Sentencia 1999-00813 de marzo 4 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 410012331000199900813 01

Nº Interno: 0603-2009

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Autoridades departamentales

Actor: Rodrigo Yosa Sánchez

Bogotá, D.C., cuatro de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

El marco de juzgamiento que delimita la segunda instancia lo constituye la inconformidad del apelante, que en este caso se contrae a que, no se puede dar aplicación a lo previsto por la Sentencia C-401 de 1998, pues fue proferida con posterioridad a las situaciones fácticas descritas y probadas, razón por la cual, la Sala centrará su análisis únicamente a este aspecto.

El problema jurídico a resolver por esta Sala consiste en establecer si el demandante por haber laborado como supernumerario tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de ese vínculo.

La Sala encuentra probado lo siguiente:

Conforme a los certificados de fecha 28 de mayo de 1998 y 27 de septiembre de 2004, expedidos por el jefe de la división de recursos humanos del Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo ESE, el demandante prestó sus servicios como enfermero a dicha entidad, así (fls. 12 y 85 a 88):

Vinculación
N°
Fecha
Tiempo
Honorarios
Resolución
4924
16-09-94
30 días
295.344
Resolución
0514
27-02-95
4 días
72.500
Resolución
1184
2-5-95
14 días
402.000
Resolución (fl. 152 c. 2)
1497
01-06-95
31 días
562.275
Resolución (fl. 148 c. 2)
1816
01-06-95
31 días
562.275
Resolución
2069
29-06-95
31 días
562.275
Resolución (fl. 139 c. 2)
2581
01-08-95
31 días
562.275
Resolución (fl. 133 c. 2)
2979
31-08-95
30 días
562.275
Resolución (fl. 130 c. 2)
3147
01-09-95
31 días
562.275
Resolución
3832
27-10-95
30 días
562.275
Resolución
4434
01-12-95
31 días
562.275
Resolución
4845
31-12-95
89 días
914.680
Contrato de prestación de servicios (fl. 111 c. 2)
018
30-03-96
89 días
914.680
Contrato de prestación de servicios (fl. 104 c. 2)
138
29-06-96
30 días
914.680
Contrato de prestación de servicios (fl. 101 c. 2)
209
01-08-96
61 días
914.680
Contrato de prestación de servicios (fl. 95 c. 2)
359
07-10-96
30 días
457.340
Contrato de prestación de servicios (fl. 90 c. 2)
491
07-11-96
24 días
457.340
Contrato de prestación de servicios (fl. 86 c. 2)
496
01-12-96
31 días
914.680
Contrato de prestación de servicios (fl. 90 c. 2)
039
01-01-97
60 días
457.340
Contrato de prestación de servicios (fl. 78 c. 2)
221
01-03-97
90 días
1.079.322
Contrato de prestación de servicios (fl. 59 c. 2)
348
30-05-97
92 días
1.079.322
Contrato de prestación de servicios (fl. 48 c. 2)
568
30-08-97
61 días
1.079.322
Contrato de prestación de servicios (fl. 65 c. 2)
686
30-10-97
63 días
1.079.322
Contrato de prestación de servicios (fl. 35 c. 2)
016
01-01-98
181 días
1.252.013
Contrato de prestación de servicios (fl. 26 c. 2)
078
01-07-98
90 días
1.252.013 (fl. 88).

Es decir que laboró como supernumerario desde el 16 de septiembre de 1994 hasta marzo de 1996.

Mediante oficio de 15 de diciembre de 1998 el gerente del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva ESE resolvió la petición radicada el 19 de octubre de 1998, negando el reconocimiento, y pago de las prestaciones sociales solicitadas (fls. 25 a 27).

El gerente del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo ESE resolvió el recurso de reposición contra la decisión anterior mediante Resolución 0221 de 8 de febrero de 1999, confirmándola en todas sus partes, por cuanto, revisadas las hojas de vida de cada una de las personas involucradas, ninguna de ellas llenaba las condiciones para el reconocimiento de las prestaciones sociales solicitadas (fls. 28 a 33).

