Sentencia 1999-00898 de diciembre 12 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Proceso: 050012331000199900898-01 (28800)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Jaime Echavarría Lezcano y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia que negó las pretensiones, dado que la cuantía alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(2), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.

2.2. Asunto que la Sala debe resolver.

En atención al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de 22 de junio de 2004, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, debe la Sala establecer si la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional es responsable del daño alegado en la demanda, consistente en la muerte violenta de los señores John Fernando Echavarría Muñoz y Juan Carlos Aguirre Roldán y de las lesiones sufridas por Jaime León Echavarría Muñoz, producto del atentado terrorista perpetrado el día 9 de junio de 1997. Daño que la actora atribuye a la administración, comoquiera que las víctimas no estaban en la obligación de soportarlo. Así mismo, deberá analizarse el hecho de un tercero alegado por la entidad pública demandada.

2.2.1. Hechos probados.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.2.1.1. El 10 de junio de 1997, aparece inscrito el deceso de los señores John Fernando Echavarría Muñoz y Juan Carlos Aguirre Roldán, en el municipio de Mutatá (Antioquia), por múltiples heridas causadas con arma de fuego “o explosiva”, en cabeza, tórax y extremidades. De ello dan cuenta los registros de defunción (fls. 8 y 62, cdno. 1), las diligencias de necropsia y las actas de levantamiento de los cadáveres que reposan en el plenario (documentos aportados por el Hospital La Anunciación del municipio de Mutatá y por el secretario de gobierno de la localidad, fls. 246, 255-262 y 295-298, cdno. 1).

El inspector del municipio de Mutatá, en diligencia de inspección a los cadáveres de los señores John Fernando Echavarría, Juan Carlos Aguirre Roldán y Blanca Cecilia Fernández, hizo constar que fueron encontrados en la vía que conduce al corregimiento de Bajirá, municipio de Mutatá (Antioquia), con heridas causadas con arma de fuego “o explosiva”, en hechos atribuidos a hombres armados que los interceptaron, desconociendo los móviles. En el acta consta:

Junio diez de mil novecientos noventa y siete.

Tiene conocimiento este despacho por información de los agentes de la policía que en la morgue se encuentran tres cadáveres que fueron trasladados del parage (sic) la curva en la vía que conduce al corregimiento de Bajirá.

En consecuencia ordénese el traslado del suscrito inspector en asocio de la secretaria a la morgue donde se encuentran los cadáveres, procediéndose a practicar la respectiva inspección.

1. Cadáver sexo femenino de 33 años de edad aproximadamente (...). Se encuentra en orientación y posición cabeza oriente, pies al occidente, manos norte y sur, boca arriba. Vestía blusa blanca, brassier (sic) blanco, interior negro, bluyín (sic) azul, sin más prendas de vestir (...). Presenta las siguientes heridas al parecer causadas con arma larga, destrucción de cara, un orificio en la clavícula del lado derecho de aproximadamente 10 centímetros, al parecer con arma de fuego o explosiva. Compareció al despacho el señor Luis Fernando Fernández y en calidad de hermano manifiesta que el cadáver pertenece a su hermana Blanca Cecilia Fernández Román, quien se encontraba de visita por una finca ubicada en la vía Bajicá y cuando de venía (sic) de regreso unos hombres armados la interceptaron y le dieron muerte, junto con unos compañeros y desconoce los móviles del homicidio.

2. Cadáver sexo masculino, de 33 años de edad aproximadamente (...) se encontró en orientación y posición boca arriba, vestía camiseta azul, interiores rojos, bluyín (sic) café, canolas de cuero café, sin más prendas de vestir (...). Presenta las siguientes heridas: destrucción de rostro, al parecer causadas con arma de fuego o explosiva. Compareció al despacho el señor Jaime Echavarría, en calidad de padre manifiesta que el cadáver pertenece a su hijo Jhon (sic) Fernando Echavarría Muñoz, que se encontraba de visita en una finca por la vía al corregimiento de donde se movilizaba y le dieron muerte, desconoce los móviles del hecho.

3. Cadáver sexo masculino, de aproximadamente 25 años de edad (...) se encontró en orientación y posición cabeza al oriente, pies al occidente, manos norte y sur y en posición boca arriba. Vestía camiseta azul, bluyín (sic) gris, interior azul claro y zapatos de cuero café, sin más prendas (...). Presenta múltiples heridas u orificios al parecer causadas con arma de fuego. Compareció al despacho el señor Martín Roldán y en calidad de tío manifiesta que el cadáver pertenece a su sobrino Juan Carlos Aguirre Roldán, que se encontraba conduciendo el vehículo al patrón, donde lo transportaba hacia la finca que conduce a está ubicada en el corregimiento de Bajicá en el parage (sic) denominado la curva, le salieron unos hombres armados, le interceptaron el carro y procedieron a darle muerte y explotar el vehículo, desconociéndose los móviles de los hechos (documento remitido por el secretario de gobierno del municipio de Mutatá, fls. 295-300, cdno. 1).

Así mismo, las pruebas dan cuenta de que en los mismos hechos, resultó herido el señor Jaime León Echavarría Muñoz. Al respecto, obra en la actuación la historia clínica 282624-1 de la división de urgencias de la Clínica de Medellín, en la que se registra su ingreso el 12 de junio de 1997 —esto es dos días después de los hechos—. En la historia aparecen las siguientes anotaciones:

MC = “Atentado terrorista”

EA = El lunes sufrió hda (sic) por AF en antebrazo derecho MI derecho con signos de eritema y dolor y suturas del lunes. Tto. = Antibióticos.

El paciente regresa el 8 de julio del mismo año. En el resumen de la atención se registró:

El 9 de junio estallido de granada en Bajirá: Hrda (sic) x cuerpo ex. (...) hoy yeso para el radio (documento aportado por la parte actora e igualmente allegado por la oficina de registros clínicos y estadística del centro hospitalario, fls. 21B-21C y 292-294, cdno. 1).

Los días 27 de mayo, 26 de junio y 27 de agosto de 1998, el Instituto de Seguro Social concedió al demandante un total de 90 días de incapacidad por enfermedad general(3) (fls. 57-59, cdno. 1).

2.2.1.2. El acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer que la muerte de los señores John Fernando Echavarría Muñoz y Juan Carlos Aguirre Roldán y las lesiones sufridas por Jaime León Echavarría Muñoz fueron consecuencia de la explosión de una carga de dinamita, en momentos en que se desplazaban en un vehículo por la carretera que conduce del corregimiento de Bajirá al municipio de Mutatá (Antioquia). Los hechos fueron atribuidos a la acción de un grupo insurgente. Sobre el particular, en el plenario reposan las siguientes pruebas:

a) El Comandante del Batallón de Infantería 46 “Voltigeros” respondió la información requerida por el tribunal, en virtud de la prueba solicitada por la parte actora(4):

Al punto 6.3.7.1 ¿Si para la fecha 9 de junio de 1997 existía algún destacamento del Ejército Nacional, dependiente de esa brigada acantonado en Mutatá y/o Bajirá Antioquia?

Respuesta: Sí.

Las contraguerrillas que se encontraban en el corregimiento de Bajirá eran Atila 1 y Atila 5, en el municipio de Mutatá no había ninguna.

Al punto 6.3.7.1.1 ¿Desde cuándo?

Respuesta: Desde el día 4 de junio de 1997.

Al punto 6.3.7.1.2 ¿Cuál era su área de influencia?

Respuesta: Corregimiento de Bajirá, Cetino, Balastrera, Tierradentro, Playa Roja, Brisas, Caño Claro.

Al punto 6.3.7.1.3 ¿Cuál era la orden de operaciones de la cual se deberá enviar copia?

Respuesta: Revisados los archivos de la unidad se pudo evidenciar que no existe la orden de operaciones.

Al punto 6.3.7.1.4. ¿Qué medios de transporte utilizaban los efectivos del Ejército para movilizarse a sitios como Bajirá, Caucheras?

Respuesta: Las tropas según el informe de situación de operaciones (Insitop) no se desplazaron a ningún sitio.

Al punto 6.3.7.1.5 ¿Si en esa brigada se tuvo conocimiento del atentado terrorista ocurrido el 9 de junio de 1997, en la carretera que de Caucheras conduce a Bajirá, en el que resultaron muertos Jhon (sic) Fernando Echavarría Muñoz, Juan Carlos Aguirre Roldán y Blanca Cecilia Fernández y lesionado Jaime León Echavarría Muñoz, enviar copia del informe respectivo?

Respuesta: Revisados los archivos de esta unidad se evidenció que no existen informes de los hechos ocurridos para la fecha del 9 de junio de 1997.

Al punto 6.3.7.1.6 ¿Una lista de actos terroristas o de vandalismo (quema de carros, atraco vehículos cargados con víveres, ocurridos dos meses antes del 9 de junio de 1997?

Respuesta: Revisados los archivos que reposan en la unidad no existen datos sobre actos terroristas en el mes de mayo de 1997, solo el de fecha 9 de junio de 1997.

El día 9 de junio de 1997 en la zona rural del municipio de Mutatá vía que conduce al corregimiento de Bajirá en el sitio La Curva bandoleros del ELN activaron una carga explosiva contra el vehículo Mitsubishi color rojo de placas QAF-784, los ocupantes del vehículo Jhon (sic) Fernando Echavarría Muñoz, Juan Carlos Aguirre Roldán, Blanca Cecilia Fernández y herido el señor Jaime León Echavarría Muñoz, quien dio aviso a las autoridades sobre lo sucedido.

(...).

Al punto 6.3.7.1.8 ¿Por qué el Ejército usaba y usa vehículos de servicio público para movilizarse de Mutatá al corregimiento de Bajirá en los días anteriores al 9 de junio de 1997, teniendo sus propios vehículos?

Respuesta: En los archivos de la unidad no existe ningún soporte que indique que las tropas emplearon vehículos públicos para los días anteriores del 9 de junio de 1997 y en la actualidad las tropas se movilizan en vehículos de propiedad del Estado (...) de acuerdo al informe de situación de tropas no hubo desplazamientos de Bajirá a Mutatá o viceversa (negrillas fuera de texto, fls. 285-290, cdno. 1).

b) La unidad de fiscalías especializadas de Urabá dio cuenta al a quo sobre la investigación adelantada por el homicidio de “Juan Carlos Aguirre Roldán y otros”, radicada bajo el número 478-25728, empero señaló que no era posible remitir las piezas procesales correspondientes, por no “posee[r] servicio de fotocopiado”, dejando a disposición la averiguativa que por los hechos llevaba la entidad (ofi. 982, sep. 8/2000, fl. 229, cdno. 1(5)).

La procuraduría regional de Antioquia, por su parte, informó al tribunal que “(...) no se adelanta ni se adelantó investigación alguna sobre la muerte de los señores John Fernando Echavarría, Juan Carlos Aguirre Roldán y Blanca Cecilia Fernández, fallecidos en el municipio de Mutatá” (ofi. 5713, ago. 16/2000, fl. 264, cdno. 1).

