Sentencia 1999-00556 de octubre 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Rad. 520012331000199900556 01

Exp. 29.626

Actor: Darlin María Sinisterra Valencia y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: apelación sentencia - reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 15 de octubre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Nariño, comoquiera que la demanda se presentó el 1º de junio de 1999 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 107.800.00 (sic) por concepto de indemnización de lucro cesante, cantidad que al haber sido solicitada para las tres hijas de la señora Lucila Valencia Carvajal debe ser dividida entre ellas, lo cual arroja la cantidad de $ 35.933.333, suma que supera el monto exigido en aquella época ($ 18.850.000)(15), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación.

2.1.2. De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que esta se presentó dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es la muerte de la señora Lucila Valencia Carvajal se produjo el día 14 de noviembre de 1998, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 1º de junio de 1999, se impone concluir que la misma se formuló oportunamente.

Así pues, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

2.2. El material probatorio recaudado en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso, los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica del registro civil de defunción de la señora Lucila Valencia Carvajal en el cual se hizo constar que falleció el día 14 de noviembre de 1999 a las 12:30 a.m. en el municipio de Tumaco, Nariño. Como causa de su deceso se indicó: “muerte natural”(16).

— Original de la transcripción de la historia clínica de la señora Lucila Valencia Carvajal respecto de la atención médica brindada en el Hospital San Andrés de Tumaco, en la cual se registró la siguiente información:

Fecha: 13 de noviembre de 1998. Hora 7:30 A.M. (no obstante en la historia clínica original realizada a mano se indicó simplemente ‘7:30’).

Edad: 76 años.

Paciente que luego de sufrir impacto nervioso presenta sincope, con pérdida de la conciencia, el habla y hemiplejia derecha al despertar. Llega al Hospital con T.A. 220/110 NM.HG, consciente, orientada, con hemiplagia (sic) derecha y disartria.

Natural de Vuelta de Gallo - Sala Honda, raza negra, separada, analfabeta.

AP: HTA en tratamiento con captopril 25 mg C/12 horas.

QX: Apendicetomía e histerectomía.

TOX: Alergia: cigarrillo hasta hace varios años.

TA: 220/110 nm hg, adalat 180/110 Hm Hg, FC: 96x’ Toc: 37.

Regulares condiciones generales. (...).

IDX: Crisis hipertensiva, Urgencia H.T.A., A.C.V. hemorrágico?, H.T.A. crónica en tratamiento.

Evolución:

14-11-98. Hora: 00.30. Paciente presenta P.C.R. y fallece a causa de su patología de base.

Notas de enfermería:

7:40: Llega paciente de 76 años de edad al servicio de urgencias en silla de ruedas en compañía de familiar, refiere que la señora por sufrir impacto nervioso ha quedado sin habla y paralizado el lado derecho del cuerpo con una tensión de 220/110 es valorada por el doctor Cortés el cual ordena colocar Adalat sublingual luego decide hospitalizar luego de canalizar vena con S.S.N.

8:35: Se pasa a medicina interna con una DX de crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva + hipertensión crónica con una TA de 160/100, afebril paciente que presenta hemiplagia derecha se lleva a orden de laboratorio anexo a historia.

9:00: Ingresa al servicio de pensión en camilla, en compañía de sus familiares y la auxiliar de enfermería del servicio de urgencias con DX A.C.V. Hemorrágico, HAT crónica, trae orden de exámenes de laboratorio quedando por recoger el examen de parcial de orina, se lleva orden al laboratorio, se observa delicada de salud.

24.00: Se reciben reportes de laboratorio se lleva a urgencias al médico Wilfredo Cortés y ordena igual manejo.

12:20: Paciente presenta hipo y nauseas se toma TA y se encuentra 140/80 Mn Hg pulso 80, pupilas dilatadas.

12:28: Paciente deja respirar súbitamente y se toma TA y pulso y están ausente, se informa a jefe de turno y esta a su vez informa al médico de urgencias, quien dice que la paciente falleció.

1:00: Se realiza arreglo de cadáver”(17) (se ha resaltado).

— Mediante oficio del 18 de mayo del 2000 la Dirección Seccional de Fiscalías de Nariño manifestó que “no es posible enviar copia del acta correspondiente a la diligencia de allanamiento realizado en la ciudad de Tumaco, hechos de los que resultara muerta la señora Lucila Valencia Carvajal, toda vez que en la misma no existió participación de algún servidor de la Fiscalía(18).

En ese mismo sentido se encuentra el oficio del 4 de abril de 2000 a través del cual el jefe de la Unidad de Policía Judicial del CTI informó a la Fiscalía 31 Seccional de Tumaco que “no aparece radicación alguna sobre diligencias de allanamiento y registro a ninguna casa de habitación en el barrio Viento Libre, por tal motivo no existen informes sobre los hechos sobre los cuales solicita información”(19).

Entre folios 112 y 136 obran diligencias previas practicadas por la Fiscalía Treinta y Uno Seccional de Tumaco, dentro de las cuales se encuentran los siguientes elementos de prueba(20):

— Denuncia presentada el 27 de noviembre de 1998 por la señora Nubia Sinisterra Valencia en contra de dos miembros de la Policía Nacional por los delitos de “violación de domicilio y de homicidio”, la cual se fundamentó en los siguientes hechos:

“El día viernes 13 de noviembre de 1998, siendo las 5:30 p.m., llegaron a la casa la Policía y la Fiscalía sin orden de allanamiento y entraron buscando unas motos robadas que les habían informado que se encontraban ahí, sin pedir permiso entraron hasta el fondo del huerto como no encontraron nada salieron, la señora Lucía Valencia Carvajal de 76 años de edad lo único que les dijo fue que el que nada debía nada temía; el simple hecho de entrar a la casa sin ninguna orden judicial fue la causa para que la señora callera (sic) con las convulsiones provocándole el paro cardiaco, fue llevada al hospital donde falleció a las 12:30 p.m. del mismo día. Hasta el momento solo contamos con los apellidos del sargento y el cabo que dirigían la operación ellos son: sargento Tautaz y el cabo Moncayo. Estos hechos sucedieron en el barrio Viento Libre(21) (se ha resaltado).