La entidad demandada en el recurso de alzada adujo que los efectos de la sentencia de la Corte Constitucional del 9 de agosto de 1998 que declaró inexequible el inciso 5º del artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 son hacia el futuro, por lo tanto la normatividad vigente y aplicable para el caso en litis es el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, pues bajo su vigencia se generaron los hechos, por lo tanto habrá lugar a aplicar sus consecuencias jurídicas, es decir, el no reconocimiento de las prestaciones sociales requeridas por el actor.

De los supernumerarios

El artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 dispone:

“ART. 83.—De los supernumerarios. Para suplir las vacancias temporales de los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, podrá vincularse personal supernumerario.

También podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio.

*En ningún caso la vinculación de un supernumerario excederá el término de tres meses, salvo autorización especial cuando se trate de actividades que por su naturaleza requieran personal transitorio por periodos superiores*

*INC. 3º declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-401-98 del 19 de agosto de 1998, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

La remuneración de los supernumerarios se fijará de acuerdo con las escalas de remuneración establecidas en el presente decreto, según las funciones que deban desarrollarse.

*Cuando la vinculación de personal supernumerario no exceda el término de tres meses, no habrá lugar al reconocimiento de prestaciones sociales. Sin embargo, las entidades deberán suministrar al personal supernumerario atención médica en caso de enfermedad o accidente de trabajo.*

*INC. 5º declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia ídem.

La vinculación de supernumerarios se hará mediante resolución administrativa en la cual deberá constar expresamente el término durante el cual se prestarán los servicios y la asignación mensual que vaya a pagarse”.

Con relación a la imposibilidad de reconocimiento de prestaciones al personal supernumerario vinculado por un término de tres meses o menos, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-401 de 1998 declaró inexequible el inciso 5º del precitado artículo 83 del Decreto-Ley 1042 de 1978 que consagraba esta prohibición.

Al pronunciarse sobre la vinculación de los empleados supernumerarios la Corte precisó a través de la sentencia mencionada:

“(...) 8. Resulta claro que la vinculación de empleados supernumerarios para llevar a cabo actividades meramente temporales, constituye un modo excepcional de vinculación laboral con la administración pública. Difiere del contrato de prestación de servicios profesionales por varios conceptos, especialmente porque en este último, aunque puede haber cierto grado de sujeción, no se involucra el elemento de subordinación de tipo laboral que se halla presente en el primero, y porque la vinculación de personal supernumerario se lleva a cabo mediante resolución, en la cual deberá expresarse el término durante el cual se prestarán los servicios y el salario que se devengará, que se fijará teniendo en cuenta las escalas de remuneración establecidas en la ley. Se trata pues de una verdadera relación laboral regida por normas de derecho administrativo, que en esencia es temporal.

9. Como estatuto excepcional que es, se desnaturaliza cuando es empleado para cubrir necesidades distintas de aquellas para las que fue concebido. De esta manera, cuando la administración, recurre a esta forma de vinculación de personal para cubrir necesidades permanentes de servicio, desconoce de facto los principios de rango constitucional que gobiernan la carrera administrativa, afectando en primer lugar a los servidores así vinculados, quienes no verán respetada la garantía de estabilidad en el cargo, y desconociendo también el derecho de acceso de los ciudadanos a la administración pública, de acuerdo con los méritos y capacidades de los aspirantes, todo lo cual va en detrimento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad y honestidad que, por mandato superior, deben regir la función pública”.

En cuanto al límite para vincular personal supernumerario, señaló:

“(...) 19. No encuentra la Corte que las normas constitucionales impongan límite temporal alguno para la vinculación de personal transitorio a la administración pública. Bien puede entonces producirse esta vinculación por períodos que sean inferiores o que superen los tres meses de que habla la norma sub examine. En cambio, el cumplimiento de los requisitos y finalidades anteriormente referidos, resulta absolutamente inexcusable.

