Sentencia 1999-00838/30413 de marzo 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION A

Proceso 520012331000199900838 01

Interno 30413

Consejero Ponente (E):

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Carlos Chamorro Ramos y otros.

Demandado:La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Referencia: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia.

Bogotá, D. C., doce de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia, comoquiera que se trata del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, el día 19 de noviembre del 2004.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes a la ocurrencia de la situación fáctica que habría dado origen a la supuesta responsabilidad del ente demandado, puesto que los hechos ocurrieron el 28 de julio de 1998 y la demanda se formuló el 20 de agosto del año 1999.

3. El material probatorio del proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales, se recaudaron los siguientes elementos de convicción:

- Registro de defunción del señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez en el cual consta que su deceso ocurrió el 28 de julio de 1998(10).

- Copia del protocolo de necropsia No. 033-98 expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, perteneciente al occiso Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez, en el cual se concluyó:

“Hombre adulto que muere por choque hipovolémico (anemia aguda) secundario a heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Probable manera de muerte: homicidio”(11).

- Copia de la descripción de heridas por proyectil de arma de fuego en el cuerpo del occiso Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez, expedido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Seccional Putumayo, en la cual se describen cinco orificios de entrada y cinco de salida(12).

- Testimonio rendido por el señor Delcio Fernando Casanova Murillo, el 20 de marzo de 2002 ante el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa, en despacho comisorio solicitado por el Tribunal Administrativo de Nariño. Relató:

“Eran las 11:28 de la noche de julio de 1998, yo iba para el barrio Independencia a comprar marihuana, cuando yo bajaba miré dos motos, no recuerdo qué color eran, en cada moto iban dos personas, al mirar a estos señores yo me escondí detrás de unas latas viejas y ellos pasaron, como a unos doscientos metros, miré que estos alumbraban hacia una casa, aceleraban y alumbraban, luego siguieron hasta una vía peatonal y pararon las motos y se encontraron con un drogadicto que le apodan El “Chimbe” algunas palabras cruzaron y pasaron, ubicaron una moto cerca al polideportivo y otra frente al bar Garibaldi, momentos después se escuchó a manera de unas ráfagas, simultáneamente el comentario y la alarma de que mataron al Chamorro y efectivamente salimos a mirar y allí se encontraba en el piso, aclaro que nosotros salimos minutos después, pero luego llegó la patrulla y se lo llevaron. Pero la persona que murió esa noche fue el señor Bolívar Chamorro Narváez. Esa noche había mucho movimiento de la Policía, a cada nada bajaban ellos a ese barrio. (…) la familia la miré muy triste, les dio muy duro, esto fue en general para toda la familia, padres, hijos. (…) El occiso en vida se dedicaba a pintar casas, trabajaba también en carpintería”(13) (se resalta).

- Testimonio del señor Vicente Orlando Casanova, rendido el 20 de marzo de 2002 ante el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa, en despacho comisorio solicitado por el Tribunal Administrativo de Nariño. Manifestó:

“Creo que era un poco más de media noche, yo me encontraba dentro de mi casa donde tengo mi negocio, cuando escuché que pasaban dos motos, al momento escuché dos tiros, yo me asomé para ver qué había pasado, cuando miré que pasaban las dos motos con las luces prendidas, voltearon, abrí la puerta y salí y como a los quince metros que alguien estaba en el piso y luego venía un carro, era una patrulla, lo recogieron y lo llevaron al hospital y de allí los comentarios al otro día que lo habían matado al señor Bolívar Chamorro eran los de la SIJIN. Miré que las motos eran grandes, iban con patrullero cada una. (…). Al día siguiente ya se confirmó la muerte del señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez. (…) El impacto fue grande, han sufrido mucho por la muerte de su hijo porque era un buen padre para con sus hijos, sus padres han sufrido mucho, lo visitan con frecuencia en el cementerio y la razón porque ellos eran muy unidos; lo mismo ocurre con sus hijos y esposa, porque él era que velaba por sus menores y esposa. (…) El señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez se dedicaba a la carpintería, a mí me hizo varios trabajos en madera, hacía camas, estantes y todo lo relacionado con la carpintería (…), el dinero que él se ganaba lo dedicaba a la manutención de su familia”(14).

- Testimonio del señor Héctor Alirio Mustafá Cerón, rendido el 20 de marzo de 2002 ante el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa, en despacho comisorio solicitado por el Tribunal Administrativo de Nariño. Narró:

“La muerte ocurrió de noche, yo supe al otro día que lo habían muerto, que fue cerca al terminal, no sé quién lo hizo ni por qué fue. (…) moralmente la muerte de Bolívar los destruyó a todos en general, pero en especial a sus padres e hijos, fue muy duro para todos ellos. (…) El señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez era carpintero, por varias ocasiones lo ocupé en mi taller de carpintería (…). El dinero lo empleaba en la sustentación de la familia, con eso pagaba arrendamiento y demás gastos del hogar”(15).

- Testimonio del señor Norberto Enrique Revelo Espinosa, rendido el 20 de marzo de 2002 ante el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa, en despacho comisorio solicitado por el Tribunal Administrativo de Nariño. Declaró:

“No recuerdo en qué fecha fue la muerte de Bolívar Ezequiel, pero sí fue en el barrio Independencia de aquí de Mocoa, creo que fue a eso de la una de la mañana, yo supe fue al otro día de haber ocurrido la muerte, desconozco lo demás, por comentarios se supo que habían sido los de la SIJIN, pero a mí no me consta. (…) el impacto moral muy duro para todos, en especial para sus padres, esposa e hijos, sufrieron mucho, se miró mucha tristeza en general. (…) El señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez se dedicaba o era ebanista, fue bombero, trabajó en el Banco Ganadero de Puerto Asís, jugaba fútbol (…) el dinero lo dedicaba a la familia, a los hijos, a la mujer, para los gastos de la casa”(16).

- Testimonio rendido por el señor Luis Alberto Madroñero Montenegro, el 20 de marzo de 2002 ante el Juzgado Civil del Circuito, en despacho comisorio solicitado por el Tribunal Administrativo de Nariño. Dijo:

“Respecto de la forma, lugar o quiénes lo mataron a Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez, no conozco nada. Supe de la muerte de él al otro día de haber ocurrido, cuando fui a verlo ya lo tenían en la casa de los padres de él. Preciso para el día que tenía que ir a trabajar a mi taller ya no llegó, me enteré por la gente que iba a mi taller y comentaban sobre la muerte de Bolívar, pero desconozco lo demás porque entre otras cosas casi no salgo. (…) En ellos, la familia Chamorro Narváez se miró mucha tristeza, mucho dolor, al fin era parte de su familia y ante todo por a muerte que el sufrió (…). El señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez era carpintero de profesión (…); el dinero lo dedicaba al sostenimiento de la familia, en estudio, alimentación, vestido de sus hijos y esposa”(17).

- Tres declaraciones rendidas por el señor Jesús Adalberto López Vallejo alias ‘El Chimbe’:

a) Ante la Fiscalía General de la Nación – Seccional de Mocoa, el día 7 de octubre de 1998. En esa oportunidad manifestó que sobre la muerte del señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez no sabía nada y pidió el favor que se lo excluyera de la investigación(18).

b) Ante la Fiscalía 39 de Mocoa, el día 11 de abril de 2001, ocasión en la cual narró:

“Yo vengo a declarar sobre la muerte de Bolívar Chamorro. Lo que pasa es que a mí esta Fiscalía me llamó a rendir declaración días después de los hechos, pero yo en esa declaración dije que no había mirado nada, porque sinceramente yo me encontraba amenazado, atemorizado porque en esos días yo estaba dedicado a fumar basuco, y ahora vengo a decir la verdad.

Esos hechos fueron el 27 para amanecer 28 de julio de 1998, me parece que era un día lunes para amanecer martes, siendo las 12:00 de la noche, hora en que me requisaron a mí, yo me encontraba en (…) el barrio la Independencia, (…) yo venía solo, me requisaron eran unos manes de la SIJIN, en dos motocicletas cada uno con parrillero, me dijeron que no anduviera solo y que no anduviera de noche, que me fuera para la casa a dormir, me dijeron que si no había mirado a Bolívar Chamorro yo les dije que no, que no lo había mirado, ellos salieron (…), al frente del bar ‘el Garibaldi’ pararon a una persona, pero en esos momentos no distinguí quién era (…), cuando yo miro que todos cuatro tipos mismos (sic) que había mirado antes en las motocicletas y que pertenecen a la SIJIN, se bajaron de las motos, lo arredondearon a él y miré que sacaron las armas, no sé qué clase de armas, pero eran cortas, armas de fuego, miré que lo amenazaban como queriéndole pegar con el arma en la cabeza, otros le daban patadas, pero no lo tiraron al piso. En ese momento me dio miedo (…) cuando ya llegando a la casa ya escuché los tiros, como 4 o 5 seguidos (…). Al otro día por la mañana, ya me entero que lo habían matado a Bolívar Chamorro y los hechos ocurridos ahí mismo donde yo lo miré que lo tenían (…).

Cuando a mí me requisaron como buscándome si tenía basuco, me pegaron una patada en el tobillo para que abriera las piernas, yo ya los distinguía que eran de la SIJIN a los dos manes que iban manejando las motos, los tengo bien presentes, no sé los nombres, yo los distingo muy bien porque ellos bajaban a hacer los allanamientos allá a las ollas, donde yo permanecía, yo los conozco de vista o físico, pero sí los puedo reconocer mediante fotografías, para lo cual debería pedirse el álbum fotográfico del año 1998 (…) PREGUNTADO: Sírvase manifestar sobre los parrilleros ¿qué nos puede informar sobre su identificación? Casi no les miré la cara y en la noche no los detallé bien, a los que puedo reconocer son a los que iban manejando las motos (…). PREGUNTADO: Hace cuánto que usted no mira a los autores de este ilícito? CONTESTÓ: cuando pasó esa muerte, como al mes sé que los trasladaron pero no sé a dónde, no volví a saber más de ellos. Antes de suceder esos hechos, como dos meses antes los distinguía a estos tipos, porque a cada rato bajaban al sitio expendedor de basuco, pegaban a la gente y todo, por eso yo los distinguía físicamente” (subrayas adicionales(19).

c) El 20 de marzo de 2002, ante el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa, en despacho comisorio solicitado por el Tribunal Administrativo de Nariño. Sostuvo:

“Me encontraba en el barrio Independencia de Mocoa, en la parte baja, me requisaron cuatro personas, hombres que trabajaban en dos motos, se identificaron como agentes de la SIJIN, no me mostraron ningún documento, portaban armas, eran revólveres, me preguntaron por Chamorro, yo les contesté que no los había visto, ellos me dijeron ‘hacete el loco’, nuevamente les contesté ‘yo no lo he visto sinceramente’, me dijeron como detallándolo ‘el que tiene la mujer bonita’, y así les afirmé tres veces, los miré enojados parecía que me iban a coger a punta pies, dos de ellos se devolvieron en una moto, y los otros dos siguieron en dirección contraria, yo seguí y los miré que volvieron a salir a la calle que conduce al puente, luego se regresaron, y en ese ir y volver, en ese trayecto, lo miré a Bolívar Chamorro Narváez que se encontraba cerca o al frente del bar Garibaldi, sobre la calle que conduce a la plaza de mercado y miré como los mismos hombres que me habían requisado a mí, pararon a Bolívar Ezequiel y lo pusieron en alto, le pegaron y luego le dispararon, me encontraba como a cincuenta metros, se encontraba completamente iluminado el lugar en el que lo mataron, eran como las doce y cinco minutos, eso fue 27 a amanecer 28 de julio, no me acuerdo el año. En ese momento y a esa hora eran las dos motos las únicas que transitaban en esa noche, pero fueron dos de ellos en una de las dos motos que interceptaron a Chamorro y los que le dieron muerte, los otros dos en la otro moto se escuchaban por ahí cerca en la cuadra como esperándolos, yo miré todo. Después que le dispararon salieron rápidamente con dirección hacia la Villa Olímpica (…). Una vez que ellos se fueron me fui para mi casa. Al otro día la muerte de Bolívar ya era confirmada. Preguntado: ¿podría decirle a este Despacho si usted los había mirado antes, en caso afirmativo en qué lugar y en qué circunstancias y si es del caso, si pertenecen a la institución que ellos mismos manifestaron pertenecer? Contestó: a estos señores los había o siempre los miré aquí en Mocoa, alguna vez me llevaron hasta la SIJIN y ellos estaban allá, también los había mirado antes haciendo el recorrido en el barrio La Independencia, también los miré en el centro de Mocoa. En el barrio La Independencia pasaban hasta dos veces en la semana, en razón de que allá venden vicio. (…) Después de lo ocurrido, yo me refugié en mi casa por el temor de que me fueran a matar por haber estado esa noche por allí cerca al lugar y porque a mí me preguntaron por él. A mí me afectó mucho. Para el momento de los hechos me encontraba en sano juicio. (…) La muerte de Bolívar causó mucha tristeza en la familia, ante todo en los padres e hijos, así me contó mi madre quien fue al entierro, yo no fui por temor (…)” (se subraya(20).

