Sentencia 1999-00782 de julio 24 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 52001-23-31-000-1999-00782-01(27155)

Actor: Guillermo Escobar López y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Ref.: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto(1), en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia(2), contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño de 6 de febrero de 2004, mediante la cual se acogieron las súplicas de la demanda.

2. Caso en concreto.

El presente asunto se contrae a resolver si le asiste la razón a la parte demandante en aumentar los perjuicios morales en favor del padre, compañera permanente y hermana del señor Guillermo Escobar López hoy fallecido y quien alegó tener la calidad de lesionado dentro del sub judice, de conformidad con el registro civil de defunción allegado al plenario(3).

Así mismo, se solicita el aumento del valor de los perjuicios fisiológicos reconocidos por el a quo, en atención a la gravedad de las lesiones padecidas por el señor Guillermo Escoba López, hoy fallecido, por los hechos acaecidos el 6 de noviembre de 1997.

Para resolver el asunto, es menester como primera medida realizar unas breves reflexiones acerca del principio de la non reformatio in pejus como garantía del recurso de apelación, sus límites y sus excepciones.

3. Principio de la non reformatio in pejus.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(4), aplicable en sede contencioso administrativo según se dispone en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo que es desfavorable al apelante y por esta razón el ad quem no puede hacer más gravosa su situación si fue el único que se alzó contra la decisión(5).

El principio de la nonreformartio un pejus es un desarrollo de lo establecido en el artículo 31 constitucional que ordena que “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

En atención a la posición actual de la Sección Tercera de esta corporación(6), mediante el recurso de apelación, se ejerce el derecho de impugnación contra la decisión judicial y el juez de segunda instancia no puede empeorar, agravar o desmejorar la situación que en relación con el litigio le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia.

Así mismo, se ha establecido que el marco fundamental de competencia para el juez de segunda instancia

“lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(7) de la sentencia como el principio dispositivo(8), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum(9)(10). (resaltado por la Sala)

Por su parte, también se ha resaltado que dicha garantía no tiene un carácter absoluto, por cuanto en su aplicación tiene dos limitantes, a saber:

i) La imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio del apelante sólo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas.

ii) En aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “... aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC, art. 357, inc. final)(11).

Conviene precisar que con fundamento en la posición actual de la Sala Plena de Sección Tercera, en relación con la regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.

Y es así como la posición mayoritaria de la Sala concluyó que

“(...) la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos(12) en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo (...)”(13).

Conviene precisar que si bien el principio de la non reformatio in pejus es un derecho individual mediante el cual la parte que resultó parcialmente vencida en el proceso, consistente en que, si apela, no puede ser modificado lo que le fue favorable porque la contraparte, al no recurrir, consintió en lo que se decidió en su contra(14), el juez, de acuerdo a la posición actual de la Sección Tercera, el juez puede analizar el fenómeno de la caducidad, la falta de legitimación en la causa o la ineptitud sustantiva de la demanda, aun en el evento en que no lo haya advertido el juez de primera instancia o alguna de las partes de la litis, por tal motivo se debe observar si en el presente caso, los medios probatorios dan lugar a reconocer un mayor quantum a la parte demandante respecto de los perjuicios morales en favor del padre, la compañera permanente y la hermana del señor Guillermo Escobar López, para esclarecer no solo la prueba del parentesco o relación expuesta en la demanda, sino aquellas que evidencian las relaciones familiares y maritales entre el hoy causante y quien alega la calidad de padre, hermana y compañera permanente.

Se inicia el estudio con quienes alegan la calidad de padre y hermana del señor Guillermo Escobar López, estos son, el señor Manuel Salvador Aza y María Rosa Aza, para lo cual se allegaron los siguientes medios probatorios con los nombres que a continuación se exponen:

Poder (fls. 13 y 14 cdno. 1)Presentación personal (fl. 14 cdno. 1)DemandaRegistro civil de nacimiento
Aparece el nombre de Manuel Salvador Aza.Aparece el nombre de Manuel Salvador Aza con cédula de ciudadanía 1.827.191 de Cumbal.Aparece en las pretensiones el nombre de Manuel Salvador Aza y en el hecho Nº 1 el nombre de Manuel Salvador Escobar Aza.En el Registro civil de nacimiento del lesionado (Guillermo Escobar López fl. 16 cdno. 1) aparece como padre el señor Manuel Escobar Aza.

 

En cuanto a la señora María Rosa Aza aparece la siguiente información:

Poder (fl. 13 y 14 cdno. 1)Presentación personalDemandaRegistro civil de nacimiento
Aparece el nombre de María Rosa Aza LópezAparece el nombre de María Rosa Aza con cédula 30.734.335 de PastoAparece en las pretensiones el nombre de María Rosa Aza y en el hecho Nº 2 el nombre de María Rosa Alejandrina Escobar LópezSi se trata de María Rosa Aza, no aparece registro civil de nacimiento. Pero obra dentro del proceso copia auténtica del registro civil de nacimiento de María Rosa Alejandrina Escobar López y como Padre Manuel Escobar (fl. 18 cdno. 1)

 

En la sentencia de primera instancia se consideró que existía interés jurídico de estas dos personas y en atención a ello, se reconocieron perjuicios morales en cuantía de 50 y 25 smlmv, respectivamente para el padre y hermana del señor Guillermo Escobar López. Es importante determinar que con la presentación personal, en este caso, efectuado ante notario, éste último podrá dar testimonio escrito de que la firma puesta en un documento corresponde a la de la persona que la haya registrado ante él, previa confrontación de las dos. También podrá dar testimonio de que las firmas fueron puestas en su presencia, estableciendo la identidad de los firmantes(15).

