Sentencia 1999-00652 de febrero 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000232600019990065201 (27488)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Luis Arturo Rodríguez López y otros

Demandado: Distrito Capital de Bogotá y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado ni caducidad(1), procede la Subsección a resolver el asunto sometido a su consideración a través del siguiente esquema: 1) el daño; 2) las pruebas obrantes en el proceso; 3) la imputación; 4) los perjuicios y 5) la condena en costas.

La responsabilidad por falla médica ha evolucionado a lo largo de los años, pasando desde el régimen de falla probada del servicio, la falla presunta del servicio, la carga dinámica de la prueba y en el año 2006, mediante sentencia del 31 de agosto(2), volvió al régimen de falla probada, en razón de la complejidad de los temas médicos y la dificultad para las instituciones públicas en el ámbito probatorio, debido al tiempo que transcurre y la cantidad de casos que manejan.

Así lo expresó la Sala:

“(...) Un primer momento en la evolución jurisprudencial sobre la responsabilidad por el servicio médico asistencial, exigía al actor aportar la prueba de la falla para la prosperidad de sus pretensiones, por considerar que se trataba de una obligación de medio y por lo tanto, de la sola existencia del daño no había lugar a presumir la falla del servicio.

En la década anterior se introdujeron algunos criterios con el objeto de morigerar la carga de la prueba de la falla del servicio, aunque siempre sobre la noción de que dicha falla era el fundamento de la responsabilidad de la administración por la prestación del servicio médico.

Así, en sentencia de octubre 24 de 1990, expediente 5902, se empezó a introducir el principio de presunción de falla del servicio médico, que posteriormente fue adoptado de manera explícita por la sección. En esta providencia se consideró que el artículo 1604 del Código Civil debía ser aplicado también en relación con la responsabilidad extracontractual y en consecuencia, la prueba de la diligencia y cuidado correspondía al demandado en los casos de responsabilidad médica.

La presunción de falla del servicio médico que con esta posición jurisprudencial se acogió, fue reiterada en decisión del 30 de julio de 1992, expediente 6897, pero con un fundamento jurídico diferente, el cual hacía referencia a la mejor posibilidad en que se encontraban los profesionales de explicar y demostrar el tratamiento que aplicaron al paciente, dado su ‘conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta’, lo cual les permitía satisfacer las inquietudes y cuestionamientos que pudieran formularse contra sus procedimientos.

Esa regla de juicio había sido tratada desde antes en la doctrina y jurisprudencia foráneas. Así por ejemplo, en los años ochentas había una fuerte tendencia entre los autores y jueces argentinos de considerar que el médico era quien se encontraba en mejores condiciones probatorias, porque era quien poseía la prueba y tenía una explicación posible de lo sucedido(3). En sentido contrario, Mazeaud y Tunc, consideraban desde tiempo atrás que quien se encontraba en mejores condiciones de probar era el paciente y no el médico, pues a este le resultaba extremadamente difícil demostrar su diligencia permanente. ‘Tan solo una persona del oficio, al menos tan perita como él y que hubiera seguido todos sus actos, podría declarar que el médico ha prestado cuidados concienzudos, solícitos y conformes con los resultados conseguidos por la ciencia’(4).

Posteriormente, la Sala cuestionó la aplicación generalizada de la presunción de la falla del servicio y señaló que dicha presunción no debía ser aplicada de manera general sino que en cada caso el juez debía establecer cuál de las partes estaba en mejores condiciones de probar la falla o su ausencia. Dijo la Sala:

‘(...) no todos los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas obraron debidamente tienen implicaciones técnicas y científicas. Habrá que valorar en cada caso, si estas se encuentran presentes o no. Así, habrá situaciones en las que, es el paciente quien se encuentra en mejor posición para demostrar ciertos hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva. Allí está, precisamente, la explicación del dinamismo de las cargas, cuya aplicación se hace imposible ante el recurso obligado a la teoría de la falla del servicio presunta, donde simplemente se produce la inversión permanente del deber probatorio’(5).

Sin embargo, se advirtió en la práctica jurisprudencial que la aplicación de esa regla probatoria traía mayores dificultades de las que podría ayudar a solucionar, pues la definición de cuál era la parte que estaba en mejores condiciones de probar determinados hechos relacionados con la actuación médica, solo podía definirse en el auto que decretara las pruebas y nunca en la sentencia. Lo contrario implicaría sorprender a las partes atribuyéndoles los efectos de las deficiencias probatorias, con fundamento en una regla diferente a la prevista en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en un momento procesal en el que ya no tenían oportunidad de ejercer su derecho de defensa aportando nuevas pruebas.

Pero, señalar en el auto de decreto de pruebas la distribución de las cargas probatorias es en la práctica sumamente difícil, dado que para ese momento el juez solo cuenta con la información que se suministra en la demanda y su contestación, la que regularmente es muy incipiente.

Los reparos anteriores han sido controvertidos por los defensores de la teoría de las cargas dinámicas de las pruebas, con fundamento en la existencia del deber de lealtad que asiste a las partes en el proceso, el cual les obliga a suministrar todos los medios de que disponen para acreditar la veracidad de los hechos y, en consecuencia, que bien puede el juez en la sentencia hacer correr a la parte negligente con los efectos adversos de su omisión probatoria.

Sin embargo, no es necesario modificar las reglas probatorias señaladas en la ley para hacer efectivas las consecuencias que se derivan de la violación del deber de lealtad de las partes, dado que el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, establece que el juez podrá deducir indicios de su conducta procesal.

Así, por ejemplo, de la renuencia a suministrar la historia clínica, o hacerlo de manera incompleta, o no documentar datos relevantes de la prestación médica, puede inferirse el interés de la parte de ocultar un hecho que le resulta adverso a sus intereses; como puede serIo también en contra de la parte demandante, el negarse a la práctica de un examen médico con el fin de establecer la veracidad de las secuelas que hubiera podido derivarse de una intervención, o el ocultar información sobre sus antecedentes congénitos, que por ejemplo, pudieran tener incidencia sobre la causa del daño aparentemente derivado de la intervención médica.