- Testimonio rendido por el señor José Alberto Guerrero Erazo, el 20 de marzo de 2002 ante el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa, en despacho comisorio solicitado por el Tribunal Administrativo de Nariño. Manifestó:

“La muerte del amigo Bolívar Chamorro ocurrió el 28 de julio de 1998, eso fue pasadas las doce de la noche, en el barrio La Independencia de Mocoa, el sitio exacto, frente o cerca al bar Garibaldi. Yo me encontraba en el sitio cerca a la casa de Doña Dominga, salía de visitar a mi novia Claudia Trujillo, en la salida, en la boca-calle miré una moto, esa moto era de la SIJIN, los había mirado antes, siempre los había mirado allí porque siempre iban al barrio a perseguir a los drogadictos, por eso eran conocidos. Ese día bajaron por una boca-calle y me escondí tras una pilastra porque temía que ellos me hicieran alguna cosa porque siempre que ellos iban estropeaban o se llevaban al que sorprendieran, lo pateaban y lo llevaban. Ellos bajaron y volvieron a salir, llegaron hasta el puente, luego se regresaron, el señor Bolívar venía por la calle que conduce a la plaza de mercado pero con dirección a salir a la calle que conduce al puente, ellos al parecer lo miraban a Bolívar que venía por la calle, se detuvieron luego se regresaron y pararon a Bolívar como a mitad de la calle, uno de ellos, el parrillero se bajó, le disparó a Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez, él no cae en el lugar que le disparan, camina un poco y luego cae, fueron varios disparos. Bolívar Chamorro, después de andar unos treinta metros cayó y como a los cinco minutos llegó la camioneta de la Policía Nacional, lo levantaron, se corrige no sé qué ocurrió, si lo levantaron o no, porque yo me fui del lugar para la casa. Yo me encontraba como a unos cien metros de distancia, el lugar donde le dieron muerte estaba completamente iluminado. Los individuos de la moto huyeron con dirección hacia la Villa Olímpica, desde el sitio donde me encontraba sólo miré esa moto y a los individuos. Preguntado: ¿Podría decirnos aparte de lo ya manifestado el por qué los sujetos que le dieron muerte al señor Bolívar Chamorro pertenecen a la SIJIN? Contestó: yo al igual que los demás compañeros y que consumían droga y que frecuentaban el sitio los distinguían ampliamente porque ellos iban cuando los sorprendían, los pateaban, los llevaban para la SIJIN, otras veces iban expresamente a buscar a alguien en especial. Cuando escuchaban o miraban las motos todos se escondían, hablo de los consumidores de droga, porque eses es el sitio donde se vende más droga. Preguntado: ¿usted podría describir físicamente a los dos individuos que le dieron muerte esa noche al señor Bolívar Chamorro. Contestó: Uno de ellos era como alto, churoso, acuerpado, el otro era de cabello liso, bajo, no recuerdo su tez (…) La muerte de Bolívar impactó a toda la familia, se los miraba muy tristes, lo mismo que a nosotros los futbolistas, el dolor fue en general. (…) Bolívar trabajaba en carpintería, … con el dinero que se ganaba mantenía a su familia” (se resalta)(21).

- También se allegó al proceso, por parte de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía Treinta y Nueve Seccional Mocoa-Putumayo, copia de las diligencias procesales que reposan dentro de la investigación que se adelantó en la diligencia previa por los hechos ocurridos el 28 de julio de 1998 en los cuales resultó muerto el señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez.

El Código Contencioso Administrativo dispone, en materia de pruebas, que en los procesos seguidos ante esta Jurisdicción se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con sus normas, las del procedimiento civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración (artículo 168). De ese modo, cabe aplicar las normas del Estatuto Procesal Civil en cuya virtud se establece que las pruebas trasladadas son apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella (artículo 185).

Ahora bien, respecto de la referida prueba practicada en desarrollo de la diligencia previa por parte de la Fiscalía General de la Nación, debe tenerse en cuenta que la parte demandante, en el capítulo de pruebas de la demanda, solicitó oficiar a la Fiscalía 39 Seccional de Mocoa (Putumayo), para que remitiese a este juicio copia del aludido proceso. La anterior prueba se decretó en primera instancia, a través de auto del 31 de enero de 2002(22), para lo cual la Secretaría del Tribunal a quo libró, para tal fin, el correspondiente oficio 0807(23) y, en virtud de ello, la Fiscalía Treinta y Nueve Seccional Mocoa-Putumayo allegó al proceso copia de la respectiva investigación, tal como lo refleja el oficio 1389 de abril 10 de 2002(24).

Las pruebas que obran dentro de la referida investigación penal serán objeto de valoración probatoria en este proceso, dado que la propia entidad demandada, al contestar la demanda, coadyuvó todas las pruebas solicitadas por su contraparte(25).

Las pruebas que forman parte, entre otros medios de convicción, del aludido proceso investigativo son:

- Diligencia de levantamiento de cadáver del señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez, realizada por la Fiscalía General de la Nación, en el cual se registró que la fecha y hora de ocurrencia de los hechos fue el 28 de julio de 1998 a las 12:30 a.m. y describe las heridas producidas con arma de fuego, sin especificar calibre(26).

- Declaraciones rendidas ante la Fiscalía General de la Nación – Seccional Mocoa por los señores Carlos León, Germán Sigifredo y Franco Ariel Chamorro Narváez(27). También obra declaración de la señora Mera Edilma Chamorro Narváez ante la Unidad de Policía Judicial de Mocoa(28). Todos ellos son hermanos del occiso y demandantes del presente asunto.

Los señores Carlos León, Germán Sigifredo y Mera Edilma Chamorro Narváez dieron cuenta de aspectos de la vida de su hermano fallecido e hicieron manifestaciones respecto a comentarios que habían oído y conclusiones a las que habían llegado sobre la muerte de su hermano.

Por su parte, el señor Franco Ariel Chamorro Narváez manifestó lo siguiente:

“Esa noche para amanecer 28 de julio 98, como a las doce de la noche (…) me acosté (…) escuché inmediatamente unos disparos, yo salí a la calle para ver qué era lo que sucedía, al no ver a nadie me entré nuevamente a la casa, me acosté en la cama, al instante que yo me acosté me golpearon la puerta, yo salí y el joven Omar Yepes me fue a avisar de que habían herido a mi hermano Bolívar, salí corriendo junto con él y llegamos donde se encontraba el cadáver de mi hermano, ya muerto, al mismo tiempo que yo llego al sitio, estaba o llegó la Policía, buscándolo, diciendo que en qué lugar estaba el herido, refiriéndose a mi hermano, yo llegué, lo levanté un poco, pero un agente de esos dijo está vivo, entonces en el mismo carro de la patrulla de la Policía lo subimos y lo llevamos al hospital, entramos por urgencias, pero la doctora de turno dijo que ya estaba muerto, lo pasé al anfiteatro con el amigo que me fue a avisar Omar Yepes, lo dejamos en la morgue, nos dirigimos a la casa de mi hermano Silvio al barrio Huasipanga, y en el trayecto del hospital a la casa de mi hermano Silvio, encontramos a los cuatro tipos de la SIJIN, charlando en la casa de un suboficial de la SIJIN, no sé su nombre, pero vive en el barrio Obrero primera etapa, porque cuando levanté a mi hermano acá donde sucedieron los hechos, que fue en el barrio Independencia para trasladarlo al hospital, escuché ‘dijeron que era la SIJIN’, refiriéndose a quienes lo habían matado a mi hermano, eso dijo alguien que estaba en la novelería; era un aindiado, gordo, alto, y precisamente cuando fui donde mi hermano Silvio, este tipo que manifestó esto, estaba entre los cuatro agentes de la SIJIN donde el suboficial ese, tipo una de la mañana, al momento que le estaba contando a mi hermano Silvio lo sucedido, el gordo al que me refiero, sindicado y otro de la SIJIN, salieron para acá al centro (…) y la otra moto cogió hacia arriba (…) y no los miré más (…). (Omar Yepes) también es testigo de haber mirado a los 4 tipos de la SIJIN, parados charlando con el suboficial (…). Fiscal: Distingue usted a los 4 tipos perteneciente a la SIJIN, que se transportaban en motocicletas? Contestó: Yo los miré pero sé que son de la SIJIN, al único que lo distingo es al gordo alto, tez trigueña, los otros eran de mediana estatura, blancos, habían dos motos estacionando en casa del suboficial, eran motos pequeñas, una me parece que de color negro, la otra de color rojo o vino tinto, yo miré a ellos como a 25 metros, las motos cuando yo paso estaban prendidas en su funcionamiento, no tenían luces (…), el stop era lo único que alumbraba. Fiscal: Sírvase manifestar mayores detalles de la persona gorda, alta, tez trigueña, perteneciente a la SIJIN, mismo que observó usted entre los cuatro agentes de la SIJIN, que se encontraba dialogando en casa del suboficial de la SIJIN, barrio Obrero. Contestó: (…) de estatura ha de tener 1.80, gordo, pelo lacio, trigueño, tira más a indio que a raza negra, no sé cómo se llama ni nada, solamente lo miro que anda de civil, digo que es de la SIJIN porque lo he mirado en la oficina de la SIJIN. (…) fiscal: cree usted que estos tipos que me refiero en pregunta anterior (los 4 agentes que dice son de la SIJIN) sean los posibles autores de la muerte de su hermano o tiene que ver o tener algún vínculo con los hechos investigados? Contestó: Si porque los miraron el recorrido que hicieron, tanto el señor Casanova, como José Alberto Guerrero, porque ellos coincidieron con mis descripciones del alto, gordo, tez trigueña, aindiado, el que le disparó. (…). Fiscal: cómo se enteró usted sobre que José Guerrero era testigo presencial de los hechos aquí investigados? Contestó: porque él voluntariamente fue a la casa, como a los 5 días de haberlo enterrado, fue con un plano que él mismo hizo sobre el recorrido de cómo estaban las motos y él mismo me contó sobre lo que he dicho (…). Fiscal: quién de las cuatro personas que se movilizaban en motocicleta fue quién disparó y ultimó la vida de su hermano? Contestó: según versiones de José Alberto Guerrero, el tipo gordo, alto, trigueño, al que yo lo distingo fue quien disparó a mi hermano, este iba de parrillero de una de las motos”.

Aunque las declaraciones antes mencionadas, en principio, no podrían ser objeto de valoración a título de testimonio, puesto que las citadas personas son parte dentro del presente asunto, motivo por el cual, para que sus dichos tuviesen eficacia probatoria, debieron haberse surtido las etapas y requisitos que prevé la ley para la práctica del interrogatorio de parte, situación que no ocurrió en este caso, resulta que, como se verá más adelante, la Sala encontró que está frente a un caso de violación de derechos humanos y, en tal sentido, la valoración probatoria debe ser más flexible dadas las circunstancias de indefensión en que se encuentran las víctimas y la posición privilegiada de la entidad demandada, razón por la cual se le dará valor probatorio a la declaración del señor Franco Ariel Chamorro Narváez dado que fue un testigo directo de los hechos, lo cual guarda armonía con lo que ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre este temas, así(29):

“Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia.

Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas.

Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios.

Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, que al respecto ha señalado que en casos de responsabilidad por violación de derechos humanos, el juez goza de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba:

‘[L]os tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, [y] han evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia’(30).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en casos de violaciones a derechos humanos es el Estado quien tiene el control de los medios para desvirtuar una situación fáctica: “a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio”(31).

Bajo esos mismos presupuestos, en tratándose de casos de desaparición forzada y ejecuciones sumarias, comprendidos como violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana ha manifestado que por el hecho de que el Estado haya consentido tales eventos, el estándar probatorio le es más exigente, y por ello, le asiste una carga probatoria mayor: “La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados”(32).

Por otro lado, es importante señalar que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 175, permite que “cualesquiera otros medios de prueba que sean útiles para el convencimiento del juez” tengan la capacidad de acreditar los hechos objeto del proceso y, por lo tanto, el juez sin tener una tarifa legal podrá acudir a los medios de prueba que crea pertinentes para establecer los hechos de relevancia jurídica del proceso.

En consideración a los criterios de valoración expuestos, la Sala, teniendo en cuenta que el caso presente trata de graves violaciones a los derechos humanos, adecuará los criterios de valoración probatoria a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia efectiva.

En lo concerniente a las actuaciones adelantadas por los demandantes ante diversos organismos oficiales, a fin de que se investigaran y se sancionaran a los responsables; la Sala conferirá valor probatorio a estas actuaciones, las cuales, si bien, en lo respectivo a las manifestaciones allí consignadas, no constituyen una declaración de parte ni reúne las condiciones de un testimonio bajo las exigencias del Código de Procedimiento Civil, serán tenidas en consideración como elementos probatorios documentales y declarativos, que deberán ser contrastados con el conjunto de pruebas que obren en el proceso”(33) (negrillas originales).