Y, el Juzgado 31 de Instrucción Penal Militar dio cuenta al a quo de que “revisados los libros radicadores no se encontró anotación alguna sobre hechos del 9 de junio de 1997” (fl. 291, cdno. 1).

c) Los hechos fueron dados a conocer en los medios de comunicación(6). Sobre el particular, la parte actora aportó con la demanda una página completa del periódico El Colombiano de 10 de junio de 1997, en la que aparece publicada la siguiente nota:

Atentado deja tres muertos en Urabá

Saldo de tres personas muertas y una más herida dejó ayer un atentado dinamitero contra los ocupantes de un campero en la entrada al corregimiento Bajirá, zona rural de Mutatá, región de Urabá.

Según las primeras informaciones conocidas por El Colombiano, en la vereda Villaguillo, desconocidos activaron una carga explosiva al paso de un campero Mitsubishi color rojo en el que se movilizaban cuatro personas, de quienes se indicó que eran ingenieros y arquitectos.

Dos de las víctimas fatales fueron identificadas como John Fernando Echavarría y Blanca Paternina.

De la tercera víctima fatal no se informó la identidad.

En el hecho resultó herido un ciudadano identificado como Jaime León Echavarría.

Las autoridades de Mutatá, que diligenciaron los levantamientos de los cadáveres, no identificaron en un principio al grupo auto del atentado (fl. 79, cdno. 1).

De igual forma, obra una nota publicitaria dada a conocer al día siguiente, titulada: “Por grupo armado turistas, víctimas de ataque en Mutatá”:

La intervención del cura párroco de Belén de Bajirá, corregimiento de Mutatá, permitió que las autoridades de esa localidad de Urabá practicaran las diligencias de levantamiento de los cadáveres de tres personas, asesinadas por un comando armado, cerca del caserío.

De acuerdo con las versiones de testigos, las víctimas y una cuarta persona, quien se encuentra grave en un hospital de Medellín, viajaban en un campero Mitsubishi cuando fueron atacadas en el paraje La Curva, de la vereda Villaguillo, a media hora del corregimiento.

Tras la agresión murieron la arquitecta Blanca Cecilia Fernández Román, de 28 años de edad; el ingeniero civil John Fernando Echavarría Muñoz, de 33 y el conductor del vehículo Juan Carlos Aguirre Roldán, de 23. Otro hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, alcanzó a escapar, aunque con heridas de fusil en sus extremidades.

Venían de pasar un puente festivo en una finca de propiedad de uno de los muertos, pero a su paso por el paraje y al desobedecer una orden de pare, el grupo armado, del que no existe ninguna referencia, les arrojó una granada de fragmentación que hizo blanco en el automotor.

Según la versión recogida por los organismos de inteligencia, la explosión inmovilizó el carro y provocó la muerte instantánea de la arquitecta. El ingeniero y el conductor fueron rematados a tiros sobre la carretera (fl. 80, cdno. 1).

d) La prueba testimonial da cuenta del ataque de que fueron víctimas los señores John Fernando y Jaime León Echavarría Muñoz, Juan Carlos Aguirre Roldán y Blanca Cecilia Fernández, en momentos en que se desplazaban en un vehículo campero rojo por una carretera que comunicaba el corregimiento de Bajirá y el municipio de Mutatá, al parecer, confundidos con miembros de la fuerza pública que utilizaban un automotor con similares características. Sobre el particular, en la actuación reposan las siguientes declaraciones:

El señor Jaime Villamizar Pereira, administrador de una finca cercana al lugar los hechos, afirmó conocer a las víctimas y haberse desplazado momentos antes por el sitio de la emboscada. Sostuvo que, por comentarios, tuvo conocimiento que fueron interceptados por integrantes de un grupo subversivo, pues confundieron el vehículo en el que se transportaban con uno utilizado por el Ejército Nacional. Aseguró que el señor Jaime León Echavarría Muñoz le comentó que fueron atacados, primero haciendo explotar el vehículo y luego “rematados” con armas de fuego. Señaló a los integrantes del ELN como autores de los hechos, pues, según su versión, en el lugar se encontraron letreros que los identificaban.

Preguntado por el motivo por el cual fue llamado a declarar, contestó:

Sí lo conozco, es con relación a los hechos en que murió Jhon Fernando Echavarría, Blanca Cecilia Fernández y Juan Carlos, le decíamos el burro, no recuerdo el primer apellido, el segundo era Roldán. Eso fue el 9 de junio de 1997, yo me encontraba con ellos allá en la finca ubicada entre Mutatá y Belén de Bajirá, en el sitio Casa Amarilla, allí bajábamos con mucha frecuencia, ese día yo salí antes en otro vehículo, en compañía de Jaime Echavarría (padre), nosotros salimos, él salía más tarde porque tenía que ver un ganado, yo dejé al señor en Cañas Gordas y llegué acá a Medellín, cinco minutos después de haber llegado, recibí una llamada de Bajirá en la que me informaban que John Fernando y la otra gente que viajaba con él, los habían matado. En el sitio conocido como La Curva. Pregunté que porqué, qué como había sido el caso y me dijeron que ellos ya salían cuando los habían emboscado, que le habían metido una bomba al carro y después los había rematado (...) yo de inmediato salí para el lugar, recogí al papá y me fui a Mutatá, ya estaban los cadáveres allí (...). Seguí preguntando el por qué y quiénes pudieron haber sido, me informaban que al parecer había sido la guerrilla, un grupo del ELN, porque los habían confundido porque se movilizaban en un carro rojo en que se movilizaba, al parecer con características idénticas al carro en que se movilizaba con alguna frecuencia en ese sector el Ejército que opera en esa zona.

Interrogado sobre “en qué se basa para informar que fue un grupo insurgente”, el deponente respondió “(...) por la manera como lo hicieron, las armas que utilizaron y en el lugar en donde estaban emboscados dejaron cables y algunos letreros hechos por ellos, en los que decía que comandante Macin (sic) y las siglas del ELN”.

Preguntado por “si conoció el carro en que viajaba ordinariamente el ejército y el que fue emboscado por la guerrilla”, el declarante contestó:

Se trataba de un montero color rojo, ambos eran de color rojo, y los dos eran monteros, yo muchas veces me encontraba en la finca en los potreros y veía pasar un carro y le preguntaba a los vaqueros de quién es ese carro que va allá y me decían que ese era en el que andaban los soldados, pues esta es una vía en que transitan muy pocos carros.

En relación con la presencia de la fuerza pública en la zona, el testigo manifestó:

Para esa época era muy constante, puesto que en esos días habían quemado el carro de Coca Cola que surtía a Bajirá, habían quemado un bus, en el que se movilizaban unos evangélicos y habían atracado otros camiones que surtían de víveres la región, habían dinamitado un carro chivero, creo, en esos días y habían matado al conductor, todas esas cosas se las habían atribuido a la guerrilla según los comentarios de la región (...). Estos hechos fueron antes del que estamos ocupándonos, el transcurso de este último hecho con los otros es de un mes más o menos (resaltados fuera de texto).

Interrogado por “cuántas eran las personas que en total iban en el vehículo y cuántas y cuáles de ellas fueron muertas”, el declarante afirmó:

Eran 4, tres murieron y un herido, el herido fue Jaime León, quien fue que me comentó como sucedieron los hechos, logró salvarse de milagro (...). La explosión que fue lo primero que ocurrió, inmovilizó el vehículo, algunos de los ocupantes alcanzaron a bajar, entre estos John Fernando y su hermano Jaime León, una vez en el suelo fue que los remataron, no les preguntaron nada antes de matarlos (...) les quitaron lo que traían, una maleta con caset y una bolsa con mangos.

En relación con la frecuencia con que las víctimas transitaban por la zona, el declarante afirmó que “Juan Carlos era la primera vez que bajaba con nosotros, Blanca Cecilia era la segunda o tercera vez que lo hacía y John Fernando desde hacía unos tres o cuatro años, bajaba con mucha frecuencia”. Así mismo, aseguró que la familia Echavarría Muñoz “tenía el vehículo montero hace 4 años y era utilizado muy frecuentemente por esa vía”. Sostuvo, además, que los miembros del Ejército Nacional transitaban en diferencias medios de transporte, “muchas veces los vi pasar a pie, hasta de noche, transitaban en volquetas y camiones”.

Sobre el vehículo en el que se desplazaban los soldados, de similares características al que fue interceptado por la subversión y al que había hecho referencia en respuesta anterior, el testigo sostuvo que “no sé si sea de propiedad del ejército, pero ellos lo utilizaban, yo lo vi como dos o tres veces, no permanecía allá permanentemente, lo hacía muy esporádicamente”.

Interrogado por “si esa carretera conduce a alguna unidad del ejército o a qué distancia se encuentra de la unidad más cercana y si no lo era entonces cuál era la causa de la presencia del ejército en la zona”, el señor Jaime Villamizar Pereira contestó:

La central está en Mutatá, allí hay un batallón, a la entrada del municipio, en Carepa creo que está la brigada y en Belén de Bajirá existía o existe una base del ejército y esta carretera es la única vía de comunicación carreteable que tiene para la base de Bajirá.

Preguntado por “a qué distancia de la finca del señor fue el accidente y con respecto a la base”, el testigo contestó que “a la finca tres o cuatro kilómetros y de la base por ahí de 10 a 12” (declaración recibida en primera instancia, fls. 204-208, cdno. 1).

El sacerdote Blas Humberto David Escobar, quien ejercía su ministerio en la localidad de Mutatá, para la época de los hechos, dio cuenta de que el “(...) el sector de Bajirá es una zona roja en donde personalmente conocí la guerrilla en vivo, los grupos del EPL, ELN, FARC y los llamados Los Corrientosos” y que, para ese tiempo “la presencia del Estado era muy poca”. Del contenido de su declaración se destacan los siguientes apartes:

(...) estos grupos empezaron en la región bananera que comprende Mutatá-Turbo, a robar carros, electrodomésticos, víveres, secuestrar personas e internarlos en esa selva entre Bajirá y el municipio de Riosucio, Chocó. En este tiempo los llamados autodefensas, empezaban a recuperar terreno y supuestamente a tratar de desterrar la guerrilla de la zona, a medida que ellos fueron tomándose Arboletes, Necoclí, Turbo, Curralao, Apartadó, Carepa, Chigorodó, la guerrilla se fue desplazando. El centro operativo de la guerrilla que es Bajirá estaba sentenciado y en el mes de febrero, del año en que sucedieron los hechos, 1997, el Ejército Nacional hizo su presencia en el corregimiento de Bajirá. Días después aparecieron las autodefensas por primera vez en el corregimiento de Bajirá, amarrando a siete personas y asesinándolas públicamente. En el mes de marzo volvieron las autodefensas, amarraron a 8 personas, asesinaron 4, dañaron las instalaciones del servicio telefónico tenían vínculos con la guerrilla, le pedí al señor gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, un consejo de seguridad en Bajirá, que lo aceptó. En mi intervención en la presencia del señor gobernador, hablé claramente que los habitantes del corregimiento de Bajirá hacía más de 20 años vivían con los grupos guerrilleros y que supuestamente la parte subversiva había implantado un tipo de cultura y que en ese momento era víctima de lo que el Estado directamente era culpable por falta de presencia, que a la llegada de los paramilitares y el Ejército Nacional, la situación social se había complicado para el corregimiento de Bajirá, que en ningún momento, como sacerdote, le dije, concretamente al comandante Alejo del Río de la IV Brigada de Carepa, que aceptaba que el ejército estuviera haciendo sus operativos, compaginado o en estrategias con los paramilitares, que eso me daba a entender la impotencia de la soberanía nacional y por tal motivo le pedía al señor gobernador ser muy claro en estos acontecimientos de desapariciones y asesinatos que el ejército y paramilitares en su trabajo conjunto realizaban. En el mes de junio aparecieron varios grupos guerrilleros, cerca al corregimiento de Bajirá en esos días quemaron un caso que distribuía los productos de Coca Cola, decomisaron un camión, bajando los productos que llevaba, se llevaron secuestrado a Mauricio Hernández mayordomo de la finca del doctor Humberto Builes, diputado a la Asamblea departamental de Antioquia, quemaron un bus y asesinaron el chofer, en el lugar que lo asesinaron colocaron una bomba que al irlo a recoger el cadáver, explotó. El día domingo le dije al papá de John Fernando, el difunto, que le aconsejara que se retirara inmediatamente de la zona que ellos acababan de llegar, que eran personas desconocidas, que la situación estaba complicada con la presencia de varias Fuerzas Armadas, que el campero fácilmente lo podía confundir con los carros en que andaba el ejército o las autodefensas. Ese domingo por la noche tomaron el campero de John Fernando para trasladar supuestamente unos heridos al Hospital de Mutatá, unos heridos de Bajirá, unos supuestos paras, al día siguiente, a las 12:45 del día ocurrió el hecho, que concretamente fue realizado por el ELN, porque ahí se encontró una coca de totumo donde decía ELN y su respectivo comandante.

El deponente sostuvo que era frecuente la acción delincuencial de los paramilitares, quienes utilizaban camperos de color rojo para sus desplazamientos, “la guerrilla esperaba que pasara por el sitio las autodefensas o el ejército que frecuentemente pasaban por ese sector, no había otra salida, pues era paso obligatorio”. Según su versión, el grupo subversivo “(...) al ver un carro rojo a la distancia creyeron que era el ejército o autodefensas y activaron la bomba, ellos creían que era del ejército y de las autodefensas porque también andaban en carro rojo” (resaltados fuera de texto).

El testigo afirmó que fue él quien recogió los cadáveres de las víctimas en el sitio de los hechos, “porque al llegar las autodefensas hicieron ir al inspector que había en Bajirá”. A continuación explicó:

(...) en varias ocasiones llamé al inspector de Mutatá y en más de 50 cadáveres que como sacerdote recogí, lo tuve que hacer de una manera humanitaria y solidaria con las familias, arriesgando mi propia vida, porque era prohibido, por parte de las autodefensas que varias veces me llamaron para advertirme que no tenía por qué recoger ningún cadáver y lo hacía porque me dolía mucho que un cristiano, que un hijo de Dios, el respeto por la dignidad y por la persona fuera comida de los buitres o de los gallinazos, a lo cual varias personas no las pude recoger. A otras personas que asesinaban torturándolas y luego cortaban el cuerpo por tres partes, las logré desenterrar en distintos huecos, en un hueco estaba la cabeza, en otro los pies y las manos y en otro el tronco.

Preguntado por “si en Bajirá había una base del ejército”, el sacerdote contestó que “sí, una base del ejército que llevaba por ahí 8 meses”, poniendo de presente que la presencia de la fuerza pública se hizo necesaria “por la misma situación de orden público, robo de vehículos, secuestros, guerrilla” (declaración recibida en primera instancia, fls. 212-217, cdno. 1).

El señor Carlos Gustavo Palacio Giraldo, también se refirió a la grave situación de orden público por la que atravesaba el corregimiento de Bajirá, municipio de Mutatá, pues “(...) se estaban viviendo constantemente enfrentamientos de la subversión y las Fuerzas Armadas y de pronto, no asegurando, se pudo dar el caso en que los que cometieron el hecho creyeron de que esta gente que se transportaba en dichos vehículos (refiriéndose a las víctimas), hacían parte de las Fuerzas Armadas” (declaración recibida en primera instancia, fls. 233-236, cdno. 1).

e) Las pruebas indican que el señor John Fernando Echavarría Muñoz, ingeniero civil, ejecutó varios contratos de obra para el municipio de Medellín, durante los años 1993 a 1996 y a la vez era propietario del establecimiento de comercio Transmaco. Por razón de su actividad como profesional independiente, percibía ingresos mensuales por la suma de $ 2.274.000, según certificado emitido por un contador público, el 18 de febrero de 1997 (fls. 30-32 y 39-40, 47, 50-56, cdno. 1).

f) La secretaria de transportes y tránsito de Bello Antioquia informó al a quo que el vehículo de placas QAF 784, marca Mitsubishi, campero de color rojo era de propiedad del señor John Fernando Echavarría Muñoz, a partir del traspaso realizado el 15 de marzo de 1995 (fl. 221, cdno. 1).

g) La empresa de transporte Coointur informó a la secretaria de gobierno los vehículos que se encontraban prestando el servicio público de transporte para el 9 de junio de 1997, en la ruta Mutatá-Bajirá: (documento remitido por el secretario de gobierno del municipio de Mutatá, fls. 301, cdno. 1):

PlacaMarcaColorConductor
TNB-110UAZRojoReinaldo Salgado
TMB-726UAZRojoFernel Gil
TOC-072UAZCremaLuis Velásquez
TOC-077UAZRojoWilson moreno
UID-793UAZAzulHernando Urrego

2.2.1.2. Por razón de la muerte de los señores John Fernando Echavarría Muñoz y Juan Carlos Aguirre Roldán y las lesiones sufridas por Jaime León Echavarría Muñoz, sus padres, hermanos, sobrina y terceros damnificados resultaron afectados moralmente.

Esto es así, porque los registros civiles que reposan en el plenario demuestran que John Fernando fue y Jaime León es hijo de los señores Jaime Echavarría Lezcano y María Cecilia Muñoz Restrepo, así como lo son Marta Cecilia, Clara Isabel, Gloria Elena, Adiela María, Hilda María, Luz Mery y María Elsy (fls. 10-18, cdno. 1).

De igual forma, la señora Adela Restrepo de Muñoz acreditó su condición de abuela, siendo progenitora de la señora María Cecilia Muñoz Restrepo (fl. 354, cdno. ppal.).

Así mismo, la señora Dora Alba Roldán Vélez acreditó su calidad de madre del occiso Juan Carlos y también de Nora Patricia Aguirre Roldán. Esta última, progenitora de Laura Patricia Cardona Aguirre (fls. 63, 65, 66 y 182, cdno. 1), sin que la prueba testimonial dé cuenta de su dependencia económica con la víctima, considerándose, como se afirmó en la demanda, el “padre de crianza”.

El señor Jhon Fredy Toro, comerciante en la región, afirmó conocer a los señores John Fernando y Jaime León Echavarría Muñoz “de toda la vida, porque somos del mismo pueblo Cañas Gordas”.

Sobre cómo estaba compuesta la familia, el testigo respondió:

De John Fernando sabía que era soltero y que no tenía hijos y de Jaime que es soltero pero que tiene hijos. Este último que yo sepa tiene tres hijos, no sé el nombre de los niños. El papá de los dos muchachos se llama Jaime y la mamá doña Cecilia, los hermanos son Clara, Martha, Ilda, Mery, Gloria y Marcía Elcy, esos son los que yo sé (...) se me olvidó decir de otra hermana se llama Adiela.

El deponente dio cuenta de las relaciones de familiaridad, convivencia y colaboración entre los demandantes y las víctimas, así como de la afectación económica y emocional que les causó la muerte de John Fernando y las lesiones sufridas por Jaime León:

John Fernando era ingeniero civil, tenía una oficina de construcción y con él trabajaba Jaime León y trabajaba también Hilda y María Elcy, él les colaboraba al papá, a la mamá y a una hermana que estudiaba, creo que a una, no sé si bien si a los demás (...) A unos dándoles trabajo y económicamente en la casa y aquí vivían con él otra hermana. No sé con cuánto les aportaba, él tenía una casa ahí vivían las hermanas, eso era en la floresta y esa casa la pagaba él con todos los gastos, ahí llegaban el papá, la mamá y los hermanos (...) Eso fue una cosa muy impresionante les dio muy duro, a la gente del pueblo, a los amigos (...). Hoy en día con respecto a la muerte de John Fernando decayeron mucho, tanto que la empresa de John Fernando la dejaron acabar. Anímicamente los traumatizó y a Jaime le pegaron unos tiros también los tiene traumatizados, todo esto lo digo porque lo sé, yo soy muy amigo de esa gente.

Interrogado por “qué personas dependían económicamente” de John Fernando, el testigo contestó que “los solteros, el papá y la mamá, él tenía un cuñado Jaime Villamizar que es el esposo de Clara, que también le ayudaba a él en negocios, el esposo de Gloria también le manejaba una volqueta y Adiela y el esposo también le colaboraban a él” (fls. 209-211, cdno. 1).

2.2.2. Juicio de responsabilidad.

De acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(7).

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que “(...) la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(8).

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(9). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

Ahora bien, en concordancia con el artículo 2º de la Constitución, las autoridades “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades”, por lo que, en criterio de la Sala, “[o]mitir el cumplimiento de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación”(10).

En este marco, el Estado no solo debe respetar sino también garantizar los derechos, lo cual implica asumir conductas no solo tendientes a no ejercer actos contrarios a los intereses legítimos de los asociados, sino también a impedirlos y tomar las medidas necesarias para que estos se garanticen, realicen y prevalezcan en todos los casos.

Al respecto, la doctrina ha señalado:

No olvidemos, en efecto, que los pactos internacionales obligan al Estado no solo a respetar sino también a garantizar los derechos humanos. La eficacia horizontal de los derechos constitucionales es pues un dispositivo del Estado para potenciar esa garantía en el ordenamiento interno. Por ello creo que, en el plano constitucional, tiene toda la razón la Corte Constitucional cuando señala que la eficacia horizontal de los derechos fundamentales no disminuye la responsabilidad estatal sino que la acrecienta(11).

Postulado constitucional que se confunde con la existencia misma del Estado y de sus autoridades públicas, en los términos de los artículos 1º y 2º constitucionales, al punto que su vulneración, por acción u omisión, hace responsables de los daños causados.

Ahora, sabido es que el Estado no puede destinar protecciones individuales para cada asociado, pero sí contar con programas y acciones tendientes a un cubrimiento general, acordes con las circunstancias que aquellos afrontan, de modo que, en principio, no tendría que responder por los hechos puntuales atribuidos a terceros, pues a las autoridades no se les exigen condiciones de omnipresencia y omnisuficiencia; empero en aquellas situaciones en las que la vida e integridad de los asociados se encuentra en real peligro y amenaza, para el efecto, por la conocida presencia e incursión frecuente de grupos al margen de la ley, las exigencias de protección se potencializan, precisamente con el establecimiento de medidas de protección eficaces y acordes a las circunstancias, pues, de otra manera, no se pueden entender cumplidos los mandatos constitucionales de garantía y respeto de los derechos, libertades y creencias. No se entendería, en consecuencia que, conocida una situación concreta de peligro, riesgo o amenaza, se abandone a la población civil a su suerte.