Por eso, de manera reciente la Sala ha recogido las reglas jurisprudenciales anteriores, es decir, las de presunción de falla médica, o de la distribución de las cargas probatorias de acuerdo con el juicio sobre la mejor posibilidad de su aporte, para acoger la regla general que señala que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, para lo cual se puede echar mano de todos los medios probatorios legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño.

Se acoge dicho criterio porque además de ajustarse a la normatividad vigente (Constitución, art. 90 y CPC, art. 177), resulta más equitativa. La presunción de la falla del servicio margina del debate probatorio asuntos muy relevantes, como el de la distinción entre los hechos que pueden calificarse como omisiones, retardos o deficiencias y los que constituyen efectos de la misma enfermedad que sufra el paciente. La presunción traslada al Estado la carga de desvirtuar una presunción que falló, en una materia tan compleja, donde el alea constituye un factor inevitable y donde el paso del tiempo y las condiciones de masa (impersonales) en las que se presta el servicio en las instituciones públicas hacen muy compleja la demostración de todos los actos en los que este se materializa.

En efecto, no debe perderse de vista que el solo transcurso del tiempo entre el momento en que se presta el servicio y aquel en el que la entidad debe ejercer su defensa, aunado además a la imposibilidad de establecer una relación más estrecha entre los médicos y sus pacientes, hace a veces más difícil para la entidad que para el paciente acreditar las circunstancias en las cuales se prestó el servicio. Por eso, el énfasis debe centrarse en la exigencia institucional de llevar las historias clínicas de manera tan completa y clara que su solo estudio permita el juez, con la ayuda de peritos idóneos si es necesario, establecer si hubo o no responsabilidad estatal en los daños que aduzcan sufrir los pacientes como consecuencia de la prestación del servicio médico”(6).

2.1. Del daño.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración, en la cual debe acreditarse la relación entre la conducta y el daño y la razón por la cual las consecuencias de esa afectación deben ser asumidas por el Estado.

Al respecto, la Sala en recientes pronunciamientos ha considerado que:

“(…)

El daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente —que no se limite a una mera conjetura—, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido en el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo depreca, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar o debatir el interés que se debate en el proceso, bien a través de un derecho que le es propio o uno que le deviene por la vía hereditaria.

La antijuridicidad del daño va encaminada a que no solo se constate la materialidad y certidumbre de una lesión a un bien o interés amparado por la ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o afectación de ese derecho contravenga el ordenamiento jurídico, en tanto no exista el deber jurídico de tolerarlo.

Como se aprecia, el daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos ingredientes: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material (v.gr. la desaparición de una persona, la muerte, la lesión, etc.) y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición constitucional mencionada(7).

En ese orden, el daño antijurídico no puede ser entendido como un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico; se transforma para convertirse en una institución deontológica, pues solo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (L. 446/98, art. 16) y, por lo tanto, solo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico.

De allí que, solo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga..”(8).

En este caso, de acuerdo con las pruebas allegadas, el daño se concretó en la muerte de la señora Luz Mery Chacón Valbuena, quien luego de habérsele practicado una ligadura de trompas, aparentemente hizo una reacción alérgica a los medicamentos suministrados, que le causaron un infarto al miocardio y su posterior deceso.

2.2. De las pruebas.

Regular y oportunamente se allegaron al proceso las siguientes pruebas:

1. Registro civil de defunción de Luz Mery Chacón Valbuena (fl. 1, cdno. 2).

2. Registro civil del matrimonio celebrado entre Luz Mery Chacón Valbuena y Luis Arturo Rodríguez (fl. 2, cdno. 1).

3. Registro civiles de nacimiento de Luz Mery Chacón Valbuena, Ingrid Astrid Rodríguez Chacón, Helen Brillit Rodríguez Chacón, Hanner Arturo Rodríguez Chacón, Luz Mery Rodríguez Chacón, Mabel Chacón Valbuena, Franklim Chacón Valbuena, Ezequiela Chacón Valbuena, Blanca Nancy Chacón Valbuena y Edwin Chacón Valbuena (fls. 3 a 11 y 16, cdno. 2).

4. Registro civil del matrimonio celebrado entre Ezequiel Chacón Valeriano y María Delia Valbuena Castiblanco (fl. 17, cdno. 2).

5. Certificado expedido por Artesanías de Colombia S.A., donde la profesional de gestión del producto de la subgerencia certifica que la señora Luz Mery Chacón Valbuena elaboró trabajos manuales, los cuales se comercializaban a través de dicha entidad (fl. 19, cdno. 2).

6. Factura de servicios exequiales prestados por Funerales Gámez, por un valor de $ 700.000 pesos (fl. 22, cdno. 2).

7. Historia clínica de la paciente Luz Mery Chacón Valbuena, remitida por el Hospital el Guavio II Nivel ESE (fls. 76 a 179, cdno. 2).

8. Historia clínica de la señora Luz Mery Chacón Valbuena, remitida por la Clínica el Bosque (fls. 181 a 184, cdno. 2).

9. Protocolo de necropsia realizado por el grupo de patología forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, a la occisa Luz Mery Chacón Valbuena (fls. 188 a 189, cdno. 2).

10. Testimonios rendidos dentro del proceso por Flor Dilia Velásquez Pérez, María Luisa Guerra Erazo, Gustavo Moreno Espitia, María Liliane Maldonado Jaramillo y Carlos Alberto Sánchez Toro (fls. 201 a 212, cdno. 2).

11. Informe rendido por el Instituto de Medicina Legal (fls. 218 a 223, cdno. 2).

Así las cosas, de las pruebas obrantes en el expediente se pudo establecer que la señora Luz Mery Chacón Valbuena ingresó a la Clínica el Guavio II Nivel ESE el 28 de marzo de 1998 a las 11:00 p.m., con el fin de recibir atención para su parto, el cual culminó sin complicaciones a las 12:30 cuando nació su hija.