- Declaración rendida el 21 de agosto de 1998 por el señor José Omar Delgado Trujillo ante la Fiscalía General de la Nación – Seccional Mocoa, en la cual manifestó:

“Yo vivo en el barrio La Independencia, a unos 30 a 50 metros del terminal hacia abajo, sobre la pavimentada, mejor dicho en seguida de nosotros queda el bar Garibaldi, que es en una esquina, esa noche estábamos durmiendo, cuando escuché unos disparos, pero fueron más de dos, del susto no le puse cuidado, nosotros de una nos despertamos, mi mamá de una dijo ‘mijo, mijo’ nosotros nos quedamos calladitos, envolvernos en la cama del susto cuando sentimos que alguien se quejaba, abrí la puerta, y miré a alguien que estaba caído como a 3 metros de la puerta de nuestra casa, más cerca a la puerta que entra mi hermano a la casa de él, al hermano que no llegaba, yo me acerqué y me di cuenta que era Bolívar Chamorro el herido, entonces ‘las putas’ que trabajan en el bar ese enseguida de mi casa, salieron también y lo estaban mirando al herido, que se quejaba duro, entonces al reconocer que era Bolívar, hermano de Ariel, que yo lo distinguía y como era cerca donde viven ellos decidí irle a avisar a Ariel de que el hermano estaba herido, yo golpeé la puerta, no me abrían y al rato abrió Ariel, le dije que venga a ver al hermano herido, me pidió el favor que se lo ayudara a alzar, en esas pasó el carro de la Policía que bajaba por el terminal, nosotros los llamamos y lo llevamos al hospital, cuando yo volví con Ariel, a ver al hermano, este ya no se quejaba, ya había muerto. En el hospital lo entramos a urgencias, le hicieron los exámenes pero ya estaba muerto, de ahí lo pasamos a la morgue. Después de esto lo acompañé a Ariel donde su hermano, que queda en el barrio Huasipanga para que le avisara lo sucedido, del hospital nos fuimos a pie hasta donde el otro hermano, en ese trayecto por detrás del casa solar del hermano Ariel, miré como a 4 o 3 personas, estaban afuera de la casa, en ese momento como pasamos rápido por donde estaban ellos, me parece que había una moto ahí, no me di cuenta si alguien estaba subido en esa moto, no los distinguí quiénes eran, pero cuando pasamos nosotros no nos dijeron nada, nosotros pasamos a una distancia de ellos como a 30 metros, la moto era como de esas Yamaha, no pude detectar el color”(34).

- Declaración rendida el 25 de agosto de 1998 ante la Fiscalía General de la Nación – Seccional Mocoa por el señor Pedro Pablo López, quien relató:

“Resulta que yo subía a mi casa no recuerdo el día ni la fecha, hace aproximadamente un mes más un día creo, eso fue de noche, como a las 12:45 de la mañana, yo subía por la oficina casa de Coldeportes, (…) en esas miré que estaba Chamorro Bolívar, estaba solo, me llamó, me dijo ‘Toro usted no tiene cliente para este mini equipo?’, me lo mostró porque ahí lo tenía, también tenía una licuadora electrónica, me había dicho el Chamorro que si lograba venderlo, nos repartiríamos la plata entre tres, pero la otra persona no me la mencionó, en esas él me dijo que me quedara ahí cuidando el equipo y esa licuadora, mientras él iba a las ollas del basuco a ver si lo podía vender, yo me quedé solo ahí con las cosas (…) ya pasaron como 45 minutos y nada que llegaba el Chamorro, y en vista de esto cogí la caja de cartón, la licuadora, la ropa y las fui a esconder por un callejón que hay en el Polideportivo, le puse una chuspa encima y unas hojas porque estaba lloviendo y bajé abajo a la hora como a buscarlo, mejor dicho no lo encontré (…) como a unos 60 o 70 metros donde estaba yo, miré que pasaron dos motos, con dos personas cada una, en total 4 personas (…) y miré que de una de las motos se bajó una persona pero no la pude distinguir, yo me asusté (…) porque era una persona desconocida, que uno no los ha mirado por allá abajo al fumar, y miré que Jairo Pantoja (…) se arrimó y charló con los de la moto, yo estaba mirando, ellos han de ver estado charlando como 5 o 10 minutos, luego se fueron por la parte derecha, los alcancé a mirar hasta donde se perdieron, en esas como a los cinco minutos escuché 4 tiros, por los lados del puente resulta que después de unos 6 minutos aproximadamente, miré que corría Hernán Pérez Chanchí, otro vicioso, me dijo ‘Toro Toro venga que mataron a Bolívar Chamorro’ (…), pensé y dije tal vez por el equipo le dieron al Chamorro y asustado me fui para la casa, me acosté un rato pensando entre mí, dije si voy a Coldeportes donde dejé escondidas las cosas me están esperando para matarme, dejé eso ahí hasta las seis de la mañana, cogí eso la caja y la ropa menos la licuadora, la dejé ahí mismo, lo de la caja y la ropa lo bajé para el barrio La Independencia, lo encargué en la casa de un señor que se llama Jesús (…)este señor Jesús se me negó a que me guardara la caja, resulta que luego de ver eso, al frente de él, donde una negra me había recomendado un equipo, le dije le expliqué cómo venía ese equipo, pero que si lo quería coger, que esperáramos 8 o 15 días para que lo coja, a ver si aparecía dueño, porque yo estaba asustado con ese equipo, en todo caso esta negra me recibió el equipo y la ropa en calidad de encargo, no hicimos negocios ni nada, yo me fui a dormir a la casa, pasé por el mismo sitio del polideportivo, y me llevé la licuadora eléctrica a la casa (…) como a las pocas horas como a las 10 de la mañana, se había entrado abusivamente a mi casa y sin permiso de nadie Hernando Guerrero llegó con la mujer Leonor Perafán, yo me encontraba durmiendo cuando me dice ‘Pablo dónde me dejaste la licuadora’, me levantó y le dije ‘cuál licuadora’ él me dijo ‘la licuadora eléctrica que te llevaste con el equipo de sonido’, (…) yo le dije que la licuadora estaba en tal sitio y la fue a sacar (…) y se fueron, ellos llegaron en moto, seguí durmiendo y como a las once y media llegó (sic) a mi casa dos de la SIJIN, no sé los nombres, pero los distingo bien, y llegó también Leonor Perafán con los de la SIJIN, abrieron a la fuerza la puerta (…) diciéndome que vamos atraer el equipo, que dónde lo había dejado, yo les dije que el Hernando ya sabía, los de la SIJIN decentemente me dijeron que me levantara, me vistiera y los acompañara a traer el equipo, fuimos con Leonor Perafán hasta la casa de ella a traer a Hernando y con él fuimos a traer el equipo donde la negra que lo había dejado encargado. Sacamos el equipo, toda la ropa, le entregué todo lo que había guardado yo, me llevaron a la SIJIN, luego como estaba enfermo con cólicos, dolor de riñones, la policía me llevó, me hospitalizaron esa noche en el hospital, al otro día me llevaron a la Fiscalía Local y de ahí a la cárcel hasta ahora. Fiscal: Sírvase manifestar si los hechos que ha narrado ocurrieron en la noche que ultimaron a Bolívar Chamorro. Contestó: Si, todo esto pasó la noche que mataron a Bolívar Chamorro. FISCAL: Sírvase manifestar qué día hicieron el robo en casa de Hernando Guerrero y quién. Contestó: Pues yo creo que fue esa misma noche que hicieron el robo porque el Hernando me dijo ‘anoche se me perdió el equipo’, pues el robo no sé quién lo hizo, pero en todo caso Bolívar Chamorro me entregó esa misma noche en Coldeportes y él me dijo que eso era entre 3, pero no mencionó el otro, conmigo eran los 3, si yo lograba vender eso cualquier cosa me daban a mí. Fiscal: Sírvase manifestar las características de las motocicletas que dice usted observó (…) Contestó: Me parece que ambas motos eran grandes, como Yamaha. Fiscal: ¿Pudiste reconocer a las personas que se movilizaban en ese vehículo? Conestó: No pude reconocerlas porque siempre estaba retirado y era de noche. Fiscal: ¿Si supiera usted quién dio muerte a Bolívar Chamorro, lo manifestaría a la Fiscalía? Conestó: Yo si supiera sí le dijera, él era buen amigo mío. Fiscalía: ¿Qué comentarios ha escuchado usted sobre los posibles autores, cómplices o auxiliadores de estos hechos? Contestó: No supe nada, como al otro día me cogieron no sé nada” (se resalta)(35).

- Declaración rendida por el señor Delcio Fernando Casanova Murillo ante la Fiscalía General de la Nación – Seccional de Mocoa, el día 23 de agosto de 1998, quien también rindió declaración ante el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa, la cual se transcribió previamente. La versión de los hechos es coincidente, sin embrago, es importante tener en cuenta unas narraciones adicionales que hizo en esta oportunidad frente a la ocurrencia de los hechos. Expresó lo siguiente:

“En cada moto iban dos hombres, eran de una estatura mediana, gordos, acuerpados, no eran flacos, y eran de pelo corto, bien peluqueados, bien bajito el corte, iban vestidos de camisa larga bien elegantes, nada más, yo los miré bajando, como vienen con la luz de la moto no los puedo ver bien (…) Preguntado: ¿Usted ha observado en otras ocasiones a estos sujetos? Conestó: En otras ocasiones no, es que yo no los miré el perfil de la cara (…) Preguntado: ¿Usted qué supo sobre el móvil de esta muerte? Contestó: Es que hay muchos comentarios, yo como trabajo en el baño de la terminal, allí entran varios Policías, entonces llegó un policía dijo ‘es que toca seguir matando más desechables’ y se rio y volvió y dijo ‘esta noche se mueren otros dos’ eso fue al otro día que mataron a Chamorro, y volvió y dijo riéndose ‘mentiras yo no se nada’. Otro comentario que se oye por ahí, pues según lo que dicen los pasajeros allí en el terminal, que él atracó a unos pasajeros que venían del Puerto o la Hormiga, atracó o les robó unas maletas, eso fue como a los tres días de la muerte de Chamorro. Otro comentario es que nos tienen en lista a todos los drogadictos y que nos matan para hacer limpieza, que no nos matan así en mortandad o sea así en grupos para no llamar la atención, para hacerlo disimuladamente, que hay una lista en la que estamos todos los drogadictos y de esa lista va por orden (…) una vez a mí ya me quisieron subir a un carro los de la SIJIN, hace como un año, a las tres de la mañana al frente de la casa de don Hugo Cuéllar y salió don Hugo y me defendió, él es amigo mío y de mi papá también, él salió y gritó ‘hey, qué ya lo van a matar?, déjenlo’, entonces ellos voltearon a mirar, se asustaron y me soltaron (…) Preguntado: ¿Si usted volviera a mirar las motocicletas o a las personas que dice rondaron en el barrio la Independencia la noche de la muerte de Bolívar Chamorro, estaría en condiciones de reconocerlos? Contestó: No (…) Preguntado: ¿Tiene algo que agregar, corregir o enmendar? Contestó: Pues yo quiero dejar algo en claro, que a mí no me constan los sicarios, pero hace alguna semanas, no tengo presente cuántas porque mantengo elevado, llegaron unos manes de la SIJIN (…) y me dijeron ‘vos nos estás haciendo quedar mal diciendo que nosotros hemos matado a ese man’, y yo les contesté ‘yo no les he dicho nada’, quiero dejar constancia de eso por si de pronto alguna cosa (…) PREGUNTADO: ¿Cuál cree usted sea la razón para que estos agentes de la SIJIN se hayan aproximado a usted a decirle eso? CONTESTÓ: Porque de pronto a ellos les echan la culpa de esa muerte, entonces ellos me recriminaron a mí, como para que no los haga quedar mal de las muertes que hay por allá (…). De los autores no puedo decir quiénes son, si los hubiera mirado bien de cerca y visto que eran de la SIJIN, sí diría, pero no los miré de frente, el Chimbe sí los miró, yo no los miré como los miró el Chimbe y conversó con ellos” (se resalta)(36).

En este punto, para la Sala es importante destacar la diferencia entre el testimonio de oídas y el testimonio directo y cómo deben ser valorados dentro de un proceso judicial, a efectos de estimar el dicho del señor Delcio Fernando Casanova Murillo, quien en sus declaraciones desarrolló ambas clases de testimonio.

Pues bien, primero que todo, el testimonio directo proviene de una persona que presenció los hechos y dio cuenta de ellos, mientras que el testimonio de oídas procede de quien escuchó a otra persona sobre lo que declara, es decir, que no fue testigo de lo que sucedió, de forma directa –como su propia palabra lo dice-, sino que da cuenta del dicho de otra persona.

Al respecto, esta Corporación ha dicho lo siguiente:

“Sobre los testimonios, el Titulo XIII – Capitulo IV del C.P.C., establece que es un medio de prueba que reside en la declaración o relato que hace un tercero, sometido a interrogatorio, de los hechos que se le pregunten y de los que le consten o tenga conocimiento, previa identificación y bajo la exigencia de jurar no faltar a la verdad so pena de incurrir en las sanciones penales que por el punible de falso testimonio contempla el Código Penal, y con las excepciones previstas en la Ley.

