Sentencia 1999-00785 de julio 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 190012331000199900785-01 (26.885)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actores: Milbia Ilsa Viáfara Balanta y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Transporte - Ministerio de Educación, departamento del Cauca y municipio de Suárez

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda, esto es, $ 100’000.000, solicitados por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, para la señora Milbia Ilsa Viáfara Balanta, supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de la interposición del recurso (D. 597/98),(2) para que el proceso se considere de doble instancia.

2. Pruebas allegadas.

De conformidad con las pruebas practicadas válidamente en el plenario, se encuentra acreditado lo siguiente:

1. Según la copia auténtica del registro civil de defunción, expedido por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Suárez —Cauca—, la menor Luz Adriana Grijalba Viáfara falleció el 9 de noviembre de 1998, en ese municipio, como consecuencia de un accidente de tránsito (fl. 19, cdno. 2).

2. En el protocolo de necropsia elaborado por el hospital de Suárez se indicó que Luz Adriana Grijalba Viáfara falleció por inmersión, como consecuencia de un accidente de tránsito (fls. 64 y 65, cdno. 3).

3. Respecto de la ocurrencia del accidente, el inspector de policía y tránsito del municipio de Suárez, en el croquis respectivo, señaló: “12. CAUSAS PROBABLES AL PARECER: FALLA MECÁNICA = EXCESO DE VELOCIDAD” (mayúsculas del texto original) (fl. 73, cdno. 3).

4. La alcaldía municipal de Suárez aportó copia del comparendo que se le impuso al señor José María Campo Quintana, conductor del vehículo accidentado, en el que se consignó en el campo de infracciones: “falla mecánica, vehículo obsoleto, modelo 1971- exceso de velocidad” (fl. 74, cdno. 3).

5. La alcaldía municipal de Suárez envió un informe suscrito por el inspector de policía y tránsito de ese municipio, en el que señaló (se transcribe tal cual):

“4) Al dueño vehículo que nos ocupa, bus cerrado, PLA WSJ 215 no se le pidió documentación de él, pues ni yo ni el dragoneante Lasso lo vimos transportando gente. Si lo hubiéramos visto en servicio le habríamos pedido documentación yo inicialmente lo vi en el taller de mecánica y garaje que tiene el señor Jose Aníbal Montoya Guainas (chepe) atrás del matadero municipal y luego lo vi parqueado un día al pie de la casa del señor Jesús Velasco.

“Ese vehículo, al parecer, cuando estaba donde el señor Velasco, le estaban haciendo arreglos.

“5) Al principio que lo trajo chepe, él una vez me preguntó que si yo le daría permiso para trabajar en él, yo le contesté que no, que ni porque me diera un millón. Entonces él me dijo que lo iba a dejar para transformarlo en planchón de transportar madera. De eso es testigo el señor Manuel Henry Muñoz.

“(...)

“Yo en ningún momento he dado expedido permiso a nadie para que ese vehículo se movilizara transportando pasajeros y menos para el transporte escolar, para lo cual se requiere de un permiso especial expedido por autoridad competente para ello.

“Yo nunca vi ese bus transportando pasajeros, regulares. Ni tampoco a los estudiantes del Colegio Académico Asnazu (sic), si lo hubiera visto lo hubiera parado.

“No lo vi porque según versiones de varios de los estudiantes sobrevivientes al accidente, ese bus apenas había realizado 2 viajes: 1º los fue a traer de Asnazu (sic) - Suarez, 2º Suárez Asnazu (sic) que fue el día del accidente. Además el viaje salió a las 7:15 a.m. y yo entro a trabajar a las 8 a.m.

“(...)

“En ningu (sic) momento lo vi prestando el servicio de transporte ni tampoco Lasso como no li (sic) vi prestar servicio no solicite documentación. Inicialmente estuvo guardado en el taller de Chepe.

“Luego lo vi cuadrado donde cos (sic) Velasco pero nunca transportando pasajeros.

“(...)

