Sentencia 1999-00569 de noviembre 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCION “A”

Rad.: 05001-23-31-000-1999-00569-01 (1160-13)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque

Demandado: dirección ejecutiva de administración judicial

Autoridades nacionales

Bogotá, D. C., siete de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En primer lugar debe precisar la Sala, como lo ha dicho la Sección reiteradamente, que en el recurso de apelación, cuya sustentación es obligatoria so pena de declararse desierto, la competencia de la corporación está restringida a los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente contra la providencia objeto del recurso y que se relacionen, desde luego, con las causales de nulidad planteadas en la demanda.

Por lo anterior, la Sala decidirá en el presente asunto, si se ajustan a la legalidad los actos administrativos por medio de los cuales el Juez Veintidós Penal del Circuito de Medellín declaró insubsistente el nombramiento del señor Domingo Enrique Ramírez Duque del cargo de citador grado 4, atendiendo el planteamiento expuesto en el recurso de apelación, como es la falta de análisis de las normas claramente aplicables a la situación particular del actor y del material probatorio allegado al expediente, que llevarían a que prospere la causal de desviación de poder y la falta de competencia del funcionario que expidió el acto acusado.

1. Material probatorio.

— Sentencia del 10 de julio de 1998 proferida por el Juzgado 36 Penal Municipal de Medellín, por la cual declaró responsable al señor Domingo Enrique de Jesús Ramírez de la contravención especial de lesiones personales dolosas y lo condenó a la pena principal de seis meses de arresto y accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal. Por reunir los requisitos del artículo 68 del Código Penal, suspendió la ejecución de la sentencia por un periodo de prueba de dos 2 años (fls. 128-137).

— Sentencia del 28 de julio de 1998 proferida por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Medellín, por la cual confirmó parcialmente la anterior decisión, revocando la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por tratarse de una contravención no susceptible de ser sancionada con tal rigurosidad, aunado al hecho de que se trata de un funcionario judicial cuyo comportamiento ilícito no produjo impacto negativo en la sociedad (fls. 138-143).

— Oficio de 18 de agosto de 1998 suscrito por el actor y dirigido al Juez 22 Penal del Circuito de Medellín, al Juez 36 Penal Municipal de Medellín, a la Procuraduría Regional y a la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Medellín en la que solicita se deseche la queja disciplinaria presentada por Jaime Liévano Sáenz por la condena que le fue impuesta por el delito de lesiones personales culposas (fls. 73 a 74).

— Providencia del 24 de agosto de 1998 suscrita por el Juez Veintidós Penal del Circuito de Medellín (E) en la que señala:

“Como se tiene conocimiento que el empleado citador grado 4º de este despacho judicial en propiedad e inscrito en carrera judicial, señor Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque está investigado penalmente por conducta contraventora de lesiones personales dolosas según proceso que al parecer culminó con sentencia de primera y segunda instancia proferida en su orden por el Juzgado Trigésimo Sexto Penal Municipal y Décimo Tercero Penal del Circuito, ambos con sede en esta ciudad, decisiones que aunque originadas en hechos cometidos por fuera del despacho pero advirtiéndose que dicho señor ostenta condición de empleado público y vinculado a esta dependencia oficial, es competente el suscrito juez, por su condición de nominador y por tanto inmediato superior para tener acceso a los informes y copias de las decisiones de fondo con miras a tomar la resolución administrativa que corresponda por facultad de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”.

Con fundamento en lo anterior y para verificar si en torno al mencionado empleado se presenta o no la inhabilidad advertida en el parágrafo único del artículo 150 y numeral 6º del citado canon de la Ley 270 de 1996 en referencia, de manera oficiosa se ordena solicitar mediante oficio dirigido a las mencionadas autoridades los informes del caso y las copias de las decisiones tomadas contra el señor Ramírez Duque” (fl. 72).

— Oficio de 8 de septiembre de 1998 suscrito por el Juez Veintidós Penal del Circuito de Medellín (E) en el que manifiesta:

“Obtenidos como están los informes y copias del fallo condenatorio de tipo contravencional emitido en primera y segunda instancia por lesiones personales dolosas contra el señor Domingo de Jesús Ramírez Duque, empleado público en carrera y en propiedad en el cargo de citador grado 4º de este despacho judicial, según nombramiento y posesión que reposa en su hoja de vida en esta oficina, actos administrativos de los cuales se ordena arrimarse fotocopia y frente a lo advertido en los artículos 149 numeral 9º y parágrafo único que se remite del numeral 6º del precepto 150 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, se puede apreciar que muy posiblemente el mencionado Domingo Enrique se encuentra inhabilitado para continuar ejerciendo sus funciones de empleado público.