Adicionalmente, debe preverse que dicha percepción puede ser directa, porque el testigo presenció los hechos y los aprehendió mediante el uso de sus sentidos, generalmente, sus 5 sentidos, o puede tratarse del conocimiento que el testigo tiene de los hechos por lo que le escuchó decir a otro, de manera que el declarante carece de percepción directa y narra en sus propios términos el dicho de otra persona o lo que oyó sobre lo que otros dijeron, en cuyo caso se acentúan las dificultades del testimonio, anteriormente enunciadas”(37)(se resalta).

Ahora bien, en relación con la valoración probatoria que el Juez debe hacer respecto de los testimonios de oídas, la jurisprudencia de la Corporación ha dicho que si bien debe ser valorada en conjunto con los demás medios de prueba que obren en el proceso, bajo las reglas de la sana crítica, como cualquier otro medio de prueba, lo cierto es que debe hacer un estudio especialmente riguroso cuando se trate de dichos de personas que no estuvieron presentes en el momento de los hechos, pues su testimonio deviene del dicho de otra persona y ello debilita su testimonio. Sobre este particular la Sección Tercera se ha manifestado de la siguiente manera:

“[C]omo ocurre con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley, la valoración del testimonio de oídas deberá realizarla el juez de manera conjunta con los demás elementos probatorios que hubieren sido oportuna y regularmente acopiados en el proceso, con el agregado de que en estos casos debe tenerse especial cuidado para efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso con el fin de evitar que los hechos a los cuales se les otorgue credibilidad resulten finalmente distorsionados por el proceso de comunicación a que se encuentra sometida una declaración de tal naturaleza, puesto que es evidente que el relato de los hechos que realizará el testigo de oídas no dirá relación con aquellos que él hubiere percibido de manera directa sino que se referirá a hechos respecto de los cuales tuvo conocimiento de manera indirecta, por la referencia o transmisión que sobre los mismos le hubiere efectuado otra persona.

Precisamente para evitar que los hechos lleguen alterados al conocimiento del juez, como resultado de la transmisión que ha de ocurrir acerca de la versión de su acaecimiento cuando el conocimiento sobre los mismos se obtiene a través de testimonios indirectos o de referencia, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos de importancia, i). las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii). las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii). la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv). la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado que aquel que corresponda al grado sucesivo por ser el resultado de haber escuchado a otro relatar unos hechos de los cuales dicho tercero tuvo conocimiento por el relato que, a su turno, recibió de otra persona y así sucesivamente.

En ese sentido resultará particularmente importante que el juez relacione y, si fuere posible, coteje la declaración del testigo de oídas con el resto del conjunto probatorio para efectos de verificar la coincidencia y la consistencia de tal declaración con los aspectos fácticos que reflejen o evidencien los demás medios de prueba legalmente recaudados.

Si ab initio el juez advierte la existencia de diversos medios probatorios para acreditar la ocurrencia de unos mismos hechos y la posibilidad de recaudar uno o varios de ellos, naturalmente ha de preferirse el acopio de las pruebas originales, esto es aquellas que den cuenta de los hechos respectivos en forma directa y sin intermediación alguna, sin embargo ante la ausencia o la imposibilidad de disponer de otras pruebas, resulta claro que el testimonio de oídas constituirá una herramienta importante para que el juez pueda cumplir su ardua y compleja tarea de buscar la verdad con el propósito fundamental de llevar a cabo su muy noble y delicada misión de administrar justicia” (se subraya)(38).

De esta manera, se debe dejar claro que el señor Delcio Fernando Casanova Murillo, en la mayor parte de su declaración dio cuenta de unos hechos que presenció y frente a ellos se puede catalogar como un testigo directo. No empero lo anterior, en cuanto expresó “Otro comentario que se oye por ahí, pues según lo que dicen los pasajeros allí en el terminal, que él atracó a unos pasajeros que venían del Puerto o la Hormiga, atracó o les robó unas maletas, eso fue como a los tres días de la muerte de Chamorro. Otro comentario es que nos tienen en lista a todos los drogadictos y que nos matan para hacer limpieza”, ha de concluirse que asumió la condición de un testigo de oídas, ya que relató unos hechos a partir de la descripción que hicieron otras personas.

La Sala observa que ese dicho da cuenta de “unos comentarios”, sin identificar plenamente a la persona o personas que en calidad de fuente le transmitió o transmitieron esa información, aspecto que, como se vio, es necesario para que el juez le de valor a los testimonios de oídas.

- Declaración rendida por el señor Jaime Hernando Vitery, ante la Fiscalía General de la Nación – Seccional Putumayo el día 28 de agosto de 1998. Narró lo siguiente:

“[A]hora estando en la cárcel escuché a un indigente, a Manuel Pinchao, es convicto, fuma marihuana también, decía que a Bolívar Chamorro lo habían matado por robarse un equipo de sonido, pero él, el Pinchao, me dijo que un tal Toro, Pedro Pablo Toro, que él se había robado el equipo de sonido, y aprovechando la muerte de Bolívar Chamorro, en paz descanse, lo quería involucrar a él, a Chamorro, porque ahora que está muerto lo mete a él, busca disculpa ante él, más el señor Manuel Pinchao sabe toda la verdad que Toro se robó el equipo de sonido. El señor Pedro Pablo Toro siempre ha sido amigo de lo ajeno, más Bolívar Chamorro no, él trabajaba para conseguir su droga (…). Preguntado: sobre los móviles y autores del homicidio de chamorro, que ha escuchado usted? Contestó: Una versión es que al hombre lo mataron por limpieza de que iban a hacer sobre la drogadicción, otra escuché por el equipo de sonido que el Toro lo había incluido…”(39).

- Declaración rendida por el señor Nelson Delgado Garnica, ante la Fiscalía General de la Nación – Seccional Putumayo el día 28 de agosto de 1998, en la cual manifestó no conocer nada sobre los hechos materia del presente litigio(40).

- Declaración rendida por el señor Jesús Manuel Pinchao Chávez, ante la Fiscalía General de la Nación – Seccional Putumayo el día 28 de agosto de 1998. En ella declaró:

“Resulta que a Bolívar Chamorro lo mataron el 28 de julio en la noche, el día lunes antes de la muerte, el Toro, no sé el nombre ni el apellido, pero él está detenido en la cárcel judicial, me dijo este como a las 8 o 9 de la noche, me invitó a que nos fuéramos a robar un equipo de sonido, en una casa al frente de bomberos, como a las ocho y media como habíamos quedado en que yo lo esperaba cerca de la casa, cuando ya fui él ya había sacado el equipo de sonido y seguramente se había venido con el equipo y lo había culpado al finado Chamorro, diciendo que él era el del robo y el finado Chamorro no debía nada, era inocente, el finado Chamorro murió por culpa del Toro, este Toro había culpado a uno y a otro (…) Pues a mí mismo me dijo el Toro, esa misma noche que robó el lunes, como a las diez y media me lo encontré en la olla y me dijo que el que se había robado el equipo era Chamorro, yo le dije que deje de ser mentiroso porque yo a Chamorro lo conocía desde hace mucho tiempo y a él nunca le gustó robar, fumaba pero pedía las cosas”(41).

- Declaraciones rendidas por las señoras María del Carmen Rosero Erazo y Graciela Arroyo ante la Oficina de Policía Judicial de la SIJIN – Departamento de Policía Putumayo el día 28 de julio de 1998. Hablaron sobre el hurto de unos elementos ocurrido ese mismo día, sin mayor detalle alguno(42).

- Declaración rendida por el señor José Omar Delgado Trujillo ante la Policía Judicial de Putumayo el día 1 de septiembre de 1998. Manifestó:

“Pues yo estaba durmiendo y cuando escuché los tiros fue que me desperté y me levanté y salí a la calle fue porque el man se quejaba y las muchachas del gril (sic) llamado Garibaldi salieron a mirar entonces nos pusimos a ver quién era el muchacho, nos dimos cuenta que él era conocido, entonces me fui a buscar al hermano para avisarle, cuando encontré al hermano del muchacho entonces bajamos y todavía se encontraba ahí tirado, al momentico de eso pasó la patrulla de la policía que andaba en el carro, entonces lo alzamos y lo echamos en el carro de la policía y nos fuimos a dejarlo en el hospital(43).

- Dictamen No. 0917.98. LBA.RB realizado por el Laboratorio de Balística Forense de la Dirección Regional de Bogotá del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se concluyó lo siguiente:

“Los dos proyectiles incriminados calibre 38 SPL, remitido para estudio, son de los comúnmente disparados en armas de fuego tipo revólver de funcionamiento mecánico calibre 38SPL. La marca de arma más común en nuestro medio con ánima de seis estrías con sentido de rotación derecho es Llama.

Observación: Los proyectiles son disparados y las vainillas son percutidas. La posible distancia de disparo se da con base en el estudio del cadáver o de las prendas”(44).

- Estudio de las diligencias previas adelantadas por un supuesto delito de homicidio, realizado por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Mocoa Putumayo – Fiscalía Treinta y Nueve Seccional el 16 de abril de 1999, mediante el cual concluyó abstenerse de abrir instrucción penal, ordenando archivar la diligencia, pues no se logró identificar a uno solo de los autores materiales de esos hechos(45).

- Diligencia de reconocimiento de fotografías realizada por el señor Jesús Adalberto López Vallejo, en calidad de testigo de los hechos, ante la Fiscalía 39 de Mocoa, el 17 de abril de 2001, en la cual se consignó:

“Se procede a ponerle de presente al testigo el álbum fotográfico que la oficina de talento humano del Departamento de Policía Putumayo ha dispuesto a disposición para llevar a cabo esta diligencia. Se trata de dos (2) acetatos, el uno contiene 20 fotografías y el otro 4 fotografías, de miembros pertenecientes a la SIJIN para el mes de julio de 1998. Acto seguido procede el Fiscal a interrogar al testigo para que manifieste en forma clara que dentro de los acetatos que se le ponen de presente, se encuentran las personas que dice reconocer como las autoras del delito de HOMICIDIO, cometido en la persona de Bolívar Chamorro, CONESTÓ: Sinceramente de los acetatos que se me ponen de presente con las fotografías no es ninguno de los que manifiesto y los reconozco como los autores del homicidio de Bolívar Chamorro”(46).

4. Responsabilidad de la entidad demandada.

De conformidad con las pruebas documentales antes descritas, la Sala encuentra probados que:

- El señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez falleció el 28 de julio de 1998 a las 12:30 a.m. (Folios 37, 103-105 C. 1).

- El deceso fue provocado por heridas producidas con proyectil de arma de fuego (folios 67-68).

- Se encontraron en el cuerpo del occiso cinco orificios de entrada y cinco de salida causados con proyectil de arma de fuego, es decir que se trató de cinco disparos (folios 69-70).

Con lo anterior, la Sala considera acreditado el daño alegado por los demandantes -la muerte del señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez-, razón por la cual entrará a estudiar si le resulta atribuible al Estado, como consecuencia de la participación de miembros de la SIJIN -Policía Nacional- en la ocurrencia de los hechos, según plantea la demanda.

De manera previa, la Subsección estima importante analizar si resulta en este caso procedente valorar los testimonios rendidos por personas que padecen drogadicción, dado que en este proceso obran declaraciones de personas que, según sus propios relatos, presentaban adicción a la marihuana y/o basuco.

En cuanto a la capacidad mental en el momento de la percepción de los hechos sobre los cuales versa el testimonio, ha dicho un doctrinante nacional de reconocida prestancia:

“Cuando los hechos hayan sido presenciados por una persona que tenga deficiencias mentales o que se encuentre embriagada, o bajo los efectos alucinógenos (en el momento de la percepción), el juez debe valorar esos testimonios, no sólo en sí mismos considerados, relacionando sus distintas partes sino también relacionándolos con los demás medios de prueba. Sin ese estudio no se les puede atribuir valor. Si resultan contradictorias, confusas, rebasando el sentido común o el buen criterio del hombre, hay que negarles valor probatorio”(47)(se resalta).

Pues bien, aunque en el presente caso no hay prueba sobre la condición en que se encontraban los testigos al momento de la percepción de los hechos, pues no obstante algunos de ellos -Delcio Fernando, Jesús Adalberto López, José Alberto Guerrero y Pedro Pablo López- manifestaron ser consumidores de droga, en ningún momento dijeron que se encontraban bajo sus efectos en el instante mismo de percepción de los hechos (es más, el señor Jesús Adalberto López manifestó que se encontraba “en sano juicio”), ha de tenerse en cuenta, según la cita que viene de hacerse, que en caso de que el testigo se encuentre bajo los efectos alucinógenos al momento de la precepción de los hechos, el juez debe valorar su testimonio en conjunto y relacionar su dicho con lo que indican los demás medios probatorios y, solo en el caso en que el juez lo encuentre contradictorio, confuso y carente de sentido común, podrá prescindir de él. Contrariamente, si resulta el dicho del testigo armónico en sí mismo y con los demás elementos de prueba existente en el proceso, habrá de dársele valor de convicción.

