Sentencia 1999-00806 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001233100019990080601

Exp.: 27.801

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Hernando Montoya y otros

Demandado: Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 26 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor fue establecida en $21’674.865 (equivalentes a 1500 gramos de oro(2) que, por concepto de perjuicios morales, pidieron los demandantes para cada uno de ellos) y la cuantía fijada por la ley, para la época de presentación de la demanda —19 de abril de 1999—, para que un proceso fuera de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $18’850.000(3).

2.2. Caducidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(4), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, mediante Resolución 180 del 29 de enero de 1998(5), el demandado ordenó la toma de posesión de Joreplat, para liquidarla y la demanda fue instaurada el 19 de abril de 1999, es decir, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal de entonces.

2.3. Las asociaciones de economía solidaria.

Mediante la Ley 24 de 1981, la Superintendencia Nacional de Cooperativas se transformó en el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, el cual, según el artículo 2º (num. 5º), tenía dentro de sus objetivos el de “Ejercer el control y la vigilancia sobre entidades que cobija su acción, para que su funcionamiento se ajuste a las disposiciones legales sobre el particular y los intereses de los asociados”.

Por su parte, la Ley 79 de 1988, “Por la cual se actualiza la legislación cooperativa”, tuvo como propósito dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, pues, según su artículo 2º, “El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo, mediante el estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las organizaciones cooperativas”.

Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo, el cual, a términos del artículo 3º ibídem, se define como el “contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro”.

Las cooperativas, según el artículo 10 ibídem, deben prestar preferencialmente sus servicios al personal asociado, aunque, de acuerdo con sus estatutos, pueden “extenderlos al público no afiliado, siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo”; además, su administración está a cargo de la asamblea general, el consejo de administración y el gerente —art. 26—.

El artículo 38 de la mencionada ley señala que, sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerce sobre las cooperativas, estas deben tener una junta de vigilancia y un revisor fiscal. Dice también esa ley, en su artículo 40, que dentro de las funciones que le corresponden a la junta están la de velar porque las actuaciones de los órganos de administración se ajusten al ordenamiento legal, en especial a los principios cooperativos, así como la de “informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la cooperativa y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse”.

Por su parte, el artículo 151 ibídem prevé que las cooperativas están sometidas a la inspección y vigilancia del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas —Dancoop—, a fin de asegurar que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento, cumplimiento del objeto social, disolución y liquidación se ajusten a las normas legales y estatutarias dispuestas para tal efecto; en todo caso, “las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facultad de cogestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las cooperativas”.

Ahora bien, mediante la Ley 454 de 1998 se transformó el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas —Dancoop— en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria —Dansocial— y se creó la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Según el artículo 2º de la norma citada, se denomina economía solidaria “al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”.

Las organizaciones de economía solidaria son personas jurídicas cuyo fin no es otro que realizar actividades sin ánimo de lucro, donde los trabajadores o usuarios, según el caso, son sus aportantes y gestores, su objeto es producir, distribuir y consumir bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de sus miembros y propender por el desarrollo de obras, para el beneficio de la comunidad en general —art. 6º—.

De conformidad con el anterior panorama normativo, aplicable para la época de los hechos, cabe resaltar que las sociedades de economía solidaria, como las cooperativas de ahorro y crédito, están sujetas a un doble control de inspección y vigilancia, orientado particularmente a que los actos de los órganos de administración, que sean atinentes a su constitución, funcionamiento, cumplimiento del objeto social, disolución y liquidación, se ajusten a las normas legales y estatutarias. Ese doble control está constituido, por un lado, por el control interno, el cual está a cargo de la junta de vigilancia y del revisor fiscal de cada entidad y, por el otro, por el que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas —Dancoop—, luego Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria —Dansocial—, hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Decreto 4122 de 2001 transformó el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria —Dansocial—, en una Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, cuyo objetivo es (art. 3º) “diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias y para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política”.

2.4. El caso y su análisis.

Está acreditado que, mediante Resolución 1682 del 8 de octubre de 1962, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas reconoció personería jurídica a la sociedad cooperativa de ahorro y crédito Joreplat (fls. 111 a 113, cdno. 1 de pruebas del proceso penal).

