Sentencia 1999-00637 de noviembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad. núm.: 410012331000199900637 01(27578)

Actor: Ramiro Abelló Plaza y otros.

Demandados: Municipio de Neiva.

Asunto: Acción de Reparación Directa (Sentencia)

Bogotá, D.C., doce de noviembre de dos mil catorce.

Extractos: «Consideraciones.

1. Competencia.

En atención a lo previsto en los artículos 120 del Código Contencioso Administrativo y 1 del Acuerdo 55 de 2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la Sentencia del 21 de noviembre de 2003 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.

Adicionalmente, comoquiera que la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación tuvieron lugar en los años 2003 y 2004 (respectivamente), la norma aplicable, a efectos de determinar la segunda instancia, es el Decreto 597 de 1988, el cual señalaba que para el año 1999, fecha de presentación de la demanda, la cuantía mínima para que un proceso en acción de reparación directa fuere susceptible del recurso de apelación era de $18.850.000.oo, la cual se determina por el valor de las pretensiones sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad al libelo introductorio. En el caso concreto la pretensión mayor fue por concepto de perjuicios materiales, estimada en $3.980´340.000.00.

2. Prueba mediante copia simple.

Es necesario señalar lo concerniente a los documentos aportados en copia simple al proceso, frente a lo cual el precedente jurisprudencial ha precisado, que por expresa remisión que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo hace al régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil, los documentos que se aporten a un proceso judicial, podrán allegarse en original o en copia, la cual puede estar constituida por trascripción o por reproducción mecánica, como lo señala el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, si se trata de copias, debe observarse lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, esto es:

“ART. 254.- [Mod. por el D.L. 2282/1989, art. 1º, num. 117]. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.”

Resulta pertinente aclarar que la vigencia del artículo 11 de la Ley 446 de 1998 y la del artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, según los cuales los documentos presentados en sede judicial se reputan auténticos, en nada modifican el contenido de los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pues el primero de ellos se refiere sólo a documentos privados y el segundo, como bien lo ha establecido la Corte Constitucional, alude a documentos originales y no a copias(32). Queda claro entonces, que los documentos mediante los cuales se pretende la demostración de los hechos alegados en la demanda, deben aportarse en original o copia auténtica, debido a que las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254(33) antes citado(34).

Al respecto, ha señalado la jurisprudencia constitucional, que el precepto según el cual las copias, para que tengan el valor probatorio del original, tienen que ser autenticadas, es un principio elemental que siempre ha regido los ordenamientos procesales, considerando, que la certeza de los hechos que se tratan de demostrar con copias de documentos tiene relación directa con la autenticidad de tales copias.

“Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial”(35).

Adviértase, entonces, que la honorable Corte Constitucional, en ejercicio de su función guardadora de la supremacía de la Constitución, mediante sentencia en cita, sostuvo que una cosa es la primacía del derecho sustancial, principio contenido en el artículo 228 de la Carta Magna, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que conllevan el nacimiento, modificación o extinción de los derechos reconocidos en la ley sustancial, de manera que concibió la autenticidad de las copias, para reconocerle el mismo valor jurídico del original, el desarrollo de los derechos sustanciales, por cuanto cumple la finalidad de rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos.

“En las actuaciones de la administración de justicia, es decir, de los jueces, “prevalecerá el derecho sustancial”. Lo cual significa esto, y solamente esto: que el proceso es un medio y que, por lo mismo, las normas procesales deben aplicarse con un fin, fin consistente en la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial. La exigencia del numeral 2 del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle “el mismo valor probatorio del original” es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos. Ninguna de las dos normas acusadas quebranta el artículo 228 de la Constitución. Una cosa es la primacía del derecho sustancial, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que causan el nacimiento, la modificación o la extinción de los derechos subjetivos, vale decir, de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Pretender que el artículo 228 de la Constitución torna inexequibles las normas relativas a la prueba, o la exigencia misma de ésta, es desconocer la finalidad de las pruebas y del proceso en sí(36)“.

Del mismo modo, aseveró el máximo Tribunal de lo constitucional que la exigencia de pruebas dentro del proceso judicial no es incompatible con la presunción de buena fe contenida en el artículo 83 superior y en nada la contrarían, por el contrario, encontró que la exigencia de pruebas, presente en todos los ordenamientos jurídicos, son una forma para conseguir la seguridad en las relaciones jurídicas.

No obstante, es igualmente importante prever que la jurisprudencia ha establecido excepciones a las reglas probatorias anteriormente anotadas, las cuales se han circunscrito, principalmente, a las pruebas documentales trasladadas de procesos diferentes al contencioso, a aquellas que provienen de la entidad demandada y las que han obrado a lo largo del plenario o han sido coadyuvadas por la parte contra quien se aducen, por cuanto se presume el pleno conocimiento de la prueba en la parte contraria y la posibilidad de controvertirla o, incluso, de alegarla a su favor. Lo anterior, atendiendo el principio de lealtad procesal.

Al respecto se ha dicho:

“Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que éstas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene bajo su guarda esos originales o copias auténticas y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar éstas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa, con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso(37).

Así, en reciente pronunciamiento la Sala de Subsección C, en aras de respetar el principio constitucional de buena fe y el deber de lealtad procesal(38), reconoció valor probatorio a una prueba documental allegada con el escrito introductorio en copia simple, que obró a lo largo del proceso, en un caso donde la Nación al contestar la demanda admitió tenerla como prueba y aceptó el hecho a que se refería dicho documento, donde, además, una vez surtidas las etapas de contradicción, dicha prueba no fue cuestionada en su veracidad por la entidad demandada(39).

Este pronunciamiento se fundamentó en el citado precedente:

“De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda(40).”

Al respecto, debe anotarse que el avance jurisprudencial presentado en este sentido obedeció, entre otras, a la expedición de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 por la cual se promulgó el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que entró en vigencia el pasado 2 de julio de 2012 y en cuyo artículo 215 estableció una presunción legal con relación al valor probatorio de la copias, según la cual se presume que éstas tienen el mismo valor del original siempre que no hayan sido tachadas de falsas.

Con relación a esta codificación, es oportuno señalar que su artículo 308 restringió su aplicación a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. No obstante, la Sala considera pertinente reiterar que en lo referente a la prueba del estado civil de las personas se seguirá aplicando, preferentemente, lo dispuesto por el Decreto Ley 1260 de 1970 en cuanto se trata de una lex especialis(41).

En este sentido, el Consejo de Estado— Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera en reciente pronunciamiento ha recogido el criterio anterior en los siguientes términos(42):

“(…) No quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—.

(…)

Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus)(43).”

Ahora bien, en concordancia con lo expuesto párrafos atrás, la Sala observa que en el plenario obran documentos en copia simple, los cuales han obrado a lo largo del proceso sin que hayan sido objeto de tacha por parte de la entidad demandada, en quien es claro el conocimiento pleno de la prueba por cuanto en su mayoría emanaron de ella y tuvo oportunidad de contradecirlos o usarlos en su defensa.

Por los argumentos expuestos se valorarán los medios probatorios aportados en copia simple, conforme a los rigores legales vigentes en la materia(44).

3. Valor probatorio de los recortes de prensa.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, la Sala ha manifestado que las publicaciones contenidas en periódicos y medios de comunicación pueden ser considerados no solamente para probar el registro mediático de los hechos, sino para acreditar la existencia de los mismos, siempre y cuando tengan conexidad con otros medios de prueba y coincidan con ellos(45).

Al respecto se ha dicho:

“no puede considerarse a la información de prensa con la entidad de la prueba testimonial, sino con el valor que puede tener la prueba documental, no puede reputarse su inconducencia, o su inutilidad, ya que (…), “(…) no resultan inconducentes, ya que por regla general la ley admite la prueba documental, y no la prohíbe respecto de los hechos que se alegan en este caso. Asunto distinto será la eficacia que el juez reconozca o niegue a dichos impresos”.

Así las cosas, es claro para la Sala que la información de prensa puede constituirse en un indicio contingente y así ha señalado para “que la información periodística solo en el evento de que existan otras pruebas puede tomarse como un indicio simplemente contingente y no necesario (…)”.

Ahora bien, sin duda es necesario dilucidar qué valor probatorio le otorga la Sala a la información de prensa allegada al proceso, ya que el principal problema para su valoración es la necesidad de cuestionar la veracidad que pueda ofrecer de la ocurrencia de los hechos. Más aún es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas.

Es así que la Sala valorará los artículos periodísticos allegados al plenario en tanto ellos demuestran la importancia social que para la ciudadanía de Neiva reportaron el desalojo de las plazas Central y Satélite del Norte y el la construcción de la plaza Mercaneiva en el sur de la ciudad.

Del mismo modo, la Sala ha revisado cada una de las publicaciones efectuadas por el periódico “La Nación” de Neiva y encontró que las informaciones allí contenidas concuerdan en todo con el restante material probatorio, como podrá dilucidarse en el acápite correspondiente, razón por la cual les dará el valor de indicio contingente y en algunos eventos de plena prueba.

4. Valoración probatoria de los dictámenes periciales y las declaraciones extraproceso.

Asimismo, la Sala encuentra que dentro del plenario se practicaron dos dictámenes periciales, el primero de ellos practicado el día 29 de noviembre de 2001(46), por las peritos Claudia Marcela Bonilla Fonseca y Astrid Tamayo Osso a la Central Minorista Mercaneiva, con el objeto de dar respuesta a los cuestionarios presentados por la parte actora con el fin de establecer la identificación y estado de la obra, viabilidad comercial del proyecto y desarrollo del mismo, nivel de ocupación de sus instalaciones por propietarios e inquilinos y condiciones ambientales, entre otros, dictamen éste que la Sala ha encontrado acorde con la legislación procesal civil, por lo cual será valorado en su integridad, en lo que tiene que ver con su objeto.

No ocurre lo mismo con el dictamen de fecha 9 de julio de 2002(47), elaborado por los peritos Olga Lucia Sánchez Reyes y Miguel Antonio Manrique Manrique, con el objeto de determinar el monto de los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante ocasionados a cada uno de los demandantes, mediante la revisión de los libros de los comerciantes y el estado legal y contable de cada uno de ellos, lo cual no fue posible por cuanto no existían libros ni registros contables, según lo expone la misma experticia, porque los demandantes pertenecían al régimen simplificado de impuesto a las ventas, de manera que no estaban obligados a llevar tales libros o registros.

De modo que el dictamen pretendió establecer el patrimonio de los comerciantes, la existencia del daño material y su cuantificación, mediante el establecimiento del ingreso promedio de los demandantes (antes y después del desalojo), se itera, para determinar el monto de la indemnización correspondiente al daño emergente y al lucro cesante.

Al respecto, la Sala anticipa que las conclusiones y listados ofrecidos por los peritos sobre el daño emergente causado a los demandantes, el cual hacen consistir en las mejoras efectuadas por los inquilinos a sus puestos de venta dentro de las plazas Central y Satélite del Norte, no se valoraran en tanto las cifras allí proyectadas corresponden a la ejecución del contrato de arrendamiento suscrito con las Empresas Públicas de Neiva, cuyo objeto y demás obligaciones o derechos no pueden ser debatidos en acción de reparación directa.

Ahora bien, con relación al procedimiento adoptado por los peritos para efectuar el experticio, la Sala observa que se llevaron a cabo: (i) Entrevista con “un gran número de demandantes”, para lo cual partió de “un total de 348 demandantes”, siendo lo correcto, como puede observarse ad initio de esta providencia, que existieron en total 353 demandantes.

Asimismo, los peritos dentro de su metodología investigativa encuestaron a los demandantes sobre su ocupación (anterior y actual), y sobre el valor de los ingresos promedios y monto del patrimonio de los años 1998, 1999 y 2000.

Por otro lado, efectuaron la “circularización a entidades” y la obtención de documentación como prueba legal, prueba documental que será valorada directamente por la Sala por cuanto se considera útil para esclarecer los hechos dentro del plenario, obró a lo largo del proceso, se puso en conocimiento de la entidad demandada y obedece a documentos expedidos por autoridades oficiales y por la misma entidad demandada.

Sin embargo, la información y documentación allegada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva(48) no ofrece información importante para el plenario, en cuanto se limita a hacer una listado de matrículas inmobiliarias, direcciones y fecha de consulta de “los números de matrícula inmobiliaria de las personas relacionadas conforme al orden cronológico de su petición” sin especificar el nombre o identidad de la persona a la que corresponde cada número de matrícula inmobiliaria y sin que quede claro cuál es el hecho que se pretende probar con tal listado.

Sobre la muestra fotográfica allegada con el dictamen, la Sala observa que estas fotografías sólo revelan la existencia de vendedores ambulantes en algunos sectores del centro y norte de la ciudad de Neiva, sin informar la fecha exacta en que fueron practicadas, así como tampoco es posible determinar que las personas allí registradas pertenezcan a los inquilinos de las plazas Central y Satélite del Norte de Neiva. Ahora bien, aunque obran unas pocas fotografías que refieren la existencia de una reja que dividía la Central de mercado Surabastos de la nueva plaza minorista de mercado Mercaneiva, los locales inconclusos y la ubicación de los vendedores en la parte externa de Mercaneiva porque la parte interna presenta problemas. La situación descrita en estas 5 fotografías corresponde al objeto del dictamen 1 por lo que se acudirá a él para verificar dichas circunstancias.

Por otro lado, se observan contradicciones en el segundo dictamen, por cuanto afirma en la parte introductoria que en la Galería Central y la Plaza Satélite del Norte de la ciudad de Neiva “aproximadamente dos mil personas ejercían la comercialización de productos perecederos en calidad de inquilinos” y, seguidamente, en la descripción de los antecedentes sostiene que “En la Galería Central se agrupaban en forma permanente cerca de novecientos (900) pequeños comerciantes en calidad de inquilinos, al igual que en la Plaza Satélite del Norte donde se agrupaban cerca de cuatrocientos (400)”, lo que arroja un valor de 1300 personas, cifra ésta bastante aislada de los dos mil inicialmente presentados y que, adicionalmente, evidencia las imprecisiones del dictamen y la falta de investigación, claridad y precisión del mismo.

Así las cosas, la Sala no valorará las conclusiones y hechos aducidos como probados en el dictamen de fecha 9 de julio de 2002, porque, como se dijo, los objetivos planteados no se alcanzaron, los procedimientos utilizados no ofrecen certeza y los datos preliminares que presenta son contradictorios.

Especialmente se descartan los valores determinados por el dictamen pericial como monto del lucro cesante, por cuanto se fundamentan en la entrevista, la encuesta y en el formato de no declarante diligenciados por cada uno de los demandantes, sin que obre prueba adicional que permita verificar la veracidad de la información allí contenida. Razón suficiente para descartar el dictamen ofrecido en este sentido.

Sobre este punto, la Sala también considera importante resaltar que el medio probatorio utilizado por los peritos para corroborar la información suministrada por los demandantes, lo constituyen las declaraciones rendidas por terceros bajo la gravedad del juramento pero para fines extraprocesales, las cuales, evidentemente, fueron, asimismo, allegadas por los demandantes.

Luego, si una de las reglas básicas del dictamen pericial es que debe ser claro, preciso y detallado, amén de explicar el fundamento de sus conclusiones y que no puede contener opiniones sobre puntos de derecho, pues al momento de apreciarse se deben tener en cuenta aquellos aspectos y las demás pruebas obrantes en el proceso,(49) fácilmente se llega a la conclusión que el recabado en este proceso, por las deficiencias que atrás se anotaron, no puede demostrar ni demuestra el perjuicio reclamado ni su cuantía(50).

Con relación a las declaraciones extra proceso rendidas ante notario y allegadas por los demandantes al dictamen pericial para acreditar la existencia de los puestos en las diferentes plazas y en cabeza de cada uno de ellos, así como el ingreso que cada uno percibía dentro de su actividad comercial, el Código de Procedimiento Civil establece:

“Artículo 298.—Modificado. Decreto. 2282 de 1989, artículo 1º, modificado 129. Con el fin de allegarlos a un proceso, podrá pedirse que se reciban testimonios anticipados únicamente a personas que estén gravemente enfermas, con citación de la parte contraria en la forma prevista en el artículo 318 y en los numerales 1º, 2º y 3º del 320.

La solicitud deberá formularse ante el juez de la residencia del testigo, y el peticionario expresará bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación del escrito, que el testigo se encuentra en la circunstancia mencionada, e informará el lugar donde puede citarse a la persona contra quien pretende hacer valer la prueba.

Cuando el peticionario manifieste también bajo juramento prestado de igual manera, que ignora dónde puede citarse a la presunta contraparte, se aplicará el artículo 318.

El juez rechazará de plano la recepción de testimonios extraproceso para fines judiciales, cuando la solicitud no cumpla los requisitos exigidos en los incisos anteriores.

Los testimonios que se reciban con violación de este artículo no podrán ser apreciados por el juez”.

Entonces, la Sala observa que los peritos Olga Lucia Sánchez Reyes y Miguel Antonio Manrique Manrique elaboraron su experticio con fundamento en las declaraciones extraproceso que diferentes personas rindieron para acreditar la existencia de los puestos de mercado en cabeza de los demandantes, el desalojo de que fueron víctimas y el valor que cada uno de ellos devengaba como producto de la explotación económica a que se encontraban destinados dichos puestos de mercado.

Sin embargo, nótese que los testimonios fueron rendidos con fundamento en el Decreto 1557 de 1989, esto es, con fines extraprocesales y no judiciales, frente a lo cual, el citado artículo 298 del Código de Procedimiento Civil taxativamente establecía en cabeza del juez el deber de rechazar de plano los testimonios extraproceso que pretendieran usarse para fines judiciales, cuando estos no cumplieran con los requisitos allí establecidos, es decir: (i) cuando no se trataran como prueba anticipada, (ii) cuando no se practicaran por persona gravemente enferma y (iii) cuando se omitiera la citación de la parte contraria, a menos que se declarara bajo la gravedad de juramento que se ignoraba su ubicación.

Adicionalmente, debe preverse que aunque el anterior ordenamiento procesal civil consagraba la posibilidad de que se rindieran testimonios con fines judiciales ante alcaldes o notarios, esto sólo era válido en los casos en que la ley lo autorizaba, según lo disponía el artículo 299 eiusdem, que era del siguiente tenor:

“ART. 299. —Modificado. Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, modificado 130. Los testimonios para fines no judiciales, se rendirán exclusivamente ante notarios o alcaldes. Igualmente los que tengan fines judiciales y no se pida la citación de la parte contraria; en este caso, el peticionario afirmará bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del escrito, que sólo están destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba, y sólo tendrán valor para dicho fin.”

Sin embargo, en ambos casos, esto es cuando el testimonio extraprocesal se rendía con fines extra judiciales o judiciales, para que pudiera ser apreciable por el juez, se requería del cumplimiento de los requisitos de la ratificación, según el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, que disponía:

ART. 229.—Modificado. D.E. 2282/89, artículo 1º, número 106. Ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior.”

Al respecto la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha manifestaba que

“(…) para que se pueda apreciar un testimonio que ha sido rendido por fuera el proceso es imperioso, en primer lugar, que se trate de aquellos eventos a los que se refieren los numerales 1 y 2 del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil y, en segundo orden, debe cumplirse con el trámite de ratificación que estipula la misma norma, trámite del cual se podrá prescindir únicamente cuando el juez considere que es innecesario y las partes concuerden en ello, voluntad que éstas deberán manifestar verbalmente en audiencia, o mediante escrito autenticado.

12.2.5.1. Por un lado, de manera estándar y siguiendo las reglas procesales transcritas, se ha manifestado que el testimonio practicado por fuera del proceso puede hacerse valer en un trámite judicial posterior, si y sólo si se cumplen las siguientes condiciones: (i) que la declaración haya sido recibida como prueba anticipada en los términos de los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil, o en un proceso judicial diferente; (ii) que la declaración se haya recibido con audiencia o por solicitud de la parte contra la cual se pretende hacer valer en el proceso posterior; y, finalmente, (iii) que el testimonio sea ratificado en el nuevo trámite, según los parámetros que para tal efecto se establecen en el artículo 229 ibídem.

(…)

(…) las declaraciones juramentadas trasladadas al proceso contencioso desde otro trámite judicial —o recopiladas de forma extraprocesal—, sólo son apreciables si se ratifican o cuando las partes han tenido la oportunidad de controvertirlas en el momento de su recopilación”(51).

No obstante lo anterior, la Sala prevé que actualmente los artículos 188 y 222 del nuevo Código General del Proceso permitieron que “las declaraciones extraprocesales que se aporten con la demanda pueden ser valoradas sin necesidad de que sean ratificadas (…) aun cuando no hayan sido practicadas con audiencia de la entidad demandada (…)”. En este sentido, aunque la norma citada no es aplicable al caso concreto, por cuanto es posterior a la práctica de las declaraciones extraproceso sobre las cuales se discute e, incluso, es posterior a la presentación e iniciación del proceso que aquí se debate(52), también es claro que ella recoge el giró que en materia probatoria ha dado nuestro derecho procesal e ilumina la interpretación o valoración que el Juez contencioso administrativo, dentro del Estado Social de Derecho debe hacer de la prueba, en atención a los principios de prevalencia del interés sustancial o material de los derechos subjetivos(53) sobre el simplemente formal o procesal.

En este sentido la Corte Constitucional, en reciente sentencia de unificación, manifestó:

“El Juez del Estado Social de Derecho es uno que ha dejado de ser el “frio funcionario que aplica irreflexivamente la ley”(54), convirtiéndose en el funcionario —sin vendas— que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender vigilante, activo y garante de los derechos materiales(55)(56)

Por su parte, con relación a la valoración de las declaraciones extraproceso dentro del proceso contencioso administrativo, el Consejo de Estado ha avanzado en el sentido de señalar que:

“Aun cuando se ha predicado que la validez de las declaraciones extrajuicio allegadas dentro de un proceso judicial se encuentra sujeta a la citación de la parte contraria, a la posterior ratificación de las mismas o a aquellos casos en los que exclusivamente la ley les habilita como prueba sumaria —como garantía procesal que milita a favor de la parte contraria en virtud del derecho de contradicción y de defensa—, éstas pueden ser tenidas en cuenta, en los eventos en que hayan sido de pleno conocimiento de la parte demandada, ya sea desde el agotamiento de la vía gubernativa, o en el debate judicial mismo.”(57)

En el mismo sentido, en pronunciamiento más reciente, la Subsección B de la Sección Tercera, también sostuvo que:

“(...) los documentos que contengan testimonios de terceras personas, por haberse vertido ante el juez, en otro proceso o extraprocesalmente, sin intervención de la parte contra quien se aducen o bien por haberse producido sin otra intervención que la del otorgante, deben ser valorados por el fallador sin necesidad de ratificarlos (…) no es posible sostener que, en todos los casos, la prueba deba ser objeto de ratificación o que siempre la contraparte deba tener la posibilidad de contrainterrogar en el mismo momento, como tampoco que determinada prueba deja de serlo porque la contraparte no fue citada, pues, en todos los casos, lo esencial tiene que ver con que quien no participó en su formación, tenga acceso, con igualdad probatoria y posibilidad, a oportunidades reales y efectivas de contradicción. (…)”(58)

Así las cosas, la Sala valorará las declaraciones extraproceso obrantes en el plenario, pero lo hará parcialmente, en el sentido de dar validez a las declaraciones que se dirigen a acreditar la existencia de los puestos de mercado en cabeza de los demandantes y el desaojo de que fueron víctimas, toda vez que estos hechos incorporan situaciones que fácilmente podían ser percibidas por los declarantes, sin embargo, no ocurre lo mismo con aquellas afirmaciones que se dirigen a demostrar el ingreso mensual que los demandantes devengaban como producto de la explotación económica a que se encontraban destinados los puestos de mercado, pues ninguno de ellos explica confiablemente los motivos de conocimiento sobre las cifras indicadas, por lo cual no ofrecen certeza al juzgador para calcular el lucro cesante.

Adicionalmente, con relación al cálculo del lucro cesante, la Sala considera que esta es una labor que corresponde realizar al Juez con aplicación de las fórmulas establecidas por la jurisprudencia y con observancia de los elementos probatorios que encuentre acreditados dentro del plenario, entre estos, con fundamento en las herramientas y argumentos que del dictamen pericial se desprendan, pues no puede pretenderse que la experticia simplemente le diga al juzgador a cuánto asciende el quantum indemnizatorio, sino que su labor, primordialmente, debe estar dirigida a dotar al juez de las herramientas suficientes para que éste pueda adoptar una decisión frente a la existencia y quantum del perjuicio, propósito que no se cumple en el caso de autos ya que los valores arrojados por el dictamen tienen como base documentos que no dotan de certeza la decisión.

En conclusión, el cálculo de los perjuicios materiales a título de lucro cesante lo realizará directamente la Sala con fundamento en las pruebas que obran en el plenario.

5. Legitimación en la Causa.

La Sala procede analizar como presupuesto procesal previo la legitimación en la causa para determinar la legitimación en la causa por activa dentro del plenario, en tanto que previamente ha encontrado acreditada la legitimación por pasiva por los mismos motivos que se expondrán en el juicio de imputación de la responsabilidad al municipio de Neiva.

En primer lugar, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(59), de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas.

Conforme con el criterio básico que informa el instituto de la legitimación en la causa, en esa materia específica, la función legislativa está circunscrita a determinar qué sujetos se encuentran jurídicamente habilitados o autorizados para promover el proceso, para intervenir en él y para contradecir las pretensiones de la demanda; función que debe ejercer teniendo en cuenta la naturaleza de la actuación de que se trate y los fines o propósitos que con ella se persiguen.

Por su parte, esta Corporación ha sostenido que la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones.

Entendido así el concepto de legitimación en la causa, es evidente que cuando ella falte, bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada.

Al respecto, no sobra recordar lo dicho por la Sala en tal sentido, a saber:

“La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada”(60).

Ahora bien, también ha dicho la Sala que la legitimación en la causa puede ser de hecho cuando la relación se establece entre las partes por razón de la pretensión procesal, es decir de la atribución de una conducta que el demandante hace al demandado en su demanda, o material frente a la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas hayan demandado o hayan sido demandadas, por lo cual la ausencia de esta clase de legitimación, no constituye una excepción de fondo porque no enerva la pretensión procesal en su contenido sino que es una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito, sin que el estar legitimado en la causa otorgue el derecho a ganar, lo que sucede aquí es que si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto, no porque él haya probado un hecho que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo — no el procesal —; si la falta de legitimación en la causa es del demandado al demandante se le negarán las pretensiones, no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder, y, por eso, el demandado debe ser absuelto(61).

En conclusión, cuando se advierte la falta de legitimidad en la causa, tal circunstancia comporta la denegación de las pretensiones de la demanda.

Así las cosas, la Sala encontró legitimados en la causa por activa a los demandantes que relaciona a continuación, y con las pruebas que frente a cada uno de ellos se especifican:

 

DemandantesIncluido en el Censo de la Plaza Satélite del NorteIncluido en el Listado de Inquilinos de la Plaza CentralOtra Prueba de la Tenencia
1Ramiro Abello Plaza SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 39)
2María del Carmén Álvarez SI (Fl.7 del Cdno.4 de pruebas 19)
3María Anatilia Arciniegas Gómez SI (Fl.14 del Cdno.4 de pruebas 46)
4Reinaldo Arias Carvajal No fue cesado pero aparece notificado en las cartas de desahucio (Fl. 353 del Cdno.8 de pruebas)
5Delfina Arias de Charry SI (Fl.5 del Cdno.4 de pruebas 12)
6Luis Alfidio Arias Quesada SI (Fl.6 del Cdno.4 de pruebas 7)
7Georgina Arias de Ramos SI (Fl.13 del Cdno.4 de pruebas 27)
8Reinaldo Arias Santos SI (Fl.2 del Cdno.4 de pruebas 11)
9Sandra Patricia Arteaga Campos SI (Fl.6 del Cdno.4 de pruebas 17)
10Lastenia Arteaga Vda. de Herrera SI (Fl.13 del Cdno. 4 de pruebas 46)
11María Eugenia Artunduaga Marroquín* No fue censada pero obra a fl. 135 del Cdno. 23 el contrato de arrendamiento a nombre de María Amira Marroquín Espinosa (madre), a fl. 136 del Cdno.23 Registro de defunción de María Amira Marroquín Espinosa
12Jesús Artunduaga Llanos SI (Fl.5 del Cdno.4 de pruebas 39)
13Gustavo Ávila SI (Fl.10 del Cdno.4 de pruebas 41)
14Tobías Avilez González SI (Fl.16 del Cdno.4 de pruebas 5)
15Lucrecia Bastidas Ortigoza SI (Fl.13 del Cdno.4 de pruebas 8)
16María Arcelia Benítez Morales SI (Fl.11 del Cdno.4 de pruebas 18)
17Rosa Benítez de Caviedes SI (Fl.11 del Cdno.4 de pruebas 17)
18Judith Bohorquez Ramírez SI (Fl.15 del Cdno.4 de pruebas 6)
19María Elcira Bonilla SI (Fl.7 del Cdno.4 de pruebas 41)
20Alcibíades Cabrera Mosquera SI (Fl.5 del Cdno.4 de pruebas 17)
21Fausto Calderón SI (Fl.7 del Cdno.4 de pruebas 11)
22Anarcila Camacho Collazos SI (Fl.3 del Cdno.4 de pruebas 29)
23Nery Campos Salcedo SI (Fl.5 del Cdno.4 de pruebas 50)
24Alicia Cárdenas SI (Fl.14 del Cdno.4 de pruebas 42)
25Ligia Cárdenas González SI (Fl.8 del Cdno.4 de pruebas 5)
26Guillermina Castro Medina SI (Fl.5 del Cdno.4 de pruebas 41)
27Celmira Castro Torres Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fl. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal)
28Raimunda Caviedes Murcia SI (Fl.16 del Cdno.4 de pruebas 53)
29Evangelina Ceballes Correa SI (Fl.5 del Cdno.4 de pruebas 53)
30Francisco Javier Collazos Epia SI (Fl.11 del Cdno.4 de pruebas 14)
31Jorge Eliécer Conde Ipuz SI (Fl.7 del Cdno.4 de pruebas 34)
32Gustavo Contreras Suárez SI (Fl.7 del Cdno.4 de pruebas 36)
33María Idaly Contreras Suárez SI (Fl. 8 del Cdno.4 de pruebas 26)
34Isaac Córdoba Córdoba Si (Fl. 10 del Cdno.4 de pruebas 57)
35Elías Córdoba Córdoba SI (Fl. 10 del Cdno.4 de pruebas 52)
36Leonel Córdoba Herrán SI (Fl. 11 del Cdno.4 de pruebas 5)
37Ramiro Córdoba Herrán SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 16)
38Mario Córdoba Soler SI (Fl. 5 del Cdno.4 de pruebas 51)
39Ilda María Córdoba de Trujillo No fue cesado ni aparece en lista pero fue notificado en las cartas de desahucio (Fl. 83 del Cdno.9 de pruebas)
40Alba Cortés SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 35)
41Cristóbal Cortés No fue cesado ni aparece en lista pero fue notificado en las cartas de desahucio (Fl. 10 del Cdno.7 de pruebas)
42Diván Cruz Marroquín Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fl. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal)
43Orfali María Cuadrado de García SI (Fl. 12 del Cdno.4 de pruebas 21)
44Beatríz Cuellar SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 33)
45Myriam Cuellar de Arias SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 11)
46Anarcila Cuellar de Samboní SI (Fl. 9 del Cdno.4 de pruebas 33)
47Edgar Cuellar Valenzuela SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 31)
48Gloria Cuellar Valenzuela Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fls. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal)
49Marcos Cuenca Cuenca SI (Fl. 12 del Cdno.4 de pruebas 18)
50Inocencio Culma Pimentel SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 34)
51Carmen Chacón Cardozo SI (Fl. 12 del Cdno.4 de pruebas 16)
52Vicente Chacón Cardozo SI (Fl. 12 del Cdno.4 de pruebas 19)
53Nirza Chaparral SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 20)
54Célimo Charry Arias SI (Fl. 5 del Cdno.4 de pruebas 4)
55Dagoberto Charry Arias SI (Fl. 5 del Cdno.4 de pruebas 16)
56Severiano Charry Arias SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 20)
57Manuel Charry Arias SI (Fl. 5 del Cdno.4 de pruebas 11)
58Evaristo Charry Olaya SI (Fl. 13 del Cdno.4 de pruebas 10)
59Leonte Chaux TovarSI (mayo 8 de 1995) Fl. 245 del Cdno.5 de pruebas)SI (Fl. 10 del Cdno.4 de pruebas 5)
60Dagoberto Chávarro Olaya SI (Fl. 13 del Cdno.4 de pruebas 34)
61Bismar Delgado de Huege SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 43)
62Luis Carlos Delgado Zabala SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 24)
63Víctor Díaz SI (Fl. 11 del Cdno.4 de pruebas 21)
64Raquel Díaz de Mosquera SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 10)
65Luis Henry Díaz Gutiérrez SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 56)
66María del Carmen Díaz Martínez SI (Fl. 14 del Cdno.4 de pruebas 40)
67Jesús Reynaldo Durán Moreno SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 43)
68Jesús Antonio Escobar Moreno SI (Fl. 10 del Cdno.4 de pruebas 31)
69Custodia Espinosa de Mejía SI (Fl. 14 del Cdno.4 de pruebas 24)
70José María Espinosa Polanía SI (Fl. 11 del Cdno.4 de pruebas 15)
71Jairo Fierro Acosta SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 17)
72Pedro María Fierro Valencia SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 41)
73María Antonia García de Jaramillo SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 55)
74María Nubia Garzón Hernández SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 30)
75Lucy Gasca Palencia SI (Fl. 13 del Cdno.4 de pruebas 33)
76Flor Marina Gaspar Díaz SI (Fl. 9 del Cdno.4 de pruebas 27)
77Luz Miria Gómez Suárez SI (Fl. 4 del Cdno.4 de pruebas 13)
78Mariela González Mesa SI (Fl. 8 del Cdno.4 de pruebas 6)
79Otaín González Caviedes SI (Fl. 13 del Cdno.4 de pruebas 31)
80Doris González Charry SI (Fl. 5 del Cdno.4 de pruebas 15)
81Rubelia González Pimentel SI (Fl. 14 del Cdno.4 de pruebas 25)
82Soledad González QuizaSI (mayo 9 de 1995) Fl. 47 del Cdno.6 de pruebas)
83Visitación Guerrero Gutiérrez SI (Fl. 14 del Cdno.4 de pruebas 16)
84Leovigildo Guerrero Corredor SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 22)
85Efraín Gutiérrez SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 18)
86Inés Gutiérrez SI (Fl. 10 del Cdno.4 de pruebas 9)
87Amparo Gutiérrez de Arenas SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 12)
88Evelia Gutiérrez de Díaz SI (Fl. 4 del Cdno.4 de pruebas 15)
89Rosana Gutiérrez Lozada SI (Fl. 15 del Cdno.4 de pruebas 38)
90Guillermo Gutierrez Silva SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 26)
91Salomón Hernández Barrios SI (Fl. 4 del Cdno.4 de pruebas 22)
92Aurora Hernández Barrios SI (Fl. 4 del Cdno.4 de pruebas 35)
93Salomón Herrera SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 18)
94Arcadio Herrera Arboleda SI (Fl. 11 del Cdno.4 de pruebas 26)
95Alberto Ipuz SI (Fl. 10 del Cdno.4 de pruebas 18)
96Arcesio Ipuz CuencaSI (mayo 17 de 1995) Fl. 15 del Cdno.6 de pruebas)
97Marceliano Jara Medina SI (Fl. 11 del Cdno.4 de pruebas 53)
98María Nubia Javela Cadena SI (Fl. 4 del Cdno.4 de pruebas 33)
99Emma Javela Cadena SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 26)
100Doris Joven de Aroca SI (Fl. 9 del Cdno.4 de pruebas 34)
101Agustín Joven González No fue cesado ni aparece en lista pero fue notificado en las cartas de desahucio (Fl. 18 del Cdno.7 de pruebas)
102Nidia Lamilla de Mosquera SI (Fl. 11 del Cdno.4 de pruebas 25)
103Bellamira Lara Ninco SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 49)
104Patrica del Pilar Lara Rodríguez SI (Fl. 1 del Cdno.4 de pruebas 55)
105Sandra Liliana Lara Rodríguez SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 42)
106María Aurora León SI (Fl. 5 del Cdno.4 de pruebas 21)
107María Delica León Pencue SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 38)
108María Lidia León Pencue SI (Fl. 5 del Cdno.4 de pruebas 25)
109Aurora Lizarazo Díaz SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 15)
110María Olga López Chaux SI (Fl. 12 del Cdno.4 de pruebas 8)
111María Gilma López Peralta SI (Fl. 14 del Cdno.4 de pruebas 13)
112Fabiola Losada Calderón SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 23)
113Rafael Losada Ortíz SI (Fl. 8 del Cdno.4 de pruebas 20)
114Flor María Lozano de Lozano SI (Fl. 10 del Cdno.4 de pruebas 36)
115Mercedes Llanos SI (Fl. 5 del Cdno.4 de pruebas 40)
116Rafael Manchola Fierro SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 32)
117Fabio Manrique Ortíz SI (Fl. 8 del Cdno.4 de pruebas 41)
118Rosa Tulia Marroquín de Cruz SI (Fl. 5 del Cdno.4 de pruebas 7)
119Hermógenes Marroquín Ninco SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 18)
120Luis Carlos Marroquín Velásquez SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 6)
121Esperanza Martínez SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 26)
122Delfina Arias de Charry SI (Fl. 335 del Cdno.12 de pruebas)
123Yesid Medina Cardozo SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 40)
124Alfredo Medina Vidarte SI (Fl. 13 del Cdno.4 de pruebas 37)
125Gloria María Mejía Rubiano SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 46)
126Irene Mendez de Bravo SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 51)
127Blanca Flora Mendez Medina SI (Fl. 15 del Cdno.4 de pruebas 36)
128Rafael Méndez Motta SI (Fl. 2del Cdno.4 de pruebas 25)
129Rodolfo Menza SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 25)
130Jose Antonio Molano Charry SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 16)
131Rosa Tulia Molina de Ibáñez SI (Fl. 14 del Cdno.4 de pruebas 39)
132Aurora Molina SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 15)
133Sixta Tulia Monje SI (Fl. 10 del Cdno.4 de pruebas 42)
134Myriam Mono Losada SI (Fl. 8 del Cdno.4 de pruebas 30)
135Agripina Mono Quintero SI (Fl. 9 del Cdno.4 de pruebas 57)
136Javier Monroy Zúñiga SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 27)
137Rosalba Montealegre SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 20)
138Rafael Desiderio Mora Betancourt SI (Fl. 1 del Cdno.4 de pruebas 54)
139Flor María Moreno de Ramos SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 21)
140Luz Mabel Mosquera Benítez SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 29)
141Valdiry Mosquera Benítez SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 28)
142Ana Isabel Mosquera Benítez SI (Fl. 9 del Cdno.4 de pruebas 54)
143Bertha Mosquera de Ramírez * SI (Fl. 13 del Cdno.4 de pruebas 57)
144Ignacio Mosquera Díaz SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 22)
145Orlando Mosquera González SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 23)
146Jesús David Mosquera Mosquera SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 42)
147José Joaquín Mosquera Sánchez SI (Fl. 1 del Cdno.4 de pruebas 53)
148Farid Motta Rubiano Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fls. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal)
149Pedro Muñoz Rojas No fue censado ni aparece en lista pero fue notificado en las cartas de desahucio de la plaza (Fl. 317 del Cdno.9 de pruebas)
150María Elvia Narváez de Mora SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 28)
151Gladys Narváez Leuro Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fls. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal)
152Martha Lucía Narváez Leuro SI (Fl. 15 del Cdno.4 de pruebas 13)
153José Ignacio Narváez Tapia SI (Fl. 8 del Cdno.4 de pruebas 18)
154Graciela Ninco Jacobo SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 37)
155Martha Lucía Niño Rojas SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 14)
156Mauricio Novoa SI (Fl. 4 del Cdno.4 de pruebas 5)
157Mercedes Ortíz SI (Fl. 8 del Cdno.4 de pruebas 42)
158Jaqueline Ossa Caviedes SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 10)
159María Luz Dary Ossa Caviedes SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 7)
160Ángel Alberto Oviedo SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 33)
161Orfelina Oviedo SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 29)
162Agustina Oviedo de Bautista SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 19)
163Carlos Pacheco Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fls. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal)
164Zoila Padilla Tao SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 33)
165Luis Carlos Patiño SI (Fl. 4 del Cdno.4 de pruebas 12)
166Gloria PerdomoSI (Fl. 118 del Cdno.6 de pruebas)
167María Elena Perdomo SI (Fl. 10 del Cdno.4 de pruebas 45)
168Cristobalina Perdomo de Conde * SI (Fl. 4 del Cdno.4 de pruebas 30)
169Lilia Perdomo * SI (Fl. 12 del Cdno.4 de pruebas 48)
170Herminia Perdomo de Franco SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 8)
171María Elena Perdomo de Trujillo No fue censado ni aparece en lista pero fue notificado en las cartas de desahucio de la plaza (Fl. 128 del Cdno.26 de pruebas)
172Nury Perdomo de Vargas SI (Fl. 9 del Cdno.4 de pruebas 20)
173Maricela Perdomo Vargas SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 14)
174María de Jesús Pérez de Cano SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 48)
175Aura María Pinzón López SI (Fl. 12 del Cdno.4 de pruebas 39)
176Inés Polanía Poveda SI (Fl. 4 del Cdno.4 de pruebas 31)
177Elías Quimbaya Escobar SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 49)
178Rafael Quinayás Inchima * SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 13)
179Mery Ramírez Arce SI (Fl. 9 del Cdno.4 de pruebas 46)
180Ana María Ramírez Chantresi (Fl. 49 del Cdno.5 de pruebas)
181Aracely Ramírez de Agudelo SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 17)
182Mariela Ramírez de Ballesteros SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 35)
183Judith Ramírez de Trujillo SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 34)
184Soledad Ramírez Losada SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 4)
185Micaelina Arcelia Ramírez Sierra SI (Fl. 9 del Cdno.4 de pruebas 28)
186Jairo Ramírez Zapata SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 50)
187Adriano Ramos Cruz SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 23)
188Miguel Ángel Reyes Perdomo SI (Fl. 11 del Cdno.4 de pruebas 30)
189María Silvia Ricardo de la Torre SI (Fl. 5 del Cdno.4 de pruebas 42)
190Gustavo Rivas Camacho SI (Fl. 12 del Cdno.4 de pruebas 25)
191Benjamín Rivera Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fls. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal)
192Gloria María Rodríguez No fue censado ni aparece en lista pero fue notificado en las cartas de desahucio de la plaza (Fl. 109 del Cdno.7 de pruebas)
193Uldarico Rodríguez SI (Fl. 10 del Cdno.4 de pruebas 6)
194Stella Rodríguez Castro SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 24)
195Bertha Rodríguez de Ramírez SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 45)
196Dioselina Rojas Camargo SI (Fl. 13 del Cdno.4 de pruebas 26)
197Marco Fidel Rojas Quimbaya * SI (Fl. 8 del Cdno.4 de pruebas 19)
198María Inés Rojas Rojas SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 51)
199Campo Elías Rubiano Chala SI (Fl. 4 del Cdno.4 de pruebas 24)
200Nieves Rubiano de Motta SI (Fl. 4 del Cdno.4 de pruebas 29)
201Rosalba Salazar SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 16)
202Alba Luz Samboní de Parra * SI (Fl. 9 del Cdno.4 de pruebas 32)
203Matilde Sánchez de Medina SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 36)
204María Luz Hélida Sánchez de Trujillo SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 6)
205Dora Edid Sánchez Díaz * SI (Fl. 14 del Cdno.4 de pruebas 49)
206Cecilia Sánchez Poveda SI (Fl. 8 del Cdno.4 de pruebas 32)
207Blanca Sánchez Ramírez SI (Fl. 4 del Cdno.4 de pruebas 26)
208Cecilia Sandoval SI (Fl. 13 del Cdno.4 de pruebas 47)
209Luz Mery Sandoval SI (Fl. 11 del Cdno.4 de pruebas 6)
210Francisco Antonio Santanilla Ramon SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 42)
211Ángel María Silva Palencia SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 44)
212María Delcy Silva Quintero SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 50)
213Roberto Silva Rivera Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fls. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal)
214Leonor Silva De Tovar SI (Fl. 10 del Cdno.4 de pruebas 13)
215Gerardo Solano Perdomo SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 39)
216Ana Sofía Soler de Córdoba SI (Fl. 8 del Cdno.4 de pruebas 23)
217Otoniel Soto Bonilla SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 35)
218Amira Soto de Lache SI (Fl. 12 del Cdno.4 de pruebas 13)
219Teresa Suárez Cruz SI (Fl. 11 del Cdno.4 de pruebas 13)
220Luis Arturo Supelano SI (Fl. 13 del Cdno.4 de pruebas 43)
221Blanca Ligia Tabla Madroñero SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 17)
222Laurencia Tique Botache SI (Fl. 15 del Cdno.4 de pruebas 4)
223Miguel Antonio Tole Lozano SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 43)
224Alfonso Torres SI (Fl. 4 del Cdno.4 de pruebas 34)
225Hipólito Torres No fue censado ni aparece en lista pero fue notificado en las cartas de desahucio de la plaza (Fl. 225 del Cdno.9 de pruebas)
226Luisa Rita Tovar de Quesada SI (Fl. 14 del Cdno.4 de pruebas 20)
227Laura Inés Tovar Bonilla SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 26)
228María Ninfa Tovar Cortés * SI (Fl. 8 del Cdno.4 de pruebas 15)
229Amparo Tovar García SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 27)
230María Inés Tovar Losada SI (Fl. 12 del Cdno.4 de pruebas 34)
231José Manuel Tovar Núñez * SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 39)
232Celiano Trujillo SI (Fl. 12 del Cdno.4 de pruebas 35)
233Carmen Doris Trujillo Galindo * SI (Fl. 344 del Cdno.12 de pruebas)
234Carmen Trujillo Cortés SI (Fl. 14 del Cdno.4 de pruebas 36)
235María Stella Trujillo de Losada SI (Fl. 3 del Cdno.4 de pruebas 5)
236Miriam Trujillo Morales * SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 24)
237Olga Trujillo Morales SI (Fl. 11 del Cdno.4 de pruebas 56)
238Alexander Trujillo Ramírez SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 38)
239Aideé Uribe * SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 22)
240Yolanda Uribe SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 40)
241Ana Ruth Vanegas Molina SI (Fl. 6 del Cdno.4 de pruebas 41)
242Rosa Virginia Diaz de Vargas SI (Fl. 2 del Cdno.4 de pruebas 40)
243Elvia María Vargas de Rodríguez SI (Fl. 9 del Cdno.4 de pruebas 45)
244Félix María Vargas Garzón SI (Fl. 5 del Cdno.4 de pruebas 57)
245Olegario Vargas Mejía SI (Fl. 7 del Cdno.4 de pruebas 29)
246Gloria Vargas Sánchez SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 38)
247Leonor Vargas Sánchez SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 15)
248Fabiola Vargas Toledo SI (Fl. 9 del Cdno.4 de pruebas 9)
249Myriam Vargas Uribe * SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 21)
250Carmen Velandia Ballesteros SI (Fl. 14 del Cdno.4 de pruebas 51)
251Hermelinda Vidal de Ramos SI (Fl. 5 del Cdno.4 de pruebas 24)
252Ulises Yusunguaira Silva Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fl. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal)
253Alberto Zapata Gutiiérrez SI (Fl. 8 del Cdno.4 de pruebas 24)
254María Nuvia Zúñiga Álvarez * SI (Fl. 16 del Cdno.4 de pruebas 25)
255Henry BarreroSI (mayo 10 de 1995) Fl. 3 del Cdno.6 de pruebas)
256María del Socorro BolañosSI (mayo 8 de 1995) Fl. 7 del Cdno.6 de pruebas)
257Rogelio Calimán ManriqueSI (mayo 12 de 1995) Fl. 35 del Cdno.6 de pruebas)
258Lucila Camargo de MejíaSI (mayo 8 de 1995) Fl. 19 del Cdno.6 de pruebas)
259Lucila Cárdenas de MosqueraSI (mayo 15 de 1995) Fl. 29 del Cdno.6 de pruebas)
260José Enrique Carvajal Tamayo *SI (mayo 4 de 1995) Fls. 24 del Cdno.6 de pruebas)
261Luz Hazded Carrillo Núñez *SI (mayo 8 de 1995) Fl. 42 del Cdno.6 de pruebas)
262Olga Cecilia Casilima Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fls. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal)
263Luz Nelly Casilima Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fls. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal)
264Alicia Célis de GuzmánSI (mayo 9 de 1995) Fl. 45 del Cdno.6 de pruebas)
265José Miller Collazos AlarcónSI (mayo 17 de 1995) Fl. 14 del Cdno.6 de pruebas)
266Celmira Cruz De OrtízSI (mayo 22 de 1995) Fl. 21 del Cdno.6 de pruebas)
267Deicy Cruz Rodríguez *SI (mayo 18 de 1995) Fl. 49 del Cdno.6 de pruebas)
268Pablo Cuenca BahamonSI (mayo 4 de 1995) Fl. 4 del Cdno.6 de pruebas)
269Amanda Delgado GarzónSI (mayo 17 de 1995) Fl. 33 del Cdno.6 de pruebas)
270María Everly Delgado GarzónSI (Fl. 238 Cdno.6 de pruebas)
271Teresa GarcíaSI (mayo 5 de 1995) Fl. 5 del Cdno.6 de pruebas)
272Jesús García de MartínezSI (mayo 12 de 1995) Fl. 39 del Cdno.6 de pruebas)
273Joaquín González LugoSI (mayo 18 de 1995) Fl. 54 del Cdno.6 de pruebas)
274María Elcira de Jesús GuzmánSI (mayo 22 de 1995) Fl. 22 del Cdno.6 de pruebas)
275Ermides Hernández Barrios *SI (mayo 8 de 1995) Fl. 8 del Cdno.6 de pruebas)
276Adela HerreraSI (mayo 8 de 1995) Fl. 17 del Cdno.6 de pruebas)
277Esmilda Ibarra GarcíaSI (mayo 9 de 1995) Fl. 44 del Cdno.6 de pruebas)
278Severiano LadinoSI (mayo 8 de 1995) Fl. 10 del Cdno.6 de pruebas)
279Carlos Enrique Lozano Trujillo *SI (mayo 17 de 1995) Fl. 32 del Cdno.6 de pruebas)
280Ernesto ManriqueSI (mayo 17 de 1995) Fls. 16 del Cdno.6 de pruebas)
281Cenen Martínez RoldánSI (mayo 4 de 1995) Fl. 1 del Cdno.6 de pruebas)
282Wilson Martínez VargasSI (mayo 12 de 1995) Fl. 28 del Cdno.6 de pruebas)
283Elvigia Medina Soto Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fls. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal)
284Milena Mejía CamargoSI (mayo 8 de 1995) Fl. 20 del Cdno.6 de pruebas)
285Reinaldo MéndezSI (mayo 17 de 1995) Fl. 13 del Cdno.6 de pruebas)
286María Genoveva Mina MontenegroSI (mayo 11 de 1995) Fl. 34 del Cdno.6 de pruebas)
287María Oliva Molano SánchezSI (mayo 18 de 1995) Fl. 53 del Cdno.6 de pruebas)
288Miguel Morales TocoraSI (mayo 4 de 1995) Fl. 2 del Cdno.6 de pruebas)
289Jairo MoyaSI (mayo 8 de 1995) Fl. 9 del Cdno.6 de pruebas)SI (Fl. 10 del Cdno.4 de pruebas 10)
290Natividad OrdóñezSI (mayo 9 de 1995) Fl. 43 del Cdno.6 de pruebas)
291Cruz Alba Ordóñez de GarcíaSI (mayo 8 de 1995) Fl. 121 del Cdno.5 de pruebas)
292Luis Enrique Ortíz Gutiérrez * SI (Fl. 11 del Cdno.4 de pruebas 50)
293Pablo Emilio Ortíz RodríguezSI (mayo 18 de 1995) Fl. 51 del Cdno.6 de pruebas)
294María Nancy PalmaSI (mayo 10 de 1995) Fl. 27 del Cdno.6 de pruebas)
295Pedro Pablo Pantoja CabreraSI (mayo de 1995) Fl. 38 del Cdno.6 de pruebas)
296Amira Penagos de Cardozo *SI (mayo 10 de 1995) Fl. 26 del Cdno.6 de pruebas)
297Marleny Perdomo de RojasSI (mayo de 1995) Fl. 37 del Cdno.6 de pruebas)
298Hernando Perdomo PerdomoSI (mayo 18 de 1995) Fl. 52 del Cdno.6 de pruebas)
299Humberto Pérez MoraSI (mayo 17 de 1995) Fl. 11 del Cdno.6 de pruebas)
300Carlos Alberto Pérez Sánchez * SI (mayo 17 de 1995) Fl. 12 del Cdno.6 de pruebas)
301Martha Inés Ramírez Cante Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fls. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal)
302José Joaquín Rivera Ramírez *SI (mayo 9 de 1995) Fl. 46 del Cdno.6 de pruebas)
303Gabriela Rodríguez GarzónSI (mayo 17 de 1995) Fl. 30 del Cdno.6 de pruebas)
304Luz Myriam Rodríguez RodríguezSI (mayo 18 de 1995) Fl. 50 del Cdno.6 de pruebas)
305Bertha Sofía Rojas de RamírezSI (mayo 12 de 1995) Fl. 40 del Cdno.6 de pruebas)
306Álvaro Tovar Espinosa *SI (mayo) Fl. 48 del Cdno.6 de pruebas)
307Dimas Trujillo BustosSI (mayo 8 de 1995) Fl. 6 del Cdno.6 de pruebas)
308Edgar Trujillo OliverosSI (mayo 17 de 1995) Fl. 31 del Cdno.6 de pruebas)
309Trinidad Valderrama de Ortíz SI (Fl. 11 del Cdno.4 de pruebas 49)
310José Gerardo Vidarte Claros Testimonio de Nelson Romero Cárdenas rendido el día 13 de febrero del 2002 (Fls. 1281-1285 del Cdno. 3 Ppal).
311Beatríz Elena Zambrano de Calderón SI (Fl. 9 del Cdno.4 de pruebas 37)
312Consuelo Zapata Casilima *SI (mayo 12 de 1995) Fl. 41 del Cdno.6 de pruebas)
313Rosalba Vera de Sánchez Constancia expedida por la Cooperativa de Inquilinos y Trabajadores de la Galería del Norte Coointragan en la cual consta. (Fls 270 del Cdno.33 de pruebas)

