieran recibido algún tipo de prestación por su incapacidad, ello no exonera a la entidad responsable del daño de pagarle la indemnización por el lucro cesante, porque provienen de fuentes diferentes, como reiteradamente lo ha sostenido la corporación:

[A]dvierte la Sala que la anterior posición y precisiones realizadas no modifican en sentido alguno la jurisprudencia vigente que de tiempo atrás (ver, por ejemplo, sent., feb. 7/95, Exp. S-247) se ha elaborado por la corporación respecto del reconocimiento de prestaciones o de indemnizaciones preestablecidas en la legislación laboral (a forfait) según las secuelas o incapacidad para trabajar, que se fundamentan en la responsabilidad objetiva del empleador para cubrir los perjuicios provenientes del accidente de trabajo o enfermedad profesional, y en particular en relación con la compatibilidad de la acumulación entre dichas prestaciones y la indemnización plena, doctrina que se mantiene, toda vez que las consideraciones en torno a la cosa juzgada o a los pagos realizados según las sentencias de la justicia laboral o de la justicia contencioso administrativa, hacen exclusiva referencia a la indemnización plena por los perjuicios irrogados por culpa del empleador; es decir, las consideraciones que en esta oportunidad realiza la Sala en nada afectan la compatibilidad de la indemnización a forfait que deviene de la ley con sustento en la relación laboral de la víctima, con la derivada por el daño antijurídico, según se determinó en la jurisprudencia anterior(25).

Por lo tanto, se reconocerá a los demandantes la suma liquidada en la sentencia de primera instancia, debidamente actualizada a la fecha de esta decisión, conforme a la siguiente fórmula:

 

1999-00555 ecu1.jpg
 

 

Donde:

— Vp: es el valor final de la indemnización.

— Vh: corresponde al capital histórico, esto es $ 664.000

— Índice final certificado por el DANE: corresponde al de la fecha de esta sentencia.

— Índice inicial: es el certificado por el DANE para la fecha en la que produjeron los hechos.

 

1999-00555 ecu2.jpg
 

 

Vp = $ 1.003.407

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, el 14 de octubre de 2003, la cual quedará así:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable al hospital de Caldas ESE por las lesiones sufridas por los señores Wilson Daza Parra y Gloria Cecilia Castañeda Lasso, en el accidente de tránsito ocurrido el 27 de diciembre de 1998, en la vía Medellín-Manizales.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, CONDENAR al HOSPITAL DE CALDAS ESE, a pagar las siguientes sumas de dinero: (i) por concepto de perjuicios materiales a favor de cada uno de los señores WILSON DAZA PARRA y GLORIA CECILIA CASTAÑEDA LASSO un millón tres mil cuatrocientos siete pesos ($ 1.003.407), y (ii) por concepto de perjuicios morales a favor de cada uno de los señores WILSON DAZA PARRA y GLORIA CECILIA LAZO CASTAÑEDA quince (15) salarios mínimos legales mensuales; y para cada uno de los señores JESÚS DANIEL DAZA CUERVO, GILMA ROSA PARRA ÁLVAREZ y LUZ AMPARO LASSO diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. CONDENAR al HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA, CALDAS a reintegrar al HOSPITAL DE CALDAS ESE el noventa (90%) de las sumas que este pague efectivamente a los demandantes en cumplimiento de esta sentencia.

4. CONDENAR al señor JESÚS ALBEIRO OROZCO SERNA, llamado en garantía a reintegrar al HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA, CALDAS, el 50% de la suma que este deba reembolsar al HOSPITAL DE CALDAS ESE

5. ABSOLVER a la Previsora S.A. en razón de la inexistencia jurídica del contrato de seguros de automóviles 0710050483 para la época de ocurrencia de los hechos.

6. El HOSPITAL DE CALDAS ESE dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año de 2000 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ 26.390.000.

(2) El llamamiento en garantía también podrán formularlo las entidades públicas, conforme a lo establecido en el artículo 78 del Código Contencioso administrativo, en contra de sus funcionarios, cuando quiera que estos hubieren incurrido en acciones dolosas o gravemente culposas que hubieren dado lugar a la condena. Esa figura procesal está regulada en la Ley 678 de 2001.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2007, Expediente 32931, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 31 de agosto de 2006, expedientes 17.482 y 28.448, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2010, Expediente 17500, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de septiembre de 1997, Expediente 11.514, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 29 de junio de 2000, Expediente 17.677, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(8) Artículo 665 del Código Civil: “Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales”.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de octubre de 2011, Expediente 22066, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(10) Sobre estas nociones pueden consultarse, entre muchos otros, Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J. Tratado de la responsabilidad civil. Tomo III, Buenos Aires, Fondo Editorial de Derecho y Economía, 2004, pp. 372 y ss., y Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Tomo I, Bogotá, Legis, 2ª ed., pp. 282 y ss.

