Sentencia 1999-00961/30337 de noviembre 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 52001-23-31-000-1999-00961-01(30337)

Consejero ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón (E)

Actor: Guillermina Valencia y otros

Demandado: Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de noviembre de dos mil catorce.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la entidad demandada, Ministerio de Defensa - Ejército Nacional contra de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el día 30 de noviembre de 2004, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El 22 de septiembre de 1999, los ciudadanos Guillermina, Marcela, María Disneida, Rosa Amelia, Hermencia, Omar y Octalvina Valencia, por intermedio de apoderado judicial, formularon demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados por la muerte del joven Andrés Giovanny Castro Valencia, “en hechos sucedidos el 23 de septiembre de 1997 en accidente de tránsito en vehículo militar, en una evidente y presunta falla del servicio”(1).

A título de indemnización se solicitó el monto de 2.000 gramos de oro por concepto de perjuicios morales, para cada uno de los demandantes; por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, se reclamó el valor de $ 5’000.000 y por lucro cesante se solicitó la suma de $ 100’000.000.

2. Los hechos.

La parte actora narró, en síntesis, que en el mes de junio de 1997 el joven Andrés Giovanny Castro Valencia fue reclutado por el Ejército Nacional para prestar su servicio militar obligatorio en el Batallón Grupo Cabal de Ipiales, Nariño.

Se señaló que el día 23 de septiembre de 1997, un grupo de soldados en cumplimiento de una misión oficial, se desplazaron por la carretera que del municipio de Pilcuan conduce al municipio de Funes en donde se presentó un paro cívico que logró solucionarse pacíficamente.

En la demanda se relató que de regreso de la mencionada misión oficial, en el sector de “Las Delicias”, el vehículo en el que se transportaban los soldados se volcó al realizar una maniobra para evitar colisionar con un camión que se desplazaba en sentido contrario; que en dicho accidente perdió la vida el joven Castro Valencia al quedar “aprisionado entre el vehículo y el barranco”.

La parte actora señaló que antes de su muerte, e incluso antes de ser reclutado para prestar el servicio militar, el joven Castro Valencia ayudaba con el sostenimiento económico de su hogar, conformado por su madre y sus hermanos.

3. Contestación de la demanda.

Notificada del auto admisorio, la entidad pública demandada contestó la demanda y se limitó a sostener que en el presente caso se presentó un caso fortuito “debido a que el conductor no pudo evitar a otro vehículo, a pesar de que el automotor se encontraba en excelentes funciones técnicas” y que ello constituye una causal de exoneración de responsabilidad(2).

4. Alegatos de conclusión en primera instancia.

4.1. La parte actora expuso que con las pruebas aportadas quedó demostrado tanto el régimen objetivo de responsabilidad, como la falla en el servicio en que incurrieron el soldado que conducía el vehículo y sus superiores “al permitir que este lo hiciera sin que contara con la suficiente idoneidad para ello, prueba de ello es lo que se señala en la providencia referida[(3)], pues todos sabemos que la categoría 5º de la licencia de conducción que portaba el soldado Chávez, solo lo hacía apto para conducir vehículos tipo automóviles y camionetas, más no para esos vehículos de guerra, y sumado a esto, que lo obligaron a conducirlo sin la visibilidad suficiente, pues hasta el parabrisas se hallaba roto y la visibilidad era mínima dada las condiciones climáticas la noche del insuceso”(4).

Argumentó que con los testimonios quedaron probados los perjuicios morales y materiales causados a la madre y hermanos de la víctima directa del daño.

4.2. La entidad pública demandada insistió en su ausencia de responsabilidad, por cuanto sostuvo que el daño se presentó por el hecho de un tercero que invadió con su vehículo el carril por el que se desplazaba el vehículo militar, pues prueba de ello es el proceso penal militar adelantado por el mismo caso en el que se exoneró de responsabilidad al conductor del aludido vehículo militar y se concluyó que el hecho devino de una fuerza mayor o un caso fortuito y que no pudo evitarse.

Agregó que en el proceso no se demostró la cuantía de los ingresos del occiso ni la ayuda que le habría de proporcionar a su familia(5).

4.3. El Ministerio Público no emitió concepto de fondo dentro de esta etapa procesal.

5. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 30 de noviembre de 2004, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Lo primero que ha de relacionarse es que el a quo no le reconoció la calidad de demandante a la señora Marcela Valencia en atención a que, pese a haberse acreditado la calidad de hermana del occiso con su registro civil de nacimiento, lo cierto es que esa actora no contaba con un documento de identificación que acreditara que ella y la mujer inscrita en ese registro civil fuesen la misma persona.

De otra parte declaró patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa Nacional de los perjuicios causados a la madre y hermanos de Giovanny Andrés Castro Valencia con ocasión de su muerte, producida en un accidente de tránsito en el Departamento de Nariño.

Condenó al pago de $ 17’456.543,88 por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Guillermina Valencia, madre del occiso y, a título de indemnización de perjuicios morales, reconoció el monto de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la madre y 15 SMLMV para cada uno de los hermanos de la víctima.

Como fundamento de lo anterior, el Tribunal en primera instancia consideró que pese a no existir claridad en la forma en que ocurrió el accidente, por cuanto no existían pruebas suficientes y contundentes sobre este aspecto, concluyó que había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado a la luz del régimen objetivo comoquiera que el a quo recordó que la conducción de vehículos es considerada una actividad peligrosa y como en el caso concreto la guarda de esa actividad le correspondía a una entidad estatal, esta última era responsable, bajo el título de imputación del riesgo excepcional, de los daños que se ocasionaran.

Agregó que en el caso concreto no quedó demostrada la participación de un tercero en el accidente, pero sí la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, en consecuencia, concluyó que no se trató de una falla en el servicio pero que sí había lugar a condenar a la Nación.

El Tribunal en primera instancia negó la pretensión referida al daño emergente, consistente en gastos de transporte, diligencias judiciales y honorarios de abogado, por no encontrar prueba suficiente de su existencia y liquidó el lucro cesante con base en la presunción de que la víctima devengaría un salario mínimo, dado que no quedó demostrada en el proceso la cuantía de los ingresos del occiso. Reconoció el 50 % del valor liquidado considerando que i) la víctima colaboraría económicamente en su hogar hasta cumplir los 25 años de edad y ii) que no pudo determinarse la vida probable de la madre por cuanto no se aportó su registro civil de nacimiento.

6. Las impugnaciones.

Inconformes con la anterior sentencia, la entidad demandada, Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y la parte demandante interpusieron sendos recursos de apelación(6).

6.1. Recurso de la entidad demandada: solicitó que se le exonere de responsabilidad, para cuyo efecto insistió en que el daño fue ocasionado por el hecho de un tercero y que además el Tribunal en primera instancia fundamentó su sentencia en la presunción de un exceso de velocidad que no fue probado.

También alegó que el lucro cesante no fue probado y que aún así el Tribunal a quo condenó a la entidad demandada a pagar perjuicios en esa modalidad.

6.2. Recurso de la parte demandante: La apelación se centró en la liquidación de los perjuicios, así:

6.2.1. Argumentó que de conformidad con la jurisprudencia, a la madre y hermanos les debieron reconocer 100 y 50 SMLMV, respectivamente, a título de perjuicios morales.