En relación con este mismo aspecto, la Corte Suprema de Justicia, en distintos procesos, se ha pronunciado en los siguientes términos:

“En el asunto materia de análisis, los demandantes cuestionaron el alcance probatorio de la declaración de Rodrigo López Gallego, por cuanto él mismo, en su narración, señaló que cuando vio la agresión por parte de José Alonso Vargas Toro y Diego Hernández Toro en contra de Henry Jaramillo Flórez se encontraba fumando marihuana y, por consiguiente, era imposible establecer qué grado de sanidad mental tenía al momento de presentarse los hechos. Igualmente, uno de los recurrentes sostuvo que debía desecharse tal testimonio por tratarse de la declaración de “un drogadicto que se convirtió en un fantasma”.

Respecto de esta última afirmación, es de anotar que (…) ni del hecho de que no se hubiera podido obtener la comparecencia posterior de Rodrigo López Gallego, ni de que esta persona haya reconocido ser un consumidor habitual de estupefacientes como el basuco o la marihuana, se puede extraer irregularidad sustancial alguna, por un lado, o desconocimiento de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, por el otro.

En otras palabras, no hay motivo razonable alguno para desestimar lo narrado por el testigo de cargo en atención a que se trata de un toxicómano que no volvió a declarar dentro de la actuación procesal”(48) (se resalta).

“Y en cuanto al segundo, le critica al Tribunal el que hubiera deducido que este testigo también había sido avasallado por el miedo y que por esta razón afirmó que en la primera oportunidad no había querido declarar por “encontrase drogado”. El defensor, tergiversando el contenido del fallo, acude a suposiciones emanadas de su propia subjetividad para afirmar que el juez de segundo grado hizo alusión a dicho sentimiento de temor para ocultar que el testigo se encontrara drogado, porque de lo contrario habría tenido que poner en tela de juicio su credibilidad. Nada más alejado del contenido de la sentencia, pues en ésta se dice claramente que “es preciso significar que el ser drogadicto o ladrón no constituye tacha legal que inhabilite un testigo para declarar, al estar desterrada del sistema que rige la valoración de la prueba su desestimación apriorística””(49)(se resalta).

“Y si era el caso de la versión rendida por Danilo Hinestroza, de nuevo y de manera imprecisa se dice que se distorsionó al afirmar que contra la verdad se le negó que era un conocido para Henry, pero que no se le creyó porque en la audiencia se retractó de los cargos y además se descubrió que era un drogadicto, lo que de una parte avoca a la misma contradicción prevista en el caso de los testigos parientes del occiso, y de la otra aborda al enfrentamiento entre el criterio interpretativo del actor y el que consignan los juzgadores en el fallo, desconociendo que el sistema de valoración impuesto por el ordenamiento procesal es el de la sana crítica del juez, y no uno tarifado”(50) (se resalta).

De los apartes jurisprudenciales transcritos anteriormente se puede inferir que la condición de drogadicto de un testigo no constituye razón ab initio para que el juez no pueda valorar su testimonio, toda vez que el sistema de valoración probatorio en Colombia es el de la sana crítica. Además que el ordenamiento jurídico colombiano no establece prohibición de hacerlo, sino sólo en aquellos casos en que, como se mencionó anteriormente, sean testimonios confusos o generen dudas en relación con su veracidad, lo cual también aplicaría frente a los testigos que no estén dentro de la condición de drogadicción.

En un mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en lo que tiene que ver con los testimonios de personas indigentes. Razonó entonces como sigue:

“Para tal objetivo se vale, incluso, de cuestionamientos que apuntan hacia su condición personal, como el hecho de haber sido indigente durante 18 años, lo cual lo lleva a calificarlo de persona con ‘una estructura de valores negativa’, en donde carece de lealtad, honra, justicia y verdad, además de proclive a cometer delitos y de ‘delincuente de la peor calaña’, reproche que va en contravía con un método de valoración racional de la prueba y con la misma jurisprudencia de esta Sala, según la cual estos aspectos no inciden necesariamente en la veracidad de un testimonio, como así se señaló en la siguiente determinación, cuyos apartes pertinentes oportuno se ofrece transcribir:

‘Si bien la valoración del testimonio involucra aspectos como la personalidad del declarante, no menos cierto es que el conjunto de valores morales o éticos que la integran no constituyen condición que por sí misma descalifique o acredite un testimonio, de modo que corresponde al juzgador deducir o aprehender la verdad bajo los parámetros de la libre persuasión, desechando lo que contraría la realidad probatoria y el sentido común’(51)(52) (se resalta).

“En cuanto a las críticas que formula al testimonio de Luis Fernando Cuartas “El Negro”, acerca de su idoneidad, condiciones físicas y mentales para declarar, su moralidad, sinceridad o veracidad, es de señalar que esos factores deben ser apreciados por el fallador y, en tanto no haya un motivo real y concreto para dudar de su dicho, no hay lugar a desecharlo por tratarse de indigente o de un reciclador. Es el juez quien decide acerca de su capacidad para percibir los hechos y comunicarlos, pues la ley no exige ninguna calidad especial que sea determinante en la aptitud para declarar” (53) (se destaca).

Como se ve, la Corte Suprema de Justicia no encuentra obstáculo para otorgarle valor probatorio a las versiones testimoniales rendidas por personas afectadas por adicción a las drogas o por personas calificadas como en estado de indigencia; será el juicio del juez, basado en la sana crítica, el que determine su validez.

De esta manera, aspectos como la credibilidad -que es la conducencia de la declaración-, la concordancia -entendida como la coherencia guardada con los demás medios de prueba-, la imparcialidad, el conocimiento pleno del tema respecto del cual dan fe, la razón de su dicho, la coherencia de sus afirmaciones, entre otros, son los que permitirán darle valor, o no, a los testimonios de personas que se encuentran en esas condiciones.

Pues bien, en el presente caso, como quedó anotado anteriormente, los señores Delcio Fernando, Jesús Adalberto López, José Alberto Guerrero y Pedro Pablo López, en las declaraciones que rindieron dentro del presente litigio manifestaron ser drogadictos, sin embargo, observa la Sala coherencia en la narración de sus testimonios y, además, la plena coincidencia con los demás medios de prueba, pues todos ellos mencionaron el mismo lugar de ocurrencia de los hechos, la misma hora, el mismo número de personas implicadas, el mismo número de disparos, la misma persona que interactuó con los autores del homicidio minutos antes de su ocurrencia y, en general sobre el orden cronológico de los hechos.

En conclusión, no se observan inconsistencias en sus declaraciones a tal punto que su condición de drogadictos permita entender que se encuentra comprometida la veracidad de sus dichos, motivo por el cual la Sala considera que sus declaraciones pueden ser valoradas como cualquier otro testimonio rendido por personas que no se encuentren en su misma condición(54).

A lo anterior, cabe agregar que todas las declaraciones obrantes en el encuadernamiento se presumen ciertas, es decir que tanto los hechos que relatan como las circunstancias que describen pueden ser tenidas en cuenta comoquiera que no fueron desvirtuadas, ni su dicho fue tachado de falso o sospechoso por la contraparte. Por lo demás, los testimonios recaudados en este proceso son conducentes, pertinentes, útiles, claros y coherentes; no se observa falta de concordancia ni de veracidad, pues, por el contrario, coinciden en lo fundamental.

Aclarado lo anterior, de conformidad con los testimonios obrantes en el proceso, la Sala ha encontrado probados los siguientes hechos:

-El lugar de ocurrencia de los hechos fue frente a un bar llamado “Garibaldi” del barrio La Independencia del municipio de Mocoa – Putumayo.

-En el homicidio estuvieron involucradas cuatro personas, quienes se transportaban en dos motos.

-Quienes le dispararon a la víctima, minutos antes, habían interactuado con el señor Jesús Adalberto López Vallejo, alias “El Chimbe”.

- La misma noche de la muerte del señor Bolívar Ezequiel, en el barrio la Independencia hubo un robo de un equipo de sonido y una licuadora.

Ahora bien, en cuanto a los autores materiales de la muerte del señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez, para la Sala resulta claro que fueron miembros de la SIJIN, por los argumentos que se pasan a exponer.

El señor José Alberto Guerrero Erazo, quien estuvo presente en el lugar y momento de los hechos, manifestó haber visto antes a las personas que asesinaron al señor Chamorro Narváez porque siempre iban al barrio a perseguir a los drogadictos; dijo que eran conocidos por eso; que él, junto con sus demás compañeros que consumían droga y que frecuentaban el sitio, los distinguían porque ellos los maltrataban y los llevaban a la SIJIN, que por eso afirmaba que eran de la SIJIN.

Por su parte, el señor Adalberto López Vallejo, alias “El Chimbe”, expresó que las personas que le dispararon al hoy occiso Chamorro Narváez, minutos antes de que el hecho ocurriera, le habían preguntado por la víctima y, al hacerlo, se habían identificado como miembros de la SIJIN y que además él los distinguía como tales; afirmó que a esas personas ya las había visto en Mocoa, que alguna vez que lo habían llevado a la SIJIN ellos estaban allá; que los había visto haciendo recorrido en el barrio La Independencia hasta dos veces por semana, que ellos le pegaban a los consumidores de basuco.

Cabe aclarar que el aludido testigo rindió tres declaraciones. La primera ante la Fiscalía General de la Nación el día 7 de octubre de 1998, ocasión en la cual adujo que no había visto nada; la segunda fue el 11 de abril de 2001 ante la misma entidad, pero esta vez se retractó y manifestó que la anterior declaración la había rendido presionado por amenazas y temores porque estaba entonces dedicado a fumar basuco; esta vez narró lo que había visto la noche en que murió el señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez y, la tercera, la rindió ante el Juez Civil del Circuito de Mocoa el 20 de marzo de 2002; de estas dos últimas declaraciones se extrajeron las anteriores afirmaciones que involucran a miembros de la SIJIN en la comisión de los hechos, las cuales si bien no fueron exactamente las mismas, pues hay detalles específicos en las narraciones que son diferentes, lo cierto es que se puede observar que son coincidentes en lo que concierne a los autores del homicidio y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, coinciden lo esencial.

Como se observa, los señores José Alberto Guerrero Erazo y Adalberto López Vallejo, alias “El Chimbe”, quienes vieron por última vez con vida al señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez y quienes se encontraban en el lugar y a la hora de ocurrencia de los hechos y vieron precisamente a quienes le dispararon, coincidieron en señalar que quienes participaron en el homicidio eran las mismas personas que habían visto antes haciendo recorridos por el barrio en calidad de miembros de la SIJIN, persiguiendo a personas que consumían drogas. También coincidieron en expresar el temor que sentían porque miembros de la SIJIN los mataran o les hicieran daño por haber sido testigos directos de la ocurrencia de los hechos, sumado a su condición de drogadictos que los hacía más vulnerables, manifestación que hacían toda vez que -se repite- los miembros de la SIJIN habían sido vistos persiguiendo a otras personas en esa misma condición de adicción a las drogas.

Por su lado, el señor Pedro Pablo López aseguró que el señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez, aproximadamente una hora antes de su fallecimiento, le había entregado un equipo de sonido y una licuadora para que los vendiera y se repartieran el dinero, que en ese momento le pidió el favor de que le cuidara las cosas mientras él iba a intentar venderlas al sitio donde consumían basuco; dijo el testigo que como el hoy occiso se había demorado tanto en regresar, él lo había ido a buscar pero no lo encontró, que lo que vio fue pasar dos motos con dos personas cada una, que a los cinco minutos escuchó cuatro disparos y a los seis minutos supo que habían matado a Bolívar Chamorro.

Declaró que al día siguiente en el que atacaron mortalmente a la víctima llegaron a su casa el señor Hernando Guerrero y su esposa Leonor Parafán a preguntar por el equipo de sonido y la licuadora que le habían robado la noche anterior; que después de más de una hora llegaron a su casa dos miembros de la SIJIN a preguntar también por los electrodomésticos, que se los quitaron y que lo llevaron a la SIJIN y después a la cárcel.

De esta declaración es importante destacar que al día siguiente al fallecimiento del señor Bolívar Ezequiel, dos miembros de la SIJIN hubieren ido a su casa a preguntar por los electrodomésticos que le había entregado el occiso momentos antes de su muerte, circunstancia que se torna sospechosa y que además le permite inferir a la Sala también el posible móvil que llevó a que los policías participaran en aquella muerte, pero sobre este punto se volverá más adelante.

Por su parte, el señor Delcio Fernando Casanova manifestó que miró cuando dos motos, con dos personas cada una, se le acercaron a alias “El Chimbe”, que cruzaron unas palabras y se fueron, que después escuchó como “unas ráfagas” y luego encontró al señor Chamorro Narváez muerto en el piso. Con ello, se refuerza el hecho de que el señor Adalberto López Vallejo, alias “El Chimbe” sí interactuó con las personas que acabaron con la vida del señor Bolívar Ezequiel instantes antes de su muerte. Indicó igualmente que aquella noche había mucho movimiento de la Policía en el barrio la Independencia.