“(…) que la señora Rosalba Vera de Sanchez, (…) obteniendo su local adjudicado en la plaza de mercado puesto 086 en la entrada de la misma”.
314Ana Mercedes Bautista Díaz Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Carlos Eduardo Calderón Trujillo rendida el día 11 de febrero de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 209 del Cdno.23 de pruebas.
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor José María Bulla Correa rendida el día 11 de febrero de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 211 del Cdno.23 de pruebas)
315Vicente Caicedo Pino Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Gabriel Quejada Maquilon rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 20 del Cdno.18 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Rosana Gutiérrez Losada rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 22 del Cdno.18 de pruebas).
316Gricelda Camargo Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Marco Fidel Cortes Liscano rendida el día 5 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 57 del Cdno.18 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Aminta Cedeño de Cortes rendida el día 5 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 59 del Cdno.18 de pruebas).
317Erasmo Cuellar Losada Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Tobias Aviles González rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 127 del Cdno.19 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Fabio Manrique Ortiz rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 128 del Cdno.19 de pruebas).
318Nelly Charry de Sánchez Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Francisco Velosa Prieto rendida el día 28 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 23 del Cdno.20 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Margarita Charry Horta rendida el día 28 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 25 del Cdno.20 de pruebas).
319Marleny Díaz Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Nury Perdomo de Vargas rendida el día 28 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 108 del Cdno.20 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora María Elena Perdomo rendida el día 28 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 110 del Cdno.20 de pruebas).
320Jorge Arturo Hernández Campos Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Vicente Caicedo Pino rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 209 del Cdno.21 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Beatriz Cuellar rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 211 del Cdno.21 de pruebas).
321Miguel Ángel Herrera Pérdomo Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Inocencio Cárdenas Laguna rendida el día 6 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 222 del Cdno.21 de pruebas)
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Gustavo Cardoso Cubillos rendida el día 6 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 224 del Cdno.21 de pruebas).
322Aurita Herrera Pérdomo Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Reynel Alarcón Silva rendida el día 11 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 236 del Cdno.21 de pruebas)
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Arnoldo Oviedo rendida el día 11 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 238 del Cdno.21 de pruebas).
323Luis Orlando Horta Vargas Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Carlos Eduardo Torres Chala rendida el día 25 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 38 del Cdno.16 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Mauricio Novoa rendida el día 25 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 40 del Cdno.16 de pruebas).
324Mayerli Ipuz Pérdomo Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Ninfa Martínez de Ávila Chala rendida el día 25 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 76 del Cdno.16 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Bellamira Lara Ninco rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 78 del Cdno.16 de pruebas)
325Lucelia Labrador Espinosa Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Micaelina Arcelia Ramírez Sierra rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 152 del Cdno.16 de pruebas)
Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Doris Joven de Aroca rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 153 del Cdno.16 de pruebas)
326Natividad Lara Lugo Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Arnulfo Tejada Tejada rendida el día 11 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 175 del Cdno.16 de pruebas)
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Elcias Mosquera Yaguara rendida el día 11 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 177 del Cdno.16 de pruebas).
327Rubén López Peralta Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Mercedes Pérez Ramos rendida el día 6 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 35 del Cdno.14 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Leonel Muñoz Ochoa rendida el día 6 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 37 del Cdno.14 de pruebas).
328María del Tránsito Lozano de Sánchez Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Inocencio Culma Pimentel rendida el día 28 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 101 del Cdno.14 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Erasmo Cuellar Losada rendida el día 28 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 103 del Cdno.14 de pruebas).
329José Nel Montenegro Cuéllar Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Luis Alfredo Bernal Soto rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 149 del Cdno.17 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Arled Bernal Soto rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 151 del Cdno.17 de pruebas)
330Mario Ocampo Ramírez Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Salomón Herrera rendida el día 18 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 142 del Cdno.15 de pruebas)
Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Beatriz Cuellar rendida el día 18 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 143 del Cdno.15 de pruebas)
331Gloria Inés Parra Díaz Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora María Genoveva Mina Montenegro rendida el día 13 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 22 del Cdno.26 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor José de Jesús Villareal Villareal rendida el día 1 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 24 del Cdno.26 de pruebas).
332Mery Penagos Nizo Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Miriam Trujillo Morales rendida el día 14 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 34 del Cdno.26 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Ilia Elcira Camilo de Salas rendida el día 14 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 36 del Cdno.26 de pruebas).
333Ana Rosa Perdomo Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Nury Perdomo de Vargas rendida el día 28 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 76 del Cdno.26 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Marleny Díaz rendida el día 28 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 78 del Cdno.26 de pruebas).
334Anibal Perdomo Moreno Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora María del Carmen Díaz Martínez rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 155 del Cdno.26 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Inocencio Culma Pimental rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 157 del Cdno.26 de pruebas).
335Olga Lucía Ramos Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Hernando Olaya Tovar rendida el día 13 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 86 del Cdno.27 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Roque Lara Ortiz rendida el día 13 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 88 del Cdno.27 de pruebas).
336Fidel Ríos Losada Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Lilí Trujillo rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fls. 137 del Cdno.27 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Pablo Reyes rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fls. 139 del Cdno.27 de pruebas).
337María Aurora Rodríguez Hernández Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Vicente Caicedo Pino rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 228 del Cdno.27 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Diogenes Calderón Cachaya rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 230 del Cdno.27 de pruebas).
338Bellanira Rodríguez Herrera Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Alberto Zapata Gutiérrez rendida el día 14 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 242 del Cdno.27 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor José María Espinosa Polanía rendida el día 14 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 244 del Cdno.27 de pruebas).
339Josefina Sánchez Díaz Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora María Cristina Marulanda Caviedes rendida el día 28 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 109 del Cdno.28 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Jorge Eduardo Niño lozano rendida el día 28 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 111 del Cdno.28 de pruebas).
340Carlos Eduardo Torres Chala Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Carlos Eduardo Torres Chala rendida el día 24 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 140 del Cdno.29 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Luis Orlando Horta Vargas rendida el día 25 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 142 del Cdno.29 de pruebas).
341María Melida Torres Chala Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Rubiela Molina Calderón rendida el día 25 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 155 del Cdno.29 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Ulises Yusunguaira Silva rendida el día 25 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 157 del Cdno.29 de pruebas).
342José Elías Tovar Espinosa Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Rafael León Quevedo rendida el día 12 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 207 del Cdno.29 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Alirio Segura Urbano rendida el día 12 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 209 del Cdno.29 de pruebas).
343Alida Vargas Castro Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Beatriz Cuellar rendida el día 18 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 110 del Cdno.30 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Salomón Herrera rendida el día 18 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 111 del Cdno.30 de pruebas).
344Fidel Antonio Yate Lasso * Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Eduardo Forero rendida el día 11 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 252 del Cdno. 30 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor José de Jesús Villareal Villareal rendida el día 11 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 255 del Cdno.30 de pruebas).
345Joselito Ibáñez Flórez Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Luis Arturo Perdomo rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 40 del Cdno. 32 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora María Inés Rojas Rojas rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 41 del Cdno. 32 de pruebas).
346Patricia Losada Ibarra Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Rafael Losada Ortiz rendida el día 6 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 82 del Cdno. 32 de pruebas)
Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora María Oliva Molano Sanchez rendida el día 6 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 84 del Cdno. 32 de pruebas)
347Faiber Morales Calderón Copia simple de la declaración de renta y complementarios de las personas naturales y sucesiones iliquidas de los años 1995 a 2001 (Fls. 201 - 206 del Cdno.32 de pruebas
348William Pérez Sánchez Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Luis Antonio Escandón Fierro rendida el día 6 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 72 del Cdno.33 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Jorge Eduardo Sánchez Villareal rendida el día 6 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 72 del Cdno.33 de pruebas).
349José Arquímedes Rodríguez Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Dimas Trujillo Bustos rendida el día 4 de marzo de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fl. 144 del Cdno.33 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Hermides Hernández Barrios rendida el día 4 de marzo de 2002, ante la Notaria Tercera del Círculo de Neiva. (Fls. 146 del Cdno.33 de pruebas).
350José Domingo Santana Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Jairo Gómez Avilez rendida el día 8 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 187 del Cdno.33 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora Luz Mirian Molano de Bravo rendida el día 5 de marzo de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 189 del Cdno.33 de pruebas).
351Magdalena Suárez Ordóñez Declaración juramentada con fines extraprocesales de la señora María Albeni Duarte Parra rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 201 del Cdno.33 de pruebas).
Declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Luis Alfonso Robles rendida el día 26 de febrero de 2002, ante la Notaria Cuarta del Círculo de Neiva. (Fl. 203 del Cdno.33 de pruebas).

Así las cosas, la Sala encuentra que 351 demandantes legitimaron su interés para actuar en el plenario, se reitera, algunos porque figuran registrados dentro del censo emitido por las Empresa Públicas de Neiva, otros porque aparecen registrados en el listado de inquilinos de la Plaza Central, y otro tanto porque demostraron su calidad de tenedores de un puesto de mercado en cada una de las respectivas plazas, mediante testimonios, copia del correspondiente contrato de adjudicación, por notificación de la carta de desahucio, de donde claramente se infiere la existencia del contrato de tenencia de cuyo desahucio los notificaron, por constancia expedida por la Cooperativa de inquilinos y mediante declaraciones rendidas extraprocesalmente pero que como se dijo serían valoradas para los efectos que aquí se establecen.

Ahora bien, la Sala también encontró que las demandantes Clementina Pinzón López y Dora Lilia Cajas Cajas no acreditaron la condición con la cual acudieron al proceso, por cuanto fundamentaron sus pretensiones en la calidad de inquilinos de las plazas Central y Satélite del Norte sin allegar prueba alguna que así lo demostrara.

6. Hechos probados.

La Sala encuentra acreditado dentro del plenario que las plazas de mercado Central y Satélite del Norte, ubicadas en la ciudad de Neiva, se encontraban a cargo de las Empresas Públicas de Neiva, entidad ésta que profirió la Resolución 005 del 26 de julio de 1978(62) por medio de la cual fijó el reglamento interno de dichas las plazas de mercado, del cual se resalta la siguiente reglamentación:

“Las Adjudicaciones de que se ha hablado, se harán exclusivamente a personas naturales o jurídicas a título de tenencia, previa suscripción de un contrato de uso administrativo en el que el adjudicatario se denominará adjudicatario del derecho de uso y adquirirá el derecho de goce del puesto o local que le entreguen las Empresas Públicas de Neiva, con la obligación de pagarles las tarifas mensuales correspondientes y de restituirlo al vencimiento del término de duración determinado.

(…)

“PAR.— Vencido el término de duración del contrato de Uso Administrativo para los locales y para los puestos fijos este se prorrogará automáticamente por periodos iguales sucesivos, siempre y cuando las Empresas Públicas de Neiva o el adjudicatario del derecho de uso no se notifiquen que se da por finalizado el contrato, con diez (10) días de anticipación a la fecha del vencimiento del mismo.

(…)

En cada Plaza de Mercado se llevará un libro de registro de los adjudicatarios del derecho de uso y sus dependientes acreditados, en el cual deberá constar: Nombre y Número del puesto.

(…)

El Administrador de la Plaza de Mercado, podrá con el visto bueno del Jefe de la División de Mercados Públicos, en cualquier momento cancelar la autorización para atender el negocio o puesto a cualquier acreditado.

(…)

“ART. 20.—Para la mejor organización o distribución de las Plazas, la Administración podrá hacer los traslados o cambios que mejor estime convenientes, en procura del orden y la adecuada comercialización.

“ART. 21.—Queda terminantemente prohibido al adjudicatario del derecho de uso introducir a los locales o puestos fijos objeto del contrato de Uso Administrativo, previo permiso del Comité Técnico Administrativo Toda mejora o cambio que se introduzca quedará de propiedad de la Plaza correspondiente, la terminación del contrato, por cualquier causa, sin que tenga que pagar su valor, salvo que los materiales empleados puedan retirarse sin detrimento del local y siempre que hubiera sido autorizada.

Las Empresas Públicas de Neiva, no responderán por dichos materiales si el adjudicatario del derecho de uso no los retira al vencimiento del contrato. El adjudicatario del derecho de uso no podrá alegar el derecho de retención por tales mejoras.

(…)

“ART. 32.—Contra la resolución en que se ordene la cancelación de la adjudicación del derecho de uso, proceden los recursos de reposición ante el mismo funcionario, o de apelación ante la Junta Directiva de las Empresas, dentro de los cinco (4) días hábiles siguientes a la notificación de la providencia respectiva.

Mientras son resueltos estos recursos, el puesto o local continuará cerrado.

(…)

“ART. 34.—Todo adjudicatario del derecho de uso estará obligado a:

(…)

10. Conservar el aseo de las Plazas sobre todo el sitio de ubicación; cada local o puesto fijo debe disponer de una caneca o recipiente para depositar basura y hacer uso de las colocadas por la Administración con el fin de conservar en perfecto estado de aseo las Plazas de Mercado.

(…)

“ART. 35.—Está terminantemente prohibido en las Plazas de Mercado:

(…)

8. El adjudicatario del derecho de uso de locales, puesto fijo o transitorio no deberá tener ningún parentesco de consanguinidad ni afinidad hasta el segundo grado, con adjudicatarios del derecho de uso de otros locales, puestos fijo o transitorios de las Plazas de Mercado. La comprobación de este hecho por parte de la Administración de la Plaza, es causal para dar por terminado el contrato o contratos de Uso Administrativo respectivo.

“ART. 36.—Además de las prohibiciones consignadas en el artículo anterior, les está prohibido a los adjudicatarios del derecho de uso de locales, puestos fijos y transitorios:

(…)

17. Introducir mejoras en los puestos sin previa autorización, en la forma establecida en este reglamento.

(…)

“ART. 38.—Las Empresas Públicas de Neiva, se reservan expresamente la facultad de dar por terminado, sin lugar a indemnización de ninguna clase a favor del adjudicatario, el contrato de Uso Administrativo celebrado con este, por cualquiera de las causales establecidas en este reglamento y específicamente:

(…)

k) Cuando a juicio de los Inspectores de Sanidad en su persona y/o en su puesto o local infringe sistemáticamente las normas vigentes sobre salubridad.

(…)

n) Por demolición o reforma de, o en, las Plazas de Mercado”.

Así las cosas, Empresas Públicas de Neiva adjudicó la tenencia de los puestos de mercado de las plazas Satélite del Norte y Central a diferentes personas, previa suscripción de un contrato de uso administrativo en el que entregaba el uso y goce de los puestos o locales, bajo la contraprestación correspondiente al pago de las tarifas mensuales por ella fijadas y con la obligación de restituir los puestos al vencimiento del término de duración determinado en el contrato.

Al respecto, la Sala considera aclarar que los hechos y pretensiones derivadas de los contratos así celebrados no pueden ser objeto de debate judicial en esta instancia, por cuanto la acción incoada por los aquí demandantes fue la contenida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, esto es, la acción de reparación directa y no la correspondiente a controversias contractuales.

Ahora bien, igualmente para la Sala es un hecho probado que desde el año 1994 se presentaban inconvenientes en la administración municipal, derivados de la ubicación y funcionamiento de las plazas de mercado dentro de la ciudad.

Al respecto se observa la Tutela incoada por algunos usuarios de la Galería Central contra las Empresas Públicas de Neiva, donde solicitaron la protección de los derechos a la salud y el medio ambiente sano, amenazados con ocasión del depósito de basuras y desperdicios realizados frente a la Plaza Central de Mercado. Esta acción de tutela fue fallada en primera instancia por el Juzgado Quinto Promiscuo de Familia de Neiva que consideró que las basuras no debían permanecer en la calle, máxime cuando existe un depósito de basuras en las instalaciones de la Galería Central, razón por la cual el Juzgado ordenó a las Empresas Públicas recolectar siempre y en forma diaria las basuras y desechos del producto del aseo interno y externo de la galería central, utilizar el depósito de basuras que existe en sus instalaciones y, finalmente, ordenó que una vez se encontraran depositadas las basuras, estas debían ser recogidas por la Empresa Aseo Capital(63).

La decisión proferida por el mencionado juzgado fue impugnada por Empresas Públicas de Neiva, ante el Tribunal Superior - Sala de Familia del Distrito Judicial de Neiva que mediante pronunciamiento del 28 de abril de 1994 confirmó en todas sus partes la sentencia impugnada(64).

Asimismo, obra en el expediente el memorial de fecha 30 de noviembre de 1995, por medio del cual los señores Flavio Alarcón y Evaristo Charry en su calidad de arrendatarios de la Plaza Central de Mercado, ponen en conocimiento ante el Juzgado Quinto Promiscuo de Familia de Neiva, el reiterado desacato de la ordenen judicial dictada por ese Despacho el 15 de Marzo de 1994, por parte de las Empresas Públicas de Neiva y el Consorcio Aseo Capital, donde se lee:

“Resulta señora Juez, que los usuarios de la Galería continuamos con el mismo problema que generó la acción de tutela, como es la contaminación del medio ambiente y asechanza contra la salud, por las basuras en proceso de descomposición; como quiera que tanto Aseo Capital como las autoridades requeridas por su fallo para hacer efectiva la protección de los derechos invocados, no han cumplido con las disposiciones establecidas en la Sentencia del incidente de acatamiento del fallo de tutela.

(…) solicitamos la aplicación de la sanción de arresto, hasta de 6 meses y multa de 20 salarios mínimos mensuales, a los responsables del desacato de la orden judicial, que son el Gerente de Empresas Públicas de Neiva y Consorcio Aseo Capital y las demás autoridades que usted considere pertinentes.”.

Ahora bien, tal vez como una respuesta a la problemática presentada, la Sala prevé que mediante escritura pública 2809 otorgada en la Notaria 3ª del Círculo de Neiva, la administración municipal constituyó la sociedad denominada Mercaneiva S.A., con un capital social de $1.000.000.000.oo y con el objeto de “1. Proyección, promoción, creación, puesta en funcionamiento y administración de centros de mercadeo minorista en cuyas instalaciones se concentren todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en las áreas de influencia de cada uno de ellos. 2. La construcción para sí misma o para terceros, o para enajenar al público de toda clase de inmuebles u organización de áreas de terreno destinados a la prestación de servicios públicos de comercio minorista y administrar los mismos, sean propios o de terceros, estén o no sujetos al régimen de propiedades separada y horizontal. 3. Contribuir a la solución del problema de mercado y comercialización de alimentos en Neiva, además del estudio, la planeación, la organización, la administración, la coordinación, la racionalización y la promoción de todas las actividades y procesos relacionados con la comercialización”. La sociedad fue constituida por el Municipio de Neiva, El Instituto de Desarrollo Municipal del Huila - Idehuila, Empresas Públicas de Neiva, la Empresa de Vivienda del Municipio de Neiva - Emvineiva, Surabastos S.A. y Coficrédito(65).

Asimismo, el Concejo Municipal de Neiva profirió el Acuerdo 036 del 5 de agosto de 1996 mediante el cual autorizó al alcalde de este municipio para que en el término de 12 meses transformara las Empresas Públicas de Neiva o constituyera una empresa de servicios públicos mixta o privada que se encargara de prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; y lo autorizó para que ordenara la supresión y liquidación de las Empresas Públicas de Neiva(66).

Por su parte, la Alcaldía de Neiva profirió la Resolución 492 del 6 de noviembre de 1996, con el objeto de desarrollar la destinación reglada del uso del suelo en el predio donde funcionaba la Plaza Satélite del Norte y en cuyo efecto estableció que en el predio donde funcionaba dicha Plaza, sólo se podían desarrollar proyectos de vivienda unifamiiar y multifamiliar, pero con la condición de no desplegar dicho proyecto hasta tanto no se desarrollara el proyecto Mercaneiva(67), cuya Junta directiva se reunió el 18 de abril de 1997 para autorizar la publicación en los medios de comunicación escritos de amplia circulación Nacional de la convocatoria pública dirigida a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que desearan participar en la constitución de una sociedad de economía mixta de régimen privado, a fin de asociarse con Mercaneiva S.A. y otros particulares(68) para el desarrollo del proyecto.

Y, finalmente, el Concejo de Neiva profirió el Acuerdo 011 de 6 de mayo de 1997, por medio del cual modificó el Acuerdo 050 de 1991, que adoptó el “Código municipal de urbanismo y el plan de desarrollo del sector urbano de Neiva”(69).

En este punto, la Sala observa que ya el Acuerdo 050 de 1991”con el objetivo de regular y encauzar el desarrollo físico del sector urbano de Neiva y buscando el mejoramiento de la calidad de vida de las gentes que la habitan” había asignado en su artículo 42, literal C, la Plaza de Mercado Central como aérea para la ejecución de un proyecto de uso comercial; sin embargo, el Acuerdo 011 de 1997 modifico la citada norma, en el sentido de determinar que el uso del área correspondiente a la Plaza de Mercado Central se destinaría a la “ejecución de un bien o bienes de uso público acorde con el plan de renovación urbana de la ciudad de Neiva”, pero bajo la condición introducida mediante parágrafo que dispuso “la obra u obras contempladas en este artículo, no se podrán acometer hasta tanto no se haya construido en su totalidad, puesto al servicio la Plaza Minorista y solucionada la reubicación de la totalidad de los inquilinos de la Plaza de Mercado Central”.

Posteriormente se observan las publicaciones efectuadas en el periódico “La Nación” de Neiva el día 19 de mayo de 1997(70) que sostienen:

“Hoy definen socio para Mercaneiva.

Los términos finales de la oferta serán evaluados esta tarde. Incluye la demolición de la Galería Central una vez termine la construcción de Mercaneiva y se reubiquen los vendedores, advirtió la Administración Municipal.

Los consorcios colombianos R Excavaciones Ingenieros Civiles Limitada y Unión Temporal Cali Limitada se disputan la adjudicación del contrato para construcción de la plaza minorista de mercado Mercaneiva (…).

Con ello comenzaría a solucionarse el problema de la recuperación del espacio público y el reordenamiento urbanístico de la zona céntrica de la ciudad de Neiva.

(…)

Aclaró además que a los términos de la oferta se agregará la demolición de la Galería Central, la cual se construirá una vez se haya terminado la edificación de Mercaneiva y la reubicación de los vendedores de la Galería Central. La demolición de la Galería solamente se hará cuando se haya dado la solución y estén todos reubicados explicó”.

Asimismo, bajo el titular “mañana analizan proyecto vial a Surabastos” se señaló:

“el alcalde (…) guarda la esperanza que el proyecto que concede autorización para la conformación de una sociedad de Economía Mixta (…) que promueva la construcción de la avenida Surabastos, no tenga ninguna dificultad esta vez en las sesiones extraordinarias del Consejo.

(…)

Para la financiación de esta obra el municipio entraría a participar con el 40 por ciento y el 60 restante estaría a cargo de los dueños de los predios beneficiarios. (…)

Además, agregan que la existencia de Surabastos y la próxima construcción de la plaza minorista Mercaneiva, constituyen un factor primordial que motiva la construcción de la Avenida, la cual permitirá el acceso rápido y seguro a estos importantes complejos que concentraran un alto volumen de compradores, permitiéndose renovar urbanísticamente el centro de la ciudad, donde actualmente se desarrollan estas actividades comerciales.

(…)”

Por otra parte, se observa la constitución de la Unión Temporal ECAC. Ltda, efectuada mediante escritura pública 2.000 otorgada en la Notaría 6ª de Cali el 10 de junio de 1997, con un capital social de $51.000.000.oo y con el objeto de efectuar la “realización de estudios técnicos estructurales, eléctricos, hidráulicos, topográficos de suelo, al igual que el diseño, construcción, comercialización y ventas del mercado minorista de Neiva. 2. Proyección, promoción, creación, puesta en funcionamiento y administración de centros de mercado en cuyas instalaciones encuentren todas las actividades de esa naturaleza que se realicen en las áreas de influencia de cada una de ellas”(71).

Sobre este punto, también el periódico “La Nación” de Neiva, el día 16 de junio de 1997, bajo el titular “Mercaneiva va en serio”(72), informó:

“Durante el fin de semana pasado comenzaron a ejecutarse los trabajos de excavación de la central minorista de Abastos Mercaneiva, a cargo de la Unión Temporal Eléctricos Cali - Jairo Hernán Cerón y Carlos Arbeláez, pero las labores de construcción iniciaron el pasado 1º de junio, cuando comenzó la etapa de descapote y movimiento de tierra (…).

Mercaneiva será la central minorista de abastos que albergue los actuales inquilinos de la galería central de Neiva, a los cuales, según advirtió la Administración Municipal, próximamente se les notificará que en seis meses tendrán que salir de ese tradicional mercado neivano y desplazarse a la nueva obra.

Igualmente la central minorista, ha sido considerada la más grande obra de la actual administración en términos de envergadura social; pues ésta hace parte de la respuesta de un proceso de reordenamiento y reforma urbanística del microcentro (sic) capitalino.

Mercaneiva es una central minorista de abastos que se levanta contiguamente a las instalaciones de la mayorista llamada Surabastos, (…).

(…) la obra será concluida el 30 de noviembre próximo de acuerdo con lo pactado cuando se firmó la sociedad constructora entre la entidad Mercados Minoristas de Neiva (Mercaneiva) y la Unión Temporal Eléctricos Cali-Jairo Hernán Cerón y Carlos Arbeláez.

(…) uno de los problemas que hasta ahora ha tenido la construcción es el suministro de agua destinada a los usos propios de la labor constructora, que quedará resuelto en los próximos días.

Mientras tanto, el gerente encargado de Mercaneiva, (…) indicó que la Administración Municipal conformó un comité integrado por varias dependencias municipales, autoridades militares y de policía para que estudie y adelante el proceso de reubicación de los inquilinos de la Galería Central, a quienes prioritariamente se encuentra destinado por lo menos el 90 por ciento de las instalaciones de Mercaneiva.

Igualmente, (…) señaló que aunque no se tiene precisado la fórmula de financiación de los locales comerciales para los beneficiarios de primera mano, si existirán claras ventajas o facilidades en este sentido para los vendedores de la galería central y satélite del norte, otro grupo de beneficiarios de Mercaneiva”

Sobre este aspecto, Empresas Públicas de Neiva E.S.P., mediante oficio de fecha 16 de junio de 1997(73) informó a la Plaza Central de Mercado, que:

“El Honorable Concejo Municipal de Neiva mediante Acuerdo 011 del 6 de mayo de 1997 ha dispuesto que la zona donde funcionaba la Galería o Plaza de Mercado Central se destine a la ejecución de una obra de uso público la cual, de conformidad con el plan de renovación urbana consistirá en la construcción de la Plaza Cívica de Neiva, obra de fundamental importancia para el embellecimiento y futuro desarrollo urbanístico de la ciudad, principalmente en su sector central.

Por la razón anterior, en mi condición de Gerente de las Empresas Públicas de Neiva, entidad propietaria y administradora de la Plaza Central de Mercado, me permito notificarle formalmente que en un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha se tendrá por terminado el contrato de arrendamiento o la autorización administrativa de uso del local o del puesto de expendio que usted viene ocupando en dicha plaza pues se requiere el total desalojo de ésta para proceder de inmediato a su demolición y poder darle al terreno la destinación ordenada por el Honorable Concejo Municipal”.

Por otro lado, con relación a la Plaza Satélite del Norte obra en el expediente la copia simple del convenio interadministrativo celebrado entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario - Idema, en calidad de propietario del predio en el cual funcionaba ésta Galería, y Mercaneiva el día 18 de julio de 1997(74), con el fin de “(…) realizar las demoliciones necesarias para dejar en condiciones satisfactorias del Idema, las actuales bodegas existentes en la Plaza Satélite del Norte, con el objeto que el Idema proceda a su venta o disposición que requiera”.

Resalta la Sala que dentro de las consideraciones del convenio se incluyó que Mercaneiva fue creada con el objetivo de vincularse a la construcción de la plaza de mercado minorista de la ciudad de Neiva cuya culminación estaba prevista para el 30 de noviembre de 1997 y en la cual tendrían cabida todos los distribuidores minoristas de las plazas existentes en la ciudad de Neiva.

Asimismo, la suscripción de este convenio tuvo lugar en consideración a que:

“el proyecto está supeditado indefectiblemente a que dejen de funcionar las plazas de mercado minoristas existentes en el interior de la ciudad, obteniendo el traslado de los distribuidores al edificio donde funcionará la plaza de mercado minorista de Neiva; que el uso del terreno previsto en las disposiciones municipales no permite uso comercial en el sector y especialmente prohíbe uso de locales destinados a la venta de productos perecederos; que el estado actual de la construcción amenaza ruinas; que la situación financiera del Idema y su inminente liquidación no permiten destinar fondos para contratar la demolición”

Es de anotar que el término de duración del convenio fue 180 días y que Idema autorizó por su parte a Mercaneiva para realizar las demoliciones que considerara necesarias, e igualmente para realizar todas las gestiones y trámites legales necesarios para la evacuación de los inquilinos “garantizando con ello el traslado a la nueva plaza minorista de Neiva que se encuentra construyendo Mercaneiva”.

Seguidamente, observa la Sala que el 4 de agosto de 1997, mediante escritura pública 3.212 otorgada en la Notaría 3ª del Círculo de Neiva, se constituyó la sociedad denominada Mercasur Ltda(75), sociedad de economía mixta, del orden municipal, de régimen privado y de responsabilidad limitada, donde son socios Mercaneiva S.A., con un aporte a capital de $1.818.517.400,oo representados en el aporte de diferentes inmuebles, y la Unión Temporal Ecac. Ltda., con un aporte de $1.892.742.600.oo, representados en dinero en efectivo y en especie - items de obra.

