Sentencia 1999-00878/31738 de febrero 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Exp.: 31738

Rad.: 520012331000199900878 01

Actor: Norbertino Angulo Caicedo y otros

Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otro

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón (e)

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil quince.

“EXTRACTOS: II. Consideraciones de la Sala

1. La competencia.

La Sala es competente para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño el día 29 de octubre de 2004, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, como quiera que la indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente para el señor Norbertino Angulo Caicedo se estimó en $ 30.000.000(18), mientras que el monto exigido en el año 1999 para que un procesoadelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia fue de $ 18.850.000 (D. 597/88).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

La responsabilidad administrativa que se reclama en la demanda se deriva de la destrucción de las casas de habitación de cada uno de los demandantes, con ocasión del ataque guerrillero que tuvo lugar el 31 de agosto de 1997 en el Municipio de San Miguel, Departamento de Putumayo y, como quiera que la demanda se presentó el día 30 de agosto de 1999, resulta evidente que se interpuso dentro del término previsto por la ley.

3. El objeto de la apelación.

Es preciso manifestar que el recurso de apelación formulado por la Nación —Policía Nacional— se enderezó a cuestionar los fundamentos de su deber de responder por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia del ataque guerrillero perpetrado en contra de la Estación de Policía del Municipio de San Miguel el día 31 de agosto de 1997, excluyendo de la alzada cualquier cuestionamiento en contra de otro extremo de la litis.

Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo(19).

Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá exclusivamente al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.

4. Las pruebas allegadas al proceso.

Obran en el expediente los siguientes elementos probatorios susceptibles de valoración:

En original o copia auténtica los siguientes documentos:

— Oficio 3008 expedido por el Comandante de la Policía de Putumayo, en el que se informó que el día 31 de agosto de 1997 se perpetró un ataque guerrillero en contra de la Estación de Policía del Municipio de San Miguel(20).

— Cuatro documentos proferidos por el Comandante de la Policía del Municipio de San Miguel, denominados “Plan de seguridad de la localidad de Puerto Colón San Miguel”, “Planes y acciones —procedimientos para planes policiales—”, “Plan defensa instalaciones y defensa de la localidad” y “Plan estudios de seguridad instalaciones policiales”, en los cuales están consignadas las medidas de seguridad que la entidad demandada adoptaba para conservar la seguridad ante la presencia de grupos guerrilleros en la zona, así como el plan de acción ante un ataque insurgente(21).

Se recibieron las siguientes declaraciones testimoniales:

— De los señores Rosa Emilia Cortés Estacio, Efraín Zapata Caicedo, Nancy Patricia Martínez Escobar y José Wilson Gómez Peralta, quienes se refirieron a la forma en la cual se desarrolló la toma guerrillera perpetrada en contra de la Estación de Policía del Municipio de San Miguel, el día 31 de agosto de 1997, así como a los daños que tal situación ocasionó a los bienes de cada uno de los demandantes(22).

Como testimonios trasladados:

— El rendido por los agentes de policía Luis Hernán Quintero Guapacha e Idelfonso Rodríguez Sánchez dentro de la investigación disciplinaria que la entidad demandada adelantó para esclarecer los hechos ocurridos el 31 de agosto de 1997 en el Municipio de San Miguel. Según su propio dicho, estuvieron en la Estación de Policía de dicho lugar el día del ataque(23).

Ahora bien, de conformidad con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, el valor probatorio de los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración, deviene del hecho de haberlos trasladado en copia auténtica y siempre que se hubieren practicado con audiencia de la parte contra la cual se aducen(24).

Así las cosas, como quiera que el traslado de dichas declaraciones testimoniales se hizo copia auténtica y fueron practicadas por iniciativa de la Nación -Policía Nacional-, dentro de la investigación disciplinaria para esclarecer los hechos que ocurrieron el 31 de agosto de 1997 en el Municipio de San Miguel, es de concluir que cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil para efectos de otorgarles valor probatorio.