También señaló el señor Casanova que él trabajaba en el baño de la terminal de transportes y que al otro día que murió el señor Chamorro Narváez había entrado un policía diciendo “es que toca seguir matando más desechables… esta noche se mueren otros dos”. Estas afirmaciones hechas por el policía concuerdan con la fecha en que asesinaron al señor Bolívar Ezequiel y con los testimonios de los señores José Alberto Guerrero Erazo y Adalberto López Vallejo, alias “El Chimbe”, quienes aseguraron que los autores materiales del homicidio fueron miembros de la SIJIN.

Asimismo el señor Franco Ariel Chamorro Narváez manifestó que después de haber llevado a su hermano al hospital, miró por el barrio a cuatro agentes de la SIJIN en dos motos y que uno de ellos, según la descripción que le hizo el señor José Alberto Guerrero, fue quien le disparó a su hermano. La declaración del señor José Omar Delgado Trujillo, quien estuvo con él aquel día, ratifica en parte esa declaración.

Los anteriores aspectos le permiten a la Sala determinar que quienes segaron la vida del señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez fueron agentes de la SIJIN, pues fueron varios los testimonios, rendidos por personas que presenciaron los hechos, que señalaron a miembros de la institución policial como autores del homicidio.

Aunado a lo anterior, es necesario tener en cuenta que en el presente caso resulta claro que los agentes de la SIJIN se valieron de su condición de miembros de la Policía Nacional para llevar a cabo el homicidio, pues, tal como lo relata el señor Jesús Adalberto López Vallejo, alias “El Chimbe” -quien, se repite, fue la persona con la que conversaron antes de la ocurrencia del hecho-, las personas que le dispararon al señor Narváez Chamorro se identificaron como agentes de la SIJIN al preguntarle por el paradero del occiso. Al respecto esta Corporación ha sostenido:

“… los daños antijurídicos que se causen devienen imputables a la administración pública, siempre y cuando se verifique que los funcionarios ejecutaron la respectiva acción en tiempo del servicio o prevalidos de la condición de miembros de la fuerza pública, o de circunstancias o nexos que configuran lo que se ha denominado ocasionalidad necesaria” (se resalta)(55).

Ahora bien, en cuanto a los móviles que tuvieron los miembros de la SIJIN para haber ejecutado el homicidio, la Sala encuentra indicios que permiten establecer que los policías asesinaron al señor Bolívar Ezequiel motivados por el robo de unos electrodomésticos que él habría realizado antes de su muerte.

Para llegar a dicha conclusión la Sala se apoya en la prueba indiciaria, respecto de la cual el Consejo de Estado ha dicho:

“En nuestro derecho positivo (arts. 248 a 250 CPC), los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos -como sí lo son el testimonio y la prueba documental- y no pueden ser observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales establece otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En otros términos, al ser el indicio una prueba indirecta que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso, tal construcción demanda una exigente labor crítica…”(56).

“Ahora bien, la existencia y convergencia de hechos indicadores, los cuales se encuentran debidamente acreditados, entraña una pluralidad simétrica de hechos indicados que corresponden a las conclusiones como producto de las inferencias, a partir de un número igual de hechos probados. Y es que como ya se sabe, el indicio se estructura sobre tres elementos: 1. Un hecho conocido o indicador, 2. Un hecho desconocido, que es el que se pretende demostrar, y 3. Una inferencia lógica a través de la cual, y partiendo del hecho conocido, se logra deducir el hecho que se pretende conocer.

(…)

Es el juzgador quien declara la existencia de un indicio, cuando establece un hecho indicador, aplica una o varias reglas de la experiencia e infiere lógicamente otro hecho indicado. Es el juez quien construye el indicio, en cada caso concreto”(57).

Pues bien, en el caso bajo estudio, como hechos conocidos o indicadores, la Sala encuentra:

1. El hoy occiso le entregó un equipo de sonido y una licuadora al señor Pedro Pablo López, alias “Toro”, minutos antes de que fuera asesinado.

2. Al día siguiente a la muerte del señor Chamorro Narváez, el señor Hernando Guerrero llegó a casa del señor Pedro Pablo López a reclamarle por una licuadora y un equipo de sonido que le habían robado.

3. Más tarde, agentes de la SIJIN llegaron también a casa del señor Pedro Pablo López a preguntar por un equipo de sonido.

4. El señor Pedro Pablo López entregó los electrodomésticos hurtados a los señores de la SIJIN.

5. El señor Pedro Pablo López fue llevado a la cárcel por estar implicado en el robo de un equipo de sonido.

6. El robo de un equipo de sonido y una licuadora ocurrió en la misma noche en que mataron al señor Chamorro Narváez.

7. El señor Jesús Manuel Pinchao Chávez le atribuyó a Pedro Pablo López la muerte del señor Bolívar Ezequiel, por haberlo culpado de un robo que éste no había cometido.

Así pues, los anteriores hechos indican que los miembros de la SIJIN que asesinaron al señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez, lo hicieron motivados por considerarlo autor del hurto de unos electrodomésticos que el señor Hernando Guerrero reclamaba como suyos.

Valga decir que, según el testimonio del señor Jesús Manuel Pinchao Chávez, el señor Pedro Pablo López lo había invitado a participar en el robo de un equipo de sonido la misma noche de la muerte del señor Bolívar Chamorro Narváez y que, según él, quien se lo robó no fue el hoy occiso, sino el señor López y que éste lo había culpado a aquél, sin embargo la Sala encuentra que ello es una suposición de este testigo comoquiera que hizo la siguiente afirmación: “cuando ya fui él ya había sacado el equipo de sonido y seguramente se había venido con el equipo y lo había culpado al finado Chamorro”, demostrando de esta manera falta de certeza sobre sus afirmaciones respecto del autor de dicho ilícito, a tal punto que no logra desvirtuar el dicho del señor Pedro Pablo López, pero lo que sí queda claro es que se presentó el robo de tales elementos y que independientemente de quién haya sido el autor del robo de los elementos señalados, si lo fue el señor Pedro Pablo López o el occiso Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez o cualquier otra persona, lo cierto es que, a juicio de la Sala, los anteriores hechos constituyen indicios que permiten establecer que los agentes de la SIJIN asesinaron al señor Chamorro Narváez por considerarlo autor del robo de un equipo de sonido y una licuadora, es decir que el hecho indicado en el presente asunto es el móvil del homicidio.

Ahora bien, aunque no se pudo establecer la identidad de quiénes le dispararon al señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez, lo cierto para la Sala es que las pruebas recaudadas permiten inferir que fueron agentes de la SIJIN, razón suficiente para encontrar responsable a la entidad demandada -Policía Nacional- por los hechos a que se contrae este proceso. Al respecto, la Sección Tercera ha dicho:

“La responsabilidad administrativa fundamentada en el artículo 90 de la Carta Política, consagra la obligación a cargo del Estado de responder patrimonialmente por todos los daños antijurídicos que cause, con la acción u omisión de las autoridades públicas, lo que significa que la responsabilidad del Estado no tiene que definirse previa comprobación de la conducta individual de sus autoridades. Por esto es que el citado artículo al referirse al daño causado con la acción u omisión de las autoridades públicas desecha de plano cualquier consideración sobre la conducta individual del servidor público que lesionó un bien jurídicamente tutelado(58).

“La jurisprudencia ha sostenido que el carácter anónimo es un elemento natural de la falla del servicio, dado que para estructurarla no se requiere identificar a las personas cuya conducta es constitutiva de la misma. La víctima puede imputar responsabilidad a la Administración sin tener que designar al funcionario que ha desarrollado la conducta, pues, la falta del servicio público puede resultar de las actuaciones de agentes determinados pero no identificados, y el hecho de que los agentes sean conocidos o no, no cambia en nada la responsabilidad estatal que queda comprometida cuando el hecho dañoso es imputable a la Administración. En consecuencia, tal como sucede en el caso concreto donde no se identificó por sus nombres a los agentes de policía que perpetraron el hecho, los elementos que están presentes, muestran que existen indicios serios que comprometen la responsabilidad de la administración”(59).

Habiendo llegado a la anterior conclusión, para la Sala es claro que esa muerte se trató de un caso de la mal llamada “limpieza social” por parte de agentes estatales, comoquiera que miembros de la SIJIN prevalidos de su condición de tales le dieron muerte al señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez por considerarlo autor del robo de unos electrodomésticos, quien además se encontraba en condición de adicción a las drogas, condición que lo volvía aún más vulnerable, dados los testimonios de los ciudadanos que dieron cuenta de las actividades sospechosas realizadas por los miembros de la SIJIN respecto de los drogadictos del barrio la Independencia.

Así pues, al haber atentado ilegítimamente contra la vida de una persona, la conducta de los agentes de la Policía Nacional constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos.

El Consejo de Estado, respecto de la inviolabilidad del derecho a la vida ha señalado:

“Nadie en Colombia se puede arrogar la facultad de definir (con fines de exterminio o de perdón) quien es útil, bueno y merece seguir con vida y quién es mal, inútil, “desechable”, y debe morir. Nadie, y mucho menos la autoridad.

Cuando la autoridad asume ese papel, pierde su basamento moral, y legal, y de protectora de la vida, honra y bienes de los demás (deberes y obligaciones que justifican su existencia) se convierte en la monstruosa dueña de la vida, de la honra y de los bienes.

Es el primer paso para la anarquía social y el mundo está plagado de esos ejemplos.

La ‘limpieza’ de un país, que conduce a los peores y desviaciones, ‘normalmente’ empieza con los llamados, por ‘los nuevos justos’, desechos humanos (homosexuales, vagos, rateros, drogadictos, prostitutas) para envolver luego a los líderes agrarios, comunales, sindicales o a las personas que profesan ideología contraria al sistema y son incómodas porque la pregonan.

Esta Sala ha sido una voz solitaria de alarma. Fuera de la realidad, dirán algunos; simples poetas, dirán otros. Estamos en guerra y todo es permitido, agregarán los de más allá, justificando los holocaustos y los genocidios. Los ‘doctos’ alegarán la prevalencia del interés general sobre el particular como sucedió en noviembre de 1985, en nota publicada en un periódico de amplia circulación, luego de la toma del Palacio de Justicia. Aunque este interés particular sea la vida misma y ese interés general sea una ‘institución’, a quién se le habían matado sus mejores exponentes para ‘salvarla’.

Esta distorsión de la moral y de la lógica que olvida el valor del hombre en el mundo y su significado”(60).

Sobre las actuaciones ilegítimas de la fuerza pública el Consejo de Estado también ha tenido oportunidad de pronunciarse. En efecto, así ha discurrido sobre ese particular:

“[L]os miembros de la fuerza pública deben ceñirse estrictamente a los parámetros y postulados fijados por la Carta Política, pues cualquier distorsión o trasgresión de ese conjunto de principios, valores y derechos contenidos a lo largo del ordenamiento jurídico, por muy loable que en apariencia sea el propósito con que subjetivamente se actúe por parte de los funcionarios (v.gr. eliminar a las fuerzas al margen de la ley o la delincuencia), se traduce en uno de los peores crímenes o delitos reprochados por la humanidad; lo anterior, como quiera que cuando es el mismo Estado –entidad que detenta el uso legítimo de la fuerza–, quien a través de sus miembros activos emplea sus medios e instrumentos para cercenar, aniquilar y desdibujar las garantías fundamentales del ser humano se quebranta el principio basilar del Estado Social de Derecho, esto es, la dignidad humana, y ello se presta para definir a la organización pública como ilegítima, pues actúa en contra de los propios mandatos trazados por el constituyente primario y directo detentador de la soberanía y del poder político.

(…)

En consecuencia, nada resulta más perverso y oprobioso que el empleo de la fuerza pública y de los medios e instrumentos puestos a su servicio con fines ajenos a la protección de los derechos de los asociados, máxime cuando su objetivo constituye el desconocimiento y la supresión de las garantías fundamentales, específicamente el derecho a la vida”(61).

En conclusión, son inaceptables ese tipo de actuaciones de la fuerza pública que atentan contra los derechos humanos de los ciudadanos; que actúan de manera ilegítima, valiéndose de su posición de representantes del Estado y que cometen delitos tan graves como el que da cuenta este proceso, pues independientemente de quién se trate la persona, el derecho a la vida es inviolable, sin que importe su condición o circunstancia como la de tener adicción a las drogas o ser autor de un robo como en el presente caso.

