Sentencia 1999-00680/29085 de febrero 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 410012331000199900680 01

Exp.: 29085

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón (E)

Actor: Banco Ganadero S.A.

Demandado: Rama judicial

Referencia: Reparación directa - apelación sentencia

Bogotá D.C., doce de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

La Sala advierte que en el presente asunto no se analizará la cuantía del proceso a efectos de determinar la competencia de esta corporación, toda vez que la Ley 270 de 1996 al desarrollar la responsabilidad del Estado en los eventos de i) error jurisdiccional, ii) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y iii) privación injusta de la libertad, fijó la competencia para conocer de tales temas en esta jurisdicción a través de los tribunales administrativos en primera instancia y el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración de la cuantía(1).

Siguiendo esa línea, esta corporación es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, debido a que la demanda se fundamentó en uno de los títulos de imputación previstos en la Ley 270 de 1996, consistente en el error jurisdiccional.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Evidencia la Sala que la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva - Sala de Decisión Civil por medio de la cual se confirmó la decisión de levantar las medidas cautelares que pesaban sobre los bovinos —la cual según la demanda, es la que se encuentra viciada de error jurisdiccional— cobró ejecutoria el 23 de mayo de 1997 (fl. 244, cdno. 1 vto), en tanto que la demanda que dio origen a este asunto se presentó el 21 de mayo de 1999, cuestión que permite concluir que la acción se ejerció dentro del término de caducidad de dos años.

3. Medios probatorios.

3.1. Documentales.

3.1.1. Garantía abierta Nº 042 con prenda de semovientes constituida el 9 de julio de 1993 por María Fernanda Suárez en favor del Banco Ganadero por un total de $ 43’200.000, con vencimiento al 12 de julio de 1995, la cual recayó sobre 80 vacas con sus crías raza cebú cruzado, de 4 a 5 años de edad, colores blanco, colorado, osco y pardo, con pesos aproximados de 370 Kgs, avaluados a $ 250.000 c/u, 100 vacas horras raza cebú cruzado de 4-5 años de edad de colores blanco, colorado, osco y pintado con peso promedio de 380 Kgs, avaluadas en a $ 2’000.000 c/u y 8 toros reproductores raza cebú cruzado de 4-6 años de edad de colores blanco y osco, con peso promedio de 450 Kgs c/u, avaluados en $ 400.000 (fl. 27-28, cdno. 2).

3.1.2. Certificado Nº 401 expedido el 21 de julio de 1993 por la Cámara de Comercio de Neiva en el consta la inscripción de la prenda pecuaria abierta Nº 042 (fl. 29, cdno. 2).

3.1.3. Garantía abierta Nº 041 con prenda de semovientes constituida el 9 de julio de 1993 por Rafael Humberto Suárez Hernández en favor del Banco Ganadero por un total de $ 37’000.000, con vencimiento al 12 de julio de 1995, la cual recayó sobre120 vacas con sus crías, raza cebú mestizo, de 4 a 5 años de edad, colores blanco colorado, osco, con peso aproximado de 370 Kgr, avaluados en $ 250.000 c/u, 30 novillas de vientre, raza cebú mestizo, de dos y medio y tres años de edad con peso aproximado de 300 Kgr., avaluadas a $ 180.000 c/u y 4 toros raza cebú de 4 a 6 años de edad, de colores blanco y cenizo con peso promedio de 440 Kgr. cada uno, avaluados a $ 400.000 c/u.(fl. 30-31, cdno. 2).

3.1.4. Certificado Nº 402 expedido el 21 de julio de 1993 por la Cámara de Comercio de Neiva en el que consta la inscripción de la prenda pecuaria abierta Nº 041 (fl. 29, cdno. 2).

3.1.5. Garantía abierta Nº 039 con prenda de semovientes constituida el 9 de julio de 1993 por Aura Helena Hernández de Suárez en favor del Banco Ganadero por un total de $ 31’340.000, con vencimiento al 12 de julio de 1995, la cual recayó sobre 100 vacas horras de raza cebú cruzado de 4 a 5 años de edad, colores blanco, colorado, osco y pintado, peso aproximado de 380 Kgr cada una, avaluadas a $ 200.000 c/u, y 63 novillos de vientre, raza cebú cruzado, de colores blanco, colorado, osco y pardo, con peso aproximado de 320 Kgr., avaludas en $ 180.000 (fl. 33-34, cdno. 2).

3.1.6. Certificado Nº 400 expedido el 21 de julio de 1993 por la Cámara de Comercio de Neiva en el que consta la inscripción de la prenda pecuaria abierta Nº 039 (fl. 235, cdno. 2).

3.1.7. Providencia de 1º de febrero de 1995 por medio de la cual el juzgado primero civil del circuito decretó el embargo y secuestro de varios semovientes de propiedad de los señores María Fernanda Suárez Hernández, Rafael Humberto Suárez Hernández y Aura Elena Hernández de Suárez (fls. 253-254, cdno. 3).

3.1.8. Escrito por el cual la sociedad Inversiones Camón S. en C. actuando a través de apoderado judicial, promovió incidente de levantamiento de embargo y secuestro de 238 semovientes vacunos practicado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tesalia durante los días 6 y 7 de julio de 1995 (fl. 46-53, cdno. 1).

3.1.9. Escrito de solicitud de pruebas formuladas por el incidentante (fl. 53, cdno. 1).

3.1.10. Acta de la diligencia de embargo y secuestro de semovientes practicada el 6 y 7 de junio de 1995 por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Tesalia (fls. 42-45, cdno. 1).

3.1.11. Auto del 20 de septiembre de 1995 por el cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva ordenó al incidentante prestar caución por valor de $ 3’000.000. (fl. 54, cdno. 1).

3.1.12. Auto del 10 de octubre de 1995 por el cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva aceptó la caución prestada y corrió traslado por tres días del incidente de levantamiento de embargo y secuestro (fl. 145, cdno. 1).

3.1.13. Escrito de oposición presentado por el Banco Ganadero al incidente de levantamiento presentado por Inversiones Camón S. en C. (fls. 155-159, cdno. 1)

3.1.14. Registros de marca Nº 074, 102, 724, 723 de los semovientes de propiedad de los señores Aura Elena Hernández de Suárez, Humberto Suárez Leyva, María Fernanda Suárez y Rafael Humberto Suárez (fl. 75-78, cdno. 1).

3.1.15. Informe de avalúo para prenda pecuaria practicado en junio de 19936 por el técnico de fomento del Banco Ganadero sobre los semovientes de propiedad de María Fernanda Suárez Hernández, Rafael Humberto Suárez Hernández y Aura Elena Hernández de Suárez (fls. 146-150, cdno. 2).

3.1.16. Auto del 11 de diciembre de 1995 por el cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva decretó la práctica de pruebas dentro del incidente de levantamiento de medida cautelar (fl. 160-161, cdno. 1).

3.1.17. Comprobante de pago de ganado por valor de $ 84’000.000 suscrito por quien recibió, Juan de Jesús Cabrera Collazos, por parte de los señores Gustavo Polanía Fierro y Rafael Alvarado Serrato (fl. 139, cdno. 1).

3.1.18. Escrito de resolución de contrato de compraventa de ganado suscrito el 27 de junio de 1995 entre Juan de Jesús Cabera Collazos y los señores Gustavo Polanía Fierro y Rafael Alvarado Serrato (fl. 140, cdno. 1).

