Sentencia 1999-00736 de junio 12 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000199900736 01

Exp.: 28.390

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Jose Ignacio Gómez Alzate y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial y otro

Referencia: Apelación sentencia - reparación directa

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de marzo de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, comoquiera que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, independientemente de la cuantía del proceso.

2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que el daño por cuya indemnización se demandó —según se indicó—, devino de la incautación y posterior hurto de la suma de $ 29.950 dólares de propiedad de los actores, en hechos ocurridos el día 14 de enero de 1999, en la Fiscalía 33 Seccional de Leticia. Por lo tanto, al ser presentada la demanda el 20 de marzo esa misma anualidad, se impone concluir que la acción se interpuso dentro de la oportunidad legal establecida para tal efecto(14).

2.2. El material probatorio recaudado en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica del oficio de fecha 11 de enero de 1999 a través del cual el jefe seccional de inteligencia de policía del Amazonas dejó a disposición de la Fiscalía 33 Seccional de Leticia, la suma de $ 29.950 dólares americanos. En dicho documento se consignó la siguiente información:

“Respetuosamente me permito dejar a disposición de esa fiscalía veintinueve mil novecientos cincuenta dólares americanos (29.950), de propiedad de los señores Adonías Salguero Rodríguez identificado con la cc (...), de profesión comerciante de maquinaria de campo, y José Ignacio Gómez Alzate identificado con cc (...), de profesión comerciante.

El día 110199, siendo aproximadamente las 13:50 horas, llegó procedente de la ciudad de Bogotá D.C., un vuelo comercial de la empresa Aerorepública, en el que llegaron los señores Adonías Salguero Rodríguez y José Ignacio Gómez, a los que se les realizó una requisa e identificación de rutina, en la que se les encontró una cantidad no estimada de dólares americanos, al ver esta situación se les preguntó si tenían algún documento que acreditara la procedencia de dicho dinero, estos manifestaron que no traían algún documento que acreditara la procedencia de dicho dinero, estos manifestaron que no traían ningún documento ya que este dinero lo habían comprado en Armenia (Quindío).

Posteriormente los señores fueron trasladados hacia las instalaciones de la Sijín Deama en donde se les manifestó que sacaran todo el dinero que traían, estos comenzaron a sacar los dólares de diferentes bolsillos de sus ropas y a la vez traían dinero camuflado en tanto (sic) en los zapatos como entre los testículos, según lo manifestado por los señores Adonías y José, el dinero sería destinado a la compra fuera del país de repuestos para motocicletas, pero en un principio manifestaron que ellos venían a negociar con unos motores fuera de borda, que los iban a traer de la ciudad de Bogotá, además negociarían un local para su comercialización, en esta ciudad.

Es de anotar que el señor Adonías Salguero Rodríguez tenía en su poder $ 15.400 dólares y el señor José Ignacio Gómez Alzate tenía $ 14.550 dólares, para un total de $ 29.950 dólares americanos, distribuidos de la siguiente manera, doscientos noventa y nueve (299) billetes de cien (100) dólares y un (1) billete de cincuenta (50) dólares”(15) (se ha destacado).

— Copia auténtica del acto de incautación suscrito por el comandante de policía del Amazonas, seccional de inteligencia, así como por los señores Adonías Salguero Rodríguez y José Ignacio Gómez Alzate, en la cual se dejó constancia de la incautación de la suma de $ 29.950 dólares a las referidas personas, así mismo que “el dinero antes enunciado fue encontrado sin ningún documento que acreditara su procedencia(16) (negrillas adicionales).

— Copia auténtica de varias piezas procesales de la investigación penal adelantada por el hurto de la suma de $ 29.950 dólares, ocurrido en la sede de la Fiscalía 33 Seccional de Leticia; de tales documentos resulta pertinente citar la denuncia por hurto formulada ante la Sijín de Leticia por el fiscal 33 seccional de esa ciudad, señor Jairo Daniel Fonseca Vergara, en la cual narró que, cuando llegó a su oficina el día 14 de enero de 1999 a las 8:00 horas, encontró la puerta principal de su oficina abierta sin el seguro y que, cuando entró, observó que estaba violentada la gaveta de su escritorio donde guardaba los $ 29.950 dólares y un revólver marca Tauros, los cuales se encontraban a disposición de esa fiscalía seccional(17).