Si lo anterior, es así, se tiene que el señor Manuel Salvador Aza figura ser la persona que es de acuerdo con la presentación personal y respecto de su calidad de padre que alega tener, no se compadece con la prueba que acredita el parentesco con el lesionado, hoy fallecido Guillermo Escobar López, esto es, con el certificado civil de nacimiento. Lo anterior tiene sustento en que dicho certificado del hoy fallecido Guillermo Escobar López, aparece como padre Manuel Escobar Aza, lo que evidentemente no se corresponde con el nombre puesto en la demanda, en el poder y la presentación personal, esto es, Manuel Salvador Aza.

En igual sentido se observa que respecto de María Rosa Aza, en la presentación personal aparece como tal y no obra certificado de nacimiento con este nombre. Pese a ello, en gracia de discusión, si se tuviera como registro de nacimiento el de María Rosa Alejandrina Escobar López, entonces quien alega la calidad de hermana no coincide con el de presentación personal, el poder y demanda instaurada.

En efecto, al no acreditarse el parentesco de las personas que alegan ser padre y hermana respectivamente del señor Guillermo Escobar López, conviene precisar el concepto de legitimación en la causa como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(16), de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, el juez no puede adoptar una decisión favorable a las pretensiones o a las excepciones de la demanda, según se trate del demandante o del demandado(17).

Lo anterior se ratifica en el precedente de la Sala, según el cual:

“(...) La legitimación en la causa —legitimatio ad causam— se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista (...)”(18).

También se ha explicado en múltiples oportunidades(19) que en los juicios ordinarios existe legitimación en la causa de hecho y legitimación en la causa material, de modo que, la primera(20) se entabla con la relación procesal entre el demandante y el demandado a través de las pretensiones, es decir, tal relación tiene origen en la demanda y en su notificación personal al demandado; y por su parte, la legitimación material, se refiere a la participación real en el hecho que origina la presentación de la demanda, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio(21).

De lo anterior se colige claramente que “todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda”(22). En pronunciamiento de la Sección Tercera, se reiteró la anterior posición en los siguientes términos:

“(...) Con lo anterior, puede suceder que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores (...)”(23).

Asimismo, la Sala ha manifestado que la falta de legitimación en la causa material no es una excepción de fondo que se oponga a la prosperidad de las pretensiones, no obstante, la falta de prueba del derecho para formular determinadas pretensiones faculta al juez a absolver a la parte demandada, así:

“(...) si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se los atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”(24).

En conclusión, los señores Manuel Salvador Aza y María Rosa Aza con el poder, la presentación personal y la demanda, alegaron la calidad de padre y hermana respectivamente del señor Guillermo Escobar López. Teniendo en cuenta que el parentesco se acredita únicamente con el registro o certificado civil de nacimiento, con fundamento en la normatividad establecida en el Decreto 1260 de 1970, no es posible considerar que se tratan de las mismas personas, puesto que en la demanda, en el poder y en la presentación personal, son diferentes a las contempladas en los registros civiles de nacimiento.

Sobre la importancia del registro o certificado civil de nacimiento, el ordenamiento civil colombiano establece que la prueba del estado civil, y de las situaciones que emanen de él, está circunscrita a la copia auténtica del correspondiente folio o al certificado que con base en él expidan(25) los funcionarios encargados de llevar el registro del estado civil y la oficina central(26), es más, el mismo Estatuto previó que ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hagan fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la descrita normatividad(27).

Por lo tanto, no puede aplicarse de manera irrestricta el principio de la non reformatio in pejus en el presente caso, puesto que no puede entenderse que la protección de los intereses y derechos del apelante sea extensivo a quien no tiene derecho, ya que en el presente caso, se evidencia una falta de legitimación en la causa por activa del señor Manuel Salvador Aza y María Rosa Aza.

Aun en gracia de discusión se tuvieran como terceros afectados o damnificados, se observa que en el petitum de la demanda no fue alegada esta condición, ni tampoco fue acreditada dentro del plenario, por lo que no es posible para esta Subsección conceder perjuicios a quienes no tienen derechos (por usencia de legitimación en la causa por activa debido a que alegaron ser padre y hermana de la víctima), ni tampoco a quienes no alegaron la calidad de damnificados, por lo que no puede entonces olvidarse que el principio de congruencia de las sentencias es un mandato dirigido al juez que tiene una doble dimensión, pues no sólo exige que entre la parte motiva y la parte resolutiva de la decisión judicial exista completa armonía (congruencia interna); sino también, que la sentencia resulte armónica, consonante y concordante con los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda y con aquello planteado en el escrito de oposición (congruencia externa), a fin de que se garantice una coherencia entre lo pedido y lo resuelto; pues de lo contrario, el juez incurriría en un fallo ultra petita, si concede más allá de lo pedido; o infra o citra petita, si deja de pronunciarse sobre cuestiones sujetas al proceso.