“El vehículo que causó el accidente no llegó a Suárez a trabajar transportando pasajeros, esto lo puedo asegurar, pues en alguna ocasión el señor (chepe) se acercó a mi oficina para solicitar el permiso para transportar personal en él, a lo cual le respondí rotundamente que nó (sic) y el respondió que entonces lo convertiría en un planchón xa (sic) transportar madera, por ese motivo mi despacho se desentendió de este bus, además de hasta este (sic) momento del accidente no había transportado ningún pasajero y respecto a la documentación no le fue exigida ya que como estaba laborando.

“...‘puesto que mi despacho nunca expidió un permiso para que este vehículo laborara como transporte de pasajeros, lo que quiere decir que como inspector de tránsito no ‘he permitido’ que esto suceda” (fls. 67 a 70, cdno. 3).

6. El señor Alejandro Alzate Caicedo, quien para la época de los hechos era el inspector de policía y tránsito del municipio de Suárez, en la declaración que rindió ante el juzgado promiscuo municipal de Suárez, en cumplimiento del despacho comisorio ordenado por el Tribunal Administrativo del Cauca, señaló (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“el día lunes 9 de noviembre de 1998 siendo aproximadamente las 7:30 de la mañana, fuimos informados la Policía y yo, de que había ocurrido un accidente de un vehículo automotor en el sitio San Miguel, en la quebrada del mismo nombre, en esta jurisdicción municipal; inmediatamente procedimos a trasladarnos al sitio del hecho y encontramos de (sic) que desde el puente sobre dicha quebrada, de la vía que conduce a Cali, se había precipitado al lecho de esta un bus que transportaba a los alumnos del colegio académico de Asnazú; inmediatamente preguntamos por el conductor del vehículo pero este había sid (sic) trasladado a un hospital de la ciudad de Cali; el vehículo estaba identificado con las placas WSJ-215; ayudamos a trasladar al hospital local a varios lesionados, donde fallecieron algunos; posteriormente con el comandante de la estación de policía Suárez, cabo primero Leonardo Granobles mayor y el dragoneante Flaminio Lasso Cahrá, encargado (designado para controlar el tránsito vehicular en esta localidad); fuimos donde el señor Walter Velasco Velasco de que nos dijeron que era el propietario del bus accidentado, le pedimos la documentación del vehículo y nos presentó el seguro obligatorio y la tarjeta de propiedad de dicho vehículo. Es de aclarar de que (sic) ese vehículo no tenía ninguna autorización para transportar pasajeros, menos aún para transportar escolares, para lo cual se requiere de autorización expedida por la autoridad competente para ello, por ejemplo una secretaría de tránsito. En dicho accidente perecieron en total 18 o 19 personas, de las cuales el doctor Yovani Chávez, fiscal de la Fiscalía 2 de Santander de Quilichao, hizo los correspondientes levantamientos de cadáveres, para lo cual se trasladó hasta esta localidad, expresamente para ello; hubo varios lesionados y la lista de lista de ellos, junto con el respectivo informe, fueron presentados ante este juzgado... Preguntado: sabe usted cuáles fueron los motivos por los cuales ocurrió el citado accidente. Contestó: nosotros recopilamos en la estación de policía de Suárez varias declaraciones de algunos alumnos que viajaban en ese bus accidentado, y ellos dijeron, unos: que el accidente había sido por exceso de velocidad, por fallas mecánicas y otros que se les había soltado la cabrilla al vehículo, que el conductor había quedado con ella en las manos. Nosotros miramos el bus y este estaba totalmente destruido... Preguntado: ¿sabe usted si dicho vehículo accidentado, había sido retirado del servicio público, en la ciudad de Cali? Contestó: no sé en dónde estaría funcionando antes dicho vehículo, pero se lo siguiente: el señor José Aníbal Montoya Guainas (Chepe), fue una vez a mi oficina y me dijo que él había traído un bus y que si yo le daba un persimo (sic) por escrito, para poner a funcionar a ese bus, a lo cual yo me negué rotundamente, puesto que yo ya había visto el vehículo en el taller y parqueadero de propiedad de dicho señor, ubicado adyacente a la cancha de futbol de esta localidad y debido al mal estado en que lo vi por eso me negué a darle el permiso; entonces él me dijo que, después de mi respuesta negativa, que él lo iba a transformar en un planchón para transportar madera o sino para sacarle repuestos; posteriormente vi ese vehículo parqueado frente al taller del señor Jesús Velasco, nunca lo vi transportando pasajeros ni en funcionamiento... no se le había dado permiso para el transporte de nada; según las declaraciones de los alumnos sobrevivientes al accidente, ese vehículo había hecho el día anterior, transportándolos a ellos desdw (sic) Asnazú hasta Suárez y al otro día dizque salió a las 7:15 de la mañana, llevándolos al colegio de Asnazú, que fue el día del accidente...” (fls. 109 y 110, cdno. 3).