6.2.2. Respecto de la negativa al reconocimiento de perjuicios morales a la demandante Marcela Valencia recalcó que el poder que la aludida ciudadana le otorgó al apoderado del proceso cuenta con presentación personal ante la Secretaría Común de la Rama Judicial de Tumaco y que, en consecuencia, ello lo faculta para actuar en su nombre en el referido proceso.

Señaló que en el referido poder no obra el número de cédula debido a que:

“(…) no le fue tramitado y entregado a tiempo por la Registraduría respectiva de Tumaco, donde todos sabemos cunde la desidia y el abandono en los despachos oficiales; no obstante para su identificación la misma presentó la tarjeta de identidad que aún portaba y otros documentos, creándole certeza al funcionario sobre su identidad, procediendo este a autenticarle su firma.

El parentesco de Marcela Valencia con el obitado fue acreditado con la aportación de su Registro Civil de Nacimiento.

Todo esto no deja duda de que la poderdante Marcela Valencia es la hermana de la víctima (…)”.

6.2.3. Finalmente objetó la liquidación por lucro cesante que realizó el Tribunal de primera instancia en el sentido de que se reconoció el perjuicio hasta que el occiso cumpliera 25 años de edad, ignorando, a juicio de la parte actora, que el aludido joven era soltero, fungía como cabeza de familia y que anhelaba sacar a su familia adelante, por lo cual, aseguró, que la liquidación debió hacerse teniendo en cuenta la vida probable de la madre del joven Castro Valencia.

6.2.4. En el aludido recurso de apelación no se hizo ningún pronunciamiento respecto de la negativa de la pretensión por daño emergente.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

7.1. La entidad demandada, Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, sostuvo lo siguiente:

“En el caso específico, aunque si bien se ha sostenido por la Jurisprudencia que en el caso de soldados regulares (conscriptos), se configura responsabilidad objetiva, en la misma forma consideramos que como bien se manifestó por parte del H. Consejo de Estado “Sea esta la oportunidad para aclarar que no existe, en ningún caso, la llamada presunción de responsabilidad, (…)”, en el caso en debate las pruebas en las que se apoya el demandante es el informe administrativo, donde de la narración de lo acontecido se evidencia que no existió responsabilidad de la Entidad, ya que fue netamente un accidente, ajeno a la voluntad humana y atribuido a las leyes de la naturaleza.

Por lo anterior y reiterando lo expuesto en los alegatos de primera instancia, solicito se tenga en cuenta la eximente de responsabilidad como es LA FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO, igualmente negar las pretensiones de la demanda, toda vez que la falla en el servicio que se alega no le es imputable a la entidad demandada, pues además se deduce de los hechos como elemento esencial la imprevisibilidad e irresistibilidad”(7).

7.2. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. Consideraciones

Corresponde a la Subsección decidir los recursos de apelación interpuestos por la entidad demandada y la parte demandante contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el día 30 de noviembre de 2004, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda(8).

1. El caudal probatorio que obra en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron los siguientes elementos probatorios:

1.1. Copia simple de la Resolución 2210 de 1998 proferida por el Ministerio de Defensa Nacional donde se resuelve lo siguiente:

“Reconocer con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, la suma de once millones sesicientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta pesos ($ 11´699.460.00), como compensación por muerte del soldado del Ejército, Andrés Giovanni Castro Valencia, Código Nº 29971722, según lo expuesto en la parte motiva”(9).

1.2. Copia simple del protocolo de necropsia Nº 109-97 del 23 de septiembre de 1997 proferido por el Instituto Nacional de Medicina Legal de Ipiales, en el cual consta que el joven Andrés Castro Valencia falleció por un choque hipovolémico por una causa compatible con accidente de tránsito(10).

1.3. Copia simple del acta de levantamiento del cadáver del joven Andrés Castro Valencia, en el cual consta:

“se encontraban en patrullaje por la vía panamericana, como jefe de patrulla se encontraba el señor capitán del Ejército Oscar Erazo, quien manifestó que había sido un accidente en vehículo cascabel de propiedad del ejército, a las cuatro de la mañana, llegó muerto al hospital”(11).

1.4. Copia del proceso que se adelantó ante la Justicia Penal Militar(12) por la muerte del soldado Castro Valencia en el cual se absolvió del cargo de homicidio culposo al soldado que conducía el vehículo oficial, de acuerdo con lo siguiente:

“(…) la causa del hecho, se concluye, no fue la velocidad, ni el estado lluvioso de la madrugada, ni el estado de somnolencia del conductor. Al parecer según lo afirma, hecho que deberá ser confirmado con otros medios de prueba, fue la imprudencia de un camionero que a la misma hora transitaba en contravía por la vía que llevaba el vehículo cascabel, que obligó a evitarlo saliéndose a un lado, pero sin que pudiera regresar a la carretera, pues al intentar hacerlo, el vehículo resbala hacia el abismo, produciéndose los resultados conocidos, o sea la muerte del soldado Castro Valencia Andrés Giovanni(13)”.

1.5. Copia de unas constancias proferidas por el Jefe de Personal del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 3 José María Cabal, por cuya virtud se certificó que los señores Óscar Chávez Villamil y Andrés Giovanny Castro Valencia pertenecían a esa unidad para el día en que ocurrió el hecho que terminó con la vida del segundo de ellos(14).

1.6. Certificado del registro civil de defunción del señor Andrés Giovanny Castro Valencia, quien según dicho documento falleció el día 23 de septiembre de 1997 en el Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño(15), a causa de un choque hipovolémico por trauma torácico abdominal.

1.7. Declaración del soldado voluntario Albeiro López Montenegro, quien conducía uno de los vehículos militares enviados a cumplir la misión en Funes; sobre la ocurrencia de los hechos, el testigo manifestó lo siguiente:

“Cuando salimos de Funes, mi capitán Erazo nos dio la orden de que arrancáramos y que esperáramos en San Juan, por allí en la mitad de la vía se recalentó el cascabel del accidente y paró toda la columna hasta que se enfrió, duramos por allí de 10 a 15 minutos, luego arrancamos normal, él o sea el soldado Chávez arrancó de primero y detrás venía yo en un abrir, allí venía mi Capitán, esa noche se encontraba lloviendo y estaba nublado, llegamos a San Juan y no encontramos el cascabel, se esperó toda la columna, entonces pensamos que el cascabel se vino para el Grupo y seguimos adelante hasta que llegamos aquí al Grupo, preguntamos en la guardia para ver si había entrado el cascabel y nos dijeron que no que no había entrado, entonces nos devolvimos a San Juan y allí llegó una camioneta no se de quién sería y esa camioneta había recogido al soldado Chávez, lo montamos al abrir y lo llevamos para que indique dónde se había accidentado y llegamos allá y el Cabo Forero se encontraba haciendo señales en la vía, paramos y dijo que al soldado Castro no lo encontraba entonces mi Capitán paró y empezamos a buscar al soldado hasta que lo encontramos y lo sacamos, lo montamos en un abrir y mi capitán ordenó que lo llevemos (sic) al hospital y nadie sabía cómo estaba, como yo venía de conductor yo esperé afuera del hospital, después ya supe que el soldado había muerto”(16).