3.1.19. Constancia suscrita por el gerente del Fondo Ganadero del Huila de conformidad con la cual el señor Juan de Jesús Cabrera Collazos giró un cheque en blanco para ser llenado por el Fondo Ganadero según valor de ganado que venda dicho organismo al señor Cabrera Collazos, ganados liquidados dentro del contrato de participación suscrito con el señor Luis Humberto Suárez Leyva. El número de cabezas objeto del contrato es aproximadamente de 570 y el valor se determinaría cuando concluyera la revisión y la contramarcada de los semovientes (fl. 128, cdno. 1).

3.1.20. Oficio 0237-95 del 24 de julio de 1995 por el cual el gerente del Fondo Ganadero del Huila informó cuál era la marca y contramarca que imprimían al ganado que compraba y vendía (fl. 110, cdno. 1).

3.1.21. Contrato de ganado en participación Nº 3508-92 celebrado el 25 de agosto de 1992 entre el Fondo Ganadero del Huila S.A. y Luis Humberto Suárez Leyva mediante el cual el Fondo Ganadero, en calidad de propietario, entregaba al depositario 518 semovientes para que los administrara y con ese propósito fueran ubicados en la hacienda La Angustura del señor Suárez Leyva por un plazo de tres años (fls. 112-115, cdno. 1).

3.1.22. Informes de visita practicadas por el Fondo Ganadero del Huila a la hacienda La Angostura en desarrollo del contrato Nº 3508 (fls. 116-117, cdno. 1).

3.1.23. Certificado de existencia y representación de la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C. (fls. 103-105, cdno. 1).

3.1.24. Constancia expedida por el gerente del Fondo Ganadero del Huila el 17 de julio de 1995, de conformidad con la cual (fls. 106-107:

“... el Fondo le compró al señor Luis Humberto Suárez Leiva identificado con la cédula 1.624.837 expedida en Tesalia, 518 vacunos, por la suma de $ 77’700.000, el día veinticinco (25) de agosto de 1992, discriminados así:

Vacas paridas83
Crías machos38
Crías hembras45
Vacas horras 148
Novillas de levante (9-18 meses)58
Novillas de levante (18 a 30 meses)100
Novillas vientre46

Que mediante contrato de ganado en participación distinguido con el Nº 3508, del 25 de agosto de 1992, se entregaron al señor Suárez Leiva los 518 vacunos discriminados en el aparte anterior.

Que al producirse la liquidación definitiva del contrato Nº 3508, el día 28 de septiembre de 1994 los semovientes se vendieron a las siguientes personas:

Marcelino Alvarado
CC. 1.624.999
108 vacas paridas
50 crías machos
$ 37’800.000
 50 crías hembras  
Edgar Londoño68 novillas de vientre
9 novillas ceba
$ 19’250.000
Humberto Ospina 31 novillas de levante (9 a 18 meses)$ 4’030.000
Miller Guali10 toros $ 6’000.000
Dagoberto Escobar 119 vacas horras $ 35’7000.000
Luis Ma Yustres 63 Novillas de levante (18 a 30 meses)$ 12’600.000

Que el precio de los semovientes vendidos a quienes ya se mencionaron fue cancelado por el señor Juan de Jesús Cabrera, con cheque 1329005, del banco del Estado, por la suma de $ 115’380.000”.

3.1.25. Acta de inspección judicial practicada a semovientes vacunos el día 3 de junio de 1996 por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Tesalia dentro del incidente de levantamiento de medida cautelar (fls. 98-100, cdno. 1).

3.1.26. Auto del 2 de septiembre de 1996 por el cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva decretó el levantamiento del embargo y secuestro de 238 semovientes de los 239 gravados con la medida en diligencia practicada por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Tesalia, los cual habían sido denunciados como de propiedad de María Fernanda Suárez Hernández, Rafael Humberto Suárez Hernández y Aura Helena Hernández de Suárez, con base en las siguientes consideraciones (fls. 168 a 181, cdno. 1):

“Pues bien, del acervo probatorio se infiere que la tercero (sic) adquirió los semovientes por compra que hiciera al Fondo Ganadero del Huila S.A., a través de los señores Marcelino Alvarado, Edgar Londoño López, Humberto Ospina, Miller Guali, Dagoberto Escobar Vieda y Luis María Yustres, adquisición que se deduce de los testimonios rendidos ante este despacho judicial por Londoño López, Ospina, Escobar Vieda y Yustres, ratificada por el exgerente del Fondo Ganadero del Huila, señor Ramiro Charry Gutiérrez en su declaración y en las constancias expedidas por la citada entidad el 28 de septiembre de 1994 y 17 de julio de 1995, visibles a folios 27, 5 y 6 del cuaderno contentivo del incidente.

También se encuentra acreditada en el expediente que el Fondo Ganadero del Huila S.A., adquirió los semovientes por compra al señor Luis Humberto Suárez Leyva el 25 de agosto de 1992, como se desprende de la constancia visible a folios 5 y 6, y de los recibos provisionales de ganado, obrantes a folios 7 y 8 del cuaderno en referencia.

‘semovientes que de acuerdo con el contrato inicial de ganado en participación, y su adicción, de fecha 25 de agosto y 9 de diciembre de 1992 fueron entregados en depósito al demandado Luis Humberto Suárez Leyva.

De las pruebas anteriormente citadas, se concluye que la propiedad de los semovientes en cabeza del Fondo Ganadero del Huila S.A., se remonta al 25 de agosto de 1992, dominio transferido a la sociedad Inversiones Camón y Cía. S.A. S. en C., el 28 de septiembre de 1994, fecha en que compró al Fondo Ganadero del Huila S.A., los semovientes (fl. 5).

Indica lo expuesto que cuando suscribieron y registraron los contratos de prenda Nº 039, 041 y 042 del 98 de julio de 1993, los semovientes motivo de este incidente ya no le pertenecían a los demandados Luis Humberto Suárez Leyva, Rafael Humberto Suárez Hernández, Aura Helena Hernández de Suárez y María Fernanda Suárez Hernández.

‘Ahora pasamos a determinar si los ganados afectados con la medida cautelar en este asunto, son los mismos que aparecen gravados con las prendas aportadas al proceso.

‘Nótese que en las prendas pecuarias abiertas y en los informes de avalúo para estas presentadas por el técnico de fomento de la entidad ejecutante, no se observa que los ganados allí relacionados estuvieran marcados con el herrete del Fondo Ganadero del Huila S.A. sino con el de los demandados, de donde se infiere que los reclamados resultan ser distintos a los dados en garantía al ejecutante. También se observa que si bien la constitución de las garantías prendarias resultan ser anteriores a la compra que hiciera el incidentalista al Fondo Ganadero del Huila, estos últimos aparecen debidamente identificados con marcas tanto del Fondo, antiguo propietario, como la del tercero incidentalista.

Esta situación se corrobora por los testimonios rendidos por Diógenes Ramos Medina, secuestre de los semovientes, quien manifiesta que el día que se practicó la diligencia, los ganados tenían la marca del Fondo Ganadero, la del señor Juan de Jesús Cabrera y la de la familia Suárez; Ramiro Charry Gutiérrez, exgerente de la citada entidad, da cuenta de la negociación celebrada por esta y Cabrera Collazos sobre los semovientes; Edgar Londoño López, Dagoberto Escobar Vieda, Humberto Ospina y Luis María Yustres, personas estas encargadas de seleccionar la calidad y cantidad de semovientes que comprara el señor Juan de Jesús Cabrera, quienes además aducen que los ganados tenían la marca tanto del Fondo Ganadero como la del señor Cabrera Collazos.