Posteriormente, la señora solicitó una ligadura de trompas, —cirugía autorizada por la paciente mediante documento visible a fl. 112, cdno. 2— que se llevó a cabo el mismo día a las 20:20 horas, previa valoración por anestesiología, procedimiento que también se registró sin complicaciones.

Durante la recuperación del postoperatorio, la paciente reseñó cefalea y dolor abdominal, para lo cual se le ordenó Lisalgil y Piroxicam.

Hacia las 1:00 horas del día 30 de marzo, la paciente presentó bradicardia, dolor precordial, diaforesis y cianosis, razón por la cual se ordenó su intubación, soporte ventilatorio y se intentó su remisión en varias ocasiones, sin tener éxito hasta las 6:15 del mismo día; cuando posterior a un infarto del miocardio, fue remitida a la Clínica el Bosque, donde llegó en malas condiciones, con muerte cerebral, sin signos vitales y falleció.

2.3. De la imputación.

Según la posición jurisprudencial que ha manejado la corporación, los casos de falla médica son revisados actualmente bajo el régimen de la falla probada del servicio, en el cual no solo debe demostrarse la existencia de un daño, sino también su imputabilidad a la entidad que se demanda.

En el asunto sub examine y una vez realizada la valoración del material probatorio, se puede observar que sobre la prueba del daño tenemos que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ha sido enfático en afirmar: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (...)”, no es suficiente que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia del daño, porque “el demandante no puede limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”(9).

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a estudia el material probatorio consistente en la historia clínica, los testimonios y el informe rendido por el Instituto de Medicina Legal

De la historia clínica de la paciente se desprende lo siguiente:

Hospital el Guavio. Epicrisis

“Diagnóstico definitivos:

1) Parto vaginal eutoico - RN vivo

2) Ligadura de trompas por paridad satisfactoria

3) Infarto agudo de miocardio

Procedimientos quirúrgicos u obstétricos

1) Atención trabajo de parto vaginal

2) Ligadura de trompas (Pomeroy)

Tratamiento médico

Líquidos parenterales

Dopamina - Adrenalina - Furosemida - Nitroglicerina - Atropina - Piroxicam.

Ordenamiento

Ingresó a las 23:00 del 28 de marzo de 1998 por urgencias con contracciones uterinas frecuentes y expulsión tapón mucoso.

Antecedentes: G.5, P.3, A.1 UR: jul 16/97 ciclos 30 X 6 regulares.

C/Respiración normal. A 28 cm RsCs Fs 140/min

Cefólico. T. Vaginal Borramiento 90% Dilatación 7 cm. Membranas íntegras, estación - 3.

Presenta parto vaginal eutoico a las 00:30 del 29 de marzo de 1998 con RN vivo femenino Peso 2.870, talla 49 cm, Apga 9/10 alumbramiento completo espontáneo, no sangrado vaginal, no complicaciones. A las 12:00 del mismo día el ginecólogo de turno en la revista al servicio le encuentra en buenas condiciones y le da salida. Sin embargo manifiesta la paciente su deseo de ser intervenida para ligadura de trompas, la cual se practica previa valoración anestésica, el mismo día a las 20:20 horas, sin complicaciones intraoperatorias. El 30 de marzo a las 01:00 la paciente presenta bradicardia (38/min), dolor precordial, diaforesis, y cianosis.

Se intuba 2 min, soporte ventilatorio, observándose secreción espumosa por tubo endotraqueal.

Dada las condiciones se intenta remitir en varias ocasiones sin éxito. El EKG mostró infarto miocárdico, cara anterosepti con extensión a cara lateral.

A las 6:15 a.m. confirman remisión a la Clínica del Bosque, enviándose paciente en malas condiciones con ritmo sinusal TA 120/70 FC 110/min y luego de presentar dos (2) paros cardíacos de los que logra salir con maniobras de reanimación”.

Del testimonio rendido dentro del proceso por la doctora Mariana Liliane Maldonado Jaramillo, se destaca lo siguiente:

“(...) Preguntado por el magistrado: Su declaración se refiere al conocimiento que tenga sobre la atención médica brindada a la señora Luz mery chacon (sic) Valbuena en el Hospital el Guavio II nivel su evolución (sic) post operatorio de dicha paciente desde el momento en que termino (sic) la intervención (sic) hasta cuando fue emitida (sic) a la clínica (sic) El Bosque. Narre al respecto lo que le conste indicando las razones por las cuales conoce los hechos. Contestó yo conozco los hechos porque fui la anestesiologa (sic) encargada de la paciente en el procedimiento quirurgico (sic), se trataba de una paciente o post parto inmediato de mas (sic) o menos 12 horas la cual desde la mañana la ginecologa (sic) después (sic) de pasar revista me manifesto (sic) que la paciente queria (sic) se le realizara ligadura de trompas la paciente habia (sic) desayunado y por lo que no era una cirugia (sic) que comprometiera la vida se espero el ayuno que se cumplia (sic) a las 7 de la noche en cirugia (sic) cuando la paciente llega se evidencia una frecuencia cardiaca (sic) baja se hace una prueba de atropina la paciente responde perfectamente con frecuencia cardiaca (sic) comprobandose (sic) que no habia (sic) ningun (sic) bloqueo cardiaco (sic) ademas (sic) sin ninguno (sic) otro trastorno de sus signos vitales, se le coloca anestesia regional raquidea (sic) conmarcadina (sic) pesada 15 miligramos sin complicaciones el procedimiento dura alrededor de 30 minutos absolutamente concíente (sic) por que (sic) era anestesia regional no anestesia general, en recuperacion (sic) 2 horas despues (sic) cuando ya la paciente habia (sic) recuperado el movimiento de sus piernas lo que para nosotros significa que ya no hay bloqueo anestesico (sic) la paciente manifiesta dolor en el sitio de la herida estaba relacionado porque ya no habia (sic) anestesia y era logico (sic) que presentara dolor se le colocaron analgesicos (sic) via (sic) intravenoso e intramuscular se esperaron 20 minutos para dar el resultado previamente se la habia (sic) preguntado que si era alergica (sic) a algo y ella dijo que no, como consta en la valoracion (sic) pre anestesica (sic). A los 20 minutos cuando se valora otra vez a la paciente, la paciente manifiesta dolor precordial con aumento de la frecuencia cardiaca (sic) con dificultad respiratoria, agitación, cianosis, y se procede a intubar a la paciente para asegurar su via (sic) aerea (sic) se pide un electrocardiograma se interpreta que posiblemente estaba siendo una complicacion (sic) de origen (sic) cardiaco (sic) y se hace un diagnostico (sic) de infarto de miocardio agravado con edema pulmonar, se conecta al ventilador de la maquina (sic) de anestesia y desde ese momento se intenta la remision (sic) a un tercer nivel que tubiese (sic) unidad de cuidado intensivo, mientras yo manejaba la paciente la ginecologa (sic) la doctora Rubiano se encargaba de las gestiones administrativas para lograr la remision (sic) de la paciente lo cual no fue posible hasta las 6:30 de la mañana no estoy muy segura, a la clinica (sic) el Bosque que inicialmente nos habian (sic) negado la remision (sic), la paciente a las tres de la mañana recupero (sic) la conciencia es decir, para poderla intubar yo la cede (sic) y la relaje (sic) y la conecte (sic) al ventilador a las tres de la mañana ya no tenia (sic) drogas, ella recupera conciencia a las tres de la mañana esta (sic) entubada y con señas pregunta que le paso (sic) yo le explico que tiene una complicacion (sic) cardiaca (sic) y que estamos tratando de lIevarla a otro hospital en ese momento la paciente se habia (sic) estabilizado estaba con soporte inotropico (sic) de dopamina y adrenalina que le habia (sic) estabilizado su presion (sic) arterial y soporte ventilatorio que habia (sic) mejorado su funcion (sic) respiratoria llevando la saturacion (sic) de oxigeno (sic) a 87 por ciento, o sea persistia (sic) el edema pulmonar a las 5 de la mañana se acaba el oxigeno (sic) central del hospital el Guavio yo me doy cuenta por que (sic) el ventilador deja de ciclar por que (sic) no hay presion (sic) de oxigeno (sic) suficiente, empiezo a ventilarla con la mano y pido se conecte el oxigeno (sic) y me contestan que la persona que tiene las llaves no esta (sic) en el hospital, solicito entonces una bala de oxigeno (sic) conectada a ambu (sic) y a partir de ese momento la ventilo manualmente. La paciente empeora se comienza a desaturar (sic) empeora el edema pulmonar hace primer paro cardio respiratorio se saca de ese paro hace el segundo paro cardiorespiratorio se saca nuevamente de ese paro, se insiste repetitivamente en el oxigeno (sic) central y en la remision (sic) de la paciente la cual se hace efectiva entre 6 de la mañana a 7 de la mañana con una paciente en muy mal estado. Acto seguido se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte actora y pregunta: que (sic) relacion (sic) existe entre el tratamiento dado en la cirugia (sic) de Pomeroy o ligadura de trompas practicado a lus (sic) mery chacon (sic) Valbuena y el diagnostico (sic) que aparece registrado en la clinica (sic) el bosque en la historia clinica (sic) de muerte cerebral Contestó la muerte cerebral se produce despues (sic) de los dos paros cardio respiratorios que ella presenta en la madrugada cuando se acaba el oxigeno (sic) central en el hospital. Pregunta usted confirmo (sic) o verifico (sic) como anestesiologa (sic) que a la paciente se le habian (sic) practicado antes de la cirugia (sic) los examenes (sic) de rutina incluidos (sic) entre ellos un electrocardiograma Contestó la paciente tiene 28 años el electrocardiograma este se hace a paciente (sic) mayores no es un examen (sic) de rutina, pero tampoco es obligatorio el cuadro hematico (sic) si es una paciente sana por la valoración (sic) de anestesia, ahora bien a la paciente se le realiza una prueba mundialmente aceptada una prueba de Atropina a la dosis de un miligramo para mirar la respuesta cardiaca (sic) a ese estimulo (sic) si la paciente hubiese tenido algun (sic) tipo de bloque (sic) o patologia (sic) cardiaca (sic) simplemente no aumenta su frecuencia cardíaca (sic) se hubiese evidencia (sic) un bloqeo (sic) cardiaco (sic) y no se hubiese realizado el procedimiento de hecho la complicacion (sic) de la paciente se presenta en recuperacion (sic) dos horas despues de la cirugia (sic) cuando ya no habia (sic) bloqueo anestesico (sic) puesto que en la historia consta en las notas de enfermeria (sic) que la paciente mueve las piernas, pide el pato y se queja de dolor en el sitio quirurgico (sic) Pregunta como anestesiologa (sic) al hacer la valoracion (sic) de la paciente lus (sic) mery chacon (sic) usted la encuentra en condiciones fisicas (sic) fisiologicas (sic) y sicologicas (sic) aptas para someterla a una cirujia (sic) de ligadura de trompas antes de las 24 horas de haber terminado el trabajo de parto Contestó si de hecho su estado fisico (sic) se clasifica como ASA 1 que significa pacientes sanos sin patologia (sic) de base, las ligaduras de trompas o pomeroy se hacen incluso intraoperatoriamente en una cesarea (sic) y se hacen en los pospartos inmediatos entendiendose (sic) como inmediato las primeras 24 horas si es el deseo de la paciente y si no habido (sic) ninguna complicacion (sic) dentro del parto de la paciente (...)”.

