SENTENCIA 1999-00889/41678 DE NOVIEMBRE 3 DE 2016

 

Sentencia 1999-00889 de noviembre 3 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN TERCERA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUBSECCIÓN C

Rad.: 540012331000199900889 01 (41.678)

Consejero Ponente (E):

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Hernando Otero Rodríguez y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación

Contenido: Descriptor: Se confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda por encontrarse acreditada culpa exclusiva de la víctima, como hecho exoneratorio de responsabilidad del Estado. / Restrictor: La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actos ejecutados por la administración de Justicia. Los presupuestos generales para configurar la responsabilidad estatal.

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil dieciséis.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Decide la Sala(1) el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante(2), contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander el 14 de diciembre de 2010(3), mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En demanda presentada el 25 de agosto de 1999(4), H.O.R., J.J.O.R., L.R.O., E.O.R. y E.H.H.O., obrando en nombre propio y mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del C.C.A., solicitaron que se declaren administrativa y extracontractualmente responsables a la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación de los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad de H.O.R., y que, en consecuencia, sean condenadas a pagar a su favor las siguientes sumas de dinero:

Por perjuicios materiales, para la víctima directa, a título de daño emergente, la suma de $ 10’000.000.oo por concepto de pagos de honorarios de abogado y $ 5’.000.000.oo por “gastos de viaje, traslados, etc.” y como lucro cesante, $ 90’000.000.oo “en cuanto a la pérdida de su capacidad laboral””.

Por perjuicios morales, mil gramos oro para cada uno de los accionantes.

2. Los hechos en que se fundan las pretensiones(5). 

El señor H.O.R. es médico y durante su desempeño profesional fue una persona admirada y querida por sus clientes, pacientes y amigos.

El 1º de febrero de 1997 rindió indagatoria en la Fiscalía 1ª de la Unidad de Vida de Cúcuta, “por unas acusaciones temerarias que le hicieron, estando enfermo y enyesado como consecuencia de la destrucción del calcáneo izquierdo y fractura del calcáneo derecho de los pies”. Al ser interrogado por respecto al motivo por el cual era investigado, “contestó afirmativamente, pues ya había sido enterado por los noticieros radiales, televisivos y periódicos, antes que por la Fiscalía, sobre las sindicaciones que le realizaban como integrante de una banda de corruptor (sic) de menores de la ciudad de Cúcuta”.

El actor “se sinceró con los funcionarios de la Fiscalía y aceptó su condición de “gay”, pero también, sostuvo que las relaciones que él mantenía eran de carácter monógama, es decir, tenía un compañero permanente, quien es mayor de edad y que por lo tanto hacía vida sexual solamente con ese compañero y que se respetaban mutuamente”.

El 27 de agosto de 19997, la Fiscalía Seccional Única del municipio de Los Patios Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de la localidad, precluyó la instrucción a favor de demandante, “quien en ese momento dejó la parte judicial, para verse enfrentado a las sindicaciones de orden moral por parte de la sociedad y del público en general, ya que su nombre nunca fue, ni será limpiado por las personas encargadas de difamar de él, por lo tanto los perjuicios irrogados en contra suya y de su familia son inconmensurables”.

3. El trámite procesal.

Admitida la demanda(6) y notificadas las demandadas de la existencia del proceso, estas le dieron respuesta al escrito demandatorio(7); la Rama Judicial adujo que no tuvo incidencia alguna en los hechos narrados y la Fiscalía manifestó haber actuado en cumplimiento de sus funciones, alegando hecho de un tercero por cuanto la investigación se adelantó con fundamento en prueba testimonial.

Decretadas y practicadas las pruebas(8), se corrió traslado para alegar(9), oportunidad que aprovecharon la Rama Judicial(10) y la Fiscalía General de la Nación(11), las cuales reiteraron lo expuesto en la contestación de la demanda y el Ministerio Público(12), que solicitó que no se accediera a las pretensiones de la parte actora.

