Sentencia 1999-00909 de enero 22 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-1999-00909-01 (29151)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Ref.: apelación sentencia - acción de reparación directa

Actor: Jose Santos Puin Caro y otros

Demandado: Ministerio de Salud y otros

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «ll. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado ni caducidad(1), procede la subsección a resolver el asunto sometido a su consideración a través del siguiente esquema: 1) la competencia de la subsección; 2) las pruebas relevantes para adoptar la decisión, 3) procedencia de la acción y 4) la condena en costas.

2.1. La competencia de la subsección.

El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece que la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra sentencias proferidas durante el trámite en primera instancia, se determina mediante las reglas generales de asignación de competencia que se encuentran señaladas en la norma vigente al momento en que se interpone el recurso.

Para determinar el juez competente para conocer del recurso, se debe establecer la cuantía del proceso, la cual debe estar estimada desde la presentación de la demanda y no puede ser modificada ni por el juez ni por las partes.

Al respecto, el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, aplicable para la fecha de interposición del recurso, dispone:

“La cuantía se determinará así: (...).

“2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones”.

Por su parte, el artículo 137, numeral 6º, del Código Contencioso Administrativo señala:

“Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: (...).

“6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia”.

Ahora bien, en cuanto a la determinación de competencias con base en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, esta corporación ha reiterado en varias oportunidades que de acuerdo con la norma legal citada, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía del proceso deberá ser fijada por el valor de la pretensión mayor formulada por cada uno de los demandantes.

Por ello, en las acciones de esa naturaleza no es procedente la sumatoria de diferentes clases de perjuicios con el fin de determinar la cuantía del proceso, dado que las pretensiones encaminadas a obtener la indemnización, por ejemplo, de perjuicios de orden material (daño emergente y lucro cesante) e inmaterial (moral o daño a la salud) entre otras, frente a cada actor, constituyen pretensiones autónomas que se derivan de una fuente distinta y que, por lo tanto, su sumatoria, con el fin de estimar la cuantía del proceso, resulta improcedente.

En este caso la pretensión mayor de la demanda equivale a 2.000 gramos de oro fino por concepto de perjuicios morales, valor que a la fecha de presentación de la demanda —abr. 20/99— correspondía a la suma de $ 28.735.960, en razón a que el valor del gramo de oro fino era de $ 14.367,98.

Ahora bien, en la fecha de presentación del recurso —jul. 26/2004— se encontraban vigentes las disposiciones contenidas en el Decreto 597 de 1988, según las cuales, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 1999 tuviera vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la cuantía exigida para el efecto, estimada en $ 18.850.000.

Lo anterior, permite a la Sala concluir que a la fecha de presentación de la demanda, se superó el valor necesario para que el asunto fuera de doble instancia(2).

2.2. De las pruebas.

Regular y oportunamente se allegaron al proceso las siguientes pruebas:

1. Registros civiles de nacimiento de los demandantes y de la menor Alba Raquel Puin Morales (fls. 3 a 10, cdno. 1)

2. Registros de defunción de la menor Alba Raquel Puin Morales, en los que se registra como causa de la muerte “en estudio” (fls. 11 y 12, cdno. 1).

3. Epicrisis de la menor Alba Raquel Puin Morales (fl. 14, cdno. 1).

4. Boletas de citación en el que se requería la comparecencia inmediata de los padres de Alba Raquel Puin Morales, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los días 25 y 26 de febrero de 1999.

5. Soportes de consultas a psicología (fls. 19 a 27, cdno. 1).

6. Control de asistencia a citas para terapias psicológicas (fl. 29, cdno. 1).

7. Queja elevada a la Procuraduría Departamental de Cundinamarca, con el fin de solicitar investigación del homicidio culposo de la menor Alba Raquel Puin Morales (fl. 32 a 35, cdno. 1).

8. Historia integral socio-familiar de la familia conformada por José Santos Puin y Alba Raquel Morales (fl. 41 a 48, cdno. 1).

9. Boleta de ubicación de la menor Alba Raquel Puin Morales en el hogar sustituto de la señora Sandra Fernández (fl. 55, cdno. 1).

10. Acta de entrega de la menor Alba Raquel Puin Morales a la señora Sandra Fernández, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (fl. 56 a 57, cdno. 1).

11. Remisión de la menor Alba Raquel Puin Morales desde el Centro de Emergencia Villa Javier, hacia el Centro Zonal Rafael Uribe (fl. 59, cdno. 1).

12. Acta mediante la cual se deja a disposición de la Policía de menores a la menor Alba Raquel Puin Morales, por haber sido encontrada en el suelo comiendo fósforos y pan, al lado de sus padres quienes se encontraban durmiendo y en estado de embriaguez (fl. 60, cdno. 1).

13. Resumen de la historia clínica de la menor Alba Raquel Puin Morales, expedida por el Hospital Tunjuelito (fl. 61 y 62, cdno. 1).

14. Registro mensual de seguimiento a hogares sustitutos (fl. 63 a 123, cdno. 1).

15. Acta de constitución para hogar sustituto (fl. 124 a 129, cdno. 1).

16. Testimonios rendidos dentro del proceso por los señores José Trujillo Quintero, Cenaida del Carmen Sandoval Casarrubia, Diego Mauricio Aponte Canencio, Blas Ernesto Giffuni Lugo y Edgar Francisco León Díaz (fl. 131 a 150, 365 a 369 y 390 a 393, cdno. 1).

17. Protocolo de necropsia realizado por el Grupo de Patología Forense Seccional Bogotá del Instituto Nacional de Medicina Legal, a la menor Alba Raquel Puin Morales (fl. 173, cdno. 1).

18. Investigación adelantada por la Procuraduría Segunda Distrital, con el fin de establecer la responsabilidad por la muerte de la menor Alba Raquel Puin Morales, al tener conocimiento del maltrato físico de su madre sustituta (fl. 177 a 297, cdno. 1).

19. Historia clínica de la menor Alba Raquel Puin Morales (fl. 301 a 303, cdno. 1).

20. Investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, por los hechos en los que falleció la menor Alba Raquel Puin Morales (fl. 328 a 362, cdno. 1).

21. Declaración juramentada rendida por los señores Sandra Irene Fernández, Astrid Lozano Jiménez y Héctor Julio Cadena, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (fl. 372 a 376, cdno. 1).

22. Comunicación remitida por la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se informa que el 23 de mayo de 2003, se profirió auto mediante el cual se ordenó el archivo de las diligencias adelantadas por la muerte de la menor Alba Raquel Puin Morales, por no encontrar elementos de juicio suficientes para la formulación de cargos (fl. 400, cdno. 1).

Así las cosas, de las pruebas obrantes en el expediente se pudo establecer que el día 25 de febrero de 1999, la menor Alba Raquel Puin Morales, quien se encontraba bajo el cuidado de la señora Sandra Fernández, madre sustituta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sufrió un golpe por una repisa que se cayó sobre su cuerpo, provocándole lesiones mortales.

2.3. Del daño.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración, en la cual debe acreditarse la relación entre la conducta y el daño y la razón por la cual las consecuencias de esa afectación deben ser asumidas por el Estado.

Al respecto, la Sala en recientes pronunciamientos ha considerado que:

“(...)

“El daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente —que no se limite a una mera conjetura—, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido en el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo depreca, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar o debatir el interés que se debate en el proceso, bien a través de un derecho que le es propio o uno que le deviene por la vía hereditaria.

“La antijuridicidad del daño va encaminada a que no solo se constate la materialidad y certidumbre de una lesión a un bien o interés amparado por la ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o afectación de ese derecho contravenga el ordenamiento jurídico, en tanto no exista el deber jurídico de tolerarlo.

“Como se aprecia, el daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos ingredientes: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material (v.gr. la desaparición de una persona, la muerte, la lesión, etc.) y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición constitucional mencionada(3).

“En ese orden, el daño antijurídico no puede ser entendido como un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico; se transforma para convertirse en una institución deontológica, pues solo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (L. 446/98, art. 16) y, por lo tanto, solo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico.

“De allí que, solo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga”(4).

En este caso de acuerdo con las pruebas allegadas, el daño se concretó en la muerte de la menor Alba Raquel Puin Morales, mientras se encontraba bajo los cuidados de una madre sustituta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

2.4. De la imputación.

El artículo 36 del Código del menor, vigente para la época de los hechos, dispone:

“Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del Defensor de Familia del lugar donde se encuentra el menor declarar las situaciones de abandono o de peligro de acuerdo con la gravedad de las circunstancias, con el fin de brindarle la protección debida. Para este propósito, actuará de oficio o a petición de cualquier persona que denuncie la posible existencia de una de tales situaciones.

Ahora bien, la menor fue puesta a disposición del ICBF, en atención al informe del Departamento de Policía de Bacatá, Estación Puente Aranda en el que consta la siguiente información:

“Respetuosamente me permito dejar a disposición de esa unidad a la menor Alba Raquel Quin (sic) Morales, de 16 meses de edad, padre José Santos Quin (sic) Caro, C.C. 19.365.064 de Bogotá, de 43 años de edad, de profesión lustrabotas, y Alba Raquel Morales, Indocumentada, de 38 años de edad.

Laq (sic) menor en mención fué (sic) conducida de la Cra. 56ª con Calle 2B esquina, siendo las 11:20 horas del día 140298, en momentos en que la menor se encontraba comiendo fosforos (sic) y pan en el suelo al lado de sus padres quienes se encontraban durmiendo al lado en estado de embriaguez”.

El artículo 57 del Código del menor, dispuso:

“En la resolución por medio de la cual se declare a un menor abandonado o en peligro, se podrá ordenar una o varias de las siguientes medidas de protección:

1. La prevención o amonestación a los padres o a las personas de quienes dependa.

2. La atribución de su custodia o cuidado personal al pariente más cercano que se encuentre en condiciones de ejercerlos.

3. La colocación familiar.

4. La atención integral en un centro de protección especial.

5. La iniciación de los trámites de adopción del menor declarado en situación de abandono.

6. Cualesquiera otras cuya finalidad sea la de asegurar su cuidado personal, prever a la atención de sus necesidades básicas o poner fin a los peligros que amenacen su salud o su formación moral.

PAR. 1º—El defensor de familia podrá, al aplicar alguna de las medidas anteriores y sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes, fijar una cuota mensual con la cual los padres o las personas de quienes el menor dependa contribuirán al sostenimiento de este mientras se encuentre bajo una medida de protección.

PAR. 2º—El defensor de familia podrá imponer al menor, con cualquiera de las medidas de protección, el cumplimiento de alguna de las reglas de conducta de que trata el artículo 206 del presente código”.

Es así como la menor Alba Raquel Puin, en virtud de una norma vigente para la época de los hechos, quedó bajo el cuidado de la señora Sandra Irene Fernández, quien se encontraba actuando en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, luego entonces, cualquier acción u omisión por parte de la señora Sandra Fernández, es fuente de responsabilidad estatal que recae sobre el ICBF.

De igual forma, se probó en el proceso que la señora Fernández, quien se desempeñaba como madre sustituta, incumplió con su obligación de cuidar a la menor Alba Raquel, ya que la niña, en el momento del accidente tenía 2 años, 4 meses y por ende no tenía la capacidad de discernir sobre los peligros o de autodeterminar su conducta, estaba bajo su supervisión y protección y sin embargo la repisa cayó sobre su cuerpo, causándole heridas mortales, lo cual aparece demostrado en el acervo probatorio.

Bajo esta perspectiva considera la Sala que en el caso bajo examen, se encuentra que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente a los perjuicios padecidos por los demandantes con ocasión de la ejecución de las labores desarrolladas por los hogares sustitutos y dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por este, debe responder administrativa y patrimonialmente, toda vez, que de los medios probatorios obrantes en el proceso se observa claramente que se permitió que la señora Sandra Irene Fernández se desempeñara como madre sustituta, y que esta incumplió su obligación de estar atenta al cuidado y protección de la menor.

Encuentra la Sala que era obligación del ICBF y de su madre sustituta, preservar y velar por el bienestar de la menor Alba Raquel, y dadas las circunstancias, se incumplió con dicho deber, razón por la cual, recae sobre dicha institución, el resarcimiento de los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la muerte de su hija y hermana.

2.5. Perjuicios morales.

Una vez demostrado el parentesco con los registros civiles y los testimonios allegados al proceso, esta subsección entiende que se encuentra demostrado el perjuicio moral sufrido por los padres y hermanos de la menor.

La Sala ha sostenido al respecto de los familiares que:

“Las reglas de la experiencia hacen presumir que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad”(5).

También se ha dicho que:

“No es necesario establecer si las lesiones causadas fueron graves o leves, toda vez que esta distinción carece de sentido lógico y equitativo, por cuanto no es plausible de ninguna manera que la aflicción pueda establecerse a partir de una condición especial de las lesiones. En efecto, independientemente de la afectación física del lesionado, en una concepción de familia nuclear como la que impera en la sociedad colombiana, no resulta equitativo que ese padecimiento moral, su prueba y reconocimiento se condicione al resultado material del daño en cuanto a su mensurabilidad. Así las cosas, para lo único que se debe tener en cuenta la gravedad o levedad de las lesiones, es para establecer la graduación del monto del perjuicio que se debe indemnizar”(6).

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la situación de abandono es independiente del dolor sufrido por los familiares como consecuencia de su muerte, máxime cuando se acreditó dentro del proceso que los padres de la menor intentaron recuperarla, asistieron a visitas periódicas al hogar sustituto y acudieron a reuniones de alcohólicos anónimos para superar su enfermedad, demostrando así, el vínculo afectivo que los unía con su hija, esta Sala considera que no se desvirtuó la presunción de aflicción, razón por la cual, procederá a modificar la condena impuesta en primera instancia, y a conceder a los demandantes las siguientes sumas de dinero:

Alba Raquel MoralesMadre100 SMMLV
José Santos Puin CaroPadre100 SMMLV
José del Carmen Puin MoralesHermano50 SMMLV
William Alberto Puin MoralesHermano50 SMMLV
Nubia Esperanza Puin MoralesHermana50 SMMLV
Hernán Alonso Puin MoralesHermano50 SMMLV
María del Carmen Puin MoralesHermana50 SMMLV
Iván Mauricio Puin MoralesHermano50 SMMLV

2.6. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 15 de julio de 2004, la cual quedará así:

“Primero: declarar administrativa y extracontractualmente responsable al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, por los hechos objeto de esta demanda y conforme a las consideraciones expuestas en esta Sentencia.

Segundo: como consecuencia de la anterior declaración, condenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a pagar por concepto de daños morales, las siguientes sumas:

— Alba Raquel Morales madre, cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de la sentencia.

— José Santos Puin Caro padre, cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de la sentencia.

— José del Carmen Puin Morales hermano, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de la sentencia.

— William Alberto Puin Morales hermano, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de la sentencia.

— Nubia Esperanza Puin Morales hermana, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de la sentencia.

— Hernán Alonso Puin Morales hermano, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de la sentencia.

— María del Carmen Puin Morales hermana, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de la sentencia.

— Iván Mauricio Puin Morales hermano, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de la sentencia.

Tercero: deniéguense las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto: para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Quinto: sin condena en costas”.

2. En firme esta providencia envíese al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Los hechos sucedieron el 25 de febrero de 1999 con la muerte de la menor Alba Raquel Puin Morales, y la demanda fue presentada el 20 de abril de 1999, luego fue presentada en tiempo, razón por la cual no hay caducidad de la acción.

(2) El artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, referido a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, dice: “El Consejo de Estado en la sala contenciosa administrativa conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales (...)”. Así, la corporación es competente para conocer del asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes, en proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado.

(3) Cf. De Cupis, Adriano “El daño”, Ed. Bosch, Barcelona, 2ª edición, 1970, pág. 82.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1º de febrero de 2012, Expediente 21.466.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de enero 28 de 2009, radicado 18073; M.P. Enrique Gil Botero.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 14 de 2011, Radicado 19031; M.P. Enrique Gil Botero.