1.8. Informe del accidente en el cual resultó muerto el soldado Castro Valencia, rendido el 24 de septiembre de 1997 por el Comandante del Escuadrón de Instrucción y Reemplazos - Grupo Mecanizado Nº 3 Cabal, Capitán Oscar Erazo Erazo; allí consta lo siguiente:

“(…) El día 22 de septiembre de 1997 recibí la orden de desplazarme hasta el sector de Pilicuan (N) con un pelotón blindado con el fin de desbloquear la vía que desde este sector comunica con Funes y evitar el Bloqueo de la vía Panamericana de acuerdo a la orden de operaciones Nº 068 para esa fecha. Personalmente tomé el mando del pelotón ya que el desbloqueo de la vía se lograba llegando a un acuerdo sin que se utilice otros medios que el diálogo; a las 19:30 horas recibí parte del pelotón y de los operadores de los vehículos con el fin de leerles la Orden de Operaciones y darles entre otras las siguientes órdenes, como puntos de control se establecerían en orden los sectores de San Juan, La Josefina y Pilcuan, la velocidad máxima para este desplazamiento sería de 50 kilómetros por hora. Lo anterior se realizó en presencia del capitán Bautista Castillo William, Oficial S-3 de La Unidad quien dio otras normas de seguridad para el cumplimiento de la misión las cuales se encuentran incluidas dentro de la orden de operaciones, y supervigiló los ensayos de la reacción en caso de ser atacados durante el desplazamiento. El desplazamiento hasta el sector donde se debería cumplir la misión se realizó de acuerdo a lo coordinado. Al sector donde se encontraba bloqueada la vía estuvimos llegando a las 21:30 horas, cuando llegué al sitio prendí el radio PRC-77 con el fin de reportarme con el COT e informar sobre la situación pero desde ese sector no entró ninguna comunicación ya que lo intenté desde varios sectores aledaños con el mencionado radio y el de dos metros sin obtener, como dije antes ninguna comunicación con el COT, después de dialogar aproximadamente por espacio de una hora con los voceros y líderes del paro que se propició en ese sector el cual era integrado por el Cura Párroco de Funes Reverendo Ramiro Pasichana Solarte, el diputado Evert Santander, los concejales Homero Mejía, Hernando Montaño, y Emilio Cundar, los candidatos a la alcaldía de Funes señores Julio Delgado, Alejandro Ortiz, Nidia Gordillo y Franklin Villota; se comenzó el desbloqueo de la vía Pilcuan Funes terminándose de concretar a eso de las 24:30 horas aproximadamente.

Después de esto ordené al personal que nos reuniéramos y así lo hicimos lo anterior con el fin de dar entre otras las siguientes órdenes, desplazarnos hasta el sector de San Juan desde donde podría comunicarme a través de la Policía Nacional de dicho lugar con el grupo y así poder tomar otra decisión, ya sea la de continuar en el sector o la de regresar a la unidad. De Pilcuan estuvimos saliendo aproximadamente a eso de las 01:00 horas en dirección [a] San Juan. De acuerdo a la organización del pelotón para el desplazamiento el vehículo cascabel C-12 al mando del Cabo Segundo Forero Sánchez Edwin, debería marchar a la cabeza de la columna tal como se realizó. Aproximadamente a los 10 kilómetros de iniciado el desplazamiento llegamos al sector de La Josefina donde llegó recalentado el cascabel C-12, lo cual obligó a detenerse toda la columna ya que este iba a la cabeza, terminado de superar este impase el cual demoró de 10 a 15 minutos aproximadamente se continuó con la marcha antes establecida. Después de iniciar la marcha desde este sector al haber avanzado aproximadamente unos cinco kilómetros uno de los vehículos de atrás comenzó a fallar lo cual me obligó a disminuir la marcha con el fin de poder verificar qué era lo que estaba sucediendo, la columna continúa el movimiento y el vehículo cascabel C-12 se adelanta un poco. Cuando llegué al sector de San Juan no encontré el vehículo cascabel por lo cual ordené el otro personal que esperara en el lugar hasta poder verificar el por qué este vehículo y su tripulación continuaron con la marcha si la orden era de llegar hasta este punto y poder reportarme con el COT. Yo continué la marcha hasta llegar a la guardia del grupo donde pregunté al comandante de guardia si había entrado el vehículo y él me informó que no había entrado, di la vuelta al vehículo y comencé el desplazamiento hasta donde se encontraba el resto de la columna, al llegar al sector paró una camioneta 350 que traía herido al soldado voluntario Chávez, el cual me informó que se había salido de la vía porque se encontró con un camión que iba subiendo por la vía contraria lo cual lo obligó a realizarle el quite pero cuando intentó nuevamente regresar la dirección no pudo hacerlo ocasionando el accidente antes mencionado. El cabo segundo Forero Sánchez Edwin manifiesta que después de que se recalentó el vehículo, él entró con el fin de verificar de que la torreta se encontraba asegurada, realizando esto y revisando el sistema eléctrico y apagando la luz de la torreta cuando sintió que el vehículo daba vueltas, manifiesta que él se agarró y quedó atrapado dentro del vehículo cuando este finalmente se detuvo, así mismo él salió y comenzó a socorrer al soldado Castro Valencia Andrés Giovanny el cual se encontraba inconsciente. Cuando yo llegué al lugar del accidente el mencionado suboficial[(17)] se encontraba sobre la vía en el sector denominado como Las Delicias, haciendo señales con una linterna, procedí a bajar unos soldados y a sacar al soldado Castro, cuando ya lo tuvimos arriba, ordené que de manera inmediata lo trasladaran al Hospital de Ipiales. Mientras tanto di la orden al cabo segundo Gesama Cuasanchir Geovany de que se desplazara hasta el sector del accidente y se encargara de asegurar el vehículo y [el] material mientras yo informaba lo sucedido iniciando desplazamiento primeramente al Hospital donde al llegar el médico de turno me informó que el Soldado Castro Valencia Andrés Giovanny había llegado ya muerto y que no se podía hacer nada más, de manera inmediata y a través de la vía telefónica me comuniqué con mi mayor informándole lo que había ocurrido, después de esto me desplacé hasta el lugar del accidente con el fin de verificar el material y el resto del personal, permaneciendo en ese sitio hasta las 16:00 horas del día de ayer 23 de septiembre de 1997 cuando se terminó de sacar del mencionado lugar el vehículo y comenzó su transporte hacia el Grupo donde estuvimos llegando aproximadamente a las 19:30 horas. Durante toda la noche del 22 y madrugada del 23 de septiembre estuvo lloviendo por el sector y un poco nublado lo cual obligaba a la columna marchar más lento y a menor velocidad lo cual así se realizó”(18) (Se resalta).

