Sentencia 1999-00844 de marzo 6 de 2013

 

Sentencia 1999-00844 de marzo 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Expediente: 23.435

Rad.: 170012331000199900844 01

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Juan David Osorio López

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., marzo seis de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 26 de junio de 2002 (sic), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, en el caso sub examine.

Advierte la Sala que los documentos visibles de folios 4 al 28 y, 50 y 54 del cuaderno 1 obran en copia simple, no obstante, de conformidad con los lineamientos legales y jurisprudenciales recientes de la subsección, se reconocerá valor a estos documentos, porque:

i) Fueron admitidos por la parte demandada, y la Sección Tercera tiene establecido, en forma pacífica y reiterada, que en estos casos el aporte de documentos en copia simple que haga una entidad pública se tienen en el proceso como documentos auténticos, porque provienen de una autoridad estatal que les impregna esta condición y validez, por la sola circunstancia de haberlos aportado. No obstante, la misma regla aplica cuando la entidad pública, sin haberlos aportado, al contestar la demanda o en otra actuación procesal, manifiesta que se acoge a los medios de prueba aportados por la otra parte este es el caso sub iudice.

ii) Además, también es posible valorar como auténticas las pruebas aportadas por el actor, porque frente a la demandada, han obrado en el expediente desde el auto de pruebas y, por consiguiente, respecto de ellas se surtió el principio de contradicción.

En relación con las normas que regulan la materia, es preciso señalar que la regulación vigente es la contenida en los artículos 254 y 252 del Código de Procedimiento Civil, cuyo sentido literal es el siguiente:

ART. 252.—Documento auténtico. Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad.

“El documento privado es auténtico en los siguientes casos:

“1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido.

2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó.

3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, esta no lo tachó de falso oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestación contemplada en el inciso segundo del artículo 289.

Esta norma se aplicará también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella.

4. Si fue reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276.

5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274.

“Se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma, el contenido y las firmas de pólizas de seguros y recibos de pago de sus primas, certificados, recibos, bonos y títulos de inversión en establecimientos de crédito y contratos de prenda con estos, cartas de crédito, contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos del movimiento de estas y de cuentas con aquellos establecimientos, recibos de consignación y comprobantes de créditos, de débitos y de entrega de chequeras, emitidos por los mismos establecimientos, y los títulos de acciones en sociedades comerciales y bonos emitidos por estas, títulos valores, certificados y títulos de almacenes generales de depósito, y demás documentos privados a los cuales la ley otorgue tal presunción.

“Inciso modificado por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente: en todos los procesos los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad ,de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva.

“Se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 488, cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo.

“Los memoriales presentados para que formen parte del expediente se presumirán auténticos salvo aquellos que impliquen o comporten disposición del derecho en litigio y los poderes otorgados a apoderados judiciales que, en todo caso, requerirán de presentación personal o autenticación” (negrillas y subrayado adicionales).

“(...).

ART. 254.—Valor probatorio de las copias. Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 117 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente: las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

“1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

“2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada crié se le presente.

“3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa” (negrillas del original).

Como se aprecia, las disposiciones contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, resultan aplicables a los procesos de naturaleza contenciosa administrativa en curso, de conformidad con la regla de integración normativa contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

De otro lado, es necesario destacar la modificación 'introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, que cambió el inciso cuarto del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, para señalar que los documentos privados elaborados o suscritos por las partes, incorporado al proceso en original o copia se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos.

No obstante, con la promulgación de la Ley 1437 de 2011 —nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo— se profirió una disposición especial aplicable a los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, precepto cuyo contenido y alcance era el siguiente:

“ART. 215.—Valor probatorio de las copias. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

“La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley”.

De allí que la citada disposición resultaba aplicable a los procesos contencioso administrativos que estuvieran amparados por la regla de transición contenida en el artículo 308 de la misma Ley 1437 de 2011(3).

Lo relevante del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 —CPACA— era que incorporaba o concentraba la regulación legal del valor probatorio de las copias en una sola disposición, que no se prestaba para interpretaciones o hermenéuticas en relación bien con la clase o naturaleza del documento —público o privado— así como tampoco con su autor, signatario o suscriptor —las partes o terceros—.

En esa lógica, la normativa mencionada constituía un régimen de avanzada en el que el principio de buena fe contenido en el texto constitucional (art. 83) y desarrollado ampliamente en el Código Civil —en sus vertientes objetiva y subjetiva— se garantizaba plenamente, toda vez que correspondía a las partes o sujetos procesales tachar de falsas las copias que, en su criterio, no correspondían con el original y, por lo tanto, dar paso al incidente de tacha de falsedad del respectivo documento.

Es así como, con el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, se permitía que las partes aportaran los documentos que tenían en su poder en copia, sin importar que los mismos fueran elaborados por aquellas, por terceros o inclusive que provinieran de una autoridad administrativa o judicial. Era el reconocimiento pleno del principio de confianza que debe imperar en toda sociedad moderna, siempre y cuando se otorguen las herramientas para surtir de manera efectiva el derecho de contradicción.