— Oficio de fecha 11 de septiembre de 2000, suscrito por la jefe de la subdirectora de recaudación de la DIAN, en la cual hizo constar que “revisados nuestros archivos del registro único tributario RUT, documentación cuenta corriente y declaración de aduanas, el señor Adonías Salguero Rodríguez con cc (...), no figura con registro a su nombre”. En cuanto al señor José Ignacio Gómez Alzate se manifestó que “de forma atenta remito un listado que contiene la información estadística de importaciones realizadas por el señor Gómez Alzate José Ignacio, identificado con cc (...), durante los años 1993 a 1998”; no obstante lo cual no se anexó documento alguno al respecto(18).

— Finalmente, obra la declaración rendida ante el tribunal a quo por el señor Fernando Ardila Ruiz, quien se desempeñaba como agente de policía de la Sijín para la ápoca de los hechos en el aeropuerto de Leticia, de la cual resulta pertinente citar los siguientes apartes:

“Para esa fecha estos señores [se refiere a los señores Adonías Salguero Rodríguez y José Ignacio Gómez Alzate], llegaron en ese vuelo comercial, como eran unas personas no oriundas de la ciudad de Leticia y además porque era la primera vez que los veía y al ver los movimientos que realizaban en la Sala de llegada procedí a llevarlos a la oficina de la estación aeroportuaria e inmediatamente procedí a identificarlos e individualizarlos y al practicarles la requisa se les encontró en diferentes parles del cuerpo la suma de $ 29.950 dólares, los cuales venían camuflados en rollitos, uno en los bolsillos, otros en la parte de los testículos y los demás en los zapatos internamente, inmediatamente encontrado el dinero procedí a trasladarlos a la jefatura de la Sijín donde les manifesté que el dinero que traían tenía alguna clase de documento que acreditara la procedencia del mismo, manifestando que no tenían nada y que los habían comprado en Armenia, Quindío, y que los traían para la compra de repuestos de bicicleta en el vecino país de la frontera; posteriormente, me dijeron que los traían para negociar motores fuera de borda que los iban a traer de Bogotá y que además iban a colocar un negocio aquí en Leticia; al ver la forma en que traían el dinero y que al principio dijeron que era para diferentes actividades procedí a dejarlos a disposición de la fiscalía seccional para su investigación. (...) Sí yo me enteré de la pérdida de este dinero a los cuatro días, y todavía los señores se encontraban aquí en Leticia y nunca más se pudo volver a recuperar ese dinero. (...) En ningún momento acreditaron ser comerciantes de estos países limítrofes con Colombia”(19).

— Finalmente, la Sala encuentra que varios de los documentos que fueron aportados por el demandante al expediente con el propósito de ser valorados como prueba se hallan en copia simple, circunstancia que impide asignarles mérito probatorio alguno(20) e imposibilita la elaboración de un juicio valorativo respecto de los hechos de la demanda, como lo pretende la parte actora.

2.3. Valoración probatoria y caso concreto.

Tal y como se dejó indicado en los antecedentes de esta providencia, el hecho dañoso en el cual se sustentó la presente demanda de reparación directa se habría ocasionado, básicamente por “la conducta omisiva e imprudente asumida por el fiscal 33 seccional de Leticia, Amazonas, al no haber dado en custodia legal la cantidad de $ 29.950 dólares, puestos a su disposición por personal de la Sijín Deama y los que fueron sustraídos del despacho de dicha fiscalía”.