Por otra parte, en cuanto hace a los resultados de la diligencia de reconocimiento de fotografías del personal de la SIJIN del lugar y fecha de ocurrencia de los hechos, debe decirse que si bien el señor López Vallejo no reconoció a ninguno de los agentes que le fueron puestos de presente por ese medio, lo cierto es que la Sala no encuentra que esa circunstancia permita desvirtuar lo dicho por los testigos directos de los hechos, pues la Sala encuentra que tal reconocimiento no versó respecto de todos los agentes y/o funcionarios de la SIJIN en Putumayo para la fecha de ocurrencia de los hechos, comoquiera que la constancia de la diligencia obrante en el proceso indicaba: “Se trata de dos (2) acetatos, el uno contiene 20 fotografías y el otro 4 fotografías, de miembros pertenecientes a la SIJIN Depuy para el mes de julio de 1998”.

En cuanto a la diligencia previa adelantada por la Fiscalía, en la cual se decidió abstenerse de abrir instrucción penal, toda vez que no se logró la identificación plena de los autores de los hechos que ocasionaron la muerte del señor Chamorro Narváez, cabe mencionar que es un proceso independiente al que se resuelve en esta Jurisdicción y aquella decisión en ese sentido no es óbice para tomar una decisión diferente por esta Corporación, pues tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado en múltiples pronunciamientos, las decisiones de los procesos penales no obligan a una decisión en igual sentido en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo(62).

En relación con el argumento de la parte demandada, según el cual, en este caso podría configurarse una causal eximente de responsabilidad, consistente en la culpa de un tercero, en tanto que los responsables de los daños y perjuicios causados a los demandantes habrían podido ser los grupos subversivos que “obran de manera autónoma en contra del Estado y de la ciudadanía en general” y no los miembros de la Policía Nacional, no pasa de ser un intento grotesco, carente de consistencia, pues es para la Sala inconcebible que una entidad del Estado que tiene a cargo velar por el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz(63), sostenga que los responsables de la muerte del señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez fueron grupos al margen de la Ley que obraban de manera autónoma, como si no existiese Estado en el lugar.

No son admisibles para esta Corporación esa clase de excusas puesto que es obligación constitucional para la Policía Nacional impedir que sean vulnerados los derechos de los colombianos y, en ese sentido, hacer todo lo posible por defenderlos. Solamente en el caso en que efectuadas todas las acciones pertinentes para salvaguardar esos derechos, pero que se demuestre la imposibilidad de lograrlo, podrá exonerarse; pero no, como lo pretende la entidad demandada, evitar una condena en su contra argumentando que fueron unos terceros que siempre “actúan en contra del Estado y de la ciudadanía en general”, como si pudieran hacerlo casi que de manera libre, sin probar siquiera un actuar diligente por evitar ese atentado contra los derechos de las víctimas.

Es importante que esos argumentos no vuelvan a esgrimirse dentro de los procesos judiciales por parte de las entidades estatales y, sobre todo de la Policía Nacional, en el entendido en que carece de sentido alguno pretender una exoneración de responsabilidad alegando la actuación de un tercero que debe evitarse a la luz de las disposiciones de la Constitución Política de Colombia.

Con todo lo anteriormente expuesto, no hay dudas para la Sala que el comportamiento asumido contra la víctima provino de miembros de la Policía Nacional investidos de su condición de tal, razón por la cual se le debe imputar a la entidad demandada el daño antijurídico y por lo tanto, debe responder patrimonialmente.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios Morales. 

En relación con esta clase de perjuicios, tratándose de la muerte de una persona, la prueba del parentesco cercano para con la víctima resulta suficiente para tenerlo por configurado por vía de una presunción de hecho -sin perjuicio de la existencia de otros medios probatorios que puedan llegar a acreditarlo-, pues ciertamente en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir razonablemente que la muerte de un pariente próximo les debió causar un profundo dolor moral, más aún cuando esa muerte ocurre en dramáticas circunstancias como acontece en el presente caso.

Ahora bien, para la cuantificación de la indemnización por concepto del perjuicio moral en casos de muerte, sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de un parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala ha fijado los siguientes montos y equivalencias teniendo en cuenta el nivel de cercanía afectiva entre la víctima directa y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados, así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar, incluida la relación biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas ‘de crianza’ (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indicativo indemnizatorio de (100 smlmv).

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indicativo indemnizatorio.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indicativo indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indicativo indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indicativo indemnizatorio.

Con fundamento en los anteriores criterios, se procederá a fijar la indemnización de perjuicios morales en relación con cada uno de los familiares demandantes.

Al proceso acudieron los padres, hermanos, esposa e hijos del fallecido Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez, aportando la respectiva prueba documental para acreditar su condición, así:

Los señores Carlos Chamorro Ramos y Amelia Narváez de Chamorro, en su condición de padres de la víctima (copia del registro civil de matrimonio celebrado entre ambos y copia del registro civil de nacimiento del occiso)(64).

Los señores Luis Orlando, Carlos León, José César, Elvia Olivia, Silvio Evangelista, Franco Ariel, Mera Edilma, Friolán Gustavo y Germán Sigifredo Chamorro Narváez, en calidad de hermanos del occiso (copia del registro civil de nacimiento de cada uno de ellos, en los cuales consta que sus padres son los señores Carlos Chamorro Ramos y Amelia Narváez de Chamorro)(65).

El señor Jesús Viterbo García Narváez, también en calidad de hermano del occiso (copia del registro civil de nacimiento en el cual consta que su madre es la señora Amelia Narváez de Chamorro)(66).

La señora Blanca Marina Rivera Melo, en su condición de esposa del occiso (copia del registro civil de matrimonio celebrado con el señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez)(67).

Los señores Lucy Marcela, Fernando Alirio y Yineth Milena Chamorro Rivera, en condición de hijos del occiso (copias de sus respectivos registros civiles de nacimiento, en los cuales aparecen como padres los señores Blanca Marina Rivera Melo y Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez)(68).

Así las cosas, por concepto de perjuicios morales, en aplicación de las presunciones antes enunciadas y de conformidad con los demás elementos probatorios recaudados, se le reconocerá a los padres, a la esposa y a los hijos del occiso Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez el monto equivalente a 100 S.M.L.M.V. para cada uno de ellos y, 50 S.M.L.M.V. para cada uno de sus hermanos.

Cabe aclarar que a pesar de que en la demanda se solicitó un reconocimiento especial para la señora Blanca Marina Rivera de Chamorro, madre del occiso, por concepto de perjuicios morales, “en razón al severo trauma sufrido por la misma como consecuencia de la muerte de su hijo, y debido al tremendo viacrucis que debió sufrir como consecuencia de ese mismo hecho y que estuvo a punto de llevarla a la muerte”, lo cierto es que con los testimonios obrantes en el proceso no se pudo establecer ese mayor dolor, razón por la cual su indemnización será exclusivamente la que corresponde como madre de la víctima, tal como se mencionó anteriormente.

5.2. Perjuicios Materiales.

5.2.1. Daño emergente.

Si bien la parte demandante solicitó la indemnización de perjuicios por concepto de daño emergente, lo cierto es que no acreditó en el proceso que hubiere incurrido en algún gasto con ocasión del fallecimiento del señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez o de la interposición de la demanda que ahora se resuelve, motivo por el cual no hay lugar a acceder a su reconocimiento.

5.2.2. Lucro cesante.

En relación con este perjuicio, de conformidad los testimonios rendidos en este proceso por los señores Héctor Alirio Mustafá Cerón, Vicente Orlando Casanova, Delcio Fernando Casanova Murillo, José Alberto Guerrero Erazo, Jesús Adalberto López Vallejo, Luis Alerto Madroñero Montenegro y Norberto Enrique Revelo Espinosa, está acreditado que para el momento de los hechos, el señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez desempeñaba una actividad productiva económica, que era la ebanistería.

No obstante, en el expediente no existen pruebas que certifiquen con exactitud las sumas que podía obtener con ocasión de la labor económica realizada, razón por la cual, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación(69), hay lugar a aplicar la presunción según la cual toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal vigente, monto que será tenido en cuenta por la Subsección para liquidar el lucro cesante. A esa suma se le debe adicionar el 25% por prestaciones sociales y, de otra parte, se le debe deducir de dicho valor el 25% correspondiente al valor aproximado que la víctima directa del daño destinaría para su propio sostenimiento.

Para determinar el ingreso base de liquidación se actualizará el valor del salario mínimo legal mensual vigente para el año 1999.

vegeta1
 

Ra = $ 554.691,71

Dado que el salario mínimo legal mensual que rige para el año 2015 resulta superior a la anterior cifra ($ 644.350), se tomará la segunda cantidad para efectos de la liquidación del lucro cesante.

Luego de efectuar las aludidas operaciones, el ingreso base de liquidación es de $ 604.078(70):

En cuanto a los beneficiarios de este perjuicio, en la demanda se solicitó su reconocimiento a favor de la esposa y los hijos de la víctima, lo cual para la Sala resulta procedente, comoquiera que serían los dineros que los occisos habrían tenido que destinar al sostenimiento de ellos de la siguiente manera:

El ingreso base de liquidación será dividido en un 50% a favor de la esposa y el otro 50% para sus hijos en igual proporción, comoquiera que de los testimonios que obran en el proceso se pudo acreditar que de la actividad productiva del señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez derivaban su sustento su esposa e hijos.

Para determinar el monto de la indemnización del perjuicio material a título de lucro cesante se debe tener en cuenta que como consta a folio 28 del cuaderno 1, el señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez nació el 24 de mayo de 1956, razón por la cual para el 28 de julio de 1998, fecha de su muerte, tenía 42 años y su expectativa de vida era de 39,0 años, es decir 468 meses(71).

Además, como límite temporal se tendrá en cuenta, respecto de los hijos, la fecha en que éstos cumplieron 25 años de edad, en tanto que, en ausencia de prueba en contrario, es posible inferir que habrían recibido ayuda económica de su padre hasta el momento en que cesaría completamente la obligación legal de prestar alimentos a sus hijos(72).

  1. Para la señora Blanca Marina Rivera Melo:
 

En el caso de la señora Blanca Marina Rivera Melo, se encuentra acreditado en el expediente que para el año en que sucedió el accidente (1998), tenía 38 años(73), por lo cual la liquidación debe hacerse teniendo en cuenta la expectativa de vida del señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez.

Consolidado: Desde la fecha del hecho (28 de julio de 1998) hasta el de esta sentencia (12 de marzo de 2015), esto es 200 meses, aplicando la siguiente fórmula:

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S = $ 302.039 x 337,10

S = $ 101’181.347

Futuro: Por el resto del período de vida probable del señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez, esto es 272 meses, aplicando la siguiente fórmula:

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vegeta5
 

vegeta6
 

S = $ 302.039 X 150,61

S = $ 45’490.094

Total perjuicios materiales: Ciento cuarenta y seis millones seiscientos setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un pesos M/C ($146’671.441,oo).

  1. Para el señor Fernando Alirio Chamorro Rivera:
 

Consolidado: Desde la fecha del hecho (28 de julio de 1998) hasta la fecha en que el señor Fernando Alirio Chamorro Rivera cumplió 25 años de edad, pues fue anterior a la de esta sentencia (noviembre de 2009), esto es 136 meses, aplicando la siguiente fórmula:

vegeta2
 

fernandoalirio
 

S = $ 100.680 x 192,18

S = $ 19’348.682

Total perjuicios materiales: Diecinueve millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y dos pesos M/C ($19’348.682).

  1. Para la señora Lucy Marcela Chamorro Rivera:
 

Consolidado: Desde la fecha del hecho (28 de julio de 1998) hasta la fecha en que la señora Lucy Marcela Chamorro Rivera cumplió 25 años de edad, pues fue anterior a la de esta sentencia (octubre de 2008), esto es 123 meses, aplicando la siguiente fórmula:

vegeta2
 

lucymarcela
 

S = $ 100.680 x 167,86

S = $ 16’900.145

Total perjuicios materiales: Dieciseis millones novecientos mil ciento cuarenta y cinco pesos M/C ($16’900.145).

  1. Para la señora Yineth Milena Chamorro Rivera:
 

Consolidado: Desde la fecha del hecho (28 de julio de 1998) hasta la fecha en que la señora Yineth Milena Chamorro Rivera cumplió 25 años de edad, pues fue anterior a la de esta sentencia (mayo de 2003), esto es 58 meses, aplicando la siguiente fórmula:

vegeta2

yinethmilena
 

S = $ 100.680 x 66,82

S = $ 6’727.438

Total perjuicios materiales: Seis millones setecientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos M/C ($6’727.438).

6. Medidas de reparación integral(74).

El daño antijurídico considerado como lesión de un derecho, bien o interés legítimo, supone la alteración o afectación de un estado de cosas que impacta de manera negativa la esfera interna y externa de la persona que lo padece y, por consiguiente, no sólo comprende la órbita patrimonial.

De igual forma, los derechos fundamentales trascienden la esfera individual y subjetiva, pues se ha reconocido que también contienen un plano axiológico u objetivo que está dirigido o encaminado a impedir que transgresiones a éstos se vuelvan a producir, razón por la cual es preciso disponer medidas adicionales de protección dirigidas a mejorar la prestación del servicio estatal respectivo.