En esa línea de pensamiento, las regulaciones contenidas en las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011, eran el reflejo de una concepción del proceso más moderna, alejada de tos ritualismos y formalismos que tanto daño le han hecho a la administración de justicia, puesto que atentan contra los principios de celeridad y eficacia.

La confianza, en el sentido filosófico y sociológico, ha sido delimitada en los siguientes términos:

“La confianza, en el más amplio sentido de la fe en las expectativas de uno, es un hecho básico de la vida social. Por supuesto que en muchas situaciones, el hombre puede en ciertos aspectos decidir si otorga confianza o no. Pero una completa ausencia de confianza le impediría incluso levantarse en la mañana. Sería víctima de un sentido vago de miedo y temores paralizantes. Incluso no sería capaz de formular una desconfianza definitiva y hacer de ello un fundamento para medidas preventivas, ya que esto presupondría confianza en otras direcciones. Cualquier cosa y todo sería posible. Tal confrontación abrupta con la complejidad del mundo al grado máximo es más de lo que soporta el ser humano.

“Este punto de partida puede considerarse como referencia, como una afirmación incontrovertiblemente verdadera. Cada día ponemos nuestra confianza en la naturaleza del mundo, que de hecho es evidente por sí misma, y en la naturaleza humana. En este nivel que es el más básico, la confianza (Zutrauen) es un rasgo natural del mundo, parte integral de los límites dentro de los cuales vivimos nuestras vidas cotidianas, aunque no es un componente intencional (y, por lo tanto, variable) de la experiencia.

“En segundo lugar, la necesidad de confianza puede considerarse como el punto de partida correcto y apropiado para la derivación de reglas para la conducta apropiada. Si el caos y el temor paralizante son las únicas alternativas para la confianza, hay que concluir que el hombre por naturaleza tiene que otorgar confianza, aun cuando esto no se haga ciegamente y solo en ciertas direcciones. Por medio de este método uno llega a las máximas éticas o a la ley natural...”(4) (negrillas del original).

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

No obstante lo anterior, con la expedición de la Ley 1564 de 2012 —nuevo código general del proceso— corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, CPACA.

En efecto, el artículo 16 del Decreto 1736, estableció:

“Artículo décimo sexto. Corríjase el literal a) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

“Artículo 626

“A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código Civil; artículos y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 80 inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el articulo 148 de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso de la Ley 1116 de 2006; el inciso del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 1º del artículo 215 y el inciso 2º del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4º, el literal e) del numeral 5º del artículo 58 y el numeral del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-Ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria, a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley.

“(...)”.

Así las cosas, al haber derogado el Código General del Proceso (CGP), la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que la normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, preceptos que mantienen vigencia, ya que solo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citadas(5).

Las reglas relativas a la valoración de las copias, que podrán entrar en vigencia el 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 627 del Código General del Proceso, son las siguientes:

“ART. 243.—Distintas clases de documentos.

“Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.

“Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.

ART. 244.—Documento auténtico.

“Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.

“Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros en original o en copia elaborados firmados o manuscritos los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.

“También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.

“Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.

“La parte que aporte al proceso un documento en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.

“Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.

“ART. 245.—Aportación de documentos.

Los documentos se aportarán al proceso en original o en copia.

“Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.

“ART. 246.—Valor probatorio de las copias.

“Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.

“Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.

“(...)” (negrillas y subrayado del original).

Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el Código General del Proceso, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del Código General del Proceso, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.

Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales.

Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

En el caso sub examine, la entidad pública demandada se acogió a las pruebas documentales presentadas por el actor, de allí que por este solo hecho se trasmite a ellas la autenticidad que la Sala le adjudica a las mismas cuando las entidades estatales las portan, sin importar quien elaboró el documento —es decir, la misma entidad o un tercero—. En este orden de ideas, ha sido jurisprudencia pacífica de la Sección Tercera esta tesis sobre los documentos valorables, por ser auténticos, y por esa sola circunstancia los del caso concreto son valorables.

Ahora bien, en gracia de discusión, si no fuera razón suficiente lo que se acaba de exponer, también ha expresado esta subsección que en casos como este la parte demandada pudo controvertir y tachar la prueba documental simple aportada por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto que ninguna parte objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por otra parte, la Sala advierte que las demandas que hubieren sido presentadas con posterioridad a la vigencia de la leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011, deben tener, en relación con las copias simples, un tratamiento sustancialmente diferente al que la jurisprudencia de esta corporación le imprimió a estos temas durante la vigencia de los decretos-leyes 1400 y 2019 de 1970.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de, contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. Este paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos-leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política abstenerse de adoptar una decisión de fondo en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.N., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (ultractividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (retroactividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su silencio, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que esta subsección ha privilegiado en pluralidad de decisiones(6).