Ahora bien, en el caso sub examine, de las pruebas aportadas al proceso se puede establecer:

i) Que el día 11 de enero de 1999 a las 14:00 horas, en las instalaciones del aeropuerto de Leticia, en momentos en que los señores Adonías Salguero Rodríguez y José Ignacio Gómez Alzate arribaban en un vuelo comercial proveniente de la ciudad de Bogotá, miembros de la Sijín de la Policía Nacional de Leticia los detuvieron para realizarles una requisa, encontrándoles la suma de $ 29.950 dólares;

ii) Que las explicaciones dadas por esas personas a la autoridad policial sobre la procedencia y propiedad del dinero fueron, aparentemente contradictorias, amén de que —según el policial que los requisó—, era la primera vez que los veía en la región, motivo por el cual se procedió a la incautación y posterior entrega del dinero, ese mismo día, a la Fiscalía 33 Seccional de Leticia, con el fin de que se realizaran las averiguaciones respectivas; no obstante lo cual, contra ellos no se inició investigación penal alguna.

iii) Que el día 14 de enero de 1999 en la oficina del fiscal 33 seccional Jairo Daniel Fonseca Vergara, se presentó el hurto de un arma de fuego y de los dólares incautados a los hoy demandantes, dinero y revólver que, según afirmó el fiscal de conocimiento, se encontraban en su escritorio bajo llave, y de cuya pérdida se percató el funcionario —según afirmó en la denuncia que formulara sobre los hechos— cuando ingresó a su oficina a las 8:00 horas de aquel día y encontró el cajón violentado y la cerradura abierta. De dicha denuncia solamente se allegaron algunas piezas de la etapa preliminar, pero se desconoce su resultado.

Ha sostenido la parte actora durante el trámite de la presente acción que la demandada incurrió en una falla del servicio, por cuanto el fiscal 33 seccional de Leticia de forma imprudente se abstuvo de poner el dinero incautado en custodia legal y que fue, precisamente, esa conducta omisiva, la que propició el robo del dinero.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 1º del Decreto 1856 de 1989, “por el cual se toman medidas encaminadas a restablecer el orden público”:

“Los títulos valores, bienes muebles e inmuebles, divisas, derechos de cualquier naturaleza y, en general, los beneficios económicos y efectos provenientes de o vinculados directa o indirectamente a las actividades ilícitas (...) serán decomisados u ocupados por las Fuerzas Militares, Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado y puestos a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual, por resolución, podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o de entidades de beneficio común instituidas legalmente mientras el juez competente dispone sobre su destinación definitiva.

(...)

“La providencia que ordene la devolución de los bienes materia del decomiso, deberá ser consultada y solo surtirá efectos una vez confirmada por el superior (...)”.

El decreto anteriormente indicado fue adicionado por el Decreto 2390 de 1989, cuyo artículo 2º dispuso que:

“Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional o los organismos de seguridad del Estado, que hubieren practicado el decomiso o la ocupación, informarán al juez competente que se encuentre conociendo de los delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito (...), sobre este hecho o, en caso de que no existiere proceso, procederán a formular la correspondiente denuncia penal, con base en los hechos que dieron lugar a la práctica de tales diligencias”.

Según el artículo 53 del Decreto Legislativo 2790 de 1990, modificado por el Decreto Legislativo 0099 de 1993(21),

“Los inmuebles, aviones, avionetas, helicópteros, naves y artefactos navales, marítimos y fluviales, automóviles, maquinaria agrícola, semovientes, equipos de comunicaciones y radio y demás bienes muebles, así como los títulos valores, dineros, divisas, depósitos bancarios, y en general los derechos y beneficios económicos o efectos vinculados a los procesos por los delitos cuyo conocimiento atribuye el artículo 9º del presente decreto a los jueces de orden público, o que provengan de su ejecución, quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación, hasta que resulte ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación definitiva.

“El superior de la unidad investigativa de policía judicial de orden público o el jefe de la policía judicial, solo podrán ordenar la incautación u ocupación del bien mueble o inmueble cuando exista prueba sumaria sobre su vinculación a delito de los mencionados en el artículo 9º de este decreto, como de conocimiento de los jueces de orden público.

(...)

“PAR.—Siempre que se produzca la incautación u ocupación de bienes el superior de la unidad investigativa levantará un acta en que aparezca el inventario de ellos debidamente identificados, de la cual remitirá una copia adicional a la Dirección Nacional de Estupefacientes para los efectos señalados en este decreto”.