5. Legitimación en la causa por activa.

Los señores Norbertino Angulo Caicedo, Ulfa Marina Mina, María Eugenia Gómez Peralta, José Francisco Angulo Zapata y Bartolomé Gómez Angulo, demandaron en calidad de poseedores la indemnización de perjuicios que les habrían sido causados por la destrucción de sus casas de habitación con ocasión de un ataque guerrillero perpetrado en el Municipio de San Miguel, Putumayo, el día 31 de agosto de 1997.

En este punto de la providencia resulta oportuno reiterar lo que la Sección Tercera del Consejo de Estado expuso en sentencia de 18 de noviembre de 2013(25), acerca del derecho que le asiste al poseedor de una cosa para pedir indemnización por la vulneración de su derecho.

Al respecto el artículo 2342 del Código Civil, al definir los titulares del derecho a la reparación por los daños causados, estableció que éste se extendía no solo al propietario, sino también al poseedor e, inclusive, en ciertos eventos, también al usufructuario, al habitador y al usuario. Así reza la norma:

“Puede pedir esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del dueño…”.

Con fundamento en el artículo transcrito, ha entendido la Sección que el poseedor se encuentra legitimado para solicitar el resarcimiento de los perjuicios que se causen a su derecho. En efecto, en sentencia de 31 de agosto de 2006 razonó así sobre tal particular(26):

“En el caso concreto se demostró con la prueba documental y testimonial que obra en el proceso que el señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez ejercía actos de señor y dueño sobre el vehículo de placas TQ-2548, pues lo recibió materialmente, en razón del contrato de permuta que celebró el 13 de febrero de 1992, con el señor Luis Alberto Claro Rojas y lo explotaba económicamente, según la versión del señor Eduardo Molina Torres, quien afirmó que el demandante destinaba el vehículo al servicio público de transporte, que él era el conductor del mismo y recibía de éste una remuneración por esa labor. Por lo tanto, el señor Sánchez Rodríguez estaba legitimado para reclamar la indemnización de los perjuicios que sufrió como consecuencia de su destrucción, en conformidad con lo previsto en la legislación civil colombiana, en el sentido de que el poseedor puede reclamar la indemnización de los daños que se le hubieren causados a su derecho” (negrillas fuera de texto).

De igual manera, ha discurrido la Sala al tratar el tema de ocupación de inmuebles de la manera siguiente(27):

Ahora bien, no cabe duda a la Sala de que el poseedor de un bien está legitimado en la causa para solicitar la indemnización del perjuicio causado como consecuencia de la ocupación permanente o transitoria de un inmueble por causa de trabajos públicos. En efecto, si bien aquél no es titular del derecho de propiedad, tiene otro derecho digno de tutela, reconocido y regulado por el legislador civil en su contenido, sus efectos y su forma de protección. Así lo ha reconocido esta misma Sala, en fallos anteriores(28), y ha recurrido, en algunos de ellos, a la prescripción contenida en el artículo 2342 del Código Civil, según la cual puede pedir la indemnización “no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho…” (se resalta).

En la misma línea de pensamiento, ha llegado a determinar la Sección que es posible acceder al resarcimiento de los perjuicios que se causen al derecho de posesión, aún en los casos en los cuales dicha calidad no sea expuesta en la demanda, siempre y cuando resulte demostrada claramente en el proceso, toda vez que ha considerado que el debate sobre la calidad de propietario y poseedor pertenece al ámbito exclusivamente jurídico y, por ende, es susceptible de ser variado por el juez contencioso al amparo del principio de iura novit curia. Así se explicó el criterio por la Sala en anterior oportunidad:

“Siendo así, la Sala estima que Aleyda Erazo Perafán está legitimada en la causa para reclamar la indemnización, así háyase presentado como propietaria del bien averiado, cuando sólo demostró ser su poseedora.

“La víctima de daños antijurídicos debe recibir la indemnización que merezca, sin que para ello sea esencial la definición exacta del tipo de relación jurídica entre el derecho conculcado y la persona titular de ese derecho.