20. La Corte encuentra entonces, que las facultades que el inciso tercero otorga al gobierno para autorizar la vinculación de personal transitorio por cualquier periodo de tiempo, y sin ninguna restricción, contradicen la normatividad constitucional, que exige una previa delimitación de esta planta de personal, el señalamiento de las actividades a que se dedicará que siempre deben corresponder a necesidades extraordinarias, el tiempo de la vinculación transitoria, y la previa apropiación y disponibilidad presupuestal de sus salarios y prestaciones sociales”.

Y finalmente sobre el pago de prestaciones sociales a los empleados supernumerarios, estableció:

(...) 23. la Corte encuentra que ella no se ajusta al régimen constitucional vigente a partir de 1991, régimen que no solo reconoce que el derecho al trabajo es fundamental por constituir un valor inherente a la naturaleza humana, sino que en la efectivización de este derecho, así como de los demás de este mismo rango, funda la legitimidad del Estado mismo. En tal virtud, el constituyente, en el artículo 25 superior, prescribió que el trabajo goza de la especial protección del Estado y reconoció que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Pero, avanzando aun más en la protección de este derecho fundamental, en el artículo 53, con el objetivo de garantizar aquellas condiciones dignas y justas de cada trabajo particularmente considerado, definió los principios constitucionales rectores de la protección estatal al trabajo. Así, indicó que tales principios eran el de igualdad de oportunidades para los trabajadores, el de remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; el de estabilidad en el empleo; el de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; el de las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; el de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; el de garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; y el de protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

24. Para esta corporación el desconocimiento de las prestaciones sociales a los empleados supernumerarios que se vinculan transitoriamente a la administración pública, resulta contrario a los principios rectores de las relaciones laborales, y a la justicia que debe presidir dichas relaciones. En efecto, desconoce, en primer término, el principio de igualdad de oportunidades, por cuanto el hecho de que la vinculación sea transitoria, no es óbice legítimo para establecer diferencias frente a aquellos servidores públicos vinculados permanentemente a la administración. Esta desigualdad en el trato, no se justifica por ningún objetivo de rango constitucional que pudiera perseguirse a través de ella. La Corte no encuentra en ella nada distinto de un mecanismo para reducir la carga prestacional de la administración, que no justifica el desconocimiento general del principio de igualdad.

25. Adicionalmente, la restricción que se viene comentando desconoce el principio constitucional de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Puede decirse que, ante la incapacidad de negociar las condiciones legales de ejercicio del cargo, es la misma ley la que resulta imponiendo al servidor transitorio la inconstitucional renuncia a esta categoría de beneficios mínimos que constituyen las prestaciones sociales reconocidas a los servidores públicos”.

En un asunto de contornos similares esta corporación en sentencia de 8 febrero de 2007, expediente 6683-05, Actor: Luis Fernando Restrepo Rodríguez con ponencia del Dr. Jaime Moreno García, preceptuó en relación con la providencia de la Corte Constitucional:

(…) “1. La vinculación de personal numerario es una forma excepcional en la administración pública y supone, siempre, el cumplimiento de labores transitorias, bien para suplir la vacancia en caso de licencias o vacaciones de los funcionarios titulares o bien para desarrollar labores de carácter netamente transitorio.

2. El término de duración de la designación no está limitada, pues es la finalidad de la actividad la que determina su permanencia, sin olvidar que la facultad que tiene el nominador para atender necesidades excepcionales del servicio público no puede implicar de manera alguna que se conforme una nómina paralela

3. La vinculación de supernumerarios no es óbice para eludir el cumplimiento de las prestaciones sociales legales”.

En consecuencia, en relación con La vinculación del personal supernumerario se concluye que: (i) no puede ser utilizada para evitar el cumplimiento de las prestaciones sociales legales, (ii) su duración no puede ser limitada, pues la contratación la determina la permanencia de la actividad a desarrollar, y (iii) su utilización debe ser de carácter excepcional.

De los efectos de la sentencia de inexequibilidadfrente a situaciones jurídicas no consolidadas.