3. De los elementos demostrativos recaudados se destacan los siguientes:

3.1. Copia de la Resolución 74 del 8 de junio de 1998 proferida dentro del incidente en el proceso radicado 18.672, por el fiscal 16 delegado ante los jueces penales del circuito, en la que se decidió entregar en forma provisional y en calidad de depósito al señor Gentil Castaño Valencia, el vehículo camioneta Ford, línea f-3, color plata metálico, servicio particular, carrocería tipo estacas, modelo 96, capacidad de tres toneladas, serie AJF3TP-19815 con placas MAQ-158, y en la que se señaló lo siguiente:

“HECHOS:

En enero 30 de 1998 el señor JUAN DAVID OSORIO LÓPEZ se hizo presente en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Seccional Manizales, con la finalidad de formular denuncia penal contra Jorge Iván Salazar Rivas, de quien dice que “... en los primeros cinco días de diciembre yo le entregué el vehículo camioneta Ford model (sic) 1996, de placas MAQ-158... para realizar unos viajes a La Victoria y desde la fecha yo no volví a ver el carro...”.

En febrero 23 de 1998, JUAN DAVID OSORIO LÓPEZ amplia su denuncia y explica refiriéndose a su denunciado JORGE IVÁN SALAZAR RIVAS que “... yo le presté el carro para que hiciera unos viajes al oriente de Caldas, para cobrar unas platas...” y que fue precisamente a él a quien le había comprado el carro con ayuda de un préstamo que hizo a Invercrédito y después de la diligencia se le expide un certificado con destino a Seguros Mapfre sobre la existencia de “... la investigación por el delito de HURTO de vehículo...”.

En marzo 5 de 1998 se recepciona declaración jurada al señor GENTIL CASTAÑO VALENCIA... y manifestó que “... el señor JORGE IVÁN SALAZAR RIVAS había quedado en hacer el traspaso de los papeles de la camioneta Ford que yo le compré”.

Informa que la negociación se realizó en (sic) 5 de septiembre de 1997 en esta ciudad y que “La tengo desde el momento en que hizo el negocio, la camioneta la mantengo en el parqueadero de mi casa y en el día está prestando servicio aquí en Manizales porque en ella reparto oxígeno a muchas partes y añadió que “... estoy pagando a Invercrédito 33 cuotas mensuales de $ 682.000.

INCIDENTE:

El doctor FRANCISCO JAVIER TRUJILLO TORRES (...) mandatario judicial del señor GENTIL CASTAÑO VALENCIA, presenta en este despacho en mayo 11 de 1993 escrito promoviendo incidente mediante el cual pretende “... le sea devuelto el vehículo automotor de placas MAQ-158 de su propiedad, y sobre el cual venía ejerciendo posesión quieta, pacífica y de entera buena fe.

Desde un .principio expone el doctor Trujillo Torres que la denuncia formulada por el señor JUAN DAVID OSORIO LÓPEZ “... resultó a la postre falsa y con el único propósito de engañar y despojar de la posesión de la camioneta al señor CASTAÑO VALENCIA.

TRÁMITES:

Recibido el memorial en mayo 11 de 1998, este despacho al día siguiente decide iniciar el trámite incidental por lo que ordena correr traslado por el término de ley del escrito a la aseguradora Mapfre y a Invercrédito S.A. pronunciándose solo aquella en escrito en el que manifiesta no constarle los hechos y que “seguiremos las instrucciones que ustedes nos impartan”, sin oponerse en forma expresa a las pretensiones del incidentalista.

Informa además, la aseguradora que el señor JORGE IVÁN SALAZAR RIVAS había celebrado contrato de seguro sobre el vehículo Ford de placas MAQ-158 y que “El 12 de febrero de 1998 se recibió por mi cliente la declaración del siniestro por hurto ocurrido el 10 de diciembre de 1997” y que durante el trámite de la reclamación se recibió el informe sobre la existencia de la investigación por falsa denuncia, decidiéndose objetar el siniestro.

Por su lado, Invercrédito guardó silencio al respecto, entendiéndose —por lo tanto, y al tenor del último inciso del ordinal 30 del artículo 64 del Código de Procedimiento Penal— como aceptación de lo pedido por el incidentalista, no existiendo prácticamente oposición a las pretensiones de GENTIL CASTAÑO VALENCIA.

CONSIDERACIONES:

El señor GENTIL CASTAÑO VALENCIA efectivamente demuestra que celebró una serie de contratos con el señor JORGE IVÁN SALAZAR RIVAS en el último de los cuales este le vende a aquel un vehículo FORD, modelo 1996, color plata metálico, placas MAQ-158 y motor AJF3TP 19815, documento fechado en septiembre 22 de 1997, y que corresponde precisamente al vehículo que JUAN DAVID OSORIO LÓPEZ dijera que en los primeros días de diciembre de 1997 le había entregado a SALAZAR RIVAS.

El señor GENTIL CASTAÑO VALENCIA en su calidad de propietario y legítimo poseedor —como él se cree— hizo uso del vehículo en forma pública, circulándolo por carreteras de todo el departamento, señal inequívoca de que estaba convencido de haber obrado en forma correcta y conforme a derecho, obligándose con dicho automotor a distribuir gas mediante contrato válidamente celebrado con “OXÍGENOS DE COLOMBIA S.A.”.

Se configura de parte de GENTIL CASTAÑO VALENCIA una actitud de “BUENA FE” —que en principio se presume— al celebrar un contrato con JORGE IVÁN SALAZAR RIVAS en virtud de la cual adquiere la posesión de un vehículo y la cual ejerce en forma pública, quieta y pacífica.