1.9. Inspección judicial en el lugar de los hechos, el día 21 de noviembre de 1997 en la cual se señaló:

“(…) se trata de la vía que de la ciudad de Pasto conduce a la ciudad de Tumaco (Nar.), propiamente en el sitio denominado “Las Delicias”, municipio de Funes (Nar.). Es la carretera pavimentada, está construida sobre la falda de una montaña alta, encontrándose al pie del río Guaitara. Dicha vía mide siete (7) metros de ancho, se encuentra demarcada por dos líneas de color blanco a los lados y dos líneas juntas en el centro de la vía de color amarillo fluorescente, a los lados tiene un margen de cincuenta (50) cms. que sirve de calzada a dicha vía. Al margen del lado izquierdo se observa un muro de ladrillo y cemento en desnivel que mide entre 30 y 20 cms., el cual sirve de contención y que en una extensión de once (11) metros está destruido permitiendo visibilidad hacia unas plantas de monte y árboles de diferente especie, entre ellos de eucalipto y terminando en desnivel en el río Guaitara, este es un terreno quebradizo cubierto de pasto y que a una distancia de 82 metros fue el sitio en donde fue a parar el vehículo cascabel objeto de estas diligencias. Diferente a las líneas antes referidas, no se observa ninguna otra señalización (ilegible), tampoco se observa luz artificial que alumbre el lugar en el cual no se observa viviendas cercanas. El accidente ocurrió en la mitad de dos curvas cerradas con gran desnivel al margen izquierdo de dicha vía que facilitó la precipitación del vehículo al sitio en donde fue a parar al pie de un árbol. La distancia entre la curva de la carretera Pasto - Ipiales es de ciento veinte (120) metros en línea recta y la distancia entre la curva de la vía Ipiales - Pasto al sitio en que ocurrieron los hechos es de ochenta metros (80) en línea recta. Se anota que la vía antes mencionada es doble, es decir por el lado derecho transitan los vehículos que van de Pasto a Ipiales y por el lado izquierdo los que vienen de la ciudad de Ipiales a Pasto (…)”(19).

1.10. Diligencia de ratificación y ampliación del informe que suscribió el Capitán Oscar Erazo Erazo, encargado de la misión de desbloquear la vía en Funes, Nariño; en el cual se dijo lo siguiente en relación con el accidente:

“(…) Se inició la marcha y aproximadamente a los 10 o 15 kilómetros más o menos el cascabel C-12 que iba en la punta se recalentó motivo por el cual se detuvo la columna y el soldado Chávez, operador del mismo, procedió a echarle agua, después de haberle bajado la temperatura al vehículo se continuó la marcha, después de unos 10 minutos un vehículo que iba en la parte de atrás se comenzó a quedar motivo por el cual me obligó a disminuir la velocidad, en ese momento ya había comenzado a llover, la columna me alcanzó y continuamos, pero el cascabel que iba en la punta se adelantó un poco, nosotros continuamos hasta alcanzar San Juan y al llegar a ese punto paré el resto de la columna y me dirigí a Ipiales a ver por qué se había ido el otro cascabel si la orden era llegar hasta ese punto, llegué hasta la Guardia y le pregunté al Comandante de la misma que si había entrado un vehículo de los que llevaba al mando, él me dijo que no, entonces di la vuelta y me regresé a San Juan donde al llegar venía en una camioneta 350 el soldado Chávez, al cual de inmediato le pregunté qué había sucedido y él me dijo que se había salido de la vía y que no sabía en qué punto estaba el carro, lo subí al vehículo en que yo me desplazaba y le dije que de él dependía la vida de los otros dos tripulantes, ya que si no llegamos a tiempo podría morir alguien, el soldado Chávez al parecer estaba fracturado el hombro y por la desorientación de la lluvia no se sabía dónde había quedado el carro, continuamos así hasta llegar el sector denominado “Las Delicias” donde encontramos sobre la vía al CS. Forero Sánchez Edwin quien hacía señales con una linterna, paré en ese sector y comenzamos a auxiliar al soldado Castro Valencia, el cual al parecer estaba vivo, lo sacamos de inmediato, lo subimos al abir y lo envié al hospital, posteriormente le di la orden al CS. Gesama que se desplazara hasta ese sector y ayudara a sacar las granadas del vehículo y el material de guerra con el fin de evitar que explotaran, y así lo hizo, después de dejar el sector asegurado me desplacé al hospital, al llegar ahí el médico me informó que el soldado Castro al ingresar al hospital había fallecido, yo procedí a tomar un teléfono e informé los hechos al Señor Comandante del Grupo después me regresé al sitio del accidente y permanecí hasta las 16:00 horas del 23 de septiembre que fue la hora en que se sacó el vehículo y comenzó a ser llevado al Grupo donde estuvimos llegando a las 19:30 horas. (…) PREGUNTADO: ¿Cuáles eran las condiciones de visibilidad y las condiciones climatológicas al momento de los hechos y en ese lugar? CONTESTÓ: Estaba lloviendo duro sobre el sector, estaba bien oscuro porque era de noche y la carretera se encontraba con una capa de neblina. (…) PREGUNTADO: ¿Cuándo y en qué sitio perdió visibilidad al primer vehículo o sea el cascabel C-12? CONTESTÓ: Cuando la columna se detuvo un poco porque un vehículo de atrás venía fallando. (…) PREGUNTADO: Sírvase decir si se ratifica en el contenido del informe que se le pone de presente (se le pone de presente el informe que obra en autos). CONTESTÓ: Sí, me ratifico. (…)”(20).

1.11. Declaración del señor CS. Edwin Forero Sánchez, quien narró:

“(…) Aproximadamente a las 24:30 horas se desbloqueó el puente voluntariamente por los campesinos o gente de la región que lo estaba bloqueando, luego mi CT. Erazo ordenó organizar la columna del pelotón blindado sobre la vía Panamericana para iniciar el desplazamiento hacia Ipiales, se organizó la columna tal como veníamos, en el vehículo en que me encontraba iba a la cabeza, se verificaron los carros que se encontraran bien y se ordenó los mismos puntos de control en que habíamos parado de allá para acá, o sea primer punto de control de Pilcuan hacia Ipiales era la Josefina y luego San Juan, deberíamos llegar a San Juan a tratar de comunicarnos con el grupo puesto que en el lugar en que nos encontrábamos no entraba la comunicación, se inició el desplazamiento cerca a la una de la madrugada del 23 de septiembre, a los 10 o 15 kilómetros aproximadamente el vehículo en que me encontraba se recalentó procedimos a detener la columna para bajarle la temperatura al vehículo, le echamos agua al radiador, después de 10 minutos habíamos solucionado el problema, revisamos todos los carros que vinieran bien y luego continuamos el desplazamiento hacia San Juan, 10 minutos después comenzó a llover, en esos momentos entré dentro del vehículo para verificar el seguro de la torreta y apagar la luz interna que traía prendida, cuando sentí que el operador hizo una maniobra brusca y comenzó a rodar el vehículo hasta que se detuvo, quedé atrapado dentro de él, después de 10 minutos logré salir del vehículo y grité que si alguien escuchaba, el soldado Chávez se encontraba por fuera del vehículo y me dijo que se encontraba bien, grité al SL. Castro, no contestaba y no lo encontraba tampoco puesto que estábamos en un abismo y la noche era oscura, procedí a salir a la carretera a pedir ayuda para bajar a buscar al SL. Castro, paró una camioneta Dodge me prestó una linterna y bajé a buscar al soldado Castro, lo encontré cerca al vehículo, estaba inconsciente, no pude llevarlo a la carretera puesto que el abismo era pendiente y pesaba demasiado, entonces subí a la carretera, le dije al señor de la camioneta que se devolviera hacia Ipiales, que se fuera con el soldado Chávez a ver si encontraba el pelotón para que se devolviera a ayudarnos, me quedé en la carretera esperando que volviera el soldado con la ayuda, aproximadamente a la hora y media llegó mi CT. Erazo y procedimos a subir al SL. Castro y se lo llevaron al hospital de Ipiales, me quedé verificando que se recuperara el material de guerra que se encontraba dentro del vehículo, luego me llevaron al hospital para que el médico me mirara la rodilla derecha que había sufrido un golpe y la tenía inflamada, el médico me miró la rodilla, me dio unos calmantes y me dijo que no tenía nada, me dirigí al Grupo cerca a las cinco de la madrugada me acosté a descansar. Eso es todo. (…) PREGUNTADO: ¿El accidente ocurrió antes o después de San Juan? CONTESTÓ: Antes. PREGUNTADO: ¿Qué explicación sobre lo sucedido dio el SL. Chávez? CONTESTÓ: En el momento el soldado quedó aturdido del accidente y me preguntaba que qué había pasado, yo, aclaro él no sabía el motivo del accidente. Al día siguiente, me dijo que un camión subía por el lado contrario y el tuvo que hacerle quite y no alcanzó a devolver la dirección y por ese motivo se fue al abismo. (…) PREGUNTADO: ¿Qué velocidad llevaba dicho vehículo al momento de lo sucedido? CONTESTADO: Aproximadamente unos 40 kilómetros por hora (…)”(21).

