Sentencia 1999-00898 de septiembre 16 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Expediente 760012331000 1999 00898 01

Consejero Ponente (e):

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Acción: nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Heriberto Elías Bravo Tovar

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor Heriberto Elías Bravo Tovar contra la sentencia del 21 de noviembre de 2006, por la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones de la demanda instaurada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución UC Y NP 120 del 23 de octubre de 1998 expedida por el municipio de Santiago de Cali, por la cual se expropia por vía administrativa el predio W23900100 y contra la Resolución 151-98 del 17 de noviembre de 1998 que resolvió el recurso de reposición contra la anterior.

(...).

V. Consideraciones de la Sala

Se persigue la nulidad de las resoluciones UC Y NP 120 de 23 de octubre de 1998, por la cual se expropia por vía administrativa el predio W23900100, de 2.637,08 m2, ubicado en la calle 73 entre carreras 2C y 2E del barrio Jorge Eliecer Gaitán, requeridos para la construcción de la obra “Avenida Ciudad de Cali”, y de la Resolución 151-98 de 17 de noviembre de 1998, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición que el actor interpuso contra la primera, en el sentido de confirmarla, ambas proferidas por el secretario de infraestructura vial y valorización del municipio de Cali.

La Sala advierte que los motivos de inconformidad del apelante involucran normas que no fueron invocadas en la demanda como violadas, pues las indicadas en ese momento se circunscribieron a los artículos 2º, 4º, 13, 29, 58, 83 y 90 de la Constitución Política y al artículo 12 de la Ley 9ª de 1989, que no contiene la disposición que le atribuye, esto es, la antelación máxima de 6 meses que debe tener el avalúo respecto de su notificación, pues esta regla estaba prevista en el artículo 13, inciso segundo, de esa ley; además el artículo 12 citado por el actor había perdido vigencia pues fue derogado por el artículo 60 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 13 inciso segundo, fue derogado por el artículo 138 ídem, ley que entró a regir el 24 de julio de ese mismo año, fecha en que se publicó; de modo que cuando se realizó el referido avalúo, la regla en comento ya no existía en el mundo jurídico.

La invocación de nuevas normas en esta instancia significa la formulación de nuevos cargos contra el acto acusado, lo cual es improcedente por ser extemporáneos, pues el momento procesal es el de la demanda o su adición.

La inconformidad del actor se centra en cuestionar la legalidad del avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz, bajo la consideración de que quien debía hacerlo inicialmente era el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y por ello se violó el debido proceso, no puede analizarse a la luz de las normas constitucionales invocadas como violadas, porque estas no regulan directamente ese tema.

La norma vigente cuando se hizo el avalúo, el 7 de marzo de 1998, era la Ley 388 de 1997, citada por las resoluciones acusadas; dice la disposición:

“Ley 388 de 1997:

ART. 61.—Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9ª de 1989:

El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el Gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica.

(...).

PAR. 2º—Para todos los efectos de que trata la presente ley el Gobierno Nacional expedirá un reglamento donde se precisarán los parámetros y criterios que deberán observarse para la determinación de los valores comerciales basándose en factores tales como la destinación económica de los inmuebles en la zona geoeconómica homogénea, localización, características y usos del inmueble, factibilidad de prestación de servicios públicos, vialidad y transporte”.

De lo anterior se colige sin dificultad que el avalúo lo podía ejercer el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o los peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, como lo dispuso el artículo 27 del Decreto- Ley 2150 de 1995, denominado estatuto antitrámites, que así lo estableció para los avalúos de bienes inmuebles que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas; luego no es cierto, como lo afirma el actor, que primero se debería acudir al IGAC y solo ante su omisión se podía acudir al avalúo de una persona del sector privado.

También esta norma dispone que el valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir; el actor señala que el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz no corresponde al avalúo comercial que inicialmente consideró la entidad demandada y que además se violó el principio de igualdad porque los avalúos hechos a otras propiedades con motivo de la construcción de la Avenida Ciudad de Cali, fueron muy superiores.

El avalúo inicial 1024 del 15 de julio de 1997, que se hizo al interior de la entidad demandada como una herramienta para calcular el valor de compra de la totalidad de los predios que se requerían para la construcción de la Avenida Ciudad de Cali, no fue la base de oferta al actor, porque la entidad consideró que el predio del actor, era un terreno en bruto sobre el cual no existía proyecto urbanístico y que no lo podía haber incluso desde que compró el terreno, porque este ya estaba destinado a la citada obra; luego, el citado avalúo por no estar acorde con las características del lote, nunca fue notificado ni dado a conocer al actor.