Con fundamento en lo anterior, esta Subsección procede modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda respecto de los perjuicios morales reconocidos en favor de Manuel Salvador Aza y María Rosa Aza al no encontrarse acreditado el parentesco que dicen tener con el hoy causante Guillermo Escobar López, ni tampoco acreditaron la calidad de damnificado no solo porque no fue solicitado en el escrito de demanda, sino también porque no allegaron prueba sobre tal calidad.

Ahora bien, respecto de la señora María Juana Cerón, quien alega la calidad de compañera permanente, el tribunal de primera instancia condenó al pago de 50 smlmv en favor de ésta por concepto de perjuicios morales.

Según lo previsto en artículo 1º de la Ley 54 de 1990, se denominan compañeros permanentes a quienes forman una unión marital de hecho, la cual se constituye a partir de la prueba de la comunidad permanente y singular formada por aquellos que no están casados(28).

Ahora bien, la prueba de la unión marital de hecho, como lo disponía el texto inicial del artículo 4º de la Ley 54 de 1990, antes de la modificación introducida por el artículo 2º de la Ley 979 de 2005, se efectúa por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil, es decir por los contenidos en el artículo 175 ibídem, a saber la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez(29).

De ese modo, para acreditar la existencia de la unión marital de hecho debe probarse lo siguiente: i) la unión, es decir, la cohabitación, ii) que la unión se efectuó entre dos personas, iii) que no contrajeron matrimonio entre sí, iv) que entre quienes la conforman exista una comunidad de vida permanente, y v) que dicha unión sea de carácter singular, es decir monogámica.

Así las cosas, al no existir tarifa legal en relación con la prueba de la unión marital de hecho, y por ende de la condición de compañero o compañera permanente, se tiene como medios probatorios los siguientes:

Declaración de Buenaventura Gavilnes Urresti (fl. 34 cdno. 2)

“(...) Sí conozco al señor Guillermo Escobar López, lo conoce hace 12 años, nos conocimos en una cancha de fútbol (...) relación de amistad, de vista conozco a la esposa (...) no tengo una relación estrecha de amistad, he mirado que Guillermo Escobar López, se lleva bien con su esposa sus hijos (...) una vez conversé con el papá que el hijo ya no podía colaborarles, que ya no tenía de adonde que ya no podía trabajar, el (sic) era cotero trabajaba en el Potrerillo, como el cargue es por toneladas aproximadamente sale un diario de 30 mil pesos. El comentó que él ayudaba a los familiares económicamente y mantenía a su mujer y a sus hijos.

Declaración de José Eduardo Pinchao (fl. 35 y 36 cdno. 2)

“(...) conozco al señor Guillermo Escobar López, aproximadamente hace unos 10 años. Lo conocí en el mercado de Potrerillo, el (sic) trabajaba como cotero, desde allí han sido amigos, conozco a la mujer María Juana Cerón, los hijos son tres, viven con el papá (...) El mantiene buenas relaciones con su familia y conozco que con lo que se ganaba en su trabajo los ayudaba, el hogar estaba a cargo de Guillermo Escobar López, él sostenía a la mujer y a los hijos,

En atención a las anteriores declaraciones, se observa que la señora María Juana Cerón convivía con el señor Guillermo Escobar López, aunque de los testimonios no se puede derivar el grado de afectación de esta por la muerte de su compañero, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en este aspecto y se mantendrá el valor de 50 smlmv concedidos por perjuicios morales en favor de la compañera permanente.

Se advierte que para Subsección resulta inconcebible el error en que incurrió el tribunal de primera instancia en condenar en favor de quienes alegaban ser padre y hermana del señor Guillermo Escobar López, por cuanto el juez está en la obligación de analizar el contenido del proceso, las pruebas, las excepciones, o situaciones donde se evidencie claramente como en el presente, una ausencia en la legitimación en la causa por activa de quienes no tienen derechos en la presente litis.

Otra de las inconformidades existentes por la parte recurrente consiste en que debe aumentarse el valor de los perjuicios fisiológicos en cuantía de 100 smlmv ya que, según el recurrente “(...) Estando demostrada la gravedad de las lesiones que sufriera a manos de los brutales policiales, el tratamiento quirúrgico de que fuera objeto como consecuencia de las mismas y su posterior deceso, se evidencia entonces incontrovertiblemente el perjuicio a la vida de relación (...) que debe ser resarcido a los sucesores del extinto, lo cual impone una tasación que esté más acorde con la intensidad del daño ocasionado, pues el valor de CINCO smlmm en que el a quo tasó dicho perjuicio no se compadece con la realidad fáctica del insuceso (...)”.

Bajo los anteriores argumentos expuestos por la parte demandante, se observa que respecto de los perjuicios fisiológicos reconocidos en favor del extinto Guillermo Escobar López, estos deben encuadrarse siguiendo la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera, dentro del daño a la salud(30).

Desde esta perspectiva, se precisa que en el momento que se unificó la divergencia de nombres que habían utilizado, en el de daño a la salud se dispuso que:

“....el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(31). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada”(32).