1.12. Copia simple de la autorización para conducir número 054 expedida por el Ejército Nacional donde consta que el señor Oscar Chávez Villamil contaba con la autorización para conducir los vehículos militares cascabel de placa 2061 y abir de placa 6416(22).

1.13. Copia de la orden del día Nº 144 del comando del grupo de caballería mecanizado Nº 3 cabal del 27 de junio de 1997, mediante la cual se incorporó al señor Andrés Castro Valencia como soldado regular, integrante del Tercer Contingente 97, con novedad fiscal del 16 de junio de 1997(23).

1.14. Copia de la Orden de Operaciones Nº 068 del 22 de septiembre de 1997, por medio de la cual se ordenó enviar un pelotón mecanizado al mando del señor CT. Oscar Erazo Erazo, con el fin de garantizar el libre tráfico en la vía Panamericana.

2. Responsabilidad del Estado:

De conformidad con el material probatorio allegado al proceso se encuentra acreditado el daño sufrido por los demandantes, como consecuencia de la muerte del joven Andrés Giovanny Castro Valencia ocasionada en un accidente del que fue víctima, mientras prestaba servicio militar.

A juicio de la Sala, el aludido daño le resulta atribuible a la entidad demandada, bajo un régimen de riesgo excepcional, teniendo en cuenta que para la época de los hechos el señor Andrés Giovanny Castro Valencia era un soldado regular y se encontraba ejecutando una orden que le fue encomendada transportándose en un vehículo cascabel en el puesto de apuntador y fue mientras se desplazaba en el mismo que se produjo el accidente en el que perdió la vida; en otras palabras, el deceso del aludido soldado regular se produjo con ocasión de la prestación de su servicio militar obligatorio.

Al respecto, la Sala reitera la diferencia que existe entre el vínculo que se crea para el Estado frente a los soldados conscriptos y la relación que surge para con los soldados voluntarios o profesionales; en los primeros —soldados conscriptos— el vínculo surge debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de la soberanía y la independencia de las instituciones públicas, el cual no detenta carácter laboral alguno, en tanto que en el caso de los segundos (soldados profesionales) el ligamen se establece en virtud de una relación legal y reglamentaria consolidada a través del correspondiente acto administrativo de nombramiento y la consiguiente posesión del servidor o de la relación contractual creada mediante la suscripción de un contrato laboral.

Por lo tanto, a diferencia de los soldados profesionales, que ingresan en forma voluntaria a las filas del Ejército con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación y que gozan de una protección integral de carácter salarial y prestacional, los soldados conscriptos se ven impelidos a hacerlo por la imposición de una carga o gravamen especial del Estado. Así pues, los conscriptos no gozan de protección laboral predeterminada frente a los riesgos a los cuales se les somete en cumplimiento de su cometido constitucional, por cuanto la ley tan solo les reconoce algunas “prestaciones”, las cuales de ningún modo pueden catalogarse como laborales y tampoco se asimilan al régimen a for fait previsto por la ley para los soldados profesionales.

Ahora bien en cuanto al título de imputación aplicable a los daños causados a soldados conscriptos, la Sala ha establecido que los mismos pueden ser i) de naturaleza objetiva —tales como el daño especial o el riesgo excepcional—, y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada la misma. 

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sección Tercera de la corporación ha sostenido(24)

“Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas(25); el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando este proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala: 

“(...) demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquel es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando este haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada”(26) (negrillas adicionales). 

En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares, en la medida en que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto a la imposición de una carga o un deber público, resulta claro que la organización estatal debe responder, bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar el soldado; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estaría sometido, y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial(27).

Asimismo, en relación con los conscriptos, el principio iura novit curia determina que el juzgador debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en uno cualquiera de los títulos de imputación antes mencionados; además, no debe perderse de vista que, en tanto la Administración Pública imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del soldado en la medida en que se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, pues en determinadas situaciones lo pone en una posición de riesgo, lo cual, en términos de imputabilidad, significa que debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública.

Lo anterior no obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña en sus diversas modalidades, como causal exonerativa de responsabilidad, casos en los cuales, como resulta apenas natural, la acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada caso se alegue: fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho exclusivo de un tercero, según corresponda; por consiguiente, no es procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a soldados conscriptos, resulte suficiente para que estos puedan considerarse como no atribuibles —por acción u omisión(28)— a la Administración Pública(29).

Pues bien, del material probatorio antes relacionado se tiene acreditado que:

— El día 22 de septiembre de 1997, el Soldado Regular Andrés Giovanny Castro Valencia, junto con otros militares, se desplazó en un pelotón mecanizado hacia el sector de Funes, Nariño, donde se presentó un bloqueo en la vía a causa de un paro cívico.

— Al finalizar la misión, el pelotón emprendió su regreso al grupo cabal 3; el aludido soldado Castro Valencia se transportaba en un vehículo cascabel en el puesto de apuntador; dicho vehículo era conducido por el soldado voluntario Oscar Chávez y el automotor oficial encabezaba el grupo militar.

— El vehículo oficial en el cual se desplazaba la víctima sufrió un recalentamiento y, por ello, todo el pelotón debió detener su marcha hasta que el automotor se estabilizara; luego de ello, continuaron su desplazamiento.

— Posteriormente, otro vehículo presentó deficiencias y debieron prestarle la ayuda respectiva; sin embargo, el primer vehículo —que luego se accidentó— continuó su rumbo.

— Era de noche, llovía y, de manera repentina, el vehículo cascabel donde se transportaba el conscripto Castro Valencia se volcó por un abismo, supuestamente por el intento del conductor de esquivar a otro vehículo.

— Como consecuencia del mencionado accidente, el joven Andrés Giovanny Castro Valencia perdió la vida.

— La muerte del soldado regular Castro Valencia ocurrió dentro del servicio, por causa y razón del mismo.

Así las cosas, la Sala estima que el daño le resulta imputable al Estado, con fundamento en las consideraciones antes expuestas, en punto de la responsabilidad patrimonial de la Nación derivada de los daños que sufren los soldados conscriptos como consecuencia del desarrollo de una actividad peligrosa en el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, de lo expuesto por el capitán al mando de la operación podría llegar a considerarse que el conductor del vehículo cascabel C-12 que se accidentó habría desatendido la orden de parar y esperar el resto de la columna en el sitio denominado “San Juan”; sin embargo, ello no fue así, pues ese señalamiento fue producto de lo que pensó el Capitán que dirigió la operación, quien creyó que el automotor cascabel C-12 no se detuvo en San Juan, sino que siguió más allá, pero ello obedeció a que el accidente ocurrió antes de ese sitio, solo que el capitán no se percató de ello porque el automotor rodó por un precipicio y, por lo tanto, resultaba lógico que los demás integrantes de la compañía, una vez pasaran por el lugar del hecho, no se dieran cuenta del accidente, máxime si se tienen en cuenta las condiciones climáticas del momento y la oscuridad del sector.

Conviene señalar que en el caso concreto no se pudo establecer realmente la existencia de una falla en el servicio y en relación con este punto cabe precisar que si bien llovía cuando el automotor se volcó, lo cierto es que no deja de existir la falta de certeza de cómo ocurrió el accidente, pues no obra en el expediente un informe de tránsito y además las circunstancias fácticas se construyeron a partir de las declaraciones del propio conductor del automotor oficial, quien adujo que intentó esquivar otro automotor que habría invadido el carril contrario, pero de ello, en realidad, no se tiene total certeza.

Es más, nótese cómo el cabo Forero Sánchez —quien también iba en el vehículo del Ejército— señaló que él le preguntó al conductor acerca de la causa del accidente y que aquel le respondió en ese momento <<que no sabía el motivo del accidente>>, aspecto que le resta credibilidad a lo manifestado por el soldado Chávez y, por ende, a todos los demás informes y declaraciones que acogieron esa hipótesis como causa del accidente.

Así mismo, se esgrimió que el vehículo cascabel en que se transportaban los soldados presentó recalentamiento, pero ello no es indicativo de que el vehículo oficial habría presentado fallas mecánicas desde el inicio, pues de ello no existe prueba alguna en el proceso y, por consiguiente, tampoco habría una falla en el servicio por esa razón.

Ahora bien, la parte demandada en su recurso de apelación aseguró que la sentencia de primera instancia se había fundamentado bajo el supuesto de un exceso de velocidad; sobre el particular se aclara que si bien el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca hizo una mención al respecto, lo cierto es que la razón clara para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado fue la configuración de un riesgo excepcional en aplicación de un régimen objetivo porque el deceso del soldado Castro Valencia se produjo en ejercicio de su función castrense y en ejecución de una actividad peligrosa, postura que será confirmada por la Sala en esta instancia.

La parte demandada también alegó el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, pero se reitera que en el proceso no se demostró la existencia real de otro vehículo automotor y mucho menos de que hubo una imprudencia del conductor de ese supuesto automotor, por cuya virtud se habría causado el daño; no se tiene certeza de esa situación y ante esa incertidumbre, mal podría la Sala concluir que se configuró la causa extraña consistente en el hecho de un tercero, cuya prueba evidentemente le corresponde asumirla a la entidad demandada. 

En esa misma línea, se tiene que el conductor del vehículo militar sí tenía permiso para conducir un vehículo cascabel, lo cual evidencia que el soldado Chávez estaba habilitado para manejar ese tipo de vehículos militares, por lo cual se descarta una posibilidad distinta de falla en el servicio, tal como lo señaló la parte actora en sus alegatos de conclusión en sede de primera instancia.

A todo lo anterior se agrega que respecto del argumento expuesto por la parte demandada según el cual, la administración se encuentra amparada por una causal eximente de responsabilidad, en el sentido de que el accidente donde perdió la vida el soldado regular Castro Valencia habría sido producto de un caso fortuito, la Sala ha considerado que en los temas de régimen objetivo derivado de actividades peligrosas no está llamado a aplicar el mencionado eximente; al respecto se ha sostenido lo siguiente:

“en un régimen de responsabilidad por riesgo, como es el caso de las actividades peligrosas, la fuerza mayor, considerada como una causa extraña, que es imprevisible, irresistible y externa a la esfera jurídica del demandado; se convierte en un factor eximente de responsabilidad, capaz de romper el nexo de causalidad entre el hecho imputable a la administración y el daño. A diferencia del caso fortuito, que proviene de la estructura de la actividad del demandado, que puede ser desconocido y permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño(30) (Se destaca).

Finalmente, la Sala descarta la existencia tanto de una culpa exclusiva de la víctima, como de una concurrencia de culpas, comoquiera que el soldado que lastimosamente falleció no era quien conducía el vehículo oficial y, por ende, no tenía control alguno respecto del mismo, por lo cual mal habría de predicarse que tuvo participación o injerencia en la producción del daño.

Por todo lo expuesto, la Subsección mantendrá la decisión de primera instancia en cuanto declaró la responsabilidad patrimonial del ente público demandado.

3. Indemnización de perjuicios.

3.1. Perjuicios morales.

Se reitera que en relación con los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la acreditación de la relación de ciertos niveles de relación de parentesco —hijos, padres y hermanos— se presume que han sufrido un perjuicio de orden moral. 

En efecto, de la acreditación de dicha circunstancia, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(31) y de las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que se ha sufrido un perjuicio de orden moral por la pérdida de ese ser querido. 

La tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la aflicción y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso; es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de una persona(32)

Ahora bien, para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han establecido cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas(33)

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales, paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar, incluida la relación biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza” (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde un monto indemnizatorio equivalente cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv).

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50 % del tope indemnizatorio. 

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35 % del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25 % del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15 % del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

S-1999-00961
S-1999-00961
 

Para los niveles 1 y 2 será suficiente para presumir el daño moral la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la afectación moral. Para el nivel 5 deberá ser probada la afectación moral.

Pues bien, respecto del grupo familiar que demandó por la muerte del soldado Andrés Giovanny Castro Valencia, integrado por su madre y hermanos, se allegaron las siguientes pruebas documentales: copia auténtica del registro civil de nacimiento de la víctima directa(34); copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Marcela(35), María Disneida(36), Rosa Amelia(37), Hermencia(38), Omar(39) y Octalvina(40) Valencia, documentos que acreditan el parentesco de estos demandantes para con la víctima directa del daño.

Respecto de la negativa del Tribunal a quo en el sentido de negar la indemnización de perjuicios morales a favor de la demandante Marcela Valencia porque ella no se identificó en debida forma, la Sala advierte que de conformidad con el artículo 140, numeral 7º, podría configurarse la causal de nulidad de indebida representación por carencia total de poder, —lo que permitiría concluir como lo hizo el Tribunal en primera instancia—, sin embargo, tal irregularidad procesal claramente resultó convalidada en este asunto, dado que la validez del aludido poder no fue objeto de reparo alguno durante el proceso, lo cual hace que ese tema se entienda saneado, según los precisos términos del artículo 143, inciso 6º del C. de P. C. 

A lo anterior se adiciona que para reconocerle perjuicios a la aludida demandante basta con acreditar el parentesco que ella tenía con el occiso, lo cual se prueba con el registro civil de nacimiento, que en el caso particular obra a folio 162 del cuaderno 1. 