En el expediente obran copias auténticas de los certificados de depósito de ahorro a término 0014638, por $40’000.000 y 0022358, por $4’956.742, constituidos por Joreplat a nombre del señor Hernando Montoya (fls. 8 y 9, cdno. 1). Asimismo, obran copias auténticas de los certificados de inversión empresarial (sin número), por $6’485.680 (fl. 10, cdno. 1) y 01010001000, por $45’000.000 (fl. 11, cdno. 1), constituidos por Joreplat a nombre de los señores Hernando Montoya y Milton Collazos, respectivamente, el último de los cuales fue cedido a la señora Ana Ruth Montoya Muñoz.

Según la demanda, Dansocial, anteriormente Dancoop, es responsable “de los hechos acaecidos a finales del año 1997 y dentro del primer trimestre 1998”, por haber faltado a su deber de inspección y vigilancia de la actividad financiera desarrollada por Joreplat, circunstancia que produjo que esta entrara en cesación de pagos e iliquidez y que, por tanto, se perdieran los ahorros de los actores, de suerte que se procede a analizar, de conformidad con el material probatorio que milita en el expediente y las normas que regulaban la materia, si la entidad incurrió o no en una falla del servicio, como lo aseguraron los demandantes, para lo cual resulta de suma importancia hacer algunas precisiones previas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto 1134 de 1989, “Por la cual se reglamenta la actividad de ahorro y crédito desarrollada por las cooperativas y se dictan normas para el ejercicio de la actividad financiera por parte de estas”, los revisores fiscales de las cooperativas especializadas de ahorro y crédito debían rendir informes cada tres meses al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas —Dancoop—, sobre los siguientes aspectos:

“1. Si la entidad ha mantenido constantemente los depósitos de liquidez sobre los recursos captados de ahorro en el porcentaje establecido por este decreto.

2. Si la entidad se ajustó permanentemente a las relaciones de endeudamiento establecidas en el presente decreto y durante el término materia del informe.

3. Si los préstamos otorgados constan en títulos valores debidamente diligenciados y con las correspondientes garantías.

4. Si la cartera del servicio de ahorro y crédito está debidamente clasificada, si sobre ella se vienen efectuando las previsiones que la amparan y si estas cubren la totalidad de las obligaciones de dudoso recaudo.

5. Si la entidad se ajustó al régimen de inversión señalado en este decreto en relación con los recursos de captación de ahorros y si los servicios de previsión, asistencia y solidaridad se prestaron sin comprometer los citados recursos.

6. Si la administración del servicio de ahorro y crédito se ha desarrollado en forma normal y sin alteraciones que hayan ocasionado pérdida de confianza en los ahorradores, o corridas imprevistas de depósitos de ahorros.

7. Si la revisoría fiscal cuenta con los medios suficientes y adecuados para garantizar una normal y periódica vigilancia de las operaciones de ahorro y crédito”.

Al respecto, es indispensable señalar que, de la época en que los actores aseguraron que la demandada omitió sus deberes de inspección y vigilancia sobre Joreplat —finales de 1997 y primer trimestre de 1998—, no obran pruebas en el plenario que demuestren cómo se desarrollaron las actividades de esta, pues el material probatorio que milita en el expediente alude a la actividad que al respecto realizó Joreplat en el segundo semestre de 1996 y los tres primeros trimestres de 1997 (fls. 44 a 68, cdno. 1).

En todo caso, si bien el informe de la revisoría fiscal correspondiente al tercer trimestre de 1997, rendido a Dancoop el 30 de octubre de ese mismo año, evidenció varias irregularidades en el desarrollo y manejo de Joreplat(6) (fls. 44 a 46, cdno. 1), la demandada, mediante auto del 25 de agosto de 1997, ya había designado una comisión, a fin de que realizara una investigación preliminar contra la cooperativa. El 26 de esos mismos mes y año, la comisión practicó una visita a las instalaciones de la acá demandada, cuyo informe —sin fecha de presentación— reveló varias inconsistencias en torno al manejo que se le había dado a la misma.

Las inconsistencias fueron: índices bajos de liquidez, cartera morosa, incremento de activos no productivos, captaciones de grandes sumas de dinero que fueron registradas en obligaciones financieras —con lo cual se vulneró el D. 1134/89—, disminución del patrimonio y bajos niveles de rentabilidad.

Con fundamento en lo anterior, la comisión concluyó que existían anomalías y hechos irregulares, violatorios de las normas legales, estatutarias y reglamentarias (fls. 75 a 123, cdno. 1).

En consecuencia, mediante Resolución 2006 del 3 de diciembre de 1997, Dansocial tomó posesión de los negocios, bienes y haberes de Joreplat, removió de sus cargos a los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia, al representante legal y al revisor fiscal; además, designó un agente especial, un nuevo revisor fiscal y una junta asesora que coadyuvara la gestión del agente especial (fls. 118 a 122, cdno. 1 de pruebas del proceso penal).

Ahora bien, teniendo en cuenta que, según los últimos informes rendidos por el agente especial designado para la administración de la cooperativa, no fue posible “colocar (sic) al ente cooperativo en condiciones de desarrollar su objeto”, a pesar de los innumerables esfuerzos, dadas “la insolvencia e iliquidez (...) originada (sic) en las múltiples irregularidades que presentaba antes de la intervención para administrar”, Dancoop, mediante Resolución 180 del 29 de enero de 1998, ordenó tomar posesión de Joreplat, para liquidarla (fls. 282 a 285, cdno. 1 de pruebas del proceso penal).

El 20 de mayo y el 7 de octubre de 1998, respectivamente, la demandada formuló pliego de cargos contra los señores Ramiro Bustamante (fls. 38 a 40, cdno. 1) y Fernando Valbuena Villagrán (fls. 40 a 43, cdno. 1), integrantes del consejo de administración de Joreplat.

En torno a esto último, cabe señalar que, mediante oficio del 17 de septiembre de 2002, la Superintendencia de la Economía Solidaria informó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, debido a las irregularidades encontradas en Joreplat, Dansocial formuló pliego de cargos contra los señores Ricaurte Rojas Soto (representante legal), José Ulises López Betancourt y Gerardo Estrada Vega (miembros de la junta de vigilancia), Guillermo León Triana y Jorge Enrique Sandoval Rojo (revisores fiscales), Cielo Amparo Ramírez Rendón, Fernando Valbuena Villagrán, Fernando Adolfo Triana Navarrete, Abelardo Mora Pita, Jairo Alberto Ceballos Cardona, Ramiro Bustamante Durango, Elmer de Jesús Grajales, Lucrecia López, Rubiel Valencia y Jaime Mayoral Ariza (miembros del consejo de administración), a quienes la Superintendencia profirió resolución de sanción (fls. 12 a 15, cdno. 2).

Por su parte, en el proceso penal seguido contra las directivas de Joreplat, la Fiscalía General de la Nación adoptó las siguientes determinaciones:

— El 9 de noviembre de 1998, precluyó la investigación a favor de José Ulises López Betancourt, por los delitos de peculado por extensión, abuso de confianza y estafa, por cuanto no los cometió (fls. 1765 a 1772, cdno. 5 de pruebas);

— El 12 de febrero de 2001, precluyó la investigación a favor de Francisco Herrera Bengoechea (gerente administrativo), Delfi Marlene Fontal Grisales (jefe del área de cartera), Ricardo Gelves Rojas (jefe de contabilidad), Jorge Enrique Sandoval Rojo, James Alberto Vergara Cifuentes (revisor fiscal) y Guillermo León Triana, por los delitos de estafa, falsedad y abuso de confianza, por cuanto no los cometieron (fls. 2497 a 2574, cdno. 6 de pruebas);

— El 24 de julio de 2001, precluyó la investigación a favor de Jaime Mayoral Ariza, Cielo Amparo Ramírez Rendón, Jorge Enrique Sandoval Rojo, Delfi Marlene Fontal Grisales, Ricardo Gelves Rojas y Fernando Adolfo Triana Navarrete, por el delito de peculado por extensión, en su modalidad culposa, por atipicidad de la conducta (fls. 2820 a 2826, cdno. 7 de pruebas);

— El 3 de septiembre de 2001, precluyó la investigación a favor de Abelardo Mora Pita, Ramiro Bustamante Durango y Rubiel Antonio Valencia Pescador, por el delito de peculado por extensión, en la modalidad culposa, por atipicidad de la conducta, y a favor de Armando Jiménez Bonilla y Orlando Muñoz Fajardo, por cuanto no lo cometieron (fls. 2866 a 2879, cdno. 7 de pruebas); y

—El 12 de junio de 2002, precluyó la investigación a favor de Ricaurte Rojas Soto y Alberto Henry Trujillo Ceferino (gerente financiero), por los delitos de abuso de confianza y estafa, por atipicidad de las conductas y por ausencia de dolo; asimismo, precluyó la investigación a favor de Gerardo Estrada Vega, Fernando Valbuena Villagrán y Jairo Alberto Ceballos Cardona, por los delitos de peculado por extensión, en concurso con abuso de confianza, por cuanto no los cometieron (fls. 238 a 303, cdno. 8 de pruebas), decisión que fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cali, mediante providencia del 21 de octubre de 2003 (fls. 359 a 386, cdno. 8 de pruebas).

Es importante recordar que, con el traslado del proceso penal seguido contra las directivas de Joreplat, la parte demandante pretendía demostrar “el posible anexo (sic) de conexidad de esos directivos con los directores de Dancoop”; sin embargo, como se observa, la Fiscalía precluyó la investigación a favor de los implicados; en unos casos, por atipicidad de las conductas y, en otros, porque no cometieron los delitos imputados y por ausencia de dolo. Al margen de tales decisiones, lo cierto es que no se demostró en el citado proceso que la demandada hubiera omitido los deberes de inspección y vigilancia sobre el funcionamiento de Joreplat y menos aún que existiera relación alguna entre los malos manejos de la cooperativa y las obligaciones a cargo de los funcionarios encargados de vigilarla.

Pues bien, a diferencia de lo manifestado por la parte actora, para la Sala el material probatorio que viene de exponerse no permite inferir que el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas —Dancoop—, luego Dansocial, omitió vigilar y controlar, de conformidad con el ordenamiento legal vigente para la época de los hechos, las actividades financieras de la cooperativa de ahorro y crédito Joreplat, pues ninguna de las pruebas allegadas da cuenta de ello y, en cambio, sí se evidencia con ese mismo material que, cuando la situación lo ameritó, dicho organismo oficial inició una investigación preliminar en la que ordenó la práctica de una visita a las instalaciones de la cooperativa, cuyo informe reveló varias situaciones anómalas en su funcionamiento.

Así, mediante Resolución 2006 del 3 de diciembre de 1997, tomó posesión de los negocios, bienes y haberes de Joreplat y removió de sus cargos tanto a los integrantes del consejo de administración y de la junta de vigilancia, como al representante legal y al revisor fiscal (fls. 118 a 122, cdno. 1 de pruebas). Luego, ante la imposibilidad de ponerla en condiciones de desarrollar con normalidad su objeto social, ordenó su liquidación, cosa que se hizo a través de la Resolución 180 del 29 de enero de 1998, la cual, como se observa, se expidió antes de transcurrir 2 meses desde cuando se ordenó la toma de posesión, tiempo que se estima prudente para adoptar esta última decisión.

En efecto, la Ley 79 de 1988 y sus decretos reglamentarios (vigentes para la época de los hechos) no establecían términos para la adopción de aquellas medidas de intervención y liquidación, de modo que las mismas debían ser tomadas con prudente juicio y en términos razonables conforme a las reglas de la experiencia y, por tanto, decisiones como esas no podían ser apresuradas ni tardías, es decir, debían ser lo más oportunas posibles; en estas circunstancias, a juicio de la Sala, pasar de una toma de posesión a una orden de liquidación en menos de un mes resultaba prematuro, pues en ese término difícilmente unas medidas correctivas podían surtir efectos positivos y tres meses o más, en cambio, podían redundar en una demora cuando menos inconveniente o cuestionable, de cara a la protección de los intereses de los afectados con la compleja situación económica o financiera de la entidad.

Así las cosas, el lapso de casi dos meses que transcurrió entre aquellas dos decisiones resulta o se antoja razonable para proponer y poner en marcha las medidas de administración tendientes a corregir los manejos inadecuados que se habían detectado con anterioridad, con el fin de conseguir el desarrollo normal del objeto social de la cooperativa o, de lo contrario, para decidir su liquidación.

Tanto es así que, solo a manera de referencia, por cuanto no es aplicable al caso presente, se observa que el artículo 1º del Decreto 2211 de 2004(7) (derogado por el D. 2555/2010) establecía, en desarrollo del artículo 115 del estatuto orgánico del sistema financiero(8), que la decisión de liquidar debía tomarse “en un término no mayor de dos (2) meses contados a partir de la fecha de la toma de posesión, prorrogables por un término igual”.

Puede concluirse, entonces, que además de que la entidad demandada sí ejerció sus funciones de inspección, control y vigilancia sobre la cooperativa de ahorro y crédito Joreplat, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento legal, lo hizo oportunamente, a fin de que esta pudiese desarrollar normalmente su objeto social, efecto para el cual tomó las decisiones a su alcance de manera acertada y oportuna, incluida la orden de liquidarla, pues, no obstante los ingentes esfuerzos para lograr aquel propósito, no fue posible realizarlo, dadas la insolvencia y la iliquidez de la misma.

Así las cosas, ninguna falla en la prestación del servicio se acreditó en el presente asunto, pues, como se dejó dicho, la entidad demandada implementó, en un tiempo razonable, las medidas que la ley le permitía para la época de los hechos, prueba de ello —se reitera— es que, cuando empezaron a evidenciarse algunos síntomas de iliquidez, ordenó inmediatamente la toma de posesión y, en menos de dos meses, como dicha medida no fue suficiente para que la cooperativa lograra el desarrollo normal de su objeto social, ordenó su liquidación.

A lo anterior debe agregarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma, toda vez que —bueno es resaltarlo—, no allegó al proceso prueba idónea y eficaz para acreditar que la entidad demandada omitió su obligación de vigilar y controlar las actividades financieras de la cooperativa de ahorro y crédito Joreplat.

A propósito, cabe indicar que los actores manifestaron, en el recurso de apelación, que la accionada vulneró el principio de lealtad procesal, toda vez que no aportó al plenario todas las pruebas oportunamente solicitadas, acerca de lo cual vale la pena anotar que, para demostrar las irregularidades en las que habría incurrido Dancoop, la parte actora solicitó con la demanda el traslado del proceso penal seguido contra los directivos de Joreplat; asimismo, pidió, por una parte, que se oficiara a la Procuraduría General de la Nación y a Dansocial, con el propósito de que informaran si en dichas dependencias existían investigaciones disciplinarias contra funcionarios de este último y, por otra parte, que se practicara una inspección judicial a las oficinas del mismo, con exhibición de documentos, a fin de constatar las actuaciones que esta realizó en torno al funcionamiento de Joreplat (fls. 29 y 30, cdno. 1).

El tribunal, por su parte, mediante auto del 26 de octubre de 2001, decretó las pruebas acabadas de mencionar, con excepción de la inspección judicial, en la medida en que “no se precisa la clase de documentos de los cuales pretende la exhibición, la fecha de los mismos, y demás aspectos violándo (sic) con ello lo preceptuado en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil concordante con el artículo 284 del mismo estatuto” (fls. 153 a 155, cdno. 1), decisión contra la cual la parte actora no interpuso recurso alguno y, por tanto, consintió en ella.

Como puede verse, no es cierto, como lo asegura la parte actora, que la demandada se negó a aportar los documentos solicitados, pues prácticamente la única prueba que se le pidió fue que informara si adelantó investigaciones disciplinarias contra algunos de sus funcionarios, acerca de lo cual, mediante Oficio DOJ-1688 del 1º de octubre de 2002, respondió que, en relación con los hechos ocurridos en Joreplat, no existía “ninguna investigación disciplinaria en contra de funcionarios de Dansocial” (fl. 16, cdno. 1).

Ahora, si bien la parte demandante aportó pruebas y solicitó otras con el recurso de apelación, el despacho, mediante auto del 20 de enero de 2005, las negó, con excepción del traslado del proceso penal adelantado contra las directivas de Joreplat, pues, según dijo, no se acreditaron los requisitos dispuestos por el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo (fls. 239 a 241, cdno. ppal.).

Al respecto, es menester señalar que el despacho sostuvo, en dicha providencia, que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó la práctica de la inspección judicial a las instalaciones de Dansocial, por cuanto los actores no precisaron la clase de documentos cuya exhibición se pretendía y, por ende, era obvio que tal negativa obedeció a la culpa de la parte actora.

En cuanto a los oficios al liquidador de Joreplat, para que allegara un informe detallado sobre el proceso de liquidación de la cooperativa, y a Dansocial, para que remitiera los antecedentes administrativos relacionados con la intervención de aquella, manifestó el despacho que, dado que tales pruebas no fueron solicitadas con la demanda, el tribunal no las decretó.

Finalmente, en cuanto a los documentos aportados con el recurso de apelación, el Despacho dijo que los actores no demostraron la fuerza mayor alegada que les habría impedido allegarlos con la demanda, máxime teniendo en cuenta que fueron expedidos mucho antes de la oportunidad para aportar y solicitar pruebas.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala confirmará la sentencia apelada.

2.5. Condena en costas.

Teniendo en cuenta que no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 26 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) El valor del gramo de oro, para la época de presentación de la demanda, era $14.449,91.

(3) Decreto 597 de 1988.

(4) Ley 446 de 1998.

(5) (Fls. 282 a 285, cdno. 1 de pruebas del proceso penal). El traslado de dicho proceso fue solicitado por la parte actora (fl. 292, cdno. 1) y, mediante auto del 26 de octubre de 2001, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca lo decretó (fls. 153 a 155, cdno. 1).

Al respecto, es menester indicar que la prueba testimonial que allí milita (fls. 295 a 300, 353 a 357, 378 a 386, cdno. 1 de pruebas; fls. 5 y 6, cdno. 2 de pruebas; fls. 626, 648 y 649, 683 y 684, 687 a 691, 696 a 710, 713 a 727, 731 a 734, 811 a 813, 1009 a 1013, 1021 a 1030, cdno. 3 de pruebas; fls. 1643 a 1649, cdno. 4 de pruebas; fls. 1706 a 1709, 1734 a 1736, 1930 a 1932, 1986 a 1994, 2055 a 2062, 2120 y 2122, cdno. 5 de pruebas; fls. 2666 a 2674, cdno. 7 de pruebas) no puede valorarse por la Sala, por cuanto no cumple los requisitos del artículo 185 CPC, ya que no fue practicada con audiencia de la demandada y tampoco fue ratificada en este proceso; además, la accionada no coadyuvó la solicitud de traslado.

La misma suerte corren las indagatorias rendidas en el proceso penal (fls. 163 a 173, 201 a 206, 216 a 222, 243 a 252, 314 a 326, 334 a 350, cdno. 1 de pruebas; fls. 99 a 104, 113 a 123, 134 a 141, 224 a 231, 355 a 361, 501 a 507, cdno. 2 de pruebas; fls. 608 a 618, 819 y 820, cdno. 3 de pruebas; fls. 1430 a 1443, 1469 a 1537, 1587 a 1603, 1626 a 1642, cdno. 4 de pruebas; fls. 1710 a 1718, 1738 a 1746, 1787 y 1788, 1798 a 1804, 1938 a 1942, 1945 a 1963, 1977 a 1985, 1995 a 1998, 2000 a 2015, 2043 a 2047, 2064 a 2069, 2212 a 2219, cdno. 5 de pruebas; fls. 2275 a 2281, 2361 a 2374, 2376 a 2394, 2395 a 2398, cdno. 6 de pruebas; fls. 2676 a 2682, 2703 a 2715, 2799 a 2803, cdno. 7 de pruebas), toda vez que no fueron realizadas bajo el apremio del juramento. En relación con la práctica de la citada diligencia, la Sala ha sostenido que la misma no puede ser objeto de valoración, toda vez que no tiene el alcance de una prueba testimonial ni puede someterse a ratificación, dado que no se encuentra sometida a la formalidad del juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración de una persona dentro de este tipo de procesos, debe solicitarse la práctica de su testimonio (C.E., Sec. Tercera, sent. de ene. 29/2009, Exp. 16.319).

(6) La cooperativa no se ajustó al régimen de inversiones señalado por la ley, la administración del servicio de ahorro y crédito no se desarrolló en forma normal, ocasionando pérdida de la confianza de los ahorradores y retiros imprevistos de recursos; además, no cumplió ni se ajustó, durante agosto de 1997, a la relación de solvencia según su patrimonio técnico y al límite individual previsto para la captación de recursos e inversiones.

(7) Por medio del cual se determina el procedimiento aplicable a las entidades financieras sujetas a toma de posesión y liquidación forzosa administrativa.

(8) Decreto 663 de 1993.