Al respecto, en sentencia de 26 de enero de 2011, la Sección(12) señaló:

Las Fuerzas Armadas incumplieron su deber de protección y vigilancia, y por esa vía no hicieron efectiva la garantía constitucional, primero porque el ejército no acudió al llamado de la comunidad, y sobre esta omisión no hay discusión, pues no existe el mínimo indicio sobre su presencia en el lugar de los hechos. La prueba en contrario debió ser aportada por la entidad demandada y no por la parte actora, pues en cumplimento del inciso final del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba; y segundo, porque los integrantes de la Policía Nacional se retiraron antes de que culminara la concentración política lo que facilitó el actuar de la delincuencia y que a continuación pudieran consumar el crimen.

Aunque la presencia de las Fuerzas Armadas hasta la culminación de la sesión política, no garantizaba que el hecho dañoso se hubiera podido impedir, lo cierto es que la falta del pie de fuerza y el hecho de que los uniformados se ausentaran del lugar, facilitó el accionar de los delincuentes, especialmente en una zona de orden público, donde de tiempo atrás se había incrementado la inseguridad, especialmente el índice de homicidios y donde los candidatos políticos constituían un blanco fácil de la delincuencia organizada y de los grupos al margen de la ley (resaltados fuera de texto).

Vale agregar, a lo expuesto, que no solo a las autoridades les corresponde adoptar medidas generales de seguridad destinadas a la protección de la población civil, en zonas del territorio en las que el orden público se conoce gravemente perturbado; sino que habrán de diseñarse e implantarse algunas especiales, dirigidas a brindar seguridad personal, en los casos en los que se afronta riesgo o amenaza, ya fuere porque las autoridades fueron informadas, como también en razón de que las especiales condiciones de la víctima así lo indican.

Sobre el particular, en sentencia de 29 de agosto de 2012, la Sala(13) precisó:

En criterio de la Sala, la ausencia de la Policía Nacional en el acto público de inauguración de un torneo deportivo realizado el 25 de mayo de 1997 en la vereda Travesías, jurisdicción del municipio de Guática, es, a todas luces, inexplicable, porque, como ya se indicó, esa institución tenía pleno conocimiento de (i) la grave alteración del orden público en la zona, (ii) la celebración del evento, (iii) las amenazas recibidas por el señor Navarro de grupos armados al margen de la ley y (iv) de que este no tenía servicio de escolta. Bajo las condiciones descritas, sin duda, el hecho dañoso era, además de anunciado, previsible y resistible, pues es claro para la Sala que, de haber hecho presencia en el evento, la Policía Nacional habría podido evitar que la persona que atacó al alcalde ingresara armada al acto público que este presidía, que le disparara y que, sin que nadie se lo impidiera, lo trasladara malherido a un lado del recinto para propinarle más disparos.

3.2.3.5.2. Y es injustificada, porque, aunque directamente el alcalde no pidió el servicio de escolta, los hechos objeto de reproche ocurrieron en un evento público, el cual, en virtud de las normas señaladas en el fundamento jurídico 3.2.4 de la presente providencia y del conocimiento que la entidad demandada tenía sobre su realización, obligaba a la Policía Nacional a hacer presencia para prevenir la alteración del orden público y garantizar la seguridad de todos los asistentes. Al respecto, se recuerda que, de conformidad con el artículo 47 del reglamento de vigilancia urbana y rural para la Policía Nacional, indicado en precedencia, “[e]s obligación del policía desplegar toda iniciativa que procure la prevención de delitos, desórdenes, o cualquier otro acto que tienda a perturbar la seguridad y el bienestar de las personas”.

Así, si bien el señor Navarro Palacio no estaba obligado a aceptar el servicio de escolta y, por ende, la institución demandada no podía imponérselo, pues ello no solo hubiera vulnerado su derecho a la autonomía personal, sino que, además, habría significado el incumplimiento de la obligación estatal de planificar e implementar las medidas de protección con la participación del beneficiario, a fin de asegurar la efectividad y pertinencia de las mismas(14), a juicio de la Sala, (i) en virtud de lo dispuesto para el efecto en el Código de Policía (arts. 2º, 34, 133, 134, 143 y 145) y en el reglamento de vigilancia urbana y rural para la Policía Nacional (arts. 41 y 47), la entidad demandada sí estaba obligada a hacer presencia en el evento público para proteger la vida e integridad personal de todos los asistentes, incluido el alcalde Navarro (resaltados fuera de texto).

Lo que acontece es que tratándose de zonas de especial vulneración del orden público, dada la presencia e incursiones frecuentes de grupos al margen de la ley, las exigencias de protección se incrementan, dirigidas, en todo caso, a mantener a la población civil aislada del peligro(15).

De esta forma, el Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados, consagra la garantía fundamental según la cual “[t]odas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable” (art. 4º, num. 1º).

El artículo 13 ibídem, por su parte, dispone:

Protección de la población civil

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.

La jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que el Estado es responsable de reparar los daños sufridos por las víctimas de un hecho violento causado por terceros cuando: (i) el mismo es perpetrado con la intervención o complicidad de agentes del Estado(16), (ii) la persona contra quien se dirigió el ataque solicitó medidas de seguridad a las autoridades y estas no se las brindaron(17), (iii) la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida(18) y (iv) en razón de las especiales circunstancias sociales y políticas del momento, el atentado era previsible y, sin embargo, no se adelantaron las acciones correspondientes(19).

Así, en estos casos, la Sala ha considerado que la responsabilidad del Estado surge por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la vida, es decir, de la omisión respecto de la conducta debida y de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del servicio(20), mismos que de haberse implementado habrían evitado el resultado(21).

También se ha declarado responsable al Estado por los daños ocasionados por terceros, en casos en que el hecho fue dirigido contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o autoridades estatales(22); por otro lado, la administración ha sido absuelta cuando la actuación delictiva buscó amenazar indiscriminadamente a la población, sembrando pánico y desconcierto social, sin un objetivo estatal específico, bien o persona, claramente identificable. Ha precisado la Sala(23):

Si el atentado es indiscriminado, no es selectivo, y tiene como fin sembrar pánico y desconcierto social como una forma de expresión, por sus propias características cierra las puertas a una posible responsabilidad estatal ya que es un acto sorpresivo en el tiempo y en el espacio, planeado y ejecutado sigilosamente, y por lo mismo, en principio imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública y como ya se ha dicho, los deberes del Estado, que son irrenunciables y obligatorios, no significan que sea por principio omnisciente, omnipresente ni omnipotente, para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia.

En el presente caso, el acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer que los señores John Fernando Echavarría Muñoz y Juan Carlos Aguirre Roldán murieron como consecuencia de las heridas ocasionadas con arma de fuego “o explosiva”, en un atentado perpetrado por grupos al margen de la ley, quienes confundieron el vehículo en el que se desplazaban las víctimas, con uno de similares características al utilizado por miembros de la entidad pública demandada. En los mismos hechos resultó herido el señor Jaime León Echavarría Muñoz. Constatada, entonces, la existencia del daño, la Sala deberá establecer si la muerte del hijo, hermano, nieto y tío de los demandantes deviene atribuible o endilgable a la administración y, así mismo, determinar si se configura el hecho de un tercero, alegado por la entidad pública demandada o la participación de la víctima en el resultado dañoso, como fue considerado en la sentencia impugnada.

Los elementos probatorios recaudados dan cuenta de que para la época en que sucedieron los hechos, el corregimiento de Bajirá, municipio de Mutatá (Antioquia) se caracterizaba por ser una región que presentaba problemas de seguridad permanente. Los distintos documentos incorporados al proceso y las declaraciones recibidas en primera instancia dan cuenta de esta circunstancia.

En efecto, el Comandante del Batallón de Infantería 46 “Voltigeros” informó sobre la presencia de contraguerrillas en el corregimiento de Bajirá desde el 4 de junio de 1997, esto es cinco días antes de la ocurrencia de los hechos de que da cuenta la demanda, sin que, de acuerdo al informe de situación de tropas, se hubieran presentado desplazamientos en la zona. Así mismo, informó que no existía fuerza pública en el municipio de Mutatá.

El funcionario señaló, además, que no se cuenta con información sobre actos terroristas acontecidos en el mes de mayo de 1997, solo el de fecha 9 de junio de 1997, en relación con el cual dio cuenta de que, en la zona rural del municipio de Mutatá, vía que conduce al corregimiento de Bajirá, en el sitio nominado La Curva, “bandoleros del ELN” activaron una carga explosiva contra el vehículo Mitsubishi, color rojo, de placas QAF-784, en el cual se transportaban los señores John Fernando y Jaime León Echavarría Muñoz, Juan Carlos Aguirre Roldán, Blanca Cecilia Fernández, resultando muertos el primero, el tercero y la última y herido el segundo, quien dio aviso a las autoridades sobre lo sucedido.

La prueba testimonial, por su parte, da cuenta del ataque de que fueron víctimas los señores John Fernando y Jaime León Echavarría Muñoz, Juan Carlos Aguirre Roldán y Blanca Cecilia Fernández, en momentos en que se desplazaban en un vehículo campero rojo por la carretera que comunica el corregimiento de Bajirá y el municipio de Mutatá, al parecer, confundidos con miembros de la fuerza pública que utilizaban un automotor con similares características. Sobre el particular, declararon los señores Jaime Villamizar Pereira, administrador de una finca cercana al lugar los hechos, el señor Blas Humberto David Escobar, sacerdote de la localidad de Mutatá para esa época y el señor Carlos Gustavo Palacio Giraldo, residente y empleado de la municipalidad. Todos dieron cuenta de la situación de orden público por la que atravesaba el corregimiento de Bajirá y de la presencia constante de grupos al margen de la ley, como autodefensas y subversión, así como de la ocurrencia de diversos hechos delincuenciales que atentaban contra la población en general, dando lugar a que la fuerza pública hiciera presencia en la zona, días antes del atentado de que trata el sub lite.

El señor Jaime Villamizar Pereira afirmó que los carros en que viajaban ordinariamente el ejército y el que fue emboscado por la guerrilla eran monteros de color rojo, por lo que podrían haber sido confundidos. De igual forma, puso de presente que, luego del ataque contra el carro de Coca Cola que surtía al corregimiento de Bajirá; la quema de un bus en el que se movilizaban “unos evangélicos”; el atraco en retenes ilegales de varios camiones que surtían de víveres a la región y la explosión de un carro “chivero”, fue que la fuerza pública hizo presencia en la zona. Hechos estos anteriores “del que estamos ocupándonos, el transcurso de este último hecho con los otros es de un mes más o menos”. Así mismo, señaló que la carretera donde ocurrieron los hechos “es la única vía de comunicación carreteable que tiene para la base de Bajirá” (fls. 204-208, cdno. 1).