De otro lado, se tiene que la aseguradora Mapfre figura actualmente como propietaria inscrita del mismo vehículo pero en virtud de un presunto pago de un seguro que a la postre fue objetado y retenido el pago, por lo que la causa de (sic) originaba la propiedad sobre el vehículo desaparece por completo, reconociéndolo así, la aseguradora no se opuso a las pretensiones del incidentalista, no advirtiendo el despacho razón jurídica valedera para negar la entrega provisional del automotor.

Se advierte que la entrega es solo de carácter provisional, reconociendo el derecho de posesión que en forma legítima GENTIL CASTAÑO VALENCIA había adquirido y ejercido sobre el vehículo que creyó firmemente estaba comprando de su dueño” (fl. 6-28, cdno. 1) (mayúscula sostenida en el original) (resaltado de la Sala).

3.2. Copia de la providencia del 16 de abril de 1998 proferida por el fiscal 16 delegado ante los jueces penales del circuito por la que se ordenó se investigara a Juan David Osorio López por el delito de falsa denuncia contra persona determinada (fls. 1 y 5, cdno. 1).

3.3. Oficio 13240 del 17 de junio de 1998 dirigido a Juan David Osorio López y suscrito por el representante legal de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., en el que además de informar que de acuerdo con lo señalado por la fiscalía el vehículo no había sido objeto de siniestro, se indicó:

“Sin perjuicio de lo manifestado a lo largo de esta comunicación resulta necesario formular los siguientes comentarios:

Usted nunca acreditó ante esta aseguradora su interés asegurable en el seguro que amparaba al vehículo de placas MAQ-158.

Para la época del “supuesto” hurto, el citado automotor se encontraba amparado mediante la póliza de automóviles 2201001845001, figurando como tomador Invercrédito S.A., asegurado Jorge Iván Salazar Rivas y beneficiaria invercrédito S.A.” (fl. 30, cdno. 1).

3.4. Copia del formulario único nacional del Ministerio de Transporte del 26 de febrero de 1998 en el que Juan David López Osorio solicitó el traspaso del vehículo en mención a Mapfre Seguros Generales (fl. 50, cdno. 1).

3.5. Copia de factura de venta del vehículo aludido del 13 de marzo de 1996 expedida por Automotores La Calleja de Occidente S.A., Pereira, por valor de $ 19.796.000.00 en la que aparecía como comprador Jorge Iván Salazar Rivas (fl. 54, cdno. 1).

3.6. Certificado de la Secretaría de Tránsito y Transportes del 9 de junio de 1999 en la que se hace constar que el automotor referenciado, registraba alerta por hurto (fl. 51, cdno. 1).

3.7. Copia autenticada de la resolución del 7 de octubre de 1998 proferida por el fiscal séptimo delegado ante los jueces penales del circuito de Manizales en la que se denegó la solicitud para proferir decisión inhibitoria a favor de Juan David Osorio López exponiéndose:

“En el presente caso y pese a las protestas del imputado, se deduce que en el acto procesal de la denuncia, este hizo alusión a la existencia de un delito de hurto cometido sobre el vehículo de placas MAQ-158, el cual según su versión había sido entregado á JORGE IVÁN SALAZAR RIVAS para que efectuara unos viajes al municipio de “La Victoria” (Cds), aduciendo que el automotor había desaparecido, sin mencionar que desde tiempo atrás había entregado voluntariamente tal vehículo al mismo SALAZAR RIVAS, como lo reconoció en la declaración entregada el 23 de febrero de 1998 ante el mismo fiscal 16 de esta ciudad. Tal denuncia generó una reacción inmediata de la fiscalía encaminada a precaver las consecuencias del ilícito denunciado, que en verdad no se había presentado, pues el automotor había sido entregado voluntariamente por el señor OSORIO, lo cual permite concluir que no se había efectuado ninguna conducta de apoderamiento del citado bien.

Lo anterior conduce a esta fiscalía a no acceder a la petición del señor JUAN DAVID OSORIO LÓPEZ para que en su caso se dicte resolución inhibitoria, ya que .no se encuentra demostrado uno de los supuestos fácticos previstos por el art. 327 del Código de Procedimiento Penal, como la inexistencia del hecho denunciado, pues se colige de lo actuado hasta el momento que en la denuncia presentada el 30 de enero de 1998, el señor OSORIO no dijo la verdad en torno a las circunstancias en razón de las cuales el señor SALAZAR tenía en su poder el automotor que presuntamente había sido sustraído, aspecto que además fue advertido por el señor fiscal 16 de esta unidad, quien según las copias aportadas por el mismo imputado, comunicó a la compañía “MAPFRE SEGUROS” que el siniestro reportado por el señor OSORIO no había existido pues el automotor no había sido hurtado, lo cual incidió en la decisión de la misma firma aseguradora en el sentido de objetar la reclamación intentada (fl. 7, cdno. 2) (mayúscula sostenida en el original) (resaltados de la sala).

3.8. Copia autenticada de la resolución del 12 de noviembre de 1998 proferida por el fiscal séptimo delegado ante los jueces penales del circuito de Manizales en la que se denegó la solicitud precalificatoria de preclusión de la investigación y cesación de procedimiento a favor de Juan David Osorio López y, la entrega del vehículo placas MAQ-158 (fl. 13, cdno. 13).

3.9. Copia autenticada de la resolución del 23 de diciembre de 1998 proferida por el fiscal tercero delegado ante el Tribunal Superior de Manizales, en virtud de la cual se confirmó la providencia que antecede, y en la que el ad quem en la instancia penal sostuvo:

“A juicio de está delegada fiscal francamente existen circunstancias que merecen mayores y mejores explicaciones en torno a los hechos aquí cuestionados, pues las pruebas que restan y las diligencias que se puedan desprender de estas, darán un aporte de claridad en relación con lo sucedido. Todo ello a efecto de precisar la tipificación o no de hechos punibles y adecuar, si es del caso, la 'probable responsabilidad del denunciado, señor Osorio Lopez” (fl. 18, cdno. 2).

3.10. Copia autenticada de la resolución de apertura de instrucción del 15 de febrero de 1999, contra Juan David Osorio López, por el deliro de falsa denuncia contra persona determinada, proferida por el fiscal séptimo delegado ante los jueces penales del circuito de Manizales (fl. 24, cdno. 2).

3.11. Copia autenticada de la resolución del 8 de abril de 1999 proferida por el fiscal séptimo delegado ante los jueces penales del circuito de Manizales, en la que se resuelve la situación jurídica a Juan David Osorio López con abstención de imposición de medida de aseguramiento (fl. 25, cdno. 2).

3.12. Copia autenticada de la resolución de preclusión de la investigación del 23 de noviembre de 1999 proferida por el fiscal séptimo delegado ante los jueces penales del circuito de Manizales a favor de Juan David Osorio López, en la que se expresó:

“En la resolución del 16 de abril de 1998, del señor fiscal 16 de esta unidad, se manifestó que el señor Juan David Osorio había incurrido en un delito de “falsa denuncia contra persona determinada” al exponer que le había prestado el automotor a Jorge Iván Salazar, cuando se encontraba demostrado que este vehículo lo tenía el señor Gentil Castaño Valencia desde el mes de septiembre del mismo año, en virtud de negociación celebrada con Salazar, contenida en los documentos aportados al proceso.

Sin embargo no se ha establecido que el contador Osorio tuviera conocimiento acerca de la negociación efectuada por Jorge Iván Salazar con Gentil Castaño, y de sus manifestaciones se deduce que ignoraba este hecho, lo cual no permite considerar que hubiera obrado con animus falsandi al formular la denuncia, pues según su versión, en vista de que Salazar no había dado cumplimiento al pago de las cuotas en “Invercrédito”, lo citó en el mes de diciembre de 1997 con el fin de solicitarle que le devolviera el automotor y al no aparecer este decidió formular denuncia por la pérdida del vehículo, la cual se puede entender como la cognita causa, que lo motivó a impetrar la iniciación de la acción penal.

En el caso que se estudia la valoración probatoria en torno a la manifestación efectuada por el incriminado al formular su denuncia, conduce a concluir que este no actuó dolosamente al poner en conocimiento de las autoridades lo relacionado con la desaparición de la camioneta, pues tal forma de culpabilidad, en casos como el presente, se relaciona precisamente con el conocimiento previo acerca de la falsedad del hecho o hechos denunciados, es decir, con una información anterior que debe poseer quien denuncia el hecho, en el sentido de que va a poner en conocimiento de la justicia situaciones que no han ocurrido, con el fin de que se inicie una acción penal en contra de una persona determinada, lo cual viene a ser deducido de la fórmula de dolo adoptada por nuestra legislación en el artículo 36 del C.P., que exige el conocimiento de los hechos y de su prohibición, y la decisión libre y consciente de efectuar el acto pese a tal conocimiento previo, para poder imputar una conducta como acto doloso” (fl. 37, cdno. 2).

4. Con los documentos relacionados, se encuentra acreditado que Juan David Osorio López presentó denuncia contra Jorge Iván Salazar Rivas por la pérdida de la camioneta Ford, línea F-3, color plata, placas MAQ 158, omitiendo indicar al ente investigador que había realizado diversos negocios jurídicos con él, entre ellos, que le había comprado el automotor; igualmente se encuentra demostrado que durante el curso de la investigación apareció el señor Gentil Castaño Valencia quien promovió incidente para la entrega del vehículo y que, de acuerdo con los elementos de prueba aportados a la investigación, demostró su calidad de poseedor de buena fue, por lo que obtuvo, en calidad de depositario y en forma provisional, la entrega del mismo.

De igual modo observa la Sala que la omisión de información involuntaria en relación con los negocios jurídicos celebrados entre Osorio López y Salazar Rivas, dio lugar a que el fiscal instructor ordenara investigar al inicial denunciante, señor Juan David Osorio, por el presunto punible de falsa denuncia, y a su vez comunicara a la compañía aseguradora Mapfre S.A, que el vehículo no había sido objeto de siniestro.

En lo relativo al daño, se entiende por tal, aquel evento en el cual se causa un detrimento o menoscabo, es decir, cuando se lesionan los intereses de una persona en cualquiera de sus órbitas, es “la ofensa o lesión de un derecho o de un bien jurídico cualquiera”(7) aunque algunos autores han considerado que esta concepción debe incluir también la “amenaza o puesta en peligro del interés”(8), con lo cual se amplía su concepción a la “función preventiva”(9) del mismo; en ese orden de ideas, se encuentran diversos conceptos del daño que ha planteado la doctrina:

“Nos encontramos ante un concepto amplío, impreciso y esencialmente intuitivo(10). De estas características se deriva la dificultad de dar un concepto unitario de “daño”, dada la diversidad de manifestaciones y matices que este presentan(11).

“Para De Cupis “daño” no significa más que nocimiento o perjuicio, o lo que es lo mismo aminoración o alteración de una situación favorable(12). En un entendimiento similar del concepto, la doctrina suele dar un concepto meramente objetivo del “daño” caracterizándolo —en palabras de Larenz— como “el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(13).

“Esta afirmación precisa de una urgente aclaración ya que el hombre no solo sufre cuando se lesionan sus intereses materiales; “un atentado —escriben los hermanos Mazfaud— contra sus intereses morales, le puede resultar todavía más sensible”(14). En definitiva, “daño” no se equipara a la mera pérdida pecuniaria.

“El concepto de daño comprende, en efecto, el perjuicio, el nocimiento causado(15). Es una modificación a la realidad material(16), modificación desfavorable para el dañado, perjudicial para sus intereses. En consecuencia, es inmanente al concepto de daño la idea de confrontación entre una situación antecedente y una sucesiva desventajosa para la víctima”(17).

Así, con la aproximación al concepto de daño(18), es pertinente señalar, que la constatación de este no es suficiente para que se proceda a su indemnización; en efecto, el daño debe ser cualificado para que sea relevante en el mundo jurídico, por ello la Constitución Política en el artículo 90 señala que “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” (se resalta).

La antijuridicidad(19) se refiere a aquello que no se tiene la obligación de padecer, al evento que es “contrario a derecho”(20), “es la contradicción entre la conducta del sujeto y el ordenamiento jurídico aprehendido en su totalidad”(21), ello se refiere a que se desconozca cualquier disposición normativa del compendio normativo, sin importar la materia o la rama del derecho que se vulnera, puesto que la transgresión a cualquiera de ellas, genera la antijuridicidad del daño(22).

En ese orden, la antijuridicidad puede ser estudiada en el plano formal y en el material: el primero de ellos se evidencia con la simple constatación de la vulneración a una norma jurídica, y el segundo se refiere a la lesión que se produce con esa vulneración, en los derechos de un tercero(23), aspectos que deben estar presentes para que el daño sea indemnizable.

Sin embargo, es preciso señalar que no solo es antijurídico el daño cuando se vulnera una norma jurídica, sino también aquel que atenta contra un bien jurídicamente protegido, en palabras de Roberto Vásquez Ferreira, “la antijuridicidad supone una contradicción con el ordenamiento, comprensivo este de las leyes, las costumbres, los principios jurídicos estrictos dimanantes del sistema y hasta las reglas del orden natural. En esta formulación amplia caben los atentados al orden público, las buenas costumbres, la buena fe, los principios generales del derecho y hasta el ejercicio abusivo de los derechos(24)(25).

La Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, en lo que se refiere al daño antijurídico, indicó:

“El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el legislador.

“La doctrina española ha definido el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. Esta concepción fue la base conceptual de la propuesta que llevó a la consagración del actual artículo 90.

(...).

“Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”.

“Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño .que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Esta corporación ha entendido el daño antijurídico como “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(26), como también en los siguientes términos:

“A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(27); o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de ‘causales de justificación’(28).

“Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber:

La primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y efectividad de los derechos (C.N., arts. 228 y 20), sino también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado social de derecho (C.N., arts. 1º y 13)”(29) (se resalta).

El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, es imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura.

Así las cosas, se puede establecer que las hipótesis que no cumplan con esos parámetros, conformaran un daño opuesto, esto es, justo o jurídicamente permitido: [d]esde esta perspectiva, los actos humanos que resulten ajustados al derecho, en función de que son respetuosos con los intereses que este estima preferentes, integran la órbita de los actos lícitos, justos o no antijurídico (...)(30), es decir, que serán daños jurídicos cuando la conducta por la cual se imputa el daño o el hecho dañoso este autorizado por las normas jurídicas vigentes, o el que acaece por el cumplimiento de un deber consagrado en el ordenamiento jurídico, en términos breves “cuando existe el deber legal de soportarlo”(31).

En conclusión, el daño es el primer elemento de la responsabilidad, el cual cuando se torna en antijurídico, da lugar a estudiar su imputación al ente demandado, de lo contrario el análisis de la misma se agota en ese primer presupuesto, comoquiera que resulta inocuo cualquier consideración adicional a su imputación y al régimen aplicable, al respecto se ha indicado:

“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores(32), el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

“En efecto, en sentencias proferidas dentro de los procesos acumulados 10948 y 11643 y número 11883, se ha señalado tal circunstancia precisándose en esta última, que “... es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado...”, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”(33)(34).

En ese contexto, para la Sala es ostensible que en el sub examine se presentó un daño jurídico; en primer lugar, porque correspondía al ente investigador el esclarecimiento de los hechos que rodearon la 'investigación bajo el radicado 18.672 y, en segundo lugar por cuanto la causa única y determinante de la investigación de que fue objeto el demandante, por la fiscalía séptima delegada ante los jueces penales del circuito, fue su propia conducta, al omitir colocar en conocimiento de la autoridad toda la información relativa a los negocios jurídicos celebrados con el denunciado, lo que de suyo desdibuja la antijuridicidad del perjuicio ocasionado y con ello se desarticula el pivote de responsabilidad estatal; imponiéndose la denegatoria de la condena solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de junio 26 de 2002 (sic)(35), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, mediante la cual se denegaron las suplicas de la demanda.

2. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(3) “ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

“Este Código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

“Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” (se destaca).

(4) Luhmann, Niklas “Confianza”, Ed. Anthropos, Ciudad de México, 2005, pág. 5 y 6.

(5) “ART. 627.—Vigencia.

“La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:

“1. Corregido por el artículo 18, Decreto Nacional 1736 de 2012. Los artículos 24, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 2º, 33 numeral 2º, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley.

“2. La prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este código, será aplicable, por decisión de juez o magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta ley.

“3. El Consejo Superior de la Judicatura dispondrá lo necesario .para que los expedientes de procesos o asuntos en los que no se haya producido actuación alguna en los últimos dos (2) años anteriores a la promulgación de este código, no sean registrados dentro del inventario de procesos en trámite. En consecuencia, estos procesos o asuntos no podrán, en ningún caso, ser considerados para efectos de análisis de carga de trabajo, o congestión judicial.

“4. Los artículos 17 numeral 1º, 18 numeral 1º, 20 numeral 1º, 25, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 6º y parágrafo, 32 numeral 5º y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012).

“5. A partir del primero (1º) de julio de dos mil trece (2013) corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de las licencias provisionales y temporales previstas en el Decreto 196 de 1971, así como la aprobación para la constitución de consultorios jurídicos prevista en el artículo 30 de dicho decreto.

“6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país.

(6) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 18 de enero de 2012. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 1999-01250. Oportunidad en la que se precisó: “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

“En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la Ley Procesal Civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda” (negrillas adicionales).

De igual forma, se pueden consultar la sentencia de 7 de marzo de 2011, Expediente 20171, M.P. Enrique Gil Botero, oportunidad en la que se precisó: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

“En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

“En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo qué tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

“Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

“El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso”.

(7) Orgaz, Alfredo. El daño resarcible. 2ª Edición. Ed. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires. Pág. 36. En ese mismo sentido Vásquez Ferreira Roberto en su obra Responsabilidad por daños. Ed. Depalma, Buenos Aires. Pág. 174 lo definió así: “El daño es la lesión a un interés jurídico”.

(8) De Lorenzo, Miguel Federico. El daño injusto en la responsabilidad civil. Ed. Abeledo Perrot Buenos Aires. Pág. 17.

(9) Vázquez Ferreira, Roberto. Ob. cit., pág. 170.

(10) Nota del original: “Cfr. Ataz Lopez, J. Los médicos y la responsabilidad civil. Ed. Montecorvo, Madrid, 1985, pág. 319”.

(11) Nota del original: “Vid., entre otros, Yzquierdo Tolsada, M. Responsabilidad civil contractual y extracontractual. Reus, Madrid, 1993, vol. I, pág. 182”.

(12) Nota del original: “De Cupis, A. Ill danno. Teoría generale della responsabilitá Giuffré Editore, Milano, 1996, vol. I, pág. 7. Términos curiosamente coincidentes con los empleados por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como sinónimos de “nocimiento”; cfr. Diccionario 'de la Real Academia de la Lengua, Espasa-Calpe, ed. 1984 (20ª edición), t. II, p. 956: “Nocirniento (De nocir), Daño o perjuicio”.

(13) Nota del original: “Cfr. Larenz, K. Derecho de obligaciones (traducción española de Santos Briz), Edersa, Madrid, 1958, t. I, pág. 193. Definición recogida por Santos Briz, J. en sus obras: Derecho de daños, Edersa, Madrid, 1963, pág. 107 y La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y derecho procesal. Montecorvo S.A., Madrid, 1993 (7ª ed.), t. I, p. 144; por Pascual Estevill, L. La responsabilidad extracontractual, aquiliana o delictual. Bosch, Barcelona, 1990-92, t. II, vol. 20, parte especial (cont.), pág. 647”.

(14) Nota del original: “Cfr. Mazeaud, H., L. y J. Lecciones de derecho civil (traducción de Luis Alacalá - Zamora y Castillo), Ed. Ediciones Jurídicas Europa- América, Buenos Aires, 1960, parte segunda, vol. II, pág. 60.

(15) Nota del original: “Vid. Patii, S. II dañño patrimoniale, UTE I - Libreria, Torino, 1989, pág. 9; De Cupis, A. “Danno (dir. vig.)”, en Enc. Dir., t. XI, Milano, 1962, págs. 622 y ss.”.

(16) Nota del original: “Vid, Von Caemmerer, E. Das Problern des Kausalzusammenhangs im Privatrecht, Freiburgi. Br., 1956.

(17) Bustos Lago, José Manuel. La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual. Ed. Tecnos. Madrid, pág. 40.

(18) El Consejo de Estado, ha definido el daño así: “El daño, como otro de los elementos de la responsabilidad, es la lesión o pérdida causada por una conducta lícita o ilícita, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, y la cual no tiene por qué soportar el lesionado (art. 90 constitucional)”, sentencia del 19 de mayo de 2005, Expediente 15001-23-31-000-2001-01541-03, M.P. María Elena Giraldo Gómez; “El daño, en “su sentido natural y obvio”, es un hecho, consistente en “el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien” “... en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc.” y “... supone la destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo”. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Expediente 11.499, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(19) Término que ha sido aceptado por un sector de la doctrina como sinónimo de injusto, y en ciertos eventos de ilícito.

(20) Bustos Lago, José Manuel, ob. cit., pág. 45.

(21) Nota del original: “Cfr. Bueres, A. J.: “El daño injusto y la licitud”, ob. cit., pág. 149. En el mismo sentido, entre otros, Rodríguez Mourullo, G. Derecho penal. Parte general, ob. cit., pág. 343: “Para la determinación de la antijuridicidad resulta decisivo el ordenamiento jurídico en su conjunto”. Bustos Lago, José Manuel. Ob. cit., pág. 50.

(22) Sobre el concepto de daño antijurídico resulta ilustrativo, la breve reseña que sobre el mismo presentó, Vázquez Ferreira Roberto. Ob. cit., pág. 128: “En una primera aproximación, Compagnucci de Caso define a la antijuridicidad como “el acto contrario á derecho, considerado este último concepto como una concepción totalizadora del plexo normativo”.

“Gschnitzer entiende por antijuridicidad “una infracción de una norma, ley, contrato, ya norma expresa, ya atentado a la financiad que la norma persiga o lesiones principios superiores”.

“En el campo penal, Mezger define la antijuridicidad —injusto— como el juicio impersonal objetivo sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico”.

(23) Bustos Lago, José Manuel. Ob. cit., pág. 51 a 52.

(24) Nota del original: “así lo expusimos en nuestra obra “La obligación de seguridad en la responsabilidad civil y ley de contrato de trabajo”. Ed. Vélez Sarsfield, Rosario, 1988, pág. 67. Ver también Alberto Bueres en “El daño injusto y la licitud”. Ob. cit., pág. 149, y Omar Barbero, Daños y perjuicios derivados del divorcio, Edit. Astrea, Bs. As., 1977, pág. 106”.

(25) Vázquez Ferreira Roberto. Ob. cit., pág. 131.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 8 de mayo de 1995, expedientes 8118 y 8163 de 13 de julio de 1993, M.P. Juan de Dios Montes Hernández, reiterado en sentencia del 6 de junio de 2007, Expediente 16.460, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(27) Nota del original: “Sentencia del 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, entre muchas otras”.

(28) Nota del original: “Sentencias del 11 de noviembre de 1999, Expediente 11499 y del 27 de enero de 2000, Expediente 10867”.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005, Expediente 12.158, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Ver entre otras:

“En el bien entendiendo que la expresión lesión tiene un significado más estricto que la palabra daño. No cualquier daño será indemnizado, sino solo aquellos daños jurídicos, aquellos daños los que el derecho les de alguna relevancia, aquellos daños que no deban ser normalmente soportables: el cambio de lugar de una parada de los autobuses urbanos, el tiempo que hay que aguantar en la cola en la ventanilla de una oficina pública, son consideraciones así como supuestos en los que las posibles molestias de los ciudadanos no alcanzan, la categoría de ‘lesión’”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio die 1991, Expediente 6334, M.P. Daniel Suárez Hernández.

“Según se ha visto, condición necesaria para que desencadene la reparación es que el daño sea antijurídico, calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de “causales de justificación.

“(...).

“Por lo anterior, no hay duda de que el fundamento de la responsabilidad, del Estado se desplazó de la ilicitud de la conducta causante del daño (falla del servicio o culpa del Estado) al daño mismo, siempre y cuando este fuese antijurídico”. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Expediente 11.499, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(30) Bustos Lago, José Manuel. Ob. cit., págs. 51 a 52.

(31) Gil Botero, Enrique. Responsabilidad extracontractual del Estado. Quinta Edición. Ed. Temis. Pág. 28.

(32) Nota del original: “En este sentido pueden verse también las sentencias del 2 de marzo de 2000, Expediente 11.135; 9 de marzo de 2000, Expediente 11.005; 16 de marzo de 2000, Expediente 11.890 y 18 de mayo de 2000, Expediente 12.129”.

(33) Nota del original: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2002, Expediente 12.625”.

(34) Citado por Gil Botero, Enrique, ob. cit., pág. 27.

(35) (sic), habida cuenta que el trámite y el informe secretaria que anteceden al fallo, se llevaron a cabo en el año 2003, inequívocamente debe precisarse que la sentencia fue proferida el 26 de junio de 2003.