La Corte Constitucional ha señalado que “los efectos de los fallos de inexequibilidad rigen para el futuro, salvo que esta misma Corte determine lo contrario(1), pero aún en este último evento la responsabilidad de aplicar tales decisiones en los procesos en curso radica única y exclusivamente en el juez de la causa”(2), una vez la providencia se encuentre ejecutoriada(3).

En Sentencia T-401 de 1996 la Corte Constitucional al decidir una tutela señaló:

“(…) Luego, salvo excepciones expresas señaladas por la misma Corte, en principio los fallos de inconstitucionalidad tienen efectos pro-futuro y respetan la presunción de legalidad de los actos cumplidos al amparo de la norma declarada inexequible.

(...).

Ahora bien, el entendimiento cabal de los efectos pro-futuro del fallo de inconstitucionalidad implica el estudio de tales efectos frente a situaciones jurídicas en curso, estudio que cobra importancia en el caso bajo examen, toda vez que la desvinculación del servicio de las personas que demandaron las respectivas resoluciones, no podía considerarse como una situación jurídica consolidada, mientras no fuera formalmente decidida mediante sentencia ejecutoriada. No cabe duda de que el fallo de inexequibilidad es inocuo frente a situaciones jurídicas plenamente consolidadas dentro de su vigencia. Admitir la posición contraria sería avalar la retroactividad de la sentencia, es decir su aptitud para desconocer derechos adquiridos. Pero frente a aquellas situaciones no consolidadas o situaciones jurídicas en curso, cabría sostener dos posiciones irreconciliables, pero igualmente respaldadas en principios jurídicos válidos.

En efecto, puede decirse que la aplicación del fallo, a semejanza de lo que en veces se predica de la ley, es de efecto general inmediato, o que tiene efectos retrospectivos, es decir que se aplica a situaciones jurídicas en curso en el momento de ser proferido; ello no implica su retroactividad, justamente porque las situaciones jurídicas en curso no tienen la virtualidad de consolidar derechos adquiridos (…).

(…) La sentencia de inexequibilidad, por regla general, produce efectos hacia el futuro, esto es a partir de la decisión que sustrae del ordenamiento jurídico la norma acusada, las situaciones jurídicas que se hubieren consolidado con aplicación de la disposición declarada inexequible conservan plena validez; por esto las consecuencias de la declaratoria de inexequibilidad solo recaen sobre los efectos futuros de la norma acusada y no sobre aquellos que alcanzó a producir cuando estuvo vigente, de manera que no se afectan las situaciones jurídicas anteriores”.

En el caso examinado, el demandante fue vinculado al hospital como supernumerario, a partir del 16 de septiembre de 1994 y su último nombramiento fue el 31 de diciembre de 1995, por 89 días, con fundamento en lo establecido en el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, disposición que se encontraba vigente, para la fecha de su vinculación como supernumerario, pues su desaparición del ámbito jurídico se produjo con la declaratoria de inexequibilidad mediante Sentencia C-401 del 19 de agosto de 1998.

La vinculación del actor fue antes de proferirse la sentencia de inexequibilidad, ahora bien, no se puede predicar que se trata de una situación jurídicamente consolidada, pues el demandante expresó su inconformidad a la administración por causa del no reconocimiento de sus prestaciones con sustento en el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad, la cual, fue resuelta negativamente, sin embargo, impugnó dicho acto ante esta jurisdicción, razón por la cual su juridicidad se encuentra en litigio.

La sentencia de inexequibilidad recaída sobre el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, conlleva la pérdida de fuerza ejecutoria de las decisiones administrativas que con fundamento en las normas declaradas inexequibles, se hayan proferido.

Así las cosas, una vez declarada la inexequibilidad desapareció el fundamento jurídico del artículo 83 del Decreto 1042 de 1978.

Bajo estos supuestos, si bien la declaratoria de inexequibilidad del artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, en los apartes referidos, de acuerdo con la Sentencia C-401 de 1998, tiene efectos hacia el futuro, ello no impide que el juez se pronuncie sobre la legalidad del acto acusado proferido con fundamento en disposiciones declaradas inexequibles, por cuanto es manifiesto que desde su origen, el acto nació viciado de inconstitucionalidad.