Igualmente con la inspección judicial practicada se refuerza lo anterior, al concluir que los ganados perseguidos en este incidente, son los mismos que fueron embargados y secuestrados en esta ejecución con acción mixta en diligencias practicadas por el mismo funcionario judicial.

Indica lo expuesto en estas consideraciones que los semovientes embargados y secuestrados en este proceso, son los mismos que el Fondo Ganadero del Huila S.A., le vendió a Juan de Jesús Cabrera Collazos el 28 de septiembre de 1994, los que se encontraban en predios del demandado en razón del arrendamiento de pastos contratados con los ejecutados y sobre los cuales detentaba posesión y además podía adquirirlos y reclamarlos mediante este incidente para la sociedad que representa de conformidad con el artículo 196 del Código de Comercio, por cuanto el negocio de compraventa celebrado por el socio gestor está comprendido dentro del desarrollo del objeto social de la misma, por ende, debe accederse a lo reclamado por la sociedad incidentante”.

3.1.27. Escrito de apelación instaurado por el Banco Ganadero S.A. contra la anterior decisión, el cual fundamentó principalmente en la inexistencia de pruebas demostrativas de que la sociedad Inversiones Camón y Cía., tenía la posesión de los semovientes objeto de la medida cautelar practicada los días 6 y 7 de julio de 1995 (fls. 207-225, cdno. 1).

3.1.28. Auto del 15 de mayo de 1997 por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva - Sala de Decisión Civil - Laboral decidió el recurso de apelación impetrado contra la providencia que decretó el levantamiento del embargo y secuestro de 238 semovientes, en el sentido de modificar el numeral primero de la parte resolutiva del auto atacado para precisar que quedaban excluidos del levantamiento de la medida los 4 toros de raza cebú por cuanto el objeto del incidente no había recaído sobre los mismos y confirmarla en todo lo demás con base en las siguientes consideraciones (fls. 230 a 244, cdno. 1):

“(...) importa delanteramente precisar que en la sociedad comanditaria simple, de cuya naturaleza participa según el memorando certificado expedido por la Cámara de Comercio de Santa Fe de Bogotá el 1º de diciembre de 1995 la persona jurídica que ha instaurado el incidente que nos ocupa, los socios colectivos o gestores son quienes responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones del ente societario, a diferencia de los comanditarios cuya responsabilidad está limitada hasta el monto de sus aportes, siendo los gestores como su nombre lo indica los encargados de la administración de los negocios sociales, quienes pueden ejercerla por si mismos o por sus delegados (C. Co., art. 326).

(...).

Ahora bien según el documento demostrativo de la existencia y representación de la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C, los socios comanditarios son Juan de Jesús Cabrera y Celimra Monje de Cabrera, hallándose previsto que la representación de la sociedad la tiene solamente el primero de ellos, salvo en sus faltas temporales absolutas (escritura de Constitución, art. 10); y en lo concerniente al objeto del ente societario, se establece allí que consiste en la inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles y su explotación económica en todas sus formas, y que en desarrollo del mismo podrá cumplir una variada gama de actividades, entre ellas, adquirir, enajenar, gravar, recibir o dar en arrendamiento toda clase de bienes; intervenir ante tercero o ante los socios mismos como acreedora o deudora en toda clase de operaciones de crédito; constituir apoderados, ya sean judiciales so (sic) extrajudiciales, celebrar contratos etc...

En el anterior orden de ideas debe seguirse que la sociedad Inversiones Camón y Cía. S. en C. persona jurídica diferente por supuesto del socio gestor Juan de Jesús Cabrera, pero cuya representación y administración corresponden a este por derecho esencial y exclusivo, podía válidamente adquirir por su intermedio bienes de la naturaleza de los disputados en este incidente y consecuencialmente, ejercer la facultad de gozar y disponer de ellos por ser esta inherente al derecho de propiedad (C.C., art. 699), utilizando si ello es preciso los mecanismos legales al efecto previstos por el ordenamiento.

Definido el aspecto atinente a la legitimación que asiste a la parte incidentante para promover el incidente que nos ocupa, se pasa a analizar si el supuesto de hecho contemplado en el numeral 8º del artículo 687 del C.P.C para que aquel pueda ser definido en su favor, aparece procesalmente establecido tal y como se dedujo en la providencia impugnada, o si por el contrario son de recibo los argumentos esgrimidos por el recurrente en procura de su revocatoria, los que como han quedado vistos, dicen relación con la equivocada apreciación que en su sentir se hizo por el a quo del acervo probatorio, siendo oportuno anotar que si bien el hecho por demostrar en asuntos de este linaje es de la posesión material del tercero al momento de la consumación del secuestro, lo cual ordinariamente se acredita con la testimonial, ello no empece en alguna manera para que puedan ser estimadas probanzas de otro orden, tendientes a establecer también la propiedad; muy por el contrario estas servirán para reforzar el ánimo de señor y dueño y a hacer verosímil que el detentador de un bien es su poseedor material.

(...)

A pedido de la sociedad fue recepcionado el testimonio de Ramiro Charry Gutiérrez, quien declara que recuerda que para la época en que fue gerente del fondo le fue vendido un ganado a Juan de Jesús Cabrera, cuyo depositario era Humberto Suárez y que ello ocurrió en el año de 1994, sin recordar la fecha exacta, agregando que el fondo utiliza una marca para los ganados que compra y una contramarca para los vendidos, las cuales normalmente se colocan en el anca de los mismos.

Las personas que según la constancia del fondo compraron las reses rindieron también testimonio en el proceso a excepción de Marcelino Alvarado, pudiendo deducir del conjunto de sus deponencias que el ganado fue vendido por el Fondo Ganadero, no a ellos como en dicho documento aparece sino a Juan de Jesús Cabrera, quien por lo demás fue quien canceló su precio como viene de reseñarse; señalan en efecto que su intervención consistió en ir a la finca La Angostura de propiedad de los señores Suárez donde se hallaban las reses en número superior a 500, a revisarlas y avaluarlas por encargo de Juan de Jesús Cabrera, las cuales tenían entre otras la marca del fondo y que luego de la compra que de las mismas hizo Juan de Jesús fueron marcadas con el herrete de este último e igualmente con el de venta del fondo quedando las reses en la citada finca.

Ahora bien en relación de pruebas del escrito incidental se incluye como tal el documento contentivo del contrato de arrendamiento ajustado el 10 de octubre de 1994 entre la sociedad Inversiones Camón y Cía. S. en C, como arrendataria y Rafael Humberto Suárez Hernández y otros como arrendadores, en razón del cual se explica en dicho libelo, estos cedieron los predios donde se encontraban las reses al momento del secuestro. No remitió el juzgado la copia de este contrato pero al mismo hace referencia el auto atacado y a su existencia alude expresamente el recurrente, precisamente para hacer notar que los predios arrendados no fueron San Rafael y la Angostura donde se hallaban las reses al momento de la diligencia, sino los denominados La Beatriz, La Mesa, El Recuerdo, Las Colinas, El Capote y La María.

Lo anterior es indicativo de que los semovientes comprados al Fondo Ganadero por Juan de Jesús Cabrera fueron adquiridos para la sociedad incidentante y que esta recibió de las mencionadas personas unos predios para el mantenimiento de los mismos, lo cual es a su turno demostrativo de su posesión sobre tales ganados, inferencia que no se desvirtúa por el solo hecho de que las reses no hubiesen sido encontradas en los predios que según el recurrente fueron objeto del contrato de arrendamiento, sino en los denominados La Angostura y San Rafael (...)