— Diligencia de ampliación de denuncia realizada el 12 de febrero de 1999 por parte de la señora Nubia Sinisterra Valencia, en la cual manifestó:

“A mí me contó mi nieta que andaba la Policía y la Fiscalía en cinco motos y que se habían entrado a la casa sin permiso hasta el huerto y ya adentro dijeron que andaban buscando una moto que se había perdido y ella dijo que la que nada debe nada teme y se sentó en la silla con su nietecito y cuando la miró la nieta estaba con la boca torcida sin poder hablar y que luego se cayó con el nieto y se orinó y no pudo hablar más y enseguida se la llevó al hospital y el médico dijo que había muerto de infarto. Preguntado: cómo sabe que las personas que entraron eran de la Policía o de la Fiscalía. Contestó: yo no estaba ahí, yo digo lo que ellos me dijeron, eso me dijo la hija de crianza ella se llama Baby”.

— Testimonio del señor Florentino Montaño Rodríguez rendido ante la mencionada Fiscalía de conocimiento, del cual resulta pertinente citar los siguientes apartes:

“El día 13 de noviembre siendo las cinco y media de la tarde estaba sentado en frente de la casa de la señora finada Lucila, cuando la Policía y la Fiscalía se entraron adentro de la casa de la señora sin pedir permiso ni nada y se fueron directamente al huerto de la casa de ella y dijo la finada que la que nada debe nada teme, cuando dieron la vuelta, la señora se orinó y se fue de lado, la nieta (sic) la preguntó que le pasaba y solo hizo gestos porque no pudo hablar más, la nieta se llama Baby Lucila Valencia y luego se la llevaron al médico y lo que cuentan es que dijo el médico que le había dado un infarto. (...). Sé que eran policías porque iban vestidos de policía y porque mucha gente me dijo que eran de la Fiscalía. (...). No la maltrataron ni verbal ni físicamente, solamente la entrada bruscamente y la carrera que llevan hacia adentro de la casa que la alteró a la señora. (...). Vestidos de policía eran cinco y fueron los que entraron a la casa y afuera de la casa quedaron cinco que estaban vestidos normalmente y tenían un escudo me parece que en un lado”(22) (se deja resaltado).

— Proveído del 4 de abril de 2000 mediante el cual el fiscal treinta y uno seccional de Tumaco en el cual se manifestó lo siguiente:

“Una vez verificada la no participación de personas civiles, según la denuncia fueron personas adscritas a la Fiscalía General de la Nación, pero en el libro de disponibilidad no se encuentra anotación respecto a la realización de la diligencia de allanamiento el 13 de noviembre de 1998, además que en la Unidad del CTI tampoco se tiene conocimiento de dicho operativo, sin embargo en el escrito que dio inicio a esta investigación se mencionó a los uniformados Tautaz y Moncayo, sargento y cabo de la estación que para la época de los hechos laboraban en Tumaco, como comandante y jefe de la Sijín respectivamente, por lo cual este despacho dispone la remisión de las diligencias por competencia al señor juez de instrucción penal militar, pues se aprecia que el eventual acto irregular lo cometieron miembros activos de la Policía en ejercicio de sus funciones”(23).

— Oficio del 17 de mayo del 2000 suscrito por el jefe de Unidad de Policía Judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación y dirigido al juez 123 de instrucción penal militar, en el cual manifestó que “hechas las correspondientes averiguaciones ante la secretaría común de fiscalías de esta ciudad [se refiere a Tumaco], el allanamiento realizado en la casa de habitación de la señora Lucila Valencia Carvajal el día 13 de noviembre de 1998 fue practicado por uniformados de la Policía Nacional de esta ciudad y que el respectivo expediente fue remitido a su despacho para los fines pertinentes”(24).

— Mediante proveído de fecha 10 de abril del 2000 la Fiscalía Seccional Treinta y Uno de Tumaco remitió por competencia tales diligencias al juez 123 de instrucción penal militar(25).

— Declaración rendida ante el a quo por la señora Darlen Erudina Valencia Senteno, quien manifestó:

“El 14 de noviembre de mil novecientos noventa y nueve estábamos sentadas con la señora Lucila Valencia frente a la casa, a las cinco de la tarde llegaron a la casa de la señora Lucila tres motos de Policía y una de la Fiscalía, la señora Lucila estaba adentro con un nietecito de ocho meses, en ese momento le dicen venimos a registrar un robo de cosméticos, la señora dijo que quien no la debe no la teme, registraron y luego salieron, nos quedamos aterrados los vecinos, se le alteraron los nervios y la presión, la señora quedó muda, como de seis a siete la señora no se movía, la trasladaron al hospital y fue demasiado tarde, ella vivía con su nieta y sus hijas, venía (sic) comestibles. (...). En ese momento los señores no saludaron, fueron bruscos en el trato y entraron de una a la casa, asimismo se fueron. (...). Me imagino que los hombres que entraron eran de la Policía porque estaban uniformados y los de la Fiscalía no portaban uniformes”(26).

— Testimonio de la señora Eulalia Segura en el cual señaló:

“Fue el día 14 de noviembre, yo estaba sentada en mi casa con un sobrinito, a las cuatro de la tarde llegaron cuatro motos, dos personas en cada moto, yo miré que ellos bajaron rápidamente, llegaron a la casa y entraron de una, entonces le preguntaron a doña Lucila Valencia que andaban buscando unas personas que habían robado unas motos, llegaron al huerto, ella dijo que la que nada debía nada temía, en ese momento ella se sentó agarró uno de los nietecitos de ella, ella no podía hablar mi papá llamo a la nieta Beibi Valencia, le dijo que agarrara el niño que la abuela estaba mal, allí mismo la señora quedó paralizada, no hablaba. (...). Ellos no fueron violentos, pero llegaron de sorpresa, sin pedir permiso, de una fueron entrando desde que ellos llegaron allí, no hubieron malos tratos”(27) (resaltado adicional).

— Declaración de la señora Priscila Angulo, en la cual manifestó:

“La fecha no la recuerdo bien pero fue a las cuatro de la tarde que entraron por el huerto de la casa cuatro motos, tres de la Policía y una de la Fiscalía, entraron por la cocina y salieron por la sala, ella se paró junto a ellos y dijo que la que nada debía nada temía, ellos se fueron como a las cinco y media, la señora cogió al niño y no habló más, cuando se dieron cuenta estaba orinada, la llevaron al hospital y no regresó más. (...). A las cuatro llegó la Policía y a las siete de la noche la llevaron al hospital. (...). Los de la Policía andaban uniformados y los de la Fiscalía no solo andaban con celular, estoy segura que eran de la Fiscalía porque cargaban celular y no llevaban uniforme”(28).