Por su parte, el señor Milton Hugo González Silva relató:

“Ese día ocurrió el accidente de un bus, resultando 18 muertos, todos estudiantes y muchos herido (sic), aproximadamente entre 50 y 60 heridos; al parecer el accidente ocurrió debido a que la carretera estaba en mal estado y que el puente se encontraba sin barandas; también se comentó que había sucedido por fallas mecánicas y por exceso de velocidad...” (fl. 11 vto., cdno. 3).

A su vez, el señor Pedro Antonio Chara Mina indicó:

“...al parecer el accidente se debió tal vez al mal estado en que se encontraba el vehículo y también al exceso de velocidad, el carro perdió el control y se fué (sic) al abismo...” (fl. 112, cdno. 3).

7. El abogado de procesos judiciales del Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio del 30 de julio de 2002, certificó que el Colegio Académico de Asnazú es de carácter departamental y que la responsabilidad fiscal y administrativa de ese plantel educativo correspondía al departamento del Cauca (fls. 40 y 41, cdno. 3).

8. En oficio de 14 de agosto de 2002, el secretario de gobierno de la Alcaldía Municipal de Suárez —Cauca— le comunicó al Tribunal Administrativo del Cauca que no había expedido decreto alguno regulando, controlando, adjudicando u otorgado licencias de funcionamiento, que ha realizado reuniones, convenios, talleres de capacitación y que ha expedido volantes, oficios y circulares, en relación con el sistema de tránsito y transporte, a todos los transportadores del municipio de Suárez (fl. 36, cdno. 3).

9. Mediante comunicación de 30 de julio de 2002, el rector del Colegio Académico de Asnazú del municipio de Suárez le informó al Tribunal Administrativo del Cauca que “en ningún momento y bajo ninguna circunstancia la institución que dirijo ha establecido ni en forma verbal, mucho menos por escrito convenio alguno con el eventual propietario del vehículo comprometido en el accidente del nueve (9) de noviembre de 1989 (sic), ocurrido en esa jurisdicción” (fl. 35, cdno. 3).

10. Mediante oficio de 5 de julio de 2002, el director regional del Instituto Nacional de Vías le informó al Tribunal Administrativo del Cauca que la vía que conduce del corregimiento de Timba al municipio de Suárez es departamental y que el cuidado y mantenimiento de esta corresponde al departamento del Cauca (fl. 28, cdno. 3).

11. Sobre las condiciones de la vía donde ocurrió el accidente, el ingeniero Guillermo Chávez López, en el dictamen que rindió ante el Tribunal Administrativo del Cauca, señaló:

“La carretera Suárez - Timba tiene buenas especificaciones por ser la antigua vía del ferrocarril Popayán - Cali, pertenece al Departamento del Cauca y no a la Nación” (fl. 85, cdno. 3).