(11) También se han diferenciado en la jurisprudencia y en la doctrina al guardián de la estructura del guardián del comportamiento, para considerar que cuando el daño se cause como consecuencia de un vicio interno del objeto responde el propietario del bien, pero que cuando el daño se derive del funcionamiento del mismo responde quien tenga la guarda de la actividad, pudiendo en tal caso el propietario demostrar que a pesar de su derecho de dominio sobre el bien, no ostentaba el control de la actividad. Sobre este aspecto, ver por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, Expediente 16.269, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Por su parte, Félix A. Trigo Represas y López Mesa, comentan al respecto: “Tung ha criticado esta distinción por dos razones: a) obliga a la víctima a adoptar una decisión en cuanto a la probable causa del accidente o a demandar conjuntamente a los dos guardianes, con el riesgo de soportar las costas de un emplazamiento inútil, atento que si el daño fue producido por el comportamiento de la cosa, el dueño será absuelto, y si se produjo por un vicio en su estructura será el guardián quien no podrá ser condenado...; b) de hecho, comportamiento y estructura de la cosa suelen ser conjuntamente causas de un daño, con lo cual la solución se complica, pues ¿qué corresponde hacer: declarar el carácter acumulativo de la guarda o presumir que el daño se ha producido por el hecho del guardián del comportamiento?”. Ibídem, p. 381.

(12) [6] Doctrinantes Mazeaud-Tunc. Tratado de responsabilidad civil delictual y contractual; tomo II, volumen I; pp. 115 y ss.

(13) [7] Doctrinante Gilberto Martínez Rave. Responsabilidad civil extracontractual; décima edición; responsabilidad extracontractual por el hecho de las cosas inanimadas; págs. 225 y ss.

(14) [8] Tratado de responsabilidad civil delictual y contractual; tomo II, volumen I.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de marzo de 2004, Expediente 14.003, C.P. María Elena Giraldo Gómez

(16) Sentencia de 14 de abril de 2010, Expediente 18.967, C.P. Enrique Gil Botero. En igual sentido se razonó en sentencia de 18 de enero de 2012, Expediente 20.038, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz: “... en el caso de marras se exonerará de responsabilidad al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, pues está plenamente demostrado dentro del proceso que si peligrosa causante del daño antijurídico era de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de los Mártires, dicho Fondo había celebrado un contrato de comodato con la Defensa Civil Colombiana seccional Santafé de Bogotá, D.C., mediante el cual le entregó en préstamo de uso a título gratuito el mencionado vehículo ejerciendo de esta manera sobre él su guarda y custodia así como la facultad de dar instrucciones y órdenes, por medio de las cuales compromete su responsabilidad como acaeció en el presente caso”. Y finalmente, se cita la sentencia de 19 de noviembre de 2011, Expediente 20.795, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz, en la que se afirma; “Por otra parte es claro que la empresa de Energía de Bogotá, si bien no era la propietaria del automotor si tenía la guarda sobre el mismo, debido a que tenía el deber jurídico de dirección y de control, porque desde el punto de vista contractual ella era quien impartía las instrucciones”.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de abril de 2002, Expediente 14.076, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, Expediente 14.180, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de marzo de 1999, Expediente 10.905, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2000, Expediente 11.842, C.P. Alier Hernández Enríquez.

(21) Se afirmó en la demanda: “6. El vehículo oficial campero Chevrolet Trooper, modelo 1992, color rojo y blanco, de placas OUB-890 era conducido por el señor Jesús Albeiro Orozco Serna, asistente administrativo del hospital San Antonio del municipio de Villamaría (Caldas), quien se dirigía al sector de la Rochela, con destino a la ciudad de Manizales, cuando compartía un día de pesca con sus familiares, en un vehículo oficial que para la fecha de los hechos debía estar a disposición de un hospital de precarias condiciones económicas, para el traslado de pacientes y enfermos... 8. El vehículo que intervino en el hecho es de propiedad del Hospital de Caldas ESE y se encuentra en comodato al Hospital San Antonio del municipio de Villamaría, Caldas”.

(22) Sentencia de 3 de mayo de 2007, Expediente 16.180, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(23) Sentencia de 10 de agosto de 2005, Expediente 16205, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(24) Ibídem.

(25) Ver, entre otras: Sentencia de Sala Plena S-442 de 1996; y sentencias de la Sección Tercera, 4 de julio de 1997, Expediente 10.1782; 24 de abril de 1997, Expediente 9997; 10 de abril de 1997, Expediente 11.866; 20 de marzo de 1997, Expediente 11183; 20 de febrero de 1997, Expediente 11756; 30 de octubre de 1997, Expediente 11.960.