De igual forma obran las declaraciones de los señores Florentino Montaño, Segundo Isidro Montaño y Zammy Yuline Montaño Valencia, quienes en su declaraciones coinciden en señalar las excelentes relaciones familiares entre la señora Lucila Valencia Carvajal y sus hijas, al tiempo que señalaron las actividades productivas derivadas de la venta de víveres y productos en una tienda de su propiedad a las que se dedicaba la mencionada señora antes de fallecer, en compañía de sus hijas(29).

2.3. Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra acreditado el daño sufrido por los demandantes, en tanto la muerte de la señora Lucila Valencia Carvajal, ocurrida el 14 de noviembre de 1998 en el municipio de Tumaco, supone, por sí misma, una afectación a distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser revocada o confirmada.

A partir de los medios probatorios relacionados anteriormente se puede establecer que el día 13 de noviembre de 1998 a las 7:30 p.m., la señora Lucila Valencia Carvajal ingresó en silla de ruedas al Hospital San Andrés de Tumaco con pérdida de la conciencia y del habla, condiciones en las que vino a verse “luego de sufrir un impacto nervioso”. Como diagnóstico se estableció que presentaba hipertensión crónica, hemiplejia derecha y, horas más tarde, presentó un paro cardiorrespiratorio que le produjo la muerte a las 00:30 horas del día siguiente.

De igual manera, se tiene probado en debida forma que entre las personas que irrumpieron el día de los hechos en la casa de habitación de la mencionada señora no participaba miembro alguno de la Fiscalía General de la Nación, sino que se trataba, únicamente, de miembros de la Policía Nacional; en efecto, en el oficio de fecha 18 de mayo de 2000 expedido por la Dirección Seccional de Fiscalías de Nariño se hizo constar que en los hechos en los que resultó muerta la señora Lucila Valencia Carvajal “no hubo participación de algún miembro de la Fiscalía General de la Nación”, razón por la cual mediante proveído del 4 de abril de 2000 se remitieron las diligencias preliminares al juez penal de instrucción militar, habida cuenta de que en tales hechos se vieron involucrados dos agentes de Policía en aparente cumplimiento de sus funciones, hecho que fue corroborado por el oficio suscrito por el CTI de la Fiscalía General de la Nación el 17 de mayo de 2000, a través del cual se concluyó que “el allanamiento realizado en la casa de habitación de la señora Lucila Carvajal el 13 de noviembre de 1998 fue practicado por uniformados de la Policía Nacional”.

Lo anterior resulta coherente con lo manifestado por los declarantes en el proceso, quienes, a pesar de presentar algunas inconsistencias en algunos detalles, resultan coherentes en manifestar que el día 14 de noviembre de 1998 llegaron a la residencia de la señora Lucila Valencia Carvajal varios hombres uniformados con prendas de uso privativo de la Policía Nacional y otros de civil, quienes de forma intempestiva irrumpieron sin pedir permiso para entrar a la casa de habitación de la mencionada señora de avanzada edad, lo cual provocó un fuerte impacto emocional en ella, condición que le produjo una crisis hipertensiva y una hemiplejia(30) en el lado derecho de su cuerpo, y, momentos más tarde, un paro cardiorrespiratorio que la llevó a la muerte.

Así pues, estos datos tan importantes y con relevancia específica para el caso, proporcionados por los declarantes permiten a la Sala determinar que tales testimonios son útiles y meritorios(31). Adicionalmente, ha de decirse que sus versiones se presumen ciertas y los hechos que relatan y las circunstancias que describen deben ser tenidos en cuenta, comoquiera que no fueron desvirtuados por otros medios probatorios, ni sus dichos fueron tachados de sospechosos o de falsos en el proceso contencioso(32), amén de que resultan concordantes o coinciden con el contenido del oficio de la Fiscalía General de la Nación que corre a folio 136 del cuaderno 1, en cuanto afirmó que el allanamiento objeto de estudio “fue practicado por uniformados de la Policía Nacional”; adicionalmente, esa entidad demandada en la contestación de la demanda manifestó que miembros de esa institución realizaron el operativo en atención a un requerimiento que habría hecho la Fiscalía General de la Nación, con lo que viene a resultar claro para la Sala que la participación de uniformados de la Policía Nacional es un hecho que se tiene por plenamente probado.

De igual forma, debe concluirse que dentro del presente asunto no se allegó prueba alguna que permitiera acreditar que el mencionado allanamiento se realizó previa orden judicial o en atención a algún requerimiento realizado por parte de algún funcionario de la Fiscalía General de la Nación, ni mucho menos que se hubiese efectuado con el cumplimiento de las formalidades legales para ello, teniendo —desde luego— la entidad demandada —Policía Nacional—, la posibilidad y el deber de hacerlo, como que ese era el fundamento de su contestación.

En relación con los requisitos legales para la práctica de diligencias de allanamientos, el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos —Decreto-Ley 2700 de 1991—, establecía los siguientes:

“ART. 343.—Allanamiento, procedencia y requisitos. Cuando hubiere serios motivos para presumir que en un bien inmueble, nave o aeronave se encuentre alguna persona contra quien obra orden de captura, o las armas, instrumentos o efectos con que se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución, el funcionario judicial ordenará en providencia motivada, el correspondiente allanamiento y registro.

La providencia a que se refiere el inciso anterior no requiere notificación.

“ART. 344.—Allanamiento sin orden escrita de fiscal. En casos de flagrancia cuando se esté cometiendo un delito en lugar no abierto al público, la policía judicial podrá ingresar sin orden escrita del fiscal, con la finalidad de impedir que se siga ejecutando el hecho.

Salvo casos de flagrancia, el fiscal o un delegado suyo debe estar presente en los allanamientos”.

“ART. 346.—Acta de la diligencia. En el acta de la diligencia de allanamiento y registro deben identificarse y describirse todas las cosas que hayan sido examinadas o incautadas, el lugar donde fueron encontradas y dejar las constancias que soliciten las personas que en ella intervengan. Los propietarios, poseedores o tenedores tendrán derecho a que se les expida copia del acta si la solicitan” (resaltado adicional).