De otro lado el secuestre Diógenes Ramos Medina declara que el ganado que pasta en la finca tiene entre otras la marca de Juan de Jesús Cabrera, la cual conoce porque es vecino de este desde hace más o menos veinte años; anota que cree que estas tierras, las cuales tiene en arrendamiento Juan de Jesús desde octubre de 1994 según copia del contrato que él tiene son de los señores Suárez pero están embargadas por otras bancos, que sabe que el ganado es de Juan de Jesús porque así se lo ha manifestado incluso Rafael ‘uno de los herederos de la familia Suárez Hernández’ al igual que el perito del Banco Ganadero de nombre Jacobo con un apellido todo raro, que cuando él acudió para hablar sobre el pastaje este le contestó que ‘Ese ganado era de Juan de Jesús Cabrera y que había que esperar que se definiera el pleito’. Narró también que los predios están unidos porque los cercos no sirven.

La circunstancia que resalta el apelante en relación con la declaración de esta persona —quien en las diligencias practicadas los días 16 de febrero de 1995 y 6 y 7 de julio del mismo año (fls. 12 a 16, cdno. C. 2) recibió en calidad de secuestre los semovientes de que en ellas se da cuenta; no le resta credibilidad a su testimonio; la relación de vecindad que el testigo declara existe entre él y Juan de Jesús no puede hacer suponer, per se que existe entre ellos vínculos amistosos tan estrechos que hagan dudar de la imparcialidad del declarante, menos cuando no da cuenta de detalle alguno que permita extraer tal inferencia; ni siquiera manifiesta que entre ellos exista alguna amistad, sino simplemente que conoce a Juan de Jesús hace más o menos veinte años, por ser vecinos en el campo, circunstancia que por el contrario, unida a la de su calidad de secuestre de los semovientes, hace verosímiles los hechos sobre los cuales declara.

Se acredita igualmente que la sociedad incidentante dispuso a través de su representante de parte de los ganados para los cuales había recibido en calidad de arrendamiento unos predios de los señores Suárez, con las declaraciones rendidas ante el juzgado de conocimiento por Gustavo Polanía Fierro y Rafael Alvarado Serrato en diligencia llevada a cabo el 21 de mayo de 1996.

Finalmente se tiene que en la inspección judicial practicada por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Tesalia el 13 de junio de 1996, a cargo del mismo funcionario al cual correspondió llevar a cabo la diligencia de secuestro el 6 de julio de 1995 concluida al siguiente día, se estableció que la mayoría de los semovientes presentan las marcas quemadoras de los demandados, las de compra y venta del Fondo Ganadero y las de Juan de Jesús Cabrera, apareciendo dibujados en el acta de la diligencia los signos respectivos, los cuales corresponden a los registrados por estas personas en las alcaldías de Tesalia y Neiva (fl. 3 a 6, 18 fte y vto. Y 19, cdno. C 2. En dicha acta el Juez comisionado dejó constancia de haber inspeccionado uno a uno los semovientes y sus respectivas marcas y que estos corresponden a los que hace un año fueron objeto del secuestro; igualmente que no existe ningún semoviente con las solas marcas del Fondo Ganadero o con las solas marcas que se indica (sic) en el auto que decretó el embargo y secuestro de dichos semovientes y que obra a folios 14 y 2 de los anexos del presente despacho comisorio.

Analizados y sopesados en conjunto como quedan los medios de convicción incorporados en el trámite del incidente y en lo sustancial todos los motivos de inconformidad del recurrente, a excepción del que enseguida se ocupa la sala forzoso es concluir que se impone la conformación de la providencia que halló prospera la pretensión deducida por la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C, en cuanto concierne al levantamiento del secuestro practicado sobre los semovientes en las diligencias realizadas los días 6 y 7 de julio de 1995, en tanto que de dichas probanzas es viable deducir que por entonces y con anterioridad, aquella ostentaba posesión sobre esos bienes e igualmente la forma y términos en que los mismos fueron adquiridos”.

3.2. Prueba pericial.

3.2.1. Dictamen pericial rendido por los peritos avaladores Amanda Villalobos Velásquez y Pedro Nel Calderón Gracia con el fin de determinar el lucro cesante sufrido por el Banco Ganadero como consecuencia del levantamiento de la medida cautelar (fls. 316-327, cdno. 1).

4. Responsabilidad patrimonial del Estado por el error jurisdiccional.

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en forma reiterada, ha considerado que se está en presencia del título de imputación denominado error jurisdiccional, cuando se atribuyen falencias en las que se incurre al dictar providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo. En cuanto tiene que ver con los presupuestos correspondientes, la Sala ha señalado, como requisitos que deben concurrir para que proceda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con base en el error judicial, los siguientes: a) que conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes y b) que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria(2).

5. Análisis del caso concreto.

Al presentar la demanda, la parte actora atribuyó error jurisdiccional al auto que profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva - Sala de Decisión Civil - Laboral, el día 15 de mayo de 1997, mediante el cual modificó la decisión de primera instancia que ordenó el levantamiento de la medida de embargo y secuestro de 238 semovientes aprehendidos en el marco del proceso ejecutivo mixto adelantado por el Banco Ganadero contra Luis Humberto Suárez Leyva y otros y, en su lugar, dispuso que aun cuando el levantamiento de dicha medida asegurativa estaba llamado a mantenerse, de la misma debían excluirse 4 toros de raza cebú cuyo secuestro se practicó en diligencia del 16 de febrero de 1995 y no había sido objeto del incidente.

Al resolver el asunto, la primera instancia desestimó las súplicas de la demanda tras considerar, esencialmente, que dentro del incidente del levantamiento de la medida cautelar promovido por la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C. se había acreditado que los vacunos embargados y secuestrados no eran de propiedad de los ejecutados y, por tanto, había resultado ajustado a derecho acceder a las pretensiones del incidentante.

La Sala recuerda que al impugnar la anterior decisión, el recurrente —Banco Ganadero— expuso, como aspecto central de su inconformidad, que el tribunal de primera instancia había incurrido en un error interpretativo de la norma procesal, en cuanto para acceder a las pretensiones de un incidente de levantamiento del embargo y secuestro de bienes, el artículo 637 numeral 8º del Código de Procedimiento Civil no exigía la demostración de que los bienes no eran del ejecutado, como en su sentir lo asumió erradamente el a quo, sino que requería que el incidentante demostrara que, al momento de practicarse el secuestro, el solicitante ostentara la posesión de los mismos, cuestión que, en criterio del demandante, no fue acreditada dentro del incidente, pues no existía prueba indicativa de que la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C., la cual promovió el trámite incidental, hubiese tenido la posesión de los vacunos al momento en que se materializó la cautela.

Sobre el particular, insistió de manera reiterada que a pesar de haberse acreditado que el señor Juan de Jesús Cabrera Collazos, socio gestor de la mencionada sociedad hubiese adquirido, pagado su precio y marcado los semovientes secuestrados en el proceso con su hierro, ello no constituía prueba de que la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C., de la cual aquel era representante legal, se encontraba ejerciendo la posesión del ganado secuestrado para la fecha en que se practicó la medida, pues el señor Cabrera Collazos y la sociedad Camón y Cía. S en C. constituían dos personas diferentes, sujetos de derechos y obligaciones autónomos e independientes, por manera que, para entender que los actos del primero se adelantaban en nombre y representación de la segunda, así debía manifestarse de forma expresa, lo cual no ocurrió en el caso concreto, en donde la adquisición de los vacunos, posteriormente embargados y secuestrados, se llevó a cabo por el señor Juan de Jesús Cabrera Collazos, quien en todo momento actuó en nombre propio y no en representación de la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C., de tal suerte que esta última mal podía promover un incidente de levantamiento de medida cautelar que pesó sobre unos semovientes respecto de los cuales nunca ostentó ni la propiedad, ni la posesión ya que estas recaían en la persona natural de su socio gestor mas no en el cuerpo societario que él representaba.