Conforme al precedente citado, el daño a la salud se repara con base en dos componentes, uno objetivo y otro subjetivo o dinámico, cuya valoración debe atender a los principios de reparación integral y equidad (L. 446/98, art. 16) e igualdad, y observar los criterios técnicos actuariales(33), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, postulados estos cuya importancia resulta de mayor relevancia cuando se trata de la indemnización de un perjuicio que, por la naturaleza de éste, no puede ser restitutoria ni reparadora, sino simplemente compensatoria, eventos en los cuales la jurisprudencia ha reconocido:

“En efecto, la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia. Se impone al juez, entonces, el ejercicio de una cierta discrecionalidad, que, sin embargo, debe encontrarse suficientemente razonada y fundada en las probanzas que, en el proceso, obren sobre la existencia del perjuicio y su intensidad. No se trata, en efecto, de una facultad arbitraria; por ello, en su desarrollo, debe buscarse también la garantía del principio de igualdad, lo que hace necesaria la comparación de la situación debatida con otras ya decididas, con fundamento en el análisis de los diferentes aspectos que determinan aquélla y éstas, dentro de los cuales deberá tomarse en cuenta, por supuesto, el valor real de la indemnización”(34).

Bajo este propósito, la Sala determinará(35) el contenido del elemento objetivo con base en la calificación integral de la invalidez, que debe constar en el dictamen emitido por la Junta de Calificación, que a su vez tiene en cuenta componentes funcionales, biológicos, psíquicos y sociales del ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el accidente o la edad, y definidos por el Decreto 917 de 1999, esto es, bajo los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía:

“a) Deficiencia: Se entiende por deficiencia, toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser temporales o permanentes, entre las que se incluyen la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo humano, así como también los sistemas propios de la función mental. Representa la exteriorización de un estado patológico y en principio refleja perturbaciones a nivel del órgano.

b) Discapacidad: Se entiende por discapacidad toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona.

c) Minusvalía: Se entiende por minusvalía toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su entorno”.

Definidos los criterios para calificar la invalidez, el dictamen debe otorgar unos porcentajes a cada uno de los componentes antes mencionados, cuya sumatoria equivale al 100% del total de la pérdida de la capacidad laboral, porcentaje al que necesariamente debe responder la indemnización que dentro del componente objetivo del daño a la salud se reconozca, para cuyo efecto se considera que en los casos en que la disminución de la capacidad laboral alcance el 100%, su valor indemnizatorio puede fijarse en la suma equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales.

Ahora bien, considerando que el referente normativoadoptado, es decir, el Decreto 917 de 1999 distribuye el porcentaje de incapacidad en los diferentes criterios de calificación de la invalidez, igualmente se propone distribuir la correspondiente indemnización en la siguiente proporción:

Criterios de calificación de la invalidezPorcentaje máximo de pérdida de capacidad laboralMonto máximo de salarios mínimos legales asignado por la corporación
Deficiencia50%150 smlmv
Discapacidad20%60 smlmv
Minusvalía30%90 smlmv
Total pérdida de la capacidad laboral100%300 smlmv

 

Es pertinente precisar, que en los eventos que no repose en el material probatorio el dictamen emanado por la junta de calificación, en el que se especifique los tres criterios de clasificación de invalidez, el porcentaje que tal dictamen determine se imputará al rubro de deficiencia, es decir, 150 smlmv, en forma proporcional.

Y por último, el segundo componente, esto es, el elemento subjetivo del daño a la salud, permitirá incrementar, con fundamento en el material probatorio, la sana crítica y las reglas de la experiencia, el quantum determinado en el aspecto objetivo, de manera que se atiendan las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada(36), en cuyo efecto se sugiere como límite para los casos de mayor intensidad el equivalente a 100 smlmv.

En conclusión, se estima oportuno destacar que el daño a la salud, está compuesto de dos elementos, el primero de ellos (objetivo) con una valoración de 75% como máximo reconocible, esto es, hasta 300 salarios mínimos legales, de conformidad con lo señalado en párrafos precedentes y el segundo (subjetivo o dinámico), correspondiente hasta el 25%, el cual se reconocerá cuando las pruebas den lugar a ello, ascendiendo al monto de 100 salarios mínimos.

Conforme a lo anterior, la Sala dispone que deberá estudiarse la vertiente objetiva y subjetiva del daño a la salud, en el caso concreto. En este orden de ideas se tienen como medios probatorios los siguientes:

Copia auténtica del dictamen 4531-97 rendido por el Médico Forense 1034-0, del Instituto de Medicina Legal con fecha 18 de noviembre de 1997, solicitado mediante oficio 883 de noviembre 11 de 1997 por el tribunal, en el cual se conceptuó: (fl. 18 cdno. 2).

“(...) Examinado: Guillermo Escobar López.

Edad: 39 años

Sin documento de identidad

Refiere que hace doce días fue golpeado por agentes de policía

Recibió atención médica en el Hospital Departamental de Nariño.

Examinado hoy a las 9:45 am en primer reconocimiento médico legal presenta cicatriz de incisión quirúrgica, plana, ligeramente hipercrómica, vertical, de 17 cm, en la línea media del abdomen, supra e infra umbilical, realizada para practicar laparotomía (cirugía para abrir el abdomen).