II. La sentencia del tribunal

La Sala del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2010, decidió negar las súplicas de la demanda, señalando que si bien al actor le fue impuesta medida de aseguramiento, “la persona que es privada de la libertad debe asumir los efectos nocivos de esta circunstancia cuando se demuestra que la misma provino de sus propios actos”, resaltando que en el proceso penal quedó demostrado que el señor H.O.R. mantuvo relaciones sexuales con J.A.G.M., quien al momento de ocurrencia de los hechos tenía 14 años, “lo cual encaja en el tipo penal del 303 (sic) de la Ley 100 del 1980 Código Penal vigente para la época de los hechos” y que además “el señor H.O.R. mediante su conducta vulneró los bienes jurídicos de la seguridad pública, la libertad y el pudor sexual, pues en vista de su capacidad intelectual conocía la ilicitud del hecho, esto permite inferir que basado en la experiencia judicial y el sentido común, el señor H.O.R. tenía la responsabilidad en el hecho que se le endilgaba”.

III. El recurso de apelación

Contra lo así decidido se alzó la parte demandante solicitando la revocatoria del fallo de primera instancia, expresando que el a quo incurrió en una intromisión “en el sentido de indicar, que si bien el Fiscal de la época, consideró que debía ser absuelto el sindicado, para el juez administrativo, quien no ejerce una especialidad de carácter penal, tiende a darle una responsabilidad criminal”, introduciéndose en el ámbito penal “dándole una órbita que tiene a dejar perplejos a todas las partes, en especial porque se aparta de la normatividad invocada”.

Manifestó que con las pruebas aportadas al proceso se determinó que el actor no tuvo responsabilidad alguna en los delitos imputados y que la investigación fue el resultado de una denuncia temeraria interpuesta en su contra, motivo por el cual le fue decretada la preclusión de la investigación, puntualizando que “si el funcionario que dirigió el proceso penal al ordenar la cesación de procedimiento a favor del demandante por la apreciación de la prueba, en el proceso contencioso administrativo, no se le puede invertir y darle el efecto dañino contra una persona que al final resultó favorecida penalmente”.

Expuso que los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes fueron debidamente acreditados, alegando también que hubo mora, extralimitaciones y desidia de los funcionarios del Estado “toda vez que es inconcebible la ligereza con la que actuaron y como se manejaron esas diligencias en contra del actor”, pudiendo haber tomado decisiones más expeditas y ordenar la libertad inmediata e incondicional del entonces procesado, ya que debió prevalecer lo sustancial sobre lo formal.

IV. El concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no presentó concepto en este asunto.

V. Consideraciones

1. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(13).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(14) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

2. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

3. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(15).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(16).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(17).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(18)-(19) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(20).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado social de derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado social de derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural, domiciliaria, o consista en restricciones para salir del país o para cambiar de domicilio.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

4. Culpa exclusiva de la víctima.

Pese a lo anterior, no debe olvidarse que aún en estos eventos en que se tiene por probado el daño antijurídico y se constata que el mismo es imputable de manera objetiva a la entidad demandada; previamente a condenar se debe examinar si no existe culpa exclusiva o concurrente de la víctima de la privación injusta, en el acaecimiento de la misma, tal como lo dispone el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que reza:

“El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Previamente a verificar la existencia o no de esta causal de exoneración de responsabilidad del Estado, la Sala estima necesario examinar los precedentes constitucionales y de la jurisdicción contencioso administrativa, en relación con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

A propósito de esta disposición, lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996 fue lo siguiente:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la Rama Judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible”.

Transcrita las consideraciones de la Corte Constitucional en relación con este precepto, resulta indispensable puntualizar las conclusiones a las que ha llegado esta Sala en torno a la culpa exclusiva de la víctima como elemento que excluye la responsabilidad del Estado.

“La jurisprudencia de esta corporación ha definido los parámetros con base en los cuales resulta forzoso reconocer que la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida como consecuencia de la actuación de la autoridad pública en el caso concreto, en consideración a que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de aquélla, sino del proceder —activo u omisivo— de quien sufre el perjuicio. Así pues, en punto de los requisitos para considerar que concurre, en un supuesto específico, el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa, la Sala ha expresado:

«Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

“… Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor M.R.G., quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño….”(21).

De igual forma, se ha dicho:

“… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración (…)”(22)» (resaltado fuera del texto original).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad”(23).

5. Caso concreto.

Previo a establecer los hechos probados en el proceso, se observa que en el expediente obran copias de recortes de prensa(24) del Periódico XXX del 31 de enero de 1997 con el titular: “Al descubierto red de corruptores de menores en XXX”. En relación con las informaciones difundidas en los medios de comunicación, la Sala Plena de esta corporación ha señalado que en materia probatoria no dan certeza sobre los hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia, y en esos términos serán valoradas en este proceso(25).

Con base en los precedentes que se acaban de reseñar y de las pruebas existentes sobre las circunstancias en las cuales se produjo la medida de aseguramiento en este asunto, se colige que la privación de la libertad que sufrió el señor H.O.R. devino como resultado de una actuación imputable a él mismo.

En efecto, en el proceso se encuentra demostrado que el demandante estuvo privado de la libertad en centro carcelario desde el 30 de enero hasta el 25 de febrero de 1997(26), cuando recobró su libertad luego que le fuera concedida la libertad provisional el día 21 del mismo mes y año.

De igual forma, está probado que la investigación penal llevada a cabo contra el demandante por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años culminó con preclusión de la investigación, la cual fue emitida en la fecha el 27 de agosto de 1997 y cuyo fundamento fue la atipicidad de la conducta desplegada por el actor(27). En dicha providencia se expuso lo siguiente:

“En cuanto a H.O.R., si bien es cierto, de acuerdo con la versión de J.A.G.M. (fl. 214), quien afirma haber tenido relaciones de tipo homosexual, cuando tenía 14 años y que fuera presentado por J.H., lo cual no encaja en el tipo penal del 303 y no surgiendo incriminación posterior a la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta por concierto para delinquir, razón le asiste a la defensa y al Ministerio Público, cuando al unísono solicitan la preclusión de la investigación en (sic) su favor”. 

No obstante lo anterior, la Sala precisa que existen suficientes elementos de juicio para predicar la ausencia de imputación del daño a las entidades demandadas al configurarse un evento de culpa exclusiva de la víctima. Al respecto hay que recapitular los motivos originarios de la captura e imposición de la medida de aseguramiento, veamos:

La investigación tuvo su génesis en el desarrollo de unas indagaciones por hechos ajenos al proceso penal aquí referido, en las que se interceptaron las comunicaciones del abonado telefónico de J.H.G.G., de las cuales la fiscalía detectó que éste frecuentemente se comunicaba mediante dicha vía con menores de edad, concertando encuentros sexuales de éstos con él y sus amigos, a cambio de dádivas(28).

A su vez, se determinó que quien actuaba como proxeneta y conseguía a los muchachos para J.H.G.G. era N.E.S.T., quien fue acusado por el punible de inducción a la prostitución(29).

Se estableció también que una de las personas con quienes G.G. conectaba a los menores, era H.O.R., quien era su amigo, procediendo a ponerlo en contacto, como se probó en la investigación, con un joven llamado C. (no se menciona su apellido) y J.A.G.M.

Respecto a C., en las grabaciones obtenidas de la línea telefónica de G.G., se estableció que el actor lo llamó, que la conversación se circunscribió exclusivamente a temas sexuales y que cuando fue indagado por C., lo calificó en el diálogo como “increíble”(30). De la misma forma, J.H.G. declaró que C. era un amigo que le presentó a H.O., así como se estableció que C. llamó varias veces a G.G. preguntándole cuando iba a su casa para que le presentara al amigo(31).

En relación a J.A.G.M., éste admitió en el proceso penal haber sostenido relaciones sexuales con el actor en dos oportunidades, indicando que para la época del primer encuentro tenía 14 años(32). Recalcó que conoció a H.O.R. a través de J.H.G.G.(33).

Asimismo, el declarante J.A.R.C. señaló que J.H.G.G. le dijo que el médico O. quería conocerlo(34) y finalmente, se puso de presente que no obstante en su injurada H.O. negó los cargos en su contra aduciendo que vivía en O., el mismo J.H.G.G. lo desmintió aseverando que éste iba regularmente a Cúcuta lo visitaba para “solicitarle favores”, recalcando que al actor “le gustan los muchachos”(35).

Además, se estableció que varios de los jóvenes involucrados, entre ellos, J.A.G.M. se prostituían con los clientes que les presentaba G.G.(36) y que específicamente, en el caso de este último, lo hizo con H.O.R.

Las actividades clandestinas de J.H.G. en las que se vieron involucrados varios menores de edad, fueron relatadas por éstos durante el proceso penal(37), motivo por el cual el señor G.G. fue acusado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acceso carnal violento, corrupción de menores e inducción a la prostitución(38)

Como puede evidenciarse, las actuaciones desplegadas por el demandante, consistente en ser cliente de J.H.G.G., su amigo y quien conectaba a amigos suyos para que tuvieran encuentros sexuales con menores de edad que ofrecían favores de esta índole a cambio de dinero y que eran conseguidos por un proxeneta, lo cual quedó demostrado al probarse sus encuentros con C. y J.A.G.M., como se demostró en el proceso penal, fueron situaciones que dieron origen, direccionaron la investigación y conllevaron a su captura y la imposición de la medida de aseguramiento, siendo ello apenas razonable cuando se trata de actuaciones reprochables por parte del actor y que si bien no constituyeron delito, pues se acotó que el menor J.A.G.M. tenía 14 años cuando se involucró con O.R., el hecho de ser cliente del “negocio” de G.G., en el cual le proveían de menores de edad que se prostituían, adolece de legalidad, pues es distinto mantener relaciones sexuales consentidas con un mayor de 14 años y otra solicitar servicios sexuales pagados por parte de menores de edad(39).

Lo anterior, por cuanto si bien la Corte Constitucional reconoció que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, lo cierto es que dicho amparo y legalidad no cobija los supuestos en los que estén involucrados menores de edad, así esa persona quiera prostituirse(40) y no obstante el hecho de haberse involucrado sexualmente con un adolescente de 14 años que se prostituía no lo hizo acreedor de responsabilidad penal por el delito que se le imputó, ello difiere de la responsabilidad que se pretende atribuir al Estado por la privación de la libertad, pues sí se demostró, según los lineamientos establecidos en la Ley 270 citada, que la conducta del demandante fue determinante para que se adelantara investigación en su contra y sufriera el daño que padeció y en todo caso, la función del juez contencioso administrativo es independiente de la del juez penal.  

En estas condiciones, se tiene que el daño antijurídico es imputable al demandante, pues la culpa exclusiva de la víctima se presenta como elemento determinante para que se concrete la exoneración de responsabilidad de la demandada a pesar de que en los casos de privación injusta de la libertad opera un régimen objetivo, pues fue la actuación gravemente culposa de H.O.R. la que dio lugar a que se iniciara la investigación penal en su contra y la consecuente imposición de la medida de aseguramiento. 

La reprochable conducta de la víctima, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos que colisionan en el caso concreto: efectividad de las decisiones a adoptar por la administración de justicia, de un lado; y la esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro(41).

De esta manera, queda evidenciada la configuración de una de las causales eximentes de responsabilidad como lo es la culpa exclusiva de la víctima, consagrada el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, presupuesto que como quedó dicho en párrafos anteriores se cumple en el caso objeto de análisis.

Finalmente, se destaca que la decisión tomada contra el demandante no tiene relación alguna con su condición de homosexual, ni se está atentando contra sus derechos a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad, por cuanto, “el hombre, como ser único es “director de su vida y responsable de sus decisiones y actos, sólo sujeto a ciertas limitaciones orientadas a preservar los derechos de los demás y mantener el orden jurídico y “a partir del derecho al libre desarrollo de la personalidad se desprende la posibilidad de que cada ser humano pueda trazar su proyecto de vida de acuerdo a sus deseos, anhelos, intereses y convicciones, el cual debe ser respetado y no se puede, por ende, coartar su desarrollo como quiera que ha surgido de la esfera privada del ser humano y constituye su identidad como individuo, salvo en las excepciones descritas previamente, habida cuenta que ello asegura unas condiciones de igualdad y de dignidad(42)” (resalta la Sala).

Asimismo, el disfrute de los derechos sexuales y afectivos tiene un límite, ello sin importar la orientación sexual de quien realice la conducta, habida cuenta que no está permitido, bajo el amparo de estos derechos, atentar contra las prerrogativas fundamentales de otros sujetos de derecho, especialmente los niños, niñas y adolescentes, quienes son sujetos de especial protección, por cuanto la Carta Magna de Colombia señala que deben ser protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos y entonces, no es procedente la protección de específicos supuestos en los que, con la conducta, sea heterosexual u homosexual, objetivamente sean transgredidos derechos de terceros o se abuse de los derechos personales en detrimento de la colectividad.

Finalmente, la parte demandante no acreditó, ni se vislumbra del acervo probatorio aportado, que hubiera mora, desidia y/o extralimitaciones por parte de los agentes del Estado, pues por el contrario, se resalta que la situación jurídica del demandante fue resuelta en poco más de un mes, pese a lo complejo y extenso del acervo probatorio recaudado en dicha actuación. 

En conclusión, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por encontrarse configurados los presupuestos de la culpa exclusiva de la víctima, que da lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de XXX el 14 de diciembre de 2010, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Sánchez Luque—Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente.

1 En aplicación del acta Nº 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado.

2 Fls. 329-333 C.P.

3 Fls. 314-326 C.P

4 Fls. 6-19 C.1

5 Fls. 7-8 C.1

6 Fl. 25 C.1.

7 Fls. 35-49 y 56-67 C.1.

8 Fls. 79-80 C.1.

9 Fl. 187 del C.1.

10 Fls. 188-190 C.1

11 Fls. 284-287 C.1.

12 Fls. 200-210 C.1

13 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

14 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones Públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág.174.

15 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1º de octubre de 1992, expediente 10923.

16 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, expediente 15989.

17 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente 8666.

18 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

19 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.

Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

21 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744, Actor: Gloria Esther Noreña B.

22 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002, expediente 13262, Actor: Héctor A. Correa Cardona y otros. Esta tesis ha sido reiterada en varias oportunidades por esta Sala, al respecto véase, entre otras, la Sentencia de 20 de abril de 2005, expediente 15784, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y la Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, C.P. Mauricio Fajardo.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, C.P. Mauricio Fajardo. En este sentido véase también la Sentencia de 18 de octubre 2000, expediente 11981.

24 Folio 33, cuaderno 1.

25 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, radicación 2011-01378.

26 Folio 277, cuaderno 1.

27 Folios 157-173, cuaderno 1.

28 Folios 113-14, 120, 135 y 142 -143, cuaderno 1.

29 Folios 166 y 173, cuaderno 1.

30 Folio 129, cuaderno 1.

31 Folio 123 y 139, cuaderno 1.

32 Folio 156, cuaderno 1.

33 Folios 124 y 167, cuaderno 1.

34 Folio 123, cuaderno 1.

35 Folios 123 y 139, cuaderno 1.

36 Folio 166, cuaderno 1.

37 Folios 152, 164-166, cuaderno 1.

38 Folio 172, cuaderno 1.

39 (sic)

40 Corte Constitucional, Sentencia T-629 de 2010

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, C.P. Mauricio Fajardo.

42 Corte Constitucional, Sentencia T-613 de 2013.