“Como ya lo tiene bien aclarado la Sala, daño antijurídico es la lesión de un interés legítimo que la víctima no tiene la obligación de soportar. Ese interés legítimo no precisa sino de este carácter para resultar protegido, sin que le corresponda al actor siempre y en todos los casos acertar en la calificación técnica y jurídica de ese interés. Exigir tal precisión desvirtúa por entero el principio iura novit curia, de insustituible valía para que la jurisdicción interprete y aplique el artículo 90 de la Constitución”(29) (negrillas fuera de texto).

Descendiendo lo antes visto al proceso que hoy corresponde decidir, la Sala encuentra que en el expediente hay declaraciones testimoniales a partir de las cuales se puede inferir de manera razonable que los demandantes ejercían actos de dominio sobre los bienes inmuebles que habrían sido destruidos por la toma guerrillera perpetrada en contra de la Estación de Policía de San Miguel, el 31 de agosto de 1997, a punto tal que a varios de ellos les reconocían la calidad de dueños.

Así, por ejemplo, se tiene que la testigo Rosa Emilia Cortés Estacio, de 37 años y vecina del lugar y quien expresó conocer a los demandantes de tiempo atrás, dijo:

“Doña María Eugenia Gómez ni Don José Francisco Angulo, ellos viven en otro lugar porque les da miedo regresar a sus lotes, ya que quedaron sin nada por ser inocentes, los demás Ulfa Marina y Don Bartolomé viven ahí mismo, porque volvieron armar su ranchito (…) Don Norbertino, Doña Marina, Doña María Eugenia, Don Francisco y Don Bartolomé, después del ataque guerrillero salieron del lugar donde estaban escondidos a ver qué pasó con sus casa y cosas y al darse cuenta que todo estaba destruido empezaron a llorar (…) después buscar una pieza para arrendar y otros a ver como hacían para volver a reconstruir su ranchito porque no tenían de donde pagar un arriendo y porque eran sus propios lotes (…) les tocó a los mismos demandantes tomar ánimos y fuerzas para volver a sus lotes y reconstruir pobremente sus ranchitos” (negrilla por la Sala)(30).

Igualmente la señora Nancy Patricia Martínez Escobar, residente de la zona y ama de casa, indicó:

“Sí los conozco todos los que me acaba de nombrar, desde hace 15 años aproximadamente porque cuando yo llegué a vivir a San Miguel, ellos ya eran habitantes de allí de la misma parte de donde yo vivo. Habitaban las casas construidas, construidas en los alrededores de la Estación de Policía de San Miguel, siempre han vivido allí (…) ellos han reconstruido sus viviendas con su propio esfuerzo y trabajo” (negrillas fuera de texto)(31).

En similar sentido se expresó el señor José Wilson Gómez Peralta, casado, de oficio agricultor y quien afirmó sobre este aspecto:

“Me consta que todas las casas alrededor del puesto de policía fueron destruidas completamente (…) eso fue a raíz del ataque de la guerrilla, porque en la fecha anterior se las miraba en perfecto estado y habitadas por sus dueños. Se encontraban en perfecto estado de funcionamiento como también se podía hacer uso de ellos, las casas sí eran habitadas para esa fecha por sus dueños” (negrilla fuera de texto)(32).

Del análisis de las declaraciones arriba transcritas, para la Sala viene a ser claro que los testigos reconocían en los demandantes a los propietarios de los bienes inmuebles destruidos, así como de los lotes en donde estaban construidos. Esta afirmación encuentra soporte cuando los declarantes afirmaron que los demandantes reconstruyeron “su ranchito”, actos que para la Sala pueden catalogarse como de dominio y, por tanto, indicativos de que había una relación de ánimo de señor y dueño respecto de los inmuebles en donde vivían.

En suma, toda vez que está plenamente acreditado en el proceso la condición de poseedores de los demandantes, les asiste el derecho a reclamar indemnización por los daños sufridos en los bienes inmuebles que poseían al momento de los hechos que han dado lugar a la presente acción.

6. Caso concreto.

6.1. El daño.

No cabe duda en cuanto a que el día 31 de agosto de 1997 se perpetró en contra de la Estación de Policía del Municipio de San Miguel, Putumayo, un ataque guerrillero, pues así lo confirma el Oficio 3008 expedido por el Comandante de la Policía de ese departamento obrante en el expediente(33).