El sacerdote Blas Humberto David Escobar, por su parte, fue más detallado sobre la situación de orden público. Aseguró que el “(...) el sector de Bajirá es una zona roja en donde personalmente conoci[ó] la guerrilla en vivo, los grupos del EPL, ELN, FARC y los llamados Los Corrientosos” y que, para ese tiempo “la presencia del Estado era muy poca”, a tal punto de sostener que “(...) el Estado directamente era culpable por falta de presencia, que a la llegada de los paramilitares y el Ejército Nacional, la situación social se había complicado para el corregimiento de Bajirá (...) acontecimientos de desapariciones y asesinatos que el ejército y paramilitares en su trabajo conjunto realizaban”.

El deponente también se refirió a que, en el mes de junio de 1997, grupos subversivos hicieron presencia en la región, protagonizando hechos delincuenciales: incendiaron un carro que distribuía productos de Coca Cola, decomisaron un camión, secuestraron al mayordomo de una finca de propiedad de un diputado de la asamblea departamental, quemaron un bus y asesinaron al conductor. Así mismo, puso de presente que el vehículo en el que solía transportarse el ingeniero civil John Fernando Echavarría Muñoz, “fácilmente [se] podía confundir con los carros en que andaba el ejército o las autodefensas”, pues los automotores utilizados por las autodefensas y el ejército también eran de las mismas características, esto es camperos de color rojo.

Sobre el particular, el sacerdote sostuvo que “la guerrilla esperaba que pasara por el sitio las autodefensas o el ejército que frecuentemente pasaban por ese sector, no había otra salida, pues era paso obligatorio”. Según su versión, el grupo subversivo “(...) al ver un carro rojo a la distancia creyeron que era el ejército o autodefensas y activaron la bomba, ellos creían que era del ejército y de las autodefensas porque también andaban en carro rojo”.

Era tal la injerencia en la zona de grupos al margen de la ley, que “al llegar las autodefensas hicieron ir al inspector que había en Bajirá”. De ello dio cuenta el sacerdote David Escobar, al punto que él era quien “recogía” el cuerpo de las víctimas para darles cristiana sepultura, dando lugar a que fuera objeto de amenazas en contra de su vida. Así mismo, destacó que la fuerza pública hizo presencia en la región “por la misma situación de orden público, robo de vehículos, secuestros, guerrilla” (fls. 212-217, cdno. 1).

Lo anterior permite establecer que la emboscada en que perdieron la vida los señores John Fernando Echavarría Muñoz y Juan Carlos Aguirre Roldán y resultó herido el señor Jaime León, hermano del primero, no puede calificarse de imprevisible e irresistible, es decir tildarse de un hecho sobre el que la administración no podía actuar y, bajo esa línea de razonamiento, no es dable concluir que la conducta del tercero, en cuanto exclusiva y excluyente rompió el nexo causal con la actividad de la administración. Al contrario, la Sala considera que, en cuanto la fuerza pública tenía conocimiento del problema de orden público que reinaba en la región y la presencia constante de grupos al margen de la ley en la zona, estaba en el deber constitucional y legal de haber tomado las medidas que exigía la situación para proteger a la comunidad en general(24).

Otro aspecto que llama la atención, tiene que ver con el uso por parte de la fuerza pública de un campero rojo, similar a los propios de la población civil, pues este solo hecho, además incomprensible, en cuanto las fuerzas del orden deben hacer uso de sus distintivos, particularmente en zonas de orden público.

El artículo 69 del Decreto 1809 de 1990, “Por el cual se introducen reformas al Código Nacional de Tránsito Terrestre (D.L. 1344, ago. 4/70)”, prevé que todo vehículo destinado al transporte de pasajeros, deberá tener, además de las condiciones generales señaladas en este código, las especiales que la autoridad competente fije sobre los siguientes aspectos: colores, signos, letreros, avisos, distintivos, condiciones de seguridad y comodidad, taxímetro, características y dispositivos adicionales.

Además, cabe anotar que una de las reglas esenciales del derecho internacional humanitario es el principio de distinción, según el cual las partes en conflicto deben diferenciar entre combatientes y no combatientes, puesto que estos últimos no pueden ser nunca un objetivo de la acción bélica(25).

Tal y como lo señala el artículo 48 del Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), las partes “(...) en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares”.

Los artículos 50 y 43 del protocolo en mención, por su parte, disponen que los combatientes son quienes participan directamente en las hostilidades, por ser miembros operativos de las fuerzas armadas. Por tal razón, el 4º de la misma normativa protege, como no combatientes, a “todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas”.

Aunado a lo anterior, el artículo 50 del Protocolo I dispone que en caso de duda acerca de la condición de una persona, será considerada como civil, sin que pueda ser objetivo militar. Es más, la disposición agrega que “la presencia entre la población civil de personas cuya condición no responda a la definición de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil”.

La Corte Constitucional ha señalado que las anteriores normas, destinadas a proteger a la población civil, a los combatientes desarmados, así como a los heridos, enfermos y náufragos, armonizan plenamente con la Constitución y en particular, con la protección de la vida, la dignidad y la libertad de las personas (C.P., arts. 1º, 2º y 11), valores que aparecen como uno de los fundamentos esenciales del Estado colombiano. Ha establecido, además, que “independientemente de la situación jurídica de normalidad o anormalidad política, la sociedad civil víctima de la confrontación armada debe ser protegida por parte del Estado”(26).

Una de las principales expresiones del derecho humanitario consuetudinario son las garantías fundamentales. Al respecto, la Corte Constitucional ha recopilado como garantías fundamentales las siguientes:

1. La prohibición de dirigir ataques contra la población civil;

2. La prohibición de desarrollar acciones orientadas a aterrorizar a la población civil.

3. Las reglas relativas a la distinción entre bienes civiles y objetivos militares.

4. La prohibición de ataques indiscriminados y de armas de efectos indiscriminados.

5. La prohibición de atacar las condiciones básicas de supervivencia de la población civil y,

6. La prohibición de atacar a las personas puestas fuera de combate.

Estas garantías han sido plasmadas en principios que orientan las actuaciones durante situaciones de hostilidades y que deben ser observados a lo largo de todas las operaciones militares, entre ellos, el principio de distinción.

Las distintas subreglas que componen el principio de distinción han sido consagradas desde los primeros instrumentos de codificación del derecho de la guerra, incluyendo la Declaración de San Petersburgo de 1868142, la Declaración de Bruselas de 1874143, los convenios de La Haya144 y numerosos otros textos145, hasta alcanzar su formulación cristalizada y concisa en los protocolos adicionales de 1977 a los convenios de Ginebra de 1949, tal y como se han complementado por el derecho consuetudinario aplicable a los conflictos armados internos. Estas reglas se encuentran interrelacionadas, se refuerzan mutuamente y contribuyen en su conjunto a la protección de la población civil y no combatiente, víctima de las confrontaciones armadas no internacionales. La tercera subregla, en la que se expresa el principio general de distinción, es la obligación de las partes en un conflicto de esforzarse por distinguir entre objetivos militares y bienes civiles(27).

En este orden de ideas, la Sala concluye que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional tiene el deber de asumir la reparación por los daños antijurídicos causados a los demandantes, porque no se conoce la implementación de especiales medidas de protección a la población civil, en la zona donde se produjo la emboscada y dado que se echa de menos la previsión necesaria que ha debido observarse para usar, en todo caso, los vehículos asignados para sus desplazamientos. Mismos que deben portar los distintivos correspondientes.

En este sentido, es claro que lo que compromete la responsabilidad de la administración es la ausencia de medidas que habrían tenido que adoptar las autoridades para proteger a la población civil del municipio de Mutatá, dada la situación de grave alteración de orden público que se afrontaba en la región para la época de los hechos y la imprudencia e incumplimiento normativo sobre el uso para sus desplazamientos de un similar vehículo al de las víctimas.

En el presente caso, el análisis de los hechos arroja como resultado la ocurrencia de un daño, que a todas luces tiene la característica de antijurídico, en la medida en que los demandantes no tenían la obligación de soportarlo.

Del artículo 90 constitucional se deriva la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose, para el efecto que “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(28), es decir las lesiones injustificadas a los derechos e intereses patrimoniales y extrapatrimoniales de los asociados, que las autoridades no pueden provocar o tendrían que haber evitado.

La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado —en materia contractual y extracontractual—, contenida en el artículo 90 de la Carta Política, se soporta única y exclusivamente en los elementos de daño antijurídico e imputación —entendida esta última como atribución de la respectiva lesión—, sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo componentes a efectos de configurar la responsabilidad.

Lo anterior se ve reflejado en los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, a cuyo tenor se lee:

(...) La noción de daño en este caso, parte de la base de que el Estado es el guardián de los derechos y garantías sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado por su gestión, porque ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo.

La responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y no de la actuación del agente de la administración causante material del daño, es decir, se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta del actor del daño, que es el presupuesto de la responsabilidad entre particulares.

Esta figura tal y como está consagrada en la norma propuesta, comprende las teorías desarrolladas por el Consejo de Estado sobre responsabilidad extracontractual por falta o falla del servicio, daño especial o riesgo...”(29).

Como se observa, el punto de partida para estructurar la responsabilidad del Estado es el daño antijurídico y, de esta forma lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Constitucional(30).

Considerar los actos de la subversión como hechos exclusivos de un tercero, implicaría condenar a la impotencia a la población, dado que quien tiene el deber jurídico de protegerla, enfrentando a los insurgentes de ser preciso y, en todo caso, aventajándolos, porque tiene el monopolio legítimo de la fuerza, es el Estado, representado en sus Fuerzas Armadas(31).

Tampoco se encuentra configurado el hecho de la víctima, en la medida en que no está probado que el señor John Fernando Echavarría Muñoz haya dado lugar al resultado dañoso, por el hecho de haberse visto obligado, según la prueba testimonial, a “prestar” su vehículo para trasladar unos heridos a un centro asistencial.

Si bien, el sacerdote Blas Humberto David Escobar puso de presente que antes de la ocurrencia de los hechos, personas desconocidas “tomaron el campero de John Fernando para trasladar supuestamente unos heridos al hospital de Mutatá, unos heridos de Bajirá, unos supuestos paras”, ello no traduce que la víctima fuese colaborador de grupos al margen de la ley, pues bien pudieron hacerlo sin su consentimiento. Además, cabe anotar que el traslado de enfermos o heridos, por humanidad y solidaridad, es del caso imperativa, sin hacer distinción alguna entre los dolientes o víctimas.

La Sala también ha señalado que, cuando al Estado se le ha impuesto el deber jurídico de evitar un resultado dañoso, aquel asume la posición de garante en relación con la víctima y, en caso de concretarse el daño, este resultará imputable a la administración(32) —se destaca—:

En el mismo precedente se señaló que la posición de garante ya ha sido acogida en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, afirmándose,

“La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos (sic) 1.1 y 2º de la convención.

“La responsabilidad internacional de los Estados Partes es, en este sentido, objetiva o ‘absoluta’, teniendo presentes conjuntamente los dos deberes generales, estipulados en los artículos 1(1) y 2º de la convención americana”(33).

