Sentencia 1999-00808 de junio 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 66001-23-31-000-1999-00808-01(27590)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Gonzaga Valencia Herrera

Demandado: Departamento de Risaralda

Referencia: Acción de controversias contractuales (apelación sentencia).

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil catorce.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 29 de enero de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se declaró la nulidad de la Resolución 580 de mayo 24 de 1999 y de la Resolución 927 de julio 30 de 1999, y se denegaron las demás súplicas de la demanda.

I. Antecedentes

1. Lo pretendido.

El 29 de septiembre de 1999(1) el señor Gonzaga Valencia Herrera presentó demanda contra el Departamento de Risaralda, solicitando que se declarara que cumplió el contrato 390 de 1994 celebrado con éste, así como también la nulidad de las Resoluciones 580 de mayo 24 de 1999 y 927 de julio 30 de 1999, mediante las cuales respectivamente, se declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra amparado por la póliza única de garantía 9455313, ordenando su efectividad y se resolvió el correspondiente recurso de reposición.

Solicita, como consecuencia de las anteriores declaraciones que se le exoneré de toda responsabilidad frente al demandado argumentando que no se ha causado el siniestro amparado en la póliza que ahora se hace exigible por medio de las Resoluciones impugnadas.

Estima la cuantía en $ 35.242.210.

2. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones.

Por medio de Resolución 37 de 22 de julio de 1994 el demandado ordenó la apertura de la Licitación Pública SOP-OC-009-94, para contratar la complementación de obras de drenaje y rehabilitación de la estructura del pavimento en la vía La Ceiba-Quinchía, Sector K0+000 a K1+500.

A dicha licitación presentó propuesta la constructora Silvio E. Ochoa Gaviria y Cía. Ltda., a quien se le adjudicó el contrato el 16 de agosto de 1994.

El 23 de septiembre de 1994 se celebró entre la constructora Silvio E. Ochoa Gaviria y Cía. Ltda. y el demandado el contrato 390 de 1994, en el cual se reprodujo el objeto señalado en la Licitación Pública.

Mediante escrito del 21 de octubre de 1994 la sociedad contratista sugirió la adopción del sistema de “reciclaje por carpeta vieja” para realizar las obras de rehabilitación de la superficie de las vías objeto del contrato, el cual fue aprobado por el Comité Técnico del demandado por medio de acta del 1º de noviembre de ese mismo año.

El 30 de diciembre de 1994 entre la constructora Silvio E. Ochoa Gaviria y Cía. Ltda. y el demandante se celebró contrato de cesión por virtud del cual aquel cedió todos los derechos y obligaciones derivados del contrato 390 en favor de éste, actuación que se surtió con la debida autorización del Gobernador de Risaralda.

El 3 de junio de 1995 el Departamento de Risaralda recibió a satisfacción las obras objeto del contrato 390 de 1994.

Por medio de Resolución 580 del 24 de mayo de 1999 el demandado declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra amparado por la póliza única de cumplimiento 9455313 y ordenó su efectividad por valor de $ 35.242.210 argumentando que del estudio realizado por la Universidad Nacional con sede en Manizales se había logrado demostrar que las fallas presentadas en las obras se debían a la calidad de los materiales utilizados, por lo cual éstas eran atribuibles al contratista.

Tanto el actor como la compañía aseguradora Seguros del Estado S.A. instauraron recurso de reposición contra la resolución referida, los cuales fueron resueltos por medio de Resolución 927 del 30 de julio de 1999, en el sentido de confirmarla en todas sus partes.

El valor de la afectación fue de $ 35.242.210 equivalente al 90.08% del monto asegurado.

3. El trámite procesal.

Admitida que fue la demanda y ordenada la integración del contradictorio, el demandado y la Compañía de Seguros del Estado S.A. fueron noticiados del auto admisorio, el asunto se fijó en lista y éstos le dieron respuesta oponiéndose el primero a las pretensiones formuladas.

Después de decretar y practicar pruebas y de llevar a cabo una audiencia de conciliación que fracasó por falta de ánimo conciliatorio, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que aprovecharon todos ellos a excepción de la Compañía de Seguros del Estado S.A. quien los presentó de forma extemporánea.

II. La sentencia del tribunal

En sentencia del 29 de enero de 2004 el Tribunal Administrativo de Risaralda resolvió declarar la nulidad de las Resoluciones impugnadas y denegar los restantes pedimentos de la demanda.

Para tomar esta decisión el Tribunal expuso las siguientes razones:

Inicia su argumentación el Tribunal de primera instancia declarando improcedente el cargo por vulneración al debido proceso al considerar que una vez se obtuvo el resultado del estudio de la Universidad Nacional relacionado con el deterioro de la vía La Ceiba-Quinchía, el contratista recibió el respectivo requerimiento, presentó la contestación y finalmente se expidió la Resolución 580 de 1999 por medio de la cual se declaró la ocurrencia del siniestro amparado con la póliza de estabilidad de la obra.

En relación con el cargo de falsa motivación, lo declara procedente al considerar que de las pruebas allegadas al plenario el actor había logrado acreditar que el deterioro presentado en las obras de la vía La Ceiba-Quinchía, no se debía a la mala calidad del material utilizado en las mismas, sino al incumplimiento en que había incurrido el demandado en su obligación de realizar las labores de mantenimiento y conservación sobre éstas de conformidad con lo previsto en el artículo 4º numeral 4º de la Ley 80 de 1993.

Señala que el método de reciclaje propuesto por el contratista mediante escrito del 21 de octubre de 1994 fue acogido por el Coordinador del Plan Vial Departamental y por el Interventor de la Secretaría de Obras Públicas Departamentales y que el Departamento de Risaralda incumplió la obligación prevista en el artículo 32 numeral 1º inciso 2º de la Ley 80 de 1993 sobre la imparcialidad del interventor pues las labores de interventoría realizadas habían sido realizadas por un funcionario de la entidad contratante.

Concluye que el cargo por falsa motivación alegado se veía corroborado por medio de las actas de Interventoría parcial y final de recibo a satisfacción de la obra, los testimonios rendidos tanto por el Coordinador del Plan Vial Departamental como por el Interventor de la Secretaría de Obras Públicas Departamentales, el material fotográfico allegado, así como también de los estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia y por el dictamen pericial rendido por la Asociación de Ingenieros de Risaralda.

III. El recurso de apelación

Contra lo así resuelto la parte demandada interpuso el recurso de apelación por estimar que el Tribunal se apartó de las pruebas periciales practicadas tanto por la Universidad Nacional como por la Asociación Colombiana de Ingenieros, pues si bien a partir de éstas se lograba demostrar que los daños presentados en las obras objeto del contrato se debían a la calidad de los materiales y a la estructura de la construcción utilizada por el contratista, el Tribunal consideró que éstos se habían presentado por la falta de mantenimiento del demandado sobre éstas.

Argumenta el apelante que la entrega y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato no garantiza su estabilidad en el futuro, razón ésta por la cual el Decreto 679 de 1994 exige en su artículo 17 que el contratista preste la garantía de estabilidad de la obra durante los 5 años subsiguientes a las suscripción del acta.

Agrega que el Tribunal desestimó las pruebas periciales con base en una errada interpretación de las declaraciones que obran en el expediente pues mientras los testimonios tan sólo dan cuenta de la importancia de las labores de mantenimiento y conservación de las obras objeto del contrato 390, el a quo entendió que fue la ausencia de mantenimiento la causante del deterioro de éstas.

IV. El concepto del Ministerio Público

El Señor Agente del Ministerio Público guardó silencio.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a desatar la alzada previas las siguientes

V. Consideraciones

1. Previamente a resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto, esta Subsección reitera el criterio fijado por la Sala Plena de esta Corporación respecto del alcance de la competencia del fallador, postura conforme a la cual en desarrollo de los principios de congruencia de la sentencia, así como también el principio dispositivo, el ámbito competencial del juez de segunda instancia se ve delimitado o condicionado a los puntos de discordancia señalados por el recurrente en el escrito de apelación frente a la sentencia proferida en primera instancia, salvo ciertas excepciones permitidas(2).

En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la competencia del superior generalmente se encuentra circunscrita a revisar lo que desfavorece al recurrente y que ha sido motivo de su inconformidad, y por ésta razón el ad quem, no puede enmendar la providencia en lo que no fue objeto del recurso.

En el presente asunto, el apelante limita la materia del recurso a que se deniegue la declaratoria de nulidad de las Resoluciones impugnadas argumentando que de las pruebas allegadas se logra acreditar que las fallas presentadas en las obras objeto del contrato tienen su causa fundamental en la deficiente calidad de los materiales utilizados, la estructura y el procedimiento utilizado para la ejecución de éstas.

Hace énfasis en 2 de las pruebas periciales llevadas a cabo sobre las obras objeto del contrato tanto por la Universidad Nacional con sede en Manizales como por la Asociación Colombiana de Ingenieros Seccional Risaralda, citando algunos apartes de las mismas.

Por lo tanto, el punto central de la cuestión que ahora se debate se centra en determinar si de las pruebas allegadas al plenario se encuentra desvirtuada la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos impugnados.

2. En lo relativo al régimen de garantías contractuales, teniendo en cuenta que el contrato que ha dado origen a esta cuestión litigiosa se celebró el 23 de septiembre de 1994, le son aplicables los mandatos previstos en los artículos 25 Nº 19(3) y 60 de la Ley 80 de 1993, así como también los artículos 17 a 19 del Decreto 679 de 1994(4).

En efecto, el marco normativo al que se alude exige a los contratistas particulares la obligación de constituir una garantía única por medio de la cual asegure los posibles riesgos o siniestros que se puedan generar con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de los contratos celebrados con la administración e incluso los generados en la etapa post contractual.  

Ahora bien, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 679 de 1994, aplicable al presente asunto en razón a la época en que fue celebrado el contrato objeto de litigio, se consagró el amparo de estabilidad de obra como uno de los siniestros que debían ser cubiertos por medio de la denominada garantía única de cumplimiento, cuyo valor debía determinarse en cada caso y exigió para el mismo una vigencia mínima de cinco (5) años.  

En cuanto a su vigencia, teniendo en cuenta que por medio del amparo de estabilidad de la obra se busca garantizar el cumplimiento de obligaciones a cargo del contratista con posterioridad a la extinción del contrato, éste se hace exigible a partir de la entrega y recibo de la obra contratada y su vigencia se extiende hasta la etapa post contractual, esto es más allá de las etapas de ejecución y liquidación del contrato(5).  

Del marco normativo que se cita, se ha entendido que la inclusión de cláusulas de garantías contractuales en los contratos celebrados por la administración, no sólo se erige como un requisito de obligatorio cumplimiento, sino también en un instrumento para salvaguardar intereses de carácter general, garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, así como también proteger las arcas del estado de los posibles daños que a nivel de patrimonio público se puedan generar con ocasión de eventuales incumplimientos en que incurra el contratista.  

Ahora, en lo relativo a la competencia de la administración para declarar el siniestro de incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista, el de estabilidad de la obra y el de calidad y correcto funcionamiento de los bienes o servicios suministrados, la Sección tercera de esta Corporación ha señalado que una de las prerrogativas con las que cuenta la administración en desarrollo de la actividad contractual es la de declarar su ocurrencia por medio de acto administrativo unilateral debidamente motivado, potestad que se deriva de lo previsto en los Nº 4º y 5º del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo(6) y la cual puede ejercer durante la vigencia de la respectiva póliza que se trate.

3. La actividad de la administración supone un acto administrativo pues éste es el instrumento mediante el cual la Administración expresa su designio y cumple sus propósitos, actividad que se rige no sólo por los principios constitucionales que la guían sino también por los llamados supra principios del Estado de derecho como lo son el de legalidad, el de prevalencia del interés general, el de prevalencia y respeto a los derechos fundamentales y el de control a la actividad pública, entre otros.

El principio de legalidad determina y limita el ejercicio del poder público, brinda a los administrados estabilidad y seguridad jurídica y, en relación con la función administrativa, debe entenderse como “la necesaria conformidad de sus actos con el ordenamiento jurídico en general, y con el que le da fundamentación en especial,”(7) de tal manera que “la administración no podrá realizar manifestación alguna de voluntad que no esté expresamente autorizada por el ordenamiento”(8) y que todos sus pronunciamientos “deben buscar el bienestar, el interés público y el bien general de los asociados”(9).

En consecuencia, si de acuerdo con el principio de legalidad la actividad de la Administración debe someterse plenamente a las normas de superior jerarquía, se infiere que, mientras no se demuestre lo contrario, una vez se tornen ejecutorios los actos que la comprenden, toda ella se ha realizado de conformidad con el ordenamiento y por ende queda cobijada con una presunción de legalidad.

Con otras palabras, “se considera que la manifestación voluntaria de la administración se encuentra conforme a derecho, y se acepta que reúne todas las condiciones y elementos indispensables para concluir que es un acto regular y perfecto, mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, en sentido opuesto, por profundos que sean los vicios en que pueda incurrir un acto administrativo, tendrá validez y fuerza ejecutoria hasta tanto la autoridad competente no se hubiere pronunciado al respecto”(10).

Esta presunción de legalidad encuentra cabal desarrollo en los artículos 64 y 66 del Código Contencioso Administrativo que disponen respectivamente que “salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar los actos necesarios para su cumplimiento…” y que “salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo…”.

Así las cosas, quien pretenda la declaratoria de nulidad de un determinado acto administrativo no sólo tiene a su cargo la obligación de expresar claramente los cargos en los cuales funda la ilegalidad que alega sino que también tiene la carga de demostrar los hechos en que hace consistir la ilegalidad, pues de no hacerlo así, de un lado, el juez no podrá acometer oficiosamente el estudio de la ilicitud del acto y, de otro lado, se mantendrá incólume la presunción de legalidad que lo ampara.

4. En el asunto que aquí se revisa por la vía de la apelación aparece que el contrato que dio lugar a ésta cuestión litigiosa se celebró el 23 de septiembre de 1994 (fls. 2 a 8, cdno. 1) entre la constructora Silvio E. Ochoa Gaviria y Cía. Ltda. y el demandado, el cual tenía como objeto la complementación de obras de drenaje y rehabilitación de la estructura del pavimento en la vía la Ceiba-Quinchía, tramo K0+000 a K1+500.

Que el 30 de diciembre de 1994, se cedió el contrato al señor Gonzaga Valencia Herrera, actuación debidamente autorizada por el demandado (fl. 9, cdno. 1).

En las cláusulas Tercera y Cuarta, se acordó como valor total del contrato la suma de $ 238.674.279 y que la duración de éste sería de 120 días (calendario) contabilizados a partir de la firma del acta de iniciación de la obra (fls. 2 y 3, cdno. 1), hecho éste que ocurrió el 30 de septiembre de 1994 (fls. 83 a 86, cdno. 1).

Dicho término se prorrogó por 60 días más contabilizados a partir del 4 de abril de 1995 (fl. 10, cdno. 1).

En la cláusula DÉCIMA TERCERA Lit. d) el contratista se obligó a constituir en favor del demandado una póliza única integral, por medio de la cual se ampararían, entre otros, el riesgo de estabilidad de la obra por el 15% del valor final del contrato y con una vigencia igual a la de éste y 5 años más (fls. 4 y 5, cdno. 1).

El contratista constituyó póliza única de cumplimiento EO-9455313, expedida por la compañía aseguradora Seguros del Estado S.A., amparando los siniestros de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y de estabilidad de la obra, y mediante certificado de modificación 138686, la vigencia de éstos se prorrogó por 10 días más, extendiéndose la vigencia del amparo de estabilidad de la obra hasta el 28 de marzo de 2000 (fls. 113 y 114, cdno. 1).

4.1. En lo relativo a los cargos de ilegalidad de los actos administrativos impugnados la Sala encuentra que las aseveraciones del demandante en ese sentido no encuentran respaldo probatorio alguno en el expediente.

En efecto, del análisis del acervo probatorio se concluye que la zona sobre la cual debían realizarse las obras de complementación y rehabilitación de las vías presentaba condiciones adversas de precipitación y humedad, desplazamiento de suelos y otras deficiencias derivadas de las labores de drenaje realizadas inicialmente sobre la zona(11).

Que teniendo en cuenta las dificultades del terreno, se afirma que antes de celebrar el contrato la administración tenía a su cargo la obligación de realizar las labores de drenaje y estabilización para que el contratista pudiera realizar las obras de rehabilitación del pavimento(12); sin embargo, no obra prueba alguna a partir de la cual se pueda concluir que el demandado no llevó a cabo dichas labores.

Que la implementación del sistema de estabilización propuesto por la constructora Silvio E. Ochoa Gaviria Cía. Ltda., mediante “reciclaje de carpeta vieja”, fue aprobado por el Comité del demandado mediante acta del 1º de noviembre de 1994(13), sin exigir el soporte técnico requerido para determinar su viabilidad, obligación ésta que se encontraba a cargo del contratista, pues éste fue quién lo propuso.

Ahora, si bien por vía de algunas de las pruebas testimoniales(14) y del dictamen pericial rendido por la Asociación de Ingenieros de Risaralda se afirma de forma general que las labores de mantenimiento y conservación por parte del demandado podían tener alguna incidencia en las fallas presentadas en las obras objeto del contrato, no se realiza un estudio detallado de este factor como causa fundamental de los daños ocasionados sobre las vías.

De esta forma, se tiene que de lo probado en el proceso no se demostró que la obligación de mantenimiento y conservación de las vías a cargo del demandado, fueran la causa fundamental de los daños presentados en las obras objeto del contrato; sin embargo sí se logró acreditar que la calidad de los materiales utilizados por el contratista no era la requerida para su realización mediante el sistema de estabilización de reciclaje por carpeta vieja.