Así las cosas, concluye la Sala que la Policía Nacional incurrió en una falla en el servicio, pues realizó un allanamiento en una habitación en la que no estaba autorizada para hacerlo, pues —se reitera—, no probó que hubiera mediado orden judicial alguna para llevarla a cabo, así como tampoco que se hubiera tratado de un caso de flagrancia que la permitiera, y tampoco se allegó la correspondiente acta de la diligencia que pusiera de presente las circunstancias que la rodearon, todo lo cual impone que deba calificársela como irregular y que la Subsección deba forzosamente inferir que, al proceder de la manera que se deja vista, la demandada desconoció los requisitos establecidos en la ley para esa clase de diligencias, circunstancia que vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio de la señora Lucila Valencia Carvajal y, por ende, concretando respecto de ella, un acto injusto y antijurídico.

En efecto, la Constitución Política de 1991, en su artículo 28, establece la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental(33), derivado del derecho a la libertad personal y que busca proteger los lugares en donde una persona desarrolla su privacidad, lo cual significa que dicha institución no protege tanto un espacio físico, en sí mismo considerado, sino principalmente al individuo en su seguridad, libertad e intimidad(34).

El derecho mencionado protege ciertos espacios, en el entendido de que constituyen una esfera propia de autonomía personal que al ser sede de sentimientos, afectos y actividades, deben estar a salvo de cualquier tipo de intrusión, molestia, interferencia o invasión externa, tanto de otras personas como de las mismas autoridades.

Este derecho también se encuentra protegido por el derecho internacional. En efecto, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de la ONU, en su artículo 17, protege a las personas y su familia de injerencias arbitrarias o ilegales sobre su vida privada y extiende esta protección a “su domicilio”, protección que debe ser establecido por la ley contra “injerencias o ataques”. Del mismo modo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 12, establece que “nadie será objeto de injerencias arbitrarías en su vida privada, su familia”, ni en “su domicilio”, derecho para el cual podrá invocar “la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

El derecho a la inviolabilidad del domicilio es uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho(35) y el mismo, como se dijo, implica la libertad de toda persona para decidir qué hacer con su vida privada, así como guardar reserva sobre aquellos aspectos de la misma que no desea que sean conocidos por los demás.

Por todo lo anterior, resulta natural y comprensible que la violación del derecho mencionado —concretado en la abrupta irrupción en su vivienda por parte de miembros de la Policía Nacional—, genere en su titular una sensación de incertidumbre y sentimientos de inseguridad, pues sus más reservados intereses, sentimientos y actividades se vuelven públicos sin su consentimiento.

Así las cosas, “basta que el juez tenga la convicción de que la víctima padeció una aflicción o una tristeza, producida por el hecho dañino, para que la indemnización proceda”6; por esa razón, el “hecho de que una autoridad, sin tener razón para ello, irrumpa de manera arbitraria en el ámbito más íntimo y privado de una persona, como es su domicilio, permite al juez deducir que la víctima padeció sufrimiento y dolor”(36).

En casos similares al que ahora se analiza, en los cuales se ha declarado la responsabilidad del Estado como consecuencia de la vulneración del derecho a la inviolabilidad de domicilio como consecuencia de un allanamiento sin el lleno de las formalidades legales, la Sala de la que hace parte esta Subsección ha discurrido así:

“En estas circunstancias, es claro que la diligencia realizada por las autoridades causó un gran revuelo entre los residentes del barrio Villa Rosa de Bucaramanga quienes vieron cómo la residencia de una de sus vecinas era allanada por la Policía Judicial. Esta situación, sin lugar a dudas, afectó el buen nombre y honra de los demandantes, pues las reglas de la experiencia enseñan que dichos operativos únicamente se realizan en los lugares en los que se ha cometido un delito o en los que se oculta un delincuente.

De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que el operativo realizado generó un manto de dudas sobre la reputación de la familia de la señora Bautista, afectándolos moralmente. Es claro que toda persona le produce desagrado ser catalogado como delincuente, el hecho de que su honestidad sea puesta en duda causa una aflicción que merece ser reparada.

Así las cosas, los demandantes se vieron afectados en su buen nombre cuando las autoridades, sin cumplir los requisitos para ello, realizaron una diligencia de allanamiento en su residencia. Cosa diferente ocurre cuando la diligencia se produce con el lleno de los requisitos legales pues, en esos casos, los residentes están obligados, en principio, a soportar las molestias que, dentro de los límites legales, cause la misma”(37).

Ahora bien, de acuerdo con los medios probatorios relacionados, se tiene que el óbito de la señora Lucila Valencia Carvajal (quien para el momento de los hechos contaba con 76 años de edad), ocurrió como consecuencia directa de la impresión y del miedo(38) que causó la irrupción arbitraria por parte de uniformados de la Policía Nacional en su residencia, lo cual le produjo una crisis hipertensiva y una hemiplejia que, posteriormente, le causó un paro cardiorrespiratorio y finalmente su muerte.

Sobre la muerte súbita, el examinador médico del condado de Dade y profesor de patología de la escuela de medicina de la Universidad de Miami, J.H. Davis, en el ensayo titulado “¿Puede la muerte súbita por paro cardíaco ser asesinato?”, que, a continuación se cita in extenso, estableció los criterios que se deben tener en cuenta para determinar si la muerte puede ser precipitada por la tensión emocional y si es posible imputar delito de homicidio en esos casos. Las siguientes son sus reflexiones en torno al tema:

“(...) es un hecho reconocido que la agresión física, incluso siendo no letal y relativamente suave puede llevar a una condena por homicidio cuando un ataque criminal contra un sujeto con lesiones cardíacas produce rápidamente colapso y muerte. No obstante, la cuestión está menos claramente definida cuando una (sic) criminal resulta en colapso y muerte durante el disturbio emocional correspondiente en ausencia de contacto o lesión física. Dos preguntas surgen en tal caso ¿Precipita la muerte la tensión o es una simple coincidencia? Si hay una relación ¿Cómo se explica?

“La literatura preponderante apoya la premisa de que la tensión emocional puede en algunos individuos, precipitar el colapso y la muerte repentinos. Pruitt, en una reflexión sobre “Un espectro de fatalidades que tienen como rasgo común la ausencia de lesiones orgánicas casualmente relacionadas”, consideró situaciones en que enfermedades coronarias moderadas terminaron en muerte. También estudió el fenómeno del reflejo de inmersión (dive reflex), muerte psicológica en animales y muerte vudú. Las lesiones orgánicas o químicas inmediatamente demostrables no son prerrequisito inmediato para la designación de una categoría de muerte.