Ahora bien, del informe rendido por el Instituto de Medicina Legal, es importante resaltar lo siguiente:

“(...) 4. Todos estos hallazgos nos permiten concluir categóricamente que:

a. No hubo complicaciones por el procedimiento quirúrgico. La ligadura de trompas fue bien realizada.

b. Que efectivamente se presenta una isquemia miocárdica con edema pulmonar, las cuales fueron evidenciadas en el estudio histopatológico.

c. Los eventos fisiopatológicos que conducen a la muerte se presentan durante el postoperatorio y no tienen relación con la anestesia subaracnoidea. La paciente ya presentaba recuperación del efecto anestésico, tenía movilización de sus extremidades.

d. La sintomatología presentada en el postoperatorio inmediato de cefalea, dolor abdominal y sudoración se explican por el procedimiento quirúrgico realizado y la cefalea puede deberse además a un malestar postefecto de la anestesia subaracnoidea.

e. La autopsia descarta que la isquemia miocárdica y el edema pulmonar se debiera a una ateroesclerosis coronaria y a otra patología coronaria no ateroesclerótica. Se deduce que la isquemia se debe a un proceso relacionado con la perfusión. La prueba de atropina descarta un bloqueo auriculoventicular.

En relación a la causa de la muerte se pueden plantear los siguientes puntos:

1. Existe una relación temporal entre la aparición del edema pulmonar casi fulminante y la isquemia miocárdica aguda con la administración de piroxicam y lisaigil que sugieren una posible reacción de hipersensibilidad al piroxicam o al lisalgil. El primero es un antiinflamatorio no esteroideo y el segundo una dipirona.

En la historia es muy claro que después de 15 minutos de administrado los medicamentos mencionados se queja de diaforesis, gran dolor precordial y hace un edema pulmonar agudo, taquicardia e hipotensión.

2. El estudio postmortem de humor vítreo muestra Na en 142.7 mEq/l a 146.0 mEq/l y el cloro en 70 a 73.4 mEq/I. El valor de cloro está disminuido pero el sodio dentro de los límites normales, por lo tanto no dán (sic) un patrón descrito en la literatura que sugiera una alteración electrolítica.

3. La autopsia descartó un substrato morfológico cardiovascular como causa de la isquemia miocárdica así como el humor vítreo no pudo arrojar un patrón definitivo de alteración electrolítica nos permite deducir ante la relación temporal entre la administración de los medicamentos y la sintomatología de evolución rápida que la muerte probablemente se debió a una reacción anafilactoide a uno de estos medicamentos con colapso cardiovascular y edema pulmonar agudo fulminante, sin manifestaciones cutáneas. Llama la atención que la paciente mejora con la dopamina y adrenalina, lo cual respalda en parte nuestro mecanismo y causa de muerte.

4. Es también cierto que durante el proceso de reanimación cardiopulmonar se presenta un accidente de tipo administrativo al acabarse el flujo central de oxígeno haciendo más difícil el procedimiento de reanimación. La anestesióloga continua (sic) con ambú y oxígeno proveniente de una bala de oxígeno. El accidente como lo denomino para diferenciarlo del término complicación consistió en que no había en ese momento el personal encargado de hacer la conexión debida. Este hecho facilitó en parte el curso del cuadro clínico a su deterioro fatal. Sin embargo, la anestesióloga procedió de acuerdo a sus recursos a tratar de mejorar la saturación de oxígeno de la paciente sin lograrlo, debido a la reacción anafilactoide de base.

5. Finalmente considero que dicha reacción de hipersensibilidad sin antecedentes previos de sospecha es muy difícil diagnosticarla y la mayoría de las veces no se puede predecir.

En la literatura médica se han descrito pacientes que hacen una reacción de hipersensibilidad a drogas entre ellas piroxicam y dipirona y son de tipo idiosincrático”.

Los anteriores medios probatorios, si bien nos llevan a concluir que la atención médica brindada a la paciente fue la adecuada, que todos los procedimientos se hicieron de acuerdo a lo indicado por la lex artis y que una reacción de hipersensibilidad como la que presentó la paciente no era previsible, también nos llevan a la determinación de Ia existencia de una falla en el servicio que poco tiene que ver con el actuar médico propiamente dicho, pero sí está muy relacionado con la actividad del hospital como entidad prestadora de salud, la cual tiene una obligación con los pacientes que va mucho más allá de la sola prestación del servicio médico.

Esta Sala encuentra que pese a la atención adecuada brindada a la paciente, el inconveniente que se produjo con la falta de oxígeno, y la ausencia de la persona que tenía las llaves del lugar donde este se encontraba, constituye por sí misma una falla en la prestación del servicio médico, toda vez que resulta inadmisible que en una institución de II nivel, no se cuente con reservas de oxígeno, y menos que estas sí existan pero no puedan utilizarse porque no es posible acceder a ellas.

Cabe destacar, que la responsabilidad de las instituciones de salud, no se agota con la disposición de un personal médico que ejecute sus funciones de acuerdo con la norma de atención, sino que existen otra serie de actuaciones que rodean el acto médico en sí mismo, los cuales también deben verificarse, pues estos aspectos rodean la atención en general, y se circunscriben a este tipo de circunstancias; estos son, la seguridad dentro de las instalaciones del hospital, los elementos necesarios para la atención de los pacientes y la idoneidad del personal paramédico, entre otros, condiciones que en el asunto sub examine no se cumplieron a cabalidad.

Tal como se afirmó en sentencia del 7 de junio de 2012(10), la doctrina así lo ha manifestado:

“Los servicios prestados por la institución médica comprenden no solo las obligaciones estipuladas por las partes, sino también las que por ley le pertenecen, teniendo en cuenta que pueden relacionarse con actos puramente médicos o realizados por el profesional de la medicina, actos para médicos que por lo general son ejecutados por personal auxiliar bajo las órdenes del médico y para controlar al paciente, que incluye el suministro de medicamentos y el uso de instrumentos en óptimas condiciones y finalmente actos extramédicos que corresponden a los servicios de hostelería, tales como alojamiento, manutención etc., en desarrollo del deber de seguridad y preservación de la integridad física de los pacientes(11).