En cuanto a los daños que habrían sufrido los demandantes como consecuencia de la incursión guerrillera, se allegaron al proceso las declaraciones testimoniales de los señores Rosa Emilia Cortés Estacio, Efraín Zapata Caicedo, Nancy Patricia Martínez Escobar y José Wilson Gómez Peralta, quienes afirmaron ser vecinos de la población, los cuales son contestes en señalar que los enseres y la casa de habitación de cada uno de los demandantes resultaron destruidos tras la acción de la guerrilla.

En su declaración testimonial el señor José Wilson Gómez Peralta, quien dijo dedicarse a la agricultura, estar casado y tener dos hijos, así como ser residente del Municipio de San Miguel, dijo conocer a los demandantes y declaró que los daños por cuya indemnización demandan los actores se produjeron tras el ataque guerrillero del que se viene hablando. Así lo manifestó:

“la casa de habitación de don Norbertino quedó completamente destruida porque estaba más cerca al puesto de Policía, quedó inhabitable esta quedó más dañada que las otras casas, la de Doña Ulfa, quedó destruido el techo, las puertas, las paredes estaban rajadas, la cocina quedó desbaratada completamente no servía para nada. Ninguna de las casas podía o se miraba que se podía habitarla o vivir en ella por los perjuicios causados. A Don Norbertino se le dañaron todos sus muebles, enseres, nevera, la ropa, todo lo que tenía dentro de su negocio que era una tienda donde vendía, café y mecato todo esto inservible, a Doña Ulfa, perdió todo lo que poseía de muebles enseres, ropa de ella y otra de personas que le habían dado para lavar, el televisor, plancha todos los muebles de una casa de habitación, a Doña María Eugenia, como la casa era de tabla quedó destruida completamente no servía para nada, allí funcionaba uno hogar de bienestar, perdió todo lo necesario para su normal funcionamiento del hogar y los enseres y muebles de su hogar, a Don José Francisco, también le quedó destruido todo, porque su casa era vecina de la de Doña Ulfa entonces se le destruyó totalmente todo y a Don Bartolomé también se le destruyó la casa y todo lo que poseía en ella”(34).

En idéntico sentido declaró la señora Nancy Patricia Martínez Escobar, quien dijo ser ama de casa, residente del Municipio de San Miguel y quien aseguró conocer a los demandantes. La testigo afirmó que los bienes de cada uno de ellos se destruyeron como consecuencia del ataque guerrillero en contra de la Estación de Policía de ese lugar el 31 de agosto de 1997. Así lo manifestó:

“Sí me consta de los daños que sufrieron las viviendas, a la casa de Don Norbertino Angulo, quedó toda dañada, todo quedó destruida lo que él tenía adentro, el poseía una tienda y todo quedó inservible, las casa no servía para nada, a la casa de Doña Ulfa Mina, le quedó dañada toda la casa, el techo, las paredes cuarteadas todo inservible, no servía para lugar de habitación, a la de Doña María Eugenia Gómez, también le quedó la casa destruida completamente, no servía para nada la casa de Don José Francisco, lo mismo estaba destruida como era de tabla, quedó desbaratada completamente, y la de Don Bartolomé también quedó destruida, se miraba que allí no se podía habitarla. No se podía vivir en aquellas (…) los daños ocasionados me consta, a don Norbertino todo lo él poseía, él tenía una tienda, todo lo que vende, la nevera, televisor y demás enseres, a las demás personas todo lo que tenían televisor, equipos de sonido, muebles, cómodas y todo lo que cada uno poseía o tenía en su casa de habitación o sea lo necesario para vivir (…) me consta que esos daños fueron consecuencia del ataque que la guerrilla perpetró al puesto de Policía de San Miguel”(35).

De modo semejante rindieron testimonio los señores Rosa Emilia Cortés Estacio y Efraín Zapata Caicedo.

Así las cosas, como sea que los testimonios rendidos en primera instancia prueban que los demandantes padecieron la destrucción de sus casas de habitación así como la pérdida de sus enseres como consecuencia del ataque guerrillero perpetrado contra de la Estación de Policía de San Miguel, debe la Sala establecer si tales daños son atribuibles a la entidad demandada, razón por la cual se hace el siguiente análisis.