Engel estudió entornos vitales en que la muerte súbita ocurría durante la tensión sicológica. Durante un periodo de seis años recolectó 170 de estos casos de reportes periódicos y de colegas al tanto de su interés. Todas las víctimas reaccionaban emocionalmente a un evento cuando el colapso ocurrió. 27% de estos casos ocurrió en un escenario de peligro personal. Todas las circunstancias involucraban eventos imposibles de ignorar para las víctimas y una respuesta de desesperación o excitación severa o ambas. Malik reportó 22 casos en que la tensión emocional fue un claro factor precipitante en muerte súbita relacionada con insuficiencia coronaria (...)

“No hay duda de que la tensión emocional en sí misma puede causar actividad cardíaca semejante a la respuesta al esfuerzo físico. (...) la fibrilación ventricular es la arritmia letal más común en los casos de muerte súbita antes de la admisión en un hospital. Lowl y Berrier han demostrado que el estrés psicológico puede reducir el umbral de fibrilación ventricular y que los factores psicológicos pueden inducir arritmias letales en los humanos. El sistema nervioso simpático juega un papel significativo en tales eventos, puesto que la conexión autónoma del cerebro y el corazón está bien establecida. Más aún, Engel es puntual en que la muerte cardíaca súbita inducida psicológicamente ocurre con más frecuencia durante períodos de incertidumbre psicológica, situación clara cuando uno se enfrenta a un intruso armado.

“No resulta creíble alegar que el cuerpo histórico de datos médicos sobre la materia es simple coincidencia, especialmente cuando se apoya en la racionalidad fisiológica. Si la tensión emocional pura no puede considerarse causa precipitante suficiente, ¿qué ocurre con los asaltos físicos de magnitud fatal menos que usual aplicados a las personas con enfermedad cardíaca? Si uno acepta la premisa de que el asalto físico puede agravar una enfermedad natural hasta el punto de la muerte, entonces los mismos conceptos sobre el sistema nervioso autónomo pueden aplicarse a casos de tensión emocional en individuos predispuestos ¿qué criterios deben bastar para establecer una prueba más allá de la duda razonable?

1. El acto criminal debe ser de tal severidad y tener elementos suficientes de intento de asesinato o lesión ya sea de hecho o por estatuto, para conducir lógicamente a una sentencia de homicidio en el evento de que la lesión física hubiese sobrevenido.

2. La víctima debe haberse dado cuenta de la amenaza implícita a su seguridad personal. Un colorario lógico sería el temor a un acto amenazante contra un ser querido o amigo.

3. Las circunstancias deben ser de naturaleza tal que sean comúnmente aceptadas como altamente emocionales.

4. El colapso y la muerte deben ocurrir durante el periodo de respuesta emocional, incluso si el acto criminal había cesado con anterioridad.

5. La demostración de un proceso de enfermedad orgánica cardíaca de un tipo comúnmente asociado a una predisposición o arritmia cardíaca letal es deseable. No obstante, no es necesario demostrar una enfermedad orgánica aguda del corazón como la ruptura de una placa trombo o infarto sin cicatrización”(39).

El anterior razonamiento es aplicable, mutatis mutandi, a la responsabilidad extracontractual del Estado, toda vez que deviene incuestionable que los daños o lesiones emocionales que se originan como consecuencia de un allanamiento realizado de forma súbita, repentina y sin el lleno de los requisitos legales son atribuibles en el plano fáctico y jurídico a la administración pública.

Por lo anterior, y de acuerdo con los relatos de los testigos y los demás medios probatorios que obran en el expediente, se tiene que la señora Lucila Valencia Carvajal de avanzada edad (76 años), al verse obligada —antijurídicamente— a soportar la señalada incursión repentina en su vivienda (el irregular allanamiento) presentó un fuerte disturbio emocional, de tal magnitud que le produjo una crisis hipertensiva, una hemiplejia y posteriormente sufrió un paro cardiorrespiratorio que causó su muerte.

En efecto, el relato de los hechos realizado por los testigos, señores Nubia Sinisterra Valencia, Florentino Montaño Rodríguez, Darlen Erudina Valencia Senteno y Eulalia Segura, resulta concordante y coherente en sostener que en el momento de la incursión arbitraria e ilegal por parte de miembros de la Policía Nacional, la señora Lucila Valencia Carvajal quedó sin habla, se orinó de forma súbita e incontrolada y, momentos más tarde, perdió la conciencia.

En ese mismo sentido, para la Sala no puede pasar desapercibido el hecho de que en el presente caso la víctima del hecho dañoso fue una mujer mayor de 76 años, respecto de quien es razonable suponer que padeciera un fuerte impacto emocional o nervioso luego de una súbita incursión arbitraria e ilegal en su residencia por parte de hombres armados portando prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.

Así las cosas, concluye la Sala que en el asunto sub examine, se acreditó que el deceso de la señora Lucila Valencia Carvajal se originó y/o se desencadenó, de forma concomitante con la ejecución de un allanamiento ilegal en su residencia, razón por la que los daños que se originan en este tipo de actuaciones ilegales y arbitrarias le resultan imputables a la administración pública demandada.

La relación causal en el mundo de la naturaleza, en estos eventos, entre una acción específica y la muerte, ha sido puesta de presente por la ciencia, que ha sostenido que la causa próxima (proximate causation) en estos supuestos reside en el síndrome de estrés a que se somete a la persona que padece de una patología cardiovascular. En efecto, la literatura médica consultada también destaca la estrecha y cercana relación que existe entre afecciones cardíacas y el estrés, de tal forma que episodios en los que se somete a una persona, que padece una patología de esta naturaleza, a una tensión muy elevada es altamente probable que los niveles de adrenalina liberados anticipen los efectos nocivos de la patología y, por lo tanto, puedan llegar a generar la muerte(40).