Dentro del objeto social establecido para Mercasur Ltda, se resalta “(...) 2. La proyección, promoción, creación, puesta en funcionamiento y la administración de centros de mercado en cuyas instalaciones se concentran todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en las áreas de influencia de cada una de ellas. 3. La construcción para sí mismo o para terceros, o para enajenación al público de toda clase de inmuebles u organización de áreas de terreno destinados a la prestación de servicios públicos de comercio y administrar los mismos, sean propios o de terceros, estén o no sujetos al régimen de propiedad separada u horizontal (...)”.

Ahora bien, frente a la Plaza Central observa la Sala que el 4 de septiembre de 1997 el Municipio de Neiva profirió el Decreto 286(76), por medio del cual, en uso de las atribuciones conferidas mediante el Acuerdo 036 de 1996 y la Ley 142 de 1994, transformó la entidad “Empresas Públicas de Neiva” en Empresa de Servicios Públicos de Carácter Oficial, así:

“DECRETA

“ART. 1º—La entidad Empresas Públicas de Neiva - Empresa de Servicios Públicos “E.S.P.”, de carácter oficial, es una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, con personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonio independiente, encargada de la organización, administración y prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y plazas de mercado en el municipio de Neiva, (…)

“PAR.— Una vez estén terminadas las obras de construcción del nuevo acueducto, el Municipio de Neiva las entregará y transferirá a título gratuito a las Empresas Públicas de Neiva — Empresa de Servicios Públicos. Por su parte, las Empresas Públicas de Neiva — E.S.P. se verá también a título gratuito al municipio de Neiva las acciones que posea en Telehuila, (…) y transferirá en igual forma la propiedad al municipio de Neiva de los bienes y predios de que sea titular respecto de la plaza de mercado central.

Una vez construida y puesta al servicio a plaza minorista, el municipio de Neiva, previa demolición de las instalaciones existentes ejecutará un bien o bienes de uso público acorde con el plan de renovación urbana de la ciudad de Neiva, en el sitio o predio que ocupa la plaza de mercado central (…)”

Entonces, como consecuencia de la transformación de Empresas Públicas de Neiva en una Empresa de Servicios Públicos que se rige por la Ley 142 de 1994, esta entidad quedó obligada a transferir al municipio, a título gratuito, la propiedad de la “plaza de mercado central”, que se destinaría a la construcción de “un bien o bienes de uso público acorde con el plan de renovación urbana de la ciudad de Neiva”, esto es, los Acuerdos 050 de 1991 y 011 de 1997.

Días después, el 10 de septiembre de 1997 la Secretaria de Salud Municipal efectuó una inspección higiénico sanitaria a la “Plaza Central de Mercado” “con el fin de informarle al señor Gerente de las Empresas Públicas de Neiva el estado higiénico sanitario de dicho establecimiento”(77), de la cual se elaboró el Acta de Visita 717 con las siguientes anotaciones:

Condiciones Sanitarias.

Abastecimiento de agua Acueducto municipal.

Disposición de Desechos líquidos: Alcantarillado municipal.

Disposición adecuada: No.

Tratamiento: No.

Almacenam. De basuras: inadecuado.

Disposición Adecuada: No.

Iluminación: Deficiente.

Ventilación: Deficiente.

Pisos higiénicos: No.

Desagües: No.

Muros adecuados: No.

Servicios sanitarios: Si.

Adecuados y suficientes: No.

Dotación: Inadecuada.

Vestideros y casilleros: No.

Lavavajillas: Inadecuados y en la mayoría de los expendios no existen.

Maquinaria y Equipo.

Adecuada: No.

Material sanitario: Inadecuado.

Buen estado: No.

Buen aseo: No.

Problemas sanitarios a la comunidad Si.

Salud Ocupacional: Instalaciones eléctricas en mal estado.

Observaciones.

• Los grifos que existían en las pilas fueron taponados.

• El 95% de los expendios de comidas no poseen su respectiva conexión de agua y alcantarillado.

• Los muebles de los puestos de comidas se encuentran deteriorados y antihigiénicos.

• Los muros y techos presentan deterioro.

• Los muros interiores y exteriores se encuentran en malas condiciones de enlucimiento (sic).

• Los pisos en general se encuentran en mal estado.

• La red de alcantarillado se encuentra en mal estado, ya cumplió su vida útil, parte del mismo esta obstruido.

• Se presenta proliferación de artrópodos (sic) y roedores, debido a la mala disposición de desechos.

• Servicios sanitarios, primera y segunda planta insuficientes e inadecuados y mal dotados.

• Deficiente mantenimiento de redes eléctricas.

• Se presentan riesgos para combustibles (gasolina y gas).

• Se presenta contaminación ambiental (humos, gases y basuras).

• No existe recipientes adecuados para el almacenamiento de basuras.

• Los expendios de alimentos no cuentan con sistemas o mecanismos adecuados para limpieza y desinfección de utensilios.

• No existe ventilación natural ni artificial adecuada.

• Los muebles (mesas, cajones, estantes y parales) de los puestos y expendios en general se encuentran en mal estado de enlucimiento (sic) y conservación, presentan un estado antiestético, es decir, no hay uniformidad en la construcción de los puestos y encima de estos hay gran cantidad de cajones, costales, recipientes plásticos, etc.

• Los alrededores de la galería es un foco de contaminación para los alimentos que se expenden a la comunidad, por la cantidad de aguas servidas y basuras que botan los usuarios al piso y cunetas.

• Las casetas y puestos ambulantes que se encuentran instaladas alrededor de la plaza de mercado hacen el lugar antiestético y desorganizado.

• En las cunetas de alrededor de la plaza de mercado se encuentran gran cantidad de huecos, allí se depositan aguas servidas que los usuarios botan, se descomponen y produce olores putrefactos.

• El aseo en la parte interior y exterior de la plaza de mercado es deficiente.

(…).

El establecimiento no reúne los requisitos higiénico-sanitarios locativos de acuerdo a la Ley 9 de 1979 y el Decreto 2333 de 1982 artículos 94-99-100 y 101”.

Consecuencia de la anterior visita, la Secretaria de Salud efectuó las siguientes recomendaciones:

“1. Instalar grifos de acueducto y alcantarillado a cada uno de los expendios de comida.

2. Realizar la conexión de acueducto y alcantarillado a cada uno de los expendidos de comida.

3. Construir a cada uno de los expendios de comida mesones higiénicamente enchapados.

4. Instalar a cada uno de los expendios de comidas lavavajillas higiénicos.

5. Reconstruir el techo.

6. Reconstruir los pisos interiores y exteriores en general en material higiénico-sanitario y de fácil lavado.

7. Enlucimiento en general de los muros interiores y exteriores.

8. Construcción de la red de alcantarillado en su totalidad en su totalidad, la existencia ya cumplió su vida útil.

9. Construcción de desagües con sus respectivos sifones y rejillas.

10. Construir 3 unidades sanitarias con 10 sanitarios cada uno lavamanos, 3 orinales colectivos.

11. Proteger las redes eléctricas y hacerle mantenimiento.

12. Conexión de gas a cada uno de los puestos de comida.

13. Dotar los recipientes adecuados para almacenamiento y disposición de basuras.

14. Mejorar la ventilación natural y artificial de la plaza de mercado.

15. Realizar una limpieza general en donde están ubicadas las casetas en la parte externa de la plaza de mercado.

16. Reconstruir las cunetas y cajillas del alrededor de la Galería.

17. El aseo de la parte interna y externa de la Plaza debe ser permanente y eficiente.”(78).

Posteriormente, representantes de los inquilinos de las plazas Central y Satélite del Norte expusieron sus inquietudes mediante diferentes comunicaciones, en los siguientes términos:

- El Comité de Inquilinos de la Plaza Satélite del Norte se dirigió al Alcalde Municipal de Neiva, al Gerente de Idema y al Gerente de Mercasur(79), en los siguientes términos:

“Señor Alcalde ya que la mayoría de los Colombianos anhelamos tanto la paz y el desarrollo de nuestros pueblos y sabiendo que está se consigue con el empleo y mejores oportunidades de vida; le pedimos a Usted derogar la resolución 492 de 1996 e intermediar ante el Idema para que estos predios sean vendidos a los inquilinos, ya que estamos convencidos que Mercaneiva no alcanza a darle soluciones a todos los que dependemos de estas labores.

Señor Alcalde, de ser imposible en su administración de ayudarnos en ésta petición que es el anhelo de todos, le solicitamos a Usted pactar con nuestros representantes el traslado pacifico hacia Mercaneiva, llegando a los siguientes acuerdos:

1. Rebajar considerablemente el metro cuadrado de Mercaneiva, ya que consideramos que los inquilinos [deben] ser tratados por medio de un programa especial, ya este proyecto de Mercaneiva, tiene como objeto fundamental la reubicación de los inquilinos.

2. indemnizar a los inquilinos de la Plaza Satélite del Norte.

3. Arrendar con opción de compra a quienes por el momento no puedan negociar.

4. Que se nos garanticen los locales a todos los compañeros que aún no han comprado.

5. Que nos trasladaremos el mismo día que se trasladen los de Plaza Central.

6. Que nos trasladaremos cuando las instalaciones de Mercaneiva, estén completamente terminadas”.

— La Junta Directiva de Inquilinos de los locales exteriores de la Galería Central de Mercado, en atención a la carta del 16 de junio de 1997, presentó un derecho de petición dirigido al Gerente de las Empresas Públicas de Neiva(80), donde solicitan que se le dé respuesta a las siguientes inquietudes:

“1. Si es que ustedes pretenden reubicarnos, se nos informe en forma detallada, como sería esta reubicación. El procedimiento como se haría sin vulnerar nuestros derechos legalmente constituidos.

2. Si es que se pretende una indemnización, se nos informe y aclare en forma detallada, como se establecería y su procedimiento.

3. Si ustedes pretenden otra vía de solución, nos lo hagan saber en forma clara y detallada, para analizarla y dar cumplimiento a sus peticiones

De lo contrario entenderemos, que si no hay ningún ofrecimiento, nos veremos avocados a utilizar las vías judiciales que nuestra constitución y nuestras leyes establecen para nuestra defensa y nuestros derechos.

Como ustedes comprenderán la situación que se avecina, es de suma gravedad, para nuestras familias e intereses nuestros, ya que comerciantes dependemos de estos locales, para sobrevivir y no se puede pretender, que de la noche a la mañana; vayamos a quedar prácticamente en el asfalto.

Nosotros como comerciantes formales estamos inscritos en la Cámara de Comercio, Tesorería de Industria y Comercio, Dian, el respectivo IVA., Bomberos, Sayco, Medio Ambiente, etc. Es decir, pagamos los diferentes impuestos que ordena el Estado.

Nuestra Constitución Nacional como es bien sabido Tutela y protege, nuestro derecho al trabajo y a la protección de nuestras familias.

Las Empresas Públicas con este comunicado, pretenden vulnerar nuestro derecho fundamental al trabajo.

Existimos comerciantes laborando por más de veinte (20) años y otros desde la fundación de la misma.

4. También solicitamos y exigimos, se nos informe en forma detallada y clara cuál sería el destino del terreno, en el cual se encuentran ubicados nuestros locales y el plazo en el cual se pretende iniciar la obra, su presupuesto y si está debidamente respaldado por una norma jurídica, debidamente ejecutoriada, que tenga fuerza de ley para su cumplimiento”.

Las Empresas Públicas de Neiva el 22 de septiembre de 1997, dieron respuesta a las inquietudes presentadas por los inquilinos de la Galería Central(81), en los siguientes términos:

“1. En sendos oficios dirigidos el 16 de junio último por el anterior gerente a los adjudicatarios de puestos y locales de la Plaza Central de Mercado formalmente se les notificó que en un plazop (sic) de seis (6) meses contados a partir de aquella fecha se tendrán por terminados sus contratos de arrendamiento y/o autorizaciones administrativas de uso por requerirse el total desalojo de dicha plaza para proceder de inmediato a su demolición y poder darle al terreno la destinación ordenada por el Honorable Concejo Municipal.

En los mismos oficios se indicó que el Centro Comercial Los Comuneros, ya concluido, y la Central Minorista Mercaneiva, próxima a concluirse, serán alternativas con que cuentan los inquilinos de la Plaza Central para decidir su reubicación.

2. La Ley no prevé indemnizaciones a los inquilinos por la terminación del contrato, notificación no menos de seis (6) meses de anticipación.

Estas indemnizaciones solo procederían en el caso de que en el correspondiente inmueble se hubieran ejecutado mejoras de carácter permanente con la autorización de las Empresas Públicas, hipótesis que no se da en la Plaza Central de Mercado.

3. No obstante que para el caso de un inmueble que como el de la Plaza Central de Mercado, debe ser demolido para la construcción de una nueva obra no se requiere, según los artículos 518 numeral 3 y 520 del Código de Comercio, desahucio con seis (6) meses de anticipación, las Empresas Públicas han notificado este plazo a sus inquilinos con el objeto de permitirles con suficiente tiempo una determinación sobre su reubicación futura”.

De la misma forma el gerente de Mercasur dio respuesta a los inquilinos de la Plaza Satélite del Norte(82), mediante escrito en el que manifestó:

“1. Sobre su solicitud de rebajar el valor del M2 de los locales comerciales, les informo que le valor de venta establecido por el proyecto Mercaneiva, es el que obedece a la propuesta y se encuentra por debajo del valor comercial de cualquier proyecto de la dimensión y especificaciones técnicas que ofrece Mercaneiva.

2. Ni Mercaneiva ni la Administración Municipal, encuentran sustento legal para entrar a indemnizar a los inquilinos de las plazas de mercado. Los comerciantes están en libertad de disponer de las mejoras como lo estimen conveniente.

3. Como lo expresara en este oficio, Mercaneiva dentro de su estrategia de acompañamiento integral a los comerciantes, está realizando los estudios socioeconómicos respectivos para identificar aquellos usuarios vulnerables, que estén interesados y se comprometan con el proyecto a los cuales se les ofrecerá tratamiento especial.

4. El proyecto Mercaneiva se abrió a la venta desde el mes de junio de 1997, fecha desde la cual hemos estado abiertos a la población dando prioridad y otorgando derecho de preferencia a los inquilinos de las plazas de mercado para que sean ellos quienes en primera instancia escojan y negocien su local comercial; significa esto que en la medida en que los comerciantes lo quieran podrán acercarse a nuestras oficinas a vincularse al proyecto.

5. Para finalizar y como se ha expresado siempre por parte de Mercaneiva, el traslado de los comerciantes será en iguales condiciones para las dos plazas de mercado y se hará en el momento en que el proyecto esté listo para abrir las puertas al público”.

Seguidamente, encuentra la Sala que los inquilinos de la Plaza Central de Mercado acudieron a la Personería municipal para que intercediera ante la administración en la reubicación de la plaza central de mercado a Mercaneiva y en la cual se expusieron las siguientes peticiones:

“1º.—Solicitar como estipula el parágrafo 11 de 1997 se suspenda cualquier diligencia de desalojo de la plaza central de mercado hasta tanto no sea construido en su totalidad y puesta al servicio la central minorista Mercaneiva.

2º.— La central minorista como lo manifiesta el acuerdo 050 de 1991, es para reubicar a los actuales inquilinos de la plaza central y satélite del norte. Por lo tanto exigimos se nos respete nuestro derecho de preferencia, teniendo prelación sobre los particulares y adjudicándole locales a los actuales inquilinos de la plaza de marcado.

3º. Se amplié el plazo del pago de la cuota inicial a quienes tengan capacidad económica de comprar un local. A quienes no quieran o no puedan ir todavía en calidad de propietarios se les dé en arrendamiento a largo plazo con opción de compra y a precios cómodos, teniendo en cuenta que el 49% del capital de la sociedad es del municipio y el objeto del proyecto es de interés social, además la duración de la sociedad de economía mixta se fijó en 50 años, según consta en inscripción número 8260 de la Cámara de Comercio de Neiva (…)”.

En atención a lo anterior, la Personería Municipal de Neiva mediante oficio dirigido al Alcalde Municipal, de fecha 23 de octubre de 1997(83), en el cual solicitó:

“(…) que al momento de llevarse a cabo el desalojo de los inquilinos de la plaza central de mercado de Neiva, se haya verificado lo ordenado en el Acuerdo 011 de 1997 emanado del Honorable Concejo Municipal de la ciudad, entendiendo que las expresiones contenidas en el parágrafo del acuerdo: “… construido en su totalidad…” “…puesto al servicio de la plaza minorista…” “… solucionada la reubicación de la totalidad de los inquilinos de la plaza de mercado central…”

Hacen relación, la primera, a que en el momento de entregar para su uso y sea abierta al público, la central minorista Mercaneiva, la obra de construcción comprendidas tanto las instalaciones internas como externas, deben haberse recibido por parte de la autoridad competente, a satisfacción, sin que queden pendientes trabajos de infraestructura , acabados y adecuaciones locativas para la explotación del comercio a que fue destinado, que impidan el manejo ambiental y físico de los productos perecederos que allí se van a ofrecer, con grave perjuicio para la salubridad pública.

La segunda expresión anotada tiene estrecha relación con lo expuesto en líneas anteriores, puesto que no puede pensarse en poner al servicio de la comunidad la Plaza Minorista “Mercaneiva”, sin que la optimización de las instalaciones locativas, garanticen los derechos de tranquilidad y salubridad, exigidos tanto en nuestra Carta Magna, como en su desarrollo sustancial.

En cuanto a la tercera expresión, la misma, obliga a la Administración Municipal a ofrecer a los inquilinos de la Plaza de Mercado Central, soluciones de acceso a los locales ubicados en la Central Minorista Mercaneiva, que consulten la realidad de las necesidades y presupuesto económico de cada uno de los comerciantes a reubicar, tal como en reiteradas ocasiones se lo ha manifestado, sin olvidar que donde se encuentran laborando actualmente no son propietarios y su reubicación representa una nueva inversión, muy posiblemente para el desarrollo futuro, cuando de adquirir el local se trata; también representa comodidad y muy probablemente mejoramiento ambiental e higiene en pro de quienes acudan a ese centro en busca de productos de primera necesidad de la canasta familiar, pero no podemos dejar de lado, insistimos, la situación económica de los cobijados directos con la ejecución del bien de uso público.

Considero necesario y así lo plantea el Acuerdo 011 de 1997, que la reubicación sea real y efectiva sin lesionar los intereses de las personas que derivan su sustento y el de sus familias de la venta de productos perecederos en la plaza central de mercado de Neiva, por tanto dentro de las soluciones es de suma importancia la efectividad del derecho preferencial de compra previo estudio socio - económico del patrimonio del adquirente, frente a los particulares que deben invertir en la sociedad de economía mixta, donde el municipio de Neiva ha aportado a la sociedad el 49%del Capital y este debe revertirse en beneficio de sus ciudadanos y atender al interés social con el cual fue creado. Como también es de suma importancia, se estudie con seriedad y prontitud la figura comercial de un arrendamiento con opción de compra, contrato preferencial a los inquilinos actuales, debidamente censados, que no están en posibilidad económica de cambiar su estatus de arrendatarios por el de propietarios sino a un largo plazo”.

Con posterioridad a lo anterior, el periódico “La Nación” el 2 de noviembre de 1997, efectuó una que tituló “En diciembre, de la Galería sólo quedarán escombros”, del cual se resalta que el “(…) el alcalde (…) formuló un enérgico llamado a los inquilinos de la Galería Central y del Norte, al notificarles en forma de ultimátum que el 30 de noviembre estarán siendo reubicados en Mercaneiva y el 10 de diciembre demolidas las instalaciones de la plaza de mercado (…)”(84).

Ahora bien, el 5 de noviembre de 1997 la Secretaria de Salud Municipal efectuó una inspección higiénico sanitaria a la “Plaza Satélite del Norte” “con el fin de informarle al señor Gerente de Mercaneiva el estado higiénico sanitario de dicho establecimiento”(85), en donde se elaboró el Acta de Visita 191(86), con las siguientes anotaciones:

Disposición de Desechos.

Líquidos: Alcantarillado.

Desechos sólidos: Servicios generales.

Disposición adecuada: No.

Tratamiento: No.

Almacenam. De basuras: inadecuado.

Disposición Adecuada: No.

Iluminación: Deficiente.

Ventilación: Buena.

Pisos higiénicos: No.

Desagües: No.

Muros adecuados: No.

Servicios sanitarios: Si.

Adecuados y suficientes: No.

Dotación: Inadecuada.

Vestideros y casilleros: No.

Lavavajillas: Inadecuados y en la mayoría de los expendios no existen.

Maquinaria y Equipo.

Adecuado: No.

Material sanitario: Inadecuado.

Buen estado: No.

Buen aseo: No.

Problemas sanitarios a la comunidad Si.

Salud Ocupacional: Instalaciones eléctricas en mal estado.

Observaciones. 

• En el expendio de aves la pintura está deteriorada, los sifones no tienen rejillas, como tampoco existe un recipiente adecuado para el almacenamiento de las basuras.

• En el expendio de carne res, cerdo y vísceras, la pintura se encuentra en mal estado, las mesas no son higiénicas.

• Enchape paredes, sifones sin rejillas, puertas deterioradas y tubería sin pintura donde se cuelga la carne.

• Presencia de caninos en el expendio de carnes y vísceras.

• Mesas deterioradas, sifones sin rejillas y mal estado del enchape.

• La alberca situada junto al expendio de vísceras se encuentra en mal estado.

• Las cajillas de inspección se encuentran en mal estado y sin tapa.

• El sitio donde se depositan las basuras es inadecuado allí se depositan las basuras a la intemperie y sin protección.

• No existen recipientes adecuados, ni sitios estratégicos para almacenar las basuras.

• Presencia de gallinazos en la parte posterior del techo del expendio de carnes y vísceras.

• Pisos en mal estado.

Expendio de Pescado.

• Pisos en mal estado.

• Existen unas instalaciones dentro del expendio de pescado con mucha presencia de basuras.

• Alcantarillado obstruido, acumulación de aguas negras en rejillas y sifones, costado occidental.

• Pintura general.

• Faltan rejillas en las cunetas que recogen las aguas servidas.

• Mesas para el escamado de pescado en mal estado.

Servicios Sanitarios.

• Existe un total de cuatro (4), dos (2) para damas y dos (2) para hombres.

• Dichos servicios sanitarios no se encuentran enchapados ni en pisos y paredes.

• Puertas en mal estado.

• Existe allí una alberca en mal estado, en (sic) antihigiénica.

• Presencia de malos olores.

• No existen recipientes adecuados para almacenar las basuras.

• Existe presencia de artrópodos y roedores dentro de la plaza.

(…).

El establecimiento no reúne los requisitos higiénico-sanitarios locativos de acuerdo a la Ley 9 de 1979 y el Decreto 2333 de 1982 artículos 94-99-100 y 101”.

Consecuencia de lo anterior, en la misma fecha (5 de noviembre de 1997) la Secretaria de Salud Municipal impartió las siguientes recomendaciones a la Plaza de Mercado Satélite del Norte:

1º Cambio de la red interna del servicio de alcantarillado del establecimiento.

2º Reparación general de los pisos en todas las áreas.

3º Construcción de un sitio adecuado para el almacenamiento de las basuras.

4º Instalación de recipientes adecuados para basuras en las diferentes áreas.

5º Pintura general del establecimiento.

6º Instalación de rejillas a los sifones en las diferentes áreas.

7º Cambio de enchape que se encuentra deteriorado en las áreas de expendio de carnes, vísceras y aves.

8º Pintura general de puertas y establecimientos.

9º Limpieza general en forma permanente del establecimiento.

10º Instalación de mesas adecuadas para el escame de pescado.

11º Construcción e instalación de tapas para las cajillas de inspección que no poseen en este momento.

12º enchape de paredes y pisos de los servicios sanitarios.

13º Cambio de enchape de las albercas existentes en las áreas de carnes y pescado.

14º Efectuar el enmallado de la parte posterior del techo del expendio de carnes para evitar la presencia de gallinazos en esa área.

15º Cambio o instalación de puertas en los servicios sanitarios.

16º Fumigación general del establecimiento y control de roedores.

17º Pintura de la tubería donde se cuelga la carne y vísceras.

Lo anterior de conformidad con la Ley 09 de 1979, Decreto 2333 de 1982 artículo 94-99-100 y 101.

Para lo cual se concede un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de su notificación.”

Observa la Sala que la Secretaría de Salud Municipal notificó personalmente del contenido del Acta de visita 191 de fecha 5 de noviembre de 1997, al representante legal de la Galería Satélite del Norte, Sr. Miguel Losada Polanco(87).

Asimismo, obra en el plenario el oficio por medio del cual la Junta de Acción Comunal del Barrio la Cordialidad, con la firma del presidente, secretario, fiscal, tesorero, vocales y 61 personas más, presentaron ante el alcalde mayor de Neiva una queja en la que “nos permitimos, respetuosamente, reiterar la solicitud de cambiar la ubicación de esta plaza Satélite que nos viene perjudicando en forma grave, tanto para la situación de salubridad pública como la derivada de problemas de seguridad del sector”(88).

Al respecto manifestaron:

“(…) nos permitimos solicitar que nos solucionen la situación de insalubridad e higiene, que nos está afectando y destruyendo el acceso principal a nuestros barrios, por la consecuente y permanente flujo de aguas contaminadas con despedicios (sic) biológicos de pescados y cerdos, provenientes de las ventas de estos insumos, por parte de los vendedores ubicados en la Plaza Satélite de Mercados del Norte.

Además, nuestra comunidad infantil, que estudian en el Centro Docente Alberto Suarez, ubicado (…) y que colinda por uno de sus costados con la Galería ya mencionada, padece y sufre las consecuencias de la falta de cuidado con los desperdicios de reses, tales como canillas, cachos, orejas, cabezas y toda clase de sustancias óseas, que son arrojadas y vertidas diariamente sobre la susodicha vía aledaña al sitio de recreación de los infantiles, con la consecuente acción directa de los depredadores, tales como chulos y animales carroñeros, que afectan la salubridad de la zona y ponen en peligro la buena salud de nuestros infantes, que padecen enfermedades con el continuo convivir de la putrefacción y depredadores.

Anexamos fotografías de la Escuela, donde se encuentra un árbol frondoso y los chulos permanecen a diario.

También anexo certificado de destrucción del alcantarillado de esa galería, que en tiempo de invierno se rebotan las aguas negras y se forma un lago insoportable en el vivero del Infihuila, afectando el Colegio Departamental que queda haciendo esquina con esa galería.”

Ahora bien, para constatar el cumplimiento del Acta de visita 717 de fecha septiembre 10 de 1997”, la Sección de Saneamiento Ambiental de la Secretaria de Salud efectuó visita de inspección ocular a la Plaza Central de Mercado y sus alrededores, la cual se hizo constar mediante Acta de Visita 759, donde constataron “que en las instalaciones interiores y exteriores de la Plaza Central de Mercado no se ha realizado ninguna de las recomendaciones notificadas al representante legal de las Empresas Públicas de Neiva, se encuentra en las mismas condiciones antihigiénicas. El establecimiento no reúne los requisitos higiénicos sanitarios locativos, de conformidad con la Ley 09 de 1979 y el Decreto 2333 de 1982 artículos 94-99-100 y 101”(89).

Asimismo se observa que el Personero Municipal de Neiva, mediante oficio del 18 de noviembre de 1997 se dirigió nuevamente al Alcalde Municipal para solicitarle “con carácter urgente informar sobre el trámite y las gestiones cumplidas” frente a la solicitud emitida por los inquilinos de las plazas de mercado y recomendarle “el cumplimiento del acuerdo No. 011 de 1997 del Honorable Consejo de Neiva”(90)

Por su parte, la Alcaldía de Neiva, el 20 de noviembre de 1997(91) se dirigió al Personero Municipal por medio del cual comunican lo siguiente.

“(…)

La administración municipal ha diseñado un plan general para la reubicación, no sólo de los inquilinos de los locales exteriores de la galería central de Neiva, sino también, para los inquilinos de la galería Satélite del Norte y los actuales comercializadores de alimentos perecederos, sin perder de vista que cada sector requiere un tratamiento específico, acorde a su actividad económica.

(…)

Se da por descontado que en este momento, el proyecto y el espacio a ocupar están disponibles y las condiciones de operación real, serán el punto de partida para efectuar el traslado, antes no”.

Seguidamente, el 24 de noviembre de 1997 la Sección de Saneamiento Ambiental de la Secretaria de Salud “procedió a efectuar una visita de control al establecimiento denominado Plaza Satélite del Norte, (….) para constatar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas por la (...) Secretaría Municipal de Salud mediante Acta de Visita 191(92) de fecha 5 de noviembre de 1997”. Visita que se hizo constar en Acta 196 donde se dejó dicho que “hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a las recomendaciones impartidas por la Secretaria de Salud Municipal”; acta que fue debidamente notificada al representante legal de la Galería Satélite del Norte(93).

Ahora bien, nuevamente el 12 de diciembre de 1997 el Personero Municipal se dirigió a la Alcaldía de Neiva(94) para manifestarle:

“(…) es así como consideramos ser reiterativos en la obligación a cargo de la Administración de plantear alternativas acordes con la capacidad económica de cada uno de los expendedores a reubicar, que les permita continuar desarrollando la labor por ellos conocida y para muchos, dada su condición socio económica y cultural, la única a ejercer y por ende su derecho constitucional al trabajo, medio que les proporciona su necesaria subsistencia y la de sus familias. Igualmente se debe buscar la concertación con [los] inquilinos y vendedores de las plazas de mercado del Centro y del norte para su reubicación.

La renovación urbanística de la ciudad y la protección del espacio público son preceptos de interés general que a la luz de nuestra Carta Política prevalecen sobre el interés particular, a menos que éste último esté protegido por un derecho fundamental, en este caso la protección del derecho al trabajo de los inquilinos y vendedores ambulantes de las Plazas de Mercado, que les permita vivir con dignidad acorde a su condición humana, respeto que debe inspirar todas las actuaciones del Estado (…)”:

Del mismo modo, observa la Sala que el 15 de diciembre de 1997, el Tribunal Administrativo del Huila se pronunció(95) sobre la acción de cumplimiento impetrada por comerciantes de la Galería Central de Neiva para que se diera cumplimiento al Acuerdo 011 de 1997, en el sentido de ubicar a los comerciantes que detentaban a título de arrendatarios los locales comerciales ubicados en dicha galería. Acción ésta que fue declarada improcedente.

Asimismo, los inquilinos de la plaza Central de Mercado se dirigieron al Procurador General de la Nación, el 19 de diciembre de 1997(96), y elevaron la siguiente solicitud:

“Solicitamos no seamos desalojados este año porque dependemos económicamente de este nuestro único sitio de trabajo, como también solicitamos comedidamente que se restablezca la vigilancia policiva lo más pronto posible mientras la plaza central de mercado esté al servicio público tanto en el exterior como en el interior ya que es inaudito que en la plaza central de mercado hace un tiempo estamos a merced de la delincuencia común ya que el Sr. Alcalde o a quien le compete ha hecho caso omiso de dicha anomalía, como también es de pleno conocimiento a partir del sábado 20 de los corrientes posiblemente no tendrá el servicio de aseo manifestación hecha por el Sr. Gerente de las Empresas Públicas de Neiva el día 18 del mes de Diciembre a una comisión de inquilinos.

El sellamiento o cierre de dicha plaza en esta temporada decembrina sería atentar contra el libre ejercicio al trabajo y al sustento, ocasionando un problema social debido a que esta plaza es la única alternativa de alimentación de la clase popular de esta ciudad que es un 60% o más, de hacer mercados por sus bajos niveles de ingresos.

También preguntamos respetuosamente quien se hará responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el cierre de la plaza, referente a la pérdida de mercancía o artículos perecederos ya que hasta la presente el Sr. Alcalde no se ha dignado notificarnos de tal sellamiento para concretar una fecha fija para tal efecto y determinar cuáles son las garantías referentes a reconocimiento de una posible indemnización o las condiciones para laborar en la Plaza sustituta porque aspiramos a que sea el Sr. Penagos o el Alcalde entrante a que seamos notificados para concretar dicho traslado”.

Ahora bien, en lo que refiere concretamente a la demolición de las plazas de mercado, obra en el plenario copia simple del aviso publicado en el periódico “La Nación” de Neiva el 21 de diciembre de 1997, por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena(97), con el propósito de hacer saber:

“Que el (…) representante legal de la sociedad Union Temporal ECAC., solicitó se iniciara tramite tendiente al otorgamiento de la Licencia Ambiental Única para el proyecto Demolición de la Edificación de la Galería Central de Neiva, donde funciona actualmente la plaza de mercado de Neiva, ubicada en la Carreras 3 y 2 y las calles 7 y 8 de esta ciudad.

(…) El proyecto a realizarse consiste en la demolición de la edificación de la Galería Central de Neiva (…) las personas que consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de esta licencia (…) podrán presentar oposición ante las oficinas de la CAM, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de este aviso (…)”.

A su turno, el mismo periódico “La Nación” de Neiva, el 22 de diciembre de 1997, bajo el titular “Alcalde electo acepta traslado y demolición de galerías este año”, efectuó la siguiente publicación:

“(…)

En una reunión de trabajo que sostuvieron ayer en las instalaciones de Mercaneiva, nueva plaza de mercado minorista, el Alcalde Mayor de Neiva, Gustavo Penagos Perdomo, el Procurador Jaime Bernal Cuéllar y el Alcalde electo, padre Jorge Lorenzo Escandón, se reafirmó la intensión de demoler la Galería Central y la del Norte.

(…) se acordó que el traslado de comerciantes debe cumplirse con inmediatez al derribo del edificio ubicado en pleno centro de la ciudad.

(…)

(…) aseguró que en los próximos días, antes que termine el año tendrá lugar, el cambio de los inquilinos de las dos galerías.

(…)

“Hay Necesidad de Trasladar Galería”: Procurador”

Por su parte, el procurador general de la nación, Jaime Bernal Cuéllar, a quien le fue presentada la inquietud por las diferencias que han surgido en torno al tema de la Galería, señaló que “es una necesidad que la trasladen porque donde se encuentra hoy no ofrece la sanidad que corresponde a los mercados”.

(…)

“Con el Alcalde de Neiva y el nuevo mandatario local, dimos un campo hasta mañana martes para reunirnos, otra vez y llegar a un acuerdo con el fin de que el traslado se haga sin problemas, mirar si las obras están terminadas y que no se vaya a generar ningún conflicto de orden social”, dijo.

(…)

Expresó que “la obra que están haciendo es extraordinaria aunque faltan algunos aspectos”.

Seguidamente, Resolución 618 del 24 de diciembre de 1997, la Alcaldía de Neiva y la Secretaría de Salud Municipal(98), resolvieron:

“1º. Ordenar la clausura de manera temporal y total del establecimiento denominado “Plaza Central de Mercado” ubicada entre las calles 7ª y 8ª y entre carreras 2ª y 3ª de Neiva de la ciudad de Neiva (sic), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto, a partir de las 18:00 horas del día (24) de Diciembre de 1997.

2. La anterior medida tendrá duración hasta tanto se establezcan las condiciones óptimas de sanidad previstas en las normas citadas en la parte considerativa de la presente resolución.

3. Delegar a la Secretaría de Gobierno Municipal, para que en concordancia con las autoridades de policía y militares, realice la diligencia en orden a obtener el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral Primero de esta parte resolutiva”.

Esta decisión se fundamentó en las condiciones sanitarias inadecuadas para el expendio de productos alimenticios en la Plaza Central de Mercado, según lo reportó el Acta de Visita 717 de 10 de septiembre de 1997, “consistentes en deficientes instalaciones, proliferación de antrópodos (sic) y roedores, insuficiencia de servicios sanitarios, contaminación ambiental, inadecuado almacenamiento de basuras, inexistencias del sistema o falta de adopción de mecanismos idóneos para la limpieza y desinfección de utensilios, y en general encontraron deficientes condiciones sanitarias, que de una u otra manera afectan la salubridad de los usuarios que acuden a dicho establecimiento (…) el establecimiento no reúne los requisitos higiénico - sanitarios locativos de acuerdo a la Ley 09 de 1979 y el Decreto 2333 de 1982, Arts. 94-99 - 100-101”

Bajo idénticas consideraciones y con sustento en el Acta de Visita 191 del 5 de noviembre de 1997, se expidió la Resolución Nº 619 del 24 de diciembre de 1997, por medio de la cual la Alcaldía de Neiva y la Secretaría de Salud Municipal(99) resolvieron:

“1: ORDENAR la clausura de manera temporal y total del establecimiento denominado “Plaza De Mercado Satélite Del Norte” de la ciudad de Neiva, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto, a partir de las 18:00 horas del día (24) de Diciembre de 1997.

2. La anterior medida tendrá duración hasta tanto se establezcan las condiciones óptimas de sanidad previstas en las normas citadas en la parte considerativa de la presente resolución.

3. DELEGAR a la Secretaría de Gobierno Municipal, para que en concordancia con las autoridades de policía y militares, realice la diligencia en orden a obtener el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral Primero de esta parte resolutiva”.

A su turno, “los inquilinos de la Galería Central de Mercado” en comunicaciones dirigida al Director General de la Corporación Autonoma Regional del Alto Magdalena, de fecha 25 de diciembre de 1997(100) se declararon “directamente lesionados con el proyecto “Demolición de la Edificación de la Galería Central de Neiva” (Plaza Central de Mercado de Neiva), (…) y la cual tiene en trámite la Licencia Ambiental Única ante la CAM”, lesión que concretaron en:

1. No se nos consultó y no se nos tuvo en cuenta en este proyecto, pero mediante el edicto de la CAM, publicado el día 21 de Diciembre en el periódico de circulación local “La Nación”, presentamos nuestra (sic) lesiones que causará y está causando el proyecto anteriormente mencionado. A la vez solicitamos una audiencia pública de acuerdo al artículo 72 de la Ley 99 de 1993.

2. (…) nos veremos obligados a: Unos a quedar desempleados y otros a continuar con la proliferación de ventas en las calles de la ciudad de Neiva, causando así un impacto socio-económico a todos nosotros que dependemos de nuestro trabajo en la Galería Central de Neiva para sobrevivir, y un impacto visual al espacio público de las calles de Neiva.

3. Por mandato de la Alcaldía, se nos quiere expulsar de la galería para así poderla demoler sin habernos consultado, sin habernos notificado el día del desalojo con un tiempo prudencial, sin habernos dado la opción de concertar el proyecto de demolición, ni el traslado de todos nosotros a otro sitio.

4. El nuevo sitio el cual nos obliga a comprar, arrendar o quedar desempleados aún no se encuentra en óptimas condiciones para el servicio, debido a que no presenta los servicios de energía eléctrica, servicio de agua potable, servicio de disposición de aguas residuales, servicio de transporte y vías de acceso, los sitios de trabajo (puestos) no están aún adecuados para el expendio de productos perecederos y demás, en fin la obra aún no está completamente terminada y aun así quieren expulsarnos para demoler la Edificación de la Galería Central de Neiva”

Ahora bien, el 26 de diciembre siguiente el Personero Municipal de Neiva se pronunció con relación a las Resoluciones 618 y 619 de 1997 y mediante oficio dirigido al Alcalde(101), donde manifestó:

“Me permito recomendarle que de manera inmediata se adopte (sic) medidas de destinación de un sitio y ubicación de las personas que expenden productos en estas galerías, para que continúen ejerciendo el derecho al trabajo y prestando el servicio público que requiere la comunidad de Neiva para el abastecimiento de productos de la canasta familiar, hasta tanto la central minorista Mercasur esté arquitectónicamente terminada en su totalidad y puesta en funcionamiento.

Lo anterior en consideración a que en horas de la mañana del día de hoy nos trasladamos a las instalaciones de la Central Minorista Mercasur y pudimos constatar que la obra no se encuentra terminada en su totalidad y no se ha puesto en funcionamiento”:

Ahora bien, con el fin de observar y establecer las condiciones y el estado de las obras adelantadas en las instalaciones de la Central Minorista de Mercado “Mercasur”, el Defensor Regional del Pueblo y el Personero Municipal solicitaron al “gerente de Mercaneiva y Mercasur (…) y a los ingenieros responsables de la firma constructora del proyecto, nos atendieran conjuntamente con una comisión de los inquilinos de la Plaza Central de Mercado” y con la asistencia de un representante de la Procuraduría General, en visita que se llevó a cabo el día 26 de diciembre de 1997, en cuyo informe especial(102) se hizo constar que:

“(…) las obras inconclusas, no hay baterías sanitarias en funcionamiento, falta la colocación de algunos pisos, muros y detalles de unos locales que están sin terminar, el servicio de agua no estaba funcionando, falta la colocación de unas tejas en el techo y una gran cantidad de obreros y maquinaria laborando dentro y fuera de las instalaciones y elementos de construcción diseminados en la obra. (…) el gerente de Mercaneiva y los ingenieros responsables del proyecto expresaron que si bien, la obra no estaba totalmente concluida si estaba habilitada para albergar a los inquilinos; falta la ejecución de algunas obras y detalles para realizar que se superarían en los próximos días como la habilitación de las baterías sanitarias; colocación del piso y techo faltante, algunos muros divisorios, retiro de material de construcción, limpieza general de la obra, señalando los constructores que dichos trabajos se podrían adelantar incluso con los inquilinos instalados en la Plaza Central Minorista, en las horas de la tarde cuando la Plaza de Mercado se encuentra cerrada, y en cuanto a la falla de agua expresa que esto se debe a un daño en la red del acueducto en la altura del cementerio. Los representantes de los inquilinos proponen al gerente de Mercaneiva y Mercasur que se comprometan a conseguir unas carpas para ser colocadas provisionalmente en la parte externa de Mercaneiva y Surabastos (…) Propuesta que fue acogida por los participantes de la reunión (…)”.

Una vez efectuada la visita anterior, el Personero Municipal se dirigió nuevamente a la alcaldía de Neiva el día 30 de diciembre de 1997(103), para solicitar que “ordene a quien corresponda agilizar la entrega de los locales respectivos de la central minorista de Mercaneiva” con fundamento en las siguientes consideraciones:

“En principio se acordó por parte de Mercaneiva diligenciar la consecución de unas carpas como medida provisional e inmediata de solución para protección de las personas y los productos perecederos de las inclemencias del clima, como son las verduras, frutas y cárnicos, que allí se expenden, sin que a la fecha se haya cumplido con este compromiso ni dado la entrega de los puestos de la Plaza minorista.