A nivel umbilical presenta una zona de 2 cm de longitud en el mismo nivel de la cicatriz quirúrgica, que está abierta, drenando material purulento.

Se revisa Historia Clínica 186832 del Hospital Departamental de Nariño, que en sus partes pertinentes dice: ‘Nombre: Guillermo López. Fecha de ingreso: noviembre 6 de 1997. Fecha de egreso: Noviembre 12 de 1997. Paciente traído por la policía a Urgencias en estado de embriaguez, no da datos, no colabora, Diagnóstico: Embriaguez aguda. Perforación de yeyuno. Herida de Hígado. Hemoperitoneo de 2.000 cc (sangre libre en cavidad abdominal) se practicó drenaje del hemoperitoneo y sutura de la herida del yeyuno (intestino delgado) y del hígado. Evoluciona satisfactoriamente saliendo en mejor estado clínico’.

Con base en lo anterior se establece que las lesiones ameritan una incapacidad médico legal definitiva de 50 (cincuenta) días. Para establecer secuelas si las hubiere se requiere nuevo reconocimiento dentro de dos meses.

Por las características clínicas de las lesiones descritas, no es posible establecer el elemento causal (...)”.

Copia de la historia clínica, hoja Epicrisis que estableció lo siguiente:

Epicrisis: de fecha 6 de noviembre de 1997

Motivo de consulta: Dolor abdominal

Examen físico: Dolor epigastrio flaco y fosa I.

Diagnóstico de ingreso: Gastritis - alcoholismo

ABD agudo a estudio (...)

Tipo de cirugía: laparatomia

Hepatomafía

Rafia Yeyuno

Perforación yeyuno

Herida de hígado segmento 4 (fl. 38 cdno. 2).

Historia Clínica de Guillermo Escobar López (fls. 37 a 43 cdno. 3) registrada en el Hospital Departamental de Nariño ESE, de la cual se destaca: 1. Que en la sala de urgencias fue atendido el paciente a las 18 horas del día 6 de noviembre de 1997, presentando un estado actual de “dolor abdominal (ilegible) agudizado acompañado de nauseas y vómito”, y se le diagnostica finalmente “1. Gastritis; 2. Embriaguez aguda” (fl. 38 cdno. 3); 2. Que el paciente ingresa nuevamente al hospital en la madrugada del día 7 de noviembre de 1997, diagnosticándosele “perforación del yeyuno - Hx Hígado segmento 4” (fl. 43 cdno. 3); 3. Que posteriormente le practicaron una “Laparotomía - Hepatomofia - (ilegible) yeyuno” (fl. 36 cdno. 3); 3. Que el motivo de la consulta obedeció a un “dolor abdominal” (fl. 37 cdno. 3).

Dictamen 1901-98 rendido por el médico forense 1034-0 por oficio petitorio 0606 de abril 28 de 1998, donde se lee: (fls. 114 y 115 anexo 1)

“(...) Examinado: Guillermo Escobar López

Edad: 40 años

Sin documento de identidad.

Refiere que hace 5 meses fue golpeado por agentes de la Policía, recibió atención médica en el hospital Departamental de Nariño.

Examinado nuevamente hoy a las 2:30 p.m., en segundo reconocimiento médico legal presenta cicatriz hipertrófica, hipercrómica, vertical de 17 cm, en la línea media del abdomen, ostensible.

Cicatrización adecuada de la zona cruenta purulenta descrita en el dictamen anterior 4531-97.

Con base en lo anterior, se establece que las lesiones ameritan una incapacidad médico legal definitiva de cincuenta (50) días, dejando como secuela una deformidad física de carácter permanente.

En relación al cuestionario propuesto en el folio 91, se responde lo siguiente:

A) La herida de 1.5 cm, en el yeyuno y la herida en el segmento cuatro del hígado fue o no consecuencia de un trauma o golpe?

Los traumas cerrados de abdomen, que en algunas ocasiones producen heridas viscerales como este caso, son producidos por traumas contundentes.

B) Se sabe de autos que el lesionado estuvo bebiendo desde las 9:00 a.m., brandy y cerveza. Esta circunstancia pudo haber influido en la lesión del yeyuno e hígado?

Es estado de embriaguez por si solo, no influye en la aparición de las heridas del yeyuno e hígado, pues estos son consecuencia directa de la lesión traumática sufrida por el lesionado. (...)”.

Con fundamento en los anteriores medios probatorios se puede observar que el señor Guillermo Escobar López tuvo una incapacidad definitiva de cincuenta (50) días, dejando como secuela una deformidad física de carácter permanente. Desde la óptica del componente objetivo, no puede establecerse con exactitud el porcentaje de incapacidad derivado de las lesiones padecidas en los hechos acaecidos el 6 de noviembre de 1997.

Resta establecer si existe alguna prueba que permita valorar la ocurrencia de específicas situaciones particulares que permitan incrementar el monto que debería reconocerse por la pérdida de la capacidad.

Al respecto, la Sala pasa examinar los testimonios que obran dentro del expediente, con el propósito de determinar si de éstos se pueden tener por acreditado una concreta afectación de la vida relacional del lesionado.