El doctor Matthew M. Burg, autor del libro sobre el corazón de la facultad de medicina de la Universidad de Yale, en dicha publicación destaca lo siguiente:

“Una de las más conocidas escalas de autoevaluación para el estrés, es la de reajuste social desarrollada por los doctores Holmes y Rahe, de la Universidad de Washington en la década de 1960. Después de entrevistar a miles de los pacientes, los investigadores compilaron una lista de 43 eventos de la vida que se perciben en general como estresantes. No sorprende que la muerte de un cónyuge encabece la lista con 100 “puntos de tensión”. Pero los acontecimientos que son positivos (logros personales) o que ocurren rutinariamente año tras año (apertura de la escuela) también reciben un número considerable de puntos de tensión (28 y 26 puntos, respectivamente) (...)

“Después de haber seguido a sus pacientes sobre una serie de año, los doctores Holmes y Rahe llegaron a la conclusión de que una acumulación de 150 o más puntos de tensión en cualquier año se asocia estadísticamente con un riesgo significativo de una enfermedad grave como un ataque al corazón en los próximos dos años (...) Estos investigadores señalaron que si bien algunos de los acontecimientos estresantes son imprevisibles o fuera del control de un individuo, los demás se pueden aplazar o evitar incluso por completo. Al anticipar los cambios en la vida, cuando sea posible, y la planificación para ellos, las personas pueden hacer mucho para prevenir la excesiva acumulación de estrés, y de puntos en un corto período de tiempo, por lo que se puede ayudar a mantener regulado el riesgo de estrés. Muchos de los acontecimientos de la vida más estresante que figuran en la escala de reajuste social tienen una clara asociación con enfermedades del corazón. Por ejemplo, la reciente muerte de un ser querido ha sido relacionado con un ataque al corazón. Así, también, pueden las intensas emociones que acompañan un evento catastrófico desencadenar un infarto de miocardio agudo, o muerte súbita”(41).

En ese orden de ideas, para la Sala existen los suficientes elementos de convicción que permiten establecer que la muerte de la señora Lucila Valencia Carvajal se relacionó de manera directa con la incursión ilegal y arbitraria en su residencia por parte de miembros de la Policía y, por lo tanto, en medio de ese evento fue que se desencadenó el infarto que terminó con su vida. Así las cosas, del deceso de la mencionada persona es imputable fáctica y jurídicamente a la administración pública, toda vez que se produjo en medio de una actuación ilegal desarrollada por sus agentes.

Ya en anteriores oportunidades esta Sección del Consejo de Estado ha declarado la responsabilidad del Estado como consecuencia de muertes ocasionadas por el fuerte impacto emocional de un hecho. Así por ejemplo en sentencia del 19 de octubre de 2001 se declaró la responsabilidad de la Nación - Ejército Nacional por la muerte de una persona producida por un infarto ocurrido en medio de un ataque subversivo a una población. Al respecto se razonó de la siguiente manera:

“Por lo anterior, y de acuerdo con los relatos de los testigos y los demás medios probatorios que obran en el expediente, se tiene que el señor Bolívar fue expuesto a un disturbio emocional que le generó una impresión que precipitó el colapso y la muerte repentina. Es de público conocimiento que la incertidumbre y la zozobra que generan los enfrentamientos armados en una población pueden causar altos niveles de tensión sicológica, y que, de forma eventual, podrían producirse daños excepcionales como por el que ahora se demanda. En el asunto sub examine, se acreditó que el deceso de Libardo Bolívar Camacho ocurrió durante la toma guerrillera, lo que permite a la Sala concluir o inferir que este se produjo con ocasión del enfrentamiento que mantuvieron las fuerzas legales del Estado contra los subversivos en la población de Arboletes, razón por la que los daños que se originan en este tipo de enfrentamientos o ataques rompen el principio de igualdad de las cargas públicas de quienes lo padecen, toda vez que el ordenamiento jurídico no establece el deber de soportar la afectación a derechos, bienes o intereses legítimos que ese tipo de confrontaciones lleva aparejado.

En efecto, de las declaraciones de Durlanis Rebolledo Contreras, Alfredo Botero Ossa y del informe rendido el 28 de octubre de 1992, por el comandante de la Policía del Sexto Distrito de Arboletes, es posible concluir que por cuenta del ataque guerrillero se produjo la muerte de un ciudadano, esto es, del señor Libardo Bolívar Camacho, tanto así que se pone de presente que la mencionada circunstancia se produjo a causa del peligro inminente que generó la toma guerrillera; además, aquel fue reportado dentro del parte oficial como una de las víctimas directas que arrojó el execrable hecho.

Así las cosas, si el infarto que aquejó al señor Bolívar Camacho fue producto de la toma guerrillera y, por consiguiente, los daños derivados a partir de esa actuación son imputables al Estado vía la configuración de un daño especial y anormal, resulta inexorable concluir que también es atribuible a la administración pública la muerte o el deceso del mencionado ciudadano”.

En ese orden de ideas, reitera y resalta la Sala que en el presente caso la muerte de la señora Lucila Valencia Carvajal se relaciona causalmente con la ejecución del allanamiento ilegal y arbitrario y, por lo tanto, en medio de esa actuación ilegal fue que se desencadenó la crisis nerviosa que le causó el paro cardiorrespiratorio que terminó con la vida de esa persona de avanzada edad.

Así las cosas, mal haría la Sala en negar la reparación del daño deprecado, cuando se tiene seguridad de que el mismo se produjo: i) al momento o de forma concomitante con los hechos, ii) la víctima del hecho dañoso fue una persona mayor de 76 años, quien dada su avanzada edad sufrió un fuerte impacto nervioso y emocional que le produjo la patología cardiaca que le causó la muerte, y iii) se trata de un daño antijurídico producido como consecuencia de una falla del servicio, el cual no estaba en la obligación de soportar y que, por lo tanto, el mismo le resulta imputable a la administración pública.

Por consiguiente, todas las razones expresadas servirán de apoyo para revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, se estudiará la pretensión indemnizatoria deprecada en la demanda.

2.4. Indemnización de perjuicios.

2.4.1. Perjuicios morales a favor de los demandantes.

Según se acreditó en el presente asunto, el daño que se imputó a la entidad demandada se produjo por la muerte de la señora Lucila Valencia Carvajal, en las circunstancias descritas en el anterior capítulo de esta providencia, todo lo cual produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

Acerca de los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes cercanos de una víctima fatal han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(42) y de las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

Agréguese a lo anterior que, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de una persona; asimismo, la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la aflicción y de sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

En el caso que hoy ocupa a la Sala, según lo ya expresado, puede inferirse fácilmente que el daño moral sufrido por los familiares de la señora Lucila Valencia Carvajal fue de gran intensidad, en atención a las circunstancias en que se produjo la muerte de la referida persona y que quedaron establecidas en esta sentencia, razón por la cual se impone acceder al reconocimiento de una indemnización equivalente al valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia —como se solicita en la demanda—, a favor de las hijas de la víctima directa, sumas que de forma reiterada ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación en los eventos en que el perjuicio moral se presenta en circunstancias similares a las acontecidas en el presente asunto, en los cuales se ha otorgado la indemnización de perjuicios por la muerte de una persona(43).