Por su parte, el Decreto 2700 de 1991, antiguo Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 43 de la Ley 81 de 1993, disponía lo siguiente:

“ART. 338.—Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido un hecho punible doloso o que provengan de su ejecución y que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la Fiscalía General de la Nación o la entidad que esta designe a menos que la ley disponga su destrucción. Cuando la Fiscalía General de la Nación haya de hacer la designación correspondiente, deben preferir las necesidades de la Procuraduría General de la Nación (...).

“ART. 339.—Caso especial de comiso. Los inmuebles, aviones, avionetas, helicópteros, naves y artefactos navales, marítimos y fluviales, automóviles, maquinaria agrícola, semovientes, equipos de comunicaciones y radio y demás bienes muebles, así como los títulos valores, dineros, divisas, depósitos bancarios y en general los derechos y beneficios económicos o efectos vinculados a los procesos por los delitos cuyo conocimiento se atribuye a los jueces regionales, o que provengan de su ejecución, quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación hasta que quede ejecutoriada la providencia sobre la entrega o adjudicación definitiva (...)”.

A su vez, el artículo 334 del Decreto 2700 de 1991 le confirió facultades a la Fiscalía General de la Nación paro ordenar y practicar pruebas que permitieran el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, a fin de establecer si se infringió la ley penal, quién o quiénes fueron los autores o partícipes del hecho punible, los motivos determinantes y demás factores que incidieron en la violación de la ley, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se consumó el delito y la cuantificación de los daños y perjuicios de orden moral y material causados, entre otros aspectos.

— Finalmente, obra también dentro del proceso copia auténtica del Oficio SOP-413 expedido el 29 de octubre de 1997 por el director del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y dirigido a la directora administrativa de la Fiscalía General de la Nación, en el cual señaló:

“Me permito informarle que los dineros incautados por enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas, deben consignarse en el Banco de la República de la siguiente forma:

1. Los dólares, en la cuenta 51011047 denominada Dirección del Tesoro Nacional - Incautaciones Fiscalía General de la Nación - dólares americanos” (se ha resaltado).

De conformidad con el anterior conjunto normativo, aplicable para la época de los hechos, se tiene que los elementos vinculados a los procesos por los delitos cuyo conocimiento se atribuía a los jueces regionales o que provinieran de su ejecución pasaban a disposición de la Fiscalía General de la Nación y quedaban fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación, hasta que quedara ejecutoriado la providencia que dispusiera sobre su entrega a adjudicación definitiva. A su turno, los terceros que alegaran la propiedad sobre los bienes materia de la ocupación o el decomiso y solicitaran su devolución estaban en la obligación de demostrar dentro del proceso penal la propiedad sobre dichos bienes, su precedencia legítima y el fin para el cual estaban destinados.

En el asunto sub examine, puede inferirse que los agentes de la Sijín que ordenaron la requisa a los ahora demandantes tenían fundadas razones para sospechar que el dinero incautado provenía o iba a ser destinado a actividades ilegales, dadas las circunstancias en las que fue transportado y porque, además, las razones que expresaron los ahora demandantes fueron contradictorias, de suerte que la medida de incautación adoptada por el personal de la Policía Nacional estuvo ajustada al ordenamiento legal antes transcrito.

A su turno, la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación de investigar la procedencia y/o propiedad del dinero incautado, para lo cual tenía que abrir la correspondiente investigación penal y decretar las medidas y pruebas que resultaran conducentes, en aras de esclarecer los hechos materia de investigación, no obstante lo cual, en el presente asunto no se allegó prueba alguna de la investigación penal adelantada contra los ahora demandantes respecto de la procedencia y/o propiedad del dinero incautado y su condición de ilegalidad. En efecto, a partir de los medios probatorios antes relacionados se puede concluir, únicamente, que la actuación por parte de la fiscalía en este asunto se limitó a incautar el dinero ($ 29.950 dólares), pero de tales probanzas no puede inferirse que se hubiese adelantado investigación alguna en contra de las personas que lo transportaban.

Ahora, si bien la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación procedieron conforme el ordenamiento jurídico en cuanto a ordenar la incautación del dinero para establecer la procedencia y/o propiedad del mismo, lo cierto es que se omitió por parte del ente investigador adoptar medidas de seguridad necesarias para custodiar el dinero incautado.

Ciertamente, resulta difícil creer, por ser contrario a las reglas de la experiencia y al mero sentido común, que el hurto de la suma de $ 29.950 dólares ocurrido en la oficina de la Fiscalía 33 Seccional de Leticia hubiere sido imprevisible o irresistible para la entidad demandada, pues el referido fiscal de conocimiento debía adoptar las medidas de seguridad, protección y custodia de esa considerable suma de dinero incautado; no obstante lo cual, se limitó a guardarlo en una gaveta de su escritorio por más de tres (3) días, a sabiendas del riesgo que ello implicaba.

De conformidad con lo anterior, se tiene entonces que la Fiscalía Seccional de Leticia omitió dar cumplimiento a los procedimientos legales establecidos para poner en custodia los dólares que les fueron incautados a los actores en el momento en que se efectúo dicha incautación, pues debió haber consignado dicha suma de dinero en el Banco de la República de esa localidad o en alguna otra entidad que contara con medidas de seguridad idóneas para depositar en custodia esa importante cantidad de dinero.

Con fundamento en las consideraciones expuestas y en el acervo probatorio relacionado, es posible concluir que la imputación de responsabilidad a la entidad pública demandada en el presente asunto debe realizarse bajo el título de falla del servicio(22), toda vez que dentro del proceso se encuentra acreditado el comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada en la custodia, protección y resguardo del dinero incautado a los demandantes, todo lo cual propició el hurto, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de los responsables.

Ahora bien, no obstante que el hecho de que el daño tenga su génesis directa, material y causal en la conducta de un tercero, no quiere ello significar, en principio, que necesariamente se haya configurado una causa extraña que exonere de responsabilidad a la demandada, toda vez que dicho daño resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación, dado que su comportamiento fue relevante y determinante en su desencadenamiento, toda vez que la Fiscalía General de la Nación se encontraba en posición de garante(23), es decir, que de conformidad con el ordenamiento jurídico estaba compelida a evitar el resultado dañoso(24). En efecto, según las disposiciones legales antes transcritas, los bienes incautados a los señores Adonías Salguero Rodríguez y José Ignacio Gómez Alzate debían quedar fuera del comercio y en poder de la Fiscalía General hasta que quede ejecutoriada la providencia sobre la entrega o adjudicación definitiva.

Lo anterior permite a la Sala negar la alegada ocurrencia del hecho a un tercero, como causa extraña, en consideración a que la fiscalía tenía la obligación de salvaguardar el dinero incautado hasta que se ordenara su devolución por la autoridad competente, conclusión que lleva, además, a deducir, como se indicó precedentemente, la falla en la prestación del servicio en la cual incurrió la entidad demandada por su actuar descuidado o negligente en la producción del hecho dañoso.

A lo anterior cabe agregar la consideración consistente en que si bien es cierto que para el momento de la incautación de los $ 29.950 dólares, las autoridades policiales y la Fiscalía General de la Nación a la cual le fueron entregados los dólares en custodia, no tenían certeza sobre lo procedencia y/o propiedad del dinero, también lo es que correspondía exclusivamente a esa última entidad adelantar la respectiva investigación para demostrar la ilegalidad e ilicitud del origen del dinero incautado; sin embargo —bueno es insistir en ello—, se omitió dicho deber, por lo que ha de concluir la Sala que la presunción de inocencia que ampara a todos los ciudadanos no fue desvirtuada y, en consecuencia, ha de presumirse, igualmente, sobre la legalidad del origen y propiedad del dinero que fue incautado a los señores Adonías Salguero Rodríguez y José Ignacio Gómez Alzate.

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo poro revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, se estudiará la pretensión indemnizatoria deprecada en la demanda.

2.4. Indemnización de perjuicios.

— Daño emergente.

En cuanto a los perjuicios materiales ocasionados, se solicitó en la demanda que se condenara al pago de la suma que les habría sido sustraída, esto es $ 29.950 dólares, más la actualización monetaria y los correspondientes intereses comerciales.

Según se dejó indicado anteriormente, dentro del proceso obra copia auténtica del oficio de fecha 11 de enero de 1999 a través del cual el jefe seccional de inteligencia de policía del Amazonas dejó a disposición de la Fiscalía 33 Seccional de Leticia, la suma de $ 29.950 dólares americanos, los cuales fueron incautados a los señores Adonías Salguero Rodríguez y José Ignacio Gómez Alzate; así mismo, se encuentra copia auténtica del acta de incautación suscrita por el comandante de policía del Amazonas, seccional de inteligencia, en la cual se dejó constancia de la incautación de la suma de $ 29.950 dólares a las referidas personas.

Advierte la Sala que los documentos anteriores fueron aportados en copia auténtica por la parte actora y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó tenerlos como prueba mediante auto proferido el 6 de junio de 2000 (fI. 95, cdno. 1), sin que los mismos hubieren sido tachados de falsos por la entidad demandada, razón por la cual los documentos en mención resultan suficientes para acreditar la pérdida de $ 29.950 dólares.

Ahora bien, comoquiera que la incautación de los $ 29.950 dólares americanos se produjo el 11 de enero de 1999 y, teniendo en cuenta que el valor de cada dólar para aquella fecha era de $ 1.535 pesos colombianos(25), se tiene que dicha suma equivalía a $ 45'973.250 pesos colombianos. La Sala procederá a realizar su actualización a valor presente, de la siguiente forma:

s199900736CEecua1
 

Ra:= $ 97'539.560

Total perjuicios daño emergente: noventa y siete millones quinientos treinta y nueve mil quinientos sesenta pesos $ 97'539.560 m/cte.

Finalmente, respecto del pago de intereses comerciales deprecados en la demanda, advierte la Sala que si bien el actor va a recibir el valor equivalente a los $ 29.950 dólares debidamente actualizado para la fecha de la sentencia, con el propósito de que se le repare integralmente el daño sufrido, tiene derecho, también a título de lucro cesante, a que se le reconozcan los intereses que pudo percibir sobre ese capital desde el 11 de enero de 1999, fecha en la cual fueron incautados los mencionados dólares, hasta la fecha de esta providencia.

Con este reconocimiento se reitera la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que el interés puro legal se reconoce a título de lucro cesante, porque busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte de la indemnización integral y es compatible con la indexación(26).

En consecuencia, se procederá a liquidarlos a la tasa del 6% anual (C.C., art. 2232), sobre el valor acreditado dentro del plenario como daño emergente, es decir, sobre la suma de $ 97'539.560, desde enero de 1999 a la fecha de la sentencia:

I= K x R x T

K: costo de la suma de dinero: $ 97'539.560

R: 6% anual: 0.5% mensual

T: 173 meses (ene./99 a jun./2013)

1= $ 97.539.560 x 0.5% x 173

1=$ 84.371.719

Total perjuicios lucro cesante: ochenta y cuatro millones trescientos setenta y un mil setecientos diecinueve mil pesos $ 84'371.719 m/cte.

2.5. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguno procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 25 de marzo de 2004.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los demandantes señalados en la parte motiva de esta providencia.

3. En consecuencia, CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación, a pagar a favor de los señores Adonías Salguero Rodríguez y José Ignacio Gómez Alzate las siguientes sumas de dinero:

3.1. Por concepto de daño emergente la suma de noventa y siete millones quinientos treinta y nueve mil quinientos sesenta pesos $ 97’539.560 m/cte.

3.2. Por concepto de lucro cesante la suma de ochenta y cuatro millones trescientos setenta y un mil setecientos diecinueve mil pesos $ 84'371.719 m/cte.

4. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(14) Al respecto, el artículo 61 de la Ley 23 de 1991 (vigente para la época), establecía que “el procedimiento conciliatorio suspenderá el término de caducidad de la respectiva acción por un plazo no mayor de sesenta (60) días”.

(15) Folios 17 a 19, cuaderno 2.

(16) Folio16, cuaderno 2.

(17) Folios 2 a 7, cuaderno 3.

(18) Folios 79 y 84, cuaderno 2.

(19) Folios 74 a 76, cuaderno 2.

(20) Toda vez que de conformidad con lo previsto por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, los documentos pueden aportarse al proceso en originales o en copias, las cuales pueden consistir en su trascripción o reproducción mecánica y, según el artículo 254 del mismo código, las copias tienen el mismo valor del original en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada; 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y 3. Cuando sean compulsadas del original o de la copia auténtica.

A lo anterior se agrega que el documento público —obviamente el original— es decir aquel que es expedido por funcionario público, en ejercicio de su cargo o con su intervención, se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, ya referido, el documento privado se reputa auténtico: i) cuando ha sido reconocido por el juez o notario o judicialmente se hubiere ordenado tenerlo por reconocido; ii) cuando ha sido inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; iii) cuando se encuentra reconocido implícitamente por la parte que lo aportó al proceso, en original o en copia, evento en el cual no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad; iv) cuando se ha declarado auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, y v) cuando se ha aportado a un proceso, con la afirmación de encontrarse suscrito por la parte contra quien se opone y esta no lo tacha de falso.

Ahora bien, la Ley 446 en su artículo 11 otorgó autenticidad a los documentos privados que fueren aportados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, sin la exigencia de la presentación personal o autenticación, salvo lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros. Igual sentido contiene el artículo 26 de la Ley 794 de 2003, modificatorio del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil; disposición que ya existía en el Decreto-Ley 2651 de 1991, artículo 25, cuestiones todas que deben entenderse relacionadas, claro está, con los documentos que se aporten en original. Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, sentencias del 28 de abril del 2010, Expediente 17.995 y del 18 de febrero de ese mismo año, Expediente 18.006, entre muchas otras.

(21) “Por el cual se dicta el estatuto para la defensa de la justicia, integrando en una sola jurisdicción los jueces de orden público y los especializados, creando mecanismos jurídicos para su protección y la de los demás intervinientes en los procesos penales de su competencia, organizando la Subdirección Nacional y las direcciones seccionales de orden público para darles el apoyo operativo y necesario para el cumplimiento de sus funciones y restablecimiento de los organismos auxiliares de la justicia”, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991.

(22) La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extra contractual. Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, Expediente 8163 y del 16 de julio de 2008, Expediente 16423, entre otras.

(23) “Por posición de garante debe entenderse aquella situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho.

“Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley —en sentido material— atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida”. En Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, Expediente 15.567, M.P. Enrique Gil Botero.

(24) “La posición de garante trata de dar una explicación y respuesta teórica y coherente a la cuestión de cuáles son las condiciones que deben darse para que el no impedir la entrada de un resultado sea equiparable a la causación positiva del mismo. Según la opinión que aquí será defendida, solo se puede alcanzar uno solución correcta si su búsqueda se encamina directamente en la sociedad, pero esta entendida como un sistema constituido por normas, y no si la problemática toma como base conceptos enigmáticos basados en el naturalismo de otrora, pues la teoría de la posición de garante, como aquí entendida, busca solucionar solamente un problema normativo-social, que tiene su fundamento en el concepto de deber jurídico”. Cfr. Perdomo Torres, Jorge Fernando “Lo problemático de la posición de garante en los delitos de comisión por omisión”, Ed. Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 17 a 20. Ver igualmente: López Díaz, Claudia “Introducción a la imputación objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia; Jakobs, Günther “Derecho penal - parte general”, Ed. Marcial Pons; Roxin, Claus “Derecho penal- parte general “Fundamentos de la estructura de la teoría del delito”, Ed. Civitas.

(25) Valor consultado en http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&_scid=-m5Lt3FRmBQ

(26) Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, Expediente 17.616, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En aquella oportunidad dijo la Sala: ‘Ha entendido la doctrina que si un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque esta clase de intereses incluye un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. No se excluyen entre sí los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo evaluar y cobrar esta clase de intereses. De allí que comparte la Salo que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función. Toda indemnización debe ser integral y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no solo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza de la indemnización debe mostrar esta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación”.