12. La parte actora aportó con la demanda, en copia simple, los siguientes documentos: i) Oficio 0355 de 29 de marzo de 1999, mediante el cual el director regional del Ministerio de Transporte le informó al apoderado judicial de la parte actora sobre las diligencias que adelantó con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 9 de noviembre de 1998, en el municipio de Suárez, ii) Oficio 0198 del 17 de noviembre de 1998, mediante el cual la directora regional del Ministerio de Transporte le solicitó al alcalde municipal de Suárez un informe sobre el accidente de tránsito ocurrido el 9 de noviembre de 1998, en ese municipio, iii) certificado de propiedad del vehículo de servicio público marca Dodge, modelo 1971, placas WSJ 215, iv) Oficio MTVAT 0268 de 3 de febrero de 1999, suscrito por el coordinador de tránsito y seguridad vial del Ministerio de Transporte, en el cual solicitó al secretario de transporte del municipio de Suárez información sobre la matricula, afiliación y posible desvinculación del vehículo de placas WSJ 215, v) escrito del inspector de tránsito, dirigido al juez promiscuo municipal de Suárez, en el cual le informó sobre el referido accidente y le envió el croquis del mismo, vi) informe sobre el accidente de tránsito, que la directora regional del Ministerio de Transporte del Cauca envió al Ministerio de Transporte (fls. 28 a 51, cdno. 2 a 27, cdno. 2).

Respecto de estos documentos, por haber sido allegados en copia simple, debe recordarse que el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 117 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, establece:

“Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

“1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

“2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

“3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Esta norma resulta aplicable al caso, conforme a la remisión del artículo 168 de Código Contencioso Administrativo y, en ese orden de ideas, es evidente que no existe certeza sobre la autenticidad de los mencionados documentos, pues no satisfacen los requisitos de tal norma; en consecuencia, es claro que carecen de mérito probatorio, conforme a la ley, motivo por el cual la Sala se abstiene de valorarlos.

3. Valoración probatoria y conclusiones.

De las pruebas transcritas se colige que, si bien es cierto se acreditó que la menor Luz Adriana Grijalba Viáfara falleció el 9 de noviembre de 1998, como consecuencia de un accidente de tránsito, ocurrido en la vía que del municipio de Suárez conduce al Colegio Académico de Asnazú, también es cierto que no existe prueba alguna que demuestre que la ocurrencia de dicho accidente es imputable a los demandados.

En efecto, es menester señalar que no se probó que el vehículo accidentado perteneciera a alguna de las entidades demandadas o que tuviera un vínculo o respecto del mismo se hubiera celebrado contrato con alguna de estas; por el contrario, el rector del Colegio Académico de Asnazú señaló que no tenía ningún contrato o convenio con el conductor del bus accidentado y no se demostró quién era su propietario.

Al respecto, según la reiterada jurisprudencia de la Sala, para acreditar la propiedad de un vehículo de servicio público o privado es imprescindible no solo probar la existencia del título traslaticio del dominio —para lo cual no es necesario aportar prueba formal o ad substanciam actus, ya que el contrato de compraventa de bienes muebles es consensual—, sino también la inscripción de ese traspaso en el registro automotor, de conformidad con la normativa que regula la materia, inscripción que solo se puede demostrar con la inserción o anotación del respectivo acto jurídico en el registro nacional automotor(3).

Así las cosas, en el sub lite no se demostró quién era el propietario del bus accidentado, por cuanto no se aportó su registro —certificado de tradición del vehículo, expedido por la autoridad administrativa competente—, ni la licencia de circulación del automotor; por tanto, la Sala considera que, ante la ausencia de dicho elemento de prueba, es imposible determinar quién era el propietario del automotor y quién tenía la responsabilidad de conservarlo y mantenerlo en adecuadas condiciones de funcionamiento.

Ahora, como los actores señalaron que las autoridades municipales de Suárez no cumplieron con su deber de vigilar y controlar el servicio de transporte y que no ejercieron las medidas necesarias para evitar que el bus accidentado transportara pasajeros, es necesario señalar que, en relación con la responsabilidad del Estado por omisión, se ha considerado que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria, a cargo de la entidad demandada, de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(4); b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico; y d) la relación causal entre la omisión y el daño(5).

Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida que, de haberse realizado, habría interrumpido el proceso causal e impedido la producción del daño(6).

Bajo esa perspectiva, la Sala ha reiterado que, a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas,(7) en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”,(8) aunque se destaca que esta misma corporación, en providencias posteriores, ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquellas que en relación con el caso concreto le correspondían(9).