6.2. La imputabilidad de la responsabilidad.

El análisis del material probatorio allegado al proceso, concretamente unos documentos titulados “Plan de seguridad de la localidad de Puerto Colón San Miguel”, “Planes y acciones —procedimientos para planes policiales—”, y “Plan estudios de seguridad instalaciones policiales”, todos ellos suscritos por el Comandante de la Estación de Policía de San Miguel, contienen los planes que los policiales de ese lugar adelantaban para contrarrestar la delincuencia y los frentes de las FARC que tenían influencia en la zona(36).

En cuanto al documento “Plan defensa instalaciones y defensa de la localidad” calendado mayo de 1997, ha de decirse que se trata del plan que los policiales de ese municipio debían seguir en caso de que se presentara un ataque guerrillero. Este es el tenor de su contenido (se transcribe textualmente, incluso con errores):

“Para la jurisdicción del Municipio de San Miguel y municipios aledaños operan los frentes 32, 29, 48 de las autodenominadas FARC que integran el bloque sur. Dirigidos por el sujeto Iván Márquez.

Finalidad: Impartir órdenes claras al personal de la estación San Miguel, con el fin de organizar la defensa y ofensiva de la localidad para contrarrestar cualquier incursión subversiva que la subversión quiera realizar, para efecto se elaborará el plan defensa y se dará a conocer al personal subalterno para su aplicación y lograr una organización de estrategia y eficiencia en la acción de repeler un posible ataque.

(…).

— Comandante de la Estación. Misión particular: una vez presentado el ataque u hostigamiento moralizar al personal, y se busca que el factor sorpresa, (sic) coja desprevenido a los subalternos y se constituya un factor negativo.

Ubicar personal en los diferentes puntos vulnerables de la localidad tratando de proteger las instalaciones policiales y la base loma.

(…).

— Jefe armerillo: Pasara revista constante durante y después del ataque subversivo al material de guerra constatando las novedades.

(…).

— Personal franco: Cubrirá la terraza de la estación los que presten turnos en la estación, cubrirán la parte frontal de la misma, los agentes que presten seguridad en la base loma cubrirán la parte trasera de la terraza.

(…).

— Instrucciones permanentes: El personal de la estación que pernocte en la misma deberá estar atento a cualquier eventualidad presentada en la unidad, especialmente en las horas de la noche, deberá reaccionar cuando se active el plan defensa.

— La aplicación del plan defensa se debe tener en cuenta que se disparará cinco veces.

— Es importante que cada uno recolecte información sobre los 9-50 que operan en el área.

— Además poner en práctica las enseñanzas dadas por los instructores de contraguerrilla”(37).

En concordancia con los documentos que vienen de hacerse referencia, las declaraciones testimoniales de los policías que estuvieron presentes el día de los hechos en el Municipio de San Miguel, coinciden en afirmar que tenían planeado una estrategia de defensa la cual habían practicado en varias oportunidades y que se activó el día en que se llevó a cabo el ataque. Así por ejemplo, lo dijo el patrullero Luis Hernán Quintero Guapacha (Se transcribe textualmente, incluso con errores):

“llegamos a la estación lo más rápido posible ya estando en ella cogí el armamento de largo alcance y tomamos las ubicaciones estratégicas las cuales ya conocíamos por los planes de defensa, ya estando acá tomamos posiciones en la parte trasera, delantera nos manteníamos rotando, observando que el enemigo no estuviera dentro de las instalaciones. (…) Acá las labores de inteligencia se llevan a cabo en lo que nosotros llamamos participación comunitaria, en actividades tales el arreglo del parque que se estaba llevando a cabo, encuentros deportivos (…) Sí, al respecto era muy buena por parte de mis superiores antes de cada turno, siempre nos recomendaban al máximo las medidas de seguridad y además por la aparente calma de la ciudadanía o del pueblo, que tampoco era razón para confiarnos de ello y como estas muchas más instrucciones al respecto, también es de tener en cuenta que cuando se activaban los planes de defensa resolvíamos muchas incógnitas con respecto a esta situación quizás por ello el personal el día del ataque muy profesionalmente se ubicó en lugares estratégicos para repeler al enemigo(38) (negrilla por la Sala).