Lo anterior amerita una decisión de plano por parte de este despacho, previa la observancia de lo previsto en el canon 29 de la Constitución Nacional, es por ello que con el fin de que el señor Ramírez Duque ejerza su derecho de defensa y de controversia frente a las decisiones que contra él se avistan en primera y segunda instancia, y ante una futura decisión de este despacho, se ordena correrle traslado de esta y de las demás diligencias evacuadas, de lo cual se dejará constancia mediante oficio que se le hará al destinatario…” (fl. 71).

En cumplimiento de lo anterior, mediante Oficio 0425 del 8 de septiembre de 1998 (fl. 70) dirigido al señor Domingo Enrique de Jesús Ramírez, se fijó un término de tres días con el fin de que presentara sus intervenciones y alegaciones respecto de la posible inhabilidad sobreviniente consagrada en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Dentro de dicho término la parte actora solicitó permiso de tres días hábiles para ejercer su defensa contra las actuaciones administrativas (fl. 85).

— Memorial suscrito por el actor al procurador delegado - Metropolitana del Valle de Aburrá con el fin de solicitar su intervención en el conflicto laboral “que de tiempo atrás (hace aproximadamente hace 5 años) me viene formando injustamente el señor Secretario del Juzgado 22 Penal del Circuito con el fin de que a través de su intervención en esta controversia de persecución, acoso, injurias, irrespeto de que estoy siendo víctima del señor Salomón de Jesús Ortiz Gutiérrez quien ostenta transitoriamente el cargo de juez encargado de este despacho” (fls. 67 a 69).

— Oficio del 14 de septiembre de 1996 suscrito por el actor y dirigido al Juez 22 Penal del Circuito en el que sostiene:

“Esta misiva tiene como fin expresarle mi indignación por la forma en que usted me está acosando, persiguiendo y presionando laboralmente, tanto en el trato personal, como en el manejo de mis actividades laborales o trabajo y también, por la orden dada a mis demás compañeros de oficina de que hicieran una constancia en mi contra, dizque probablemente porque, según usted yo había llamado al Dr. Guillermo Gómez Celada, titular de este despacho y nominador mío a amenazarlo pues, como usted y los demás compañeros de oficina que estaban cuando yo llamé al Dr. Gómez a saludarlo y preguntarle como estaba, muy bien saben que el hecho de haberle preguntado si usted estaba obrando en mi contra con la aquiescencia de él y de haberle dicho que me iba a defender de esos cargos no constituye amenaza alguna propiamente dicha. Si usted está aprovechando de la coyuntura que me ha colocado, en situación de desventaja y casi de indefensión, aprovechando de la oportunidad que se le presentó de reemplazar al doctor Gómez Celada para echarme y salir de mí antes de que salgan las listas de elegibles que lo declararán a usted como perdedor del concurso de carrera judicial para desempeñar el cargo de secretario, ya que sabe que perdió el último examen descalificatoria, sepa que no por eso continuará en la rama judicial ni le voy a permitir de que se abuse de las circunstancias, como usted bien sabe, mis estudios universitarios me habilitan cada día más para ascender en el cargo del que usted me ha mantenido marginado.

Finalmente le ruego considerar la circunstancia de que el doctor Antonio Quintero Villa tiene interés en mi cargo y en que yo vuelva a desvincularme de él para volver a colocar a su hijo Germán Darío en mi puesto, para que aquel se declare impedido de seguir como procurador judicial del despacho en el caso de que usted me pidió descargos y en general, en cualquier proceso disciplinario que se me adelante…” (fls. 86-87).

— Providencia de 18 de septiembre de 1998, proferida por el Juez 22 Penal del Circuito de Medellín en la que resolvió:

Primero: DECLARAR la INHABILIDAD en el cargo que en este despacho judicial ostenta como citador grado 4 en propiedad y escalafonado en carrera judicial el señor Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 71.597.938 expedida en Medellín.

Segundo: Como consecuencia de la declaratoria de la inhabilidad dispuesta en el ordinal anterior, también SE DECLARA LA INSUBSISTENCIA del mencionado empleado en el citado cargo y por tanto hasta la fecha de notificación y de ejecutoria de estas decisiones tienen vigencia los actos administrativos expedidos con anterioridad referentes a su nombramiento, posesión del cargo y ejercicio de sus funciones oficiales como empleado público adscrito a la rama judicial por conducto de este despacho.

Tercero: Las presentes decisiones se fundamentan en lo previsto en el artículo 150 numeral 6º parágrafo único de la Ley 270 de 1996.

La inhabilidad aquí dispuesta se extiende en lo sucesivo para todo cargo en la rama judicial y los demás que consagre la ley, por el término que legalmente esté establecido…” (fls. 3-9).

— Providencia del 28 de octubre de 1998 por la cual el Juez 22 Penal del Circuito resolvió no reponer el acto administrativo que declaró la insubsistencia (fls.13-19).

— A folios 21 y 22 obra copia del escrito por el cual el actor, a través de mandatario judicial, presentó ante el Juzgado Trece Penal del Circuito de Medellín recurso extraordinario de casación contra la providencia dictada por ese despacho en segunda instancia.

— Informe suscrito por la Juez 36 Penal Municipal de Medellín el 4 de abril de 2001 y dirigido al Tribunal Administrativo de Antioquia en el que manifiesta que el recurso extraordinario de casación fue concedido por el Juzgado 13 Penal del Circuito, “enviando el expediente a la honorable Corte Suprema de Justicia el 16 de diciembre de 1999, siendo rechazado”.

2) Cuestión de fondo: El artículo que impone la inhabilidad y al cual le dio aplicación el Juez 22 Penal del Circuito de Medellín al momento de la expedición del acto acusado, dispone:

“Ley 270 de 1996

ART. 150.—Inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial. No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la rama judicial:

6. Quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos políticos o culposos.

PAR.—Los nombramientos que se hagan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo y aquellos respecto de los cuales surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la carrera judicial”.

El funcionario judicial aplicó la citada causal, luego de tener conocimiento de que el señor Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque hirió a una persona y por tal hecho fue denunciado y posteriormente condenado por el Juzgado 36 Penal Municipal de Medellín por el hecho punible de lesiones personales dolosas, cuya pena principal fue de seis meses de arresto y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal. Por reunir los requisitos del artículo 68 del Código Penal, suspendió la ejecución de la sentencia por un periodo de prueba de dos 2 años.

La anterior decisión fue confirmada parcialmente por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Medellín, al revocar la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por tratarse de una contravención no susceptible de ser sancionada con tal rigurosidad.

El Juez 22 Penal del Circuito de Medellín, al tener conocimiento de la comisión de ese hecho punible, expidió los autos del 24 de agosto de 1998 y del 8 de septiembre del mismo año, por los cuales solicitó ante las corporaciones judiciales pertinentes copias de la sentencias condenatorias, y en cumplimiento de los mandatos del debido proceso, puso en conocimiento de la posible causal de inhabilidad al demandante con el fin de que manifestara sus alegaciones al respecto.

La parte actora, dentro de sus alegaciones manifiesta que el origen de las imputaciones del señor Salomón Ortiz Gutiérrez en calidad de juez encargado, se presenta por la persecución laboral de ese funcionario, cuyo cargo titular ha sido durante muchos años el de secretario de Juzgado y que con ocasión de su nombramiento “en encargo” se ha aprovechado para desvincularlo del servicio.

Sobre el particular, considera la Sala que de la valoración del material probatorio allegado al expediente no se puede determinar de manera fehaciente que la decisión del juez se haya visto comprometida por las supuestas rencillas que tuvieron en el pasado cuando fueron compañeros de trabajo. Por el contrario, de los memoriales que el actor presentó ante la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá y de los demás documentos obrantes en el expediente, se demuestra que el trámite de la declaratoria de insubsistencia estuvo precedido de las garantías al debido proceso y defensa que en su oportunidad pertinente ejerció el señor Ramírez, y que no debe confundir con el proceso disciplinario que se adelanta por la comisión de una sanción consagrada en la Ley 200 de 1995.

De igual manera, se encuentra claramente desvirtuada la causal de falta de competencia, pues el señor Salomón Ortiz Gutiérrez fue nombrado juez encargado por el Tribunal Superior de Medellín de conformidad con el artículo 132 de la Ley 270 de 1996 que, en su parte pertinente, dispone que “el nominador cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas”, situación particular que comporta la facultad de que el director del despacho ejerza sus funciones judiciales y administrativas.

Es así como el funcionario judicial encargado, revestido de las facultades legales, luego de garantizar el debido proceso al demandante, verificó la existencia de una causal de nulidad por el hecho de que haber sido declarado responsable de la comisión de un “hecho punible”, cuya consecuencia directa según el artículo 150 de la Ley 270 de 1996 era la declaratoria de insubsistencia.

Para la Sala, no existe duda de que la anterior disposición consagra una inhabilidad en cuya hipótesis se encontraba el actor, pues había sido declarado responsable por un hecho punible (el cual comprende delitos y contravenciones) consistente en lesiones personales dolosas.

Así se desprende con claridad meridiana del texto de dicho precepto cuando ordena que aquellos nombramientos “… respecto de los cuales surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la carrera judicial”. La expresión serán no es potestativa.

Adicionalmente, la finalidad que se persigue con las inhabilidades, no es otra que asegurar la transparencia, moralidad, buena conducta y la confianza que la sociedad deposita en sus funcionarios judiciales.

Otro de los argumentos que será desvirtuado es el relacionado con la falta de integración del artículo 156, numeral 6º de la Ley 270 de 1996 con el previsto en el artículo 8º, numeral 4º del Decreto 1660 de 1978, en primer lugar porque conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia, se evidencia que las inhabilidades son de interpretación restrictiva(1) y no permiten una interpretación analógica o extensiva de las mismas. Y con relación a la aplicación del numeral 4º del artículo 8º del Decreto 1660 de 1978(2), tal ordenamiento fue derogado por el artículo 210 de la Ley 270 de 1996.

En esas condiciones, la declaración de constitucionalidad del numeral 6º del artículo 150 de la Ley 270 de 1996(3), pone de presente la legalidad de dicha disposición y como los actos administrativos acusados se profirieron bajo la vigencia de dicha disposición, se mantendrá en firme la sentencia del tribunal.

Finalmente, en lo que respecta a que al momento de la expedición de los actos acusados “no se encontraba ejecutoriada la sentencia condenatoria, por encontrarse en estudio la admisibilidad o no del recurso extraordinario de casación” se dirá que son válidos los argumentos expuestos por el tribunal, en cuanto a que a pesar de que el actor sabía de la improcedencia de ese recurso contra sentencias por contravenciones (por tratarse de un funcionario conocedor de las reglas propias del juicio penal) pretendió dilatar los efectos de su reprochable conducta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil doce (2012) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala de Descongestión, dentro del proceso promovido por Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque contra la Nación - rama judicial.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

(1) La Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, sobre el particular dijo lo siguiente: “(…) Dentro de los criterios expuestos, las causales de inhabilidad que establece la disposición bajo examen aparecen razonables, en virtud de la naturaleza de las labores que se asignan a quienes deseen hacer parte de esta rama del poder público. En este orden de ideas, conviene puntualizar que, para la Corte, la causal prevista en el numeral 5º debe interpretarse en forma restrictiva, pues de lo contrario se permitiría que cualquier destitución motivada en razones distintas a las previstas constitucional o legalmente como justificativas para la pérdida del empleo, como las de haber incurrido en conductas delictivas o en graves faltas disciplinarias, conlleve a una inhabilidad que no responde al propósito esencial de la norma, cual es el que los servidores públicos que hagan parte de la administración de justicia se caractericen por su capacidad, su idoneidad y, principalmente, por su transparencia y rectitud para asumir las delicadas funciones que se les asignen. Por tal motivo, estima la Corte que el referido numeral es exequible, bajo la condición de que la destitución sea fundamentada en lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Política, o que no haya transcurrido el respectivo término legal de inhabilitación.

De igual forma, conviene señalar que la declaración de responsabilidad a que se refiere el numeral 6º deberá ser mediante sentencia judicial, tal como lo prevé el artículo 179-2 superior para el caso de los congresistas. Por último, entiende la Corte que la situación prevista en el numeral 7º, requiere de una evaluación particular dentro de cada caso en concreto, de forma tal que se determine fehacientemente que el consumo de bebidas, drogas o sustancias no autorizadas afecte de manera grave y trascendente el desempeño de las labores. (…)”.

(2) ART. 8º—No podrán ser designados como funcionarios o empleados de la rama jurisdiccional, del Ministerio Público o de las direcciones de instrucción criminal, a ningún título: numeral 4º. Quienes hayan sido condenados por delito doloso, por un periodo igual al de la penal principal, a menos que se les haya concedido la condena condicional;

(3) Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.