Se trata de afirmar la responsabilidad del Estado pese a que los hechos son causados por terceros, en la medida en que a la administración pública le es imputable al tener una “posición de garante institucional”, del que derivan los deberes jurídicos de protección consistentes en la precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado, tal como se consagra en el artículo 2º de la Carta Política. Luego, sustancial para endilgar la responsabilidad es que se deduzca a quién competía el deber de evitar las amenazas y riesgos para los derechos humanos de las personas afectadas. De acuerdo con la doctrina,

“La otra fuente de la posición de garantía tiene lugar cuando el sujeto pertenece a una institución que lo obliga a prestar ciertos deberes de protección a personas que se encuentran dentro de su ámbito de responsabilidad. La característica de esta fuente, es que la posición de garante surge aunque el sujeto no haya creado los riesgos para los bienes jurídicos. Por ejemplo: la fuerza pública tiene dentro de su ámbito de responsabilidad la protección de la vida de los ciudadanos, y, si un miembro de ella que tiene dentro de su ámbito específico la salvaguarda de la población civil no evita la producción de hechos lesivos por parte de terceros, la vulneración de los derechos humanos realizados por un grupo al margen de la ley le son imputables. Al serles atribuidos al servidor público por omisión de sus deberes de garante, surge inmediatamente la responsabilidad internacional del Estado. Debemos anotar, que la posición de garante institucional no solo genera deberes de protección frente a peligros originados en terceros (seres humanos), sino también con respecto a fuerzas de la naturaleza”(34).

En un caso similar, la Sala conoció de un ataque dirigido contra el Estado, cuyo radio de acción no se limitó a objetivos estrictamente militares, sino que comprendió también a la población civil y que, en tales circunstancias causó daños a los demandantes, dando lugar al rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, que debe ser indemnizado(35). Al tiempo, precisó que el título de imputación era una herramienta de motivación que debía ser aplicada para dar respuesta al caso concreto, en aras de materializar el valor justicia. De la decisión se destacan los siguientes apartes:

Y es que si bien ha sido claro para la Sección Tercera que la teoría del daño especial exige un factor de atribución de responsabilidad al Estado, es decir, que el hecho causante del daño por el que se reclame pueda imputársele jurídicamente dentro del marco de una “actuación legítima”, esta “actuación” no debe reducirse a la simple verificación de una actividad en estricto sentido físico, sino que comprende también aquellos eventos en los que la imputación es principalmente de índole jurídica y tiene como fuente la obligación del Estado de brindar protección y cuidado a quienes resultan injustamente afectados.

En conclusión, la Sección considera que en este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que el daño, pese que se causó por un tercero, lo cierto es que ocurrió dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual, no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas y, que explica que la imputación de responsabilidad no obedezca a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que se concreta como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y representan y hacen visible y palpable, la legitimidad del Estado.

Finalmente, en cuanto al hecho de un tercero propuesto por la parte demandada como eximente de responsabilidad, ha de decir la Sala, como consecuencia de todo lo anteriormente dicho, no aparece configurado en este caso por cuanto la obligación indemnizatoria que se deduce no parte de la determinación del causante del daño, —fuerzas estatales o miembros de los grupos alzados en armas—, sino que, como se vio previamente, proviene del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y equidad(36).

En consecuencia, la responsabilidad recaerá en la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, comoquiera que aquella omitió el deber de proteger a la población civil y no adelantó ninguna actuación tendiente a garantizar la seguridad de quienes residían en el corregimiento de Bajirá municipio de Mutatá; pues conocida, como se encontraba la situación de la región, no se entiende la ausencia de medidas para contrarrestar la situación y proteger a la población, al igual que el uso para sus desplazamientos de un vehículo de similares características al de las víctimas.

De ahí que la Sala revocará la sentencia impugnada y condenará a la entidad pública accionada al pago de los perjuicios causados, de conformidad con los parámetros que a continuación se señalan.

2.2.3. Perjuicios.

2.2.3.1. Morales.

Establecidos como se encuentran los vínculos de consanguinidad, familiaridad y convivencia entre las víctimas y sus parientes, plenamente acreditados con las pruebas documentales y testimoniales a las que se ha hecho referencia, hacen presumir la afectación moral que la muerte de los señores John Fernando Echavarría Muñoz y Juan Carlos Aguirre Roldán y las lesiones sufridas por Jaime León Echavarría Muñoz les causó.

En consecuencia, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional pagará a favor de las personas que a continuación se relacionan, las sumas de dinero liquidadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes y no en gramos oro, como lo viene sosteniendo la corporación desde la sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso acumulado 13232-15646(37).

Por la muerte de John Fernando Echavarría Muñoz:

A favor de Jaime Echavarría Lezcano y María Cecilia Muñoz Restrepo —padres—, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, monto compensatorio que, como lo viene sosteniendo la Sección, consulta principios de equidad, dada la cercanía de los demandantes con la víctima.

Para los señores Jaime León, Marta Cecilia, Clara Isabel, Gloria Elena, Adiela María, Hilda María, Luz Mery y María Elsy Echavarría Muñoz —hermanos— y Adela Restrepo de Muñoz —abuela—, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Por la muerte de Juan Carlos Aguirre Roldán:

A favor de la señora Dora Alba Roldán Vélez —madre—, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Para la señora Nora Patricia Aguirre Roldán —hermana—, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Y, a favor de Laura Patricia Cardona Aguirre —sobrina—, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Por las lesiones sufridas por el señor Jaime León Echavarría Muñoz:

En el proceso reposa copia de la historia clínica 282624-1 de la división de urgencias de la Clínica de Medellín, en la que se registra el ingreso del señor Echavarría Muñoz el 12 de junio de 1997, con una lesión sufrida el lunes 9 anterior, con una herida por arma de fuego en el antebrazo derecho (fls. 21B-21C y 292-294, cdno. 1).

Por las lesiones sufridas, el Instituto de Seguro Social concedió al demandante un total de 90 días de incapacidad por enfermedad general, durante los días 27 de mayo, 26 de junio y 27 de agosto de 1998 (fls. 57-59, cdno. 1). El apoderado de la parte actora desistió de la práctica del dictamen médico laboral (fl. 279, cdno. 1).

De conformidad con lo anterior, la Sala condenará a la entidad pública demandada al pago de las siguientes sumas de dinero:

A favor de Jaime León Echavarría Muñoz —lesionado—, ocho (8) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Para los señores Jaime Echavarría Lezcano y María Cecilia Muñoz Restrepo —padres—, el equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Y, a favor de las señoras Marta Cecilia, Clara Isabel, Gloria Elena, Adiela María, Hilda María, Luz Mery y María Elsy Echavarría Muñoz —hermanas— y Adela Restrepo de Muñoz —abuela—, el equivalente a dos (02) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

2.2.3.2. Materiales.

2.2.3.2.1. Daño emergente.

La Sala encuentra acreditado el daño emergente solicitado a favor de la señora Dora Alba Roldán Vélez de Aguirre, en razón de los gastos funerarios que tuvo que sufragar, con ocasión de la muerte de su hijo Juan Carlos Aguirre Roldán.

En efecto, según la factura que reposan en el plenario, el 9 de junio de 1997 la demandante pagó $ 1.000.000 a la funeraria y muebles El Roble, por concepto de servicios funerarios, sala de velación y transporte (fls. 68-70, cdno. 1). De ello también dio cuenta el señor Alejandro Campo, quien afirmó conocer a la señora Dora Alba Roldán Vélez desde 20 años atrás aproximadamente, porque tuvo “negocios con ella de trabajo en la carpintería y también los negocios de funerarios (sic)”. Precisó que “(...) los trabajos de carpintería han sido como camas, chifonier que yo le he hecho. Y en cuanto a la funeraria he tenido negocios con ella porque yo también tengo una funeraria, me tocó venderle una caja cuando murió el hijo de ella”.

El testigo aseguró que la demandante incurrió en gastos funerarios por la muerte de su hijo el 9 de junio de 1997, los cuales estimó en la suma de $ 730.000, representados en el ataúd, las exequias religiosas, los adornos florales y los servicios de velación. Para tal efecto, reconoció la factura que le fue exhibida, obrante a folio 70 de la presente actuación (declaración recibida en primera instancia por comisionado, fls. 176-177, cdno. 1).

En consecuencia, resulta del caso actualizar dicha suma, de conformidad con la siguiente fórmula:

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2.2.3.2.2. Lucro cesante.

a) Por la muerte de John Fernando Echavarría Muñoz.

Por la muerte del señor John Fernando Echavarría Muñoz, en la demanda se solicitó el reconocimiento y pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora María Cecilia Muñoz de Echavarría (madre), así como de Gloria Elena y Marta Cecilia Echavarría Muñoz (hermanas), estimados en la suma de $ 115.246.323, teniendo en cuenta la fecha de los hechos, los ingresos percibidos por la víctima al momento de su muerte —$ 2.274.000—, la vida probable de los demandantes y la dependencia económica.

La Sala considera procedente la indemnización a favor de la señora María Cecilia Muñoz de Echavarría, en su calidad de madre.

Respecto de las hermanas del señor John Fernando Echavarría Muñoz, esto es las señoras Gloria Elena y Marta Cecilia Echavarría Muñoz, la Sala no realizará ningún reconocimiento por este concepto, comoquiera que en el proceso no está acreditada una relación de dependencia económica con la víctima. Si bien el señor Jhon Fredy Toro, interrogado por “qué personas dependían económicamente de él”, respondió que “los solteros”, no los identificó, por lo que no es posible inferir quiénes serían los beneficiarios de la indemnización. Aunado a lo anterior, no obstante el testigo aseguró que “el papá” también dependía de su hijo, la Sala solo podrá realizar el reconocimiento a favor de la madre, pues de esta forma se solicitó en la demanda.

De este modo, la precitada pretensión será acogida así(38):

Las pruebas indican que el señor John Fernando Echavarría Muñoz, como ingeniero civil, ejecutó varios contratos de obra para el municipio de Medellín, durante los años 1993 a 1996 y a la vez era propietario del establecimiento de comercio Transmaco. Por razón de su actividad como profesional independiente, percibía ingresos mensuales por la suma de $ 2.274.000, según lo certificó un contador público, mediante escrito de 18 de febrero de 1997, con anexo de su tarjeta profesional (fls. 30-32 y 39-40, 47, 50-56, cdno. 1).

Para el cálculo de la indemnización se tendrá en cuenta la suma resultante de actualizar el salario referido —$ 6.521.693—(39) y, a la vez, se descontará el 50%, porcentaje que, se infiere, la víctima destinaba a sus gastos propios en ausencia de cónyuge/compañera e hijos, lo que da como resultado la suma de $ 3.260.846; cantidad que, a su vez, se dividirá en nueve partes iguales, en tanto los señores Jaime Echavarría Lezcano y María Cecilia Muñoz Restrepo “tenían varios hijos que debían atender igualmente la obligación”(40) de garantizar su sostenimiento, ocho hijos además de la víctima, que también debían contribuir, comoquiera que “se presume, con base en el principio de equidad, que cada uno debe aportar en la medida de su solvencia económica”(41), de lo que resulta una base de liquidación por la suma de $ 362.316, para su progenitora.

Indemnización debida

La liquidación se hará conforme a la siguiente fórmula:

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Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada (base de liquidación)
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses transcurridos desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta la sentencia, esto es, 198 meses.
1=Es una constante.