De conformidad con lo anterior, se observa que la falla del servicio no puede ser analizada desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta del funcionamiento del servicio, sino que debe ser estudiada desde un ámbito real, que consulte las circunstancias de tiempo, modo, lugar y capacidad operativa o funcional de la administración pública al momento de producción del daño. Es así como, en eventos donde la falla del servicio se origina en la omisión de la administración en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o por los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado no solo que se pidió concretamente alguna acción o medida a la administración, sino que tal auxilio o gestión no se prestó.

En consecuencia, es evidente que el daño irrogado a los demandantes no puede imputarse al municipio de Suárez, pues no se demostró que este hubiera autorizado que el vehículo accidentado prestara el servicio de transporte de pasajeros, ni que tuviera conocimiento de que dicho automotor prestaba ese servicio sin cumplir con las condiciones y requisitos legales, a lo cual se agrega que tampoco tenía por qué tener conocimiento de ello; por el contrario, según la certificación expedida por la alcaldía municipal y lo señalado por el inspector de tránsito y transporte, al propietario o administrador del referido automotor no se le otorgó permiso o licencia alguna para prestar el servicio de transporte de pasajeros.

Tampoco se demostró que el accidente de tránsito ocurrió por las malas condiciones o por falta de señalización de la vía o del puente donde sucedió, pues, según el dictamen rendido por el ingeniero Guillermo Chávez López, dicha vía estaba en buenas condiciones.

Así las cosas, debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de manera que, en este caso y con el fin de demostrar la existencia de responsabilidad del Estado, los actores debieron acreditar la existencia del daño y su nexo con la actuación de la administración; sin embargo, como se indicó, en el proceso no obra prueba alguna que permita satisfacer esta última exigencia.

Aunado a lo anterior, en el sub lite se demostró que las causas determinantes del accidente de tránsito fueron, en todo caso, conductas indebidas de terceros, esto es, la omisión de mantener el vehículo en adecuadas condiciones de funcionamiento para prestar el servicio de transporte de pasajeros y la infracción a las normas de tránsito por parte del señor José María Campo Quintana, quien conducía el automotor accidentado con exceso de velocidad, según lo indican el croquis del accidente y el comparendo que se le impuso por esa infracción (fl. 74, cdno. 3).

Así las cosas, es evidente que el daño cuya indemnización reclaman los actores no es jurídicamente imputable a las entidades demandadas, en los términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política, toda vez que el hecho de un tercero constituye una eximente de responsabilidad de la administración.

Es importante indicar que, si bien se tiene por establecido que la conducción de vehículos es una actividad peligrosa y que como tal, el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo, comoquiera que el riesgo creado en desarrollo de dicha actividad es una carga excesiva, grave y anormal que no deben asumir los ciudadanos, también es cierto que el Estado se puede exonerar de responsabilidad cuando se demuestra la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero.

Al respecto, la Sala, en reiterada jurisprudencia, ha señalado:

“...reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.

“La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquellas. En efecto, la conducción de vehículos automotores ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa.

“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(10).

“Tanto la jurisprudencia de la Sala como la de la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación civil y la doctrina, han ensayado distintos criterios para definir cuándo una actividad es peligrosa. Así, se afirma que una actividad es peligrosa cuando rompe el equilibrio existente, colocando a las personas ante el peligro inminente de recibir lesión en su persona o en sus bienes. La inminencia de un peligro que desborda la capacidad de previsión o resistencia común de los seres humanos, son las características determinantes para definir las actividades peligrosas. No debe perderse de vista que el peligro es un concepto indeterminado y por lo tanto, solo puede ser establecido por el juez en atención a las circunstancias particulares del caso concreto”(11).

Lo expuesto impone concluir que no resulta de recibo la argumentación esgrimida por la parte actora en el recurso de apelación para que se declare la responsabilidad patrimonial de las demandadas, con fundamento en la existencia de una responsabilidad objetiva, comoquiera que, según se expuso, se encuentra plenamente acreditada la existencia de una causa extraña, esto es el hecho determinante y exclusivo de un tercero, lo cual impide la imputación jurídica del daño bajo ese régimen, elemento este indispensable para deducir responsabilidad al Estado.

