Sentencia 1999-00920 de junio 30 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico 

Radicación número: 6800-12-33-31-000-1999-00920-01(39808)

Actor: María Celina Cárdenas de Roa y Otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Cuestiones previas

1.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, porque a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la Corporación (Acuerdo No. 58 de 1999(5)), se le asignó el conocimiento, sin consideración a la cuantía, de los recursos de apelación presentados contra las sentencias proferidas en los procesos de reparación directa promovidos con fundamento en: i) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ii) el error judicial o la iii) privación injusta de la libertad(6).

1.2. Prelación de fallo

La Sala dictará sentencia sin sujeción al orden en el que el proceso ingresó al despacho para fallo, porque advierte una de las causales de prelación establecidas en el artículo 12 de la Ley 1285 de 2009, la existencia de jurisprudencia consolidada frente al asunto objeto de debate.

1.3. Ejercicio oportuno del derecho de acción

El término para demandar en ejercicio de la acción de reparación directa, de conformidad con el contenido del inciso primero del numeral 8 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984 –norma aplicable al sub lite – es de dos (2) años, contado a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el caso concreto, el mencionado término empezó a correr con la ejecutoria de la resolución por medio de la cual la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación adelantada contra el señor Luis Alberto Roa Cárdenas, habida cuenta que fue con tal decisión que quedaron en evidencia los yerros presentados en el trámite de la investigación penal dentro de la cual se ordenó su detención y, de manera consecuente, se puso de manifiesto el error judicial a partir del cual, y por las razones que más adelante se precisarán, la Sala analizará la responsabilidad de la demandada bajo el título de imputación de falla en el servicio.

Así las cosas, la reparación directa debía incoarse dentro de los dos (2) años siguientes al 5 de junio de 1997, fecha en la que quedó ejecutoriada la preclusión(7), y como la parte actora procedió de conformidad el 12 de mayo de 1999, fuerza concluir que la demanda se presentó en oportunidad.

1.4. Recursos presentados

Mediante sentencia del 10 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones planteadas en la demanda, pues si bien condenó a la demandada por los perjuicios causados con la restricción injusta de la libertad del señor Luis Alberto Roa Cárdenas no lo hizo en los términos solicitados por la parte demandante.

De este modo, la mencionada providencia resultó desfavorable tanto para la Fiscalía General de la Nación como para la parte actora. Para la primera, en cuanto la declaró patrimonialmente responsable del daño antijurídico que sirve de causa a las pretensiones, y respecto de la segunda porque la condena no tuvo el alcance solicitado.

Por ende, cualquiera de las partes estaba habilitada para cuestionar la decisión en lo que afectara sus intereses, tal como ocurrió.

Pue bien, la entidad demandada interpuso recurso de apelación dentro del término de ejecutoria de la sentencia proferida por el a quo, para lo cual expresó las razones por las que consideraba que aquella debía revocarse en lo relacionado con la responsabilidad endilgada.

Como consecuencia, fuerza concluir que el recurso de apelación incoado por la Fiscalía General de la Nación cumple con los presupuestos de: i) interés para impugnar; ii) oportunidad y iii) presentación en debida forma, por lo que la Sala procederá a su estudio.

A su vez, los demandantes impugnaron el fallo de primera instancia en la forma prevista en el artículo 353 del C.P.C., esto es, aquella en virtud la cual es posible adherirse al recurso de apelación de la parte contraria, siempre que se haga antes del vencimiento del plazo para alegar en segunda instancia. La norma en cita señala:

“ART. 353.—Apelacion adhesiva. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el vencimiento del término para alegar.

“La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal”.

La Corte Constitucional a través de la Sentencia C-165 de 1999, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma transcrita, en los siguientes términos:

“Cierto es que los recursos deben interponerse dentro de la oportunidad señalada por el legislador, ya que si no se ejercen en ese plazo el interesado pierde la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, en el caso de debate no se puede afirmar que se trata de dos apelaciones ya que quien presenta la apelación directa no puede luego adherirse a la de la contraparte, por ser excluyentes. El recurso de apelación es uno sólo lo que sucede es que el legislador ha consagrado dos formas y oportunidades distintas para hacer uso de él; una es la apelación directa que, generalmente, se interpone en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, y otra la apelación adhesiva que se puede presentar hasta antes del vencimiento del término para alegar ante el superior.

“Tampoco es posible sostener que la apelación adhesiva constituye un premio para el negligente, como lo denomina el actor, por no haber apelado directamente, por que quien elige la opción de adherirse a la apelación interpuesta por la otra parte, no lo hace por descuido, desidia o imprevisión y, mucho menos, mala fe, sino porque el legislador le otorga la facultad de hacerlo. En consecuencia, siendo éste un derecho conferido por la ley a las partes procesales, son éstas las que deben decidir si lo ejercen o no, en caso de que la providencia les haya sido desfavorable.

“(…)[C]uando una de las partes se adhiere al recurso presentado por la otra, es obvio concluir que las dos están en desacuerdo con la decisión judicial materia de apelación, por ser desfavorable a sus pretensiones y, por esta razón, ambas solicitan al juez de segunda instancia que la modifique o revoque en lo que a cada uno le interesa. Por consiguiente, no se vulnera el artículo 31 del estatuto superior, porque lo que éste precepto prohíbe es agravar la situación del apelante único, que no es el caso a que se refiere la expresión aquí acusada.

“No se olvide que mediante los recursos las partes ejercitan su derecho de defensa, integrante del debido proceso (art. 29 C.P.), pues por este medio pueden expresar las razones o motivos de su inconformidad o desacuerdo con el contenido de las providencias dictadas por la autoridad judicial respectiva y solicitar que se modifiquen o revoquen, buscando de esta manera que se profieran decisiones que garanticen plenamente los principios de justicia y equidad. Por tanto, la concesión por parte del legislador de oportunidades y plazos para ejercerlos, en lugar de infringir la Constitución, la acata”.

Así las cosas, la apelación adhesiva es una modalidad del recurso ordinario de apelación, con el que se diferencia por las condiciones de tiempo y modo en que puede presentarse, habida cuenta de que procede siempre que: i) la contraparte hubiese apelado la sentencia dentro del término de ejecutoria, es decir, no existe apelación adhesiva sin apelante principal, a tal punto que el artículo 353 del C.P.C. prevé “[l]a adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal”; y ii) el escrito que la contenga se allegue hasta antes del vencimiento del término para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia.

En relación con las circunstancias susceptibles de ser cuestionadas a través de esta modalidad de apelación conviene precisar que las mismas, como ocurre con la ordinaria, están determinadas por el hecho de que causen algún perjuicio al recurrente, para lo cual es irrelevante que hayan sido previamente atacadas por quien apeló la sentencia dentro del término de ejecutoria, pues el legislador no estableció restricciones sobre el particular, contrario sensu en el artículo 353 ejusdem precisó que “[l]a parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable” (Negritas fuera de texto).

De este modo, la parte que apela de manera adhesiva está habilitada para cuestionar los puntos que a bien considere, siempre que le causen un perjuicio, pero debe hacerlo a través de la explicación de las razones por las que considera que la respectiva providencia debe modificarse o revocarse, pues no es posible entender, como ocurre en eventos excepcionales, verbigracia las acciones de tutela, que frente a este recurso no es obligatoria la sustentación, dado que, según las normas jurídicas que regulan el asunto y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta modalidad se rige por las mismas reglas de la apelación ordinaria, salvo en lo relacionado con la oportunidad.

Como la Sala encuentra acreditados los presupuestos de procedencia, oportunidad y sustentación de la apelación adhesiva presentada por la parte demandante en el sub lite, resolverá de fondo el mencionado recurso.

1.4.1. Facultades del superior

El artículo 357 del C.P.C. señala que “cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló se hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”, expresión que, so pena de desconocer los principios de congruencia, y de contradicción, e incluso de pretermitir una instancia, no puede entenderse como una habilitación plena para que el ad quem defina el asunto sin sujeción a lo dicho por el a quo o por los argumentos invocados por quienes apelan, sino como una circunstancia ante la cual no resulta aplicable, por razones evidentes, la garantía constitucional a la que se refiere la primera parte de la norma, esto es, la de la non reformatio in pejus(8), en virtud de la cual el Superior no puede agravar la situación del apelante único, por lo que debe entender que el recurso por él interpuesto versa solo sobre los puntos que le resultaron desfavorables. Sobre este aspecto la Corte Constitucional en la sentencia SU-327 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, señaló:

“Entre las garantías procesales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano está el principio de la no reformatio in pejus que (…) es una manifestación del principio de congruencia, según el cual las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘Tantum devolutum quantum appellatum’. Es decir, que para que el juez de segundo grado pueda pronunciarse, no sólo debe mediar un recurso válido, sino que él debe ser presentado por parte legítima, esto es, aquélla que padezca un perjuicio o invoque un agravio y persevere en el recurso.

“En otros términos, la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto que una alzada propuesta contra una decisión que de ninguna manera agravia, tendría que ser declarada desierta por falta de interés para recurrir, pues tal falta afecta la legitimación en la causa. Por tanto, tratándose de apelante único, esto es, de un único interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior funcional”.

Pues bien, como la competencia en el presente asunto, por las razones que se acaban de precisar, no es plena, sino que está sujeta a los argumentos de inconformidad invocados por los apelantes y los puntos que aquellos cuestionaron, la Sala en esta oportunidad se ocupará de los siguientes aspectos:

i) La naturaleza del daño causado a los demandantes con la privación de la libertad del señor Luis Alberto Roa Cárdenas.

ii) La razonabilidad de la indemnización de los perjuicios morales.

iii) La legitimación material en la causa de los señores Carmen de Jesús Roa Cárdenas y Toni Joselito Roa Cárdenas.

En suma, la controversia se resolverá partir de lo anterior, de las cuestiones susceptibles de ser declaradas de oficio y de las que resulten inescindiblemente vinculadas a estas dos circunstancias.

2. Hechos probados

Una vez analizados los documentos allegados por la demandada en relación con la investigación dentro de la cual se privó de la libertad al señor Luis Alberto Roa Cárdenas(9), la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2.1. En el proceso tramitado ante el Juez Cuarto de Orden Público de Bogotá, D.E., por el homicidio del señor Teófilo Forero Castro, el 18 y el 31 de octubre de 1989 se rindieron dos declaraciones en las que los comparecientes coincidieron en señalar que un sujeto conocido como “Sargento Roa”, de “32 años, crespito, fornido, [...], moreno, con acento costeño”(10), adscrito al Batallón de Policía Militar No. 15, del cual había desertado en ese año, hacía parte de un grupo al servicio del narcotráfico, cuya función era ejecutar diversos atentados terroristas, como los promovidos contra los dirigentes del movimiento político Unión Patriótica y el Dr. Luis Carlos Galán Sarmiento.

2.2. En virtud de lo anterior, el Juzgado Cuarto de Orden Público, mediante providencia del 31 de octubre de 1989, decretó la práctica de una inspección a los archivos del Batallón de Policía Militar No. 15 con el fin de establecer la identidad del “Sargento Roa”(11).

2.3. A través de constancia emitida el 18 de enero de 1990, a petición del Juzgado Cuarto de Orden Público, el Jefe de Sección de Hojas de Vida del Departamento E-1 del Comando Ejército Nacional, certificó que el Sargento Segundo “Roa Cárdenas Luis Alberto” laboró en el Batallón de Policía Militar No. 15 durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 1989(12), y que se le retiró del servicio, por abandono, a través de la Resolución No. 409 del 25 de septiembre de 1989.

2.4. Mediante oficio del 21 de mayo de 1996, el Fiscal Regional de Bogotá, ante el cual se tramitaba la investigación del homicidio del señor Teófilo Forero Castro, sumario No. 972, remitió a la Secretaría de la Dirección Regional de Fiscalías, en 188 folios, “las copias solicitadas en oficio No. SAUT 237 y 123 de fecha de 3 de Mayo/96 del proceso de la referencia para que hagan parte del proceso No. 015 como prueba trasladada”.

Las mencionadas copias obran de folios 29 a 145 del cuaderno 31 del sumario 297 A(13), y corresponden, entre otras, a: i) las declaraciones rendidas el 18 y el 31 de octubre de 1989 ante el Juez Cuarto de Orden Público de Bogotá, D.E., en las que se relacionaba al “Sargento Roa” con actividades ilegales; ii) la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía del señor Luis Alberto Roa Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7´923.868, y iii) la decisión proferida el 7 de junio de 1994 por medio de la cual el sumario tramitado por el homicidio del señor Teófilo Forero Castro, documento que no se allegó en las condiciones necesarias para valorarlo, porque gran parte de su contenido es ilegible.

2.5. A través de decisión del 23 de diciembre de 1996, la Fiscalía Regional de Bogotá, “por existir antecedentes y circunstancias que lo compromet[ían]” con el homicidio del Dr. Luis Carlos Galán Sarmiento(14), expediente No. 15, ordenó la captura para efectos de indagatoria del señor “Luis Alberto Roa Cárdenas”.

Al implicado se le identificó a partir de los documentos remitidos el 21 de mayo de 1996 por el Fiscal que tenía a cargo el proceso por el homicidio del señor Teófilo Forero Castro, esto es, la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía No. 7´923.868(15), cuyo titular era una persona que para la fecha de la decisión, diciembre de 1996, tenía 27 años y para aquella en la que se rindieron las declaraciones ante el Juez Cuarto de Orden Público de Bogotá D.E., en las que se hacía alusión al “Sargento Roa”, octubre de 1989, contaba con 20.

2.6. El 2 de enero de 1997, se libró orden de captura contra el señor Luis Alberto Roa Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7´923.868, materializada el 5 de mayo de 1997, a las 9:00 pm, en el municipio de Simití, departamento de Bolívar(16).

2.7. El 7 de mayo de 1997, el Jefe de la Unidad Investigativa Regional de la Sección de Policía Judicial e Investigación de Bucaramanga puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación al señor Luis Alberto Roa Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7´923.868.

2.8. El 7 de mayo de 1997, la Fiscalía Regional de Bogotá libró orden de encarcelación contra el señor Luis Alberto Roa Cárdenas y con destino al Director de la Cárcel “Modelo” de Bucaramanga, la cual se hizo efectiva el mismo día(17) y, además, se comisionó a los Fiscales Regionales de Bucaramanga para que lo escucharan en diligencia de indagatoria.

2.9. El 7 de mayo de 1997, dentro del sumario No. 15, se emitió una constancia secretarial en la que se dijo que “revisado el Sistema de Gestión Administrativa SIGA, se estableció que en contra del señor Luis Alberto Roa Cárdenas existe orden de captura vigente dentro del proceso No. 972 que por el homicidio del señor TEÓFILO FORERO CASTRO se adelantaba en esta Dirección Regional de Fiscalías. Es de anotar que dicho proceso se encuentra en los Juzgados Regionales surtiéndose la etapa de la causa y que contra del citado ROA CÁRDENAS se dictó resolución de acusación”(18).

2.10. El 9 de mayo de 1997, ante el Fiscal 30 Delegado ante los Jueces Regionales de Bucaramanga, asistido por un defensor de confianza, el señor Luis Alberto Roa Cárdenas rindió indagatoria, para lo cual argumentó que desconocía los hechos por los cuales se le capturó.

2.11. En la misma fecha, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga, en atención a la solicitud de hábeas corpus formulada por el defensor del señor Roa Cárdenas, ofició al Fiscal 30 Delegado ante los Jueces Regionales de Bucaramanga para que le remitiera copia de la orden de captura emitida contra el accionante y del informe policivo de aprehensión, así como una constancia de la fecha en la que se llevó a cabo la diligencia de indagatoria, requerimiento atendido de manera inmediata.

2.12. A través del Oficio SAUT 363 del 9 de mayo de 1997, la Dirección Regional de Fiscalías de Bogotá envió al Fiscal 30 Delegado ante los Jueces Regionales de Bucaramanga la tarjeta alfabética del señor Luis Alberto Roa Cárdenas identificada con la cédula de ciudadanía 7´923.868, junto con la copia del acta de la inspección judicial adelantada en la Registraduría Nacional del Estado Civil para obtener dicho documento.

2.13. De conformidad con lo anterior, el Fiscal 30 Delegado ante los Jueces Regionales de Bucaramanga tomó las huellas decadactilares del señor Luis Alberto Roa Cárdenas y las confrontó con las de la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía No. 7´923.868, expedida en Santa Rosa, departamento de Bolívar, las cuales coincidían.

2.14. Ante lo expuesto, el defensor del señor Luis Alberto Roa Cárdenas le solicitó al Fiscal del caso el estudio de los antecedentes de la investigación, habida cuenta de las incongruencias entre las condiciones civiles, la edad y la profesión del detenido con las de la persona presuntamente implicada en los hechos, el “Sargento Roa”.

2.15. El 13 de mayo de 1997, el Fiscal que tenía a cargo la investigación ordenó la inspección de: i) el Departamento de Personal del Ejército Nacional con el fin de determinar si el señor Luis Alberto Roa Cárdenas, identificado con la cédula No. 7´923.868, estuvo vinculado a la institución; ii) la Sección de Inteligencia del Batallón de Policía Militar No. 15, a efectos de verificar si el señor Luis Alberto Roa Cárdenas prestó sus servicios para los años 1988 y 1989, y si en su contra la Justicia Penal Militar adelantó investigación por el delito de deserción, y iii) el proceso No. 972, esto es, el tramitado por el homicidio del señor Teófilo Forero Castro, a efectos de verificar la información con fundamento en la cual se dispuso su vinculación a la investigación, toda vez que “en la resolución de junio 7 de 1994 que calificó el mérito de ese sumario (…) se le menciona con número de cédula que aparece ilegible en las copias que hacen parte del nuestro (…) y se menciona que obran allí constancias de haber sido condenado por la justicia penal militar”(19).

2.16. El 14 de mayo de 1997, en cumplimiento de lo anterior, se visitó la Sección de Hojas de Vida del Archivo General del Ejército Nacional en la que reposaba la del señor Luis Alberto Roa Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16´855.994 y el código militar 7´923.968, en la que, entre otros, obraba: i) registro civil de nacimiento; ii) acta de posesión en el cargo de Cabo Segundo del 27 de septiembre de 1980, y iii) copia de la constancia laboral emitida a solicitud del Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá, D.E.

2.17. El 14 de mayo de 1997, se precluyó la investigación que en relación con el homicidio del Dr. Luis Carlos Galán Sarmiento se adelantó contra el señor Luis Alberto Roa Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7´923.868, “[por] tratarse de una persona diferente a la realmente sindicada”(20).

El Fiscal del caso aclaró que la vinculación obedeció a la información contenida en las pruebas trasladadas del sumario 972, en concreto la de la tarjeta de preparación de documento de identidad No. 7´923.868 y la de la resolución calificatoria de ese proceso, pues en este último se hacía referencia a un número de cédula militar similar al de la cédula de ciudadanía del hasta ese momento implicado, empero que al practicar la inspección judicial al Archivo General del Ejército Nacional se había advertido que el detenido no era más que un homónimo del militar señalado en los testimonios que el 18 y el 31 de mayo de 1989 se rindieron dentro de la investigación adelantada por el homicidio del señor Teófilo Forero Castro.

2.18. El 15 de mayo de 1997, en virtud de la orden comunicada en la misma fecha al Director de la cárcel “Modelo” de Bucaramanga, el señor Luis Alberto Roa Cárdenas fue dejado en libertad.

3. Caso concreto

Las pretensiones están orientadas a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los demandantes con la privación de la libertad a la que sometió al señor Luis Alberto Roa Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7´923.868, durante el período comprendido entre el 5 y el 15 de mayo de 1997.

Para definir el asunto el a quo acudió al régimen de responsabilidad objetivo, bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad derivado del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, porque la demandada precluyó la investigación penal ante la evidencia de que el sindicado no cometió la conducta.

Sin embargo, a juicio de la Sala, el aplicable es el subjetivo, habida cuenta de la falla en el servicio, por error jurisdiccional(21), en la que incurrió la Fiscalía General de la Nación al ordenar, mediante decisión del 23 de diciembre de 1996, la captura del demandante con fines de indagatoria, en razón a su supuesta participación en el homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento.

Lo anterior, porque las pruebas recaudadas en la actuación penal, que se limitaban a las trasladadas del sumario adelantado por el homicidio del señor Teófilo Forero Castro, y correspondían a: i) las declaraciones rendidas el 18 y el 31 de octubre de 1989 ante el Juez Cuarto de Orden Público de Bogotá, D.E.; ii) la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía No. 7´923.868, y iii) la decisión proferida el 7 de junio de 1994, no daban cuenta del presupuesto establecido en los artículos 28 de la Constitución Política(22), 352(23) y 375(24) del Decreto 2700 de 1991, esto es, la existencia de circunstancias que relacionaran al investigado con la infracción penal.

Pues, de los testimonios a que se refiere el numeral i) se infería que un suboficial retirado del Ejército Nacional adscrito al Batallón de Policía Militar No. 15, de aproximadamente 32 años, que era conocido como el “Sargento Roa”, recurría a su calidad de servidor público para cometer delitos en la capital del país, en asocio con el narcotráfico, tales como el homicidio del doctor Galán Sarmiento.

Por su parte, con la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía No. 7´923.868, se demostraba la condición de ciudadano de un agricultor llamado Luis Alberto Roa Cárdenas, cuyo primer apellido coincidía con el de la persona señalada en las declaraciones trasladadas, pero que para la fecha en que se rindieron tenía 20 años.

A su vez, la providencia del 7 de septiembre de 1994 no era susceptible de valoración, porque, tal como lo advirtió la Fiscalía en la resolución de preclusión y lo confirmó la Sala, fue allegada al sumario en un estado que impedía conocer su contenido(25).

De este modo, resulta claro que pese a que no existía evidencia probatoria respecto de la relación del señor Luis Alberto Roa Cárdenas con el “Sargento Roa”, y a que no se agotó una investigación previa en los términos del artículo 319 del ejusdem(26), que permitiera determinar esta circunstancia, la Fiscalía General de la Nación concluyó que se trataban de la misma persona y, como consecuencia, ordenó su captura en forma errada.

La determinación de vincular al hoy demandante, se insiste, no obedeció a la existencia de “antecedentes y circunstancias que lo compromet[ieran]”(27), sino a la falta de cuidado y diligencia del funcionario a cargo del caso, lo que llevó a la configuración de un error jurisdiccional, habida cuenta de que: i) se tuvo como trascendental un hecho que no tenía tal condición(28); ii) no se tomó en consideración un supuesto relevante que estaba probado(29), y iii) no se decretaron las pruebas idóneas para identificar e individualizar al verdadero implicado(30).

Las mencionadas falencias finalmente fueron advertidas por la Fiscalía General de la Nación, al punto de que, a través de providencia del 14 de mayo de 1997(31), precluyó la investigación en favor del señor Luis Alberto Roa Cárdenas y ordenó su libertad inmediata, para lo cual dijo que “que se trataba de una persona diferente [a la] realmente sindicada” y que su vinculación se había llevado a cabo ante la evidencia de que dentro de las pruebas trasladas de la investigación adelantada por el homicidio del señor Teófilo Forero Castro obraba una copia de la tarjeta de preparación de su documento de identidad, hecho que, aunado a que su número de cédula de ciudadanía era similar al de la cédula militar de la persona acusada en ese sumario el 7 de junio de 1994, le había permitido inferir que era él el sujeto a quien se conocía como “Sargento Roa”.

Los argumentos invocados por la demandada, contrario a justificar la decisión que adoptó el 23 de diciembre de 1996, ponen de presente el descuido, la negligencia y la desidia con las que adelantó el proceso contra el hoy demandante, porque pese a que desde el inicio de la actuación contaba con elementos de juicio para concluir que el señor Luis Alberto Roa Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7´923.868, no tenía relación con los hechos investigados, dado que sus condiciones personales y profesionales no coincidían con aquellas a través de las cuales los declarantes describieron al presunto responsable, el “Sargento Roa”, arribó a tal conclusión solo hasta que recaudó los elementos probatorios que le permitían señalar que era otra persona la verdadera implicada.

Así las cosas, es claro que la Fiscalía General de la Nación infringió sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal, porque, se insiste, no examinó con el debido rigor las piezas procesales obrantes en el expediente, ni ordenó adicionales para establecer la relación del señor Luis Alberto Roa Cárdenas con el homicidio del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento.

Por otro lado, observa la Sala que la confusión por la similitud del número de la cédula de ciudadanía del demandante con la de la cédula militar(32) de un suboficial de nombre “Luis Alberto Roa Cárdenas”, acusado en el sumario 972, se debió a la falta de rigor con la que se analizaron las pruebas, pues, como antes se dijo, el documento que daba cuenta de tal circunstancia no era legible en su integridad, lo que impedía conocer el verdadero alcance de las manifestaciones que contenía.

Además, el Fiscal asumió que la cédula militar era de aquellos documentos que permitían identificar a una persona, no obstante que, en términos de los artículos 30(33) y 35(34) de la Ley 48 de 1993, solo diera cuenta de la definición de la situación militar por parte de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.

Si bien a las cédulas militares expedidas en original o duplicado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 48 de 1993 se les asigna el número del documento de identidad, no es menos cierto que la del presunto “Sargento Roa” no era igual a la de la cédula de ciudanía del acá demandante, pues la primera era la 7´923.968 mientras que la segunda correspondía a la 7´923.868.

Ahora, el número de la cédula militar del presunto implicado, dada su antigüedad, no coincidía con el de su cédula de ciudadanía, circunstancia que de haber sido analizada por la Fiscalía le habría permitido concluir que la aludida similitud era irrelevante.

En línea con lo anterior, esta Subsección ha precisado que si la restricción de la libertad es consecuencia de una decisión judicial equívoca, la responsabilidad patrimonial del ente investigador surge bajo el título de imputación denominado error judicial y no por privación injusta de la libertad:

“3.3. Con fundamento en lo hasta ahora expuesto y traído a colación de la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a los alcances de los títulos de imputación de error jurisdiccional y de privación injusta de la libertad, esta Sala considera que en aquellos eventos en los cuales los daños cuya reparación reclaman los ciudadanos tienen origen en un yerro contenido en la providencia judicial mediante la cual se ordenó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad del(los) sindicado(s), si bien es verdad que podría pensarse que el efecto al cual conduce la materialización de lo decidido en la providencia respectiva –la restricción de la libertad física de la persona– determina que ha de ser el de privación injusta de la libertad previsto en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 el título de imputación a aplicar, lo cierto es que el encarcelamiento del individuo investigado no habría tenido lugar en caso de no haberse dictado, dentro del proceso penal respectivo, la decisión en la cual concurre la particularidad de resultar ‘contraria a la ley’, en los términos de lo normado en la última frase del artículo 66 de la Ley 270 de 1996.

Quiere lo anterior significar que, a juicio de la Sala, en aquellos eventos en los cuales se produce una falla en el servicio público de administración de Justicia consistente en que se profirió una providencia judicial mediante la cual se decretó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad de un individuo y dicha providencia resulta contraria al ordenamiento jurídico, el título de imputación a aplicar ha de ser el de error judicial y no el de privación injusta de la libertad. En ese sentido, el primero de los títulos de imputación está acompañado del rasgo de la especialidad respecto del segundo, en la medida en que el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 no efectúa distinción de tipo alguno respecto del tipo de providencia en la cual debe presentarse la contrariedad entre lo en ella decidido y las normas en las cuales debe fundarse, para efectos de concluir en la aplicabilidad del título de imputación de error jurisdiccional.

“Así pues, por resultar encuadrables las providencias que en contravía del ordenamiento jurídico decretan medidas de aseguramiento dentro de los procesos penales, en la descripción que efectúa el artículo 66 en mención del error jurisdiccional como ‘aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley’, es dicho título de imputación el que debe aplicarse en los referidos supuestos y no el de privación injusta de la libertad, adicionalmente si se tiene en cuenta que este último, como es bien sabido, se describe en el artículo 68 del mismo conjunto normativo de un modo mucho más genérico e inespecífico”(35). (Se destaca).

En efecto, tal y como se expuso, la decisión adoptada por la Fiscalía General resultó contraria a los hechos probados dentro de la investigación y a las normas legales que establecen el régimen de identificación de los ciudadanos, falencias que ponen de presente una falla en el servicio por error judicial. En casos similares, esta Corporación ha considerado lo siguiente:

“El error judicial también incluye el error de hecho en el cual puede incurrir al no considerar un hecho debidamente probado o al no promover la realización de las pruebas conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la aplicación del derecho. En efecto, lo que podríamos llamar la intuición jurídica, la intuición de lo que es justo y ajustado a derecho, nos señala en este caso que el error judicial procede no solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que posteriormente se ha demostrado que es falso(36) (Se destaca).

Pues bien, el señor Luis Alberto Roa Cárdenas, junto con su familia y las personas con quienes tenía un vínculo cercado para la época de ocurrencia de los hechos, no estaban en la obligación de soportar la limitación del derecho a su libertad personal, porque esta se presentó como consecuencia del error jurisdiccional en el que incurrió la demandada en la decisión a través de la cual dio apertura a la etapa de instrucción y ordenó su captura con el fin de agotar la diligencia de indagatoria.

De este modo, fuerza concluir que los demandantes, tal como lo declaró el a quo, sufrieron un daño antijurídico, imputable a la Fiscalía General de la Nación, y que en términos del artículo 90 de la Constitución Política debe ser reparado, razón por la cual la sentencia apelada habrá de confirmarse en lo que a este punto se refiere.

4. Indemnización de perjuicios

4.1. Perjuicios morales

Como la parte demandante apeló el monto de la indemnización fijada por concepto de perjuicios morales, así como la decisión por medio de la cual el a quo negó su reconocimiento a los señores Toni Joselito Roa Cárdenas y a Carmen de Jesús Roa Cárdenas, la Sala se pronunciará frente a estos aspectos.

4.1.1. Legitimación de los señores Toni Joselito y Carmen de Jesús Roa Cárdenas

Con fundamento en las máximas de la experiencia y la jurisprudencia reiterada de la Corporación(37), se presume que las personas sometidas a una medida restrictiva de la libertad sufren perjuicios de carácter moral, que deben ser indemnizados, supuesto que también es predicable de quienes concurren al proceso, debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero(a) permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil.

La Sala encuentra que la señora Carmen de Jesús Roa Cárdenas es hermana de Luis Alberto Roa Cárdenas, porque la divergencia advertida en primera instancia entre el nombre de la persona que compareció al sub lite y la relacionada en el registro civil de nacimiento obrante a folio 110 del cuaderno 1, de conformidad con la constancia que la Registraduría Nacional de la Nación, obedece al cambio de nombre que a solicitud de la interesada, y de conformidad con el contenido del artículo 94 del Decreto 1260 de 1970(38), se hizo a través de la Escritura Pública No. 278 del 1º de noviembre de 2002 de la Notaría Única de Simití.

Así, en el presente habrá de entenderse que Carmen de Jesús Roa Cárdenas y Carmen Nathalia Roa Cárdenas son la misma persona.

En cuanto al señor Toni Joselito Roa Cárdenas no obra prueba de su parentesco con el sujeto pasivo de la privación de la libertad, empero, el testimonio de la señora María del Carmen Roa Vargas(39), que no fue cuestionado por la demandada, permite inferir que entre él y Luis Alberto Roa Cárdenas existía para la época de ocurrencia de los hechos una relación cercana y de afecto, en virtud de la cual la detención le generó dolor moral y angustia, razón por la que se le tendrá como tercero damnificado.

4.1.2. Monto de la indemnización

Esta sección ha precisado que en los casos en los que la restricción de la libertad se prolonga entre un día y un mes resulta razonable el reconocimiento por concepto de perjuicios morales de: i) 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes -SMMLV- tanto para la víctima directa, como para sus familiares dentro del primer grado de consanguinidad, su cónyuge y/o compañero permanente; ii) 7,5 SMMLV para cada uno de sus hermanos, y iii) de 2,5 SMMLV para los terceros damnificados(40).

De conformidad con lo anterior, en el caso concreto, por tratarse de una privación de la libertad que tuvo una duración de 11 días(41), lo procedente es reconocer a la víctima directa y a sus padres una indemnización equivalente a 15 SMMLV, la cual, por razones evidentes, es más favorable que la considerada por el a quo, pues si bien fijó dicha suma respecto del señor Luis Alberto Roa Cárdenas, no es menos cierto que frente a María Celina Cárdenas de Roa y a Pablo Alberto Roa Cárdenas concedió un monto inferior, pese a que, con fundamento en las reglas de la experiencia y en la jurisprudencia de la Sala, es posible concluir que la intensidad de los perjuicios sufridos por los padres del sujeto pasivo de la medida es similar a la que se predica de este.

Por su parte, y por estar acreditado el perjuicio moral causado, la Fiscalía General de la Nación cancelará por tal concepto 2,5 SMMLV al señor Toni Joselito Roa Cárdenas, en su condición de tercero damnificado.

Ahora, en relación con los hermanos del señor Luis Alberto Roa Cárdenas -Pablo William, Henry Wilson, Carmen Nathalia, Eduardo, Rober Eduin, María Jackeline, Carlos Alirio, Luz Celina y Rosa Cecilia Roa Cárdenas-, correspondería disminuir la condena proferida en primera instancia -10 SMMLV para cada uno-, porque supera los parámetros jurisprudenciales establecidos por la Sección frente a estos eventos -7.5 SMMLV-.

Sin embargo, como este punto solo fue cuestionado por la parte actora, ha de concluirse que para el particular esta tiene la condición de apelante única, razón por la cual la Sala, de conformidad con el contenido del artículo 31 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, se abstendrá de desmejorar su situación y, en su lugar, confirmará lo decidido para tal fin por el a quo.

Con todo, la mencionada circunstancia no es predicable de la señora Carmen Nathalia Roa Cárdenas(42), porque a través de la sentencia apelada, por falta de legitimación, se le negó el reconocimiento de la indemnización pedida por perjuicios morales, decisión que será revocada, para, en su lugar, ordenar que el ente acusador le pague 7,5 SMMLV, valor que se establece con fundamento en la duración de la medida de aseguramiento y el parentesco con el afectado directo, y tomando en consideración de que al plenario no se allegaron elementos de juicio que permitan inferir que se le causó una afectación que amerite una indemnización superior a la que de ordinario se concede.

4.2. Perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente

Por este concepto el a quo condenó a la demandada al pago de la suma de $1´310.810 a favor del señor Luis Alberto Roa Cárdenas, punto respecto del cual, por no haber sido cuestionado por las partes, la Sala se abstendrá de pronunciarse, sin perjuicio de la actualización pertinente, que se hará con base en la siguiente fórmula:

FOR
 

Como consecuencia, se reconocerá a favor del señor Luis Alberto Roa Cárdenas la suma de $1´655.694, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente.

5. Condena en costas  

Como en el presente caso, no se advierte conducta de las partes que amerite y justifique la condena en costas de que trata el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, la Sala se abstendrá de imponerla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR el ordinal 1º, MODIFICAR el ordinal 2º y REVOCAR el ordinal 3º de la sentencia proferida el 10 de junio de 2010 por el Tribunal Administrativo de Santander, como consecuencia su parte resolutiva quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable por el error judicial que produjo la privación de la libertad del señor Luis Alberto Roa Cárdenas.

“SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar indemnización por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

“Para Luis Alberto Roa Cárdenas (directamente afectado), María Celina Cárdenas de Roa y Pablo Alberto Roa Cárdenas (padres): 15 para cada uno.

“Para Pablo William, Henry Wilson, Carmen Nathalia(45), Eduardo, Rober Eduin, María Jackeline, Carlos Alirio, Luz Celina y Rosa Cecilia Roa Cárdenas (hermanos): 10 para cada uno.

“Para Carmen Nathalia Roa Cárdenas (hermana): 7,5.

“Para Toni Joselito Roa Cárdenas (tercero damnificado): 2,5.

“TERCERO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y a favor Luis Alberto Roa Cárdenas la suma de $1´655.694.

“CUARTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“QUINTO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

“SEXTO: Sin condena en costas”.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Representados por los señores María Celina Cárdenas de Roa y Pablo Alberto Roa Cárdenas.

2 De conformidad con la presentación personal del poder otorgado para presentar la demanda de la referencia, el nombre correcto es Toni Joselito Roa Cárdenas.

3 Admitido a través de auto del 14 de enero de 2011 (folios 353 a 355, cuaderno 6).

4 Aceptada por auto del 15 de abril de 2011 (folios 388 y 389, cuaderno 6).

5 Modificado por los Acuerdos Nos. 55 de 2003, 148 de 2014 y 110 de 2015.

6 Sobre este tema consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

7 Según constancia de la Fiscalía General de la Nación visible a folio 35 del cuaderno 1.

8 En relación con las facultades del Superior en los eventos en los que una de las partes interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y la otra se adhiere, esta Subsección en sentencia del 10 de febrero de 2016, proferida dentro del expediente con radicado interno No. 37774, con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón, se pronunció en los siguientes términos:

“Pues bien, visto como fueron planteadas las inconformidades para con la sentencia de primer grado en los recursos que resulta procedente examinar, la Sala debe destacar que el recurso de apelación y la apelación adhesiva que se han planteado en este caso, para efectos de su resolución se han de entender limitados a los aspectos indicados en ellos, consideración que cobra mayor significado en el sub lite si se tiene presente que la responsabilidad, la ocurrencia del hecho dañoso y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos no fueron controvertidas por la parte demandada, de manera que ninguna precisión efectuará la Sala en relación con los elementos que configuran la responsabilidad de la entidad, ni respecto de las pretensiones que resultaron denegadas y no fueron apeladas, así como tampoco respecto de la responsabilidad del llamado en garantía, pues se trata de puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el Tribunal a quo”.

9 Cuadernos Nos. 31, 37, 38 y 39 del sumario 297 A, adelantado con fundamento en el homicidio del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, y que en el presente proceso corresponden respectivamente, a los cuadernos Nos. 4, 3, 2 y 5.

10 Folio 47, cuaderno 4.

11 Folio 53, cuaderno 4.

12 Folio 330, cuaderno 5.

13 Según el informe de Secretaría del 28 de mayo de 1996, obrante a folio 174 del cuaderno 4.

14 Folio 289, cuaderno 3.

15 Visible a folio 75, cuaderno 4.

16 Folio 283, cuaderno 5.

17 Folios 285 y 286, cuaderno 5.

18 Folio 288, cuaderno 5.

19 Folio 315, cuaderno 5.

20 Folio 352, cuaderno 5.

21 Al que se refieren los artículos 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, vigentes para la fecha de ocurrencia de los hechos.

22 “ARTICULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley (…)” (Negrilla fuera del texto).

23 “ARTICULO 352. El funcionario judicial recibirá indagatoria al que en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación, o por haber sido sorprendido en flagrante hecho punible, considere autor o partícipe, de la infracción penal.
“En los procesos de competencia de los jueces regionales (…) [c]uando considere pertinente proceder a la vinculación, librará orden de captura”.

24 “ARTICULO 375. CAPTURA FACULTATIVA. En los procesos por delitos sancionados con pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años y en los casos previstos en el artículo 397 de este Código, el fiscal podrá librar orden escrita de captura para efectos de la indagatoria”.

25 La copia allegada era ilegible.

26 “ARTICULO 319: FINALIDADES DE LA INVESTIGACION PREVIA. En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad la de determinar si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal (…) y practicar y recaudar las pruebas indispensables con relación a la identidad o individualización de los autores o partícipes del hecho”.

27 Folio 289, cuaderno 3.

28 La remisión de una copia de la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía número 7.923.868 por el Fiscal ante quien se tramitaba la investigación por el homicidio del señor Teófilo Forero Castro.

29 Las condiciones personales y profesionales del “Sargento Roa” y del señor Luis Alberto Roa Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7´923.868.

30 Tales como las orientada a establecer la identificación de los suboficiales de apellido “Roa” que para 1989 prestaban sus servicios en la Sección de Inteligencia “S-2” del Batallón de Policía Militar No. 15, prueba que finalmente se decretó, pero con posterioridad al momento en que se aprehendió al demandante.

31 En la que frente a los argumentos por los que ordenó la captura para efectos de indagatoria, sostuvo:
“Los datos que sirvieron para individualizar e identificar al sindicado, fueron los hallados en las copias traídas como prueba del expediente 972 que por el homicidio del dirigente de la U.P. TEÓFILO FORERO, se adelantó en esta Regional de Fiscalías y que hacen parte de este sumario a partir del folio 29 del cuaderno número 31, especialmente la fotocopia de la tarjeta decadactilar vista a folio 74 y el señalamiento que del mismo se hacía en el folio 80, correspondiente a la resolución calificatoria de ese proceso de una cédula militar similar a la de su documento de identidad”.

32 7.923.968

33 “ARTICULO 30. Tarjeta de reservista. Tarjeta de reservista es el documento con el que se comprueba haber definido la situación militar
“(…).
“PARAGRAFO 1° A las tarjetas tanto de primera como de segunda: clase, se les asignará el número correspondiente al documento de identidad vigente.
“PARAGRAFO 2° Las tarjetas expedidas con anterioridad a la presente Ley conservarán su número inicial hasta que sea solicitado; el duplicado, al que se le asignará el número correspondiente al documento de identidad”.

34 “ARTICULO 35. Cédulas militares. Para los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo, situación de retiro o de reserva, la cédula militar reemplaza la tarjeta de reservista para todos los actos en que ésta sea requerida”.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2014, exp. No. 23.783; Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en sentencia del 29 de mayo de 2014 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 27.903; M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E), entre muchas otras providencias.

36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ricardo Hoyos Duque, sentencia del 4 de septiembre de 1997, expediente: 10285.

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: i) 14 de marzo de 2002, M.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 12076, ii) 23 de septiembre de 2015, M.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 36575, iii) 2 de diciembre de 2015, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, radicación 37936 y iv) 10 de febrero de 2016, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, radicación 39159, entre otras.

38 “Artículo 94. Modificado. Decreto 999 de 1988, Artículo 6o. El propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su identidad personal.
“(…).
El instrumento a que se refiere el presente artículo deberá inscribirse en el correspondiente registro civil del interesado, para lo cual se procederá a la apertura de un nuevo folio. El original y el sustituto llevarán notas de recíproca referencia.

El propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su identidad personal”.

39 Folios 117-1250, cuaderno 1.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: i) 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 25.022 y ii) 28 de agosto de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 36.149.

41 El señor Luis Alberto Roa Cárdenas estuvo el primer día en la Estación de Policía de Simití, el segundo en las instalaciones de la SIJIN Bucaramanga y los restantes en la cárcel “Modelo” de Bucaramanga.

42 Quien para la fecha de presentación de la demanda se llamaba Carmen de Jesús Roa Cárdenas.

43 IPC vigente a la fecha de la presente sentencia (junio de 2016). Se hace la precisión de que se toma el IPC de mayo, por cuanto a la fecha no se ha publicado el IPC de junio, habida cuenta de que tales cifras se publican una vez termine el mes, es decir, por mes vencido.

44 IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia, esto es, el de mayo de 2010.

45 Quien para la fecha de presentación de la demanda se llamaba Carmen de Jesús Roa Cárdenas.