 

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Indemnización futura

Está probado que, al momento de los hechos objeto de la demanda, la señora María Cecilia Muñoz de Echavarría contaba con 59 años de edad, pues nació el 8 de octubre de 1937 (fl. 20, cdno. 1), de manera que tenía un período de vida probable o esperanza de vida igual a 21,58 años, equivalentes a 258,96 meses(42).

Para efectos de la liquidación, se descontará el número de meses que fueron liquidados en el período consolidado —198—, para un total de meses a indemnizar de 60,96.

S 1999-00898F4.jpg
 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada (base de liquidación)
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses de vida probable de la señora Muñoz Restrepo, menos el tiempo consolidado, es decir, 60,96 meses.
1=Es una constante.

 

S 1999-00898F5.jpg
 

De lo anterior se tiene que, el monto total por concepto de lucro cesante para la señora María Cecilia Muñoz de Echavarría es de:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 120.238.619$ 19.197.174$ 139.435.793

b) Por la muerte de Juan Carlos Aguirre Roldán.

Por la muerte del señor Juan Carlos Aguirre Roldán, en la demanda se solicitó el reconocimiento y pago de esta clase de perjuicios a favor de la señora Dora Alba Roldán Vélez de Aguirre, estimado en la suma de $ 19.186.798, teniendo en cuenta la fecha de los hechos, los ingresos percibidos por la víctima al momento de su muerte —$ 172.005—, la vida probable de la demandante y la dependencia económica.

La Sala considera procedente la indemnización a su favor y, para ello, tendrá en cuenta el salario mínimo legal vigente a la fecha de esta providencia —$ 589.500—, por falta de prueba que acredite unos ingresos superiores y por ser más favorable que el que regía a la fecha de los hechos, suma a la cual se le adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales —$ 736.875— y, a la vez, se descontará el 50%, porcentaje que, se infiere, la víctima destinaba a sus gastos propios en ausencia de cónyuge/compañera e hijos, lo que da como resultado la suma de $ 368.437; cantidad que, a su vez, se dividirá en dos partes iguales, en tanto la señora Dora Alba “tenía varios hijos que debían atender igualmente la obligación”(43) de garantizar su sostenimiento, una hija además de la víctima, que también debían contribuir, comoquiera que “se presume, con base en el principio de equidad, que cada uno debe aportar en la medida de su solvencia económica”(44), de lo que resulta una base de liquidación por la suma de $ 184.219, para su progenitora.

Indemnización debida

La liquidación se hará conforme a la siguiente fórmula:

S 1999-00898F6.jpg
 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada (base de liquidación)
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses transcurridos desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta la sentencia, esto es, 198 meses.
1=Es una constante.

 

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Indemnización futura

Está probado que, al momento de los hechos objeto de la demanda, la señora Dora Alba Roldán Vélez de Aguirre contaba con 47 años de edad, pues nació el 19 de marzo de 1950 (fl. 64, cdno. 1), de manera que tenía un período de vida probable o esperanza de vida igual a 31,89 años, equivalentes a 382,68 meses(45).

Para efectos de la liquidación, se descontará el número de meses que fueron liquidados en el período consolidado —198—, para un total de meses a indemnizar de 184,68.

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Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada (base de liquidación)
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses de vida probable de la señora Roldán Vélez, menos el tiempo consolidado, es decir, 184,68 meses.
1=Es una constante.

 

S 1999-00898F9.jpg
 

De lo anterior se tiene que, el monto total por concepto de lucro cesante para la señora Dora Alba Roldán Vélez de Aguirre es de:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 61.135.137$ 22.466.678$ 83.601.815

c) Por las lesiones sufridas por el señor Jaime León Echavarría Muñoz

El lucro cesante fue calculado en la suma de $ 71.465.223, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad laboral de la víctima, que según su versión fue del 50% y los ingresos percibidos por ella al momento de los hechos —$ 600.000—.

Teniendo en cuenta que por las lesiones sufridas, el Instituto de Seguro Social concedió al demandante un total de 90 días de incapacidad por enfermedad general, durante los días 27 de mayo, 26 de junio y 27 de agosto de 1998 (fls. 57-59, cdno. 1), la Sala reconocerá a su favor 90 días del salario mínimo legal vigente para esa fecha(46), lo que equivale a tres meses de salario, esto es $ 611.475.

En consecuencia, resulta del caso actualizar dicha suma, de conformidad con la siguiente fórmula:

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2.2.4. Medidas de no repetición(47).  

Aunque en principio no cabe hacer más gravosa la situación del apelante único, conforme al principio de la no reformatio in pejus, dicho límite se fisura frente al deber estatal de reparar en integridad la afectación significativa de un derecho fundamental, con proyección objetiva, caso en el que resulta posible decretar de oficio medidas de justicia restaurativa, restringidas a la garantía de no repetición.

La Sala advierte que lo acontecido tiene que ver con la vulneración al principio de distinción, que viola flagrantemente la Carta Política y las normas de derecho internacional humanitario —DIH—, por lo que resulta necesario que lo acontecido no se repita.

Cabe advertir que la jurisprudencia ha señalado que es posible decretar de oficio medidas de justicia restaurativa, al margen de los principios de congruencia y de no reformatio in pejus, precisamente ante la grave vulneración de los derechos humanos, sin que sea dable soslayar las medidas de no repetición.

Es que, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de la corporación, al margen de los principios procesales de congruencia y jurisdicción rogada, en aquellos asuntos en los que se juzga la responsabilidad de la administración por violación a los derechos humanos, pues se trata de dar cumplimiento a tratados y convenios internacionales sobre la materia, ratificados por Colombia(48), los cuales integran el bloque de constitucionalidad, en los términos del artículo 93 y 250 de la Constitución Política.

En consecuencia, la Sala dispondrá de medidas de reparación, rehabilitación, satisfacción y no repetición, en orden a conseguir la satisfacción de los presupuestos de la reparación integral, esto es verdad, justicia y reparación, como se detalla a continuación.

a) Rehabilitación.

Este rubro comprende las medidas encaminadas a procurar la readaptación de las víctimas. Siendo así, la Sala condenará a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional en abstracto, orientada a que, si las circunstancias lo ameritan, debidamente justificadas ante el juzgador de primer grado, los demandantes puedan acceder a medidas de readaptación, integración social y superación individual, representadas en tratamientos siquiátricos, sicológicos y terapéuticos, mediante solicitud que se tramitaría por vía incidental.

b) Satisfacción y no repetición.

La Sala ordenará a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional ofrecer excusas a los demandantes en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, teniendo en cuenta la voluntad de las víctimas.

c) Publicación.

El demandado deberá disponer, en su página web, un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. Para tal efecto, la entidad demandada, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión en letra legible y mantendrá el acceso al público del respectivo link durante un lapso de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de información.

Sin condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de 22 de junio de 2004, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia para, en su lugar, disponer:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por la muerte de los señores John Fernando Echavarría Muñoz y Juan Carlos Aguirre Roldán y por las lesiones sufridas por el señor Jaime León Echavarría Muñoz, en hechos ocurridos el 9 de junio de 1997, en el corregimiento de Bajirá, municipio de Mutatá (Antioquia).

2. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

Por la muerte de John Fernando Echavarría Muñoz:

A favor de Jaime Echavarría Lezcano y María Cecilia Muñoz Restrepo —padres—, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Para los señores Jaime León, Marta Cecilia, Clara Isabel, Gloria Elena, Adiela María, Hilda María, Luz Mery y María Elsy Echavarría Muñoz —hermanos— y Adela Restrepo de Muñoz —abuela—, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Por la muerte de Juan Carlos Aguirre Roldán:

A favor de la señora Dora Alba Roldán Vélez —madre—, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Para la señora Nora Patricia Aguirre Roldán —hermana—, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Y, a favor de Laura Patricia Cardona Aguirre —sobrina—, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Por las lesiones sufridas por el señor Jaime León Echavarría Muñoz:

De conformidad con lo anterior, la Sala condenará a la entidad pública demandada al pago de las siguientes sumas de dinero:

A favor de Jaime León Echavarría Muñoz —lesionado—, ocho (8) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Para los señores Jaime Echavarría Lezcano y María Cecilia Muñoz Restrepo —padres—, el equivalente a cuatro (04) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Y, a favor de las señoras Marta Cecilia, Clara Isabel, Gloria Elena, Adiela María, Hilda María, Luz Mery y María Elsy Echavarría Muñoz —hermanas— y Adela Restrepo de Muñoz —abuela—, el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante:

A favor de la señora María Cecilia Muñoz de Echavarría, la suma de ciento treinta y nueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos noventa y tres pesos m/cte. ($ 139.435.793).

Para la señora Dora Alba Roldán Vélez de Aguirre, la suma de ochenta y tres millones seiscientos un mil ochocientos quince pesos m/cte. ($ 83.601.815).

Y, para Jaime León Echavarría Muñoz, la suma de un millón trescientos cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos m/cte. ($ 1.358.264).

4. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar a favor de la señora Dora Alba Roldán Vélez de Aguirre la suma de dos millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos noventa y dos pesos m/cte. ($ 2.695.292), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

5. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a las siguientes medidas restaurativas de no repetición:

a) La entidad dispondrá, si las circunstancias lo ameritan y así lo determina el tribunal, de los medios para que los demandantes accedan a medidas de readaptación, integración social y superación individual, representadas en tratamientos siquiátricos, sicológicos y terapéuticos, mediante solicitud que se tramitaría por vía incidental.

b) La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional ofrecerá excusas a los demandantes, en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, siempre que los mismos así lo consientan.

c) La entidad dispondrá, en su página web, un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. Para tal efecto, la entidad demandada, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión en letra legible y mantendrá el acceso al público del respectivo link durante un lapso de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de información.

6. Negar las demás pretensiones de la demanda.

7. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) El 23 de marzo de 1999, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 18.850.000 —CCA, arts. 129 y 132 subrogados por el D. 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en el equivalente a 1.500 gramos oro, por concepto de perjuicios morales para cada uno de los demandantes, esto es la suma de $ 21.266.955.

(3) El apoderado de la parte actora desistió de la práctica del dictamen médico-laboral, fundado en que “al hablar con el demandante lesionado, manifiesta que no le quedó ninguna secuela y solo unas pequeñas cicatrices, lo que hace inoficioso el examen requerido” (fl. 279, cdno. 1).

(4) Folios 129-131, cuaderno 1.

(5) El tribunal exhortó a la fiscalía para que allegara la documentación solicitada, empero, mediante oficio 509 de 10 de agosto de 2001, la entidad respondió, nuevamente, que “no pose[ía[ servicio de fotocopiado”, por lo que el a quo dispuso poner en conocimiento de la parte interesada los escritos provenientes de la fiscalía, sin obtener respuesta (fls. 306-310, cdno. 1).

(6) Sobre el valor probatorio de los recortes de prensa, consultar sentencia de 29 de mayo de 2012 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Expediente 2011-01378-00 (PI), C.P. Susana Buitrago Valencia.

(7) Sentencia de 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Expediente 17042.