De igual forma declaró el policía Idelfonso Rodríguez Sánchez:

“Nosotros practicamos el plan de defensa a veces en la cartelera lo colocan y cada vez que va a salir de turno uno le dan las instrucciones”(39).

De lo expuesto anteriormente, se llega a la conclusión de que la Policía Nacional sabía de la presencia de grupos guerrilleros en torno al Municipio de San Miguel y que, por esta razón, adelantaba acciones preventivas, tales como labores de inteligencia y estrategias de defensa con el objeto de contrarrestar un ataque guerrillero, las cuales, según el dicho del patrullero Luis Hernán Quintero Guapacha, estrategias que dieron resultado el día del ataque, en tanto los policías de la estación reaccionaron de la manera correcta tal y como se había planeado.

El material probatorio allegado al proceso no permite dilucidar si las acciones preventivas que la entidad demandada adelantó con anterioridad al ataque guerrillero fueron insuficientes como afirma la demanda para evitar los hechos del 31 de agosto de 1997 en el Municipio de San Miguel.

No hay evidencia acerca de las irregularidades en que, según la demanda, habría incurrido la Policía Nacional y que facilitaron el ataque guerrillero, tales como el no haber incrementado la Fuerza Pública pese diversas solicitudes. Más aún, no se estableció que el personal que existía fuese insuficiente.

En síntesis, no es posible extraer algún elemento que demuestre actuación irregular o anómala por parte de la entidad demandada, por lo que no existe la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado a título de falla en el servicio.

7. Responsabilidad del Estado con ocasión de daños sufridos por los particulares con ocasión del conflicto armado interno. Reiteración de jurisprudencia(40). 

En el presente evento se tiene debidamente establecido que los daños por los cuales se reclama, se produjeron como consecuencia del ataque guerrillero en contra de la Estación de Policía del Municipio de San Miguel el día 31 de agosto de 1997, hecho que se enmarca en el conflicto armado que ha venido soportando la Nación de tiempo atrás.

La Sala considera que en este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que los daños ocurrieron dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas y, que explica que la imputación de responsabilidad no tenga que obedecer a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que pueda llegar a concretarse como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y que representan y hacen visible y palpable la legitimidad del Estado.

En cuanto a la excepción propuesta por la parte demandada como eximente de responsabilidad, soportada en “el hecho de un tercero”, ha de decir la Sala, como consecuencia de todo lo anteriormente expresado, que no aparece configurada en este caso por cuanto la declaratoria de responsabilidad que recae en la entidad demandada no parte de la determinación del causante del daño, —fuerzas estatales o miembros de los grupos alzados en armas—, sino que proviene del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y equidad(41).

Por todo lo dicho hasta aquí es que la Sala no puede compartir lo expuesto por la Nación —Policía Nacional— en el recurso de apelación, en el sentido de que respecto de los demandantes no hubo un rompimiento de las cargas públicas, por cuanto todos los ciudadanos colombianos están eventualmente sometidos a los efectos que se deriven del conflicto armado que padece el país, en tanto sería negar el fundamento axiológico de justicia y equidad que contiene la Constitución Política y de la cual se deriva el deber del Estado de acudir en respaldo de quienes han padecido los efectos de la guerra.

Conforme a lo dicho, se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia.

9. Actualización de la condena.

El Tribunal Administrativo de Córdoba reconoció a cada uno de los demandantes la suma de $ 7.160.000, por concepto de indemnización de perjuicios materiales.