Delimitado el punto medular de alzada, la Sala, prima facie, en orden a resolver el argumento de oposición, conviene la necesidad de destacar un aspecto de especial relevancia que amerita cierto énfasis y que estriba en el hecho de que del texto del recurso de apelación se desprende con claridad meridiana que el demandante en modo alguno cuestiona la propiedad en cabeza del señor Juan de Jesús Cabrera Collazos de los vacunos embargados y secuestrados, es decir, reconoce que los bienes sobre los cuales recayó la cautela integraban el patrimonio de una persona distinta y ajena a los ejecutados. Tal cual se concluye cuando en el recurso de apelación afirmó que:

“El hecho de que el Sr. Juan de Jesús Cabrera Collazos hubiera adquirido los semovientes, hubiera pagado su precio e igualmente hubiera marcado con su hierro los semovientes secuestrados en el proceso, no es prueba de que la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C., de la que era representante legal el Sr. Juan de Jesús Cabrera Collazos ejerciera posesión sobre los semovientes al momento de la práctica de la medida cautelar. ‘(...)’. Al contrario las pruebas que obran en el incidente de cancelación de la medida cautelar nos demuestran que la compra la efectuó el señor Cabrera Collazos para sí. Así lo certifica el Fondo Ganadero del Huila. En dicha certificación la entidad vendedora manifiesta que el ganado lo dio en venta al Sr. Juan de Jesús Cabrera Collazos sin que aparezca la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C, interviniendo en dicha negociación. Igualmente dicha entidad manifiesta que fue el Sr. Cabrera Collazos quien pagó los semovientes. El hecho de que los semovientes presenten la marca personal del Sr. Cabrera Collazos, marca esta que aparece registrada a su nombre mucho antes de que se constituyera la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C. nos indica de manera clara y precisa que los semovientes los había adquirido a nombre propio y como propietario de estos le impuso su marca personal. De igual manera todos los testimonios son concordantes al señalar al Sr. Cabrera Collazos como comprador de los semovientes”.

Así pues y de cara al reconocimiento y aceptación que realiza el accionante acerca de la propiedad de los vacunos embargados y secuestrados, la Sala no se detendrá a discurrir con mayor detalle si el tribunal tuvo o no razón al hallar demostrado que el ganado aprehendido en la diligencia de secuestro era de propiedad de una persona distinta a los ejecutados, pues es una cuestión que no controvirtió el apelante; por el contrario, constituyó un punto sobre el cual convino. Sin perjuicio de ello ha de advertirse, de manera muy sucinta, que aun en el caso de no haber sido aceptado en esos términos por el apelante, de todas maneras a la misma conclusión habría de llegar la Sala en consideración a las probanzas que sobre la propiedad de los vacunos reposan en la causa y sobre las cuales se referirá brevemente esta instancia en oportunidad posterior.

Precisado lo anterior, procede la Sala a analizar si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, incurrió en un error jurisdiccional al mantener la decisión de levantar la medida cautelar de embargo y secuestro del ganado aprehendido, análisis que se abordará tanto a la luz de la doctrina, como de la jurisprudencia que en relación con el tema sirve de apoyo.

La doctrina nacional ha puntualizado que “(...) la medida cautelar, por su carácter eminentemente accesorio e instrumental, solo busca reafirmar el cumplimiento del derecho solicitado por el demandante e impedir para él más males de los que de por sí le ha ocasionado el demandado al constreñirlo a acudir a la administración de justicia”(3).

De otro lado, esta corporación ha precisado que “las medidas cautelares tienen por finalidad, entre otros, dejar los bienes del ejecutado por fuera del comercio y, por el contrario, el levantamiento de las medidas implica, solo en los casos previstos por la ley, dejar sin restricción esos bienes y por lo tanto el ejecutado recobra la facultad de disposición sobre los mismos”(4).

Por su parte, la Corte Constitucional ha discurrido sobre la naturaleza, alcance y finalidad de las medidas cautelares, al siguiente tenor:

“En relación con el objeto, la justificación y el alcance de este instrumento jurídico, esta corporación se ha pronunciado en varias de sus providencia. En Sentencia C-054 de 1997, la Corte destacó que las medidas cautelares tienen por objeto “garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido (por ejemplo el cobro ejecutivo de créditos), impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho (secuestro preventivo en sucesiones) o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado”.

“Precisó también la Corte, que si bien dichas medidas, en ocasiones asumen el carácter de verdaderos procesos autónomos, como en los procesos de separación de bienes, en la mayoría de los casos, son dependientes o accesorias a un proceso cuando su aplicación y vigencia está condicionada a la existencia de este, como ocurre en los casos del proceso ejecutivo en materia civil. Son provisionales, puesto que pueden modificarse o suprimirse a voluntad del beneficiado con ellas o por el ofrecimiento de una contragarantía por el sujeto afectado y, desde luego, cuando el derecho en discusión no se materializa. En todo caso, se mantienen mientras persistan las situaciones de hecho o de derecho que dieron lugar a su expedición(5).

Así pues, emerge con claridad el carácter revisable de la medida cautelar, pues su prolongación en el tiempo en todo caso estará supeditada a que la situación de hecho y de derecho que le dio lugar y que existía al momento en que se produjo su decreto igualmente continúe, dado que, de lo contrario, esto es, si se alteran las circunstancias que la motivaron durante el curso de la actuación, ello indefectiblemente conduciría a su modificación o, incluso, a su revocatoria.

Descendiendo la anterior premisa al caso concreto, la Sala evidencia que aun cuando dentro del proceso de ejecución instaurado por el Banco Ganadero contra Luis Humberto Suárez Leyva y otros, para el momento en que se tramitó el incidente del levantamiento de la medida cautelar, la situación de hecho que le dio lugar a su solicitud continuaba incólume, es decir, los deudores no habían satisfecho la obligación reclamada por el acreedor, lo cierto es que el supuesto fáctico para su procedencia había desparecido o, por lo menos, se había desvirtuado.

Para dar mayor claridad a la conclusión que acaba de dejarse plasmada, resulta de gran importancia recordar que la acción ejecutiva que dio lugar al proceso en cuyo interior se produjo la decisión censurada, fue una acción de naturaleza mixta, es decir, por una parte era una acción real por cuanto el deudor había constituido una garantía prendaria (prendas pecuarias) y, de otro lado, era una acción personal, pues para el pago de crédito insoluto, además de la prenda - que no resultaba suficiente para el pago de la totalidad de la deuda, se perseguía el patrimonio del ejecutado.

Sobre las características de la acción real, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

“Este tipo de proceso es de carácter especial por cuanto para su existencia se exige previamente una garantía real (prenda o hipoteca), a favor de un acreedor, se persigue el bien frente al actual propietario en todos los casos puesto que la obligación no es personal, vale decir, no se persigue para el pago a quien hubiere constituido el gravamen sino el actual propietario, el cual ha debido conocer la situación jurídica de la cosa antes de su adquisición. El proceso ejecutivo con título hipotecario o prendario está diseñado y concebido por el legislador con el propósito específico de que una vez, vencido el plazo de la obligación, la seguridad jurídica real e indivisible del bien gravado cobre su plenitud y pueda el acreedor con título real hacer efectivo su crédito, por ende, esta acción se caracteriza por dirigirse únicamente, sobre la garantía real ya que previamente el acreedor la estima suficiente para cubrir su crédito, sin que sea necesario perseguir otros bienes patrimoniales distintos del gravado, con la garantía real”(6).

En efecto, la finalidad esencial de una acción ejecutiva mixta con garantía real como la que ocupa la atención de esta instancia, además de ser el cobro de una obligación personal respaldada con la totalidad del patrimonio deudor, es también la persecución de un bien constituido, en este caso, como prenda sin tenencia para que con su valor, en caso de llegar al extremo del remate, se pague preferentemente la totalidad del crédito insatisfecho y los correspondientes intereses que se hubieren causado. Esto último ocurre con independencia de que el actual el propietario del bien no hubiese sido quien constituyó la prenda, pues lo que se persigue es el bien en cabeza de quien se encuentre y, en caso de que se haya trasladado su dominio a un tercero, se entiende que este asume la situación jurídica o el gravamen que pesaba sobre la cosa antes de su adquisición en el evento de que esta circunstancia no hubiese sido saneada con antelación por su vendedor.

Así pues, en el presente asunto concurrieron dos situaciones:

1) En primer lugar se advirtió que el escenario que sirvió de sustento para la procedencia de la medida cautelar, es decir , la situación fáctica que dio lugar a su decreto, varió sustancialmente al acreditarse que el bien perseguido no guardaba identidad con aquel dado en prenda a la entidad ejecutante, circunstancia que a todas luces desnaturalizaba la tutela cautelar, por lo menos en lo que concernía a la acción real —en donde, como se explicó, lo que se persigue es el bien dado en prenda y no los bienes de su dueño—, al punto de que se oponía a su prolongación.

En efecto, de conformidad con lo extraído de las piezas procesales del proceso ejecutivo surge con claridad que las reses embargadas y secuestradas, no eran las mismas sobre las cuales recayeron las prendas pecuarias abiertas constituías por los ejecutados María Fernanda Suárez Hernández, Rafael Humberto Suárez Hernández y Aura Helena Hernández de Suárez, por dos razones:

Primero, por cuanto se determinó que los bovinos embargados y secuestrados en diligencias practicadas los días 6 y 7 de julio de 1995 a instancias del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Tesalia, comisionado para tal efecto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva dentro del proceso ejecutivo con acción mixta instaurado por el Banco Ganadero, en agosto de 1992 habían sido enajenados por el ejecutado señor Luis Humberto Suárez Leyva en favor del Fondo Ganadero del Huila y que esta entidad a su turno, el 28 de setiembre de 1994, los había vendido, por conducto de los intermediarios Marcelino Alvarado, Edgar Londoño Humberto Ospina, Miller Guali, Dagoberto Escobar y Luis Yustres, al señor Juan de Jesús Cabrera Collazos, quien, para el momento de la práctica de la cautela, era su dueño. En contraste con ello, se advierte que las prendas pecuarias abiertas, ofrecidas en garantía del pago de la obligación adquirida por los ejecutados en favor del Banco Ganadero, se constituyeron el 9 de julio de 1993, esto es, un año después de ocurrida la venta de semovientes por parte de Luis Humberto Suárez Leyva al Fondo Ganadero, nuevo propietario que les impuso su marca quemadora, según se ha visto, circunstancia que permite concluir que las reses embargas y secuestradas no eran las mismas sobre las que se constituyó la prenda, pues no resultaba jurídicamente viable constituir una garantía prendaria cuyo objeto recayera sobre bienes que no se encontraban comprendidos dentro del patrimonio del deudor que los ofrecía en garantía.

Segundo, para la época en que se constituyeron las prendas pecuarias abiertas (jul. 9/93) que sirvieron de garantía real para promover el proceso de ejecución en cuyo interior se produjo la decisión censurada, el técnico de fomento del Banco Ganadero realizó el correspondiente avalúo de los bienes ofrecidos en prenda por los deudores y, en esa oportunidad, dejó constancia de que las reses avaluadas tenían impreso en sus muslos y ancas las marcas de hierro registradas a nombre de sus propietarios María Fernanda Suárez Hernández, Rafael Suárez Hernández y Aura Elena Hernández de Suárez, marcas que correspondían a las mencionados personas según lo certificó la autoridad administrativa competente. No obstante lo anterior, cuando se practicó el embargo y secuestro de los semovientes se determinó que las reses aprehendidas, además de las anteriores marcas, contaban con las distintivas de compra y venta del Fondo Ganadero del Huila y las del señor Juan de Jesús Cabrera, de ahí que tenía marcas quemadoras distintas de que aquellas que años antes había observado el técnico del Banco Ganadero al realizar el respectivo avalúo para aceptar la prenda.

Esta circunstancia fue corroborada en la diligencia de inspección judicial practicada el 13 de junio de 1996 por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Tesalia sobre los semovientes embargados y secuestrados, dentro del incidente de levantamiento de la medida cautelar promovido por la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C. Ha de advertirse que esta diligencia de inspección judicial fue practicada por el mismo funcionario judicial que dirigió la diligencia de embargo y secuestro de los semovientes y, en tal virtud, dejó constancia de que el ganado inspeccionado era el mismo que un año antes había secuestrado.

En este punto se impone añadir que en el incidente de levantamiento también fue ordenado como prueba el testimonio del secuestre a quien le fueron entregadas en custodia los vacunos objeto de cautela, auxiliar de la justicia en cuya declaración fue preciso al señalar que cuando se llevó a cabo la diligencia del embargo y secuestro, se evidenció que los animales aprehendidos también tenían las marcas con herrete del Fondo Ganadero del Huila y del señor Juan de Jesús Cabrera Collazos, marcas que se encontraban debidamente registradas ante la autoridad municipal de Neiva, según certificaciones que reposan en el plenario.

Lo anterior conduce inequívocamente a concluir, tal como lo coligió la jurisdicción ordinaria, que las reses embargadas y secuestradas no eran las mismas sobre las cuales recayeron las mencionadas garantías pecuarias, de manera que la continuación de la cautela en el marco de la acción real quedó desprovista de sustento jurídico, pues se insiste, solo era pasible de ser perseguido el bien ofrecido como garantía real y, al demostrarse que aquellos bovinos, objeto de aprehensión eran distintitos, no quedaba otro camino que disponer el levantamiento de la medida cautelar.

2) La segunda situación que concurrió estribó en que los bienes embargados, además de no ser los mismos dados en prenda, tampoco eran de propiedad de los ejecutados, cuestión que desde la órbita de la acción personal —en donde se persigue el patrimonio del deudor obligado— igualmente se oponía a la conservación de la cautela.

A propósito de la forma en que demuestra la propiedad de los vacunos, esta Subsección en pronunciamiento reciente tuvo oportunidad de referirse en los siguientes términos: “

“En materia de semovientes, particularmente los bovinos, el ordenamiento jurídico ha establecido un régimen de registro similar, en la medida en que las condiciones propias de dichos seres vivos lo permite, al de otro tipo de bienes muebles; en efecto, a partir de la Ley 132 de 1931, con la finalidad de evitar la depreciación del cuero por el desorden que se venía evidenciando en la materia, se habilitó al gobierno para que reglamentara lo relativo a hierros y marcas quemadoras, lo que se hizo realidad mediante los decretos 1372 de 1933, en el que se estableció, en el artículo 3º: ‘[e]n todas las alcaldías se abrirá un libro para el registro municipal de marcas, en el cual se inscribirán todas las empleadas por los ganaderos del municipio haciendo constar el nombre del dueño y su vecindad, el número de fincas en que emplee la marca, y se dejará el diseño exacto de los hierros usados por cada ganadero’. La finalidad de tal disposición normativa radicaba en la necesidad de controlar tanto el tamaño de la marca como su titularidad.

En la actualidad, a partir de la Ley 914 de 2004, se creó el sistema nacional de identificación e información del ganado bovino, cuyo objeto es el de funcionar como un ‘programa a través del cual se dispondrá de la información de un bovino y sus productos, desde el nacimiento de este, como inicio de la cadena alimenticia, hasta llegar al consumidor final’1, fundamentado en los principios de universalidad, obligatoriedad, gradualidad y trazabilidad1; bajo este nuevo esquema la actividad registral en la materia se atribuyó a las organizaciones gremiales ganaderas y, excepcionalmente, a las autoridades municipales, así como que se tecnificó el registro actividades ganaderas y el de hierros, marcas y cifras quemadoras y se actualizaron las normas atinentes a los formatos y la documentación que le sirve de soporte al tráfico de ganado, entre ellos el bono de venta1.

En ese marco normativo sobresale, para efectos de establecer la relación existente entre el registro del hierro y la titularidad de los semovientes, por ejemplo, la Resolución 71 de 2007 emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario, en la que se establece expresamente que el bono de venta debe incluir no solo el nombre y la identificación sino la inclusión de los ‘hierros, marcas y/o números de dispositivos de identificación registrados del vendedor o enajenante que lo acreditan como propietario del ganado’1.

Así, resulta válido afirmar que, con ocasión de esa regulación, el registro de hierros y marcas quemadoras ha tenido diversos usos: por una parte, le ha permitido al Gobierno Nacional establecer programas sanitarios de erradicación de enfermedades que afectan a esos animales, pero también, de otra parte, se ha constituido en un mecanismo constitutivo y de acreditación de la propiedad de los semovientes, con efectos tributarios1.

De esta manera quien aparezca como titular de las marcas, hierros y cifras quemadoras que se encuentren impuestas en determinado semoviente se presumirá su propietario para todos los efectos legales1 —sin perjuicio de que se pueda acreditar la transferencia de la propiedad del ganado mediante el instrumento de transferencia de dominio correspondiente—, de lo que se sigue que, para efectos de acreditar la propiedad de los semovientes, se deberá presentar el certificado expedido por la autoridad competente en el que, quien pretenda demostrar tal situación, aparezca como el titular del hierro, marca, cifra quemadora y/o dispositivo de identificación así como que los semovientes cuya propiedad se busca acreditar hubieren exhibido, al momento de ocurrencia de los hechos, tales hierros, marcas, cifras quemadoras y/o dispositivos de identificación’. Sentencia expedida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, del 1º de octubre de 2014, expediente: 26.344, actor: Sociedad Ricardo Bernal Asociados Vr rama judicial”.

Sobre esta cuestión ha de recordarse que durante el debate probatorio del incidente de levantamiento de la medida cautelar, promovido por la Sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C, se realizó la diligencia de inspección judicial en la que se advirtió que el ganado secuestrado presentaba marcas quemadoras de compra venta del Fondo Ganadero del Huila y marca quemadora de compra del señor Juan de Jesús Cabrera Collazos, previo cotejo de las mismas con el registro de marcas expedido por la alcaldía en donde daba cuenta del propietario a cuyo nombre se habían registrado los respectivos herretes.

Reposa también en el expediente el contrato de ganado en participación, suscrito luego de la venta del ganado por parte de los ejecutados al Fondo Ganadero del Huila. En virtud de dicho contrato el fondo entregaba el ganado al ejecutado Luis Humberto Leyva, en calidad de depósito para que lo administrara, pero no por ello el fondo perdía su condición de propietario de las reses, pues simplemente trasfería su tenencia al depositario por un término prestablecido, al cabo del cual este último debió restituirlos a su dueño.

Igualmente, dentro del incidente fueron practicados varios testimonios que fueron consistentes en declarar acerca de la venta que los ejecutados hicieron del ganado al Fondo Ganadero del Huila y este a su turno al señor Juan de Jesús Cabrera Collazos, lo cual también se desprende de las certificaciones que expidió el Fondo Ganadero del Huila en ese mismo sentido.

Así pues, se itera, en el escenario de la acción personal, la procedencia de la medida cautelar solo podría justificarse en cuanto los semovientes efectivamente integraran el patrimonio de los deudores, lo cual en el caso, como viene de explicarse, tampoco aconteció, pues se demostró que el ganado secuestrado era propiedad del señor Juan de Jesús Cabrera Collazos, sujeto ajeno a los deudores ejecutados, tal y como el mismo apelante lo aceptó en el escrito de alzada.

Ante estas evidencias, resulta propio concluir que el ganado secuestrado en modo alguno tenía el vigor jurídico necesario para servir como aval del pago del crédito insoluto por los ejecutados y, en ese orden, insistir en la continuidad de la medida cautelar sobre bienes de propiedad de un tercero, habría causado un daño antijurídico a su verdadero propietario.

Ahora, si lo anterior no resultara suficiente para confirmar la providencia acusada, lo cierto es que los argumentos del recurso de apelación en punto a la falta de configuración del supuesto normativo contemplado en el número 8º del artículo 687 del estatuto procesal(7) por la supuesta ausencia de demostración de la posesión por parte de la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C. sobre los bienes embargados y secuestrados, en criterio de esta Sala, tampoco encuentran mayor asidero por cuanto ciertamente de las pruebas practicadas al interior del incidente, válidamente podía concluirse que la sociedad incidentante, al menos de manera indiciaria, ponía de presente la posesión de los semovientes secuestrados.

En efecto, aun cuando la adquisición, a título de compraventa, del ganado se llevó a cabo por el señor Juan de Jesús Cabrera Collazos, quien a su turno era el socio gestor de la sociedad Inversiones Camón Cía. S en C. y naturalmente sujeto de derecho y obligaciones distinto a la sociedad que representaba, lo cierto es que para el momento en que se practicó el embargo y secuestro de los vacunos, estos se encontraban pastando en la Hacienda La Angostura, en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado el 10 de octubre de 1994 entre los ejecutados Rafael Humberto Suárez Hernández y otros, en calidad de arrendadores, y la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C, en calidad de arrendataria, suscrito precisamente con el fin de que las reses pastaran en ese lugar.

Sobre el particular, es importante advertir que aun cuando el texto del referido contrato de arrendamiento no se encuentra en el plenario, lo cierto es que él se hizo alusión en la relación de pruebas del incidente de levantamiento de la medida cautelar, que también fue tenido en cuenta en la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en la que confirmó el levantamiento de la medida asegurativa y, más relevante aun, a su texto, objeto y partes se refirió expresamente el demandante, Banco Ganadero, al interponer el recurso de apelación dentro del incidente de desembargo contra la decisión que ordenó levantar la cautela, de lo cual se deduce que el demandante conoció su contenido al punto de controvertirlo ante el juez de la ejecución y alegar su carácter inidóneo para la acreditación de la posesión de los semovientes.

Las anteriores razones son suficientes para concluir que efectivamente dentro del incidente promovido por la sociedad Inversiones Camón Cía. S en C. se demostró la existencia del mencionado negocio jurídico.

Ahora, no desconoce la Sala el argumento del actor de conformidad con el cual el referido contrato de arrendamiento no constituía prueba de la posesión de los semovientes por parte de la sociedad incidentante por cuanto los terrenos arrendados para el pastaje eran los correspondientes a los predios denominados La Beatriz, La Mesa, El Recuerdo, La Cantera, Las Colinas, El Capote y la María, terrenos distintos a los de las fincas “San Rafael” y “La Angustura” que era donde se encontraba el ganado para la fecha en que se practicó la medida cautelar.

Sin embargo ocurre que, tal como lo advirtió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva al confirmar el levantamiento de la medida cautelar, no por el solo hecho de que el ganado se hubiese encontrado en unos predios diferentes a los que según el actor, se indicaron en el contrato de arrendamiento suscrito por la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C para su pastaje, se desvirtúa la posesión que aquella detentaba sobre los mismos.

Al respecto debe tenerse en cuenta que de conformidad con el contrato de arrendamiento del inmueble rural denominado “La Angustura”, de cual forma parte el potrero “Las moyas”, suscrito el 20 de abril de 1996 entre Anunciación Trujillo Andrade, en calidad de secuestre de dicho inmueble, propiedad de los ejecutados y ubicado en la vereda El Espinal del municipio de Tesalia, y Diógenes Ramos Medina, quien a su turno era el secuestre de los vacunos, celebrado con el fin de que los semovientes secuestrados permanecieran en esos predios pastando, se indicó que la hacienda La Angustura colindaba con los predios de “La Beatriz”. (fl. 225, cdno. 4).

De igual forma obra en el plenario la escritura de hipoteca de la hacienda “Las Colinas” (fls. 81-84, cdno. 2), de propiedad del ejecutado Luis Humberto Suárez Leyva y ubicada en la vereda El Espinal, al igual que las haciendas “La Angustura” y “La Beatriz”, y en donde se reafirma que esta limita con el potrero “Las Moyas”, es decir, con el lote que hace parte de la hacienda “La Angustura”.

Por su parte, la hacienda “San Rafael” en donde se hallaba otro lote del ganado que fue secuestrado, se ubicaba, al igual que las tres anteriores, en la vereda El Espinal.

Ha de añadirse a lo anterior que, de acuerdo a los escritos presentados por el secuestre del ganado y dirigidos al juez de la ejecución, se evidencia que, luego de materializarse la medida asegurativa, en varias ocasiones manifestó el peligro que corrían los vacunos objeto de secuestro por cuanto en los predios de “La Angustura”, donde, en parte, fueron secuestrados, no existían cercos (fl. 504, cdno. 3) afirmación que fue ratificada por el auxiliar de la justicia en el testimonio rendido dentro del incidente de desembargo al advertir que todos los terrenos de El Espinal se encontraban unidos y que los cercos no servían, de manera que indiciariamente resultaría acertado suponer que no empero encontrarse el ganado en predios colindantes a “La Angustura”, tales como la Hacienda Beatriz y Las Colinas en desarrollo del contrato de arrendamiento para pastaje celebrado por la sociedad Inversiones Camón y Cía. S en C. con los propietarios de dichas haciendas que a la postre eran los mismos ejecutados, las reses, ante la falta de cercos, fácilmente podían trasladarse y circundar entre los terrenos colindantes, uno de ellos “La Angostura”. Ante las mencionadas circunstancias, a lo cual se suma la cercanía de las referidas fincas, la Sala encuentra ajustada la consideración del tribunal superior del distrito de conformidad con la cual no por el hecho de hallarse el ganado en terrenos distintos a los que constituyeron el objeto del contrato de arrendamiento celebrado por la sociedad incidentante y los ejecutados, resultaba forzoso concluir que dichas reses no se encontraban bajo la posesión de la mencionada sociedad, pues, como se explicó, no obstante las previsiones contractuales pactadas en el negocio jurídico respecto del lugar destinado para el pastaje, las reses han podido trasladarse por los predios circundantes sin que ello afectara la posesión(8) que sobre las mismas ejercía la sociedad arrendataria de los predios reservados para su alimento.

Así las cosas, la Sala no encuentra que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva - Sala Civil - Laboral hubiese incurrido en el error jurisdiccional que se le endilga al haber proferido la providencia mediante la cual confirmó el levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre los bovinos, pues el juez de la ejecución, tanto en su decisión de primera como en segunda instancia, se vio abocado a dispensar al sublite un tratamiento orientado a materializar las finalidades del proceso ejecutivo, a desentrañar la naturaleza y propósito de la medida cautelar y, sobre todo a observar el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma dirigido a lograr una justicia material, todo ello sin inobservar de manera alguna el supuesto normativo que regía el levantamiento de la medida cautelar.

En estas condiciones, la Sala confirmará la sentencia impugnada por no hallar de recibo los argumentos del recurso de apelación impetrado por el demandante Banco Ganadero.

6. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de agosto de 2004 por el Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En firme esta decisión, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Auto del 9 de septiembre de 2008, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; auto del 21 de octubre de 2009, Exp. 37.323, Sección Tercera.

(2) Pueden consultarse, entre muchas otras providencias, la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2001; M.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque; exp. 13164, reiterada en sentencias de 14 de agosto de 2008, Exp. 16.594 y de 15 de abril de 2010, Exp. 17.507.

(3) López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones del Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo I, Parte General. Undécima Edición. Dupre Editores, Bogotá 2012, pág. 1090.

(4) Sección Tercera del Consejo de Estado, 31 de agosto de 2005, Exp. 21.851 C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(5) Corte Constitucional, C-523/09, M.P. María Victoria Calle Correa.

(6) Corte Constitucional, C-383/97, M.P. Fabio Morón Díaz.

(7) Código de Procedimiento Civil. Artículo 687.
Levantamiento del embargo y secuestro. Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos
“(...).
8. Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del conocimiento, dentro de los veinte días siguientes, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquella se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se tramitará como incidente, en el cual el solicitante deberá probar su posesión”.

(8) Sala de Casación Civil, M.P. Arturo Solarte Rodríguez, 13 de julio de 2009, exp. 1999-01248.
“En concordancia con el régimen que se ha descrito, las normas sobre posesión establecen principios armónicos a los que se han reseñado, toda vez que, v.gr., el artículo 786 del Código Civil señala que [e]l poseedor conserva la posesión, aunque trasfiera la tenencia de la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usufructo, o cualquiera otro título no traslaticio de dominio” y el canon 787 ibídem dispone que “[s]e deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella, con ánimo de hacerla suya(...)” (se subraya).
No sobra recordar al respecto que el concepto técnico del corpus, como elemento estructural de la posesión, hace referencia al poder, señorío o subordinación de hecho que el sujeto tiene sobre la cosa, el cual puede estar materializado con el contacto o la aprehensión que ejerza sobre la misma, aun cuando no se identifica con ella. Así, es perfectamente posible que el poseedor mantenga tal calidad aunque no detente físicamente la cosa, siempre y cuando esta se encuentre bajo su control o el de aquellos que lo ejerzan en su nombre.
(...)
Ese criterio lo reiteró en sentencia del 16 de abril de 1913, en la cual, además, señaló que “el depositario no adquiere la posesión, desde luego que su título es de mera tenencia, conforme el artículo 775 del Código Civil. Si el poseedor de la cosa antes de ser depositada en un juicio ejecutivo es el deudor, por el hecho del depósito no pierde este la posesión, y lo mismo acontece respecto de un tercero, si es este el poseedor (...)”.