Viene acreditado dentro del proceso, que de haber continuado con el suministro de oxígeno y la aplicación de los medicamentos adecuados, las posibilidades de estabilizar a la paciente se hubiesen optimizado, pues dado que como lo establece el informe de Medicina Legal, sumado al testimonio de la médica anestesióloga que atendió el caso, la saturación de la señora Luz Mery mejoró con las maniobras de reanimación, las mismas que se vieron obstaculizadas por la ausencia de los elementos requeridos para continuarlas.

El derecho a la salud, consagrado en la Constitución Política, implica la obligación a cargo del Estado de garantizar la prestación de servicios médico asistenciales en la cantidad oportunidad y eficiencia requeridas, mediante los cuidados, intervenciones y procedimientos necesarios para restablecer la salud, al igual que la implementación de políticas públicas en esta materia.

Así lo ha dicho esta Sala:

“Esa dilación injustificada en la prestación del servicio hospitalario, a diferencia de lo precisado por el a quo, supone un grave desconocimiento a los elementos esenciales de la obligación médica, es decir, a la integralidad, la oportunidad y la identidad, ya que, en efecto, el servicio público de salud no constituye ninguna dádiva del aparato estatal, sino que, por el contrario, representa una actividad de aquellas definidas como esenciales por el constituyente primario, razón por la que el Estado se encuentra obligado a garantizar su prestación de manera eficiente, en aras de proteger y salvaguardar la vida e integridad de las personas”(12).

De tiempo atrás se ha establecido que el derecho a la salud no solo tiene carácter de derecho fundamental sino que además es un servicio público esencial a cargo del Estado, razón por la cual debe garantizarse su protección efectiva a todos los asociados.

En efecto, para la Corte Constitucional:

“La jurisprudencia constitucional ha señalado, de forma reiterada, que el derecho a la salud posee una naturaleza dual(13) pues, por una parte, es un derecho de carácter constitucional, en tanto que desde otra perspectiva, se trata de un servicio público esencial a cargo del estado. A partir de estas perspectivas que, naturalmente, se complementan, la Corte ha precisado el alcance del derecho, la viabilidad de su protección por vía de tutela bajo ciertas condiciones, y algunos de los principios que rigen la actuación del Estado y sus delegados para la prestación del servicio.

En relación con el derecho constitucional a la salud, este consiste en ‘la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser(14), definición que debe ser complementada por lo establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que lo identifica como ‘el derecho de toda persona al disfrute del nivel más alto posible de salud’”(15).

Así, es claro que el derecho a la salud tiene un carácter universal e indisponible, pues cobija a todas las personas; sin embargo, en la medida en que su efectividad requiere la ejecución de prestaciones positivas de carácter asistencial(16), su efectividad debe llevarse a cabo de forma progresiva(17), toda vez que requiere un adecuado manejo de los recursos disponibles, para que el Estado pueda cumplir la obligación de garantizar las prestaciones esenciales en salud a toda la población.

Como tales recursos son limitados, el Estado debe establecer las prestaciones que constituyen las necesidades más imperiosas en salud de la población y, a partir de esta base, ampliar la cobertura en dos sentidos: en relación con el acceso de toda la población, de acuerdo con el principio de universalidad; y, en relación con la suficiencia, adecuación permanente, y ampliación de los contenidos prestacionales de los planes de salud, de acuerdo con el principio de progresividad(18).

Teniendo en mente las dificultades que supone la consecución de la cobertura universal y progresiva del servicio, el constituyente consideró que el diseño del sistema de seguridad social en salud, así como las relaciones entre las personas, las entidades delegadas para la prestación del servicio, y el Estado, debían ser organizadas como un servicio público a cargo del Estado. En tal sentido, el artículo 49 de la Carta establece que el Estado debe “organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud (...) conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad” (resalta la Sala)(19).

En consecuencia, lo anterior nos permite determinar que al existir una ausencia de los recursos mínimos para la atención de un paciente, se está incurriendo en una violación a los anteriores principios, razón por la cual, se configura la responsabilidad del Estado, y concurren los elementos que permiten imputarle a la entidad, la falla que conllevó a la muerte de la paciente Luz Mery Chacón Valbuena.

2.4. Reconocimiento de perjuicios.

2.4.1. Perjuicios morales.

Establecido como está el parentesco con los registros civiles, la Sala da por probado el perjuicio moral sufrido por los actores con ocasión de la muerte de su esposa, madre, hija y hermana “por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad”(20).

Al respecto, esta sección ha dicho que “no es necesario establecer si las lesiones causadas fueron graves o leves, toda vez que esta distinción carece de sentido lógico y equitativo, por cuanto no es plausible de ninguna manera que la aflicción pueda establecerse a partir de una condición especial de las lesiones. En efecto, independientemente de la afectación física del lesionado, en una concepción de familia nuclear como la que impera en la sociedad colombiana, no resulta equitativo que ese padecimiento moral, su prueba y reconocimiento se condicione al resultado material del daño en cuanto a su mensurabilidad. Así las cosas, para lo único que se debe tener en cuenta la gravedad o levedad de las lesiones, es para establecer la graduación del monto del perjuicio que se debe indemnizar”(21).