Declaración de José Eduardo Pinchao (fl. 35 y 36 cdno. 2)

“(...) después del ultraje ya no pudo trabajar ya no lo volvimos a ver trabajando no podía hacer fuerza, realmente ya no puede trabajar afectó a la familia de el (sic), el ganaba 20-25 o a veces 10 mil pesos diarios yy otras veces nada, lo que ganaba lo invertía al sostenimiento de su hogar y en ayudar a su padre y hermana (...) PREGUNTA: Sabe Ud. si antes del accidente Guillermo Escobar practicaba algún deporte o desarrollaba alguna actividad recreativa. CONTESTO. Sabíamos entrenar fútbol, nos poníamos a jugar sapo, hasta que le sucedió el accidente, después ya no podía realizar esas actividades, ya no podía (...)”.

Declaración de Buenaventura Gavilnes Urresti (fl. 34 cdno. 2)

(...) PREGUNTA: Luego del accidente sabe ud. si Guillermo Escobar pudo continuar jugando fútbol como antes lo hacía. CONTESTO: No pudo seguir jugando fútbol por motivo de la operación el (sic) no puede ni alzar una canasta del piso por eso se retiró de la profesión de cotero, esto lo puedo asegurar porque yo trabajo en un carro de caballos (...)”.

Teniendo en cuenta que estas declaraciones se refiere al estado de salud y las consecuencias que sus lesiones han generado, no se observa en éstas ni en ningún otro medio probatorio que indique que existen situaciones particulares del demandante que hagan la afectación sea más gravosa.

En este orden de ideas en el caso sub examine, se confirma la sentencia de primera instancia y se mantiene la condena de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por daño a la salud.

Por otro lado, teniendo en cuenta que no se discutió lo referente al incidente de liquidación de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, la sentencia confirmará la decisión de primera instancia.

Por último, se pone de presente que estando el proceso ante el Tribunal Administrativo de Nariño se pudo establecer con fundamento en la información allegada por el apoderado de la parte actora, que el antes lesionado, Guillermo Escobar López falleció el 5 de septiembre de 2001, de acuerdo con la copia auténtica del registro civil e defunción el registro civil (fl. 92 cdno. 1).

A su turno, estando el proceso en segunda instancia ante esta corporación mediante escrito de 1º de abril de 2009 el señor William Guillermo Escobar Guerrero puso en conocimiento de la muerte de su padre, indicó que era heredero legítimo del señor Escobar López(37) y además revocó el poder conferido al entonces apoderado de la parte actora (fls. 226 a 229 cdno. ppal.).

Esta corporación mediante de 5 de junio de 2009 tuvo en cuenta la revocatoria de poder realizada por el señor William Escobar Guerrero (fl. 230 cdno. ppal.), y mediante escrito de 19 de agosto de 2009 se le informó al apoderado de la revocatoria de su mandato (fl. 231 cdno. ppal.).

Desde ahora, se indica que respecto del concepto de sucesión procesal, la actual posición del Consejo de Estado se asienta en reconocer la transmisibilidad del perjuicio moral en los siguientes términos:

“De cara al ordenamiento jurídico colombiano y específicamente desde la óptica del artículo 90 de la Constitución Política es indudable que la transmisibilidad del derecho a la reparación originado en daño moral padecido por la víctima se impone, máxime si se tiene presente que, tanto el ordenamiento jurídico privado ex-art. 2.341 Código Civil consagra como regla general el resarcimiento de todo daño, y, en el ámbito penal, el daño moral cuya resarcibilidad está consagrada expresamente ex-art. 103 Código Penal, puede ser reclamado por “las personas naturales, o sus sucesores(38); de otra parte, no existe como se observó, en el ordenamiento colombiano precepto prohibitivo y resulta incompatible a la luz de las normas precitadas, afirmar la intransmisibilidad de un derecho de naturaleza patrimonial que desde luego puede ser ejercido bien directamente por la víctima ora por los continuadores de su personalidad, sucesores mortis causa, que en su condición de herederos representan al de cujus, o dijérase más propiamente, ocupan el lugar y la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial transmitidas por virtud del fallecimiento.

Así las cosas, resulta oportuno distinguir, a la manera como lo ha hecho la doctrina y en ocasiones esta corporación, entre los diferentes acontecimientos que pueden englobarse dentro del tema general de la transmisibilidad de la acción a los herederos, específicamente en tratándose del perjuicio moral, señalando desde ahora que no se trata de la diferencia de acciones y perjuicios cuando se invoca iure proprio el perjuicio personal experimentado por la muerte de un ser querido, tema relativamente pacífico en doctrina y jurisprudencia, si no de la hipótesis en que iure hereditario se demanda con título de heredero, el perjuicio experimentado por el causante y transmitido sucesoralmente, de naturaleza moral.

(...) De conformidad con la orientación doctrinal a que se ha hecho referencia, se tiene que arribar a la conclusión que permite, acorde con los principios que informan la transmisibilidad de los derechos patrimoniales, al heredero ejercer las acciones que corresponderían a su causante. No tratándose en el caso presente de una muerte instantánea(39), si no muy por el contrario, de una hipótesis en la cual la víctima directa experimentó durante varios meses el perjuicio moral, a su muerte, dicho crédito indemnizatorio formaba parte de su patrimonio herencial y por lo mismo sus herederos habrían de recibirlo en iguales condiciones”(40).