Así las cosas, el principal objetivo del derecho de daños consiste en reparar integralmente la afectación padecida por la persona en su vida, integridad o bienes, razón por la que a la hora de valorar la misma es necesario establecer e identificar si es posible que opere la restitutio in integrum y, de ser factible, adoptar las medidas deprecadas en la demanda –o que, dependiendo del caso concreto puedan ser decretadas de oficio por el juez– tendientes a que se restablezca el statu quo o estado de cosas anterior a su producción. Es decir, llevar a la víctima de un daño antijurídico a un estado como si no se hubiera producido, o en otros términos remover los efectos negativos que el mismo desencadena(75).

La Corte Interamericana ha conceptualizado la reparación en el contexto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los siguientes términos:

“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados”(76).

En este sentido, la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana ha vinculado la reparación con la prevención, en los siguientes términos:

“En lo que se refiere a la violación del derecho a la vida y otros derechos (libertad e integridad personales, garantías judiciales y protección judicial), por no ser posible la restitutio in integrum y dada la naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza, inter alia, según la práctica jurisprudencial internacional, mediante una justa indemnización o compensación pecuniaria, a la cual deben sumarse las medidas positivas del Estado para conseguir que hechos lesivos como los del presente caso no se repitan”(77).

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que en eventos como el presente –en los cuales se desbordó la esfera o dimensión subjetiva de los derechos conculcados, dada su magnitud, anormalidad y excepcionalidad–, el juez contencioso administrativo no puede ser indiferente, so pena de entender el derecho de la reparación como una obligación netamente indemnizatoria, cuando lo cierto es que una de las funciones modernas de la responsabilidad es la preventiva, así como la protección de la dimensión objetiva de los derechos vulnerados (vgr. vida, libertad, integridad, dignidad, etc).

En el caso concreto, según se probó, miembros de la entidad demandada asesinaron a una persona valiéndose de su condición de funcionarios públicos y motivados por un presunto robo que habría efectuado la víctima directa, lo cual deviene en una violación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, lo cual afectó, de manera substancial, la dimensión objetiva de tales derechos, razón por la cual en la parte resolutiva del fallo se dispondrá la adopción de la siguiente medida:

El Comandante del Departamento de Policía de Putumayo realizará un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de la víctima directa del presente caso, el cual deberá contener, además, un reconocimiento expreso de responsabilidad administrativa por los hechos que dieron origen a la presente acción; para la realización de dicho acto solemne, de ser posible, se recomienda la participación de medios de comunicación nacional (radio, prensa, televisión, etc.)(78).

Supervisión de cumplimiento de la sentencia.

El Ministerio de Defensa - Policía Nacional deberá remitir con destino a la Procuraduría General de la Nación, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, una copia magnética del registro fílmico de la ceremonia solemne de presentación de excusas públicas. Lo anterior en virtud la competencia institucional radicada en la Procuraduría General de la Nación (numeral 1 artículo 277 de la Carta Política).

7. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Revócase la sentencia que dictó la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, el día 19 de noviembre del 2004 y, en consecuencia, se dispone:

1. Declárase patrimonialmente responsable a la Policía Nacional, por la muerte del señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez.

2. Condénase a la Policía Nacional a pagar a cada una de las siguientes personas, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las sumas que se indican a continuación:

NombreCantidad en pesos
Blanca Marina Rivera Melo$ 146’671.441
Fernando Alirio Chamorro Rivera$19’348.682
Lucy Marcela Chamorro Rivera$16’900.145
Yineth Milena Chamorro Rivera$6’727.438

 

3. Condénase a la Policía Nacional a pagar a cada una de las siguientes personas, a título de perjuicios morales, las sumas que se indican a continuación:

 

NombreCantidad en S.M.L.M.V.
Carlos Chamorro Ramos100
Amelia Narváez de Chamorro100
Blanca Marina Rivera Melo100
Lucy Marcela Chamorro Rivera100
Fernando Alirio Chamorro Rivera100
Yineth Milena Chamorro Rivera100
Jesús Viterbo García Narváez50
Luis Orlando Chamorro Narváez50
Carlos León Chamorro Narváez50
José César Chamorro Narváez50
Elvia Olivia Chamorro Narváez50
Silvio Evangelista Chamorro Narváez50
Franco Ariel Chamorro Narváez50
Mera Edilma Chamorro Narváez50
Friolán Gustavo Chamorro Narváez50
Germán Sigifredo Chamorro Narváez50

 

4. Condénase a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a la reparación integral de la violación de los derechos humanos de los mencionados demandantes, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberán adoptarse las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:

4.1. El Comandante del Departamento de Policía de Putumayo realizará un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de la víctima directa del presente caso, el cual deberá contener, además, un reconocimiento expreso de responsabilidad administrativa por los hechos que dieron origen a la presente acción; para la realización de dicho acto solemne, de ser posible, se recomienda la participación de medios de comunicación nacional (radio, prensa, televisión, etc.).

4.2. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional deberá remitir con destino a la Procuraduría General de la Nación, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, una copia magnética del registro fílmico de la ceremonia solemne de presentación de excusas públicas. Lo anterior en virtud la competencia institucional radicada en la Procuraduría General de la Nación (numeral 1 artículo 277 de la Carta Política).

5. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(10) Folio 37 C. 1.

(11) Folios 67-68 C. 1.

(12) Folios 69-70.

(13) Folios 75-76 C. 1.

(14) Folios 76-77 C. 1.

(15) Folio 78 C. 1.

(16) Folio 79 C. 1.

(17) Folio 80 C. 1.

(18) Folio 154 C. 1.

(19) Folios 159-160 C.1.

(20) Folios 81-82 C. 1.

(21) Folios 83-84 C. 1.

(22) Folios 59-60 C. 1.

(23) Folio 64 C. 1.

(24) Folio 102 C. 1

(25) “PRUEBAS: Coadyuvo las solicitadas por la parte actora por considerar su práctica suficiente para el esclarecimiento de los hechos materia de la demanda” (fl. 53 c 1).

(26) Folios 103-105 C. 1.

(27) Folios 109-122 C. 1.

(28) Folios 148-149 C.1.

(29) Ver también: Subsección B, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre del 2013, rad. 19939, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(30) Esta postura de flexibilización de los medios de prueba ante graves violaciones a los derechos humanos fue adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 15 de septiembre del 2005, caso Mapiripán vs. Colombia, párr. 73; sentencia del 24 de junio del 2005, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, párr. 41; sentencia del 23 de junio del 2005, casto Yatama vs. Nicaragua, párr. 108; sentencia del 20 de junio del 2005, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, 45; sentencia del 2 de julio del 2004, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 57.

(31) Se remite a los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales: sentencia del 6 de julio del 2009, caso Escher y otros vs. Brasil, párr. 127; sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135; sentencia del 28 de enero del 2009, caso Ríos y otros vs. Venezuela, párr. 98; sentencia del 3 de abril del 2009, caso Kawas Fernández vs. Honduras, párr. 95.

(32) Sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135.

(33) Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el día 28 de agosto de 2014, dentro del proceso No. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), M. P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero.

(34)Folios 125-126 C.1.

(35) Folios 132-135 C. 1.

(36) Folios 137-140 C. 1.

(37) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 26 de marzo de 2014, dentro del proceso No. 52001-23-31-000-2002-00872-01(29196), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 7 de 2009, Proceso No. 200012331000199804127 01 (17.629), M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(39) Folios 141-142 C. 1.

(40) Folio 143 C. 1.

(41) Folio 144-145 C. 1.

(42) Folio 147 C. 1.

(43) Folio 150 C. 1.

(44) Folios 151-152 C.1.

(45) Folios 156-158 C.1.

(46)Folio 161 C.1.

(47) Parra Quijano, Jairo (2006). Manual de Derecho Probatorio (décima quinta edición). Bogotá D.C.: Librería Ediciones del Profesional Ltda.

(48) Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca, proceso No. 22726, sentencia de 28 de mayo de 2008.

(49) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente: Dr. Edgar Lombana Trujillo, proceso No. 14956, sentencia de 6 marzo de 2003.

(50) Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente Dr.: Juan Manuel Torres Fresneda, proceso No. 12093, sentencia de 16 de abril de 1997.

(51) Sentencia de noviembre 26 de 2003, rad. 15962. También se puede consultar más recientemente sobre el mimo tema, sentencia de agosto 31 de 2011, rad. 31761.

(52) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrada Ponente: María Del Rosario González Muñoz, proceso No. 37952, sentencia de abril 18 de 2012.

(53) Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar, proceso No. 11356, sentencia de 11 de abril de 2002.

(54) Respecto a la prueba testimonial, ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por el Consejo de Estado: Proceso No. 05001-23-26-000-1990-06381-01(17842), 31 de enero de 2011, MP: Enrique Gil Botero; proceso No. 05001-23-31-000-1995-00575-01(24677), 26 de septiembre de 2012, MP: Enrique Gil Botero; proceso No. 08001-23-31-000-1997-11812-01(27353), 13 de junio de 2013, MP: Enrique Gil Botero; proceso No. 68001-23-15-000-2006-02791-01(PI), 19 de julio de 2007, MP: Martha Sofía Sanz Tobón

(55) Sentencia de mayo 4 de 2011, proceso No. 76001-23-25-000-1996-02231-01(19355) -22231, 22289 y 22528- Acumulados), M. P. Enrique Gil Botero.

(56) Sentencia de enero 18 de 2012, proceso No. 68001-23-15-000-1995-11029-01(21196), M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(57) Sentencia de 24 de marzo de 2011, proceso No. 05001-23-26-000-1995-01411-01(17993) y sentencia de junio 13 de 2013, proceso No. 05001-23-31-000-1995-00998-01(25180), M. P. Enrique Gil Botero.

(58) Sentencia de agosto 9 de 2001, proceso No. 52001-23-31-000-1995-3105-01(13105), M. P. María Elena Giraldo Gómez.

(59) Sentencia de julio 22 de 2009, proceso No. 05001-23-31-000-1995-00036-01(16911), M. P. Myriam Guerrero De Escobar.

(60) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de junio de 1992, exp. 6986, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(61) Sentencia de mayo 4 de 2011, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso No. 76001-23-25-000-1996-02231-01(19355) -22231, 22289 y 22528- Acumulados), M. P. Enrique Gil Botero.

(62) Ver por ejemplo la sentencia de junio 13 de 2013, proceso No. 05001-23-31-000-1995-00998-01(25180), M. P. Enrique Gil Botero, según la cual: “Previo al desglose de las providencias que hacen parte del acervo de los procesos penal y disciplinario, es preciso acotar que las decisiones adoptadas, así como el criterio que a partir de allí condujo al operador judicial a proferirse en determinado sentido, no tienen carácter vinculante para esta Sala, comoquiera que la responsabilidad que aquí se estudia no es de linaje personal sino del Estado –que por principio es anónima-y, por tanto, conjuga para su determinación presupuestos diferentes a los observados bajo la competencia penal, en virtud de lo cual prevalece la autonomía de la jurisdicción”.

(63) Artículo 218 de la Constitución Política de Colombia.

(64) Folios 22 y 28 C. 1.

(65) Folios 24-27 y 29-32 C. 1.

(66) Folio 21 C. 1.

(67) Folio 28 C. 1.

(68) Folios 34-36 C. 1.

(69) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de julio de 2013.

(70) Así: 644.350 x 0.25 = 161.087 + 644.350 = 805.437

805.437 x 0.25 = 201.359

805.437 – 201.359 = $ 604.078

(71) Resolución 1555 de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

(72) En igual sentido ver sentencia de mayo 31 de 2013, proceso No. 17001-23-31-000-1996-00016-01(20445), M. P. Danilo Rojas Betancourth (E).

(73) En razón a que en el expediente no obra registro civil de nacimiento de la señora Blanca Marina Rivera Melo, la edad se calculó en base al registro civil de nacimiento de uno de sus hijos en el cual aparece su edad de 24 años para el año de 1984 (folio 36 C. 1)

(74) En igual sentido se pronunció la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 12 de marzo de 2014, dentro del proceso No. 250002326000199802419 01 (28.224).

(75) En términos similares consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Exp. 18.960, M.P. Enrique Gil Botero.

(76) CrIDH. Caso Trujillo Oroza – reparaciones, párr. 61; Caso Bámaca Velásquez – reparaciones, párr. 39; Caso Cantoral Benavides – reparaciones, párr. 41; Caso Durand y Ugarte – reparaciones, párr. 25; Caso Barrios Altos – reparaciones, párr. 25; Caso Velásquez Rodríguez – indemnización compensatoria, párr. 25.

(77) CrIDH. Caso Trujillo Oroza – reparaciones, párr. 62; Caso Bámaca Velásquez – reparaciones, párr. 40; Caso Loayza Tamayo – reparaciones, párrs. 123 y 124; Caso Paniagua Morales y otros – reparaciones, párr. 80; Caso Castillo Páez – reparaciones, párr. 52; y Caso Garrido y Baigorria – reparaciones, párr. 41.

(78) La misma medida se impuso en sentencia de 2 de abril de 2013, proferida dentro del proceso No. 250002326000200001339 01 (27.067), por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.