(10) Sentencia de 20 de noviembre de 2008, Expediente 20511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(11) Rodrigo Uprimny Yepes. “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad por la violación de los derechos humanos”. Bogotá Universidad Nacional. 1996.

(12) Expediente 18617, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.

(13) Expediente 24336, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.

(14) Al respecto se pueden consultar, entre muchas otras, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de julio de 2004, caso 19 comerciantes vs. Colombia: “2. Requerir al Estado que adopte, sin dilación, las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la señora (...) y de sus familiares (...) || (...) 5. Requerir al Estado que brinde participación a los beneficiarios de estas medidas o sus representantes en la planificación e implementación de las mismas y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de su ejecución”; 2 de febrero de 2006, asunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto de Colombia: “1. Reiterar al Estado que mantenga las medidas que hubiese adoptado y disponga de forma inmediata las que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, (...). || (...) 3. Reiterar al Estado que debe dar participación a los beneficiarios de las medidas o sus representantes en la planificación e implementación de las medidas de protección y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de las medidas ordenadas (...)” y 7 de febrero de 2006, asunto Ramírez Hinestroza y otros respecto de Perú: “1. Requerir al Estado que mantenga las medidas que hubiese adoptado y que adopte, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor Luis Alberto Ramírez Hinestroza, de su esposa (...), para lo cual tome en consideración la gravedad de la situación y las circunstancias particulares de riesgo. || (...) 3. Reiterar al Estado que debe dar participación a los beneficiarios de estas medidas, sus representantes y la comisión en la planificación e implementación de las medidas de protección y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de su ejecución, (...)”.

(15) Sobre el particular, se puede consultar la sentencia de 28 de febrero de 2013, Expediente 26428, con ponencia de quien proyecta la presente providencia.

(16) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Expediente 10140, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(17) Supra num. 6: “[e]n consecuencia, considera la Sala que conforme a las pruebas que obran en el expediente y a la jurisprudencia adoptada por la Sala, la muerte del senador Manuel Cepeda Vargas es imputable al Estado, a título de falla del servicio por omisión, porque este requirió en forma pública, en reuniones con funcionarios del Estado y a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, protección para su vida y la de los demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, por el grave riesgo que corrían, hecho que, además, era públicamente notorio, porque muchos de los miembros de esas agrupaciones de izquierda habían sido asesinadas por razón de su militancia política”.

(18) Sentencia de 19 de junio de 1997, Expediente 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández: “... los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del Estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección del Dr. Low, a su regreso al país. No es necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, dado que esos mismos organismos fueron los que encontraron, estudiaron y analizaron las pruebas que contenían las amenazas; se refiere la Sala a los cassettes encontrados en Medellín donde había una conversación entre el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y su abogado Guido Parra, en relación con la orden de dar muerte al Dr. Low. || Para el cabal cumplimiento de sus funciones a los organismos de seguridad les correspondía realizar una labor de inteligencia con miras a determinar la protección que ameritaba el Dr. Low, dado que conocían a ciencia cierta que era objeto de serias amenazas”.

(19) Sentencia de 30 de octubre de 1997, Expediente 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque: “[e]l carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, sino de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible”.

(20) Sentencia de 21 de abril de 1994, Expediente 8725, C.P. Daniel Suárez Hernández: “[p]ara la Sala no resulta suficiente la explicación que ofrece la Policía Nacional de que no se le podía brindar protección hasta el lugar de trabajo por cuanto los agentes no podían salir de la jurisdicción municipal. Aceptarla implicaría desconocer que dicha institución tiene carácter nacional y no está legalmente limitada para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional. El obstáculo que podría ser administrativo, era superable por virtud de las especiales circunstancias que rodeaban el caso, mediante una orden del Comando de la Policía Nacional en Antioquia. || Ahora bien, como lo afirma en su alegato de conclusión la apoderada de la Policía Nacional, la función protectora que brinda esta entidad, antes que de resultado es de medio, y, precisamente observa la Sala, que la administración falló en ese punto al no brindarle a la víctima los medios suficientes, adecuados y oportunos para prevenir y evitar en lo posible los resultados trágicos inherentes a un atentado. Fue, pues, insuficiente y deficiente la prestación del servicio de vigilancia para el sindicalista Martínez Moreno, de donde se concluye que en el caso examinado se configuró una falla en el servicio de vigilancia a cargo de la Policía Nacional”.

(21) Sentencia de 28 de abril de 2010, Expediente 18072, C.P. Myriam Guerrero de Escobar: “[p]or consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado (C.E., Sec. Tercera, Sent. oct. 4/2007, Exp. 15567, M.P. Enrique Gil Botero]”.

(22) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, Expediente 7577, C.P. Julio César Uribe Acosta.

(23) Sentencia de 27 de enero 2000, Expediente 8490, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. En igual sentido, sentencias de 15 de marzo de 1996, Expediente 9034, C.P. Juan de dios Montes; 28 de abril de 1994, Expediente 7733, C.P. Julio César Uribe Acosta; 17 de junio de 1993, Expediente 7533, C.P. Julio César Uribe Acosta; de 13 de mayo de 1996, Expediente 10627, C.P. Daniel Suárez Hernández, 5 de septiembre de 1996, Expediente 10461, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros 10 de agosto de 2000, Expediente 11585, C.P. Alier Hernández; 21 de febrero de 2002, Expediente 13661, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 20 de mayo de 2004, Expediente 14405, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.

(24) Al respecto se pueden consultar las sentencias de 3 de febrero de 2000, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Expediente 14787, de 26 de enero de 2011, Expediente 18617 y de 12 de octubre de 2011, Expediente 21280, con ponencia de quien proyecta esta sentencia.

(25) Corte Constitucional, Sentencia C-225 de 1995.

(26) Corte Constitucional, Sentencia T-439/92.

(27) En relación con la distinción entre objetivos militares y civiles, la Corte Constitucional ha conservado su línea de razonamiento desde la Sentencia C-225 de 1995 hasta su reiteración en la Sentencia C-291 de 2007, en la que se trae a colación doctrina internacional sobre la materia. De esta forma, se ha señalado que los bienes civiles son “aquellos bienes que no pueden ser considerados legítimamente como objetivos militares” (Traducción informal: “The parties to the conflict are obliged to attempt to distinguish between military targets and civilian persons or property”. Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, caso del Fiscal vs. Tihomir Blaskic, sentencia del 3 de marzo del 2000). Los objetivos militares, por su parte, son “aquellos bienes que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida” (Traducción informal: “Civilian property covers any property that could not be legitimately considered a military objective.” Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, caso del Fiscal vs. Tihomir Blaskic, sentencia del 3 de marzo del 2000. Ver en el mismo sentido la norma 8 y 9 de la sistematización del CICR: “Son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares” (norma aplicable a conflictos armados tanto internos como internacionales).

(28) Sentencias de 8 de mayo de 1995, Expediente 8118 y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

(29) Ponencia para segundo debate. Plenaria Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional 112 de 3 de julio de 1991, pág. 7 y 8.

(30) Al respecto ver, entre otras, las sentencias: C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-533 de 1996; C-043 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.

(31) Sentencia de 18 de marzo de 2010, M.P. Enrique Gil Botero, Expediente 15591.

(32) Sentencia de 21 de febrero de 2011, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Expediente 31093, entre otras.

(33) “(...) Es irrelevante la intención o motivación del agente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la convención, hasta el punto que la infracción a la misma puede establecerse incluso si dicho agente no está individualmente identificado. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la convención. (...) En conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la masacre de Mapiripán, párr. 110, Caso de los 19 comerciantes párr. 141.

(34) Montealegre Lynett, Eduardo. “La responsabilidad del Estado por el hecho de terceros”, trabajo de investigación suministrado por el autor.

(35) Sala Plena Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, M.P. Hernán Andrade Rincón, Expediente 21515.

(36) Lo antes dicho, no resulta un razonamiento novedoso, sino que, por el contrario, proviene de vieja data. En sentencia de 7 de abril de 1994, Expediente 9261 ya la Sección había sostenido:

“Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quien disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, no permite saber si fue la policía o la guerrilla la que lesionó a la menor, sin que exista la posibilidad de practicar una prueba técnica sobre el proyectil por cuanto este salió del cuerpo de la menor. Pero lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía por qué soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivos y si bien es cierto aquellas actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos por esa carga excepcional que debió soportar; por consiguiente, la decisión correcta fue la tomada por el a quo, en virtud de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda”. En un caso similar al hoy estudiado, en sentencia de 8 de agosto de 2002, M.P. Ricardo Hoyos Duque, se afirmó:

En síntesis, son imputables al Estado los daños sufridos por las víctimas cuando estos excedan los sacrificios que se imponen a todos las personas y en su causación interviene una actividad estatal.

En este régimen el hecho del tercero exonerará de responsabilidad a la administración solo cuando sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando este se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa. Pero no la exonerará cuando el daño se cause en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas a esa confrontación es antijurídico, en cuanto estas no tenían el deber jurídico de soportar cargas superiores a las que se imponen a todos los demás asociados.

Y todo esto sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado no es necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes (resaltados fuera de texto).

(37) M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(38) Se reitera la sentencia aprobada por la Subsección B el 29 de agosto de 2012, Expediente 24453, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en la cual se indicó: “[e]n cuanto al lucro cesante consolidado, se hará la liquidación correspondiente de la siguiente forma: (i) se toma como base el salario devengado por la persona en su valor actual, es decir, $ 909.090,52; (ii) se adiciona el 25%, que equivale a las prestaciones sociales; (iii) se resta el 50% (Sent. jul. 28/2011, Rad. 19490, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo), que corresponde a la destinación para gastos personales, dado que era soltero); y (iv) se obtiene, en consecuencia, un valor final de $ 568.181,57. || La contribución económica de Patricio Rentería hacia sus padres está limitada en función del aporte proporcional que les corresponde a los demás hermanos, equivalente a una décima parte de sus ingresos, por tratarse de diez hermanos en edades productivas. || De la operación anterior se deduce que la ayuda prestada por el señor Patricio Rentería a sus padres, en valor actualizado, ascendía a $ 56.818,15. Este valor se dividirá en partes iguales entre los padres, lo que da como resultado que estos sufrieron, cada uno, la pérdida de un lucro cesante mensual de $ 28.409,07”.

(39) No se adicionará el 25% por concepto de prestaciones sociales, en la medida en que la víctima era un trabajador independiente.

(40) Sentencia de 15 de agosto de 2002, Expediente 14357, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(41) Ibídem.

(42) Cfr. Resolución 497 de 1997, proferida el 20 de mayo de 1997 por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera.

(43) Sentencia de 15 de agosto de 2002, Expediente 14357, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(44) Ibídem.

(45) Cfr. Resolución 497 de 1997, proferida el 20 de mayo de 1997 por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera.

(46) Para el año de 1998 el salario mínimo era de $ 203.825.

(47) Lo aquí expuesto es reiteración de lo decidido en un asunto similar frente a un procedimiento de extracción de los órganos sexuales femeninos: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 25 de abril de 2012, M.P. Enrique Gil Botero.

(48) Entre ellos, la Convención americana de derechos humanos, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura.