Sentencia 1999-00875 de marzo 4 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 25000-23-27-000-1999-00875-01(15328)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Oftalmos S.A.

Demandado: Bogotá D.C.

Fallo

Bogotá, D.C., cuatro de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló parcialmente los actos administrativos que determinaron el impuesto predial de los años 1995, 1997 y 1998 a Oftalmos S.A.

Para el efecto, la Sala destaca los siguientes hechos probados:

— El Departamento Administrativo de Catastro Distrital, mediante Resolución 02849 del 4 de octubre de 1996, corrigió unos avalúos catastrales del predio de la transversal 18ª 98 - 35 y de cédula catastral USQ-98-T18A-1. Los avalúos fueron fijados así:

“$ 2.956.794.0001/96
 $ 2.475.133.0001/95
 $ 2.019.034.0001/94
 $ 1.646.846.0001/93”(3).

— Oftalmos S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 02849 de 1996. El recurso de reposición fue decidido por medio de la Resolución 00227 del 17 de marzo de 1997 que confirmó la resolución recurrida. El recurso de apelación fue decidido mediante la Resolución 00434 del 27 de junio de 1997 en el sentido de confirmar la decisión impugnada(4). Contra estos actos administrativos Oftalmos S.A., el 2 de noviembre de 1999, instauró la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que fue radicada con el Nº 99-0874 de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y 00-0479 de la Sección Primera de la misma corporación a la que se le envió por competencia(5).

— Por el año gravable de 1995, Oftalmos S.A. presentó la declaración del impuesto predial el 1º de junio de 1995 con un autoavalúo de $ 1.201.382.000 y un impuesto a cargo de $ 7.809.000. La declaración fue corregida el 18 de octubre de 1996 en la que liquidó un autoavalúo de $ 2.475.133.000 y un impuesto a cargo de $ 11.708.000(6).

— Previo requerimiento especial y la correspondiente respuesta, la Dirección de Impuestos Distritales practicó la liquidación de revisión 208 del 4 de mayo de 1998 en la que determinó un impuesto a cargo de $ 11.708.000 y una sanción por inexactitud de $ 8.112.000.

— La liquidación de revisión fue confirmada por medio de la Resolución 150 del 31 de mayo de 1999 que decidió el recurso de reconsideración interpuesto por la contribuyente.

— Por el año gravable de 1997, la actora presentó la declaración del impuesto predial el 19 de junio de 1997 con un autoavalúo de $ 1.240.278.000 y un impuesto a cargo de $ 8.062.000(7).

— Previo requerimiento especial y la correspondiente respuesta, la Dirección de Impuestos Distritales practicó la liquidación de revisión 949 del 1º de septiembre de 1999, en la que determinó un impuesto a cargo de $ 22.679.000 sobre un autoavalúo de $ 3.489.017.000. Impuso sanción por inexactitud de $ 23.387.000. La liquidación de revisión fue confirmada por medio de la Resolución 370 del 20 de diciembre de 2000(8).

— Por el año gravable de 1998, la actora presentó la declaración del impuesto predial el 22 de abril de 1998 con un autoavalúo de $ 1.438.722.000 y un impuesto a cargo de $ 9.352.000(9).

— Previo requerimiento especial y la correspondiente respuesta, la Dirección de Impuestos Distritales expidió la liquidación de revisión 189-A del 10 de marzo de 2000, en la que determinó un impuesto a cargo de $ 16.124.000 sobre un autoavalúo de $ 4.047.260.000. Impuso sanción por inexactitud de $ 10.835.000. La liquidación de revisión fue confirmada por medio de la Resolución 175 del 10 de mayo del 2001(10).

Con base en los hechos probados, la Sala procede a resolver:

La demandante controvierte la decisión de primera instancia con fundamento en que la decisión se tomó sin tener en cuenta que existía una causal de suspensión del proceso por una solicitud de acumulación que no se había decidido. Esta solicitud de acumulación impedía que el proceso se adelantara según lo dispuesto en los artículos 140 y 159 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, debía declararse la nulidad de todo lo actuado desde la sentencia del tribunal.

De manera subsidiaria solicitó que se revocara la decisión con base en la argumentación jurídica expuesta en el recurso de apelación.

Pues bien, el argumento expuesto por la demandante en el recurso de apelación no corresponde a un debate propio de este medio de impugnación.

Según el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, la finalidad del recurso de apelación es que la providencia de primer grado sea revisada por el superior jerárquico del funcionario judicial que la profirió, para que en análisis de su legalidad la confirme, revoque o modifique(11). De ahí la necesidad de que el recurso de apelación se sustente. La sustentación es la oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como demandante o como demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se pronunció de manera adversa o simplemente no se pronunció.

El marco conformado por la sentencia y el recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda instancia. Como lo señaló la jurisprudencia citada, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos que a su juicio debieron ser invocados en contra de la decisión.

En este caso, el Tribunal de Cundinamarca analizó los cargos de falta de firmeza de los actos que establecieron el avalúo catastral del predio de la actora, del silencio administrativo positivo, así como los demás argumentos de la demanda. Examinó la independencia de los procesos de determinación oficial del impuesto predial y el de formación, actualización y conservación catastral. Sin embargo, concluyó que no había prueba de que existiera decisión judicial que le restara efectos a los actos que determinaron el avalúo catastral. Finalmente, levantó la sanción por inexactitud por diferencia de criterios.

Por su parte, en el recurso de apelación, la actora planteó una nulidad procesal porque no se podía proferir la sentencia en este proceso sin que se hubiera dictado la decisión en el proceso 99-0874, pues este se pidió acumular al presente y le correspondía al tribunal decretar la acumulación. Como así no lo hizo, el a quo consideró erróneamente que la causa controvertida en este proceso no se relacionaba con el procedimiento de formación, actualización y conservación catastral.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que el demandante no controvirtió ninguno de los argumentos que motivaron la decisión de primera instancia. El escrito de apelación se dirigió a solicitar la declaratoria de una nulidad procesal, la cual, fue negada mediante auto del 21 de agosto de 2009 por considerar que todas las solicitudes de acumulación que obraban en el expediente fueron decididas por el tribunal. Que aunque en ambas solicitudes de acumulación se citó el Expediente 99-0874 y el tribunal no lo mencionó, lo cierto es que la acumulación de este proceso era improcedente porque se había declarado la perención y el expediente estaba archivado(12). Este auto se encuentra en firme.

Estos hechos, el de la perención y el posterior archivo del proceso 99-0874, impedían que la sociedad siguiera insistiendo en que el tribunal no podía dictar la sentencia en este proceso mientras no se profiriera la decisión en aquel. Esta razón confirma la carencia de objeto del recurso de apelación.

En efecto, al margen de la discusión sobre la independencia del proceso de formación o revisión de avalúos catastrales frente al proceso de determinación oficial del impuesto predial, lo cierto es que la acción contra los actos que determinaron el avalúo catastral había terminado por perención, con la consecuencia de que los actos quedaban en firme (CCA, art. 62, num. 4º).

Menos acertado era pretender, según los alegatos de conclusión de la actora, que si no se declaraba la nulidad procesal, se tuviera como impugnación de la base gravable señalada en los actos demandados en este proceso las disposiciones violadas y el concepto de violación de la demanda presentada contra los actos que fijaron el avalúo catastral. En primer lugar, la determinación oficial del impuesto predial tiene una fundamentación normativa diferente al proceso de formación y conservación catastral. No resultaría pertinente trasladar la discusión de este proceso a aquel. En segundo término, implicaría revivir la discusión de la legalidad de unos actos, que en virtud de la perención, adquirieron firmeza. Y, en tercer lugar, significaría la violación del debido proceso y del derecho de defensa de la contraparte.

Lo expuesto anteriormente es suficiente para considerar que no existen motivos de inconformidad frente al fallo de primera instancia en los puntos que le fueron adversos al recurrente. Razón por la cual, el recurso de apelación de la parte actora carece de objeto.

Finalmente, no es procedente la petición del distrito en los alegatos de conclusión de que se revoque la decisión del tribunal en cuanto levantó la sanción por inexactitud. La oportunidad para alegar de conclusión no es el momento para subsanar la falta de sustentación de la apelación, término que, en este caso, la demandada dejó transcurrir en silencio y, que por tal motivo, el despacho del magistrado ponente declaró desierto el recurso de apelación del distrito.

Así las cosas, se procederá a confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 18 de noviembre de 2004 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(3) Folio 20, c.a. 10.

(4) Folios 33 y 46, c. ppal.

(5) Folios 337 y 375, c. ppal.

(6) Folios 37 y 38, c. ppal.

(7) Folio 46, c. 01-1005.

(8) Folios 35 y 47, c. 01-1005.

(9) Folio 30, c.01-2205.

(10) Folios 51 y 62, c. 01-2205.

(11) Sentencias de 18 de marzo de 2001, Expediente 13683, C.P. Juan Ángel Palacio H. y 25 de septiembre de 2006, Expediente 14968, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(12) Folios 375, 376, 383, 390 y 397, c. ppal.