Las actuales condiciones en que los ex inquilinos de las plazas de mercado afectados con la medida, se han visto obligados a desarrollar su labor económica de la que derivan el sustento pueden comprometer derechos fundamentales como el respeto por la dignidad humana y lesionar el derecho al trabajo y la salud de las personas que ejercen la actividad y afectar la calidad de los alimentos ofrecidos bajo estas condiciones”.

Ahora bien, observa la Sala que el 31 de diciembre de 1997 la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena profirió la Resolución No. 856, por medio de la cual otorgó el permiso ambiental a la Sociedad Unión Temporal ECAC Ltda., para el desarrollo del proyecto “Demolición de La Plaza de Mercado Central de Neiva”(104), por cuanto consideró que la CAM, una vez estudiado y evaluado el impacto ambiental, emitió concepto técnico favorable; el proyecto no necesitaba de licencia ambiental porque estaba dado en un área altamente intervenida y su estructura no presenta características especiales; lo que refería a la petición de los inquilinos de la Plaza Central de Neiva no era competencia de la autoridad ambiental; tratándose del medio ambiente es eminente que el interés público prevalece sobre el interés económico particular y lo que observó “es que existe un conflicto de intereses económicos entre la administración municipal y los inquilinos de la Galería Central de Neiva” y, finalmente, previó que la demolición era un proyecto que iba a recuperar el espacio público, de manera que su rápida mejoraría la calidad de vida y se convertiría en un factor estratégico para superar los graves problemas que se vienen presentando en este sector que tiene que ver con la contaminación al medio ambiente.

Por otro lado, con relación a la construcción de Mercaneiva, la Sala observa que ella presentó inconvenientes de tipo ambiental que conllevaron varias advertencias de la CAM. Es así, que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, el día 8 de enero de 199[8], le recordó al gerente de éste proyecto (Mercaneiva - Mercasur) “que dentro del acto administrativo expedido por esta autoridad ambiental, mediante el cual se otorgó Licencia Ambiental a su Empresa se le impusieron obligaciones concretas para el manejo de estos materiales. Debe usted de inmediato a proceder a cumpliros o de lo contrario, será objeto de un proceso Policivo Administrativo por infracción al acto administrativo ya señalado”(105).

Asimismo, la Sala Observa que el mismo 8 de enero de 1998, la Corporación (CAM) visitó las instalaciones de Mercaneiva y Surabastos, con el fin de realizar un seguimiento en lo que hace referencia al manejo de la parte ambiental, y en la cual se observó lo siguiente(106):

“Que el manejo de los residuos sólidos generados de la construcción y sus escombreras no se le está dando su debido manejo, ya que durante el recorrido por todas las instalaciones (…) se pudieron observar gran parte de ellos sobre los pasillos exteriores a las instalaciones de Mercaneiva, contiguo a los puestos provisionales que tienen los usuarios. (…) estos escombros vienen siendo depositados en predios aledaños (…).

Con respecto al manejo de las basuras y vertimientos solidos generados por los usuarios en sus ventas, estos vienen recolectando a diario a las 15:00 horas utilizando personal femenino de Mercaneiva el cual hace su barrido total a los puestos, luego de esto, los residuos son recogidos por un cargador y llevados en volquetas a los contenedores.

Estos contenedores son 2 pertenecientes a la empresa Aseo Total los cuales son metálicos debidamente pintados de blanco, pero con el inconveniente de que carecen de tapa para evitar así la presencia de roedores, todo tipo de insectos y a la vez el humedecimiento de estos residuos por las posibles lluvias que se presenten ocasionando olores en el sector de las ventas de los alimentos.

La disposición final de estos es realizada por la empresa Aseo Total, la cual hace este trabajo diariamente conduciéndolos en sus vehículos al relleno sanitario.

Referente a los baños de uso público, su construcción se encuentra en un 90% ya que en el momento de la visita se estaban realizando los trabajos finales de enchape, existiendo ya algunos en servicio.

La disposición de agua potable en estas instalaciones ya está establecida, complementada con el servicio de un aljibe utilizando estas aguas para el lavado de los futuros locales a utilizar.

En lo que se respecta al manejo de aguas lluvias, estas están siendo conducidas por medio de un alcantarillado de 12” en su iniciación de recolección y de 36” en su culminación, la cual tiene su disposición a la quebrada La Carpeta.

(…)”

Entonces, en atención a las diferentes anomalías encontradas por la CAM, ésta dirigió comunicación de fecha 9 de enero de 1998(107) y de la cual se resalta:

“(…) se vienen presentando algunas anomalías en lo referente al manejo de los residuos sólidos basuras generadas por los usuarios, las cuales son depositadas en un contenedor que carece de su correspondiente tapa que brinde seguridad ambiental al exterior.

Otro de los inconvenientes observados fue la acumulación de desechos sólidos y escombros procedentes de la obra, los cuales existían en el pasillo de las instalaciones de Mercaneiva cercanos a los alimentos en exhibición y venta. En lo referente al tratamiento de las aguas residuales depositadas en la piscina, no se le está haciendo ningún tipo de tratamiento, y por tanto esperamos que se realice y se le informe a la Corporación con anticipación el día del vencimiento de estas aguas.

En consideración a todas estas anomalías, esperamos de ustedes una solución pronta y apropiada, tal como establece el plan de manejo ambiental de cada obra”.

Consecuencia de la situación antes descrita, la Corporación del Alto Magdalena (CAM) efectuó visita ocular de seguimiento el día 23 de enero de 1998(108), de la cual informó:

“En lo referente al manejo de residuos sólidos que se generan en los diferentes puestos de venta de mercado, se viene presentando la misma situación que se observó el día 8 de enero de 1998, ya que en esta última visita se observaron acumulaciones de basuras de todo tipo, lo mismo que la acumulación de escombros por parte de las obras de Mercaneiva.

Referente al tratamiento de las aguas residuales que se generan en dichas instalaciones, no se les está realizando ningún tipo de tratamiento. (…) las aguas residuales están siendo vertidas directamente al Río Magdalena sin permiso previo de la CAM, como lo ordena el Decreto 1594.

Concepto.

Es procedente formular pliego de cargos a Mercaneiva y a Surabastos, puesto que las aguas que están vertiendo al Río Magdalena provienen de sus instalaciones.”

Fue así que el 28 de enero de 1998 la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM formuló pliego de cargos contra el Gerente de Mercaneiva(109), del cual se destaca

“De esta manera el proyecto “Plaza de Mercado Minorista Mercaneiva S.A.” viene incumpliendo con lo ordenado en la Resolución 567 del 1 de septiembre de 1997(110) en lo que respecta al manejo y disposición de residuos sólidos, en especial al manejo de basuras en la obra y al de los residuos de materiales áridos y ladrillos y residuos no biodegradables. Igualmente se incumple con lo concerniente al manejo y disposición de residuos líquidos en especial al sistema de tratamiento de aguas negras, pues no se ha implementado el sistema anaeróbico de fases consecutivas y simplemente se vienen vertiendo las aguas residuales al cauce del rio magdalena.

Las anteriores consideraciones apuntan a que se está atentando contra el medio ambiente, pues el incumplimiento de la Licencia Ambiental Única por parte de esta entidad conlleva la contaminación no sólo del proyecto, sino de la fuente hídrica a donde (sic) se vierten las aguas negras”.

Frente a lo anterior, el gerente de Mercasur Ltda. presentó escrito de descargos el día 13 de febrero de 1998(111), de donde se destaca:

“En Cuanto a la Acumulación de Basuras de Todo Tipo:

(…)

No tengo conocimiento del horario en que la CAM dispuso las visitas de seguimiento a que se hace referencia, pues de haberse realizado antes de las 3: p.m. de cualquier día es apenas lógico comprender que muy difícilmente se podrían encontrar libres de basuras las plataformas a pesar de que se recoge en dos oportunidades el desecho grueso, ya que los minoristas se encuentran laborando y arrojan sus desperdicios sobre las mismas sin consideración de ningún tipo, convirtiéndose en una consigna imposible de cumplir el mantener aseo durante ese horario. Y si las visitas se realizaron en horas de la tarde, es la jornada durante la cual se realiza el aseo general, actividad que requiere horas pues la zona de este tipo de mantenimiento no es pequeña.

En Cuanto a La Acumulación de Escombros en el Proyecto: La obra no ha sido terminada a la fecha, diariamente se está construyendo dentro de la misma, motivo por el cual constantemente salen sobrante de la construcción (…).

En Cuanto al Tratamiento de Aguas Residuales: Es cierto que el sistema de tratamiento para aguas residuales se concertó hacerlo en forma conjunta con Surabastos S.A., el sistema para tal efecto se encuentra en al (sic) actual momento prácticamente listo para entrar en operación lo cual se puede constatar en cualquier momento.

Es de anotar que Mercaneiva está en funcionamiento hace menos de un mes, y apenas en un 5% de su capacidad total, por lo que su producción de aguas negras es mínima”.

Por otra parte, la Comisión Accidental del Consejo de Neiva, el 4 de febrero de 1998, rindió Informe sobre el proceso de constitución de las sociedades Mercaneiva y Mercasur(112).

Del informe se resalta que la sociedad Mercaneiva S.A. se constituyó en uso de plenas facultades conferidas por el Honorable Concejo Municipal a través del Acuerdo Número 001 de 1995 y con un capital social suscrito de $762.232.000.00 discriminado así:

“Idehuila(hoyInfihuila)$2.000.000.00
MunicipiodeNeiva$250.000.000.00
EmpresasPúblicas$1.000.000.00
Envineiva$1.000.000.00
Coficredito$1.000.000.00
SurabastosS.A.$507.000.000.00”

De la misma manera, en lo que respecta a Mercasur Ltda se resalta que en su constitución fueron socios Mercaneiva S.A. con una participación del 49% del capital ($1.818.517.400.00) y la Unión Temporal Ecac Ltda. con una participación del 51% ($1.892.742.600.00).

Igualmente la Sala quiere resaltar la conclusión incluida en el referido informe, por medio de la cual la Comisión “solicita a la Plenaria, que la Sociedad Mercasur adelante lo pertinente para el total cumplimiento del objeto social previsto y así solucionar en forma definitiva el problema que se está presentando con los mercados minoristas de la ciudad”.

Ahora bien, también en relación con la situación reportada por las sociedades Mercaneiva y Mercasur, la Sala observa la copia simple del recorte del periódico “La Nación” de Neiva, de fecha 15 de abril de 1998, titulado “CAM conmina a Mercaneiva por deterioro ambiental” y en cuyo contenido se lee “por la violación a normas ambientales, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) conminó a Mercaneiva y Surabastos a la construcción de una planta de aguas residuales, que mitigue el impacto que sobre la ciudad su ausencia está ocasionando”.

Ahora bien, recuerda la Sala que hasta esta fecha la Plaza de Mercado Satélite del Norte no había sido demolida, por el contrario el 13 de marzo de 1998, según consta en el Acta de Visita 017(113), los funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal de Neiva realizaron una nueva inspección higiénico - sanitaria, con el fin de establecer el estado de salubridad de las instalaciones de dicha plaza, en donde se expresa que el alcantarillado público está en mal estado y no existe ningún tipo de recolección y disposición final de basuras.

Asimismo se plasmaron las siguientes observaciones.

“1. En el momento de la visita se observo (sic) que está en funcionamiento el modulo No. 3, seguidamente con ventas de frutas, alimentos preparados y algunos graneros contiguos al mismo.

2. No existe un área delimitada o demarcada que se esté utilizando exclusivamente para la comercialización de los alimentos, pues se encuentra en su totalidad el área disponible, las (sic) que pueden ser ocupadas en cualquier momento por los comerciantes sin que haya forma de impedirlo por no existir una demarcación previa.

3. El sitio donde se depositaban las basuras es inadecuado, allí se depositan a la interperie (sic) y sin protección, se detecto (sic) presencia de basura en diferentes sectores como también presencia de gallinazos.

4. Las cajillas de la red interna del alcantarillado se encuentran destapadas debido a que la red presenta obstrucción lo que hace a su vez que las aguas negras se almacenen y permanezcan empozadas en dichas cajillas.

5. Se constató el derrame permanente de algunas tuberías del acueducto interno causadas por el estado de deterioro de las mismas.

6. En general la edificación de esta plaza de mercado presenta deterioro estructural debido al agotamiento de su vida útil.

7. Los servicios sanitarios son insuficientes.

Es de aclarar que mediante Acta de Visita 191 de fecha 5 de noviembre de 1997, se impartieron una (sic) recomendaciones tendientes a mejorar las condiciones higiénico (sic) -sanitarias de esta Plaza de Mercado las cuales no fueron cumplidas.

El establecimiento no reúne los requisitos higiénico (sic) - sanitarios locativos de acuerdo con la Ley 09 de 1979 y el Decreto 3075 de 1997.”

Luego de lo anterior, El Secretario de Salud Municipal profirió la Resolución 015 de 1998, por medio de la cual ordenó “el cierre definitivo y total del establecimiento denominado “Plaza Satelite del Norte” (…) y lote de propiedad del Idema y (…) por violación a las normas sanitarias consagradas en la Ley 09 de 1979 y Decreto 3075 de 1997 (...)” y dispuso “la notificación de la presente resolución a los interesados en la forma establecida en el artículo 105 del Decreto 3075 de 1997”. Lo anterior en consideración a que mediante Resolución 0619 del 24 de diciembre de 1997, la administración había adoptado la medida sanitaria consistente en la clausura de manera temporal y total de este mismo establecimiento(114).

Así las cosas, la Secretaria de Salud Municipal citó a la Cooperativa Multiactiva de Inquilinos y Trabajadores de la Galería del Norte - Cointragan para notificarles la mencionada Resolución 015 de 13 de abril de 1998(115).

Al respecto consta que la Secretaria de Salud notificó personalmente del contenido de la Resolución número 015 del 13 de abril de 1998, al representante de Cointragan(116) y al Ministerio de Agricultura(117), y les hizo entrega de una fotocopia del acto administrativo, informándoles que la decisión procedían los recursos de la vía gubernativa, en la forma indicada en dicha Resolución.

Por su parte, la Cooperativa Multiactiva de Inquilinos y Trabajadores de la Galería del Norte - Cointragan interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la antes citada Resolución 015 de 13 de abril de 1998 y solicitó que ésta fuera revocada en cumplimiento del Decreto 2150 de 1995. Al respecto expuso la siguiente sustentación:

“A Los Considerandos”

1º.— al primero debe establecerse con plenitud el alcance del considerando en relación con la clausura de la manera temporal y total del establecimiento denominado “Plaza de Mercado Satelite Del Norte”, ya que un establecimiento en un acto administrativo como el que impugno, debe contemplar la clausura de manera temporal o total, de lo contrario el considerando como el contenido de esta mencionada resolución solo (sic) manifiesta la intención oculta de la clausura total violando el derecho a la igualdad y especialmente al debido proceso como lo ordena la Constitución Nacional vigente.

2º.— Al considerando dos. Por sustracción de materia es irreal si se tiene en cuenta que el 13 de marzo de 1998, nunca pudo la secretaria de Salud Municipal practicar una visita al establecimiento “Plaza de Mercado Satelite del Norte” por que (sic) esta no existe como tal, y la visita 17 que se realizó correspondio (sic) a un establecimiento abierto al público denominado “Merca-Tiendas y Servicios” que es un establecimiento de comercio al detal totalmente diferente a lo que se llamó en alguna época “Plaza de Mercado Satelite del Norte”.

(…)

La intención de la Resolución 0619 del 24 de diciembre de 1997, como se está demostrando ante la Rama Judicial del poder público, pretendia (sic) de todas maneras clausurar de manera definitiva la “Plaza de Mercado Satelite del Norte” hecho que en efecto se logro (sic) con la anuencia del Consejo de la época, cuando este dispuso por acuerdo cambio del uso del suelo.

Esta razón jurídica nos llevo (sic) a obedecer sin compartir la orden administrativa y reducir nuestra actividad comercial a una bodega que en ningun (sic) momento comprende lo que era la actividad comercial de la “Plaza de Mercado Satelite del Norte”, que como establecimiento nuevo abierto al público está sujeto al cumplimiento del Decreto 2150 de 1995 en el articulo (sic) 47 de lo contrario se esta (sic) violando flagrantemente el debido proceso (articulo (sic) 29 C.P.N.) en contra de nuestro honesto y popular trabajo, pues se pretende una vez más impedir la realización del derecho al trabajo también amparado no solamente por la ley interna sino, también por la ley internacional especialmente en los convenios firmados por la O.I.T.”

No obstante, los recursos interpuestos por Cointragan fueron rechazados por el Secretario de Salud Municipal mediante Resolución 027 de 26 de mayo de 1998(118), por considerar que éstos fueron interpuestos por fuera del término de cinco (5) días hábiles establecido en el artículo 106 del Decreto 3075 de 1997, en concordancia con el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo(119). Esta decisión se notificó personalmente al representante de Cointragan(120) el 4 de junio de 1998.

Anota la Sala que mientras se presentaba la anterior discusión entre la administración municipal y los inquilinos de la Plaza Satélite del Norte, los comerciantes que ya se encontraban ubicados en Marcaneiva o Mercasur realizaban diferentes quejas, también por anomalías de carácter higiénico sanitarias que se presentaron en el nuevo lugar dispuesto por la administración municipal para solucionar los inconvenientes del mismo orden, que se presentaban en las plazas Central y Satélite del Norte que funcionaban de tiempo atrás.

Al respecto se observa la solicitud realizada por algunos copropietarios de locales en Mercaneiva o Mercasur, dirigida al Secretario de Salud Municipal de Neiva el día 21 de abril de 1998(121), de la cual la Sala destaca lo siguiente:

“I. El día 16 de abril de 1998 fuimos citados por parte de su secretaria de salud municipal por los funcionarios señores José Hector Castañeda y Rafael Charry Mora con el fin de notificarnos que no podíamos vender pollo y pescado en un local ubicado en la carrera 2 # 8-44, que si seguíamos vendiendo nos decomisaban los productos mencionados, que era orden del alcalde, más sin embargo no nos enseñó la orden y por eso nos negamos a firmar y nos amenazó que iría con la policía y nos quitaban lo que estuviéramos [vendiendo].

II. Estábamos pagando un arriendo diario provisional por los siguientes motivos:

a) Somos copropietarios de locales en “Mercaneiva o Mercasur” ya que no podemos darnos el lujo de decir “somos propietarios” ya que no hay seguridad de cada puesto o local, ya que la obra no está terminada, está en unas condiciones pésimas, donde el agua proviene de un pozo no es tratada, la luz proviene de una planta Disell que produce un ruido infernal, los desagües que hay dentro (sic) no tienen mantenimiento, están llenos de basuras y aguas negras, varias sin tapas que son trampas “quiebra patas humanas”.

Trabajamos 2 meses en los patios de “Surabastos” al sol y agua exponiendo los productos a la contaminación por la proliferación de las basuras y la salud nos acorraló [viéndonos] en la necesidad de venirnos al centro de la ciudad la ubicación de “Mercaneiva” donde se empezó a vender productos de consumo humano, está infringiendo las normas sanitarias y de salud; debido a que está diagonal al cementerio El Paraíso, Mármoles del Huila, Gas Sur, Hacienda Trapichito, que es la que más produce olores nauseabundos de los galpones de pollo y ganado cuando están procesando la gallina huele a “rateen podrido” nosotros creemos que no se le hizo el estudio de “Impacto Ambiental” la Ley 99 de 1993, por falta a ese estudio está la obra inconclusa y con todos sus [inconvenientes] ambientales conde (sic) por sus necesidades se venden los productos de consumo humano, infringiendo las normas sanitarias y de salud por la proliferación de moscas y otros insectos que junto con el viento transportan virus, bacterias, hongos y enfermedades.

Por todas estas anomalías estamos en el centro, hasta que la firma termine en su totalidad el centro de acopio Mercaneiva”.

Asimismo, se encuentra la solicitud realizada por Aurora Lizarazo Díaz ex inquilina de la demolida Plaza Central de Mercado, dirigida al Procurador Provincial de Neiva el día 29 de abril de 1998(122), de la cual se destaca lo siguiente:

“Desde el 26 de Diciembre 1.997 que fuimos sacados por el hostigamiento de la fuerza pública que nos creó un pánico y temor y llevarnos en las volquetas del municipio a los patios de “Surabasto” en la inclemencia del sol, solo conseguí fue enfermedades y pérdida de pollo y pescado, que tenía que botarlo, por el estado de descomposición que era producido por el sol y el olor que producían las basuras.

(…)

Veo con preocupación que los pequeños vendedores no podemos trabajar en el centro de la ciudad, mientras los grandes almacenes de “Cadenalco” si pueden; es una competencia ilegal donde se está atentando el derecho al trabajo.

Si el gobierno municipal tuviera voluntad que Mercaneiva se termine la obra en su totalidad con su gran avenida sería maravilloso para uno como copropietario (…).

En espera que sea solucionada mi situación por el derecho al trabajo, y ya que la Procuraduría es fiel testiga (sic) de nuestra situación ya que viene sintiendo paso a paso, nuestro calvario desde antes de ser desalojados en la Plaza Central de Mercado”.

En el mismo sentido, los copropietarios de Mercaneiva o Mercasur se dirigieron a la Secretaria de Salud Municipal el día 6 de mayo de 1998(123) para solicitar visitas oculares por parte de los inspectores de salud y soluciones ambientales, porque las condiciones que estaban viviendo les estaban ocasionando problemas de salud y los estaban llevando al fracaso económico.

Su solicitud se argumentó de la siguiente manera:

“I. Desde el 26 de Diciembre de 1997 en que fuimos sacados por el hostigamiento de la fuerza pública, que nos creó pánico y temor, fuimos llevados en las volquetas del municipio, a los patios de “Surabastos” a expender los productos de consumo humano, exponiéndolos a la inclemencia del sol y la contaminación que tiene este campo de concentración que aún se encuentra en proceso de construcción.

II. La obra de Mercaneiva y Mercasur aún no se ha terminado, carece de agua potable, luz, la que hay es producida por una planta Disell que es la que produce el bombeo del agua del pozo.

(…)

III. Exigimos que nos pagarán los productos que se dañaron y la respuesta fue que ellos no tenían la culpa del daño de la planta de luz, pero sí nos cobran por guardarnos el producto.

En los días que llueve se rebotan los canales de aguas negras saliendo a flote las “excretas” y someternos a soportar la fetidez que salen de esos canales y recamaras que carece de un mantenimiento diario de aseo, las aguas negras y lluvias tienen una altura de 15 centímetros, esas aguas negras contaminan los productos que se venden tirados en el suelo ya que no hay una administración organizada, no se escapa ni las oficinas de Mercaneiva y Mercasur para [enlagunarse].

La gran cantidad de cavernas que construyeron y que se encuentran abandonadas se convirtieron en letrinas públicas, por la carencia de agua, no hay un servicio normal de sanitarios o baños.

La proliferación de “chulos” o aves de rapiña abundan en el basurero donde se depositan los residuos que produce a diario el aseo que se le hace al edificio inconcluso en su obra arquitectónica.

(…)

Por este sector brilla la usencia de los señores inspectores de salud que usted tiene a carago, deberían hacer visitas oculares cuando está lloviendo en especial a las 6 AM, para que huelan, vean y se empantanen con las aguas putrefactas que salen de los canales de aguas negras cuando se rebotan”.

En atención a lo anterior, el 7 de mayo de 1998 la Secretaria de Salud Municipal procedió a realizar una visita de inspección higiénica sanitaria en las instalaciones de la plaza denominada Mercaneiva, de la que se dejó constancia mediante Acta Nº 003(124), bajo las siguientes observaciones y recomendaciones:

“1. En la inspección realizada al segundo piso, costado norte de la plaza, se observó que no se ha terminado de techar ese sector, por tal motivo en temporada de invierno las aguas lluvias caen directamente al interior de la plaza ocasionando inundaciones.

2. En el sector de las heladerías y restaurantes, se presentan problemas de taponamiento de las cunetas de vacunación de aguas servidas, a causa de que las personas que laboran allí arrojan desechos de alimentos preparados y crudos a las mismas.

3. Según información del administrador de Mercaneiva, el rebose de las aguas servidas en el interior de la plaza obedece también a que en el Molino Roa cierran las compuertas de las tuberías que conducen las aguas servidas de Mercaneiva y Surabastos, con el fin de aprovechar la turbulencia de las aguas para arrojar cascarilla de arroz al rio.

4. En el costado norte de las instalaciones, se encuentra un estancamiento de aguas en descomposición, debido a unas obras inconclusas.

5. No existe colaboración por parte de los mismos inquilinos (usuarios) de la plaza, ya que arrojan las basuras sobre las vías peatonales y las rejillas de las cunetas, aun existiendo canecas ubicadas en sitios estratégicos para la recolección de las basuras.

6. Según información de los inquilinos, en época de invierno se rebosan las cunetas, [quedando] estas aguas estancadas a nivel superficial. Dicha información no se pudo comprobar en el momento de la visita, por lo que se requiere comprobar una visita cuando esté lloviendo.

7. Se observó que varios puestos desocupados, están siendo utilizados como letrinas, con el fin de no pagar la tarifa establecida por el uso de los sanitarios.

8. La plaza minorista cuenta con dos sistemas de abasto de agua:

a) Existe un pozo profundo (aljibe), y dicha agua es utilizada para las baterías sanitarias, servicio de aseo y reserva para en caso de incendios. A esta agua no se le realiza ningún tratamiento.

b) El otro sistema de abasto de agua, llega directamente del acueducto municipal y es utilizado para el servicio de los inquilinos.

9. Existe una planta eléctrica que genera demasiado ruido, lo que puede traer problemas de tipo auditivo a las personas que permanecen en este sector.

Recomendaciones.

1. Agilizar la terminación de las baterías sanitarias faltantes.

2. Terminar de techar los diferentes sectores de la plaza que se encuentren destapados, para evitar inundaciones de aguas lluvias al interior de la misma.

3. Se recomienda utilizar el mecanismo adecuado, para evitar el alto ruido generado por la planta de energía eléctrica.

4. Realizar permanentemente mantenimiento de las cunetas de evacuación de aguas servidas (externas e internas)”.

Del mismo modo, nota la Sala que lo propio ocurría con Surabastos S.A. sociedad accionista de Mercaneiva y aledaña a la nueva plaza de mercado, la cual fue vinculada mediante auto del 8 de mayo de 1998, proferido por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM(125), a una investigación administrativa “por violación al Decreto 1594 de 1984(126)“, en consideración a que de la visita ocular practicada el 8 de enero del presente año, “se infiere presunta responsabilidad de la empresa Surabastos S.A., (…) en el vertimiento de aguas servidas sin tratar a la corriente río Magdalena”.

Asimismo, la CAM mediante Resolución 299 del 22 de mayo de 1998 sancionó a Mercaneiva S.A., por el manejo inadecuado de basuras y residuos sólidos y el vertimiento de aguas negras sin el debido tratamiento al río Magdalena(127).

Contra decisión anterior, el día 9 de junio de 1998 Mercaneiva S.A. interpuso recurso de reposición(128), por cuanto consideró que la sanción debió dirigirse contra la sociedad Mercasur Ltda., en la que Mercaneiva simplemente es accionista de un 49%, pese a que la licencia ambiental para el desarrollo de la central minorista (también denominada Mercaneiva) fue expedida a su nombre.

Del mismo modo, expuso el recurso de reposición que:

“2. La empresa Surabastos S.A. y Mercasur Ltda. acordaron construir en forma conjunta la planta de tratamiento de aguas residuales, la que se encuentra ejecutada aproximadamente en un 60%. Lastimosamente por discrepancias en el reconocimiento de costos y gastos de la obra, la empresa Surabastos S.A. desistió en forma unilateral de la terminación de la planta, la que daría solución al manejo de las aguas residuales de los dos proyectos. Se encuentra entonces Mercasur Ltda. a la espera de terminar la planta de tratamiento para brindarle una solución al manejo de las aguas residuales y darle cumplimiento a la obligación impuesta por la CAM, en el momento de expedir la licencia ambiental.

Como se puede deducir la demora en la terminación de la planta básicamente se debe al incumplimiento de la empresa Surabastos S.A., en los acuerdos realizados inicialmente y considero que la responsabilidad en primera instancia debe recaer sobre esta sociedad, pues es entendible que el esfuerzo económico realizado hasta el momento para la ejecución de la planta de tratamiento lo ha efectuado la empresa Mercasur Ltda., quien de no llegar a un acuerdo con Surabastos S.A., se verá forzada a terminar la obra con unas especificaciones sobre dimensionadas para el proyecto “Mercaneiva” pues el diseño y la construcción inicial se efectuó para los dos proyectos.

3. Es conocida por toda la opinión pública, las dificultades de orden social, política y económica que viene atravesando el proyecto, las que han incidido notoriamente en la terminación del mismo, al punto que se encuentra en este momento paralizada la obra, con un adelanto de la misma aproximadamente del 90%. Sabe Usted señor director que este es un proyecto de un alto contenido social y que se espera el apoyo generalizado de todas las instituciones estatales que de una u otra forma tienen incidencia en el desarrollo del mismo y que todos los aspectos inherentes al cumplimiento de obligaciones inciden notoriamente en los costos del mismo, los que finalmente son transferidos a sus propietarios.

Sin embargo, observa la Sala que el recurso de reposición interpuesto por Mercaneiva fue confirmado en todas sus parte mediante Resolución 456 del día 27 de agosto de 1998(129).

Por su parte, la Secretaría de Salud Municipal - Sección de Saneamiento Ambiental efectuó nuevamente una visita a las instalaciones de la plaza minorista Mercaneiva, la cual se hizo constar en Acta 004 del 29 de mayo de 1998(130), donde se hicieron las siguientes observaciones:

“1. Se constató que las cunetas de evacuación de aguas servidas de la zona de las heladerías, no existe un escurrimiento total de las aguas, posiblemente por encontrarse taponadas, causando esto molestias sanitarias a las personas que laboran en este lugar.

2. Existe una planta eléctrica que genera demasiado ruido, lo que puede traer problemas de tipo auditivo a las personas que permanecen en este sector.

3. Según versión de los copropietarios y arrendatarios de los locales de Mercaneiva, cuando se presentan cortes de energía eléctrica, se paraliza también el servicio de agua.

Además, el acta sostiene que el día 18 de mayo de 1998 se tomaron 4 muestras de agua en las instalaciones de Mercaneiva para su respectivo análisis, de cuyos resultados se resalta que sobre las muestras tomadas en el tanque de almacenamiento y el aljibe se conceptuó “agua no aceptable microbiológicamente”.

Consecuencia de lo anterior, la Secretaria de Salud recomendó Realizar el mantenimiento de las cunetas de evacuación de aguas servidas, para evitar problemas sanitarios y de taponamiento de las mismas; realizar continuos mantenimientos higiénico-sanitarios al tanque de almacenamiento del agua potable, para evitar la contaminación del agua; evitar el alto ruido generado por la planta de energía eléctrica y dotar el personal de aseo de uniformes, petos, botas y etc, que eviten accidentes de salud ocupacional.

Por otro lado, también obra en el expediente la intervención de la Contraloría Municipal de Neiva, que los días 19 y 24 de junio y 2 de julio de 1998 practicó visita a las instalaciones del proyecto Mercaneiva, “con el fin de verificar y evaluar las quejas presentadas por algunas personas del lugar, que denuncian problemas de contaminación visual, malos olores y otros” y cuyas observaciones y recomendaciones quedaron plasmadas en el oficio O.C.F. 145 de 5 de julio de 1998(131) del cual se resalta lo siguiente:

“—Se pudo observar que la vía de acceso de Surabastos y Mercaneiva se encuentra pavimentada, evitando así la generación de polvo producida por el transitar de los vehículos; en este aspecto se avanzó con referencia a la última visita.

(…)

—Algunas personas que se dedican a la labor de ventas al detal en Surabastos no tienen locales en Mercaneiva; otros teniendo su local en la plaza minorista no aceptaron ser ubicados y prefieren seguir deambulando por el sector o microcentro de la ciudad, generando un aumento de ventas callejeras que no cumplen los requisitos exigidos por la salud pública.

(…)

— Las instalaciones no están totalmente terminadas en la parte exterior.

— Algunos baños están funcionando como es el caso de los que quedan a las entradas número 1 y 9.

— La falta de conciencia ambiental de las personas que allí laboran es palpable, algunos no utilizan los baños que están en servicio haciendo uso de los locales desocupados.

— Las vías peatonales internas son utilizadas como áreas de venta de productos, generando desorden total e incomodidad para los consumidores.

— Existen varios locales desocupados por sus propietarios que prefieren seguir como vendedores ambulantes.

— En época de lluvia se inundan algunos sectores de la plaza según información de las personas que allí trabajan.

— El ruido generado por la planta Diessel (sic) continúa afectando los órganos auditivos de los expendedores y consumidores que allí frecuentan.

— Algunos colectores de residuos sólidos están ubicados en sitios donde existe movimiento peatonal, generando contaminación por los malos olores, (a la entrada de Mercaneiva).

— Algunas cajillas de inspección principalmente las ubicadas en la venta de carne, se rebosan cuando lavan estos locales, por la insuficiencia de drenaje y el taponamiento ocasionado por los residuos sólidos allí depositados.

— El sistema de tratamiento de aguas residuales, no se ha terminado, y la construcción existente se está deteriorando por lo tanto no funciona. Todas estas aguas terminan en el rio magdalena, sin ningún tratamiento aumentando el grado de contaminación de esta fuente.

Posteriormente, el 20 de agosto de 1998 la Contraloría Municipal de Neiva emitió el correspondiente análisis jurídico sobre las presuntas irregularidades presentadas en el proyecto Mercaneiva(132), en el sentido de conceptuar:

“Respecto a la Plaza minorista, se pudo establecer como primera medida, que el traslado apresurado de los vendedores de productos alimenticios que anteriormente se encontraban situados en la galería del centro de la ciudad, afectó notoriamente el ingreso de estos, creando un malestar en el sentido de la ubicación, por cuanto las instalaciones no se encontraban terminadas; además este factor puede estar incidiendo en la terminación y entrega de la plaza al Municipio.

Como segunda medida se comprobó el problema económico por el que atraviesa el proyecto, ya que esto ha ocasionado que no se cumpla con algunos compromisos adquiridos a la aprobación de la licencia ambiental.

Las inspecciones demuestran algunos problemas latentes, los cuales pueden agravarse si no son corregidos rápidamente, entre los cuales tenemos:

1. Las instalaciones de la plaza en su parte exterior como interior no están totalmente acabadas, lo que constituye que no se esté prestando los servicios de salacuna, aula múltiple, policía, cruz roja y telecom contradiciendo lo estipulado en la licencia ambiental, (…).

2. Se hace necesario una mayor vigilancia, para prevenir que ciertos locales sean utilizados como sanitarios comunales, evitando con ello la generación de malos olores y la contaminación del ambiente; así mismo, un plan de manejo de basuras internas, pues se pudo verificar ciertas clases de sustancias con olores ofensivos, producto de la recolección de basuras en la única zona destinada para ello, por cuanto estas son depositadas en el suelo y en las horas de la tarde son recogidas y recolectadas al containers, generando con ello la incursión de toda clase de animales (aves rapiña, ratas e insectos) y la expansión de sustancias que por sus propiedades organolépticas, composición y tiempo de exposición causan olores desagradables, con esto se busca la calidad y control del aire protegido en la Constitución Política de Colombia (…).

Con relación al container se estima que uno (1) no es suficiente para la recolección de las basuras en la central minorista, y su estructura no cumple con las condiciones dispuestas en la licencia ambiental.

3. Aunque no se pudo constatar durante las dos visitas realizadas al proyecto, se indagó a algunas personas propietarias y copropietarias de los locales, sobre las inundaciones producidas en la época de lluvias, informándonos que hace más de mes y medio no se registran lluvias de gran intensidad, razón por la cual no se ha podido verificar que al sistema de aguas lluvias de la plaza minorista, se le haya realizado algún tipo de labor para el mejoramiento; aquí es de advertir la forma en que se encontraban las cajillas de inspección (rebosadas) razón por la cual se hace necesario se envíe una comisión especializada para que evalúe lo anterior y así determinar que no se violando (sic) el artículo 133 numeral d.

4. En cuanto a la planta de tratamiento de aguas residuales determinado en la licencia ambiental, cabe anotar que esta no se ha terminado y se halla en mal estado, situación por la cual se hace necesario realizar un seguimiento por parte de la oficina de Consolidación Fiscal de este Ente, a fin de cuantificar el estado de la obra y su culminación, ya que se está ocasionando gran contaminación al rio Magdalena, y teniendo en cuenta que la construcción de la planta se debe realizar conjuntamente con Surabastos. Se evidencia el no cumplimiento con la licencia ambiental (…).

5. Cabe resaltar, lo concerniente a la planta diessell (sic) generadora de energía eléctrica, adquirida para subsanar transitoriamente el problema de la falta de energía de la plaza y como es de conocimiento general esta lleva en funcionamiento más de siete meses sin que hasta la fecha se haya superado el problema, agravando más la situación que se está viviendo, por cuanto el servicio es prestado en forma pausada e irregular (3 am - 3 p.m). como consecuencia, los vendedores de la plaza no pueden depositar en las bodegas aptas para refrigeración sus productos, ya que corren el riesgo que se dañen. En lo referente al ruido generado por la planta de tratamiento es preciso que se tomen los correctivos necesarios, por cuanto se está afectando a los vendedores de los locales que se encuentran ubicados en la parte sur oriental de la plaza.

Para su regulación y control existen disposiciones normativas de ruido ambiental, las cuales son establecidas por la autoridad competente, para mantener un nivel permisible de presión sonora, según las condiciones y características de uso del sector, de manera tal que proteja la salud y el bienestar de la población expuesta, dentro de un margen de seguridad; haciendo caso omiso a ella, ya que el ruido generado por la planta es ensordecedor (…).

6. Por último el programa de arborización y empradización del proyecto no se ha realizado por parte de la empresa administradora (Mercasur), siendo imperioso no solo para dar embellecimiento a la plaza sino, en aras de garantizar la proyección del medio ambiente determinado por el Decreto 2278/53 en su artículo 19 (…)

Ahora bien, siguiendo en orden cronológico, la Sala observa que el 29 de agosto de 1998, el Concejo de Neiva profirió el Acuerdo 52, por medio del cual concedió al Alcalde Municipal facultades especiales hasta el 31 de julio de 1999 “para adelantar las gestiones tendientes al estudio, diseño, financiación, licitación y construcción de los proyectos que se deben ejecutar en los lotes de la Antigua Galería Central (…)”.

Finalmente, la Sala observa que las autoridades del orden nacional también tuvieron conocimiento de las anormalidades presentadas en el desarrollo del proyecto de construcción y puesta en funcionamiento de la plaza de mercado minorista “Mercaneiva”. Al respecto obra copia del oficio de fecha 7 de enero de 1999, por medio del cual el Ministerio de Salud dio respuesta al derecho de petición presentado por copropietarios, arrendatarios y usuarios de “Mercaneiva o Mercasur” el día 17 de diciembre de 1998.

Entonces, la Sala resalta las consideraciones expuestas por el Ministerio de Salud, en los siguientes términos:

“(…) la Central Minorista Mercaneiva presenta múltiples problemas de tipo ambiental, administrativo, jurídico y sanitario, entre otros. Estos tienen que ver con: contaminación atmosférica, disposición de residuos sólidos, disposición de residuos líquidos, disposición de excretas, contaminación sonora, manejo de agua potable, olores, obras inconclusas, deficiencias técnicas en la infraestructura de la edificación y en el suministro de servicios públicos y violación del derecho a la propiedad privada y al trabajo.

Frente a esta situación, es importante tener en cuenta que de conformidad con la Ley 60 de 1993, corresponde al municipio y en especial a la administración municipal, en su carácter de entidad ejecutora principal de las acciones en materia social, dirigir, prestar o participar en la prestación de los servicios directamente, conforme a la Ley, a las normas técnicas de carácter nacional, a las ordenanzas y a los respectivos acuerdos municipales, ejercer la vigilancia y control de las plazas de mercado, centros de acopio, así como ejercer la vigilancia y control del saneamiento ambiental y de los factores de riesgo del consumo.

Ahora bien, entre los documentos aportados a su petición no aparece ninguno que indique asistencia técnica o apoyo de parte de la administración departamental, siendo necesario acudir en primer lugar a esta instancia en virtud de los principios de complementariedad, colaboración, subsidiariedad y concurrencia de que trata la Constitución Política.

Bajo estas condiciones y en aplicación de tales principios, inherentes al carácter unitario de nuestro Estado, esta Dirección General comparte plenamente su propuesta de construir un equipo interdisciplinario e intersectorial que se responsabilice de tramitar con prontitud y juicio las soluciones más convenientes. En todo caso, el liderazgo ha de estar en cabeza de la administración municipal, es decir, del Alcalde y el Consejo. En caso de que estas autoridades no atiendan en debida forma sus requerimientos, ha de acudirse al Departamento y luego a la Nación.

Para viabilizar su petición, estamos remitiendo copia de esta respuesta al Alcalde del municipio de Neiva y al señor Gobernador del Departamento, quienes de acuerdo con sus competencias seguramente harán la convocatoria de dicho equipo, el cual podrá estar conformado por representantes de entidades como el Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Contraloría General de la Nación, Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios, Procuraduría Departamental y Provincial, Corporación Autónoma Regional, Direcciones Departamental y Municipal de Salud, Planeación Municipal, Defensoría Regional del Pueblo y Secretaria de Gobierno municipal, un representante de la Cámara de Comercio y Representantes de los copropietarios de Mercaneiva o Mercosur y de los usuarios.

Este equipo deberá formular planes de acción, planes de contingencia e informes de gestión, así como velar por la implementación de las soluciones que se propongan. Como actividad previa, debe verificar, ampliar y actualizar la información con una visita inspectiva de campo para sustentar los planes a desarrollar.

Todas estas acciones deberán estar lideradas por el nivel municipal como parte del Plan de Atención Básica, en razón de su alcance e impacto sobre la salud pública”.

