Sentencia 1999-00711/1303-2011 de marzo 18 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Exp.: 050012331000199700711 01

Ref.: 1303-2011

Actor: María Victoria Ochoa Restrepo y otros

Autoridades departamentales

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil quince (2015).

«EXTRACTOS: Consideraciones

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.

I. Problema jurídico por resolver

El problema jurídico se contrae en determinar en primer lugar, si en el caso concreto, el Decreto 2865 de 19 de julio de 1996, por el cual se establece la estructura y planta de personal de la administración departamental de Antioquia, fue expedido dentro del término previsto por la Ordenanza departamental 6E de 27 de febrero de 1997 para tal efecto.

En caso de que el referido acto administrativo haya sido expedido dentro del referido término, esto es, en ejercicio de las facultades pro tempore previstas por la asamblea departamental, deberá la Sala verificar si a los demandantes se les vulneraron sus derechos de carrera al no habérseles incorporado en la nueva planta de personal de la administración departamental de Antioquia.

II. De la actuación judicial ante el Tribunal Administrativo de Antioquia

Teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo de Antioquia manifestó, en la sentencia hoy impugnada, que el trámite correspondiente a la primera instancia de la presente acción contencioso administrativa tardó 13 años en concluirse, estima la Sala necesario elaborar un recuento detallado de la actuación que se siguió en el curso de dicha instancia, bajo las siguientes consideraciones.

1. Al respecto, se advierte que, los demandantes a través de apoderado judicial formularon la presente acción contencioso administrativa el 13 de marzo de 1997, siendo admitida por auto del 29 de abril del mismo año (fls. 212 y 214).

2. Vencido el término de fijación en lista, el Tribunal mediante auto de 15 de agosto de 1997 ordenó la apertura de la etapa probatoria del proceso (fl. 250).

3. El 5 de febrero de 2001, al estimar “evacuado el periodo probatorio”, el Tribunal ordenó correr traslado para alegar a las partes por el término de 10 días (fl. 270).

4. El 20 de agosto de 2010 el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia, desestimando las pretensiones de la demanda, razón por la cual los accionantes formularon recurso de apelación, el cual fue concedido el 8 de abril de 2010 (fl. 370).

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, la Sala por auto separado ordenará al Tribunal Administrativo de Antioquia que allegue, a esta Sección del Consejo de Estado, un informe detallado sobre cada una de las epatas procesales que se surtieron en el trámite de la primera instancia del asunto de la referencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que entre la formulación de la presente acción contencioso administrativa y el fallo de primera instancia transcurrieron 13 años.

III. De la acumulación subjetiva de pretensiones

Advierte la Sala que, en el caso concreto, los señores María Victoria Ochoa Restrepo, Derian de Jesús Londoño, César Augusto Mayo García, Ramiro Macías Parra, Argidio de Jesús Ospina Ramírez, Jorge Diego Salinas Sánchez, Iván Darío Salinas Zapata, Luis Guillermo Velásquez Acosta y Marco Aurelio Zapata Correa acuden a esta jurisdicción, a través de la misma acción contencioso administrativa, para solicitar la nulidad de los decretos 2865 y 4695 de 1996, expedidos por el Gobernador de Antioquia, y de los distintos oficios mediante los cuales la Directora de Personal del Departamento de Antioquia les informó su desvinculación del servicio.

Al respecto debe decirse que los artículos 145(1) del Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984 y 82(2) del Código de Procedimiento Civil, regulaban el instituto de la acumulación de pretensiones, en sus dos variantes, a saber, acumulación objetiva, “cuando el demandante acumula en una misma demanda varias pretensiones conexas o no, contra el demandado” y subjetiva “cuando se acumulan en una demanda pretensiones de varios demandantes contra un demandado”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, advierte la Sala que el hecho de que, en el caso concreto, cada uno de los demandantes solicite la nulidad del oficio mediante el cual se le informó su retiro del servicio y, al tiempo, pretenda un restablecimiento del derecho con particularidades propias, impide dar por probado una causa y objeto común, respectivamente, como lo exige el inciso segundo del artículo 82 ibídem.