Cabe precisar que la calidad de sucesor procesal que le fue reconocido al hijo del señor Guillermo Escobar López, encontró sustento en lo dispuesto en el artículo 60(41) del Código de Procedimiento Civil, del cual se deduce que su presencia en el proceso consiste en ejercer la defensa e intereses de la parte que murió, más no se tiene como titular del derecho como tal.

4. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, la Sala se abstendrá de imponer condena alguna por este concepto, revocando así lo decidido por el a quo por este aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Nariño el 6 de febrero de 2004, la cual quedará así:

1. DECLARAR que la Nación Colombiana Ministerio de Defensa Policía Nacional, es administrativamente responsable de los perjuicios morales y materiales ocasionados a Guillermo Escobar López y María Juana Cerón, por las lesiones de que fuera víctima Guillermo Escobar López, en hechos sucedidos el seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) en el Centro de Asistencia Inmediata CAI del Barrio Potrerillo de la Ciudad de Pasto.

2. CONDENAR a la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales a la sucesión procesal de Guillermo Escobar López suma equivalente en moneda nacional de cien (100) salarios mínimos legales mensuales smlm y cincuenta (50) smlm para la compañera permanente María Juana Cerón;

3. Condenar a la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional a pagar por concepto de indemnización por el daño a la salud, el equivalente a cinco (5) smlm a la sucesión procesal de Guillermo Escobar López.

4. CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional a pagar a la sucesión procesal de Guillermo Escobar López por concepto de perjuicios materiales, lucro cesante y perjuicios patrimoniales directos o daño emergente, la cantidad deducida en incidente posterior, conforme a las pautas que se han señalado en la parte motiva de esta providencia y con fundamento en las tablas de liquidación adoptadas por el H. Consejo de Estado, actualizada de conformidad con la variación promedio del índice de precios al consumidor.

5. DENEGAR las demás súplicas de la demanda. (...).

2. Sin condena en costas.

3. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

4. Devuélvaseel expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el 1º del Acuerdo 55 de 2003.

(2) El Decreto 597 de 1988 consagró que para que un proceso de reparación directa que inició en el año 1999 tuviere vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la suma de $18.850.000. En el sub lite se instauró la demanda el día 29 de julio de 1999, cuya pretensión mayor ascendió a la suma de $50’000.000 por concepto de lucro cesante, razón por la cual es susceptible de ser tramitada en segunda instancia.

(3) Mediante escrito de 26 de septiembre de 2001 allegado por el apoderado de la parte demandante visto a folios 91 a 92 del cuaderno 1, se anexó copia auténtica del registro civil de defunción del señor Guillermo Escobar López, en el cual se consignó que la fecha de la muerte de produjo el 5 de septiembre de 2001. Así mismo, con el certificado de defunción suscrito por el Hospital Departamental de Nariño, se pudo establecer que el fallecimiento ocurrió en dicho centro asistencial hospitalario.

(4) La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla (...)”.

(5) Sentencia de 31 de enero de 2011, expediente 15800.

(6) Sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera de 9 de febrero de 2012, expediente 21060.

(7) En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora Magistrado Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(8) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso”.

“Son características de esta regla las siguientes: “(...). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106.

(9) Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

(10) Puede verse sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 17605 y 9 de febrero de 2012, expediente 21060.

(11) Al respecto consultar, por ejemplo, sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 23 de abril del 2009, exp. 17160 y de 20 de mayo de ese mismo año, exp. 16.925.

(12) En relación con la caducidad de la acción ejercida, la Sala ha sostenido: “Esta Sección del Consejo de Estado ha señalado que el juez está facultado para declarar de oficio la caducidad de la acción cuando quiera que, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, encuentre probados los supuestos que la configuran; al respecto la Sala ha considerado:

‘La caducidad de la acción puede entenderse como la institución jurídico-procesal mediante la cual el legislador, en consideración a la seguridad jurídica y el interés general, establece límites temporales para el ejercicio de las acciones que materializan el derecho de acceso a la administración de justicia. Cuando opera la caducidad se extingue el derecho de acción ‘de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado’. Por ser de orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes. La caducidad opera por el sólo transcurso objetivo del tiempo, y su término perentorio y preclusivo, por regla general, no se suspende, no se interrumpe y no se prorroga’”. (Sents. abr. 24/2008, exp. 16.699, M.P. Myriam Guerrero de Escobar y de 30 de agosto de 2006, exp. 15.323, entre muchas otras).

Ahora, en punto a la legitimación en la causa de las partes, se ha sostenido: “Cabe recordar que constituye una postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que éstas, a diferencia de aquélla, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado”. (se destaca). (Sent. nov. 22/2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, exp. 13.356, sentencia reiterada en muchas oportunidades por la Sala).

Y frente al tema de la inepta demanda, se ha determinado:

“En consecuencia, la Sala encuentra demostrada la indebida escogencia de la acción, lo cual torna improcedente un pronunciamiento de fondo comoquiera que la adecuada escogencia de la acción constituye presupuesto de la sentencia de mérito, tal como lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado: “Al efecto cabe tener en cuenta que esta corporación ha precisado que persisten algunos requisitos indispensables para proferir una decisión de fondo, como lo es que la acción contencioso administrativa se ejerza con sujeción a los requisitos que prevé la ley para su procedencia, sin perjuicio de que, como lo explica la doctrina, el juez cumpla con la obligación ‘de declarar la razón por la cual no puede proveer’ (Sents. abr. 28/2010, exp. 17.811 y de abr. 27/2011, exp. 19.392).