Bajo la anterior consideración la entidad acudió a la Lonja de Propiedad Raíz, cuyo avalúo fue el que sirvió de base para la oferta que presentó al actor mediante la Resolución demandada UC Y NP - 120 del 23 de octubre de 1998 (fls. 4 a 8).

A folios 173 a 140 (sic) se encuentra el avalúo que la Lonja de Propiedad Raíz realizó sobre 4 predios de propiedad del actor(1), entre los cuales se encuentra el terreno con identificación W-239-001-00 al que se refieren los actos administrativos demandados y cuyo avalúo se discute en la presente; se observa en el punto 3 que se estudiaron las características del sector, sus linderos y se señaló que según el estatuto de usos del suelo y normas urbanísticas para el municipio, acuerdos 30 del 21 de diciembre de 1993 y 10 del 15 de diciembre de 1994, el predio que avalúa se encuentra ubicado dentro de una de las áreas de reserva del sistema vial del municipio.

Sobre el aspecto del lote de terreno en el punto 4º anotó:

“Como lo mencionamos anteriormente se trata de cuatro lotes de terreno en bruto (...) presentan relieve plano en toda su extensión y se encuentran actualmente profusamente arborizadas e inclusive adecuadas como zonas verdes y parques. Sin embargo y no obstante la anterior descripción, según lo veremos más adelante, el análisis del valor de estos predios no tomará en cuenta sus características físicas particulares, ya que se asimilará su valor al de los terrenos aledaños al mismo”.

En el punto 5 aspectos valuatorios - método de valoración, para el avalúo, la Lonja de Propiedad Raíz, mencionó:

“5.1.2. La afectación del predio como bien de utilidad pública, no fue considerada como factor de demérito con respecto a su valor comercialn (...).

(...) Para el caso que nos ocupa se reconoció que el propietario de este predio no ha desarrollado urbanísticamente el sector, razón por la cual se determinó asimilarlo a terrenos en bruto del sector, ya que no podría beneficiarse de la plusvalía generada por terceros”.

Después de determinada esta situación, se estableció el valor comercial correspondiente a un lote tipo (urbanizado) del sector inmediato con base en el método comparativo, el cual consiste en analizar las últimas transacciones en el mercado inmobiliario realizadas en el sector y/u otros de características similares, para posteriormente hacer las respectivas correcciones y detraer de ese valor comercial los porcentajes que en nuestro criterio determinan la situación actual de un lote en bruto”.

Es de tener en cuenta, como lo señaló el fallo apelado, que el actor compró el terreno W-239-001-00 el 16 de noviembre de 1994 (certificado de tradición a fls. 92 y 93), cuando ya estaba afectado por el plan vial de la Ciudad de Cali, de conformidad con el Acuerdo 13 del 1º de junio de 1993 (fls. 194 a 227, específicamente ver fl. 205); además, según el certificado lo compró por un valor de $ 26.010.000.

Contrario a lo que afirma el actor, la Lonja de Propiedad Raíz en su avalúo, sí consideró que el terreno era de propiedad privada, como puede apreciarse a folio 176 punto 2 aspectos jurídicos 2.1 propietario Heriberto Elías Bravo Tovar; además, para el avalúo, contrario a lo que afirma el actor, sí se tuvo en cuenta que la afectación del predio como bien de utilidad pública, no se consideraba como factor de demérito, con respecto a su valor comercial.

Como lo señaló la sentencia recurrida el avalúo realizado por los ingenieros Blanco Rivera y Burgos Carrión (fls. 402 y ss.), no desvirtúa el realizado por la Lonja de Propiedad Raíz que sirvió de soporte para expedir los actos administrativos demandados, porque desconocen que los terrenos objeto del dictamen no tenían vocación urbanística, procediendo a compararlos con predios aledaños, que inclusive estaban construidos.

Al no lograr el actor desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados, se impone a la Sala confirmar la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 21 de noviembre de 2006.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) El actor presentó 4 demandas ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, contra las resoluciones que ordenaron la expropiación por vía administrativa de 4 lotes de su propiedad identificados separadamente, que se requirieron para la construcción de la Avenida Ciudad de Cali. Mediante sentencia del 22 de mayo de 2008, Radicado 1999 00909 01, Consejero Ponente: Rafael Ostau de Lafont Pianeta se confirmó la sentencia del 28 de marzo de 2005 mediante la cual negó las pretensiones de la demanda que presentó Heriberto Elías Bravo Tovar para que se declarara la nulidad de las Resoluciones UC Y NP 117 de 23 de octubre de 1998, 148-98 de 17 de noviembre de 1998, ambas del secretario de infraestructura vial y valorización del municipio de Cali, que corresponden al lote distinguido con el Nº W 23600100, de 715,17 m2, ubicado en la calle 73 entre carreras 1H u 1J, que fue avaluado por $ 32.500 m2.