A lo anterior, se suma el hecho, de que tampoco se advierte una relación de absoluta dependencia entre las pretensiones formuladas por cada uno de los accionantes y, mucho menos, que la presente causa deba “servirse” de las mismas pruebas toda vez que, cada uno de los demandantes está obligado a acreditar su situación particular y concreta frente al proceso de reestructuración al que fue sometida la administración departamental de Antioquia, concretamente en lo que se refiere al sistema de la carrera administrativa.

Así las cosas, debe decirse que en el caso bajo examen, en principio, no se dan los supuestos exigidos en el inciso segundo del artículo 82 ibídem para dar por probada la existencia de una acumulación subjetiva de pretensiones. Empero, advierte a Sala que, el último inciso del referido artículo 82 contempla la posibilidad de subsanar la indebida acumulación de pretensiones siempre que se acredite la totalidad de los supuestos previstos en los numerales 1º, 2º y 3º contemplados en su inciso primero, esto es, que i) el juez sea competente para conocer de todas las pretensiones; ii) que las pretensiones no se excluyan entre si y iii) que estas puedan tramitarse bajo el mismo procedimiento.

Sobre este último particular, estima la Sala pertinente traer a colación algunos de los apartes de la sentencia de 20 de septiembre de 2007. Rad. 5200-2005. M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado:

“(…) Ahora bien, el inciso final del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil prevé ante el incumplimiento de alguno de los requisitos referidos, un especial caso de saneamiento de nulidad en los siguientes términos:

“Cuando se presenta una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los dos incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa”.

Por lo anterior debe entenderse que si las pretensiones son susceptibles de tramitarse por el mismo proceso y el juez es competente para conocer de todas ellas, aún cuando no se cumplan los requisitos adicionales, es decir, que provengan de la misma causa, versen sobre el mismo objeto o deban valerse específicamente de las mismas pruebas, será admisible la acumulación y se decidirán las pretensiones en proceso único si el demandado no propuso la correspondiente excepción. Lo anterior con el único propósito de desarrollar el principio de la economía procesal (…)”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, advierte la Sala que las pretensiones solicitadas por la parte demandante, en el caso concreto, i) deben ser tramitadas bajo el procedimiento ordinario de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) conocidas por el juez contencioso administrativo, para el caso, Tribunal Administrativo de Antioquia y iii) sin que se excluyan entre sí, en tanto no se advierte oposición entre éstas. Lo anterior, dado que las referidas pretensiones, como quedó visto en precedencia, están dirigidas a obtener “la declaratoria de nulidad de los decretos 2865 y 4695 de 1996, expedidos por el Gobernador de Antioquia; de las distintas comunicaciones mediante las cuales la Directora de Personal del Departamento de Antioquia le informó a éstos su desvinculación del servicio y el consecuente reintegro a la planta de personal del referido ente territorial”.

De acuerdo a las consideraciones que anteceden estima a Sala que, en el caso bajo examen, tal y como lo consideró el Tribunal Administrativo de Antioquia debe darse por acreditada la acumulación subjetiva de pretensiones, conforme a lo previsto en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil y en aplicación del principio de economía que rige todas las actuaciones de naturaleza judicial. Lo anterior, teniendo en cuenta que la parte demandada no propuso como excepción previa la indebida acumulación de pretensiones.

Así las cosas, y en consideración a lo expuesto, la Sala entrará a resolver el problema jurídico planteado en el caso concreto, bajo las siguientes consideraciones.

IV. De la expedición del Decreto 2865 de 19 de julio de 1996

Sostiene la parte demandante que, el Gobernador del Departamento de Antioquia al momento de expedir el Decreto 2865 de 19 de julio de 1996, “por el cual se definen las unidades administrativas que conformaban los organismos de la Administración Central del Departamento” no contaba con la competencia para ello toda vez que, a su juicio, para ese momento ya había fenecido el término de 90 días que para tal efecto le había concedido la Asamblea Departamental del referido ente territorial, a través de la Ordenanza 6E de 27 de febrero de 1996.

Sobre este particular advierte la Sala que, tal y como lo manifiesta la parte demandante, la Asamblea Departamental de Antioquia a través de la Ordenanza 6E de 27 de febrero de 1996: i) determinó la organización, composición y estructura de los organismos que hacían parte de la administración departamental de Antioquia, y ii) facultó al Gobernador del referido ente territorial por el término de 90 días para que “definiera el número de unidades administrativas con sus respectivas plantas de cargos” (fls. 10 a 13).

Así se observa en la referida Ordenanza 6E de 27 de febrero de 1996:

Asamblea departamental

Ordenanza Nº 6E

27 de febrero de 1996

Por medio de la cual se adopta una nueva estructura orgánica para la administración Departamental

La Asamblea Departamental, en uso de sus atribuciones constitucionales legales, en especial el numeral 7º del artículo 300 de la Constitución Política.

Ordena:

“ART. 1º—De la estructura de la Administración departamental:

Conformar la estructura de la administración Departamental los siguientes organismos:

Despacho del sr. Gobernador, Consejerías, Gerencias, Secretarías, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos.

PAR.—El Despacho del sr. Gobernador, Consejerías, Gerencias, Secretarías y Departamentos Administrativos son los organismos principales de la Administración Departamental y todos ellos integran la Administración Central. Los establecimientos públicos departamentales son organismos que le están adscritos y que cumplen sus funciones en los términos señalados en el acto de su constitución, bajo la orientación, coordinación y control de aquella según lo establecido en la ley.

“ART. 2º—Las empresas comerciales o industriales y las sociedades de economía mixta del orden departamental creadas o que se creen en el futuro están vinculadas a la administración y ejercerán sus funciones bajo la orientación, coordinación y control del gobierno departamental en los términos de la ley y de acuerdo con el acto de su creación (…).

“ART. 5º—Facúltese al sr. Gobernador del Departamento de Antioquia por el término de 90 días para que, con sujeción al artículo precedente, defina y determine el número de unidades administrativas con sus respectivas plantas de cargos y los comités asesores de cada uno de los organismos que conforman la administración departamental; y, definan la finalidad, áreas claves de resultado y funciones de cada una de ellas (…).

“ART. 9º—La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación (…)”.

En ejercicio de las facultades conferidas por la Asamblea Departamental de Antioquia, el Gobernador del referido ente territorial expidió el Decreto 2865 de 19 de julio de 1996 por el cual definió las unidades administrativas que conformaban los organismos de la administración central del departamento y su correspondiente planta global de cargos (fls. 14 a 165).

Teniendo en cuenta lo expuesto, y descendiendo al caso concreto, se advierte que la Ordenanza 6E de 27 de febrero de 1996 facultó al Gobernador para que “definiera el número de unidades administrativas con sus respectivas plantas de cargos”, sin que especificara la fecha a partir de la cual se contaba el referido plazo. Empero, la anterior circunstancia a juicio de la Sala no constituye un obstáculo insalvable que invalide el referido acto toda vez que, ante la omisión en que incurrió la Asamblea Departamental de Antioquia resulta procedente acudir a lo dispuesto en el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, concretamente en lo que se refiere a la publicidad y obligatoriedad de los actos administrativos de carácter general.

En efecto, la referida disposición preceptuaba que los actos de carácter general solo resultan obligatorios y oponibles a los administrados desde el mismo momento en que se surte su publicación en el diario oficial, gaceta o boletín que para tal efecto disponga la autoridad competente. Lo anterior, en aplicación al principio de publicidad de rige toda actuación administrativa y como garantía a favor de los administrados que ven creada, modificada o extinta una situación jurídica particular en virtud a lo dispuesto en este tipo de actos.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido, de manera consistente y reiterada, en relación con la publicidad de los actos administrativos de carácter general, lo siguiente:

Del cuestionamiento sobre la publicidad de los actos de modificación de planta y manual de funciones

El Decreto 1 de 1984, Código Contencioso Administrativo, en su artículo 43 al referirse a las publicaciones, dispone que los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el diario oficial, o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en u periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto (…).

Conforme a lo anterior los actos comienzan a regir a partir de su publicación fecha a partir de la cual son oponibles a terceros.

Esta Corporación al referirse a la publicidad de los actos, ha reiterado que conforme al artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, el acto administrativo de carácter general adquiere obligatoriedad frente a los administrados, cuando se publica, es decir, que de no cumplirse con la publicidad es inoponible el acto administrativo frente a terceros.

La falta de publicación de un acto general no es causal que lo vicie de nulidad, la publicación no constituye un requisito de validez del acto administrativo, es solamente condición para que pueda ser oponible a los particulares(3) (…)”.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que en el caso concreto la Ordenanza 6E de 27 de febrero de 1996 fue publicada el 6 de marzo de 1996, debe decirse que el término de 90 días previstos en el artículo 9º de la referida ordenanza debió contarse por la administración departamental de Antioquia a partir de la citada fecha y hasta el 19 de julio de 1996, momento en el cual fenecieron los 90 días previsto en la disposición territorial.

En efecto, como quedó dicho en precedencia, sólo a partir de la publicación de la Ordenanza 6E de 27 de febrero de 1996 la administración departamental podía hacer uso de las facultades en ella previstas dado que, la oponibilidad y eficacia de las decisiones adoptadas y consignadas por la Asamblea Departamental de Antioquia, en el referido acto administrativo de carácter general, sólo se aseguraban con su publicidad, en los términos del artículo 43 de Código Contencioso Administrativo, Decreto 1 de 1984(4).

En consideración a lo expuesto, la Sala estima acertada la decisión del Tribunal en cuanto desestimó el cargo denominado expedición extemporánea del Decreto 2865 de 19 de julio de 1996 dado que, como quedó visto, el Gobernador de Antioquia contaba con esta última fecha, 19 de julio de 1996, como límite temporal para expedir las medidas tendientes a “definir el número de unidades administrativas” de la Gobernación del referido ente territorial.

No obstante lo expuesto, si aún en gracia de discusión se aceptara que la administración departamental de Antioquia expidió el Decreto 2865 de 19 de julio de 1996 por fuera de los 90 días previstos en la Ordenanza 6E de 27 de febrero de 1996 ello, per se, no implicaría la nulidad absoluta del referido decreto. Lo anterior, toda vez que debe recordarse que, en vigencia de la Constitución Política de 1991(5), los gobernadores cuentan con la competencia directa para crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias en el nivel central y señalar las funciones específicas.

Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido que:

“(…) El artículo 300-7 de la Constitución Política le asigna a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas, la función de “determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo”, y a los gobernadores (art. 305-7 ibídem), la función de: “crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas”.

En este orden de ideas, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional y la de esta corporación, la conformación de las plantas de personal a nivel territorial es una labor que desarrollan, en cada una de sus jurisdicciones, los respectivos gobernadores y alcaldes, de acuerdo con lo estipulado previamente por las asambleas y los concejos correspondientes.

Dicha autonomía no comporta un ejercicio ilimitado por parte de las autoridades de las competencias asignadas por la Constitución en esta materia, pues el legislador puede establecer reglas a las cuales deben sujetarse, en especial aquellas expedidas según lo ordena el artículo 125 constitucional.

Una lectura armónica de los anteriores preceptos debe entender que la competencia para crear, suprimir y fusionar los empleos en las dependencias de la administración central del departamento la tiene de forma exclusiva y autónoma el gobernador, siempre y cuando ella no comporte un cambio o modificación en la estructura orgánica de la administración departamental(6) (…)”.

De acuerdo a las consideraciones que anteceden, concluye la Sala que el Gobernador del Departamento de Antioquia expidió el Decretó 2865 de 19 de julio de 1996 dentro de los 90 días que para efectos de “definir el número de unidades administrativas y su correspondiente planta de personal” le concedió la Asamblea Departamental de Antioquia a través de la Ordenanza 6E de 27 de febrero de 1996. Pese a que, como se anunció en precedencia, el Gobernador del Departamento de Antioquia, en todo caso, contaba con la competencia para adoptar directamente la planta de personal del referido ente territorial en el nivel central, en virtud a lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 305 de la Constitución Política de 1991.

Las razones que anteceden, a juicio de la Sala, son suficientes para declarar la falta de prosperidad del cargo denominado “falta de competencia temporal del Gobernador del Departamento de Antioquia” para expedir el Decreto 2865 de 19 de julio de 1996, formulado por la parte accionante.

V. De la solicitud de incorporación de los demandantes a la nueva planta de personal del Departamento de Antioquia

Sostienen los demandantes, a través de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que dentro del proceso de reestructuración al que se sometió la administración departamental de Antioquia no se registró una supresión absoluta de los empleos de auxiliar agropecuario y secretaria en la planta de personal de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación Antioquia.

Al respecto, se precisó en el escrito de la demanda que, la expedición de los decretos 2865 de 19 de julio y 4695 de 11 de septiembre de 1996, respectivamente, trajo consigo una supresión por reducción numérica de las plazas de auxiliar agropecuario y secretaria existentes en la planta global de la Gobernación de Antioquia al tiempo que incorporó, en la nueva planta de personal a empleados que no contaban con la misma experiencia y derechos acreditados por cada uno de los demandantes.

Lo anterior, se sostuvo, era argumento suficiente para declarar la nulidad de los distintos oficios que individualizaron la situación particular de los demandantes, al informarles que los empleos que venían desempeñando habían sido suprimidos, en virtud a lo dispuesto en los decretos 2865 de 19 de julio y 4695 de 11 de septiembre de 1996.

En relación con los anteriores argumentos estima la Sala que, tal y como lo ha considerado esta corporación en anteriores ocasiones(7), en los procesos de reestructuración de entidades públicas que conlleve la supresión de empleos, se hace necesario la expedición de actos administrativos tanto de contenido general como particular. Son de contenido general, aquellas decisiones que disponen la supresión de algunos de los empleos de la planta de personal lo cual se traduce en la reducción numérica de los mismos. En este caso, la medida que así lo disponga es objetiva e indeterminada y en ese orden, el acto de contenido particular viene siendo el que contenga la incorporación del personal a la nueva planta de personal o, en su defecto, la comunicación u oficio que informa al servidor sobre la no continuidad en el servicio.

Descendiendo al caso concreto se observa que, el Gobernador del Departamento de Antioquia mediante Decreto 2865 de 19 de julio de 1996 definió las unidades administrativas que conformaban los organismos de la administración central del departamento y la respectiva planta global de personal, en la que se contemplaron 110 plazas de auxiliar agropecuario, nivel 2, grado 4 y 130 de secretaria, nivel 2, grado 4 (fls. 14 a 165).

En este mismo sentido, se advierte que con posterioridad el Gobernador del Departamento de Antioquia expidió el Decreto 4695 de 11 de septiembre de 1996 a través del cual “asignó a la planta de cargos de la secretaría de agricultura” 5 empleos de auxiliar agropecuario, nivel 2, grado 4 y 4 plazas de secretaria, nivel 2, grado 4 (fls. 166 a 167 bis).

Lo anterior, a juicio de la Sala, trajo consigo una supresión por reducción numérica de las referidas plazas en la planta de cargos de la Secretaría de Agricultura del Departamento de Antioquia sin que, hasta ese momento, fuera posible verificar la supresión efectiva de los cargos que venían desempeñando los demandantes en la referida dependencia.

En este sentido, debe decirse que solo con la expedición del Decreto 4718 de 11 de septiembre de 1996 el Gobernador del Departamento de Antioquia, adoptó una decisión concreta en materia de personal, al incorporar la nueva planta de servidores públicos de la Secretaría de Agricultura de Antioquia y sin que, en el referido acto, debe anotarse se incluyera el nombre de los demandantes como servidores (fls. 406 a 412).

Bajo estos supuestos, considera la Sala que el acto de individualizó la situación particular de los demandantes, frente al proceso de reestructuración al que fue sometida la administración departamental de Antioquia no fue otro que el Decreto 4718 de 11 de septiembre de 1996 dado que, como quedó visto, a partir de la expedición del mencionado acto administrativo los demandantes, al no haber sido incorporados en la nueva planta de personal, adquirieron la certeza de que los cargos que venían desempeñando, como auxiliar agropecuario, nivel 2, grado 4 y secretaria, nivel 2, grado 4, respectivamente, habían sido suprimidos y, en consecuencia, debía producirse su retiro del servicio.

Lo anterior si se tiene en cuenta que, dentro del concepto de violación de la demanda los accionantes, al unísono, reclaman el supuesto derecho que les asistía a ser incorporados en la nueva planta de personal del Departamento de Antioquia, dada su “experiencia y calidades excepcionales” en la prestación de sus servicios como empleados del referido ente territorial.

Teniendo en cuenta lo expuesto, considera la Sala que si la pretensión de los demandantes, como en efecto se verifica en el caso bajo examen, era el reintegro a la planta de personal de la Gobernación del Departamento de Antioquia debieron haber solicitado la nulidad de la referida Resolución 4718 de 1996. Sin embargo, tal circunstancia se echa de menos en el caso concreto, toda vez que éstos únicamente solicitaron la nulidad de los decretos 2865 de 19 de julio y 4695 de 11 de septiembre de 1996, así como de los distintos oficios suscritos por la secretaria de recursos humanos mediante los cuales únicamente se les informó de la supresión del cargo que venían desempeñando.

Así las cosas, la Sala deberá declararse inhibida para pronunciarse frente a la pretensión de reintegro de los demandantes y legalidad de los citados oficios dado que, se repite, estos últimos no individualizaron la situación particular y concreta de los accionantes ante el proceso de reestructuración de la administración departamental de Antioquia en tanto, como quedó dicho, sólo se limitaron a informar a los accionantes la supresión del cargo que venían desempeñando en la administración departamental de Antioquia.

Finalmente, resulta oportuno expresar que en el presente caso la entidad cumplió con su deber resarcitorio al indemnizar a los demandantes, con ocasión de la supresión de los cargos que venían desempeñando en la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia. Ello permite concluir que la administración actuó con arreglo a las previsiones legales y con fundamento en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general, por lo que de los actos administrativos acusados, esto es, de los decretos 2865 de 19 de julio y 4695 de 11 de septiembre de 1996 no surgen elementos para inferir que existieron vicios de ilegalidad (fls. 228 a 249).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 20 de agosto de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por María Victoria Ochoa Restrepo y otros contra el Departamento de Antioquia, con la siguiente adición:

2. DECLARASE inhibida la Sala para pronunciarse en relación con la solicitud de nulidad de los oficios suscritos por la Directora de Personal de la Secretaría de Desarrollo del Recurso Humano de la Gobernación del Departamento de Antioquia, mediante los cual se le informó a los demandantes que el cargo que venían desempeñando había sido suprimido. Lo anterior, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

1 “ART. 145.—En todos los procesos contencioso administrativos procederá la acumulación de pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil, así como la acumulación de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos establecidos por el mismo código (…)”. (hoy debe verse el artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

2 “ART. 82.—Acumulación de pretensiones. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.
3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.
En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquélla y la sentencia de cada una de las instancias.
También podrán formularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que aquéllas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.
En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado, con la limitación del numeral 1º del artículo 157.
Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los dos incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa” (hoy debe verse el artículo 88 del Código General del Proceso).

3 Sentencia de 10 de agosto de 2006. Rad. 4563-2004, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado. En este mismo sentido también puede verse la sentencia de 23 de junio de 1994. Rad. 7852, M.P. Dolly Pedraza de Arenas.

4 Hoy debe verse el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5 “ART. 305.—Son atribuciones del gobernador: (…) 7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado (…)”.

6 Sentencia de 1º de febrero de 2011, Rad. 0622-2009, Actor: Ely Gómez Ortega. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

7 Ver sentencia de 2 de junio de 2011. Rad. 2252-2010, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.