(13) Sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 9 de febrero de 2012, expediente 21060.

(14) Sentencia de la Subsección C de 31 de enero de 2011, expediente 15800.

(15) Artículo 73 del Decreto 960 de 1970. Por el cual se expide el Estatuto del Notariado.

(16) Corte Constitucional, Sentencia C- 965 del 21 de octubre de 2003.

(17) Sentencia de 25 de julio de 2011, expediente 20146.

(18) Sentencia de 23 de abril de 2008, expediente 16271.

(19) Sentencia del 15 de junio de 2000, expediente 10171; 20 de septiembre de 2001, expediente 10973; 22 de noviembre de 2001, expediente 13356; 17 de junio de 2004, expediente 14452; 28 de abril de 2005, expediente 4178; 27 de abril de 2006, expediente 15352; 31 de octubre de 2007, expediente 13503; 30 de marzo de 2011, expediente 33238; 8 de junio de 2011, expediente 19573; 22 de junio de 2011, expediente 16703.

(20) La legitimación de hecho, originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio. Sección Tercera, sentencia de 19 de agosto de 2011, expediente 19237.

(21) Sentencia de 21 de septiembre de 2011, expediente 20705.

(22) Sentencia de 17 de junio de 2004, expediente 14452.

(23) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Sentencia del 20 de septiembre de 2001, expediente 10973. En este sentido véase también la sentencia del 19 de agosto de 2011, expediente 19237.

(24) Sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 18163. Puede verse también: sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945 y Sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13356. Reiterada posición en sentencia de Subsección C de 6 de marzo de 2013, expediente 25584.

(25) Artículo 105 Decreto 1260 de 1970. Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posteridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos.

(26) Artículo 110 ibídem. Los funcionarios encargados de llevar el registro del estado civil y la oficina central podrán expedir copias y certificados de las actas y folios que reposen en sus archivos.

No se podrán expedir copias de certificados.

Los certificados contendrán, cuando menos, los datos esenciales de toda inscripción y los de aquella de cuya prueba se trate.

Tanto las copias como los certificados se expedirán en papel competente y bajo la firma del funcionario que los autoriza.

(27) Artículo 106 ibídem. Ninguno de los hechos, actos o providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetas a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito y registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro.

(28) “ART. 1º—A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”.

(29) Artículo 175 del Código de Procedimiento Civil.

(30) Sección Tercera, sentencias del 14 de septiembre de 2011, expedientes 19031 y 38222.

(31) “Este estado de cosas no sólo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos” Cortés, Edgar Ob. Cit., pág. 57.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de septiembre de 2011, exp. 19031.

(33) Al respecto el artículo 178 del código Contencioso Administrativo (D. 1/84) estableció que “la liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”. En atención a lo cual la jurisprudencia de la corporación ha fijado las indemnizaciones por perjuicios inmateriales en salarios mínimos, por cuanto en Colombia el salario mínimo legal mensual se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor.

(34) Consejo de Estado, sentencia de 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232 y 15.646 (acumulados).

(35) Esta posición puede verse en sentencias de 11 de julio, expedientes 28792, 36295 y 39548, entre otras.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de septiembre de 2011, expediente 19031.

(37) De acuerdo con la copia auténtica del registro civil de nacimiento de William Guillermo Escobar Guerrero aparece como padre de éste el señor Guillermo Escobar López (fl. 229 cdno. ppal.).

(38) El artículo 104 del Código Penal, brinda argumento adicional y contundente, incluso desde una perspectiva puramente exegética para aceptar sin reserva alguna la transmisibilidad de la acción: “Las personas naturales, o sus sucesores, y las jurídicas perjudicadas por el hecho punible tienen derecho a la acción indemnizatoria correspondiente, la cual se ejercerá en la forma señalada por el Código de Procedimiento Penal”.

(39) En dicha hipótesis, la cuestión indudablemente es más delicada, amén de la dificultad de acreditar si la víctima pudo sobrevivir aunque sea un instante luego de haber recibido la lesión. “La cuestión es mucho más delicada en lo que concierne al perjuicio que la víctima haya sufrido, no ya de sus lesiones antes de su muerte, sino por su misma muerte. De ese perjuicio, la víctima no habría podido quejarse por sí misma, ya que el daño se origina con su muerte. ¿Pueden sus herederos, demandando en su carácter de tales, pedir, pues, reparación?” los Mazeaud están por la afirmativa. Cfr. Ob. Cit. pág. 540 y ss.

(40) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de 1998, expediente 12009. Posición reiterada en sentencias del 10 de marzo de 2005, expediente 16346 y 26 de abril de 2006, expediente 4908.

(41) Dispone la norma que “(...) Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador.

Si en el curso del proceso sobrevienen la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.

El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.

El auto que admite o rechace a un sucesor procesal es apelable.

Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil, se decidirán como incidentes (...)”.