Para la actualización de dicha condena se tendrá en cuenta el IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia (octubre de 2004) y el IPC vigente a la fecha de esta sentencia (enero de 2015), conforme a la siguiente fórmula:

a)

Ca =Ch x índice final
Índice inicial

Ca =7.160.000 x 118,91
79,75

Ca = $ 10.675.806

10. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida el 29 de octubre de 2004 por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño y, en su lugar se dispone:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación —Ministerio de Defensa—, por los perjuicios causados a los señores Norbertino Angulo Caicedo, Ulfa Marina Mina, María Eugenia Gómez Peralta, José Francisco Angulo Zapata y Bartolomé Gómez Angulo, como consecuencia del ataque guerrillero perpetrado en contra de la Estación de Policía de San Miguel, Departamento de Putumayo, el día 31 de agosto de 1997.

2. CONDENAR a la Nación —Ministerio de Defensa—, a pagar a cada uno de los señores Norbertino Angulo Caicedo, Ulfa Marina Mina, María Eugenia Gómez Peralta, José Francisco Angulo Zapata y Bartolomé Gómez Angulo, la suma de diez millones seiscientos setenta y cinco mil ochocientos seis pesos ($ 10.675.806), por concepto de indemnización de perjuicios materiales.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

18 Folio 12-13, cuaderno principal.

19 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de derecho procesal civil colombiano, Parte general, Tomo I, Dupré editores, Bogotá, 2005, pág. 106.

20 Folio 166, cuaderno 2.

21 Folios 90-122, cuaderno 2.

22 Folios 35-45, cuaderno Consejo de Estado.

23 Folios 131-132 y 135-136, cuaderno 2.

24 "Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado o petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella".

25 Expediente 500012331000 199800323 (24737), Actor Rosalba Solano de Ballesteros, Demandada Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional - Policía Nacional.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, exp. 19432.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de marzo de 2004, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, exp. 12289.

28 Cfr., entre otras, sentencias del 11 de diciembre de 1992 (exp. 7403), del 2 de diciembre de 1996 (exp. 11248), del 26 de abril de 2001 (exp. 12994) y del 10 de julio de 2003 (exp. 11163-9918).

29 Sentencia de 22 de agosto de 1996, exp. 11.211, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Este criterio fue reiterado en sentencia de 19 de septiembre de 2011 y 30 de abril de 2012, exps. 21.600 y 22.546, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

30 Folios 37-38, cuaderno 2.

31 Folio 42, cuaderno 2.

32 Folio 45, cuaderno 2.

33 Folio 166, cuaderno 2.

34 Folios 44-45, cuaderno 2.

35 Folios 42-43, cuaderno 2.

36 Folios 90-122, cuaderno 2.

37 Folios 113-114, cuaderno 2.

38 Folios 131-132, cuaderno 2.

39 Folio 135, cuaderno 2.

40 Se reiteran los planteamientos expuestos en sentencia proferida el 19 de abril de 2012 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, exp. 190012331000199900815 01 (21515), Actor: María Hermenza Tunubalá Aranda, Demandada: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Acción: Reparación directa.

41 Lo antes dicho, no resulta un razonamiento novedoso, sino que, por el contrario, proviene de vieja data. En sentencia de 7 de abril de 1994, exp. 9261 ya la Sección había dicho:

“Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quien disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, no permite saber si fue la Policía o la guerrilla la que lesionó a la menor, sin que exista la posibilidad de practicar una prueba técnica sobre el proyectil por cuanto éste salió del cuerpo de la menor. Pero lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía porqué soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivos y si bien es cierto aquellas actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos por esa carga excepcional que debió soportar; por consiguiente, la decisión correcta fue la tomada por el a quo, en virtud de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda”.

En caso similar al hoy estudiado, en sentencia de 8 de agosto de 2002, con ponencia del dr. Ricardo Hoyos Duque se afirmó:

En síntesis, son imputables al Estado los daños sufridos por las víctimas cuando éstos excedan los sacrificios que se imponen a todos las personas y en su causación interviene una actividad estatal.

En este régimen el hecho del tercero exonerará de responsabilidad a la administración sólo cuando sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando éste se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa. Pero no la exonerará cuando el daño se cause en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas a esa confrontación es antijurídico, en cuanto éstas no tenían el deber jurídico de soportar cargas superiores a las que se imponen a todos los demás asociados.

Y todo esto sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado no es necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes (negrillas fuera de texto).