También en orden cronológico, observa la Sala que el Concejo de Neiva presentó un nuevo informe, de fecha 13 de noviembre de 2002(133), en el cual reconoce el problema social que se suscitó por haberse trasladado a los inquilinos de las galerías del centro y del norte a la plaza minorista Mercaneiva ubicada en el sur de la ciudad, sin que las obras se encontraran totalmente terminadas y con completo incumplimiento del acuerdo 011 de mayo de 1997, incumplimiento que le atribuye a la administración municipal “a través del alcalde de ese entonces Gustavo Penagos, adicionando además que hizo caso omiso a los requerimientos de no traslado de los inquilinos a la plaza minorista del sur hasta tanto no se hubiera construido en su totalidad las obras en mención”.

Adicionalmente, sostiene la Comisión Accidental del Concejo de Neiva que la obra no se culminó en el tiempo previsto, esto es, el 1º de diciembre de 1.997; que los costos de venta de locales o módulos de Mercaneiva están muy por encima de los costos reales de construcción por M2; los terminados y acabados no son de primera calidad, son terminados en pisos rústicos y ladrillo a la vista; a la fecha de presentación del informe (13 de noviembre de 2002) todavía no existían planos modificatorios ni certeza sobre cuál sería el costo final de la obra.

En el mismo sentido refiere inconsistencias presentadas en el proceso de contratación de la obra, que se reflejaron en el incumplimiento:

“Los términos de referencias de la convocatoria en el aspecto técnico, como son las especificaciones técnicas de la obra y planos, no fueron lo suficientemente claros y explícitos, dando origen a posteriores modificaciones en casi la totalidad de los planos y por ende a mayores cantidades de obra u nuevos precios, que elevan el costo de la obra disminuyendo las posibles utilidades de la sociedad, favoreciéndose únicamente la Unión Temporal ECAC. Ltda., que es la constructora de la obra y por último va a ser la favorecida económicamente de la constitución de la sociedad Mercasur Ltda.

4. No existiendo de las especificaciones técnicas, la interventoría solamente tiene como herramienta para la construcción de la plaza minorista el anexo de cantidades de obras y precios unitarios, es decir la discriminación de los ítems sin tener la suficiente claridad en la especificación de cada uno.

5. Podemos darnos cuenta también la preferencia que existe con la entidad constructora quien es la misma que hace parte integral de la sociedad Mercasur Ltda. En el contrato No. 01 suscrito entre Mercasur Ltda y Unión Temporal ECAC. Ltda., en su artículo 4º parágrafo donde se le suprime el pago de los impuestos, tasas y contribuciones fijadas por la ley para esta clase de contratos, estableciéndose que estos deben hacerlos Mercasur Ltda, en otras palabras le recargan estos sobrecostos a Mercaneiva S.A. cuando deberían ser pagados por el contratista.

6. Vemos con mucha preocupación, la supervisión de la interventoría efectuadas a las obras iniciales, posterior a la firma de la promesa de constitución de Mercasur Ltda., (Mayo 28 de 1.997), obras previstas para dar cumplimiento a los aportes de la Unión Temporal ECAC. Ltda., puesto que se tiene conocimiento que la interventoría la efectuó Sota Ltda, sin contrato alguno, y las actas fueron firmadas por personas diferentes a los antes mencionados.

(…)

8. Se observa incongruencia en el contrato de interventoría entre Mercasur Ltda y Sota Ltda., puesto que en su contrato estipula que la fecha de iniciación de la interventoría es del 4 de agosto de 1.997 y que dicho contrato tienen fecha de suscripción o elaboración el 1 de Septiembre de 1.997, en otras palabras casi un mes después de la iniciación de la interventoría, además existiendo incoherencia total con la fecha de iniciación de las obras estipuladas en el contrato de construcción 1 de Junio de 1.997, con la fecha de legalización de dicho contrato 8 de Septiembre de 1.997, notándose por lo anteriormente expuesto la falta de orden lógico y programático entre la parte física de ejecución y la parte jurídica y legal de los contratos, saltando a la vista preguntas tales como: se iniciaron las obras civiles sin haberse firmado dicho contrato ni tampoco haberse firmado el contrato de interventoría son (sic) Sota Ltda., por consiguiente no debieron ser interventoriadas y cuantificadas tales obras en su parte inicial y firmadas por personas distintas a éstos.”

Pruebas Testimoniales.

Por otro lado la Sala encuentra que las conclusiones allegadas en la valoración del material probatorio que antecede coinciden con las declaraciones expuestas por los testimonios obrantes en el plenario, los cuales se citan a continuación:

- Testimonio de Nelson Romero Cárdenas de 13 de noviembre de 2002, quien aseguró conocer a la mayoría de los inquilinos de las dos galerías desde el año 90 o 91, ya que les vendían diferentes objetos a los inquilinos:

“(…) Pues la administración municipal de la época, en cabeza del Dr. Plazas Alcid y Gustavo Penagos, decidieron unilateralmente sacar la galería del centro de Neiva, las dos galerías, aduciendo que ya Neiva había crecido y presentaba congestión en los alrededores donde funcionaban estas galerías. Con el cuento de embellecer a Neiva y construir obras de ornato decidieron arrancar con el proyecto Mercaneiva, que realmente los que conocimos las bondades de este proyecto, no iban en beneficio sino de la administración y sus amigos los contratantes, ya que nunca se pensó en el problema social que se generaba al trasladar a los inquilinos a un sitio donde no se habían terminado las obras como son: electrificación, aguas potables y aguas negras, las vías de acceso no se habían comenzado en el momento de desalojo de los inquilinos de las dos galerías. Es como se puede ver en la actualidad que dicha obra se encuentra abandonada e inconclusa. En la época también se hablaron de los precios que eran inalcanzables para los inquilinos que vivían de lo que hacían en el día; se hablaba de precios por metro cuadrado igual a cualquier construcción en el centro de Neiva, pero realmente quien va y observa, allí lo que se construyó fue un galpón donde iban a trabajar en peores condiciones de donde estaban y las ganancias no alcanzaban cuando estaban en el centro de Neiva para pagar los arrendamientos que eran cómodos (sic) en estas dos galerías, para ir a pagar sumas que para ellos eran exorbitantes, no por arrendamiento sino por compra, añadiéndole administración y servicios públicos”(134).

— Testimonio de Marcos Silva Martínez de 14 de noviembre de 2002, quien ejerció el cargo de asesor para la contratación administrativa en el Municipio de Neiva, en el periodo comprendido del 6 de enero al 15 de junio de 1998 y quien manifestó(135):

“(…) En el ejercicio de ese cargo, fui comisionado para visitar en compañía de un delegado de la Procuraduría General de la Nación, las construcciones de la denominada Central Minorista Mercaneiva. En esa inspección, nos acompañó la ingeniera Olga Patricia González, persona que intervino en el diseño de las instalaciones hidráulicas y sanitarias del proyecto, durante el recorrido realizado con motivo de esa visita, se pudo observar y constatar el estado de la construcción. En ese periodo estaban realizando obras, no contaba instalaciones eléctricas conectadas a la red pública, el abastecimiento de energía para la obra la recibían de una planta diesel que la accionaban en el momento en que requerían de ese fluido. Observamos que las cañerías no descargaban correctamente las aguas servidas, el agua la estaban recibiendo de una conexión provisional hecha de la central Surabastos; en ese mes de marzo, la obra estaba en proceso de construcción, faltaba parte de la cubierta no existían aparatos sanitarios y la vía de acceso de la carretera central a la central minorista también se encontraba en proceso de construcción. Por esos días no existían servicios telefónicos en esa edificación; ya se habían alojado unos pocos comerciantes, los que nos manifestaron las dificultades que tenían por el deficiente servicio de agua y de energía. Se observaban (sic) deficiencia en la instalación de los canales para aguas lluvias, las zonas de parqueo estaban en construcción, esa visita fue realizada en marzo de 1998. Esto, a grandes rasgos. Las instalaciones eléctricas para el servicio de cada local, algunas eran inexistentes, otras estaban simplemente en cajillas sin los aparatos de toma, las áreas dedicadas a oficinas estaban comenzándolas a terminar en lo relacionado a pisos y servicios públicos; el sitio para el tratamiento o deposito final de aguas servidas estaban comenzándolo a construir, está a nivel de excavaciones (…) los c´rcamos(sic) exteriores para lavado de productos de consumo, estaban es proceso de construcción, ninguno de ellos estaba en funcionamiento. La vía que el proyecto contempla como vía de acceso a la central minorista y que hoy denominan autopista sur abastos, no existía ni había sido iniciado el proceso de construcción, en forma regular. El problema del estancamiento de las aguas servidas, en las canaletas de desagüe ocasionaban malos olores, algunas canaletas carecían de las correspondientes rejillas, al preguntar la causa del estancamiento de agua, un comerciante señaló que el problema era aún más grave porque cuando llovía se [rebosaba] y se [extendía] a los pasillos la conclusión que sacamos de acuerdo com (sic) lo que expresó la Ingeniera Olga Patricia González fue de que las pendientes de los ductos de desagüe, eran demasiado bajos y que las aguas lluvias estaban conectadas a los ductos de descarga de aguas negras, de acuerdo con lo que señaló la Ingeniera citada, en el proyecto aparece separada las aguas negras de las aguas lluvias, sin embargo la [evidencia] dada en presencia de lluvias sugiere lo contrario. (…) Al conocer la cantidad de fallas y deficiencias, físicas y de [funcionamiento], yo propuse a la administración solicitar a la Universidad Nacional apoyo para hacer la revisión detallada de toda la construcción y argumenté que al tratarse de una obra de considerable valor, destinada al servicio público y que iba a tener presencia permanente de gran concentración de personas, se debía asegurar que tanto el funcionamiento como la estabilidad fueran efectivas. La Alcaldía realizó la gestión ante la Universidad, el Departamento de Ingeniería Civil de esa Institución [llevó] a dos técnicos; ellos hicieron presencia acá y en compañía de ellos se hizo un [recorrido] por la obra y tanto el técnico en estructuras como el de hidráulica y sanitarias, después de conocer el estado de la obra y las características [físicas] visibles recomendaron que era necesario verificar tanto el cumplimiento de las especificaciones mínimas en [hidráulica] y sanitarias como en estructuras. El Departamento de Ingeniería envió un documento en el que señalaban el tipo de prueba y ensayos que era necesario realizar y el costo que ellos tenían. Yo entregué al Alcalde el documento que la Universidad envió pero él no quiso volver a ocuparse de ese tema. (…) Asistí a unas dos reuniones con el Gerente de Mercaneiva, el alcalde y otros funcionarios. En esas reuniones el tema fundamental era el económico, la deuda de la empresa responsable del proyecto, la falta de dinero para terminar la obra, la no aceptación por parte de los compradores, tanto del precio como de el (sic) estado en que se encontraban los locales. Que los compradores reubicados hasta ese tiempo habían pagado como cuota inicial una mínima cantidad y no volvieron a pagar, en espera de definiciones sobre el proyecto en términos de servicios, de vías de acceso y terminación de la edificación. Los comerciantes que ocupaban locales se [quejaban] por la falta de compradores , por las pésimas condiciones [higiénicas] en la edificación, el administrador o gerente siempre señalaba que no había ninguna demanda por locales. (…)De acuerdo con documentos que conocí, la empresa responsable del proyecto era y es una sociedad de economía mixta, en la que el Municipio de Neiva es poseedor de 49% de las acciones y el socio particular, del 51%. Esa sociedad se denomina Mercasur S.A.,(…) En visitas hechas a las instalaciones de Mercaneiva, se pudo observar que una buena cantidad de comerciantes estaban ubicados en el exterior de la edificación y que debido al gran [hacinamiento] en el área de circulación exterior y por las dificultades que presentaban inundación o estancamiento de las aguas, Mercasur les abrió el portón que comunica a los dos centro comerciales, Surabastos y Mercaneiva, y así una buena parte de comerciantes de productos perecederos pudieron ubicarse en predios de Surabastos para poder [realizar] su actividad comercial.(…) La obra aún no ha sido terminada, se pueden observar averías en la mampostería y pisos, daños en la estructura metálica como tornillos rotos [alabeos] de algunos elementos estructurales que ya se percibían cuando los delegados de la Universidad Nacional realizaron la visita. Esas apreciaciones visuales y determinación de dimensiones de algunos elementos, fueron los que [influyeron] la recomendación de practicar algunas pruebas de calidad y chequeo puntuales de algunos parámetros de diseños. Los problemas con los desagües continúan igual, las deficiencias en la mampostería son más notorias porque hay destrucción de algunas partes, hay filtraciones en placas de entrepisos, las instalaciones telefónicas están en pésimas condiciones. El servicio de agua aún está sometido a racionamiento; la vía de acceso denominada Surabastos aún no ha sido construida. (…) de acuerdo con el informe que conocí emitido por el gerente de Mercasur, sin considerar lo que acabo de señalar en materia de desagües la obra faltante a mediados del año 1999 costaba 2100 millones de pesos, lo que nos está diciendo que la obra sin contar los arreglos o correcciones que resulten necesarios de hacer, tienen un porcentaje grande pendiente por ejecutar (…) esa es una obra cuyos locales los entregaban y entregan sin acabados, especiales, prácticamente en obra negra. En el año 98 yo vendí edificaciones con acabados de primera en sector residencial de Neiva a razón de Quinientos mil pesos metro cuadrado y de acuerdo con lo expresado por los comerciantes de Mercaneiva consultados, el metro cuadrado les salía a más del millón de pesos y decían que las posibilidades económicas de ellos, la mayoría, no les permitían asumir esa carga económica. Los precios comerciales de obra nueva para 1998 se mantuvieron prácticamente iguales aquí en Neiva. (…)”.

Dictámenes Periciales.

Así las cosas, la Sala encuentra que el dictamen del 29 de noviembre de 2001(136), realizado a la Central Minorista Mercaneiva con el objeto de establecer la identificación y estado de la obra, viabilidad comercial del proyecto y desarrollo del mismo, nivel de ocupación de sus instalaciones por propietarios e inquilinos y condiciones ambientales, entre otros, llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Conclusiones y Recomendaciones del Estado Actual de la Obra y (SIC) a Diciembre 24 de 1997.

1. Se observa que el proyecto desde su concepción no fue acorde con la realidad social y económica de la ciudad, lo que se refleja en el fracaso del proyecto.

2. El proyecto como tal es de unas proyecciones interesantísimas, pero nada tiene que ver con la cultura e idiosincrasia de la comunidad neivana.

3. La Central de Mercado Minorista a fecha 24 de diciembre de 1997 no se encontraba apta para el servicio pues no disponía de servicios públicos. La cubierta estaba en proceso de construcción, los locales en la parte interna no estaban terminados, tanto así que a los usuarios no se les permitió entrar, pues fueron ubicados en la parte externa (parqueadero de camiones). Las vías de acceso no estaban construidas, desde la central de Surabastos hasta la Central de Mercado se encontraba a nivel de afirmado (aproximadamente 600 metros).

4. La obra en la actualidad presenta una serie de problemas especialmente generados por la mala calidad de la construcción, mala calidad de los materiales de construcción, el no cumplimiento de especificaciones técnicas mínimas, de drenajes y de abastecimiento de agua potable y el nulo mantenimiento realizado lo que dificulta prestar un servicio de calidad.

5. El sistema de alcantarillado de aguas negras recibe aguas lluvias, que por la deficiencia de los diámetros y pendientes hace rebosar las cajillas de inspección ocasionando inundación en los pisos interiores. Sin presencia de aguas lluvias, debido a las deficientes pendientes y bajo flujo de agua, se presenta sedimentación de sólidos que al descomponerse, generan malos olores.

6. Los muros divisorios de los locales, construidos en ladrillo tipo estructural, se encuentran dilatados por las juntas de mortero, demostrando la mala calidad de esté y de la mano de obra, a tal punto que algunos sectores están totalmente destruidos. No cumplen con especificaciones sismorresistentes por falta de confinación vertical y horizontal.

7. Los pisos internos y externos no presentan pendientes hacia los sumideros, pues en la mayoría se presentan empozamientos creando problemas para su uso.

8. La cubierta (Tejas) presentan problemas de anclaje a la estructura, faltan elementos de amarre, los canales presentan deficiencias en cuanto a pendientes, uniones, distancia entre apoyos y calibre de la lámina utilizada.

9. Los acabados de la estructura de concreto son bastante deficientes, recubrimientos mínimos de refuerzos, hormigueos, carbonatación del concreto.

10. La calidad de la obra es bastante deficiente, en cuanto a la mano de obra y algunos materiales, se nota irresponsabilidad por parte del contratista - constructor, pues aunque no tenga interventoría, por ética no se pueden hacer obras de tan mala calidad.

11. La construcción no cumple en lo más mínimo las normas existentes para tal fin.

12. Se recomienda a quien corresponde tomar los correctivos necesarios, mediante una política seria de recuperación de la Central de Mercado Minorista Mercaneiva, concertar con los propietarios e inquilinos, las reales necesidades y expectativas de estos.

13. El problema de tipo sanitario y ambiental que se está presentando es motivo suficiente para que las entidades encargadas del control establezcan sanciones a la Central y hasta ordenen su clausura.

14. A diciembre de 1997 carecía, toda la edificación de servicios sanitarios, carecía de energía de la red pública, no disponía de servicios de gas no teléfono, por lo que realmente no era apta para destinarla al uso comercial.

(…)

Conclusiones y Recomendaciones de la Viabilidad Comercial y Estado de Desarrollo del Proyecto.

Actualmente al indagar sobre las posibles causas de no aceptación de ocupación de la nueva plaza minorista, se concluye que las principales son:

a. Exagerado costo de los locales.

b. Pésimas condiciones de la prestación de servicios públicos.

c. Deficiencia del transporte público.

d. Temor al fracaso en sus negocios.

e. Malas condiciones higiénicas.

f. Vías de acceso insuficientes.

El proyecto no nace de una necesidad sentida de la comunidad, sino como un negocio netamente lucrativo, esto se puede notar en los precios de venta de cada uno de los locales los cuales oscilaban entre $700.000 y $1.500.000 por metro cuadrado.

El índice de ocupación actual de la Central de Mercado Minorista Mercaneiva no supera el 14.47% en la parte interna. Las zonas aledañas a la zona de cargue y descargue y de parque de Surabastos están ocupadas por muchos vendedores.

Nivel De Ocupación De Sus Instalaciones Por Propietarios E Inquilinos.

Con base en los listados de fecha 18 de junio de 1999 (ver anexo 7) suministrados por la señora Luz María Nubia Jiménez, Administradora Mercaneiva S.A., se pudo determinar el porcentaje de locales vendidos y disponibles en la Central de Mercado Minorista Mercaneiva en la actualidad. Dicha información fue la más reciente que se pudo obtener ya que la entidad encargada “Mercasur”, no la suministró oficialmente, a pesar de habérsela solicitado por escrito.

Total Locales: ……………………. ... 2.682

Total Locales Vendidos:…….........…1.579

Total Locales Disponibles:….............1.103

% Locales Vendidos: (1.579/2.682)*100

: 58.87%

% Locales Disponibles: (1.103/2.682)*100

: 41.13%

(…)

Conclusiones y Recomendaciones de Condiciones Ambientales y Sanitarias.

Los problemas detectados en la Central de Mercados Minorista de Neiva S.A., Mercaneiva S.A., repercuten en las diferentes zonas de influencia, con intensidades que van de mayor a menor dependiendo de si se trata del área de influencia local, municipal, departamental, regional o nacional. La mayor afectación la padecen los propietarios de los locales, quienes han visto reducidos sus ingresos mensuales en más de un 80%, desde su desalojo de la Galería Central hasta la fecha.

La aplicación de la “Metodología para la identificación del problema, efectivamente mostró como resultado de las dificultades de diferente índole que hacen inviable el proyecto, como Plaza de Mercado Minorista, única para la ciudad de Neiva con sus 350.000 habitantes, corresponden a:

1. Incumplimiento del cronograma de trabajo (Plazo inicial).

2. Anarquía y autoritarismo del contratista - constructor, de acuerdo con las comunicaciones de la interventoría.

3. Falta de interventoría en los dos primeros meses de la construcción, cuan (sic) definieron la distribución de la planta e hicieron el replanteo.

4. Inobservancia de normas técnicas mínimas.

5. Modificación de planos y especificaciones, de acuerdo con las diferentes comunicaciones de la interventoría.

6. Incumplimiento del contratista y abandono de la obra.

7. Desidia e irresponsabilidad de la Administración Municipal (socio oficial) para tomar las decisiones necesarias, oportunamente para corregir los desfases e inconvenientes a tiempo, no obstante hacer parte de la junta de socios.

8. Irresponsabilidad de la interventoría porque a pesar que en oficios señalaba que el contratista modificaba planos y especificaciones y a que diferentes ítems no cumplía con especificaciones y normas técnicas mínimas, alcanzó a firmar (autorizar) actas por $4.600 millones y permitió continuar sobre las deficiencias y fallas evidentes.

9. La autoridad ambiental, no ha intervenido para hacer cumplir los requisitos o condicionamientos señalados en la resolución de otorgamiento de la licencia ambiental.

10. Las autoridades sanitarias, no han cumplido con sus funciones (Secretaría de Salud Municipal y Departamental) para imponer correctivos en los focos de contaminación local y vertimiento de contaminantes al Río Magdalena.

(…)

A. Estado de Obras Civiles de la Central Minorista Mercaneiva a Diciembre 24 de 1997.

(…) a los comerciantes entre los días 15 de octubre de y 6 de noviembre del presente año, las obras civiles de la Central de Mercado Minorista Mercaneiva a diciembre 24 de 1997no habían concluido totalmente, se encontraban en un alto porcentaje retrasadas en cuanto al total de la obra contemplada en el proyecto general inicial. No estaban adecuadas para funcionar según la naturaleza del proyecto, el estado de funcionamiento de los servicios públicos era prácticamente nulo. El agua era recibida intermitentemente por concesión y colaboración de Surabastos S.A., con muy baja presión, la que impedía la satisfacción de los requerimientos mínimos de aseo y salubridad en los puestos comerciales de atención al público, especialmente en comestibles procesados y cárnicos. El servicio de energía, el contratista lo estaba suministrando mediante un generador autopropulsado, que activaba por periodos especialmente cuando las labores de la construcción las exigía. No existía conexión a la red eléctrica pública, el alcantarillado aunque aparentemente estaba construida la red domiciliaria interna, esta no funcionaba correctamente y por eso los cárcamos y cañuelas se inundaban y en presencia de lluvia se inundaban los pisos internos. Las anteriores circunstancias la hacían no apta para que funcionara en forma higiénica la venta de productos alimenticios ni garantizara la salubridad de quienes a esa actividad se dedicaban o concurrían hacer compras. Para diciembre de 1997, no está en operación el servicio telefónico ni el gas.

La calidad de la construcción es mala. El Consorcio Contratista no tuvo el necesario control de calidad sobre la obra que ejecutaban los subcontratistas los cuales, preocupados por hacer volumen, descuidaron la calidad de lo que estaban haciendo. (…).

En conclusión se pudo determinar que para el 24 de diciembre de 1997, la Central Minorista Mercaneiva no se encontraba apta para funcionar como centro de distribución de alimentos o productos perecederos.

B. Vías de Acceso a Diciembre 24 de 1997

A diciembre 24 de 1997 el acceso único que tenía el proyecto Mercaneiva, era por la carretera al sur con desvío frente a la Central Surabastos y circulación por la vía de acceso que esta Central había construido para su propio servicio. Para esta fecha el tramo de vía frente a Mercaneiva aún carecía de pavimento.

Aproximadamente en el mes de marzo de 1998, se pavimentó el tramo de vía frente a Mercaneiva cuya carpeta asfáltica aún no ha sido terminada.

En la actualidad no han construido otras vías que faciliten el acceso a Mercaneiva. Hasta la fecha hay dificultad en la circulación vehicular por la carretera al sur en el tramo comprendido entre el Río del Oro y el desvío a Surabastos.

La Central de Mercado Minorista Mercaneiva, le fue proyectado la construcción de una vía de acceso que denominaron Autopista Surabastos. Esta vía fue iniciada posteriormente a la fecha de demolición de la Galería Central, con simple descapote. En marzo de 1998, con un avance que no superaba el 2%, fue suspendida toda actividad, como consta en el informe oficial de la Alcaldía de 1998. Las obras fueron reiniciadas en Noviembre de 1998 y hasta la fecha su avance no alcanza el 40% real.

Lo expuesto y la inducción de tráfico por la frecuencia del nuevo polo comercial, generó dificultades en la circulación vehicular por la Carrera 5 entre el Rio del Oro y el cruce a Surabastos, con frecuentes registros de trancones y accidentes, lo que indica que las vías no son suficientes para la magnitud del proyecto ni para la viabilidad de la Central.

C. Obras Civiles Ejecutadas entre Diciembre 24 de 1997 y la Fecha.

después del 24 de diciembre de 1997, el adelanto en la Central Minorista fue mínimo pues sólo se concretó en terminar lo que a 24 de diciembre era extremadamente urgente, tal como complementación de la instalación eléctrica interna, terminación de pisos en mármol en el área de oficinas administrativas, colocación de cerchas, correas y cubierta y reparación de los continuos daños y deficiencias que se presentaban en los servicios de acueducto y desagües los cuales no han funcionada (sic) correctamente.

De acuerdo con el informe rendido por una comisión designada por la Alcaldía, los trabajos fueron totalmente paralizados a partir d marzo de 1998 hasta la fecha. El deterioro de las obras a la fecha es real. No están realizando ninguna actividad dirigida a la terminación del proyecto.

Las dificultades de circulación vial en la vía de acceso, el ambiente de desaseo y de malos olores, por los deficientes drenajes, entre otros, han afectado en gran medida la viabilidad económica y social de la Central y por ende su funcionamiento.

D. Nivel de Ocupación Real de Expendedores de la Central de Mercado Minorista Mercaneiva.

Los días 11 y 18 de noviembre de 2001 el grupo de investigación determinó el nivel de ocupación de propietarios e inquilinos de la Central de Mercado Minorista Mercaneiva mediante un conteo de estos. Se registró manualmente entre las 8:00 a.m. y 10:30 a.m.

Los resultados de la investigación se muestran en el Cuadro 10, en él se resalta la variación del flujo de comerciantes con el tiempo y el relativo bajo número de visitantes a pesar de ser días de mercados (domingo). El número total de expendedores de la central minorista durante las dos horas y medias del conteo fue de aproximadamente 386 expendedores, lo que arroja como resultado un nivel de ocupación de 14.47% expendedores por día.

Locales Ocupados: 388

Nivel de Ocupación Real: (388/2.682)*100

: 14.47%

(…)

Si tenemos en cuenta que a Diciembre de 1997, las Plazas Central y Satélite del Norte albergaban 1309 inquilinos y la capacidad de la Central de Mercado Minorista Mercaneiva es de 2.682 locales, significa que la proyectaron para una capacidad doble a la ocupada en las existentes en esa fecha. Sin embargo por el rechazo al cambio, por la baja capacidad económica de los comerciantes, de acuerdo con información verbal de ellos mismos, máximo un 20%, en principio se ubicó en la nueva plaza.

E. Inquilinos Que Laboraban en la Galería Central y Satélite del Norte de Neiva A Diciembre de 1997.

Según los censos suministrados por las Empresas Públicas de Neiva, administradora de la Galerías, con base en los registros existentes en el mes de junio de 1997 de la Galería Central de Neiva y los de la Galería del Norte con base en los registros del mes de enero de 1997 (ver anexo 13), se pudo determinar que el número de inquilinos eran de:

Galería Central: 845 inquilinos

Galería Satélite del Norte: 464 inquilinos

Total: 1309 inquilinos

Con base en los conteos realizados por el grupo de trabajo, los días 11 y 18 de noviembre de 2001, se pudo determinar el número promedio de expendedores que han ocupado la Central Minorista:

Expendedores en el interior de la Central: 388 aproximad.

Expendedores en la (sic) ubicados en el “reguero” de la Central: 130 aproximad.

Total ocupación en la actualidad: 518 expended.

De acuerdo con esta cifra de ocupación actual, de la cantidad total registrada en las Galerías Central y Satélite del Norte en 1997, solamente el 39.57% estarían ubicados en la Central Minorista Mercaneiva. Actualmente al indagar sobre las posibles causas de no aceptación de ocupación de la nueva plaza minorista, se concluye que las principales son:

a. Exagerado costo de los locales.

b. Pésimas condiciones de la prestación de servicios públicos.

c. Deficiencia del transporte público.

d. Temor al fracaso en sus negocios.

e. Malas condiciones higiénicas.

(…)

G. Costos por Metro Cuadrado para Adquirir Local en la Central Minorista Mercaneiva.

(…) se pudo determinar que el rango en el que oscilaban los costos por metro cuadrado para adquirir un local en la Central Minorista Mercaneiva era de $700.000 y $1.500.000.

Además se pudo determinar por medio de las encuestas personales realizadas que a diciembre 24 de 1997, solamente entregaban locales a título de compra. Actualmente la Central cuanta con expendedores propietarios y arrendatarios a terceros de los locales comerciales”.

7. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”(137) de la responsabilidad del Estado(138) y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(139) y de su patrimonio(140), sin distinguir su condición, situación e interés(141). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la Administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(142); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la Administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(143).

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(144) tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(145) tanto por la acción, como por la omisión.

En estos términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme a lo cual se analizará el caso a resolver.

7.1 Daño Antijurídico.

En relación con el concepto de daño, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que este consiste en la lesión que se causa a una persona en su patrimonio o en su humanidad, es decir, la lesión en sí misma que constituye una alteración en la persona o en su patrimonio, para lo cual acudimos a la definición ofrecida por Hans A. Fischer

“llámase (sic) daño a todo detrimento o lesión que una persona experimenta en el alma, cuerpo o bienes, quienquiera que sea su causante y cualquiera que la causa sea, aunque se lo infiera el propio lesionado o acontezca sin intervención alguna del hombre”(146)

Asimismo, “el daño” configura el primer elemento a estudiar dentro del juicio de responsabilidad, por cuanto su existencia funda la razón de ser del juicio de responsabilidad o, en los términos del profesor Juan Carlos Henao, “el daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil”(147), de manera que sin daño no hay lugar a la responsabilidad patrimonial, por cuanto de él surge la obligación de reparar.

En cuanto al daño antijurídico, este ha sido definido como aquel daño que la persona no está en el deber jurídico o legal de soportar, porque no hay una norma jurídica que le imponga esta obligación, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, con el pago de un tributo legalmente impuesto o la prestación del servicio militar obligatorio, donde el patrimonio de la persona sufre un detrimento o una limitación que se encuentra en el deber jurídico de soportar. Así se ha definido por la jurisprudencia de esta corporación:

“La Sala ha definido, acogiendo doctrina y jurisprudencia españolas, que el daño antijurídico consiste en la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(148).

Y ha precisado:

“Por ello se enseña que la antijuridicidad del perjuicio existe siempre que las leyes no imputen a la propia víctima los efectos de una determinada acción administrativa”(149)

Por su parte, el precedente jurisprudencial constitucional señala que la,

“… antijuridicidad... no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima. De otro lado, la concepción del daño antijurídico a partir de la consideración de que quien lo sufre no está obligado a soportarlo constituye otra forma de plantear el principio constitucional según el cual, la igualdad frente a las cargas públicas es sustento de la actividad de la administración pública”(150).

Así pues, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,

“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”(151).

De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(152).

Así mismo, queda claro que es un concepto constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(153). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(154), anormal(155) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(156).

De manera que, el juicio de responsabilidad inicia con la verificación de la existencia del daño antijurídico, que en el sub judice consiste en la vulneración del derecho al trabajo e indirectamente el principio fundamental de estabilidad en el empleo y al mínimo vital (C.P. art. 53), que hacen parte del núcleo esencial del mismo derecho al trabajo de los miembros de la comunidad comerciante que desarrollaban su actividad en las plazas Central y Satélite Norte de la ciudad de Neiva.

Al respecto, quedó acreditado que los demandantes tenían suscrito contrato de arrendamiento en los puestos de mercado de las plazas Central y Satélite del Norte de la ciudad de Neiva, donde desarrollaron su actividad económica por largo tiempo, esto es, la de expendedores de diferentes clases de productos, actividad de la cual derivaban el sustento mínimo y vital, propio y de sus familias, y que se vio vulnerada con la demolición de dichas plazas y la falta de reubicación de los comerciantes en un lugar idóneo y adecuado para el desarrollo de su labor.

En este punto, sólo resta resaltar que la actividad económica desarrollada por los pequeños expendedores de productos que se encontraban ubicados en las plazas Central y Satélite del Norte de Neiva, halla su protección constitucional en la Carta Magna, principalmente, en el artículo 333, según el cual:

“ART. 333. —La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

7.2 Imputación del daño antijurídico a la responsabilidad del Estado - motivación de la imputación.

En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica(157), en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos criterios de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(158).

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(159), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(160). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(161).

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(162). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(163).

Sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(164). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(165). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(166).

Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(167) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(168) que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(169).

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional indica que “el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección(170) frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(171). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(172).

En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante(173).

Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(174), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede considerarse (…) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(175), y que además debe obedecer a la cláusula del Estado Social de Derecho(176).

Debe plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un sólo criterio de imputación en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede encuadrar en la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos(177), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho; en caso de no poder hacer su encuadramiento en la falla en el servicio, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional.

Asimismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(178) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

7.2.1. Imputación del daño antijurídico en el caso concreto, a la responsabilidad del Municipio de Neiva.

En primer lugar, en cuanto a las plazas de mercado, observa la Sala que éstas son consideradas bienes de uso público, de aquellos mencionados en el artículo 674 del Código Civil, según el cual los “bienes de la Unión” son aquellos cuyo dominio pertenece a la República y se clasifican en bienes patrimoniales o fiscales y en bienes de uso público, éstos últimos considerados como aquellos cuyo dominio se halla en cabeza del Estado pero su uso pertenece a todos los habitantes del territorio y están a su servicio permanente, dentro de los cuales se relacionan las calles, plazas, parques, puentes, caminos, ejidos, etc.

Ahora bien, como bien lo citó el A quo, la Corte Constitucional ha sostenido que “Las plazas de mercado son bienes de uso público, no por el hecho de su destinación a la prestación de un servicio público sino por pertenecer su uso a todos los habitantes del territorio.

También la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido consecuente con tal consideración y, desde ya hace más 60 años, en Sentencia de 26 de septiembre de 1940, expuso que “los bienes del Estado son o de uso público o fiscales. Los bienes de uso público lo son por naturaleza o por el destino jurídico; se rigen por normas legales y jurídicas especiales, encaminadas a asegurar cumplida satisfacción en el uso público”.

Por su parte, el Consejo de Estado ha hecho dos precisiones, en lo atinente a las plazas de mercado; la primera relacionada con la naturaleza de la actividad y, la segunda, referente a los bienes en los cuales se presta el servicio:

i) La actividad de las plazas es un servicio público.

Es incuestionable que la actividad de las plazas de mercado constituye un servicio público del orden municipal, tanto por determinación de la Ley como por reconocimiento jurisprudencial.

Justamente, desde el punto de vista legal, se ha precisado que ello se desprende tanto del numeral 15 del artículo 169 del Código de Régimen Político y Municipal que hoy corresponde al numeral 10º del artículo 93 del Código de Régimen Municipal, como de los artículos 365 y siguientes de la Constitución Política de 1991.

(…)

ii) Los bienes inmuebles en los cuales se presta el servicio de plaza de mercado son bienes de uso público.

Como bien se ha señalado, las plazas de mercado se han entendido como una especie de las plazas enunciadas en los artículos 674 y 1005 del Código Civil, esto es, son bienes de uso público cuando son propiedad del Estado, en especial de los Municipios. De modo que el género es la plaza y la especie es la plaza de mercado, por consiguiente una y otra están revestidas de las características de los bienes de uso público, tales como:

—Que sea del dominio o propiedad del municipio.

—Que exista afectación del mismo al uso público, ya sea formal o de hecho.

Además, las mismas se encuentran cobijadas por los atributos propios de dichos bienes, como son la inembargabilidad, inenajenabilidad e imprescriptibilidad, consagrados en el artículo 63 de la Constitución y en el mencionado artículo 674.

Igualmente, se ha sostenido que para que una plaza de mercado pueda considerarse como bien de uso público, debe estar destinada a la realización de actividades de expendio o venta de víveres o productos de primera necesidad, según se deduce de los artículos 1º y 2º del Decreto 929 del 11 de mayo de 1943, y de la interpretación que ha realizado del mismo la Corte Constitucional en diferentes providencia, en especial en el proceso T-238 de 1993.

La forma de institucionalizar un bien como de uso público depende de dos eventos: a) si es natural, como los ríos o las playas, o b) si es artificial, precisamente, como las plazas de mercado, sobre todo cuando se presta el servicio en recintos cerrados o edificios. En este evento, esto es, en el caso de bienes artificiales, que es el que interesa en el sub lite, se tiene que para que adquiera la categoría de bien de uso público, se requiere su afectación al uso público, la cual consiste en la manifestación de voluntad del Estado, a través de la autoridad competente, por medio de la cual incorpora al uso o goce de la comunidad.

Esa declaración de voluntad puede presentaras de manera formal, es decir, a través de un acto jurídico, o de hechos o comportamientos que indiquen de manera inequívoca la decisión de consagrar el bien de uso público, verbigracia la inauguración de una obra y darla como abierta al público.

Así, la adscripción de un bien a la prestación de un servicio público no determina por sí misma su calidad de bien de uso público, toda vez que esta última se encuentra ligada fundamentalmente al uso del bien por parte de todos los habitantes de un territorio.

Al respecto, se tiene que si bien otros regímenes jurídicos como el Francés reconocen el carácter de bienes de uso público aquellos afectados a un servicio público, también lo es que en Colombia el legislador adoptó el criterio romano(179), en el sentido de calificar el dominio público por el hecho de la utilización a que están destinados los bienes. Es así como la plurimencionada disposición — artículo 674 — dispone que “se llaman bienes de aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión o bienes públicos del Territorio”.

Entonces, la calidad de bien de uso público depende de dos factores: a) que sean construidos en terrenos pertenecientes a una entidad de derecho público y b) que sean destinados al uso común de los habitantes.”(180)

Así las cosas, también debe preverse que “[e]l carácter de bienes de uso público somete a las plazas de mercado a la custodia, defensa y administración por parte de las entidades públicas respectivas. La primera autoridad municipal tiene la facultad legal de adoptar las medidas administrativas que considere indispensables para la adecuada utilización del espacio público en las plazas de mercado, en particular con el fin de garantizar unas condiciones de libre competencia y de salubridad óptimas que propicien la comercialización directa y efectiva por los campesinos de productos de primera necesidad”, lo cual nos lleva a concluir que sí existe en cabeza del municipio de Neiva la obligación de garantizar los derechos de quienes concurren al uso de las plazas de mercado, bien sea en condición de comerciantes — expendedores o en condición de consumidores — compradores.

En el mismo sentido, la Corporación ha señalado que de los artículos 63(181), 82(182), de la Constitución Política se deduce que se consideran bienes de dominio público, los destinados al desarrollo o cumplimiento de las funciones públicas del Estado o los que están afectados al uso común(183).

Ahora bien, en lo que respecta concretamente a las plazas de mercado donde los demandantes desarrollaban su actividad comercial y laboral a título de arrendatarios o adjudicatarios, la Sala encontró acreditado que estas venían influenciando de manera negativa la problemática de salubridad, seguridad, medio ambiente y organización que presentaba la ciudad de Neiva.

En atención a lo anterior, la Sala también advierte que se presentaron diferentes reacciones de la administración municipal en torno a ésta problemática. Es así que en agosto de 1995 la administración municipal constituyó la sociedad anónima y de economía mixta ‘Mercaneiva”, de cuyo objeto social se resaltan la proyección, promoción, creación, puesta en funcionamiento y administración de plazas de mercado, para contribuir a la solución del problema de mercado y comercialización de elementos en Neiva.

Por su parte, el Concejo de Neiva profirió el Acuerdo 036 de 1996 que autorizó al alcalde municipal para suprimir, liquidar o transformar a Empresas Públicas de Neiva, esto es, a la sociedad propietaria de una de las plazas (Plaza Central) y administradora de la otra (Plaza Satélite del Norte - propiedad de Idema).

La alcaldía de Neiva profirió la Resolución 492 de 1996 que cambió la destinación del uso del suelo donde funcionaba la Plaza Satélite del Norte, destinándolo únicamente al desarrollo de proyectos de vivienda unifamiliar y multifamiliar, aunque, bajo la condición de “no desplegar dicho proyecto hasta tanto no se desarrolle el proyecto Mercaneiva”.

Y, finalmente, mediante otro pronunciamiento del Concejo Municipal, se profirió el Acuerdo 011 de 1997, modificatorio del Acuerdo 050 de 1991, en los cuales se varió el uso del suelo donde se encontraba ubicada la Plaza Central. El Acuerdo 050 de 1991, lo destinó para la construcción de un proyecto de uso comercial, y el Acuerdo 011 de 1997 lo modificó en el sentido de destinarlo a la ejecución de un bien o bienes de uso público. Éste también condicionado a la construcción en su totalidad de la plaza de mercado minorista, la cual, según el material probatorio obrante en el plenario se corresponde con la denominada Mercaneiva.

Fue de esta manera que las zonas donde se encontraban ubicadas las plazas de mercado Central y Satélite del Norte cambiaron su destinación, se resalta, siempre condicionadas a la existencia de otro lugar donde los comerciantes que allí desarrollaban su labor fueran reubicados y, a su vez, la administración pudiera garantizar la prestación del servicio público de mercado a la comunidad.

Sobre las medidas así adoptadas, prevé la Sala que el artículo 313 numeral 7º de la Constitución Nacional faculta a los Concejos Municipales para reglamentar el uso del suelo dentro de los límites legales y el Decreto 1333 de 1986, por el cual se expidió el Código de Régimen Municipal, determinó que la administración de los intereses del municipio está a cargo del Concejo(184) e incluyó dentro de las atribuciones de los Concejos Municipales, acordar lo conveniente a la mejora, moralidad y prosperidad del municipio, respetando los derechos de los otros y las disposiciones de la Constitución y las leyes(185).