En efecto, tanto del Estudio realizado por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales(15), el Dictamen pericial practicado por la Asociación de Ingenieros de Risaralda(16), el ensayo de rotura de cunetas revestidas de la carretera Ceiba-Quinchía elaborado por la Universidad del Quindío(17), así como de las demás pruebas documentales y testimoniales, se puede llegar a las siguientes conclusiones a saber:

a) Que a lo largo del Tramo K0+000 a K1+500 de la carretera la Ceiba-Quinchía, donde se debían efectuar las obras objeto del contrato, el pavimento entre zonas presentaba daños heterogéneos como “Piel de Cocodrilo”, “fisuras”, y “agrietamientos longitudinales y transversales”, sin embargo otras zonas del mismo tramo no evidenciaban daños y sobre otras se habían efectuado parcheos.

b) Que el material granular de base reciclada no era el adecuado para implementar el sistema de estabilización de “reciclaje por carpeta vieja”, pues presentaba un alto índice de plástico (14%) y un límite liquido del 37%, lo cual impedía que fuera reciclado con la adición de emulsiones en razón a su alto índice de plástico que lo hacía altamente deformable.

c) Que el material granular incorporado en el material base reciclada tampoco era el adecuado y requería de un tratamiento especial, pues al ser mezclado con éste no disminuía su alto índice de plástico, lo cual impedía un buen nivel de compactación.

d) Que el material granular de base, tampoco reunía los requisitos de espesor mínimo y éstos eran variables alrededor de toda la vía.

e) Que los bajos niveles de compactación, hacían que el material granular fuera débil y presentara niveles inadecuados de deformación

De lo expuesto se concluye que en el presente asunto el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la que se encuentran revestidos los actos administrativos, pues del acervo probatorio analizado sólo se logró acreditar que el material utilizado para la realización de las obras no era el adecuado para la implementación del sistema de rehabilitación por carpeta vieja propuesto por el actor.

Si a esto se aúna la regla contenida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil según la cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, en el presente asunto era el demandante quién tenía la carga de probar los supuestos de hecho en los cuales fundaba los supuestos de ilegalidad de los actos administrativos demandados y desvirtuar la presunción de legalidad de la que se encuentran revestidos. 

Por último, se precisa que, contrario a lo que afirma el actor en sus diversas intervenciones procesales, no es cierto que la administración no tuviera la competencia para exigir la efectividad de la póliza única de garantía en atención a que las fallas presentadas en los materiales de la obra debían ser previstas en la etapa de ejecución del contrato, pues tal interpretación conllevaría indefectiblemente a que la existencia de amparos post contractuales no tuviera sentido alguno.  

En este orden de ideas, la Sala concluye que del acervo probatorio que se allega, el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos impugnados, pues la falsa motivación aducida no logró probarse y, que teniendo en cuenta que para la fecha en que el Departamento expidió la Resolución 580 del 24 de mayo de 1999, aún se encontraba vigente la póliza única de garantía 9455313 respecto del amparo de estabilidad de la obra, es claro para la Sala que el demandado ostentaba la competencia para declarar su ocurrencia por medio de acto administrativo unilateral.  

En síntesis, la sentencia apelada será revocada para en su lugar negar la totalidad de las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo Risaralda.

2. DENEGAR la totalidad de las súplicas de la demanda.

3. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Olga Valle de De La Hoz—Enrique Gil Botero—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

1 Folios 126 a 157, cuaderno 1.

2 Consejo de estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 21060

3 Este numeral se derogó expresamente por medio del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

4 Este Decreto fue publicado en el Diario Oficial Nº 41287 del 29 de marzo de 1994.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 2001, expediente 12724, Sentencia del 24 de agosto de 2002, expediente 13598, Sentencia del 23 de febrero de 2012, expediente 20810, entre otras.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 2001, expediente 12.724, Sentencia del 27 de noviembre de 2013, expediente 25.742, Sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente 29.857, entre otras.

7 J. O. SANTOFIMIO GAMBOA. Tratado de derecho administrativo. Acto administrativo. Op. cit., pág. 41.

8 Ibídem, pág. 42.

9 Ibídem, pág. 43.

10 Ibídem, pág. 54-55.

11 Estudio Ambiental presentado por el demandado (cdno. 5 de pbas.).

12 Informe efectuado por la interventoría JRICI Ltda. el 22 de febrero de 1999, Folios 92 a 96, cuaderno 1.

13 Folios 101 a 103, cuaderno 1.

14 Folios 6 a 12 y 72 a 77, cuaderno 2 de pruebas.

15 Folios 70 a 82, cuaderno 1.

16 Folios 119 a 165, cuaderno 2 de pruebas.

17 Folios 105 a 112, cuaderno 1.