En efecto, al ocuparse de regular los asuntos atinentes a las “Pruebas del Estado Civil”, el Decreto-Ley 1260 de 1970(41), en su artículo 105, prevé:

“Artículo 105. Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos.

“En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos y actos se probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 100”.

Para eliminar cualquier duda en relación con el alcance y el carácter imperativo de la norma transcrita, el mismo estatuto en cita determina, a la altura de su artículo 106:

“Artículo 106. Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”.

Sobre el punto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en sentencia del 22 de enero del 2008(42), señaló:

“Así pues, cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y de obligaciones (artículo 1º Decreto 1260 de 1970) es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970”.

Por su parte, los artículos 52 y 53 del mencionado Decreto-Ley establecen el contenido del respectivo registro civil de nacimiento de una persona, en los siguientes términos:

“Artículo 52: La inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: una genérica y otra específica. En aquella solamente se consignarán el nombre del inscrito, su sexo, el municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números de folio y general de la oficina.

En la sección general se consignarán, además la hora y el lugar del nacimiento, el nombre de la madre, del padre; en lo posible la identidad de una y otro, su profesión u oficio (…).

“Artículo 53: En el registro de nacimiento se inscribirán como apellidos del inscrito, el primero del padre, seguido del primero de la madre, si fuere hijo legítimo o extramatrimonial reconocido o con paternidad judicialmente declarada; en caso contrario se le asignarán los apellidos de la madre”.

Esta Sección del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha considerado que con fundamento en las anteriores disposiciones, el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera válida, eficaz y suficiente la relación de parentesco entre una persona y sus progenitores, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto(43).

En ese sentido, se encuentra acreditado el parentesco de los actores para con la víctima directa, en sus condiciones de madre y hermanos —incluida Marcela Valencia—, respectivamente, razón por la cual no solo cuentan con legitimación en la causa por activa sino que también resultan beneficiarios de la indemnización —a título de perjuicios morales— por la muerte del joven Andrés Giovanny Castro Valencia.

En consecuencia, la prueba del parentesco para con la víctima resulta suficiente para acceder al reconocimiento del perjuicio moral, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que la muerte de su hijo y hermano les debió causar un profundo dolor moral, el cual será reconocido en una suma equivalente a cien (100) SMLMV, para la madre de la víctima y cincuenta (50) SMLMV, para cada uno de los hermanos de Andrés Giovanny Castro Valencia, tal como lo señaló la parte actora en su recurso de apelación.

3.2. Perjuicios materiales.

3.2.1. Daño emergente.

Comoquiera que —pese a haber sido negada esta pretensión— la parte actora no efectuó reparo alguno frente a tal decisión, la Sala se abstendrá de analizar su existencia.

3.2.2. Lucro cesante.

Se solicitó a favor de la madre de la víctima y la Sala lo estima procedente, puesto que, como lo ha sostenido la jurisprudencia reiterada de esta corporación, frente al reconocimiento de este perjuicio se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco (25) años, en consideración “(…) al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”(44).

En ese sentido, el reparo que efectuó la parte actora a la sentencia de primera instancia porque consideró que la indemnización debía cuantificarse hasta la vida probable de la madre del occiso no está llamado a prosperar.

En el caso concreto se demostró que el joven Andrés Giovanny Castro Valencia falleció antes de cumplir la edad de 25 años(45) y además no tenía hijos ni vínculo marital alguno(46), razón por la cual habrá lugar a reconocer el lucro cesante a favor de la madre de la víctima por el período comprendido entre la fecha de la ocurrencia del hecho (23 de septiembre de 1997) y la época en la cual la víctima hubiere cumplido los 25 años de edad (20 de mayo de 2004).

Ahora bien, en cuanto al ingreso base de liquidación es importante precisar que con los testimonios recepcionados en la audiencia pública celebrada el 9 de agosto de 2000(47), no es posible determinar con certeza el salario que devengaba el occiso antes de ingresar al Ejército.

Lo anterior, dado que en los testimonios de los señores Jhony Jiménez, Rodolfo Castillo, Flor María Romero González, Segundo López Sevillano y Hermilda Leonor Puerto Carrero, respectivamente, se señaló lo siguiente:

“Antes él se dedicaba a la pesca, vendía mariscos, ganaba unos $ 300.000 mil pesos mensuales, ese dinero lo dedicaba a sus gastos personales, a su mamá y a sus hermanos.

(…)

El joven se dedicaba al negocio del pescado, y ganaba más o menos unos $ 400.000 pesos mensuales, le iba muy bien en la pesca, en su negocio, ese dinero lo dedicaba a la familia, le daba a la mamá era muy buen hijo.

(…)

Él se dedicaba a la pesca, el ganaba lo suficiente para mantener a su madre y a sus hijos, diariamente ganaba, y lo dedicaba para los gastos de la familia y los personales.

(…)

Él se dedicaba a la pesca, ganaba unos $ 3000.000 pesos mensuales, esos dineros los dedicaba para la mamá y los gastos de él.

(…)

Él se dedicaba a la pesca, ganaba trecientos mil pesos, esos dineros eran para ayudar a su familia y para los gastos de él”(48) (Se destaca).

De conformidad con lo anterior, no es posible establecer, con claridad, cuánto era el ingreso mensual de la víctima directa del daño; en esa medida, se tendrá como ingreso base de liquidación el salario mínimo para la fecha en que ocurrieron los hechos, siempre que no resulte inferior —una vez actualizado a valor presente— al salario mínimo vigente al año 2014, por razones de equidad.

De acuerdo con lo expuesto, se procederá a cuantificar la indemnización respectiva a favor de la señora Guillermina Valencia (madre) y Marcela, María Disneida, Rosa Amelia, Hermencia, Omar y Octalvina Valencia (hermanos).

Toda vez que el valor actualizado resulta ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta providencia(49), se liquidará el lucro cesante con aplicación de esta última suma ($ 616.000), previo incremento del 25 % ($ 154.000), por concepto del factor prestacional, lo cual arroja un ingreso base de liquidación de: $ 770.000; no obstante, a dicho monto se le descontará el 50 %, tal como lo hizo el Tribunal Administrativo de primera instancia, toda vez que ello obedece a la aplicación de la Jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuya virtud atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, se tiene que la víctima destinaba al menos ese porcentaje de su salario para sus gastos personales, “pues no se acreditó que el occiso estuviese casado o hiciera vida marital con alguien en particular, como tampoco se demostró que tuviera hijos”(50), por lo cual el salario base de liquidación corresponde a la suma de $ 385.000.

Período Consolidado: a partir de la fecha de la ocurrencia del hecho (23 de septiembre de 1997), hasta que la víctima hubiere cumplido los 25 años de edad (20 de mayo de 2004), esto es 80 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S-1999-00961-1
 

4. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el día 30 de noviembre de 2004, la cual quedará así:

“1. Declárase administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por la muerte del joven Andrés Giovanny Castro Valencia, en hechos acaecidos el día 23 de septiembre de 1997.

2. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a la señora Guillermina Valencia el monto equivalente a 100 SMLMV, a título de perjuicios morales.

3. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a los ciudadanos Marcela, María Disneida, Rosa Amelia, Hermencia, Omar y Octalvina Valencia, un monto equivalente a 50 SMLMV, para cada una de ellos, a título de perjuicios morales.

4. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a la señora Guillermina Valencia la suma de treinta y siete millones quinientos cuarenta y seis mil ciento noventa y ocho pesos ($ 37’546.198), por concepto de lucro cesante.

5. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil”.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Fls. 2-10 cdno. 1.

2 Fls. 73-75 cdno. 1.

3 Se refiere a la providencia proferida por el Tribunal Superior Militar dentro del proceso penal que se adelantó en contra del soldado que conducía el vehículo oficial el día del accidente en que perdió la vida el joven Castro Valencia.

4 Fls. 205-212 cdno. 1.

5 Fls. 213-217 cdno. 1.

6 Fls. 244-246 y 249-254 cdno. ppal.

7 Fls. 222-238 cdno. ppal.

8 Esta corporación es competente para conocer del proceso de la referencia en razón de la cuantía, toda vez que por perjuicios morales se solicitó la suma correspondiente a 2.000 gramos de oro, los cuales, para la fecha de presentación de la demanda, equivalían a $ 33´356.760 y el monto mínimo necesario para acceder en segunda instancia ante el Consejo de Estado, era de $ 18´850.000 (Decreto 597 de 1988).

9 Fls. 17-20 cdno. 1.

10 Fls. 22-23 cdno. 1.

11 Fl. 24 cdno. 1.

12 Esta prueba trasladada se valorará en el sub examine comoquiera que es un proceso adelantado y aportado a este litigio por la misma entidad demandada y, adicionalmente, en la contestación de la demanda se allanó expresamente a las pruebas aportadas y/o solicitadas en el escrito de la demanda.

13 Fls. 38-44 cdno. 1.

14 Fls. 28-29 cdno. 1.

15 Fl. 101 cdno. 1.

16 Fls. 36-37 C. 1.

17 Se refiere al cabo segundo Forero y no a la víctima.

18 Fls.102-104 cdno. 1.

19 Fls. 53-54 cdno. 1.

20 Fls. 111-114 cdno. 2.

21 Fls. 115-118 cdno. 2.

22 Fl. 80 cdno. 2.

23 Fls. 135-137 cdno. 1.

24 Al respecto, consultar por ejemplo, Consejo de Estado, S.C.a., Sección Tercera, sentencias del 30 de julio de 2008, Exp. 18725, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586 C.P. Enrique Gil Botero.

25 En sentencia de 10 de agosto de 2005, Exp. 16205, la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridas por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: “(...) la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la Administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el Comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho”.

26 Expediente 11401.

27 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586, C.P. Enrique Gil Botero.

28 Si se tiene en cuenta que la comprensión mayoritaria —aunque deba darse cuenta de la existencia de pareceres discrepantes— niega que las omisiones puedan ser causa, en un sentido estrictamente naturalístico u ontológico, de un resultado, como lo han señalado, por vía de ejemplo, Mir Puig y Jescheck, de la siguiente manera: ―resulta imposible sostener que un resultado positivo pueda haber sido causado, en el sentido de las ciencias de la naturaleza, por un puro no hacer (ex nihilo nihil fit)‖ (énfasis en el texto original), sostiene aquel; ―La causalidad, como categoría del ser, requiere una fuente real de energía que sea capaz de conllevar un despliegue de fuerzas, y ello falta precisamente en la omisión (―ex nihilo nihil fit)‖, afirma este. Cfr. Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte General, 5ª edición, Reppertor, Barcelona, 1998, p. 318 y Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Bosch, Barcelona, 1981, p. 852, apud MIR PUIGPELAT, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, cit., pp. 241-242.
Sin embargo, la tantas veces aludida distinción categorial entre causalidad e imputación permite explicar, precisamente, de forma mucho más coherente que si no se parte de la anotada diferenciación, la naturaleza del razonamiento que está llamado a efectuar el Juez de lo Contencioso Administrativo cuando se le llama a dilucidar si la responsabilidad del Estado debe quedar comprometida como secuela no ya de una actuación positiva, sino como consecuencia de una omisión de la entidad demandada, pues aunque se admita que dicha conducta omisiva fenomenológicamente no puede dar lugar a la producción de un resultado positivo —de un daño—, ello no significa, automáticamente, que no pueda generar responsabilidad extracontractual que deba ser asumida por el omitente. Pero esa cuestión constituirá un asunto no de causalidad, sino de imputación.
Y es que en los eventos en los cuales la conducta examinada es una acción, para que proceda la declaratoria de responsabilidad resulta menester que exista relación de causalidad entre ella y el resultado, lo cual no es suficiente porque debe añadirse que este sea jurídicamente atribuible o imputable a aquella; pero, como señala Mir Puigpelat.
“(…) cuando la conducta es, en cambio, una omisión, la relación de causalidad no es solo insuficiente, sino, incluso, innecesaria (…) Y existirá imputación del resultado cuando el omitente tenía el deber jurídico de evitar el resultado lesivo, poseyendo la acción —debida— omitida capacidad para evitarlo. En el momento de comprobar esta última cuestión (la capacidad evitadora de la acción omitida) se examina si existe relación de causalidad entre la acción omitida y el resultado producido. Pero obsérvese bien: no es una relación de causalidad entre la omisión y el resultado, sino entre la acción (que, a diferencia de la omisión, sí tiene eficacia causal) no realizada y el resultado; y, además, es una causalidad meramente hipotética, entre una acción imaginada que no ha llegado a producirse y un resultado efectivamente acontecido. Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la Administración en posición de garante de la víctima) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de valoraciones normativas, para imputar el resultado a la omisión”. Cfr. Mir Puigpelat, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, cit., pp. 242-244.

29 Sentencia del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586. M.P. Enrique Gil Botero.

30 Sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 19 de julio de 2000, exp. 11.842. y de agosto 30 de 2006, exp. 22.918.

31 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, fallo de septiembre 10 de 2014, exp. 30.380.

33 Sentencia del 28 de agosto de 2014, exp 26.251. M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

34 Fl. 161 cdno. 1.

35 Fl. 162 cdno. 1.

36 Fl. 164 cdno. 1.

37 Fl. 165 cdno. 1.

38 Fl. 167 cdno. 1.

39 Fl. 163 cdno. 1.

40 Fl. 166 cdno. 1.

41 “Por el cual se expide el Estatuto del Registro Civil de las Personas”.

42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de enero de 2008, expediente 2007-00163-00. M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

43 Sentencia de 28 de abril de 2010, exp. 17.995. ver también sentencias del 21 de septiembre de 2000, exp. 11.766 y del del 26 de agosto de 1999, exp. 13.041.

44 Ver, por ejemplo, sentencia del 12 de julio de 1990, exp. 5666, reiterada en sentencia de 23 de junio de 2010, exp. 18.570, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

45 De conformidad con la copia autenticada del registro civil de nacimiento (fl. 5 cdno. 1), la víctima nació el 20 de mayo de 1979, de modo que para la fecha de su muerte tenía 18 años de edad.

46 Ver sentencia del 9 de febrero de 2011. Consejo de Estado. Sección Tercera. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Exp. 19615.

47 Fls. 144-146 cdno. 1.

48 Fls. 144-146 cdno. 1.

49 $ 172.005 x 117.33 = $ 462.238
43.66

50 Consejo de Estado. Sección Tercera. M.P. Dra. Gladys Agudelo Ordoñez. Sentencia del 27 de abril de 2011. Rad. 19451.