Con mayor razón cuando se está frente a una situación jurídica que se encuentra en controversia con posterioridad a la fecha de la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones que sirvieron de sustento a los actos administrativos de carácter particular que afectaron la situación del actor.

Del recuento probatorio citado anteriormente y con fundamento en los lineamientos legales y jurisprudenciales anteriores, la Sala confirmará la decisión del tribunal que reconoce a favor del actor las prestaciones solicitadas causadas en los periodos en cuales fue vinculado como supernumerario, enfermero, siendo el primero de los nombramientos el 16 de febrero de 1994 y el último el que se produjo el 31 de diciembre de 1995.

Ahora bien, la Sala manifestará sus reservas respecto al no reconocimiento de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculado el actor mediante contrato de prestación de servicios, sin embargo, en tanto la parte actora no apeló tal decisión, se impone para la Sala el límite establecido al juzgador de segunda instancia derivado del postulado de la no reformatio in pejus, razón por la cual no será abordado el asunto.

Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 19 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Rodrigo Yosa Sánchez contra el Hospital Universitario de Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo ESE.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión de la fecha.

Bertha Lucía Ramírez de Páez—Gerardo Arenas Monsalve—Víctor Hernando Alvarado Ardila

Sábana - acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Sala de 25 de febrero de 2010

(1) Radicado Interno: 0603-2009

(2) Sujetos Procesales:

Actora: Rodrigo Yosa Sánchez

Apoderado: Óscar Manuel Valero

Demandado: Hospital Universitario de Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo ESE

Apoderados: Beatriz Losada Ramírez

(3) Tema: Contrato realidad-enfermero

Antecedentes:

• Fue vinculado al Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Huila (ESE), en el cargo de enfermero, a partir del 16 de septiembre de 1994.

• El 19 de octubre de 1998 solicitó al gerente del hospital demandado el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales

• Mediante oficio de 15 de diciembre de 1998, el accionado negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales.

• El 8 de febrero de 1999, el gerente del hospital profirió la Resolución 0221, en la cual, indicó la no revocatoria de la decisión del 15 de diciembre de 1998.

• El 5 de mayo de 1998 se suscribió acta de acuerdo en la cual, el director del hospital demandado, se comprometía a adelantar los trámites legales de conciliación, circunstancia no ejecutada por dicha entidad, por el contrario negó de plano los derechos legalmente reconocidos y consagrados en la ley.

(4) Actos demandados:

— Oficio de 15 de diciembre de 1998, proferido por el gerente del hospital departamental Hernando Moncaleano Perdomo, Neiva, Huila, que negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho.

— Resolución 0221 del 8 de febrero de 1999, por medio de la cual, el gerente del hospital Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Huila (ESE) resolvió el recuso de reposición contra la decisión anterior, confirmándola en todos sus apartes.

(5) Pretensiones:

— Reconocer y pagar las prestaciones sociales a partir del año de 1994.

(6) Contestación de la demanda:

• El demandante durante el tiempo que fue vinculado al hospital lo realizó a través de la modalidad de nombramiento como supernumerario y contratos de prestación de servicios, los cuales no dan lugar al reconocimiento y pago de prestaciones sociales.

(7) Decisión primera instancia: accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, (i) declarando la nulidad de los actos atacados, y (ii) ordenando pagar solo el valor de las prestaciones solicitadas correspondientes al periodo laborado como supernumerario, enfermero.

7.1. Argumentos:

• No se puede establecer que de las relaciones contractuales de prestación de servicios celebrados y ejecutados entre la entidad demandada y la parte actora se derive una relación laboral subordinada.

• El desconocimiento de las prestaciones sociales por parte de los empleados supernumerarios con vinculación transitoria a la administración pública resulta contrario a los principios rectores de las relaciones laborales y a la justicia que debe presidir dichas relaciones.