Finalmente, debe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento y matrimonio de las demandantes, los cuales dan cuenta de la relación de parentesco existente entre la señora Lucila Valencia Carvajal y quienes acudieron al proceso en calidad de hijas (fls. 19-22, cdno. 2).

Sin embargo, en relación con la indemnización de perjuicios morales pedida para la señora Baby Lucía Valencia Martínez, quien acudió al proceso en calidad de nieta de la víctima directa, la Sala advierte que no se encuentra en el expediente la prueba idónea y eficaz que permita acreditar el parentesco(44) o vínculo con la referida persona, esto es no se allegó al proceso el correspondiente registro civil de nacimiento de esta demandante y el del señor Silvano Valencia, quien se afirmó en la demanda era hijo extramatrimonial de la señora Lucila Valencia Carvajal(45); no obstante, obran en el proceso los testimonios rendidos por los señores Florentino Montaño, Segundo Isidro Montaño y Zammy Yuline Montaño Valencia, los cuales permiten tener a la señora Baby Lucía Valencia Martínez como tercera damnificada, toda vez que en sus declaraciones los referidos testigos fueron contestes en afirmar las excelentes relaciones familiares y el profundo dolor que causó en ella la muerte de la señora Lucila Valencia Carvajal.

Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de indemnización del daño moral para cada uno de los demandantes, las sumas de dinero señaladas a continuación:

Darsy María Sinisterra Valencia (hija)100 SMMLV
Nubia María Sinisterra Valencia (hija)100 SMMLV
Lucila Saturnina Sinisterra Valencia (hija)100 SMMLV
Baby Lucía Valencia Martínez (tercera damnificada)15 SMMLV

2.4.2. Perjuicios materiales.

— Daño emergente.

Respecto de tales perjuicios, se solicitó en la demanda que se condenara a la demandada al pago de la suma de $ 10.000.000 derivados de gastos fúnebres y honorarios de abogado a favor de esas mismas demandantes.

Ahora bien, con el fin de acreditar los gastos asumidos por los demandantes se aportó, en original, una factura a nombre de la señora Nubia Sinisterra Valencia por servicios funerarios de fecha 14 de noviembre de 1999, por valor de $ 1.150.000, suscrita por “Funerales Andrade” de la ciudad de Tumaco. El documento anterior fue aportado en original con la demanda por la parte actora y el Tribunal Administrativo de Nariño ordenó tenerla como prueba mediante auto proferido el 2 de mayo de 2000 (fl. 60, cdno. 1), sin que el mismo hubiere sido tachado de falso por la entidad demandada, razón por la cual el documento en mención resulta suficiente para acreditar el desembolso efectivo por la suma antes señalada y por dicho concepto.

Por otro lado, advierte la Sala que respecto de los honorarios que habrían pagado las demandantes, no obra medio probatorio alguno que permita acreditar dicha afirmación, pues no se aportó contrato de prestación de servicios profesionales, recibos de pago u otro medio que permita inferir dicho pago.

Con fundamento en lo anterior, la Sala reconocerá, únicamente, la indemnización correspondiente a $ 1.150.000, suma que corresponde al pago de honorarios profesionales que tuvo que sufragar la demandante Nubia Sinisterra Valencia a favor de la Funeraria Andrade, la cual será actualizada de conformidad con la siguiente fórmula:

F100556

Total perjuicios por daño emergente: dos millones seiscientos nueve mil doscientos veintisiete pesos ($ 2.609.227).

— Lucro cesante.

Se solicitó en la demanda que se condenara a la demandada al pago de $ 100.000.000 a favor de las tres hijas de la señora Lucila Valencia Carvajal, que se correspondería con la pérdida de la ayuda económica que percibían de ella, derivados del ejercicio de la actividad comercial de venta de comestibles que la hoy occisa desplegaba.

Sobre el la aspiración resarcitoria en tal sentido planteada, ha de decir la Sala que, revisado el material probatorio allegado al expediente, se observa que los testimonios de los señores Florentino Montaño, Segundo Isidro Montaño y Zammy Yuline Montaño Valencia, coinciden en señalar que la señora Lucila Valencia Carvajal se dedicaba a la venta de víveres y productos en una tienda de su propiedad a las que se dedicaba la mencionada señora antes de fallecer, en compañía de sus hijas.

De igual forma según los registros civiles de nacimiento de las señoras Nubia María, Darsy María y Lucila Saturnina Sinisterra Valencia, se tiene que para el momento del fallecimiento de su madre, ellas contaban con la edad de 51, 48 y 41 años respectivamente.

Así pues, teniendo en cuenta que según jurisprudencia reiterada de esta corporación, el reconocimiento de lucro cesante para los hijos de una persona muerta resulta procedente solo hasta que cumplan 25 años de edad o, superada dicha edad, cuando se demuestre la dependencia económica de estos, concluye la Sala que en el presente asunto dicho reconocimiento de perjuicios habrá de ser negado, toda vez que las hijas de la señora Lucila Valencia Carvajal superan ampliamente la referida edad, así como tampoco se demostró la dependencia económica respecto de quien era su madre, pues cabe recordar que según los testimonios rendidos en este proceso, la hoy occisa se dedicaba a la venta de víveres y productos en una tienda de su propiedad, en la cual le ayudaban su hijas.

2.5. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 15 de octubre de 2004, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por los perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta providencia.

3. En consecuencia, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar las siguientes cantidades y por los siguientes conceptos:

3.1. Por daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación, para cada uno de los siguientes demandantes:

Darsy María Sinisterra Valencia (hija)100 SMMLV
Nubia María Sinisterra Valencia (hija)100 SMMLV
Lucila Saturnina Sinisterra Valencia (hija)100 SMMLV
Baby Lucía Valencia Martínez (tercera damnificada)15 SMMLV

3.2. Por daño material en la modalidad de daño emergente, a favor de las señoras Nubia María, Darsy María y Lucila Saturnina Sinisterra, la cantidad de dos millones seiscientos nueve mil doscientos veintisiete pesos ($ 2’609.227).

4. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(15) Decreto 597 de 1988.

(16) Folio 23, cuaderno 1.

(17) Folios 95 a 100, cuaderno 1.

(18) Folio 101, cuaderno 1.

(19) Folio 126, cuaderno 1.

(20) Las pruebas allegadas con el mencionado oficio son susceptibles de valoración, dado que fueron solicitadas de forma conjunta por las partes y se practicaron con audiencia de la entidad demandada, respetando su derecho de defensa y cumpliendo con el principio de contradicción; asimismo, los testimonios allegados con el mencionado oficio fueron practicados por la entidad demandada, de allí que se entienda que se han surtido, también, con su audiencia. Sobre el particular resulta pertinente hacer referencia a las consideraciones expuestas por esta Sala en sentencias del 18 de septiembre de 1997 (Exp. 9.666) y del 29 de enero de 2009 (Exp. 16.975):

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente. (...)

“Debe anotarse, adicionalmente, que en los eventos en que el traslado de los testimonios rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, la Sala ha considerado que dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificados en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su admisión”.

(21) Folio 114, cuaderno 1.

(22) Folios 117 a 118, cuaderno 1.

(23) Folios 126, cuaderno 1.

(24) Folio 136, cuaderno 1.

(25) Folio 128, cuaderno 2.

(26) Folio 187, cuaderno 2.

(27) Folio 189, cuaderno 2.

(28) Folio 190, cuaderno 2.

(29) Folios 194 a 197, cuaderno 2.

(30) “La hemiplejia es una parálisis, es decir una reducción o abolición total del movimiento del cuerpo, que afecta solo a uno de sus lados. Puede alcanzar de manera uniforme al conjunto del hemicuerpo, a la cara, al miembro superior y al miembro inferior: en este caso hablaremos de hemiplejia proporcional, o a una o varias de estas partes. Una hemiplejia derecha indica una parálisis que afecta al hemicuerpo derecho y es el síntoma de una afectación de la parte izquierda del cerebro. En general, el hemisferio izquierdo del cerebro es el hemisferio dominante. En caso de lesión del hemisferio dominante, otros signos clínicos pueden estar presentes en relación con las funciones específicas de esta parte del cerebro. Puede aparecer una afasia, alteraciones del habla y una apraxia, trastornos en la ejecución de los movimientos”. En file:///C:/Users/P_U1S310/Downloads/hemiplejia-derecha-definicion-9099-mxe78o%20(1).pdf. Página web consultada el 17 de septiembre de 2014.

(31) “... la prueba testimonial, tiene como fundamento la presunción de que el hombre tiende a decir la verdad, a ser sincero, negar esta propensión es negar el fundamento de las pruebas personales y negar que el problema fundamental del hombre es el retorno a sí mismo” Parra Quijano, Jairo. Tratado de la Prueba Judicial. Ediciones Librería El Profesional. Bogotá. 1982. Pág. 29.

“La prueba testimonial es generalmente la principal (...) es posible prescindir de la confesión o de los escritos, pero es más difícil prescindir de testigos cuando se quiere saber cómo se desarrollaron los hechos. ‘Los testigos, decía Bentham, son los ojos y los oídos de la justicia’ “Gorphe, Francois. La apreciación judicial de las pruebas”. Editorial La Ley. Buenos Aires. 1967. Pág. 367.

(32) Artículo 217 del Código de Procedimiento Civil “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

Artículo 218 del Código de Procedimiento Civil “Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a estos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindirá de toda otra prueba.

“Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración.

“El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.

(33) “ART. 28.—Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de alguno autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido por la ley (...)”.

(34) Ver sentencias de la Corte Constitucional C-024 de 1994, C-041 de 1994 y T-061 de 1996, entre otras.

(35) Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, Exp. 15208.

(36) Henao, Juan Carlos, “El Daño”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá - 2002, pág. 244.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de mayo de 2005, Exp. 4.970, M.P. Alier Hernández Enríquez.

(38) “(...) el miedo —heraldo de la muerte— no es, ni más ni menos, que la emoción con que se causan, en los niveles superiores del reino animal, los fenómenos de parálisis o de detención del curso vital que se observan hasta en los más sencillos seres vivos unicelulares, cuando se ven sometidos a bruscos o desproporcionados cambios en sus condiciones ambientales de existencia”. Emilio Mira y López. Cuatro Gigantes del Alma. Colección de Estudios Humanísticos, pág. 13, Ed. El Ateneo Buenos Aires, Octava Edición. En Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de octubre de 2011, Exp. 18.684, M.P. Enrique Gil Botero.

(39) Cita textual tomada de: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de octubre de 2011, Exp. 18.684, M.P. Enrique Gil Botero.

(40) “El estrés en sí es un factor de riesgo para enfermedades del corazón, lo que puede ser debido a que el estrés crónico expone el cuerpo a niveles poco saludables, persistentemente elevados de hormonas como la adrenalina y el cortisol. Los estudios también vinculan el estrés a los cambios en la formación de coágulos sanguíneos, lo que aumenta el riesgo de ataque al corazón” (traducción libre) http://www.medicinenet.com/stress_and_heart_disease/article.htm, página web consultada el 11 de agosto de 2014.

(41) Cf. Burg, Matthew M. “Stress, Behavior, and Heart Disease”, en: A.A.V.V., “Heart Book”, Yale University School of Medicine, 1992, pág. 98. (Traducción libre). Consultado en la página web http://www.med.yale.edu/library/heartbk/ el 11 de octubre de 2011. En Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de octubre de 2011, Exp. 18.684, M.P. Enrique Gil Botero.

(42) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(43) Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales que fueron discutidos y aprobados por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según consta en acta del 28 de julio de 2014.

(44) Sobre el particular, al ocuparse de regular los asuntos atinentes a las “Pruebas del estado civil”, el Decreto-Ley 1260 de 1970, en su artículo 105, determina:

“ART. 105.—Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos.

“En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos y actos se probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 100”.

(45) Sobre el punto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en sentencia del 22 de enero del 2008, señaló:

“Así pues, cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y de obligaciones (D. 1260/70, art. 1º) es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970”.