Con base en lo anterior, se modificará la sentencia de primera instancia, y se reconocerá por concepto de daños morales la siguiente tasación:

Luis Arturo Rodríguez LópezCónyuge100 SMLMV
Hanner Arturo Rodríguez ChacónHijo100 SMLMV
Luz Mery Rodríguez ChacónHija100 SMLMV
Ingrid Astrid Rodríguez ChacónHija100 SMLMV
Helen Brillit Rodríguez ChacónHija100 SMLMV
Ezequiel Chacón ValerianoPadre100 SMLMV
María Delia Valbuena de ChacónMadre100 SMLMV
Edwin Chacón ValbuenaHermano50 SMLMV
Franklim Chacón ValbuenaHermano50 SMLMV
Mabel Chacón ValbuenaHermana50 SMLMV
Ezequiela Chacón ValbuenaHermana50 SMLMV
Blanca Nancy Chacón ValbuenaHermana50 SMLMV

2.4.2. Perjuicios materiales.

2.4.2.1. Daño emergente.

Se confirmará el reconocimiento de los perjuicios por este rubro, en atención a la factura por servicios funerarios aportada al proceso, pero dado que el fallador de primera instancia no actualizó dicho valor a la fecha de la sentencia, esta Sala procederá a hacer la actualización desde la fecha de la factura, a la fecha de esta decisión, con base en la fórmula utilizada por esta corporación:

F1-1999 00652
 

F2-1999 00652
 

Ra= $ 1’457.304,11

2.4.2.2. Lucro cesante.

Comoquiera, que no existe claridad sobre el valor de los ingresos percibidos por la señora Luz Mery Chacón Valbuena, pero sí acerca del desarrollo de una actividad económica por parte de la misma —obra en el expediente certificación expedida por Artesanías de Colombia S.A., donde se hace constar que la señora Luz Mery elaboraba trabajos manuales que eran comercializados a través de dicha entidad— de la que derivaba su sustento y el de su familia, se accederá a la pretensión sobre el lucro cesante, para lo cual, se tomará como base el salario mínimo actual $ 616.000, dicho guarismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales y se le restará el 25% de lo que la víctima gastaba en su manutención, lo que arroja la suma de $ 577.500 que será el valor que se toma para calcular el lucro cesante, suma esta que se dividirá así: 50% para Luis Arturo Rodríguez López, pues el criterio reiterado de la Sala sobre la ayuda que una persona destina para los gastos y manutención de su familia se hace sin distinción alguna a la actividad que realice su pareja y el restante 50% se dividirá entre sus cuatro (4) hijos es decir 12.5% para cada uno.

La indemnización se concederá para Luis Arturo Rodríguez López hasta la vida probable de la señora Chacón Valbuena; para Ingrid Astrid Chacón Valbuena el período consolidado hasta los 25 años de edad, y el período consolidado y futuro para Helen Brillit, Hanner Arturo y Luz Mery Chacón Valbuena, desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente sentencia y desde el día siguiente de esta providencia hasta que cumplan los 25 años de edad, respectivamente.

Luis Arturo Rodríguez López

La indemnización comprende un periodo consolidado desde la fecha de los hechos el 30 de marzo de 1998, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 190.4 meses.

F3 7 9 13y17-1999 00652
 

F4-1999 00652
 

S= $ 90’184.595

Liquidación de la indemnización futura o anticipada:

Para efectos de la liquidación de lucro cesante futuro, la esperanza de vida de una persona que tenía 29 años 5 meses para la época de los hechos como es el caso sub lite. Es de 48.72 años que corresponden a 584.64 meses. Para calcular el lucro cesante futuro, se habrá de sustraer de la expectativa de vida, el número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponden a 190,4 meses, dando un total de 394,24 meses que será el lapso a indemnizar, tomando como valor el 50% de los ingresos de la señora Luz Mery Chacón Valbuena, equivalente a la suma de $ 288.750.

F5 11 15y19-1999 00652
 

F6-1999 00652
 

S= $ 50’578.845,9

Total perjuicios materiales (lucro cesante): $ 140’763.440,9

Ingrid Astrid Rodríguez Chacón

Nacida el 6 de diciembre de 1987(22), los 25 años se cumplieron el 6 de diciembre de 2012. La indemnización comprende un periodo consolidado que va desde la fecha de los hechos el 30 de marzo de 1998, hasta la fecha en que cumpliría dicha edad, esto es, 167,2 meses.

F3 7 9 13y17-1999 00652
 

F8-1999 00652
 

S= $ 18’562.211,19

Total perjuicios materiales: dieciocho millones, quinientos sesenta y dos mil doscientos once pesos con diecinueve centavos ($ 18’562.211,19)

Helen Brillit Rodríguez Chacón

Nacida el 15 de septiembre de 1990(23), como no ha cumplido aún los 25 años la indemnización comprende un periodo consolidado que va desde la fecha de los hechos el 30 de marzo de 1998, hasta la fecha de la presente sentencia 30 de marzo de 2014, esto es, 190,4 meses.

F3 7 9 13y17-1999 00652
 

F10-1999 00652
 

S= $ 22’546.148

El lucro cesante futuro comprende desde el día siguiente a la decisión (13.feb.2014) hasta el día en que cumpliría 25 años de edad.

F5 11 15y19-1999 00652
 

F12-1999 00652
 

S= $ 1’506.477,58

Total perjuicios materiales: veinticuatro millones cincuenta y dos mil seiscientos veintiséis pesos con cuarenta y cuatro centavos ($ 24’052.626,44)

Hanner Arturo Rodríguez Chacón

Nacido el 4 de abril de 1996(24), como no ha cumplido aún los 25 años la indemnización comprende un periodo consolidado que va desde la fecha de los hechos el 30 de marzo de 1998, hasta la fecha de la presente sentencia 12 de febrero de 2014, esto es, 190,4 meses.

F3 7 9 13y17-1999 00652
 

F14-1999 00652
 

S= $ 22’546.148,86

El lucro cesante futuro comprende desde el día siguiente a la decisión (13.feb.2014) hasta el día en que cumpliría 25 años de edad.

F5 11 15y19-1999 00652
 

F16-1999 00652
 

S= $ 5’048.515,13

Total perjuicios materiales: veintisiete millones quinientos noventa y seis mil ochenta y ocho pesos con setenta y ocho centavos ($ 27’596.088,78)

Luz Mery Rodríguez Chacón

Nacida el 29 de marzo de 1998(25), como no ha cumplido aún los 25 años la indemnización comprende un periodo consolidado que va desde la fecha de los hechos el 30 de marzo de 1998, hasta la fecha de la presente sentencia 12 de febrero de 2014, esto es, 190,4 meses.