Por otra parte, respecto de la responsabilidad de los llamados en garantía, es menester señalar que, de conformidad con el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, quien pretende llamar en garantía a un tercero al proceso debe acreditar, al menos sumariamente, el vínculo jurídico que lo faculta para hacerlo; es decir, el derecho legal o contractual que le asiste para hacer uso de ese instrumento, con miras a que el tercero responda eventualmente por los perjuicios a los que pudiere ser condenado quien formula el llamamiento. Debe advertirse, en todo caso, que el requisito de la prueba sumaria exigida por el ordenamiento legal, para acreditar el vínculo jurídico, legal o contractual existente entre el llamante y llamado, que faculta al primero para llamar al proceso al segundo, no se satisface solamente con el escrito contentivo de la demanda; se requiere, además, acreditar, al menos sumariamente, el derecho que le asiste al demandando para vincular a ese tercero al proceso, dada la seriedad que reviste dicho instrumento, en la medida en que los efectos de una decisión judicial en contra de la persona demandada podrían hacerse extensivos eventualmente, al llamado en garantía y, por consiguiente, resultar comprometido o afectado el patrimonio de este.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha puntualizado:

“(...) Indefectiblemente se concluye que, para que proceda legalmente el llamamiento en garantía se deben cumplir a cabalidad con el conjunto de requisitos formales y sustanciales de que tratan los artículos 57, 56, 55 y 54 del Código de Procedimiento Civil, y concretamente respecto de este último, debe reiterarse la necesidad de que se acompañe al escrito de llamamiento la prueba siquiera sumaria, que sea demostrativa de la existencia del vínculo jurídico sustancial que fundamenta la vinculación del tercero pretendida(12) (resalta la Sala).

En este caso no existe prueba alguna que demuestre el vínculo jurídico o contractual entre los señores Guillermo Noreña Arias y José María Campo Quintana con las entidades demandadas; en efecto, respecto del primero, ni siquiera se demostró que fuera el propietario del bus que se accidentó y menos que lo tuviera al servicio de las demandadas y, en cuanto al segundo, si bien es cierto que se acreditó que conducía dicho automotor, también es cierto que no se demostró que tuviera una relación legal y reglamentaria o contractual con alguno de los demandados.

Conforme a lo anterior, la Sala no declarará la responsabilidad de los llamados en garantía.

Tampoco se declarará la responsabilidad del señor José María Campo Quintana, en aplicación de la figura procesal de fuero de atracción, pues su condición en este proceso no es la de demandado, sino la de llamado en garantía, respecto del cual solo podría haber condena si la entidad que lo vinculó al proceso hubiera sido condenada y siempre que, como se vio, tuviera con esta alguna relación o vínculo, en razón del cual estuviera llamado a responder por el valor de la condena que se le hubiera impuesto.

4. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 26 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Sin condena en costas

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en 1998, tuviera vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado era de $ 18.850.000.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, Expediente 19.491, actor Trasnlibertad Ltda., M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(4) Sentencia del 23 de mayo de 1994, Expediente: 7616.

(5) Sentencia de 26 de septiembre de 2002, Expediente: 14.122.

(6) “...conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad solo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la ‘virtualidad causal de la acción’, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño” (sent. de feb. 21/2002, Exp.12.789).

(7) Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, Expediente 11.585.

(8) Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, Expediente 5737, dijo la Sala: “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que ‘nadie es obligado a lo imposible’. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1977 en donde señaló: ‘Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio’ (Exp. 1564, actor: Flota La Macarena, anales, segundo semestre 1977).

(9) Al respecto, ver sentencia de 14 de mayo de 1998, Expediente 12.175.

(10) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 19 de julio de 2000, Expediente 11.842.

(11) Consultar entre otras, sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 10 de agosto de 2000, Expediente 13.816.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 11 de octubre de 2006, Expediente 32324.