• Si bien en la época en que el demandante prestó sus servicios como supernumerario los apartes del artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 declarados inexequibles por la Corte Constitucional se encontraban vigentes, ello no implica, que en casos como el que nos ocupa se pueda disponer el reconocimiento de la prestación solicitada , pues no se puede considerar que exista una situación consolidada en vigencia de la norma inexequible, en la medida que mediante la demanda se ha cuestionado su legalidad y constitucionalidad.

(8) Recurso de apelación: Recurrió el demandado.

8.1. Argumentos

• La normatividad vigente y aplicable para el caso en litis, es el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, por cuanto, bajo su vigencia se generaron las situaciones fácticas descritas y probadas en este proceso.

• La sentencia que declara inexequible el artículo citado anteriormente es del 9 de agosto de 1998, es decir, posterior a la situación del demandante como supernumerario y no contiene la expresión de aplicación retroactiva.

(9) Proyecto del Consejo de Estado: Confirmar el fallo apelado

9.1. Argumentos:

• Con relación a la imposibilidad de reconocimiento de prestaciones al personal supernumerario vinculado por un término de tres meses o menos, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-401 de 1998 declaró inexequible el inciso 5º del precitado artículo 83 del Decreto-Ley 1042 de 1978 que consagraba esta prohibición.

• En relación con La vinculación del personal supernumerario se concluye que: (i) no puede ser utilizada para evitar el cumplimiento de las prestaciones sociales legales, (ii) su duración no puede ser limitada, pues la contratación la determina la permanencia de la actividad a desarrollar, (iii) y su utilización debe ser de carácter excepcional.

• La Corte Constitucional ha señalado que “los efectos de los fallos de inexequibilidad rigen para el futuro, salvo que esta misma Corte determine lo contrario, pero aún en este último evento la responsabilidad de aplicar tales decisiones en los procesos en curso radica única y exclusivamente en el juez de la causa”, una vez la providencia se encuentre ejecutoriada.

• La vinculación del demandante fue antes de proferirse la sentencia de inexequibilidad, ahora bien, no se puede predicar que se trata de una situación jurídicamente consolidada, pues el demandante expresó su inconformidad a la administración por causa del no reconocimiento de sus prestaciones con sustento en el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad, la cual, fue resuelta negativamente, sin embargo, impugnó dicho acto ante esta jurisdicción, razón por la cual su juridicidad se encuentra en litigio.

• La sentencia de inexequibilidad recaída sobre el artículo 83 del Decreto 1042 de 1998, conlleva la pérdida de fuerza ejecutoria de las decisiones administrativas que con fundamento en las normas declaradas inexequibles, se hayan proferido.

• Ahora bien, la Sala manifestará sus reservas respecto al no reconocimiento de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculado el actor mediante contrato de prestación de servicios, sin embargo, en tanto la parte actora no apeló tal decisión, se impone para la Sala el límite establecido al juzgador de segunda instancia derivado del postulado de la no reformatio in pejus, razón por la cual no será abordado el asunto».

(1) Sentencia C-113 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.

(2) Al respecto vale recordar que esta corporación (la C. Const.) en Sentencia T-401 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, consideró que aunque la Sentencia C-527 de 1994, haya indicado, “expresamente que los efectos del fallo solo se cumplirían hacia el futuro”, tal afirmación por razones de seguridad jurídica, implica, únicamente que “el fallo de inexequibilidad es inocuo frente a situaciones jurídicas plenamente consolidadas ”(...) Pero frente a aquellas situaciones o (sic) consolidadas o situaciones jurídicas en curso, cabría sostener dos posiciones irreconciliables, pero igualmente respaldadas en principios jurídicos válidos (...) que se aplica a situaciones jurídicas en curso” o que “la sentencia de inexequibilidad solo tendría efectos en frente de situaciones consumadas al momento de su notificación” es decir que no resulta aplicable a situaciones jurídicas en curso”.

(3) Sentencia C-739 de 2001.