F3 7 9 13y17-1999 00652
 

F18-1999 00652
 

S= $ 22’546.148,86

El lucro cesante futuro comprende desde el día siguiente a la decisión (13.feb.2014) hasta el día en que cumpliría 25 años de edad.

F5 11 15y19-1999 00652
 

F20-1999 00652
 

S= $ 6’117.432,55

Total perjuicios materiales: veintiocho millones seiscientos sesenta y tres mil quinientos ochenta y ocho pesos con cuarenta y un centavos ($ 28’663.581,41)

2.4. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 24 de diciembre de 2003, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Declarar al Hospital Centro Oriente II Nivel ESE responsable por los perjuicios causados a los demandantes.

3. Condenar al Hospital Centro Oriente II Nivel ESE a pagar al señor Ezequiel Chacón Valeriano, por concepto de daño emergente, la suma correspondiente a un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos cuatro pesos con once centavos ($ 1’457.304,11).

4. Condenar al Hospital Centro Oriente II Nivel ESE a pagar por perjuicios morales, las sumas correspondientes a:

Luis Arturo Rodríguez LópezCónyuge100 SMLMV
Hanner Arturo Rodríguez ChacónHijo100 SMLMV
Luz Mery Rodríguez ChacónHija100 SMLMV
Ingrid Astrid Rodríguez ChacónHija100 SMLMV
Helen Brillit Rodríguez ChacónHija100 SMLMV
Ezequiel Chacón ValerianoPadre100 SMLMV
María Delia Valbuena de ChacónMadre100 SMLMV
Edwin Chacón ValbuenaHermano50 SMLMV
Franklim Chacón ValbuenaHermano50 SMLMV
Mabel Chacón ValbuenaHermana50 SMLMV
Ezequiela Chacón ValbuenaHermana50 SMLMV
Blanca Nancy Chacón ValbuenaHermana50 SMLMV

5. Condenar al Hospital Centro Oriente II Nivel ESE a pagar por concepto de lucro cesante consolidado y futuro, las sumas correspondientes a:

Luis Arturo Rodríguez LópezCónyuge$ 140’763.440,9
Ingrid Astrid Rodríguez ChacónHija$ 18’562.211,19
Helen Brillit Rodríguez ChacónHija$ 24’052.626,44
Hanner Arturo Rodríguez ChacónHijo$ 27’596.088,78
Luz Mery Rodríguez ChacónHija$ 28’663.581,41

6. Sin condena en costas.

7. En firme esta providencia envíese al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Los hechos sucedieron el 30 de marzo de 1998 con la muerte de la señora Luz Mery Chacón Valbuena, y la demanda fue presentada el 12 de marzo de 1999, luego fue presentada en tiempo, razón por la cual no hay caducidad de la acción.

(2) Consejo de Estado; Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp. 15772; C.P. Ruth Stella Correa.

(3) Sobre este aspecto ver, por ejemplo, Ricardo Luis Lorenzetti. Responsabilidad civil de los médicos. Buenos Aires. Rubinzal-Culzoni Editores, 1997. Tomo II, pág. 218.

(4) Mazaud y Tunc. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y cuasidelictual. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962. Tomo I, Volumen II, pág. 405.

(5) Sentencia del 10 de febrero de 2000, Exp: 11.878. En el mismo sentido, sentencia del 8 de febrero de 2001, Exp: 12.792.

(6) Consejo de Estado; Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp. 15772; C.P. Ruth Stella Correa.

(7) Cf. De Cupis, Adriano “El Daño”, Ed. Bosch, Barcelona, 2ª edición, 1970, pág. 82.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1º de febrero de 2012, Exp. 21.466.

(9) Consejo de Estado; Sección Tercera, sentencia del 1º de febrero de 2012, Exp. 21466; C.P. Enrique Gil Botero.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 7 de 2012; rad. 21722; C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(11) Fernández Hierro, Responsabilidad civil médico - sanitaria, Ed. Aranzandi, Pamplona, págs. 174 y 175. Bueres, Alberto J.; Responsabilidad de los médicos”; Ed. Hammurabi, Tomo I.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 18 de 2010; rad. 18524; C.P. Enrique Gil Botero.

(13) Sobre la doble naturaleza de derecho constitucional, y servicio público esencial, que ostenta el derecho a la salud, se ha referido la Corte, entre otros, en los fallos T-304 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-544 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-016 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-946 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(14) Corte Constitucional. Sentencia T-597/93 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; reiterada en la T-137 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Además, la Corte ha señalado que, de conformidad con el artículo 12 del Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este derecho consiste en el disfrute del nivel más alto posible de salud.

(15) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (22 período de sesiones, 2000), U.N. Doc. E/C. 12/2000/4 (2000). Artículo 12, párrafo 1º: “1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”; este pacto hace parte del bloque de constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 93 superior.

(16) Ver, entre otras, las sentencias SU-480 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), SU-819 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), y T-1204 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(17) Constitución Política. Artículo 48, inciso 3º: “El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley”.

(18) Sobre el alcance del principio de progresividad en relación con el derecho a la salud, ver sentencias T-179 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-739 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-267 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), C-040 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), entre otras.

(19) Corte Constitucional, Sentencia T-454 de mayo 13 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(20) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 28 de enero de 2009; Exp. 18073.

(21) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 14 de septiembre de 2011; Exp. 19031.

(22) Folio 4, cuaderno 2. Obra registro civil de nacimiento donde consta la fecha de su nacimiento y el nombre de sus padres.

(23) Folio 5 cuaderno 2. Obra registro civil de nacimiento donde consta la fecha de su nacimiento y el nombre de sus padres.

(24) Folio 6 cuaderno 2. Obra registro civil de nacimiento donde consta la fecha de su nacimiento y el nombre de sus padres.

(25) Folio 5 cuaderno 2. Obra registro civil de nacimiento donde consta la fecha de su nacimiento y el nombre de sus padres.