Por otro lado, el mismo Régimen Municipal dispuso que el alcalde fuera el Jefe de la Administración Pública en el Municipio y el ejecutor de los acuerdos del Concejo, para lo cual cuenta con la dirección de la acción administrativa(186) y tiene entre sus atribuciones, entre otras, el cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos y los decretos que estén en vigor; presentar al Concejo los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del Municipio; sancionar u objetar los acuerdos expedidos por el Concejo y publicarlos en debida forma; inspeccionar con frecuencia los establecimientos públicos del municipio, para que marchen con regularidad e imponer multas, o arresto hasta de seis (6) días, a los que desobedezcan o no cumplan sus órdenes y a los que le falten al debido respecto(187).

Y, Finalmente el Régimen Municipal dispuso que la administración y disposición de bienes inmuebles municipales, incluyendo los ejidos, está sujeta a las normas que dicten los Concejos Municipales(188), por supuesto, con remembranza, de que la sanción, promulgación y ejecución de los acuerdos del Concejo corresponde al Alcalde municipal(189).

Así las cosas es clara la responsabilidad de la administración municipal en lo que respecta a las plazas de mercado, especialmente por su participación en las decisiones que adopta el Concejo Municipal frente a los planes de ordenamiento territorial, disposición de predios y uso del suelo, y en atención a su condición de ejecutor de los acuerdos, todo lo cual, como claramente lo disponen la Constitución Nacional y el Régimen Municipal, debe consultar el interés general, pero, asimismo debe consultar derechos de particulares y la prevención de daños antijurídicos como los que aquí se discuten.

Ahora bien, no puede perderse de vista que la revisión de la actuación administrativa no debe efectuarse desde un punto de vista meramente formal sino que debe ir más allá y abarcar los aspectos finalística que rodearon las decisiones del Concejo y la Administración Municipal, los cuales no son otros que preservar el orden social y ambiental de la ciudad de Neiva y garantizar el ejercicio de los derechos de la comunidad y de los particulares que se beneficiaban del servicio ofrecido por las plazas de mercado.

Y, debe igualmente preverse que el alcalde municipal actúa como director de la satisfacción del interés general o comunitario, en razón a lo cual contaba con la facultad de intervenir e, incluso, sancionar las actuaciones de los particulares que él mismo había instituido para cumplir con el cometido administrativo de reubicación de las plazas de mercado o adelantar acciones efectivas que coaccionaran el cumplimiento de las finalidades fijadas en los acuerdos, decretos y resoluciones municipales.

En el caso concreto quedó plenamente acreditado que la ejecución de las soluciones ofrecidas por la administración municipal a la ciudadanía neivana, no fue eficiente ni eficaz, por el contrario, debido a la falta de estudios técnicos, jurídicos y económicos en los proyectos y actuaciones realizadas, y a la falta de cumplimiento, por parte de la alcaldía, de sus obligaciones reglamentarias y de los compromisos adquiridos con la comunidad, los desarrollos de la administración trajeron mayor desorden y lesionaron el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de quienes desde vieja data desempeñaban una actividad productiva como comerciantes en las plazas de mercado. Como pasa a explicarse:

Al respecto, de los hechos probados la Sala concluye, en primer lugar, que la entrega de la plaza de mercado minorista de la ciudad de Neiva, denominada Mercaneiva y en la cual tendrían cabida todos los distribuidores de las plazas de mercado existentes, se encontraba programada para el mes de diciembre de 1997, mes en el cual se realizaría la reubicación de los comerciantes.

Asimismo, se acreditó que desde julio de 1997 el Idema — propietario de la Plaza Satélite del Norte había celebrado con la sociedad también denominada Mercaneiva (constructora de la plaza de mercado minorista — Mercaneiva) un convenio interadministrativo en el cual la autorizaba para demoler las instalaciones de dicho centro de mercado.

En cuanto a la plaza Central, observa la Sala que el derecho real de dominio sobre dicho bien, el cual se encontraba en cabeza de Empresas Públicas de Neiva, debía cederse al municipio de Neiva, en cumplimiento del Decreto 286 de 1997.

Ahora bien, Mercaneiva no desarrolló la construcción de la plaza de mercado minorista directamente sino que, para el efecto, previa convocatoria pública, se asoció con la Unión Temporal ECAC. Ltda y en agosto de 1997, constituyó la sociedad de economía mixta denominada Mercasur Ltda.

Adicionalmente, en el plenario se acreditó que la administración pública, por medio de la Secretaria de Salud Municipal, efectuó visitas de inspección higiénico sanitarias a las plazas de mercado Central (10 de septiembre de 1997) y Satélite del Norte (5 de noviembre de 1997), en las cuales encontró que dichos establecimientos no reunían los requisitos higiénico sanitarios contemplados en la Ley 9 de 1979 y el Decreto 2333 de 1982, consecuencia de lo cual formuló diferentes recomendaciones y realizó una segunda inspección en cada una de las plazas (10 de noviembre de 1997 y 24 de noviembre de 1997, respectivamente) en la cual verificó que “no se han dado cumplimiento a las recomendaciones impartidas por la Secretaria de Salud Municipal”.

So pretexto de la situación antes descrita, la alcaldía municipal profirió las resoluciones 618 y 619 del 24 de diciembre de 1997, por medio de las cuales ordenó la clausura temporal y total de las plazas Central y Satélite del Norte (respectivamente), medida ésta cuya duración se prolongaría hasta que se establecieran las condiciones óptimas de sanidad, previstas en Ley 9 de 1979 y el Decreto 2333 de 1982. Pero ello no ocurrió así, ya que las plazas de mercado fueron demolidas y los inquilinos que allí ejercían su oficio se vieron arbitrariamente desprovistos de aquel lugar y obligados a reubicarse en la nueva plaza de mercado minorista Mercaneiva cuya obra aún no se encontraba totalmente terminada ni en funcionamiento.

Entonces, en diferentes irregularidades incurrió la administración municipal en esta instancia, la primera de ellas, con la demolición configuró el incumplimiento de los acuerdos municipales y de su propio acto administrativo, pues nótese que las resoluciones que clausuran las plazas de mercado contemplaban una medida temporal, que sólo se prolongaría hasta que se establecieran las condiciones adecuadas de sanidad. Y pública, social y políticamente el alcalde municipal había adquirido el compromiso de no demoler ni permitir la demolición de las edificaciones, hasta tanto no estuviera totalmente terminada la construcción de la central minorista Mercaneiva, como también lo mandaba el Acuerdo 011 de 1997.

Pero, se itera, la administración no cumplió con este deber sino que permitió la demolición y consecuente reubicación de los comerciantes en Mercaneiva / Mercasur sin que ésta estuviera completamente terminada, situación que lejos de solucionar los problemas higiénico sanitarios los incrementó, así como acrecentó los problemas sociales, tales como el desempleo y la venta ambulante e informal.

Entonces, la administración que se encuentra obligada a ofrecer soluciones efectivas a los problemas de la comunidad, lo agravó. En primer lugar porque ordenó el cierre temporal y total de las plazas con la finalidad oculta de demolerlas, de manera que las medidas se ejecutaron con claro incumplimiento de las condiciones establecidas para su realización.

Al respecto, en el acápite de hechos probados pudo observarse que tanto los inquilinos de las plazas, como la personería municipal, la defensoría, el mismo Concejo Municipal y la opinión pública en general, advirtieron a la administración municipal de la imposibilidad de demoler las edificaciones de las plazas de mercado hasta que la construcción de Mercaneiva - Mercasur no se encontrara completamente terminada y en condiciones de habitabilidad y funcionalidad, de manera que se garantizara a sus inquilinos la reubicación de sus puestos de venta, e incluso se solicitó la revisión de las condiciones de reubicación de manera que ésta población no se viera afectada, todo lo cual fue abiertamente desconocido por la alcaldía municipal.

A la sazón, la administración desconoció lo dispuesto por el parágrafo del artículo 42, literal c del Acuerdo 050 de 1991, modificado por el Acuerdo 011 de 1997, emanados del Concejo Municipal, según el cual “La obra u obras contemplada en éste Artículo, no se podrán acometer hasta tanto no se haya construido en su totalidad, puesto al servicio la Plaza Minorista y solucionada la reubicación de la totalidad de los inquilinos de la Plaza de Mercado Central”.

En atención a lo anterior, la Sala recuerda los argumentos expuestos por la Honorable Corte Constitucional en el pronunciamiento que tuvo lugar como consecuencia del desalojo de la Plaza San Pedro de la ciudad de Neiva, efectuado por la alcaldía municipal en cumplimiento del mismo artículo 42 del Acuerdo 50 de 1991, en cuya oportunidad sostuvo que “el Estado en las políticas de recuperación de dicho espacio, debe poner en ejecución mecanismos para que las personas que se vean perjudicadas con ellas puedan reubicar sus sitios de trabajo en otros lugares”(190) e invocando un pronunciamiento anterior reiteró que “(…) el propio Estado, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos vendedores”(191)

Al respecto sostuvo:

“En conclusión, la prevalencia de la obligación del Estado de recuperar el espacio público sobre intereses particulares, no lo exonera del deber de diseñar políticas tendientes a proteger el trabajo de quienes resulten afectados con tales decisiones. Políticas que deben ser eficaces y oportunas.

Las autoridades tendrán que hacer lo que esté a su alcance para lograr ubicar a los vendedores a quienes con anterioridad se le había permitido ocupar parte del espacio público, en sitios donde puedan desarrollar su actividad de manera permanente, sin el temor a ser desalojados, donde puedan ofrecer sus mercancías con las mínimas garantías de higiene y seguridad y donde no causen perjuicios a la comunidad en general”(192).

De manera que en esta oportunidad el Tribunal Constitucional fue claro en señalar que si bien prevalece la obligación del Estado de recuperar el espacio público, ello no lo exonera de proteger los intereses de los particulares:

“El conflicto entre el deber del Estado de recuperar y proteger el espacio público y el derecho al trabajo, ha sido resuelto en favor del primero de éstos, por el interés general en que se fundamenta. Pero se ha reconocido, igualmente, que el Estado en las políticas de recuperación de dicho espacio, debe poner en ejecución mecanismos para que las personas que se vean perjudicadas con ellas puedan reubicar sus sitios de trabajo en otros lugares. Del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo depende la subsistencia de las familias de los vendedores (…). Cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por vendedores (…) titulares de licencias o autorizaciones concedidas por el propio Estado, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos vendedores (…) de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna.”(193)

Entonces, en esta oportunidad la Corte Constitucional, aunque encontró que las autoridades del municipio de Neiva se han preocupado por dar una solución a problemas sociales como los derivados de la ubicación de las plazas de mercado dentro de la ciudad (Centro y Norte), que hicieron necesario variar el uso del suelo en estos lugares, lo cierto es que, “el desalojo de las personas y de sus bienes sin que se les asignara algún sitio para seguir ejerciendo su labor (…) constituye, a juicio de la Sala, un desconocimiento por parte de las autoridades del derecho al trabajo de los vendedores y a realizarlo en condiciones dignas y justas”(194), por lo que consideró que la conducta de la administración municipal:

“(…) vulneró el principio de confianza que debe preceder toda relación entre el administrado y el administrador, por cuanto la administración municipal de Neiva, (…) decidió que en un término perentorio, no acorde con la realidad, se desocupara la zona, para lo cual se dictó un decreto en el que se establecían sitios de reubicación. Solución que nunca se concretó. Esta actitud de la administración, causó perjuicios a los vendedores, toda vez que su desalojo les produjo el cese inmediato y total de su actividad.”(195)

Así las cosas, es claro para la Sala que cada uno de los demandantes legitimados en la causa, ocupaba un puesto dentro de las plazas de mercado demolidas, en ejercicio de un título legítimo otorgado mediante contrato de adjudicación para el desarrollo de su actividad comercial y de su derecho fundamental al trabajo, del cual dependía la subsistencia de sus familias, situación ésta que, de una parte, otorgaba a los comerciantes el derecho a ser reubicados en un lugar donde desempañaran su labor en condiciones dignas y justas, y que a su vez, impone a la administración el deber constitucional de diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación para aquellos particulares que se vieron afectados con sus decisiones, operaciones y hechos administrativos.

Sobre este punto debe igualmente preverse que la Corte Constitucional, en ejercicio de su función integradora de la Constitución Nacional y guardadora de los derechos fundamentales de los administrados, ha reconocido que el derecho al trabajo no comporta una facultad de exigir del Estado la provisión de un cargo o empleo, pero ello no obsta para que la administración al llevar a cabo un proceso de recuperación y mejoramiento del espacio público desconozca las expectativas económicas y sociales de los vendedores que tienen su negocio comercial como fuente exclusiva de ingresos y sustento su núcleo familiar.

“La reubicación o reasignación de puestos de venta en las plazas de mercado sin el respeto a un debido proceso que otorgue igualdad de oportunidades a todos los interesados vulnera directamente el artículo 13 de la Constitución e indirectamente el principio fundamental de estabilidad en el empleo (CP art. 53), el cual hace parte del núcleo esencial del derecho al trabajo”(196).

Asimismo, en reciente pronunciamiento la Corte Constitucional reiteró que “el derecho al trabajo y al mínimo vital constituyen un límite al deber estatal de recuperación del espacio público”(197), de manera que las políticas que en este sentido adoptó la administración pública debían corresponderse con el ejercicio de tales derechos, así como honrar la confianza legítima de los administrados en la administración. En este sentido sostuvo:

“El artículo 82 de la Constitución Política pone en cabeza del Estado el deber de “velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular […]”. Ese deber está fundamentado en el derecho de todos los ciudadanos a acceder libremente y en condiciones de igualdad a los bienes de uso público, sin que al respecto pueda prevalecer el interés de una persona sobre el de la comunidad. (…) Sin embargo, el deber estatal de protección y conservación del espacio público no es absoluto. Su ejercicio tiene límites consagrados en la Constitución, principalmente en los postulados de la confianza legítima, el trabajo y el mínimo vital. (…), cualquier política tendiente a recuperar dichos espacios, que suponga una afectación al goce efectivo de sus derechos, debe adelantarse con plena observancia de la totalidad de los imperativos fundamentales consagrados en la Carta, especialmente aquellos dirigidos a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad con ocasión de su contexto socio-económico, y los postulados que garantizan las expectativas legítimas y el mínimo existencial.

(…) Se ha establecido, en términos generales, que (i) las autoridades no pueden interrumpir arbitrariamente la actividad económica de un comerciante (…) en perjuicio de su confianza legítima y los derechos al trabajo y al mínimo vital, (ii) lo que supone crear una política de recuperación del espacio público proporcional y razonable, que además integre alternativas de reubicación adecuadas(198).”

Así las cosas, la actividad desplegada por la administración municipal de Neiva debió evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas en las condiciones de tiempo modo y lugar en que se adelantaron, bajo interrogantes que permitieran dilucidar: i) Si necesariamente debía llevarse a cabo la demolición en el momento y condiciones en que se efectuó; ii) Sí la búsqueda del embellecimiento y mejorara la zona urbana de Neiva vulneró o no derechos particulares y, en especial, su núcleo esencial, tales como el derecho al trabajo - derecho a la estabilidad laboral y al mínimo vital; iii) Sí las condiciones ofrecidas por la nueva plaza eran óptimas para garantizar el ejercicio de la actividad comercial; iv) Si la medida aplicada obedecía a los principios constitucionales de buena fe, confianza legítima, dignidad humana e igualdad y v) si las medidas adoptadas obedecían a criterios de razonabilidad y proporcionalidad o por el contrario, en las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se dieron, hacían nugatorios los derechos de los afectados.

En síntesis, la Sala encuentra que la actividad administrativa desplegada para el desarrollo de los planes de modificación de uso del suelo, embellecimiento de la ciudad y construcción y puesta en funcionamiento de un único centro de mercado minorista en la ciudad de Neiva, se adelantó con desconocimiento del principio de buena fe y de las reglas que de él emanan, concretamente, de la confianza legítima y del venire contra factum proprium, así como de los principios de dignidad humana e igualdad de una población que en razón a su condición económica se encontraba en estado de vulnerabilidad y, finalmente, vulneró la libertad económica de los demandantes, en cuanto a que estos se desempeñaban como pequeños comerciantes y ejercían una actividad económica libre.

Buena fe, confianza legítima y venire contra factum proprium.

Con relación al principio de buena fe cabe recordar que es uno de los principios generales del derecho, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, el cual gobierna las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos, y que sirve de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor del intérprete y constituye un decisivo instrumento de integración del sistema de fuentes colombiano(199).

Este principio se ha entendido, en términos amplios, como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada y a él deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas, de tal forma que estas resulten congruentes con el comportamiento leal, fiel y honesto que le es exigible a la administración y a los particulares, pero que adquiere un grado mayor de exigencia en tratándose de la autoridad pública, en razón a su poder, posición dominante y garante de las finalidades del Estado y de los derechos de los particulares(200), de manera que la buena fe debe orientar “el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico”(201).

Con esta lógica, es entendible que del principio general de buena fe emanen diferentes reglas o sub-principios, íntimamente relacionados entre sí pero con identidad propia, dentro de los cuales se encuentran la confianza legítima y respeto por el acto propio (venire contra factum proprium).

Ahora bien, en el caso concreto la Sala encontró acreditado que la administración municipal de Neiva, debía velar por el adecuado uso del suelo, la organización y embellecimiento urbano de la ciudad, la prestación del servicio público de las plazas de mercado y el correcto funcionamiento higiénico sanitario de estos establecimientos, en cuyo cumplimiento adoptó diferentes políticas oficiales, entre ellas, la modificación del uso del suelo, la planeación de proyectos de obra pública consistentes en la demolición de las plazas de mercado ubicadas en el Centro y el Norte de la ciudad y la construcción de un nuevo centro de mercado minorista donde se reubicaría la actividad de las plazas demolidas, para lo cual, la misma administración municipal concertó la constitución de dos sociedades comerciales que se encargarían de ejecutar estos planes de mejora urbana.

En reacción a la actividad administrativa antes descrita, la comunidad, los comerciantes que ejercían su labor en las plazas de mercado Central y del Norte, la personaría, la defensoría, la procuraduría y la opinión pública en general, solicitaron a los correspondientes alcaldes, la no demolición de las plazas de mercado hasta tanto no estuviera completamente terminado y en condiciones de funcionabilidad el nuevo centro de mercado minorista Mercaneiva - Mercasur, como lo exigía el parágrafo del artículo 42 del Acuerdo 050 de 1991, modificado por el Acuerdo 11 de 1997. Asimismo, solicitaron al alcalde de Neiva que velara porque las condiciones de venta de los puestos y locales que allí se ofrecían estuvieran al alcance de los inquilinos.

Entonces, como puede observarse en el acápite de hechos probados, fue así que la administración municipal, en repetidas ocasiones, oficialmente se comprometió a no demoler las plazas de mercado hasta tanto no estuviera completamente terminado y en condiciones de funcionabilidad el nuevo centro de mercado minorista Mercaneiva - Mercasur, como correspondía en cumplimiento del parágrafo del artículo 42 del Acuerdo 050 de 1991, modificado por el Acuerdo 11 de 1997, y a proveer a los comerciantes - inquilinos de las plazas objeto de demolición, de las mejores condiciones para adquirir los locales y puestos que se ofrecían en Mercaneiva - Mercasur y así garantizar su efectiva reubicación en la nueva plaza y el debido respeto a los derechos e intereses de les asistían por el hecho de haber ejercido su actividad económica durante un largo periodo de tiempo en las plazas cuya administración ahora se encontraba en cabeza de la alcaldía municipal.

Claramente esta situación generó en los comerciantes de las plazas Central y Satélite del Norte la perspectiva legítima en que serían beneficiarios de la adjudicación de puestos para continuar la venta de sus productos, el ejercicio de su derecho al trabajo y la continuidad en su actividad productiva, en mejores condiciones económicas e higiénicas, aspectos que no se cumplieron tal como se ha dejado reseñado, siendo sorprendidos los ahora actores por la administración con actuaciones totalmente yuxtapuestas a tales expectativas creadas, pues, al fin de cuantas fueron desalojados de las plazas de mercado cuando aún Mercaneiva-Mercasur no se encontraba terminada y trasladados junto con sus mercancías a un lado de la obra que se encontraba inconclusa y sin servicio. Y, sus galerías de origen fueron arbitrariamente demolidas, en lugar de mejorarlas mientras se culminaba la obra nueva, no garantizándoles la continuidad en sus labores para que no perdieran los actores su productividad, en claro detrimento de sus intereses económicos y de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al mínimo vital propio y de sus familias.

Fue de esta manera que la administración municipal desconoció el principio de la confianza legítima(202), sobre el cual se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional en los siguientes términos(203)

“Es éste un principio que debe permear el derecho administrativo, el cual, si bien se deriva directamente de los principios de seguridad jurídica (arts. 1º y 4 de la C.P.), de respeto al acto propio(204) y buena fe (art. 83 de la C.P.), adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y administrado. Es por ello que la confianza en la administración no sólo es éticamente deseable sino jurídicamente exigible.

Este principio se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo tanto, la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la administración, es digna de protección y debe respetarse. Al respecto la Corte ha dicho:

“Este principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia alemana, recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en la Sentencia del 13 de julio de 1965, y aceptado por doctrina jurídica muy autorizada, pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (C.P. art. 83), el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política”(205)

Lo anterior no significa que las autoridades están impedidas para adoptar modificaciones normativas o cambios políticos para desarrollar planes y programas que consideran convenientes para la sociedad. La aplicación del principio de la buena fe lo que significa es que la administración no puede crear cambios sorpresivos que afecten derechos particulares consolidados y fundamentados en la convicción objetiva, esto es fundada en hechos externos de la administración suficientemente concluyentes, que dan una imagen de aparente legalidad de la conducta desarrollada por el particular.

Ahora bien, debe aclararse que la confianza o la buena fe de los administrados no se protegen garantizando la estabilidad de actos u omisiones ilegales o inconstitucionales sino a través de la compensación, no necesariamente monetaria, del bien afectado. Igualmente, este principio tampoco significa “ni donación, ni reparación, ni resarcimiento, ni indemnización, como tampoco desconocimiento del principio de interés general”(206)

Así las cosas, el principio de confianza legítima tendrá tres presupuestos. En primer lugar, la necesidad de preservar de manera perentoria el interés público; en segundo lugar, una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los administrados; por último, la necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad. Por lo tanto, el principio de la buena fe exige a las autoridades y a los particulares mantener una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos a los que se han obligado y una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico, como quiera que “así como la administración pública no puede ejercer sus potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias éticas”(207)

Ahora bien, también con su actuar la administración municipal desconoció el principio que le impone “no ir en contra de sus propios actos” pues el mismo alcalde municipal se comprometió oficial y públicamente a dar pleno cumplimiento al parágrafo del artículo 42 del Acuerdo 50 de 1991, modificado por el Acuerdo 11 de 1997, además, porque era su deber reglamentario y funcional cumplir con esta norma. Y, adicionalmente, las resoluciones por medio de las cuales la Alcaldía de Neiva ordenó el cierre “temporal” y total de las plazas Central y Satélite del Norte, claramente definieron una medida “temporal” que tendría “duración hasta tanto se establezcan las condiciones óptimas de sanidad”, de manera que la voluntad expresada de la administración no era la demolición de las plazas sino su adecuación a las normas sanitarias.

Al respecto, debe observarse que el principio de la buena fe implica un deber de comportamiento que incorpora el respeto al acto propio, el cual inadmite un comportamiento que pese a su licitud resulta contradictorio con la primera conducta realizada. Por ello no se puede ir contra los actos propios.

Se trata entonces, de una limitación al ejercicio de derechos que podrían ser ejercidos lícitamente pero, en las circunstancias concretas del caso resultan una extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

De esta manera, el Consejo de Estado ha sostenido que la doctrina de los actos propios “consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever”(208) y mediante cita de la jurisprudencia española sostuvo:

“La buena fe que debe presidir el tráfico jurídico en general y la seriedad del procedimiento administrativo, imponen que la doctrina de los actos propios obliga al demandante a aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de sus propios actos voluntarios y perfectos jurídicamente hablando, ya que aquella declaración de voluntad contiene un designio de alcance jurídico indudable, manifestado explícitamente, tal como se desprende del texto literal de la declaración, por lo que no es dable al actor desconocer, ahora, el efecto jurídico que se desprende de aquel acto: y que, conforme con la doctrina sentada en sentencias de esta jurisdicción, como las del Tribunal Supremo de 5 de julio, 14 de noviembre y 17 de diciembre de 1963, y 19 de diciembre de 1964, no puede prosperar el recurso, cuando el recurrente se produce contra sus propios actos’ (Sentencia de 22 de abril de 1967. Principio general de la buena fe en el derecho administrativo, Editorial Civitas, Jesús González Pérez, pág. 117 y ss)”.

Por su parte, la Corte constitucional ha señalado:

La administración y el administrado deben adoptar un comportamiento leal en el perfeccionamiento, desarrollo y extinción de las relaciones jurídicas. Este imperativo constitucional no sólo se aplica a los contratos administrativos, sino también a aquellas actuaciones unilaterales de la administración generadoras de situaciones jurídicas subjetivas o concretas para una persona. El ámbito de aplicación de la buena fe no se limita al nacimiento de la relación jurídica, sino que despliega sus efectos en el tiempo hasta su extinción.

13. El principio de la buena fe incorpora la doctrina que proscribe el “venire contra factum proprium, según la cual a nadie le es lícito venir contra sus propios actos. La buena fe implica el deber de observar en el futuro la conducta inicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la seriedad del procedimiento administrativo, la credibilidad del Estado y el efecto vinculante de sus actos para los particulares. La revocatoria directa irregular que se manifieste en la suspensión o modificación de un acto administrativo constitutivo de situaciones jurídicas subjetivas, puede hacer patente una contradicción con el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios, si la posterior decisión de la autoridad es contradictoria, irrazonable, desproporcionada y extemporánea o está basada en razones similares. Este es el caso, cuando la administración, luego de conceder una licencia de funcionamiento a una persona para el ejercicio de una determinada actividad, luego, sin justificación objetiva y razonable, procede a suspender o revocar dicha autorización, con el quebrantamiento consecuente de la confianza legítima y la prohibición de “venir contra los propios actos”“(209).

Así las cosas, la Sala considera que la administración municipal de Neiva, con su actuar contravino sus propias decisiones, en desmedro de intereses particulares.

Dignidad humana e igualdad de una población en estado de vulnerabilidad en razón a su condición económica.

Ahora bien, sobre los particulares que se vieron directamente afectados con las políticas adoptadas por la administración municipal, llama la atención de la Sala su especial situación de vulnerabilidad y debilidad derivada de sus condiciones socio-económicas, pues es un hecho públicamente conocido que las plazas de mercado constituyen “un sistema de intercambio de productos de primera necesidad entre campesinos, productores y usuarios o consumidores”(210) y que quienes confluyen en calidad de vendedores son en su mayoría personas que pertenecen a los sectores más pobres de la población.

Al respecto, aunque en el caso de autos se trata de comerciantes que ejercían su labor en puestos fijos dentro de cada una de las plazas y bajo la modalidad del contrato de adjudicación o arrendamiento, puede la Sala acudir a los prescrito por la Corte Constitucional en atención a los vendedores ambulantes y la protección del espacio público, casos en los cuales ha señalado:

“La especial protección de las personas que se dedican a las ventas ambulantes obedece principalmente a que se encuentran “en situación de especial vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de pobreza o precariedad económica(…)”,lo que implica para el Estado el deber de ejecutar políticas públicas que disminuyan el impacto negativo que trae la ejecución de las políticas públicas de recuperación del espacio público”.

Los requisitos mínimos que debe cumplir toda política pública de recuperación del espacio público deben ser los siguientes: “(i) se han de adelantar siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (ii) deben respetar la confianza legítima de los afectados, (iii) deben estar precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para guardar correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) no se pueden adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas (…) de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su disposición”. En ese orden de ideas, las personas que se dedican al comercio (…) no pueden ser privadas de sus medios de subsistencia, sin que las autoridades les ofrescan mecanismos adicionales por medio de los cuales puedan satisfacer sus necesidades en forma efectiva y con esto, sus derechos fundamentales como la vida, la dignidad, el mínimo vital, la igualdad, el trabajo, entre otros”(211).

En el caso de autos la Sala encuentra que las medidas tomadas por la administración municipal, pretendiendo subsanar deficientes condiciones sanitarias que afectaban la salubridad de los usuarios de las plazas de mercado, las agravó porque de un lado cerró los lugares donde los demandantes desarrollaban su trabajo o actividad económica, sin tener garantizado un sitio adecuado para su continuación, y de otro lado, al no hallarse la nueva plaza en condiciones aptas para la venta de productos minoristas no se logró el fin que se quería y, por el contrario, empeoraron las condiciones sanitarias y se afectó el trabajo de los inquilinos demandantes, disminuyendo sus ingresos o dejando de percibirlos, violándose con tales actos y hechos administrativos sus derechos y garantías constitucionales.

Entonces, la Sala considera que la administración municipal se encontraba en el deber legal y social de mitigar el impacto que sus medidas de embellecimiento urbano de la ciudad generaron en una parte vulnerable de la población neivana, sobre lo cual también es dable acudir a los señalamientos que la Corte Constitucional ha dejado plasmados:

“En desarrollo del deber de las autoridades de luchar por la erradicación de las desigualdades sociales existentes, especialmente de aquellas que están en situación de precariedad económica, existe la obligación de diseñar y ejecutar las políticas públicas que permitan alcanzar una igualdad real y efectiva. Sin embargo, como se dijo anteriormente, estás medidas no pueden ser regresivas ni pueden agravar más la situación de marginación de la población más vulnerable. Lo anterior no significa que al Estado, le esté prohibido adoptar medidas que tengan impactos negativos sobre grupos de especial protección constitucional, sino que cuando con una actuación, política o programa genere tales efectos, se debe asegurar que, en primer lugar, las mismas estén sometidas a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad y, en segundo lugar, que estén acompañadas de otras medidas que contrarresten los impactos negativos.(212)

Sobre este punto también debe preverse que sólo así se logran materializar las condiciones de vida digna que el Estado Social pregona para sus habitantes y que se constituyen como un mandato constitucional y un deber positivo o un principio de acción:

“Al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. La dignidad, como es sabido, equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado colombiano.

Desarrollando los conceptos anteriores, la jurisprudencia constitucional en torno del derecho a la vida ha hecho énfasis en que éste no hace relación exclusivamente a la vida biológica, sino que abarca también las condiciones de vida correspondientes a la dignidad intrínseca del ser humano. Ha tratado entonces del derecho a la vida digna, y se ha referido al sustrato mínimo de condiciones materiales de existencia, acordes con el merecimiento humano, llamándolo mínimo vital de subsistencia”(213).

Vulneración de la libertad económica de los demandantes, en cuanto a que estos se desempeñaban como pequeños comerciantes y ejercían una actividad económica libre.

El modelo de Estado Social de Derecho trae aparejado un nuevo esquema económico que no es otro que el de economía social de mercado, previsto en los artículos 332 y siguientes(214) y, partiendo de la base de que la libertad de empresa, es el motor del desarrollo social, garantiza la iniciativa y participación de los asociados en la vida económica y le impone al Estado, como fin esencial, lograr la participación de todos en ella(215).

La Corte Constitucional ha expresado que la Economía Social de Mercado es un modelo:

“(…) según la cual las reglas de la oferta y la demanda deben estar al servicio del progreso y desarrollo económico de la Nación”(216) y que “ (...) el Estado Constitucional colombiano es incompatible tanto con un modelo del liberalismo económico clásico, en el que se proscribe la intervención estatal, como con modalidades de economía de planificación centralizada en las que el Estado es el único agente relevante del mercado y la producción de bienes y servicios es un monopolio público. En contrario, la Carta adopta un modelo de economía social de mercado, que reconoce a la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la economía, pero que limita razonable y proporcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia económica, con el único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés general”(217).

Dentro de este modelo se consagra la libertad económica, que se define como la facultad que tiene toda persona de tener iniciativa y participar en actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio.

Frente a la naturaleza de la libertad económica, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que no es un derecho fundamental en sí misma,(218) sino que es un derecho subjetivo reconocido a los particulares por motivos de interés público.(219)

En el artículo 333 constitucional se reconocen dos clases de libertad económica: la libertad de empresa y la libre competencia.

Por su parte, la libertad de empresa, también denominada como libre iniciativa privada, consiste en la facultad de las personas de “(…) afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia”(220).

También está definida como: “... [U]na facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio.”(221).

Por lo tanto su objeto es garantizar que los asociados tengan la posibilidad de constituirse como factores de producción de bienes y servicios, para luego ofrecerlos en el mercado en condiciones de igualdad de acceso y participación.

Esta libertad comprende, entre otras garantías:

• La libertad negocial: entendida como la potestad que tienen los agentes económicos para que, en ejercicio de su autonomía dispositiva, celebren los actos que crean necesarios para su concurrencia en el mercado, en condiciones de igualdad con los demás oferentes.(222)

• La libre iniciativa privada: se fundamenta en la libertad de organización de los factores de producción, en la posibilidad de constituir empresas para ejercer actividades económicas y obtener una retribución de ellas.

• La libre canalización: “recursos privados, por la vía del incentivo económico, hacia la promoción de concretos intereses colectivos y la prestación de servicios públicos. En esa posibilidad se aprecia una opción, acogida por el constituyente, para hacer compatibles los intereses privados, que actúan como motor de la actividad económica, con la satisfacción de las necesidades colectivas.”(223)

Ahora bien, la libre competencia consiste en la facultad que tienen todos los asociados de orientar sus esfuerzos y sus factores empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones(224). Su núcleo esencial consiste en la posibilidad de acceso al mercado por parte de los oferentes sin barreras injustificadas(225).

Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario.

La libre competencia económica “es una garantía constitucional de naturaleza relacional, es decir que la satisfacción de la misma depende del ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control de las actuaciones de los agentes que concurren al mercado, con el objeto de evitar que incurran en comportamientos abusivos que afecten la competencia o, una vez acaecidos estos comportamientos, imponer las sanciones que prevea la ley.”(226)

Además esta libertad tiene una protección especial en el artículo 88 de la Constitución, pues permite que se proteja mediante el trámite previsto por la ley para las acciones populares, razón por la cual se puede afirmar que es derecho individual pero simultáneamente es también un derecho colectivo.(227)

Sin embargo, la libertad económica no es absoluta, como no lo es ningún derecho, y por ende puede limitarse. En este sentido, el artículo 333 de la Carta señala los siguientes límites: (i) Las empresas tienen una función social que implica obligaciones; (ii) La libre competencia supone responsabilidad; (iii) La ley delimitará el alcance de la libertad económica si lo exige el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación; y (iv) La intervención de Estado en la economía.

Adicionalmente, la libertad económica se supedita al interés general y a la responsabilidad social, de forma tal que sea compatible con la protección de los bienes y valores constitucionales cuyo desarrollo hace la Carta en relación con las operaciones de mercado(228).

De manera general, puede decirse que la Constitución reconoce a dos sujetos entes como a los únicos que pueden limitar la libertad económica:

El Legislador. En virtud del principio democrático, la limitación a la libertad económica es materia sujeta a reserva de ley, es decir que al legislador le corresponde definir los instrumentos de intervención en la economía, sus límites y la forma de participación de las autoridades públicas en las actividades económicas.(229)

El Ejecutivo. Por mandato del artículo 189-11 superior, el Ejecutivo puede intervenir en la regulación de la economía en ejercicio de sus potestades reglamentaria y de inspección, vigilancia y control.

Sin embargo, su participación debe sujetarse a la ley, es decir, que el Ejecutivo solamente puede concretar administrativamente los elementos previamente definidos y previstos en la ley(230).

Esta participación en la regulación de la economía se encuentra justificada además en la complejidad técnica de los asuntos económicos y en la necesidad de que la regulación sea oportuna, en otras palabras, que se adapte al dinamismo que caracteriza a las relaciones económicas.(231)

La participación en el mercado está destinada a la satisfacción de los derechos constitucionales de sus participantes, en especial de los consumidores, pero la intervención del Estado en la economía tiene como objetivo corregir las desigualdades, inequidades y demás comportamientos lesivos en términos de satisfacción de garantías constitucionales.

En este sentido, en términos convencionales el ejercicio de la competencia en cabeza del Estado de intervenir en la economía debe ejercerse en consonancia y respeto de los Derechos Humanos reconocidos en la Convención así como en el Protocolo de San Salvador.

Este papel del Estado fue autorizado por los artículos 333, 334 y 335 constitucionales, permitiendo limitaciones al libre ejercicio de los derechos de libertad de empresa y a la libre competencia, pero esto no significa que el Estado pueda intervenir de cualquier modo aunque se aduzca que se persigue alcanzar las finalidades señaladas en la Constitución.

La Corte Constitucional(232) menciona los requisitos para que la intervención sea compatible con los preceptos de la Carta Política: “(i) necesariamente debe llevarse a cabo por ministerio de la ley; (ii) no puede afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa; (iii) debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida garantía;(233) (iv) debe obedecer al principio de solidaridad(234); y (v) debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.”(235)

Los criterios de razonabilidad y proporcionalidad se miden a través de un test en el que se evalúa lo siguiente: “(i) si la limitación, o prohibición, persiguen una finalidad que no se encuentre prohibida en la Constitución; (ii) si la restricción impuesta es potencialmente adecuada para conseguir el fin propuesto, y (iii) si hay proporcionalidad en esa relación, esto es que la restricción no sea manifiestamente innecesaria o claramente desproporcionada. Adicionalmente (iv) debe la Corte examinar si el núcleo esencial del derecho fue desconocido con la restricción legal o su operatividad se mantiene incólume”(236).

Y aunque el Estado tenga el poder-deber de intervenir en la actividad económica y de limitar las libertades del artículo 333 de la Carta, se evidencia una restricción más como lo es la que el artículo 84 constitucional al preceptuar que “cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.”

Así las cosas, en los términos antes señalados la Sala concluye que las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaron las medidas de cambio del uso del suelo de la ciudad y embellecimiento urbanístico de Neiva, afectaron el núcleo esencial del derecho a la libertad de empresa y libertad del desarrollo económico que había en cabeza de quienes se desempeñaban como vendedores de las plazas de mercado; asimismo se encuentra que no se atendió al principio de solidaridad y no se correspondió con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

En mérito de lo anterior la Sala encuentra que el daño antijurídico sufrido por los demandantes, esto es, la lesión de su derecho al trabajo, la estabilidad laboral y el mínimo vital, le es fáctica y jurídicamente imputable al Municipio de Neiva y en consecuencia lo condenará al pago de los perjuicios que encuentre acreditados, por cuanto:

“La responsabilidad patrimonial del Estado, en nuestro sistema jurídico, (…) se configura cuando concurren tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión, (…) una acción u omisión imputable al Estado, que se presenta cuando la Administración Pública no satisface las obligaciones a su cargo dentro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que han sido fijadas; y (…) que el daño antijurídico atribuido al Estado sea indemnizable, que exige que éste sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la Administración, esto es, desde una perspectiva negativa, que el daño sufrido por la víctima no se derive de un fenómeno de fuerza mayor o sea atribuible a su conducta negligente.

(…)

La consolidación de la responsabilidad estatal para responder por el daño antijurídico causado por sus agentes, constituye entre otras, manifestaciones de un mayor énfasis de los sistemas jurídicos en este principio que busca garantizar el cumplimiento eficiente de las tareas públicas, (…)”.

8. Reconocimiento y Tasación de Perjuicios

En cuanto al reconocimiento de los perjuicios derivados del daño antijurídico, la Sala encuentra que la demanda los hizo consistir en:

a) El daño emergente que concretó en las mejoras que los inquilinos estaban usufructuando en el momento de la clausura de las galerías Central y Satélite del Norte, perjuicio que como antes se dijo no se reconocerá por cuanto las mejoras reclamadas corresponden al contrato de adjudicación o arrendamiento suscrito entre los demandantes y Empresas Públicas de Neiva.

b) Los Perjuicios morales, peticionados en “el equivalente en pesos de quinientos (500) gramos de oro” para cada uno de los demandantes.

Sobre el concepto de perjuicio moral, debe preverse que éste se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.

Ahora bien, en cuanto a la reparación del daño moral en caso de lesiones al patrimonio económico de la persona, la Sala ha reconocido este tipo de perjuicio inmaterial, siempre que el mismo se encuentre probado. En Sentencia del 5 de octubre de 1989, explicó:

“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por éstos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”(237).

Y en Sentencia del 13 de abril de 2000, la Sala dijo:

“El desarrollo del tema en la jurisprudencial nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(238)(239).

En el caso de autos, a pesar de que el testigo Romero Cárdenas manifestó haber oído comentar “que otros compañeros, en palabras de ellos, casi que deprimidos por el desalojo están en grave situación y otros muertos. Realmente fueron golpeados moralmente [porque] era su única fuente de ingresos”, lo cierto es que esta manifestación no es suficiente para acreditar con certeza la existencia del perjuicio moral en cabeza de cada uno de los demandantes, consecuencia de lo cual la Sala se ve obligada a negar y revocar el reconocimiento del daño moral solicitado por los demandantes y otorgado por el A quo.

c) El lucro cesante, en el sub examine se hizo consistir “en los ingresos o el usufructo dejado de percibir por cada uno de los demandantes, desde el momento en que fueron arbitraria e indebidamente clausuradas las galerías hasta la fecha en la que posiblemente se efectúe el pago, de acuerdo con las pérdidas mensuales declaradas en el correspondiente punto de los Hechos”.

Ahora bien, teniendo en cuenta que se considera lucro cesante la ganancia o provecho que dejó de reportarse a consecuencia de la concreción del daño antijurídico, la Sala considera probada la existencia de dicho perjuicio en el caso de autos, puesto que de la cadena de hechos probados descrita en el acápite correspondiente resulta evidente inferir que los demandantes sufrieron un detrimento patrimonial, no sólo con la demolición de los establecimientos a través de los cuales ejercían su actividad de vendedores, sino que sus derechos se vieron vulnerados con la carencia de las condiciones adecuadas de reubicación.

Sin embargo, pese a que en el sub judice los demandantes presentaron su solicitud de lucro cesante “de acuerdo con las pérdidas mensuales declaradas en el correspondiente punto de los Hechos”, tales pérdidas no se encuentran debidamente probadas, en tanto que el dictamen pericial allegado para tal fin fue desechado de la valoración probatoria y no obran en el plenario pruebas adicionales que otorguen certeza sobre el quantum de este perjuicio.

Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el reconocimiento del lucro cesante, pero para establecer el quantum indemnizatorio acudirá a los criterios de la equidad(240), teniendo en cuenta que si bien los jueces están sometidos al imperio de la ley, también están facultados para recurrir a la equidad como criterio auxiliar de su actividad, o como criterio único si las partes los habilitan(241), en tratándose de árbitros(242), o si, en los demás casos, el proceso versa sobre derechos disponibles y las partes, siendo plenamente capaces, lo solicitan(243).

Sin embargo, los fallos en equidad, sea que los profieran los jueces o sea que los emitan los árbitros en los casos que proceden, no quedan exentos de estar motivados ni de fundamentarse en las pruebas oportuna y legalmente allegadas al proceso, porque de lo contrario se estaría incurriendo en un fallo en conciencia, los cuales están proscritos en nuestro sistema jurídico.

Sobre lo cual ha dicho la jurisprudencia:

“Pero, ¿Qué es lo que caracteriza a un fallo en equidad?

A juicio de la Sala nada mejor que los dos postulados que atrás se mencionaron para determinar si se rotula con la equidad a una decisión.

En efecto, la providencia será en equidad cuando: a) El juez o el árbitro inaplica la ley al caso concreto porque considera que ella es inicua o que conduce a una iniquidad; b) El juez o el árbitro busca por fuera del ámbito de la ley una solución al caso controvertido.”(244)

Entonces, se repite, ninguna de estas hipótesis supone que el juzgador prescinda de la motivación o de las pruebas porque entonces ya no sería en equidad sino en conciencia y las decisiones de ésta naturaleza están proscritas de nuestro sistema jurídico tal como se deduce de los artículos 29, 116 y 230 superiores(245).

De esta manera la Sala encuentra probados dentro del plenario los siguientes criterios que evidencian la existencia del perjuicio y hacen necesaria su reparación:

1. La Sala considera que la lesión del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y al mínimo vital de los comerciantes que se encontraban laborando en las plazas Central y Satélite del Norte de la ciudad de Neiva, se concretó con la demolición arbitraria que de las plazas de mercado efectúo la administración municipal y con el desconocimiento por parte de la misma autoridad de la obligación de reubicarlos como lo había dispuesto el Consejo Municipal, lo habían sugerido los entes de control, lo habían solicitado los mismos vendedores y públicamente se habían comprometidos los alcaldes de turno, para mitigar el daño de quienes se vieron afectados con el cambio del uso del suelo.

2. Las personas fueron desalojadas de las plazas de mercado en las cuales desarrollaban su actividad económica desde años atrás, lo que evidentemente debió ocasionar una suerte de desestabilización financiera que debe ser reparada.

En últimas, la Sala reconocerá el perjuicio material a título de lucro cesante, principalmente porque la responsabilidad del Estado también encuentra su fundamento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, por lo que la vulneración al trabajo, estabilidad laboral y al mínimo vital y a la libertad económica de los demandantes debe ser reparada, aunque para ello debe tenerse en cuenta que tal vulneración no fue igual en todos los casos, por lo que debe otorgarse un tratamiento diferenciado entre quienes vieron totalmente cercenado su derecho, esto es, los no reubicados, y los reubicados que solo se vieron parcialmente afectados por cuanto continuaron ejerciendo su actividad, aunque parcialmente como consecuencia de las inconsistencias de la obra Mercaneiva - Marcasur.

8.1. Lucro Cesante de quienes no fueron reubicados en la nueva central de mercado minorista Mercaneiva - Mercasur:

La Sala observa que 229 demandantes no aparecen dentro de los listados de locales vendidos en la central de mercado minorista de Mercaneiva - Mercasur y, adicionalmente, encuentra probado dentro del plenario que un gran porcentaje de comerciantes no accedió a ser reubicado en la nueva plaza de mercado, por diversas situaciones.

Así las cosas, en atención a que los demandantes no allegaron una prueba idónea para establecer el valor del ingreso frustrado, la Sala procederá a efectuar la liquidación con base en el salario mínimo mensual vigente para la fecha de esta Sentencia ($616.000.oo), considerando que éste es mayor que aquel establecido para el momento de los hechos, es decir, para el año 1997(246), el cual será incrementado en un 25% correspondiente a prestaciones sociales, para un ingreso base de liquidación total de $770.000.oo.

Por otro lado, para determinar el periodo indemnizatorio la Sala acudirá a la analogía, por cuanto tampoco existe en el plenario una prueba que permita determinar cuánto tiempo tardó cada uno de los demandantes en reestablecer su actividad económica, y acudir a la condena in genere, como lo solicitaron los demandantes, en el caso de autos resulta contrario a la economía procesal e inoficioso, teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha de esta sentencia o hasta la fecha en que se efectuara el incidente de liquidación.

Sobre la analogía debe preverse que ella “es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio juriso razón de ser de la norma. La consagración positiva de la analogía halla su justificación en el principio de igualdad, base a la vez de la justicia, pues, en función de ésta, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual. Discernir los aspectos relevantes de los irrelevantes implica, desde luego, un esfuerzo interpretativo que en nada difiere del que ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar si un caso particular es o no subsumible en una norma de carácter general. La analogía no constituye una fuente autónoma, diferente de la legislación. El juez que acude a ella no hace nada distinto de atenerse al imperio de la ley. Su consagración en la disposición que se examina resulta, pues, a tono con el artículo 230 de la Constitución”.

Así las cosas la Sala acudirá a lo ordenado en el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, que dispuso para los eventos de afectación por causa de obra pública que “los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse (…) la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses”.

Entonces, la norma en cita prevé que frente a los eventos de afectación temporal o definitiva de un inmueble que produce una renta mensual, debe considerarse una compensación por las rentas que dejará de producir, hasta por un periodo máximo de 6 meses.

Así las cosas, la Sala liquidará el lucro cesante de los demandantes que no aparecen en las listas de locales vendidos de Mercaneiva, quienes se infiere que no fueron reubicados, con fundamento en el salario mínimo legal actual y por el periodo de 6 meses, con aplicación en las fórmulas establecidas por la jurisprudencia.

FORMULAS-00637-A
 

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta actualizada.

i= Interés puro o técnico: 0.004867.

n= Número de meses que comprende el período indemnizable.

FORMULAS-00637-B
 

S= $4.676.579.oo

Entonces, corresponde a los demandantes las siguientes indemnizaciones:

 

No.DemandantesMonto indemnizatorio
1Ramiro Abello Plaza$4.676.579.oo
2María del Carmén Álvarez$4.676.579.oo
3María Anatilia Arciniegas Gómez$4.676.579.oo
4Reinaldo Arias Carvajal$4.676.579.oo
5Delfina Arias De Charry$4.676.579.oo
6Georgina Arias de Ramos$4.676.579.oo
7Reinaldo Arias Santos$4.676.579.oo
8Sandra Patricia Arteaga Campos$4.676.579.oo
9Lastenia Arteaga Vda. de Herrera$4.676.579.oo
10María Eugenia Artunduaga Marroquín*$4.676.579.oo
11Jesús Artunduaga Llanos$4.676.579.oo
12Gustavo Ávila$4.676.579.oo
13María Arcelia Benítez Morales$4.676.579.oo
14Judith Bohorquez Ramírez$4.676.579.oo
15Alcibíades Cabrera Mosquera$4.676.579.oo
16Fausto Calderón$4.676.579.oo
17Alicia Cárdenas$4.676.579.oo
18Guillermina Castro Medina$4.676.579.oo
19Raimunda Caviedes Murcia$4.676.579.oo
20Evangelina Ceballes Correa$4.676.579.oo
21Francisco Javier Collazos Epia$4.676.579.oo
22Jorge Eliécer Conde Ipuz $4.676.579.oo
23Gustavo Contreras Suárez$4.676.579.oo
24Isaac Córdoba Córdoba$4.676.579.oo
25Elías Córdoba Córdoba$4.676.579.oo
26Leonel Córdoba Herrán$4.676.579.oo
27Ramiro Córdoba Herrán$4.676.579.oo
28Mario Córdoba Soler$4.676.579.oo
29Ilda María Córdoba de Trujillo$4.676.579.oo
30Alba Cortés$4.676.579.oo
31Cristóbal Cortés $4.676.579.oo
32Diván Cruz Marroquín$4.676.579.oo
33Orfali María Cuadrado de García$4.676.579.oo
34Myriam Cuellar de Arias$4.676.579.oo
35Anarcila Cuellar de Samboní$4.676.579.oo
36Vicente Chacón Cardozo$4.676.579.oo
37Nirza Chaparral$4.676.579.oo
38Célimo Charry Arias$4.676.579.oo
39Dagoberto Charry Arias$4.676.579.oo
40Severiano Charry Arias$4.676.579.oo
41Manuel Charry Arias$4.676.579.oo
42Leonte Chaux Tovar$4.676.579.oo
43Dagoberto Chávarro Olaya$4.676.579.oo
44Bismar Delgado de Huege $4.676.579.oo
45Luis Carlos Delgado Zabala$4.676.579.oo
46Víctor Díaz$4.676.579.oo
47Raquel Díaz de Mosquera $4.676.579.oo
48Luis Henry Díaz Gutiérrez$4.676.579.oo
49María del Carmen Díaz Martínez$4.676.579.oo
50Jesús Reynaldo Durán Moreno$4.676.579.oo
51Jesús Antonio Escobar Moreno$4.676.579.oo
52José María Espinosa Polanía$4.676.579.oo
53Jairo Fierro Acosta$4.676.579.oo
54María Antonia García de Jaramillo$4.676.579.oo
55María Nubia Garzón Hernández$4.676.579.oo
56Flor Marina Gaspar Díaz$4.676.579.oo
57Luz Miria Gómez Suárez$4.676.579.oo
58Mariela González Mesa$4.676.579.oo
59Rubelia González Pimentel$4.676.579.oo
60Visitación Guerrero Gutiérrez$4.676.579.oo
61Leovigildo Guerrero Corredor$4.676.579.oo
62Inés Gutiérrez$4.676.579.oo
63Amparo Gutiérrez de Arenas$4.676.579.oo
64Evelia Gutiérrez de Díaz $4.676.579.oo
65Guillermo Gutierrez Silva$4.676.579.oo
66Aurora Hernández Barrios$4.676.579.oo
67Salomón Herrera$4.676.579.oo
68Arcadio Herrera Arboleda$4.676.579.oo
69Alberto Ipuz$4.676.579.oo
70Arcesio Ipuz Cuenca$4.676.579.oo
71Marceliano Jara Medina$4.676.579.oo
72María Nubia Javela Cadena$4.676.579.oo
73Emma Javela Cadena$4.676.579.oo
74Doris Joven de Aroca$4.676.579.oo
75Agustín Joven González$4.676.579.oo
76Bellamira Lara Ninco$4.676.579.oo
77María Aurora León$4.676.579.oo
78María Delica León Pencue$4.676.579.oo
79María Lidia León Pencue$4.676.579.oo
80María Olga López Chaux$4.676.579.oo
81María Gilma López Peralta$4.676.579.oo
82Rafael Losada Ortíz$4.676.579.oo
83Mercedes Llanos$4.676.579.oo
84Rafael Manchola Fierro$4.676.579.oo
85Rosa Tulia Marroquín de Cruz$4.676.579.oo
86Hermógenes Marroquín Ninco$4.676.579.oo
87Delfina Arias de Charry$4.676.579.oo
88Alfredo Medina Vidarte$4.676.579.oo
89Gloria María Mejía Rubiano$4.676.579.oo
90Irene Mendez de Bravo$4.676.579.oo
91Blanca Flora Mendez Medina$4.676.579.oo
92Rodolfo Menza$4.676.579.oo
93Rosa Tulia Molina de Ibáñez $4.676.579.oo
94Aurora Molina $4.676.579.oo
95Sixta Tulia Monje$4.676.579.oo
96Myriam Mono Losada$4.676.579.oo
97Javier Monroy Zúñiga$4.676.579.oo
98Rafael Desiderio Mora Betancourt$4.676.579.oo
99Flor María Moreno de Ramos$4.676.579.oo
100Luz Mabel Mosquera Benítez$4.676.579.oo
101Valdiry Mosquera Benítez$4.676.579.oo
102Ana Isabel Mosquera Benítez$4.676.579.oo
103Jesús David Mosquera Mosquera$4.676.579.oo
104José Joaquín Mosquera Sánchez$4.676.579.oo
105Martha Lucía Narváez Leuro$4.676.579.oo
106José Ignacio Narváez Tapia$4.676.579.oo
107Graciela Ninco Jacobo$4.676.579.oo
108Mauricio Novoa$4.676.579.oo
109Mercedes Ortíz$4.676.579.oo
110Jaqueline Ossa Caviedes$4.676.579.oo
111María Luz Dary Ossa Caviedes$4.676.579.oo
112Ángel Alberto Oviedo$4.676.579.oo
113Orfelina Oviedo$4.676.579.oo
114Zoila Padilla Tao$4.676.579.oo
115Luis Carlos Patiño$4.676.579.oo
116Cristobalina Perdomo de Conde*$4.676.579.oo
117Lilia Perdomo*$4.676.579.oo
118María Elena Perdomo de Trujillo$4.676.579.oo
119Maricela Perdomo Vargas$4.676.579.oo
120María de Jesús Pérez de Cano$4.676.579.oo
121Aura María Pinzón López$4.676.579.oo
122Elías Quimbaya Escobar$4.676.579.oo
123Rafael Quinayás Inchima*$4.676.579.oo
124Aracely Ramírez de Agudelo$4.676.579.oo
125Judith Ramírez de Trujillo$4.676.579.oo
126Soledad Ramírez Losada$4.676.579.oo
127Micaelina Arcelia Ramírez Sierra$4.676.579.oo
128Jairo Ramírez Zapata$4.676.579.oo
129Miguel Ángel Reyes Perdomo$4.676.579.oo
130Benjamín Rivera$4.676.579.oo
131Uldarico Rodríguez$4.676.579.oo
132Stella Rodríguez Castro$4.676.579.oo
133Dioselina Rojas Camargo$4.676.579.oo
134Marco Fidel Rojas Quimbaya*$4.676.579.oo
135María Inés Rojas Rojas$4.676.579.oo
136Campo Elías Rubiano Chala$4.676.579.oo
137Nieves Rubiano de Motta$4.676.579.oo
138Alba Luz Samboní de Parra*$4.676.579.oo
139Matilde Sánchez de Medina$4.676.579.oo
140Blanca Sánchez Ramírez$4.676.579.oo
141Cecilia Sandoval$4.676.579.oo
142Ángel María Silva Palencia$4.676.579.oo
143Roberto Silva Rivera$4.676.579.oo
144Leonor Silva de Tovar$4.676.579.oo
145Gerardo Solano Perdomo$4.676.579.oo
146Ana Sofía Soler de Córdoba$4.676.579.oo
147Otoniel Soto Bonilla$4.676.579.oo
148Amira Soto de Lache$4.676.579.oo
149Teresa Suárez Cruz$4.676.579.oo
150Luis Arturo Supelano$4.676.579.oo
151Miguel Antonio Tole Lozano$4.676.579.oo
152Alfonso Torres$4.676.579.oo
153Hipólito Torres$4.676.579.oo
154Luisa Rita Tovar de Quesada$4.676.579.oo
155Laura Inés Tovar Bonilla$4.676.579.oo
156María Ninfa Tovar Cortés*$4.676.579.oo
157José Manuel Tovar Núñez*$4.676.579.oo
158Celiano Trujillo$4.676.579.oo
159Carmen Doris Trujillo Galindo*$4.676.579.oo
160Olga Trujillo Morales$4.676.579.oo
161Aideé Uribe*$4.676.579.oo
162Yolanda Uribe$4.676.579.oo
163Ana Ruth Vanegas Molina$4.676.579.oo
164Rosa Virginia Diaz de Vargas$4.676.579.oo
165Olegario Vargas Mejía$4.676.579.oo
166Gloria Vargas Sánchez$4.676.579.oo
167Myriam Vargas Uribe*$4.676.579.oo
168Carmen Velandia Ballesteros$4.676.579.oo
169Hermelinda Vidal de Ramos$4.676.579.oo
170María Nuvia Zúñiga Álvarez*$4.676.579.oo
171Henry Barrero$4.676.579.oo
172María del Socorro Bolaños$4.676.579.oo
173Rogelio Calimán Manrique$4.676.579.oo
174Lucila Camargo de Mejía$4.676.579.oo
175Lucila Cárdenas de Mosquera$4.676.579.oo
176José Enrique Carvajal Tamayo*$4.676.579.oo
177Luz Hazded Carrillo Núñez*$4.676.579.oo
178Alicia Célis de Guzmán$4.676.579.oo
179José Miller Collazos Alarcón$4.676.579.oo
180Amanda Delgado Garzón$4.676.579.oo
181María Everly Delgado Garzón$4.676.579.oo
182Teresa García$4.676.579.oo
183Joaquín González Lugo$4.676.579.oo
184María Elcira de Jesús Guzmán$4.676.579.oo
185Ermides Hernández Barrios*$4.676.579.oo
186Adela Herrera$4.676.579.oo
187Esmilda Ibarra García$4.676.579.oo
188Severiano Ladino$4.676.579.oo
189Carlos Enrique Lozano Trujillo*$4.676.579.oo
190Cenen Martínez Roldán$4.676.579.oo
191Wilson Martínez Vargas$4.676.579.oo
192Elvigia Medina Soto$4.676.579.oo
193Milena Mejía Camargo$4.676.579.oo
194María Genoveva Mina Montenegro$4.676.579.oo
195Miguel Morales Tocora$4.676.579.oo
196Jairo Moya$4.676.579.oo
197Luis Enrique Ortíz Gutiérrez*$4.676.579.oo
198Amira Penagos de Cardozo *$4.676.579.oo
199Hernando Perdomo Perdomo$4.676.579.oo
200Humberto Pérez Mora$4.676.579.oo
201Martha Inés Ramírez Cante$4.676.579.oo
202José Joaquín Rivera Ramírez*$4.676.579.oo
203Gabriela Rodríguez Garzón$4.676.579.oo
204Luz Myriam Rodríguez Rodríguez$4.676.579.oo
205Álvaro Tovar Espinosa*$4.676.579.oo
206Dimas Trujillo Bustos$4.676.579.oo
207Edgar Trujillo Oliveros$4.676.579.oo
208Trinidad Valderrama de Ortíz$4.676.579.oo
209José Gerardo Vidarte Claros$4.676.579.oo
210Beatríz Elena Zambrano de Calderón$4.676.579.oo
211Rosalba Vera de Sánchez$4.676.579.oo
212Vicente Caicedo Pino $4.676.579.oo
213Gricelda Camargo$4.676.579.oo
214Nelly Charry de Sánchez$4.676.579.oo
215Marleny Díaz$4.676.579.oo
216Jorge Arturo Hernández Campos$4.676.579.oo
217Mayerli Ipuz Pérdomo$4.676.579.oo
218José Nel Montenegro Cuéllar$4.676.579.oo
219Mario Ocampo Ramírez$4.676.579.oo
220Gloria Inés Parra Díaz$4.676.579.oo
221Ana Rosa Perdomo$4.676.579.oo
222Olga Lucía Ramos$4.676.579.oo
223Fidel Ríos Losada$4.676.579.oo
224José Elías Tovar Espinosa$4.676.579.oo
225Fidel Antonio Yate Lasso*$4.676.579.oo
226Patricia Losada Ibarra$4.676.579.oo
227Faiber Morales Calderón$4.676.579.oo
228José Arquímedes Rodríguez$4.676.579.oo
229José Domingo Santana$4.676.579.oo

8.2. Lucro Cesante de quienes fueron reubicados en la nueva central de mercado minorista Mercaneiva - Mercasur:

Observa la Sala que dentro del plenario se acreditó que 122 demandantes figuran en el listado de locales vendidos a junio de 1999 en el centro de mercado minorista Mercaneiva Mercasur(247), de donde se infiere que fueron reubicados en el nuevo centro, del cual también quedó probado que sus instalaciones, a la fecha de la demolición no se encontraban totalmente terminadas ni en estado de funcionamiento, por lo cual la Sala reconocerá el perjuicio en cabeza de estos demandantes y, en aplicación de la equidad, lo liquidará teniendo como parámetro objetivo el porcentaje de funcionamiento de la nueva plaza, por cuanto acudir a la condena in genere, como lo solicitaron los demandantes, en el caso de autos resulta contrario a la economía procesal e inoficioso, teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la ocurrencia de los hechos, hasta la fecha de esta sentencia o hasta la fecha en que se efectuara el incidente de liquidación.

Así las cosas, en atención a que los demandantes no allegaron una prueba idónea para establecer el valor del ingreso frustrado, la Sala procederá a efectuar la liquidación con base en el salario mínimo mensual vigente para la fecha de esta sentencia ($616.000.oo), considerando que éste es mayor que aquel establecido para el momento de los hechos, es decir, para el año 1997(248), el cual será incrementado en un 25% correspondiente a prestaciones sociales, para un ingreso base de liquidación total de $770.000.oo.

Entonces, teniendo en cuenta que la experticia técnica concluyó que como consecuencia del atraso en las obras “La mayor afectación la padecen los propietarios de los locales, quienes han visto reducidos sus ingresos mensuales en más de un 80%”, la Sala tomará como porcentaje de pérdida inicial el 80% referido en la experticia; porcentaje del cual partirá para efectuar el reconocimiento del lucro cesante mediante liquidación anual desde el 24 de diciembre de 1997, hasta el 29 de noviembre de 2001 (fecha en que se rindió el dictamen pericial), conforme a lo solicitado por el apoderado de la parte actora en su escrito de apelación.

La liquidación del lucro cesante se efectuará con aplicación de la siguiente fórmula:

FORMULAS-00637-A
 

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta actualizada.

i= Interés puro o técnico: 0.004867.

n= Número de meses que comprende el período indemnizable.

PeriodoIndemnizable%SalarioBase $770.000Valor de la indemnización
24-dic-1997a24-dic-1998
(12meses)
80%$616.000$7.593.118,33(249)
25-dic-1998a24-dic-1999
(11,096meses)
60%$462.000$5.254.176,38(250)
25-dic-1999a24-dic-2000
(11,096meses)
40%$308.000$3.502.784,25(251)
25-dic-2000a29-nov-2001
(11,013meses)
20%$154.000$1.737.938,06(252)
Total$18.088.017,02

En este orden de ideas, corresponde a cada uno de los demandantes reubicados en la central de mercado minorista Mercaneiva - Mercasur, las siguientes sumas:

No.DEMANDANTESREUBICADO
1Luis Alfidio Arias QuesadaNº. 413 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 205 del Cdno. 12 Pruebas)
2Tobías Avilez GonzálezNº. 622Y de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 211 del Cdno. 12 Pruebas)
3Lucrecia Bastidas OrtigozaNº. 1522, 1523, 1524 y 1525 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 229 del Cdno. 12 Pruebas)
4Rosa Benítez De CaviedesNº. 639 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 211 del Cdno. 12 Pruebas)
5María Elcira BonillaNº 939, 940, 941, 942 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 218 del Cdno. 12 Pruebas)
6Anarcila Camacho CollazosNº 218 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 201 del Cdno. 12 Pruebas)
7Nery Campos SalcedoNº 1682 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 233 del Cdno. 12 Pruebas)
8Ligia Cárdenas GonzálezNº 446A de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 206 del Cdno. 12 Pruebas)
9Celmira Castro TorresNº 1028 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 220 del Cdno. 12 Pruebas)
10María Idaly Contreras SuárezNº 324 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 203 del Cdno. 12 Pruebas)
11Beatríz CuellarNº 890 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 217 del Cdno. 12 Pruebas)
12Edgar Cuellar ValenzuelaNº 1514 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 229 del Cdno. 12 Pruebas)
13Gloria Cuellar ValenzuelaNº 1521 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 229 del Cdno. 12 Pruebas)
14Marcos Cuenca CuencaNº 2030 C de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 241 del Cdno. 12 Pruebas)
15Inocencio Culma PimentelNº 526 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 208 del Cdno. 12 Pruebas)
16Carmen Chacón CardozoNº 909 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 217 del Cdno. 12 Pruebas)
17Evaristo Charry OlayaNº 16 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 197 del Cdno. 12 Pruebas)
18Custodia Espinosa de MejíaNº 2357 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 247 del Cdno. 12 Pruebas)
19Pedro María Fierro ValenciaNº 847 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 216 del Cdno. 12 Pruebas)
20Lucy Gasca PalenciaNº 927 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 217 del Cdno. 12 Pruebas)
21Otaín González CaviedesNº 1548 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 230 del Cdno. 12 Pruebas)
22Doris González CharryNº 1484 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 228 del Cdno. 12 Pruebas)
23Soledad González QuizaNº 1207 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 223 del Cdno. 12 Pruebas)
24Efraín GutiérrezNº 207 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 201 del Cdno. 12 Pruebas)
25Rosana Gutiérrez LozadaNº 759 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 214 del Cdno. 12 Pruebas)
26Salomón Hernández BarriosNº 1667 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 232 del Cdno. 12 Pruebas)
27Nidia Lamilla de MosqueraNº 1946 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 239 del Cdno. 12 Pruebas) (Nidia Lamilla Espinosa)
28Patricia del Pilar Lara RodríguezNº 198 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 201 del Cdno. 12 Pruebas)
29Sandra Liliana Lara RodríguezNº 200 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 201 del Cdno. 12 Pruebas)
30Aurora Lizarazo Díaz Nº 8 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 197 del Cdno. 12 Pruebas)
31Fabiola Losada CalderónNº 915 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 217 del Cdno. 12 Pruebas)
32Flor María Lozano de LozanoNº 1920, 1922 y 1924 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 238 del Cdno. 12 Pruebas)
33Fabio Manrique OrtízNº 662 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 211 del Cdno. 12 Pruebas)
34Luis Carlos Marroquín VelásquezNº 1967 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 239 del Cdno. 12 Pruebas)
35Esperanza MartínezNº 71 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 198 del Cdno. 12 Pruebas)
36Yesid Medina CardozoNº 2184 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 244 del Cdno. 12 Pruebas)
37Rafael Méndez MottaNº 182 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 200 del Cdno. 12 Pruebas)
38Jose Antonio Molano CharryNº 204 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 201 del Cdno. 12 Pruebas)
39Agripina Mono QuinteroNº 1663 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 232 del Cdno. 12 Pruebas)
40Rosalba MontealegreNº 1566 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 230 del Cdno. 12 Pruebas)
41Bertha Mosquera de Ramírez *Nº 1117 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 221 del Cdno. 12 Pruebas)
42Ignacio Mosquera Díazfl. 225 1271 ignacio mosquera mosquera
43Orlando Mosquera GonzálezNº 196 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 200 del Cdno. 12 Pruebas)
44Farid Motta Rubiano Nº 2201 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 245 del Cdno. 12 Pruebas)
45Pedro Muñoz RojasNº 944 y 945 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 218 del Cdno. 12 Pruebas)
46María Elvia Narváez de MoraNº 210 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 201 del Cdno. 12 Pruebas)
47Gladys Narváez LeuroNº 1136 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 222 del Cdno. 12 Pruebas)
48Martha Lucía Niño RojasNº 103 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 199 del Cdno. 12 Pruebas)
49Agustina Oviedo de Bautista Nº 165, 221 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 200 del Cdno. 12 Pruebas)
50Carlos PachecoNº 1691 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 233 del Cdno. 12 Pruebas)
51Gloria PerdomoNº 344 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 204 del Cdno. 12 Pruebas)
52María Elena PerdomoNº 1870 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 237 del Cdno. 12 Pruebas)
53Herminia Perdomo de FrancoNº 412 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 205 del Cdno. 12 Pruebas)
54Nury Perdomo de VargasNº 1760 R de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 235 del Cdno. 12 Pruebas)
55Inés Polanía PovedaNº 1011 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 219 del Cdno. 12 Pruebas)
56Mery Ramírez ArceNº 1737 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 234 del Cdno. 12 Pruebas)
57Ana María Ramírez ChantreNº 1128 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 222 del Cdno. 12 Pruebas)
58Mariela Ramírez de BallesterosNº 1569 I de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 230 del Cdno. 12 Pruebas)
59Adriano Ramos CruzNº 1560 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 230 del Cdno. 12 Pruebas)
60María Silvia Ricardo de La TorreNº 1296 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 225 del Cdno. 12 Pruebas)
61Gustavo Rivas CamachoNº 1513 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 229 del Cdno. 12 Pruebas)
62Gloria María RodríguezNº 869F de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 216 del Cdno. 12 Pruebas)
63Bertha Rodríguez de RamírezNº 194 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 200 del Cdno. 12 Pruebas)
64Rosalba SalazarNº 968 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 218 del Cdno. 12 Pruebas)
65María Luz Hélida Sánchez de TrujilloNº 220 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 201 del Cdno. 12 Pruebas)
66Dora Edid Sánchez Díaz *Nº 1129 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 222 del Cdno. 12 Pruebas)
67Cecilia Sánchez PovedaNº 2517 y 2533 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 251 del Cdno. 12 Pruebas)
68Luz Mery SandovalNº 527 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 208 del Cdno. 12 Pruebas)
69Francisco Antonio Santanilla RamonNº 2222 y 2223 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 245 del Cdno. 12 Pruebas)
70María Delcy Silva QuinteroNº 107 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 199 del Cdno. 12 Pruebas)
71Blanca Ligia Tabla MadroñeroNº 1972 B de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 239 del Cdno. 12 Pruebas)
72Laurencia Tique BotacheNº 1156 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 222 del Cdno. 12 Pruebas)
73Amparo Tovar GarcíaNº 869NN y 869P de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 216 del Cdno. 12 Pruebas)
74María Inés Tovar LosadaNº 764 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 214 del Cdno. 12 Pruebas)
75Carmen Trujillo CortésNº 1039 y 1161 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 220 y 222 del Cdno. 12 Pruebas)
76María Stella Trujillo de LosadaNº 228 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 201 del Cdno. 12 Pruebas)
77Miriam Trujillo Morales *Nº 1537 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 230 del Cdno. 12 Pruebas)
78Alexander Trujillo RamírezNº 201 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 201 del Cdno. 12 Pruebas)
79Elvia María Vargas de RodríguezNº 1683 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 233 del Cdno. 12 Pruebas)
80Félix María Vargas GarzónNº 1090 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 221 del Cdno. 12 Pruebas)
81Leonor Vargas SánchezNº 1959 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 239 del Cdno. 12 Pruebas)
82Fabiola Vargas ToledoNº 779 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 214 del Cdno. 12 Pruebas)
83Ulises Yusunguaira SilvaNº 423 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 206 del Cdno. 12 Pruebas)
84Alberto Zapata GutiiérrezNº 364 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 204 del Cdno. 12 Pruebas)
85Olga Cecilia CasilimaNº 1599 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 231 del Cdno. 12 Pruebas)
86Luz Nelly CasilimaNº 1600 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 231 del Cdno. 12 Pruebas)
87Celmira Cruz de OrtízNº 2005 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 240 del Cdno. 12 Pruebas)
88Deicy Cruz Rodríguez *Nº 1843 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 237 del Cdno. 12 Pruebas)
89Pablo Cuenca BahamonNº 2182 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 244 del Cdno. 12 Pruebas)
90Jesús García de MartínezNº 835 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 215 del Cdno. 12 Pruebas)
91Ernesto ManriqueNº 184 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 200 del Cdno. 12 Pruebas)
92Reinaldo MéndezNº 34 y 104 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 197 del Cdno. 12 Pruebas)
93María Oliva Molano SánchezNº 2067 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 242 del Cdno. 12 Pruebas)
94Natividad OrdóñezNº 1143 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 222 del Cdno. 12 Pruebas)
95Cruz Alba Ordóñez de GarcíaNº 1298 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 225 del Cdno. 12 Pruebas) (Cruz Alba Ordoñez Carvajal)
96Pablo Emilio Ortíz RodríguezNº 1820 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 236 del Cdno. 12 Pruebas)
97María Nancy PalmaNº 1928 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 238 del Cdno. 12 Pruebas)
98Pedro Pablo Pantoja CabreraNº 369 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 204 del Cdno. 12 Pruebas)
99Marleny Perdomo de RojasNº 481, 483 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 207 del Cdno. 12 Pruebas)
100Carlos Alberto Pérez Sánchez* Nº 106 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 199 del Cdno. 12 Pruebas)
101Bertha Sofía Rojas de RamírezNº 326N Y 869S de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 203 y 217 del Cdno. 12 Pruebas)
102Consuelo Zapata Casilima*Nº 1614 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 231 del Cdno. 12 Pruebas)
103Ana Mercedes Bautista DíazNº 388 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 205 del Cdno. 12 Pruebas)
104Erasmo Cuellar LosadaNº 604X de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 210 del Cdno. 12 Pruebas)
105Miguel Ángel Herrera Pérdomo Nº 423A de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 206 del Cdno. 12 Pruebas)
106Aurita Herrera Pérdomo Nº 836 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 215 del Cdno. 12 Pruebas)
107Natividad Lara LugoNº 179 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 200 del Cdno. 12 Pruebas)
108Luis Orlando Horta VargasNº 725 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 213 del Cdno. 12 Pruebas)
109Lucelia Labrador Espinosa Nº 1802 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 236 del Cdno. 12 Pruebas)
110Rubén López PeraltaNº 1096 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 221 del Cdno. 12 Pruebas)
111María del Tránsito Lozano De SánchezNº 1847 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 237 del Cdno. 12 Pruebas)
112Mery Penagos NizoNº 1439 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 227 del Cdno. 12 Pruebas)
113Anibal Perdomo MorenoNº 2162 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 244 del Cdno. 12 Pruebas)
114María Aurora Rodríguez HernándezNº 1479 y 1480 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 228 del Cdno. 12 Pruebas)
115María Melida Torres ChalaNº 423N de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 206 del Cdno. 12 Pruebas)
116Carlos Eduardo Torres ChalaNº 762 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 214 del Cdno. 12 Pruebas)
117Bellanira Rodríguez HerreraNº 1180 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 223 del Cdno. 12 Pruebas)
118Josefina Sánchez DíazNº 1696 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 233 del Cdno. 12 Pruebas)
119Joselito Ibáñez FlórezNº 587 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 209 del Cdno. 12 Pruebas)
120Alida Vargas Castro Nº 908 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 217 del Cdno. 12 Pruebas)
121William Pérez Sánchez Nº 205 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 201 del Cdno. 12 Pruebas)
122Magdalena Suárez OrdóñezNº 1145 de listado de locales vendidos en Mercaneiva (Fl. 222 del Cdno. 12 Pruebas)

Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

Finalmente se ordenará compulsar copias a la Contraloría General de la Republica, a la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, para que se investiguen las irregularidades contractuales, puestas de presente por las peritos Claudia Marcela Bonilla Fonseca y Astrid Tamayo Osso, en la experticia practicada el día 29 de noviembre de 2001(253), a la Central Minorista Mercaneiva, así como lo demás que encuentre pertinentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

MODIFICAR, la Sentencia del 21 de noviembre de 2003 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia, y en su lugar:

1. DECLARAR que el Municipio de Neiva es administrativamente responsable de los perjuicios ocasionados a los demandantes con la demolición de las plazas de mercado Central y Satélite del Norte de la ciudad, así como por la falta de adecuación en las condiciones de reubicación en la nueva central de mercado minorista Mercaneiva - Mercasur.

2.. CONDENAR al Municipio de Neiva a pagar por concepto de lucro cesante las siguientes condenas:

a. Grupo de no reubicados:

No.DemandantesMonto indemnizatorio
1Ramiro Abello Plaza$4.676.579.oo
2María del Carmén Álvarez$4.676.579.oo
3María Anatilia Arciniegas Gómez$4.676.579.oo
4Reinaldo Arias Carvajal$4.676.579.oo
5Delfina Arias de Charry$4.676.579.oo
6Georgina Arias de Ramos$4.676.579.oo
7Reinaldo Arias Santos$4.676.579.oo
8Sandra Patricia Arteaga Campos$4.676.579.oo
9Lastenia Arteaga Vda. de Herrera$4.676.579.oo
10María Eugenia Artunduaga Marroquín *$4.676.579.oo
11Jesús Artunduaga Llanos$4.676.579.oo
12Gustavo Ávila$4.676.579.oo
13María Arcelia Benítez Morales$4.676.579.oo
14Judith Bohorquez Ramírez$4.676.579.oo
15Alcibíades Cabrera Mosquera$4.676.579.oo
16Fausto Calderón$4.676.579.oo
17Alicia Cárdenas$4.676.579.oo
18Guillermina Castro Medina$4.676.579.oo
19Raimunda Caviedes Murcia$4.676.579.oo
20Evangelina Ceballes Correa$4.676.579.oo
21Francisco Javier Collazos Epia$4.676.579.oo
22Jorge Eliécer Conde Ipuz $4.676.579.oo
23Gustavo Contreras Suárez$4.676.579.oo
24Isaac Córdoba Córdoba$4.676.579.oo
25Elías Córdoba Córdoba$4.676.579.oo
26Leonel Córdoba Herrán$4.676.579.oo
27Ramiro Córdoba Herrán$4.676.579.oo
28Mario Córdoba Soler$4.676.579.oo
29Ilda María Córdoba de Trujillo$4.676.579.oo
30Alba Cortés$4.676.579.oo
31Cristóbal Cortés $4.676.579.oo
32Diván Cruz Marroquín$4.676.579.oo
33Orfali María Cuadrado de García$4.676.579.oo
34Myriam Cuellar de Arias$4.676.579.oo
35Anarcila Cuellar de Samboní$4.676.579.oo
36Vicente Chacón Cardozo$4.676.579.oo
37Nirza Chaparral$4.676.579.oo
38Célimo Charry Arias$4.676.579.oo
39Dagoberto Charry Arias$4.676.579.oo
40Severiano Charry Arias$4.676.579.oo
41Manuel Charry Arias$4.676.579.oo
42Leonte Chaux Tovar$4.676.579.oo
43Dagoberto Chávarro Olaya$4.676.579.oo
44Bismar Delgado de Huege $4.676.579.oo
45Luis Carlos Delgado Zabala$4.676.579.oo
46Víctor Díaz$4.676.579.oo
47Raquel Díaz de Mosquera $4.676.579.oo
48Luis Henry Díaz Gutiérrez$4.676.579.oo
49María del Carmen Díaz Martínez$4.676.579.oo
50Jesús Reynaldo Durán Moreno$4.676.579.oo
51Jesús Antonio Escobar Moreno$4.676.579.oo
52José María Espinosa Polanía$4.676.579.oo
53Jairo Fierro Acosta$4.676.579.oo
54María Antonia García de Jaramillo$4.676.579.oo
55María Nubia Garzón Hernández$4.676.579.oo
56Flor Marina Gaspar Díaz$4.676.579.oo
57Luz Miria Gómez Suárez$4.676.579.oo
58Mariela González Mesa$4.676.579.oo
59Rubelia González Pimentel$4.676.579.oo
60Visitación Guerrero Gutiérrez $4.676.579.oo
61Leovigildo Guerrero Corredor$4.676.579.oo
62Inés Gutiérrez$4.676.579.oo
63Amparo Gutiérrez de Arenas$4.676.579.oo
64Evelia Gutiérrez de Díaz $4.676.579.oo
65Guillermo Gutierrez Silva$4.676.579.oo
66Aurora Hernández Barrios$4.676.579.oo
67Salomón Herrera$4.676.579.oo
68Arcadio Herrera Arboleda$4.676.579.oo
69Alberto Ipuz$4.676.579.oo
70Arcesio Ipuz Cuenca$4.676.579.oo
71Marceliano Jara Medina$4.676.579.oo
72María Nubia Javela Cadena$4.676.579.oo
73Emma Javela Cadena$4.676.579.oo
74Doris Joven de Aroca$4.676.579.oo
75Agustín Joven González$4.676.579.oo
76Bellamira Lara Ninco$4.676.579.oo
77María Aurora León$4.676.579.oo
78María Delica León Pencue$4.676.579.oo
79María Lidia León Pencue$4.676.579.oo
80María Olga López Chaux$4.676.579.oo
81María Gilma López Peralta$4.676.579.oo
82Rafael Losada Ortíz$4.676.579.oo
83Mercedes Llanos$4.676.579.oo
84Rafael Manchola Fierro$4.676.579.oo
85Rosa Tulia Marroquín de Cruz$4.676.579.oo
86Hermógenes Marroquín Ninco$4.676.579.oo
87Delfina Arias de Charry$4.676.579.oo
88Alfredo Medina Vidarte$4.676.579.oo
89Gloria María Mejía Rubiano$4.676.579.oo
90Irene Mendez de Bravo$4.676.579.oo
91Blanca Flora Mendez Medina$4.676.579.oo
92Rodolfo Menza$4.676.579.oo
93Rosa Tulia Molina de Ibáñez $4.676.579.oo
94Aurora Molina $4.676.579.oo
95Sixta Tulia Monje$4.676.579.oo
96Myriam Mono Losada$4.676.579.oo
97Javier Monroy Zúñiga$4.676.579.oo
98Rafael Desiderio Mora Betancourt$4.676.579.oo
99Flor María Moreno de Ramos$4.676.579.oo
100Luz Mabel Mosquera Benítez$4.676.579.oo
101Valdiry Mosquera Benítez$4.676.579.oo
102Ana Isabel Mosquera Benítez$4.676.579.oo
103Jesús David Mosquera Mosquera$4.676.579.oo
104José Joaquín Mosquera Sánchez$4.676.579.oo
105Martha Lucía Narváez Leuro$4.676.579.oo
106José Ignacio Narváez Tapia$4.676.579.oo
107Graciela Ninco Jacobo$4.676.579.oo
108Mauricio Novoa$4.676.579.oo
109Mercedes Ortíz$4.676.579.oo
110Jaqueline Ossa Caviedes$4.676.579.oo
111María Luz Dary Ossa Caviedes$4.676.579.oo
112Ángel Alberto Oviedo$4.676.579.oo
113Orfelina Oviedo$4.676.579.oo
114Zoila Padilla Tao$4.676.579.oo
115Luis Carlos Patiño$4.676.579.oo
116Cristobalina Perdomo de Conde*$4.676.579.oo
117Lilia Perdomo*$4.676.579.oo
118María Elena Perdomo de Trujillo$4.676.579.oo
119Maricela Perdomo Vargas$4.676.579.oo
120María de Jesús Pérez de Cano$4.676.579.oo
121Aura María Pinzón López$4.676.579.oo
122Elías Quimbaya Escobar$4.676.579.oo
123Rafael Quinayás Inchima*$4.676.579.oo
124Aracely Ramírez de Agudelo$4.676.579.oo
125Judith Ramírez de Trujillo$4.676.579.oo
126Soledad Ramírez Losada$4.676.579.oo
127Micaelina Arcelia Ramírez Sierra$4.676.579.oo
128Jairo Ramírez Zapata$4.676.579.oo
129Miguel Ángel Reyes Perdomo$4.676.579.oo
130Benjamín Rivera$4.676.579.oo
131Uldarico Rodríguez$4.676.579.oo
132Stella Rodríguez Castro$4.676.579.oo
133Dioselina Rojas Camargo$4.676.579.oo
134Marco Fidel Rojas Quimbaya*$4.676.579.oo
135María Inés Rojas Rojas$4.676.579.oo
136Campo Elías Rubiano Chala$4.676.579.oo
137Nieves Rubiano de Motta$4.676.579.oo
138Alba Luz Samboní de Parra*$4.676.579.oo
139Matilde Sánchez de Medina$4.676.579.oo
140Blanca Sánchez Ramírez$4.676.579.oo
141Cecilia Sandoval$4.676.579.oo
142Ángel María Silva Palencia$4.676.579.oo
143Roberto Silva Rivera$4.676.579.oo
144Leonor Silva de Tovar$4.676.579.oo
145Gerardo Solano Perdomo$4.676.579.oo
146Ana Sofía Soler de Córdoba$4.676.579.oo
147Otoniel Soto Bonilla$4.676.579.oo
148Amira Soto de Lache$4.676.579.oo
149Teresa Suárez Cruz$4.676.579.oo
150Luis Arturo Supelano$4.676.579.oo
151Miguel Antonio Tole Lozano$4.676.579.oo
152Alfonso Torres$4.676.579.oo
153Hipólito Torres$4.676.579.oo
154Luisa Rita Tovar de Quesada$4.676.579.oo
155Laura Inés Tovar Bonilla$4.676.579.oo
156María Ninfa Tovar Cortés*$4.676.579.oo
157José Manuel Tovar Núñez*$4.676.579.oo
158Celiano Trujillo$4.676.579.oo
159Carmen Doris Trujillo Galindo*$4.676.579.oo
160Olga Trujillo Morales$4.676.579.oo
161Aideé Uribe*$4.676.579.oo
162Yolanda Uribe$4.676.579.oo
163Ana Ruth Vanegas Molina$4.676.579.oo
164Rosa Virginia Diaz de Vargas$4.676.579.oo
165Olegario Vargas Mejía$4.676.579.oo
166Gloria Vargas Sánchez$4.676.579.oo
167Myriam Vargas Uribe*$4.676.579.oo
168Carmen Velandia Ballesteros$4.676.579.oo
169Hermelinda Vidal de Ramos$4.676.579.oo
170María Nuvia Zúñiga Álvarez*$4.676.579.oo
171Henry Barrero$4.676.579.oo
172María del Socorro Bolaños$4.676.579.oo
173Rogelio Calimán Manrique$4.676.579.oo
174Lucila Camargo de Mejía$4.676.579.oo
175Lucila Cárdenas De Mosquera$4.676.579.oo
176José Enrique Carvajal Tamayo*$4.676.579.oo
177Luz Hazded Carrillo Núñez*$4.676.579.oo
178Alicia Célis de Guzmán$4.676.579.oo
179José Miller Collazos Alarcón$4.676.579.oo
180Amanda Delgado Garzón$4.676.579.oo
181María Everly Delgado Garzón$4.676.579.oo
182Teresa García$4.676.579.oo
183Joaquín González Lugo$4.676.579.oo
184María Elcira de Jesús Guzmán$4.676.579.oo
185Ermides Hernández Barrios*$4.676.579.oo
186Adela Herrera$4.676.579.oo
187Esmilda Ibarra García$4.676.579.oo
188Severiano Ladino$4.676.579.oo
189Carlos Enrique Lozano Trujillo*$4.676.579.oo
190Cenen Martínez Roldán$4.676.579.oo
191Wilson Martínez Vargas$4.676.579.oo
192Elvigia Medina Soto$4.676.579.oo
193Milena Mejía Camargo$4.676.579.oo
194María Genoveva Mina Montenegro$4.676.579.oo
195Miguel Morales Tocora$4.676.579.oo
196Jairo Moya$4.676.579.oo
197Luis Enrique Ortíz Gutiérrez*$4.676.579.oo
198Amira Penagos de Cardozo*$4.676.579.oo
199Hernando Perdomo Perdomo$4.676.579.oo
200Humberto Pérez Mora$4.676.579.oo
201Martha Inés Ramírez Cante$4.676.579.oo
202José Joaquín Rivera Ramírez*$4.676.579.oo
203Gabriela Rodríguez Garzón$4.676.579.oo
204Luz Myriam Rodríguez Rodríguez$4.676.579.oo
205Álvaro Tovar Espinosa*$4.676.579.oo
206Dimas Trujillo Bustos$4.676.579.oo
207Edgar Trujillo Oliveros$4.676.579.oo
208Trinidad Valderrama De Ortíz$4.676.579.oo
209José Gerardo Vidarte Claros$4.676.579.oo
210Beatríz Elena Zambrano de Calderón$4.676.579.oo
211Rosalba Vera de Sánchez$4.676.579.oo
212Vicente Caicedo Pino$4.676.579.oo
213Gricelda Camargo$4.676.579.oo
214Nelly Charry de Sánchez$4.676.579.oo
215Marleny Díaz$4.676.579.oo
216Jorge Arturo Hernández Campos$4.676.579.oo
217Mayerli Ipuz Pérdomo$4.676.579.oo
218José Nel Montenegro Cuéllar$4.676.579.oo
219Mario Ocampo Ramírez$4.676.579.oo
220Gloria Inés Parra Díaz$4.676.579.oo
221Ana Rosa Perdomo$4.676.579.oo
222Olga Lucía Ramos$4.676.579.oo
223Fidel Ríos Losada$4.676.579.oo
224José Elías Tovar Espinosa$4.676.579.oo
225Fidel Antonio Yate Lasso*$4.676.579.oo
226Patricia Losada Ibarra$4.676.579.oo
227Faiber Morales Calderón$4.676.579.oo
228José Arquímedes Rodríguez$4.676.579.oo
229José Domingo Santana$4.676.579.oo

b. Grupo de Reubicados:

No.DemandantesMonto
Indemnizatorio
1Luis Alfidio Arias Quesada$18.088.017,02
2Tobías Avilez González$18.088.017,02
3Lucrecia Bastidas Ortigoza$18.088.017,02
4Rosa Benítez de Caviedes$18.088.017,02
5María Elcira Bonilla$18.088.017,02
6Anarcila Camacho Collazos$18.088.017,02
7Nery Campos Salcedo$18.088.017,02
8Ligia Cárdenas González$18.088.017,02
9Celmira Castro Torres$18.088.017,02
10María Idaly Contreras Suárez$18.088.017,02
11Beatríz Cuellar$18.088.017,02
12Edgar Cuellar Valenzuela$18.088.017,02
13Gloria Cuellar Valenzuela$18.088.017,02
14Marcos Cuenca Cuenca$18.088.017,02
15Inocencio Culma Pimentel$18.088.017,02
16Carmen Chacón Cardozo$18.088.017,02
17Evaristo Charry Olaya$18.088.017,02
18Custodia Espinosa de Mejía$18.088.017,02
19Pedro María Fierro Valencia$18.088.017,02
20Lucy Gasca Palencia$18.088.017,02
21Otaín González Caviedes$18.088.017,02
22Doris González Charry$18.088.017,02
23Soledad González Quiza$18.088.017,02
24Efraín Gutiérrez$18.088.017,02
25Rosana Gutiérrez Lozada$18.088.017,02
26Salomón Hernández Barrios$18.088.017,02
27Nidia Lamilla de Mosquera$18.088.017,02
28Patricia del Pilar Lara Rodríguez$18.088.017,02
29Sandra Liliana Lara Rodríguez$18.088.017,02
30Aurora Lizarazo Díaz$18.088.017,02
31Fabiola Losada Calderón$18.088.017,02
32Flor María Lozano de Lozano$18.088.017,02
33Fabio Manrique Ortíz$18.088.017,02
34Luis Carlos Marroquín Velásquez$18.088.017,02
35Esperanza Martínez$18.088.017,02
36Yesid Medina Cardozo$18.088.017,02
37Rafael Méndez Motta$18.088.017,02
38Jose Antonio Molano Charry$18.088.017,02
39Agripina Mono Quintero$18.088.017,02
40Rosalba Montealegre$18.088.017,02
41Bertha Mosquera de Ramírez*$18.088.017,02
42Ignacio Mosquera Díaz$18.088.017,02
43Orlando Mosquera González$18.088.017,02
44Farid Motta Rubiano $18.088.017,02
45Pedro Muñoz Rojas$18.088.017,02
46María Elvia Narváez de Mora$18.088.017,02
47Gladys Narváez Leuro$18.088.017,02
48Martha Lucía Niño Rojas$18.088.017,02
49Agustina Oviedo de Bautista $18.088.017,02
50Carlos Pacheco$18.088.017,02
51Gloria Perdomo$18.088.017,02
52María Elena Perdomo$18.088.017,02
53Herminia Perdomo de Franco$18.088.017,02
54Nury Perdomo de Vargas$18.088.017,02
55Inés Polanía Poveda$18.088.017,02
56MERY RAMÍREZ ARCE$18.088.017,02
57Ana María Ramírez Chantre$18.088.017,02
58Mariela Ramírez de Ballesteros$18.088.017,02
59Adriano Ramos Cruz$18.088.017,02
60María Silvia Ricardo de La Torre$18.088.017,02
61Gustavo Rivas Camacho$18.088.017,02
62Gloria María Rodríguez$18.088.017,02
63Bertha Rodríguez de Ramírez$18.088.017,02
64Rosalba Salazar$18.088.017,02
65María Luz Hélida Sánchez de Trujillo$18.088.017,02
66Dora Edid Sánchez Díaz*$18.088.017,02
67Cecilia Sánchez Poveda$18.088.017,02
68Luz Mery Sandoval$18.088.017,02
69Francisco Antonio Santanilla Ramon$18.088.017,02
70María Delcy Silva Quintero$18.088.017,02
71Blanca Ligia Tabla Madroñero$18.088.017,02
72Laurencia Tique Botache$18.088.017,02
73Amparo Tovar García$18.088.017,02
74María Inés Tovar Losada$18.088.017,02
75Carmen Trujillo Cortés$18.088.017,02
76María Stella Trujillo de Losada$18.088.017,02
77Miriam Trujillo Morales*$18.088.017,02
78Alexander Trujillo Ramírez$18.088.017,02
79Elvia María Vargas de Rodríguez$18.088.017,02
80Félix María Vargas Garzón$18.088.017,02
81Leonor Vargas Sánchez$18.088.017,02
82Fabiola Vargas Toledo$18.088.017,02
83Ulises Yusunguaira Silva$18.088.017,02
84Alberto Zapata Gutiiérrez$18.088.017,02
85Olga Cecilia Casilima$18.088.017,02
86Luz Nelly Casilima$18.088.017,02
87Celmira Cruz de Ortíz$18.088.017,02
88Deicy Cruz Rodríguez*$18.088.017,02
89Pablo Cuenca Bahamon$18.088.017,02
90Jesús García de Martínez$18.088.017,02
91Ernesto Manrique$18.088.017,02
92Reinaldo Méndez$18.088.017,02
93María Oliva Molano Sánchez$18.088.017,02
94Natividad Ordóñez$18.088.017,02
95Cruz Alba Ordóñez de García$18.088.017,02
96Pablo Emilio Ortíz Rodríguez$18.088.017,02
97María Nancy Palma$18.088.017,02
98Pedro Pablo Pantoja Cabrera$18.088.017,02
99Marleny Perdomo de Rojas$18.088.017,02
100Carlos Alberto Pérez Sánchez*$18.088.017,02
101Bertha Sofía Rojas de Ramírez$18.088.017,02
102Consuelo Zapata Casilima*$18.088.017,02
103Ana Mercedes Bautista Díaz$18.088.017,02
104Erasmo Cuellar Losada$18.088.017,02
105Miguel Ángel Herrera Pérdomo$18.088.017,02
106Aurita Herrera Pérdomo$18.088.017,02
107Natividad Lara Lugo$18.088.017,02
108Luis Orlando Horta Vargas$18.088.017,02
109Lucelia Labrador Espinosa$18.088.017,02
110Rubén López Peralta$18.088.017,02
111María del Tránsito Lozano de Sánchez$18.088.017,02
112Mery Penagos Nizo$18.088.017,02
113Anibal Perdomo Moreno$18.088.017,02
114María Aurora Rodríguez Hernández$18.088.017,02
115María Melida Torres Chala$18.088.017,02
116Carlos Eduardo Torres Chala$18.088.017,02
117Bellanira Rodríguez Herrera$18.088.017,02
118Josefina Sánchez Díaz$18.088.017,02
119Joselito Ibáñez Flórez$18.088.017,02
120Alida Vargas Castro $18.088.017,02
121William Pérez Sánchez $18.088.017,02
122Magdalena Suárez Ordóñez$18.088.017,02

3. COMPULSAR COPIAS a la Contraloría General de la Republica, a la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, para que se investiguen las irregularidades contractuales, puestas de presente por las peritos Claudia Marcela Bonilla Fonseca y Astrid Tamayo Osso, en la experticia practicada el día 29 de noviembre de 2001(254), a la Central Minorista Mercaneiva, así como lo demás que encuentre pertinentes.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. CÚMPLASE lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. ABSTENERSE de condenar en costas.

OCTAVO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase».

32. Consejo de Estado - Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de 2008, Exp.26.225.

33. “…la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ´el mismo valor probatorio del original´ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos….” Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

34. “…la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ´el mismo valor probatorio del original´ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos….” Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

35. Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 023 de 11 de febrero de 1998.

36. Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 023 de 11 de febrero de 1998.

37. Consejo de Estado, Sentencia del 18 de enero de 2012 M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. No. 1999- 01250.

38. “… La actividad probatoria es esencial dentro del desarrollo de cualquier tipo de proceso, pues mediante ella las partes procuran acreditar la exactitud de sus alegaciones, y el órgano jurisdiccional intenta alcanzar el convencimiento sobre los hechos litigiosos en aras de ofrecer la tutela más justa. Por ello, dada la relevancia práctica de esta actividad, el legislador realiza una regulación de la prueba en la que se pretende evitar que la actuación maliciosa de cualquiera de los litigantes pueda desplegar algún tipo de eficacia. La infracción del principio de la buena fe procesal en el desarrollo de la actividad probatoria suele estar relacionado, por un lado, con conductas de las partes, el engaño, la mentira, el error; y, por otro, con el uso de los medios probatorios para dilatar o complicar el desarrollo normal del proceso.
La intervención de buena fe de las partes en materia probatoria comporta, en primer lugar, que limiten su proposición de prueba a aquellas que sean pertinentes, útiles y licitas, y lo efectúen en el momento procesal adecuado, que varía en función del tipo de prueba. Y, en segundo lugar, una vez admitida la prueba, que realicen toda la actividad tendente a su práctica, salvo que renuncien a ella de forma expresa. En ningún caso es posible que una vez practicada la prueba, la parte proponente pueda renunciar a la misma, ya que en función del resultado obtenido podría sustraerse maliciosamente del proceso un material de enjuiciamiento del todo imprescindible para la más justa resolución del caso, a la vez que se eliminaría un elemento de defensa de la parte contraria. Además, ello supondría la vulneración del principio chiovendano de adquisición procesal, que si bien no ha sido expresamente recogido en la LEC 1/2000, ha sido reiteradamente admitido por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. (…) de igual modo, las reglas de buena fe inciden en materia de carga de la prueba, especialmente en aquellas situaciones fácticas cuya prueba es fácil para una de las partes; en estos casos, la buena fe en su actuar debería comportarle la carga de probar los citados hechos. Así en los modernos ordenamientos procesales -como destaca recientemente Berizonce- la debida colaboración de las partes en materia probatoria ha dado lugar a la denominada carga de la prueba dinámica, lo que comporta la imposición de la carga de aportación a la parte que, según las circunstancias del caso y la relación o situación jurídica base del conflicto, se encuentre en condiciones técnicas, profesionales o fácticas para suministrarla, con prescindencia de la calidad de actor o demandado en el proceso… En materia de prueba documental, la buena fe de los litigantes se concreta muy especialmente en tres momentos: a) en primer lugar, en la exigencia de aportar los documentos en que se fundamenten sus pretensiones con los escritos iniciales de alegaciones, al objeto de garantizar plenamente el derecho a la defensa de la contraparte. Por ello, el art. 269.1 LEC prevé la preclusión de la aportación de documentos, y el art. 270.2 LEC recoge expresamente la mala fe procesal como motivo para imponer una multa de hasta 1200 euros para cuando se pretenda vulnerar dicha preclusión sin causa justificada. Además, por otro lado, no pueden esconderse los documentos decisivos, ni aportarlos de forma manipulada en orden a falsear la realidad de los hechos que recoja. En este caso, al margen de la correspondiente responsabilidad penal en la que se podrá incurrir, se justificará la nulidad de la sentencia firme civil y su posterior revisión. b) En segundo lugar, en la necesidad de pronunciarse sobre la autenticidad de los documentos en el acto de la audiencia previa, a fin de evitar innecesarias actuaciones probatorias posteriores. c) Y, en tercer lugar, en la obligación de aportar, a instancia de la parte contraria, los documentos que sean requeridos por el juez, para así protegerle en su derecho fundamental a la prueba…”. Joan Pico I Junoy. El Principio de la Buena Fe Procesal. Ed. J.M. Bosch. Págs. 152 a 157.

39. Consejo de Estado, Sentencia de 18 de julio de 2012, Exp. 22.417 M.P. Enrique Gil Botero.

40. Consejo de Estado, Sentencia del 18 de enero de 2012 M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 1999- 01250.

41. Debe entenderse que aunque exista una norma posterior en materia de prueba del estado civil de las personas aplica el criterio de especialidad como una regla de aplicación dirigida a las autoridades judiciales y administrativas, para dirimir las posibles antinomias que se susciten con otras normas de carácter general. En tal sentido el criterio lex especialis supone dar un tratamiento distinto (especial y preferente) a una categoría distinta (especial y preferente) de sujetos o situaciones, en razón de las diferencias que presentan con respecto a la categoría general.

42. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de agosto de 2013 M.P. Enrique Gil Botero. Rad. No. 25.022.

43. “Las pruebas formales tienen y cumplen una función eminentemente procesal: llevarle al juez el convencimiento sobre determinados hechos. Las pruebas ad solemnitatem o ad sustanciam actus, además, de cumplir la finalidad que cumplen las pruebas indicadas, son requisitos de existencia y validez de determinados actos de derecho material. Un escrito en donde consta que alguien debe $20.000,oo no sólo sirve para demostrar lo indicado, sino además, para que el acto pueda existir (la compraventa de inmuebles).” Parra Quijano, Jairo “Manual de derecho probatorio”, Ed. Librería del Profesional, 17ª edición, Bogotá, 2009, pág. 172.

44. La valoración probatoria es la actividad intelectual desplegada por el juzgador frente a los medios probatorios, para establecer la fuerza de convicción o de certeza que representan cada uno de ellos dentro de determinado proceso. Para el desarrollo de la apreciación de las pruebas, la doctrina jurídica procesal ha identificado diferentes sistemas dentro de los cuales se encuentran el de la íntima convicción o de conciencia o de libre convicción, el sistema de la tarifa legal o prueba tasada y el régimen de la sana crítica o persuasión racional, consagrado en los códigos modernos, entre ellos el Código de Procedimiento Civil Colombiano que dispone en su artículo 187 que el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la sana critica, es decir de la lógica, la ciencia y la experiencia (…) Así, la valoración mediante la sana crítica, requiere, además, el análisis en conjunto de las pruebas y un ejercicio de ponderación de las mismas, exponiendo razonadamente el valor que atribuye a cada una, desechando sólo aquellas que encuentre ilegales, indebidas o inoportunamente allegadas al proceso. Consejo de Estado, Sentencia de 6 de marzo de 2013, Exp. 24884.

45. Sentencia de 29 de mayo de 2012, Exp. 110010315000201101378-00. C.P. Susana Buitrago Valencia; Sentencia de 25 de julio de 2011, Exp. 19.434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sentencia de 19 de octubre de 2011, Exp. 20.861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y Sentencia de 15 de febrero de 2012, Exp. 20.880, C.P. Olga Mélida Valle de de la Hoz.)

46. Fls. 1 - 264 del Cdno. 11 de pruebas.

47. Fls. 1-32 del Cdno. 24.

48. Fl. 151-173 Cdno. 24.

49. Artículos 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil; artículos 226 y 232 del Código General de Proceso.

50. Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección C, Sentencia de 20 de octubre de 2014, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

51. Consejo de Estado, Sentencia de 11 de septiembre de 2013, Exp. 20.601, MP. Danilo Rojas Betancourth.

52. Al respecto debe preverse que el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 estableció: “Artículo 40. Modificado por el art. 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.”

53. Al respecto debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 103 del Código Contencioso Administrativo.

54. Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009

55. Corte Constitucional, Sentencia T-159 de 2007

56. Corte Constitucional, Sentencia de tutela SU-768 del 16 de octubre de 2014.

57. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 15 de febrero de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2012-00035-00(AC), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

58. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2013, Exp. 27.521, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

59. Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003.

60. Sentencia del 23 de octubre de 1990. Expediente No. 6054.

61. Consejo de Estado, Sentencia del 11 de noviembre de 2009, Rad. 18.163. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

62. Fls. 1 - 23 del Cdno. 1 de Pruebas.

63. Fls. 1478 - 1503 del Cdno. 3 Ppal. y 892 - 906 del Cdno. 2 Ppal.

64. Fls. 1445 - 1475 y 1507 - 1517 del Cdno.3 Ppal.

65. Fl. 1143-1158 y 1188-1210 del Cdno. 3. Ppal.

66. Fl. 1012 - 1014 del Cdno.2 Ppal., 1180-1182 y 1339 - 1341 del Cdno. 3. Ppal.

67. Fl. 1008 - 1009 del Cdno. 2 Ppal. y 1221-1222 del Cdno. 3. Ppal.

68. Fl. 1185- 1187 del Cdno. 3. Ppal.

69. Fls. 107 - 1018 del Cdno. 2 Ppal. y 1337 - 1338 del Cdno. 3 Ppal.

70. Fls. 823 del Cdno. 2 Ppal.

71. Fl. 1125 rv. - 1127 del Cdno. 3. Ppal.

72. Fls. 825 del Cdno. 2 Ppal.

73. Fls.826 del Cdno. 2

74. Fls. 911 - 912 del Cdno. 2 Ppal.

75. Fl. 1113-1142 del Cdno. 3. Ppal.

76. Fls. 1010 - 1011 del Cdno. 2 Ppal. y 1215-1216 del Cdno. 3. Ppal.

77. Fl. 827-829 del Cdno. 2 y 1109-1111 del Cdno. 3. Ppal.

78. Fl. 830 - 831 del Cdno. 2 Ppal.

79. Fls. 867 - 868 del Cdno. 2 Ppal.

80. Fls. 87- 88 del Cdno. 3 de pruebas

81. Fls. 1355 - 1356 del Cdno. 1.

82. Fls. 869 - 871 del Cdno. 2 Ppal.

83. Fls. 1343 - 1346 del Cdno. 3 Ppal.

84. Fls. 824 del Cdno. 2 Ppal.

85. Fl. 827-829 del Cdno. 2 y 1109-1111 del Cdno. 3. Ppal.

86. Fls. 832 - 836 del Cdno. 2 Ppal.

87. Fl. 1089 del Cdno. 3. Ppal. y 840 del Cdno. 2 Ppal.

88. Fl. 1098-1104 del Cdno. 3. Ppal. y 847 - 848 del Cdno. 2

89. Fl. 1107 del Cdno. 3 Ppal. y 841 del Cdno. 2 Ppal.

90. Fls. 1379 - 1380 del Cdno. 3 Ppal.

91. Fls. 863 - 866 del Cdno. 2 Ppal., 1351 - 1354 y 1381 - 1384 del Cdno. 3 Ppal.

92. Fl. 1088 del Cdno. 3. Ppal. y 844 del Cdno. 2 Ppal.

93. Fl. 1087 del Cdno. 3. Ppal. y 845 del Cdno. 2 Ppal.

94. Fls. 1385 - 1387 del Cdno. 3 Ppal.

95. Fls. 872 - 878 A del Cdno. 2 Ppal.

96. Fls. 880 - 881 del Cdno. 2 Ppal.

97. Fls. 884del Cdno. 2 Ppal.

98. Fls. 1031 - 1034 del Cdno. 2 Ppal.

99. Fls. 1027 - 1030 del Cdno. 2 Ppal.

100. Fls. 882 - 883 del Cdno. 2 Ppal.

101. Fls. 1388 - 1389 del Cdno. 3 Ppal.

102. Fls. 1392 - 1393 del Cdno. 3 Ppal.

103. Fls. 1390 - 1391 del Cdno. 3 Ppal.

104. Fl. 885 - 891Cdno. 2. Ppal.

105. Fls. 12 - 13 del Cdno. 10 de pruebas.

106. Fls. 15-16 del Cdno. 10 de pruebas.

107. Fls. 14 - 16 del Cdno. 10 de pruebas

108. Fls. 18 - 19 del Cdno. 10 de pruebas

109. Fls. 20 -21 del Cdno. 10 de pruebas

110. Esta resolución fue adicionada mediante la Resolución Nº 248 del 27 de abril de 1998 expedida por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, en el sentido de ordenar “(…) Notificar el contenido de la Resolución 567 del 1 de septiembre de 1997, al Representante Legal de la Central de Abastos del Sur “Surabastos S.A.” señor Carlos E. Tovar Gutierrez (…)”. (Fls. 31 -32 del Cdno. 10 de pruebas).

111. Fls. 24 - 25 del Cdno. 10 de pruebas

112. Fls. 1394 - 1395 del Cdno. 3 Ppal.

113. Fl. 1084-1085 del Cdno. 3. Ppal.

114. Fl. 1081-1082 del Cdno. 3. Ppal.

115. Fl. 1080 del Cdno. 3. Ppal.

116. Fl. 1079 Cdno. 3. Ppal.

117. Fl. 1074 Cdno. 3. Ppal.

118. Fl. 1070-1071 del Cdno. 3. Ppal.

119. La Secretaria de Salud Municipal, citó a los señores "Cooperativa Multiactiva de Inquilinos y Trabajadores de la Galeria del Norte - Cointragan" con el fin de notificarles la Resolución 027 de 26 de mayo de 1998 (Fl. 1069 del Cdno. 3. Ppal.).

120. Fl. 1068 Cdno. 3. Ppal.

121. Fls. 1004 - 1006 del C2 Ppal.

122. Fls. 1002 - 1003 del C2 Ppal.

123. Fls. 959 - 1001 del C2 Ppal.

124. Fls. 954 - 956 del Cdno. 2 Ppal.

125. Fls. 38 - 39 del Cdno. 10 de pruebas.

126. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

127. Fls. 46 - 47 del c.10 de pruebas.

128. Fls. 48 - 50 del Cdno. 10.

129. Fls. 65 -66 del Cdno. 10 de pruebas

130. Fls.76 - 77 del Cdno. 10 de pruebas.

131. Fls. 51 - 53 del Cdno. 10 de pruebas

132. Fls. 59 - 64 del Cdno. 10 de pruebas.

133. Fls.1322- 1334 y 1396 - 1407 del Cdno. 3 Ppal.

134. Fls. 1284 - 1285 del Cdno. 3 Ppal.

135. Fls.1286 - 1291 del Cdno. 3 Ppal.

136. Fls. 1 - 264 del Cdno. 11 de pruebas

137. En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

138. La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

139. Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vasquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, p.49.

140. “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

141. La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

142. “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la Administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”. MIR Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p.120.

143. MIR Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., pp.120-121.

144. “3- Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada -en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.

145. Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, Exps.10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, Sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

146. Hans A. Fischer, “Los Daños Civiles y su Reparación” traducido del alemán con concordancias y un apéndice sobre el Derecho español por W. Roces, Ed. Librería General de victoriano Suaréz, preciados, 48, Madrid 1928.

147. Henao, Juan Carlos, “El Daño, Análisis Comparativo de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés”, Bogotá, Ed. Universidad Externado de Colombia, 1998, Pág. 37.

148. Consejo de Estado, Sentencia de 2 de marzo de 2000, Exp. 11.945.

149. Consejo de Estado, Sentencia de 25 de marzo de 1993, Exp. 7781.

150. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal - bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

151. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

152. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.

153. Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana". Sentencia de 9 de febrero de 1995. Exp.9550.

154. Sentencia de 19 de mayo de 2005. Rad. 2001-01541 AG.

155. “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sentencia de 14 de septiembre de 2000. Exp.12166.

156. Sentencia de 2 de junio de 2005. Rad. 1999-02382 AG.

157. “La imputación depende, pues, tanto de elementos subjetivos como objetivos”. SANCHEZ MORON, Miguel. Derecho administrativo. Parte general., ob., cit., p.927.

158. Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.

159. En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p.35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

160. El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

161. “Tenía razón Welzel al considerar que el Derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], pp.6 y 7.

162. “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp.77 ss.

163. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

164. Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

165. Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo… No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005. Exp.14170.

166. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., p.171.

167. “El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización (…) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación” (subrayado fuera de texto). Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vasquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62.

168. “La ley de la ponderación pone de manifiesto que la ponderación puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vasquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.64.

169. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vasquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “… la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación -afirma Habermas- los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, p.259. A lo que agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, p.430.

170. Deberes de protección que es “una consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos humanos”. Casal H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p.31.

171. Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977). Págs 1 y ss.

172. A lo que se agrega por el mismo precedente: “En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber: 1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce - un peatón cae en la zanja- surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo - prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario- (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro. Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás. 2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso. Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos (Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil.Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter.Berlin.New York. 1993.Pags. 796 y ss)”. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001. En la doctrina se afirma que la “posición de garantía” debe modularse: “(…) todos deben procurar que su puño no aterrice violentamente en la cara de su congénere, o que su dedo índice no apriete el gatillo de un arma de fuego cargada apuntada sobre otra persona, etc. Sin embargo, también aparecen sin dificultad algunos fundamentos de posiciones de garantía referidas a supuestos de omisión: quien asume para sí una propiedad, debe procurar que de ésta no emanen riesgos para otras personas. Se trata de los deberes de aseguramiento en el tráfico, deberes que de modo indiscutido forman parte de los elementos de las posiciones de garantía y cuyo panorama abarca desde el deber de aseguramiento de un animal agresivo, pasando por el deber de asegurar las tejas de una casa frente al riesgo de que caigan al suelo hasta llegar al deber de asegurar un carro de combate frente a la posible utilización por personas no capacitadas o al deber de asegurar una central nuclear frente a situaciones críticas”. JAKOBS, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del derecho penal. 1ª reimp. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p.16.

173. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

174. “La profesora BELADIEZ comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados desproporcionados e injustos>> para la Administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. LEGUINA VILLA, Jesús. “Prólogo”, en BELADIEZ ROJO, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, p.23.

175. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., p.204.

176. “(…) el tema de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las Administraciones Públicas como consecuencia de la amplia actividad que éstas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la Administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de Derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de Derecho”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”., ob., cit., p.308.

177. Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, p.211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no «parezcan» excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la Administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la Administración”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”., ob., cit., p.311.

178. “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Afduam, No.4, 2000, p.174. De acuerdo con Martín Rebollo “(…) es que la responsabilidad pública es un tema ambivalente que, a mi juicio, no debe ser enfocado desde el estricto prisma de la dogmática jurídico-privada. Esto es, no debe ser analizado sólo desde la óptica de lo que pudiéramos llamar la justicia conmutativa, aunque tampoco creo que éste sea un instrumento idóneo de justicia distributiva. La responsabilidad es, desde luego, siempre y en primer lugar, un mecanismo de garantía. Pero es también un medio al servicio de una política jurídica. Así lo señala Ch. Eisenmann: el fundamento de la responsabilidad puede ser la reparación del daño, pero su función «remite a la cuestión de los fines perseguidos por el legislador cuando impone una obligación de reparar. En este sentido -concluye- la responsabilidad es un medio al servicio de una política jurídica o legislativa»”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, en Afduam: no.4, 2000, p.307.

179. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 1996. Exp. 3944. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza.

180. Consejo de Estado - Sección Primera, Sentencia de 14 de octubre de 2010, Rad. 50001-23-31-000-2005-00055-01(AP), M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

181. Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

182. Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

183. Sentencia ibidem.

184. Artículo 94 Decreto 1333 de 1986.

185. Artículo 93 numeral 8o. Decreto 1333 de 1986.

186. Artículo 130 del Decreto 1333 de 1986.

187. Artículo 132 del Decreto 1333 de 1996.

188. Artículo 167 del Decreto 1333 de 1986.

189. Artículo 133 del Decreto 1333 de 1986.

190. Corte Constitucional, Sentencia de tutela 372 de 3 de septiembre de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.

191. Sentencia citada

192. Sentencia citada

193. Sentencia citada

194. Sentencia citada

195. Sentencia citada

196. Corte Constitucional, Sentencia de tutela 238 de 23 de junio de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

197. Corte Constitucional, Sentencia de Tutela 481 de 9 de julio de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

198. Sentencia citada.

199. Corte Constitucional, Sentencia de tutela 180 de 16 de marzo de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

200. Artículo 2º constitucional.

201. Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad 131 de 19 de febrero de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández

202. Al respecto pueden consultarse: González Pérez Jesús. “El principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo.” Editorial Civitas. Madrid. 1983; García Macho Ricardo, Artículo “ Contenido y límites del principio de la Confianza legítima publicado en “ Homenaje al Profesor José Luis Villar Palasí” .Editorial Civitas, Madrid. 1989; Dromi José Roberto. Instituciones de Derecho Administrativo. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1983. García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Civitas. Madrid.

203. Sentencia SU-360 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

204. Ver Sentencia T-295/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

205. Sentencia C-478 de 1998 M:P. Alejandro Martínez Caballero. Sobre este tema también pueden consultarse las Sentencias T-398 de 1997, T-576 de 1998 y SU-260 de 1998.

206. Sentencia T-617 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero

207. Ibídem.

208. Consejo de Estado, Sentencia de 13 de agosto de 1992, M.P. Julio Cesar Uribe.

209. Corte Constitucional, Sentencia de tutela 295 de 4 de mayo de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, En reiteración de la Sentencia T475 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

210. Corte Constitucional, Sentencia de tutela 238 de 23 de junio de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. (antes citada)

211. Corte Constitucional, Sentencia de Tutela 386 de 28 de junio de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.

212. Sentencia antes citada.

213. Sentencia SU-062 de 1999. M.P Dr. Vladimiro Naranajo Mesa.

214. Es el texto fundamental que sienta los principios superiores que orientan y fundan la posición del Estado en relación con la economía y los derechos de los asociados en este mismo ámbito. O la Corte Constitucional en Sentencia C-865/2004 la define como: “…las normas constitucionales que ordenan la vida económica de la sociedad y establecen el marco jurídico esencial para la estructuración y funcionamiento de la actividad material productiva, señalando los fundamentos esenciales que deberán tener en cuenta los operadores económicos…”

215. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad, número 263, de Abril 6 de 2011, expediente D-8270.

216. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad, número 865, Septiembre 7 de 2004, expediente D-5057.

217. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad, número 228, Marzo 24 de 2010, expediente D-7865.

218. Corte Constitucional. Sentencias: SU-157 de 1999; C-352 de 2009 con ponencia de y la C-486 de 2009.

219. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad, número 615, 8 de agosto de 2002, expediente D-3881.

220. Corte onstitucional. Sentencia de Constitucionalidad, número 524, Noviembre 16 de 1995, expediente D-920.

221. Corte Constitucional. Sentencia de tutela, número 425, Junio 24 de 1992, expediente T-736.

222. Corte Constitucional. Sentencia C-228/2010

223. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad, número 616, Junio 13 de 2001, expediente D-3279.

224. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad, número 992, Noviembre 29 de 2006, expediente D-6348.

225. Corte Cnstitucional. Sentencia C-228/2010

226. Corte Constitucional. Sentencia C-228/2010

227. Corte Constitucional. sentencia C-815/2001

228. Corte Constitucional. Sentencia C-228/2010

229. A modo de ejemplo, en la Sentencia C-692 de 2007, la Corte enunció las siguientes materias que corresponde al legislador regular en relación con la intervención del Estado en la economía: “[A]l legislador le corresponde: (i) dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (C.P. art. 150-19-d); (ii) dictar las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le han sido atribuidas (C.P. arts. 150-8 y 189-24); (iii) regular la forma de intervención económica del Estado (C.P. arts. 189-25, 334 y 335); (iv) dictar las normas que regirán la prestación de los servicios públicos; y (v) dictar las normas con sujeción a las cuales el Gobierno puede intervenir en las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (C.P. art. 335).”

230. En Sentencia C-228 de 2010, La Corte expresó en esta oportunidad: “La vigencia del principio de reserva de ley no significa que el legislador debe regular íntegramente la materia, incluso en sus aspectos más específicos. En contrario, la competencia exclusiva del legislador está relacionada con la fijación de los aspectos esenciales y definitorios del asunto objeto de reserva legal, la cual no puede ser de ningún modo diferida al reglamento. El papel de este, en ese orden de ideas, se reduce a la determinación de aspectos puntuales y técnicos, que no desvirtúen o afecten la reserva de ley…”

231. La Corte expresó lo siguiente en la Sentencia C-228 de 2010,: “(…) la complejidad propia de las sociedades contemporáneas torna imposible que el Congreso, luego de procedimientos que por sus condiciones deliberativas son complejos y se extienden en el tiempo, regule en detalle las distintas materias y problemáticas. Además, no puede perderse de vista que la Carta Política, de forma expresa, confiere la capacidad de producción normativa a otras instancias, siempre y cuando se sometan a un marco referencial obligatorio previsto por el legislador.”

232. Corte Constitucional. Sentencia de constitucionalidad, número 615, Agosto 8 de 2002, expediente D-3881.

233. Corte Constitucional. Sentencia de Tutela, número 291, Junio 22 de 1994, expediente T-30517.

234. Corte Constitucional. Sentencia de Tutela, número de 240, Junio 23 de 1993, expediente T-9665.

235. Corte Constitucional Sentencia de constitucionalidad, número 398, Septiembre 7 de 1995, expediente D-865.

236. Sentencias de la Corte Constitucional: C-624/98 , C-332/00 y C-392/07.

237. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del cinco de octubre de 1989, expediente: 5.320, actora: Martha Cecilia Klinker de Jaramillo.

238. Sentencias del 5 de octubre de 1989, Exp. 5320, del 7 de abril de 1994, Exp. 9367 y del 11 de noviembre de 1999, Exp. 12.652, entre otras.

239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000, expediente: 11.892, actor: Franklyn Liévano Fernández

240. En este sentido se acude al postulado según el cual ““El espíritu de la geometría no se puede llevar al derecho” “Casos como el que se estudia son los que más alcanzan a relievar que un prurito de exactitud numérica puede resultar lo más reñido con la justicia. Suele ocurrir que los rigorismos pseudo - jurídicos conduzcan a las más fragantes violaciones de la equidad, y a que se desconozca el derecho por pretender trabajar con el espíritu propio de las ciencias exactas en un campo donde no existen ni fórmulas algebraicas, ni instrumentos de precisión, ni maquinas que proporcionen la imagen fiel de las verdades jurídicas. Es lo que expresa el antiguo adagio al decir que exagerar el derecho es producir la injusticia, y lo que se significa hoy al afirmar que con el espíritu de la geometría no puede trabajar el que administra justicia” “(Consejo de Estado Sección 3ªm Exp. 414; citada por GIL Botero Enrique, Responsabilidad Extracontractual del Estado, 6ª Ed, pág. 140)

241. Artículo 116 dela Constitución Política.

242. Debe recordarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993, el arbitramento para la solución de las controversias contractuales debe ser siempre en derecho.

243. Numeral 1º del artículo 38 del C.P.C.

244. Consejo de Estado, Sentencia de 21 de febrero de 2011, Exp. 38.621, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

245. En la sentencia anteriormente citada se sostuvo:” La Sección Tercera del Consejo de Estado ha estimado que el fallo en conciencia se configura cuando el juzgador se aparta del marco jurídico y decide con fundamento en la mera equidad, razón por la que la motivación no es esencial para la validez de su decisión. También ha dicho que esa estirpe de decisiones se caracterizan por prescindir totalmente del acervo probatorio o de las normas jurídicas, por la ausencia de razonamientos jurídicos o por basarse en el concepto de verdad sabida y buena fe guardada. En conclusión, podríamos decir que el fallo en conciencia es aquel en el que el juzgador se apoya en su íntima convicción, no da razones de su decisión o prescindie de toda consideración jurídica o probatoria. El cambio de la expresión legal “en conciencia” por la de “en equidad” no implica una simple modificación de denominación pues en esa variación va envuelta la defensa de la garantía fundamental al debido proceso”.

246. El salario mínimo mensual vigente en el año 1997 ascendía a la suma de $172.005, que actualizado arroja un valor de $235.836,94.

247. Fls. 597-255 del Cdno. 12.

248. El salario mínimo mensual vigente en el año 1997 ascendía a la suma de $172.005, que actualizado arroja un valor de $235.836,94.

249.

FORMULAS-00637-C

250.

FORMULAS-00637-D

251.

FORMULAS-00637-E

252.

FORMULAS-00637-F

253. Fls. 1 - 264 del Cdno. 11 de pruebas

254. Fls. 1-264 del Cdno. 11 de pruebas