Sentencia 1999-00963 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Exp.: 24.450

Rad.: 19001-23-31-000-1999-00963-01

Consejero ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Ramón Aldemiro Mosquera

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 24 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.

Para adoptar la decisión en el asunto sub examine, será necesario reseñar los medios probatorios allegados al proceso, y luego de su análisis, establecer los hechos, a fin de determinar la responsabilidad de la entidad demandada.

1. De los medios de prueba

Al proceso, para el establecimiento de los hechos relevantes, se allegaron los siguientes medios probatorios:

1.1. Copia auténtica de los antecedentes de la incursión subversiva a la población de Siberia, Cauca, el día 26 de noviembre de 1998, que informa lo siguiente:

“Por medio del presente me permito informar a mi Coronel sobre los hechos acontecidos el día 261198, en la Estación rural de Siberia, cuando siendo las 21:00 horas incursionaron un grupo aproximado de 250 delincuentes del sexto frente a las FARC, los cuales atacaron las instalaciones utilizando armas de largo alcance especialmente fusiles, granadas de fusil, mortero de 16 mm y cilindros de gas cargados de metralla y provistos de mecanismo impulsor los cuales causaron graves daños en la edificación de la estación la cual presenta daños en un 75%. También destruyeron totalmente la Iglesia del corregimiento y la casa cural, las instalaciones de la caja Agraria, presenta destrozos en su fachada y techo, no fue objeto de saqueo o hurto de dinero, en los alrededores de la estación hay aproximadamente 12 viviendas averiadas de las cuales 8 deben ser demolidas” (fl. 90 cdno. 2).

1.2. Copia auténtica del informe del ataque perpetrado el 8 de junio de 1999 en el corregimiento de Siberia, en términos similares a los anteriores, describe:

“Permítome informar a mi Coronel señor Comandante de Departamento, que el día 080699 a eso de las 16:00 horas fue atacada la Estación de Policía Siberia por narcoterroristas con cilindros de gas preparados con explosivos, armamento de largo alcance, morteros, roquets y granadas de diferentes calibres y tipos; lo anterior ya se conocía por informaciones de la comunidad que gracias a su colaboración estuvimos siempre a la expectativa y preparados para el ataque. El ataque fue repelido por el personal, con coraje, eficaz y rápidamente (sic) con valentía y dedicación a labor encomendada, sin sufrir bajas ni heridos al personal pero destruyendo las instalaciones en su totalidad, por las ondas explosivas y las detonaciones y choques contra las paredes de pipas de gas, dentro de lo que fue destruido (…)” (fl. 96 cdno. 2)

1.3. Copia auténtica de la constancia expedida por la Inspección de Policía Municipal de Siberia en la cual se informa que el señor Ramón Argemiro Mosquera fue uno de los damnificados en la incursión guerrillera ocurrida en el corregimiento de Siberia, los días 27 de noviembre de 1998 y 9 de junio de 1999, según consta en los listados de censo de personas afectadas, realizado en esas fechas por la alcaldía municipal de Caldono, Cauca. (fl. 135 cdno. 2)

1.4. Copia auténtica de la indagación preliminar iniciada por la Policía Nacional en razón de los hechos sucedidos el 8 de junio de 1999 en el corregimiento de Siberia. Material del que se puede reseñar, una de las declaraciones de los agentes presentes, quien sobre los pormenores de la incursión guerrillera, manifestó lo siguiente:

“Para es(sic) fecha me desempeñaba como secretario en la Estación de Siberia, se tenían informaciones desde las horas de la mañana que habían aproximadamente unos 500 hombres con un número bastante grande de cilindros de gas y que pretendían atacar a las instalaciones de la Estación, iniciándose desde las horas de la tarde, siendo yo el primero en ser avisado por la ciudadanía, ya que llevaba muy buenas relaciones con ésta, debido a mi trabajo en participación comunitaria, lo anterior se lo informé al Comandante de la Estación para lo cual él tomó las medidas necesarias en cuestión de seguridad, iniciándose el ataque a eso 16:15 horas, el cual iniciaron con ametralladoras y algunas granadas de fusil, en ese momento todo el personal que se encontraba dentro de las instalaciones tomó sus posiciones, según lo impuesto en el plan defensa de la unidad, lográndose así repeler el ataque oportunamente. Siendo más o menos las 19:30 horas iniciaron a lanzar los cilindros explosivos con los que derribaron parte de la Estación y destruyeron los equipos de comunicación y la mayoría de los elementos que se encontraban dentro de las instalaciones, pero aunque este ataque fue bastante fuerte, las unidades que se encontraban no decayeron respondiendo valerosamente al ataque que estos bandidos nos hicieron, terminando esto, a las nueve de la mañana del día siguiente, gracias al apoyo de las Fuerzas Especiales del Ejército, cabe anotar que durante el ataque nocturno fuimos apoyados al igual que en el municipio de Caldono por el avión fantasma y algunos helicópteros artillados, a eso de las 10:30 horas llegó el apoyo de los helicópteros de la Policía con el grupo de contraguerrilla, terminando así la zozobra que se vivió por nosotros, ya que se oían algunos ataques fuera del sector.” (fls. 169-70 cdno. 1)

1.5. Declaración rendida por Blanca Zoraida Trochez, residente en el corregimiento de Siberia para la fecha de los hechos. De su testimonio se destaca lo siguiente:

“Respecto a las fechas de las tomas guerrilleras en la población de Siberia, ocurridas el día 27 de noviembre de 1998 y el 08 de junio de 1999, la primera ocurrida en el día 27 de noviembre de 1998, los daños fueron parciales, pero en la segunda toma guerrillera o sea la del 08 de junio de 1999, la caída fue total de la casa del señor Ramón Aldemiro Mosquera (…) mi casa estaba ubicada en el puesto cuarto después del cuartel de la Policía, por lo tanto me tocó que vivir en carne propia esas tomas, ya que mi casa también fue destruida parcialmente, es decir la parte de atrás y el techo en su totalidad; los daños ocasionados a la casa del señor Mosquera, en mi concepto fueron ocasionados por la pipetas de gas que lanzaban los guerrilleros, así como también por los disparos que hacían o se hacían de parte y parte; igualmente cuando llegó el avión fantasma, disparaba sobre las casas y con esas acciones también se ocasionaron muchos daños. (…) Es verdad Ramón Aldemiro Mosquera después de las tomas guerrilleras, teniendo en cuenta que la casa donde él tenía su negocio, fue destruida en su totalidad, él me pidió el favor que le arrendara la parte de mi casa o propiedad que quedó sirviendo, con el fin de montar su negocio en esa parte, ya que yo y mi esposo procedimos a trasladarnos hasta la ciudad Santander de Quilichao, Cauca, pues la población de Siberia se volvió por esa época en una población invivible, pues la zozobra y los nervios no nos dejaba tranquilos; por lo tanto, el señor Ramón Aldemiro Mosquera, en este momento está atendiendo su negocio en la parte de mi casa que le arrendé por la suma de ciento veinte mil pesos. (fl.117 cdno. 2)

1.6. En similares términos, se recepcionaron los testimonios de: Alba Trochez, Agudelo Fernández Hurtado y Olga Genoveva Muñoz, quienes fueron testigos presenciales y manifiestan haber sufrido, de igual manera, daños en sus casas de habitación. (fls.118-20 cdno. 2).

1.7. Copia auténtica de la escritura pública del inmueble destruido, así como el folio de matricula inmobiliaria que demuestra el derecho de dominio del demandante sobre la casa destruida con la acción terrorista. (fls. 14-6 cdno. 1)

2. De los hechos probados y el título de imputación jurídica

De los anteriores medios probatorios, se da por acreditado que los días 27 de noviembre de 1998 y 9 de junio de 1999 se presentaron incursiones guerrilleras dirigidas contra el comando de la Policía Nacional ubicado en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono, Cauca. Que en el primer ataque se utilizaron armas de largo alcance como fusiles, granadas y morteros de 16 mm, igualmente se lanzaron en contra de la estación policial, cilindros de gas; la acción de la guerrilla destruyó la iglesia del corregimiento, las instalaciones de la Caja Agraria y algunas casas de la población. La incursión del 9 de junio del año siguiente, se presentó en similares circunstancias a la primera.

De otro lado, está demostrado que el señor Ramón Aldemiro Mosquera fue damnificado con los ataques subversivos, pues su casa fue una de las que resultó destruida por los efectos colaterales del ataque a la estación de Policía del corregimiento.

Así las cosas, se encuentra acreditada la existencia de un daño antijurídico, consistente en la destrucción de la casa de habitación del señor Mosquera, el cual no estaba en la obligación de soportar, toda vez que el ordenamiento jurídico no se lo imponía, comoquiera que la propiedad es un derecho fundamental conforme al lineamiento del artículo 58 de la Constitución.

En efecto, la antijuricidad del daño va encaminada a que no sólo se constate la materialidad y certidumbre de una lesión a un bien o interés amparado por la Constitución y la ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o afectación de ese derecho contravenga el ordenamiento jurídico, en tanto no exista el deber jurídico de tolerar el perjuicio.

En el caso concreto, se tiene que el daño padecido por el demandante, es antijurídico, puesto que, se trata de un detrimento que el ordenamiento jurídico no los obliga a soportar.

De esta forma, en criterio de la Sala, existe certeza de la conexión directa entre la acción de la fuerza pública, al repeler el ataque guerrillero, y los daños materiales sufridos por el demandante, quien debió soportar una carga desigual con respecto al resto de los ciudadanos. Entre otras cosas, porque del caudal probatorio no se observa como posible ninguna otra causa que haya tenido como efecto la destrucción del inmueble.

En efecto, no le asiste razón al apelante cuando sostiene que el objetivo de los guerrilleros era el saqueo y destrucción de las entidades bancarias y otras edificaciones del municipio, ya que del informe de la Policía se puede, en principio, extraer la conclusión contraria, comoquiera la sucursal bancaria no fue objeto de hurto de dinero, y de otro lado, la destrucción de otras edificaciones fue una consecuencia de la capacidad destructiva de las armas utilizadas en contra de la estación de policía.

Surge así, en consecuencia, la obligación de reparar los daños que tienen la característica de ser anormales y excepcionales, y que los ciudadanos no tienen la obligación de soportar en cuanto se les impone una carga desigual.

En el presente caso, la responsabilidad deviene de la aplicación de la teoría del daño especial, régimen de imputación que pone acento en la lesión entendida en su sentido técnico jurídico sufrida por la víctima, la cual debe ser preservada frente al perjuicio no buscado, no querido, ni tampoco merecido(1). Esta teoría, con fuerte basamento en la equidad, la igualdad y la solidaridad, se enmarca dentro de los factores objetivos con los que se ha enriquecido el catálogo de títulos de imputación al Estado(2).

La Sección Tercera de esta Corporación, ha aplicado este título de imputación, en los siguientes términos:

“(…) el daño especial ha sido el sustento para declarar la responsabilidad del Estado en eventos de escasa ocurrencia que van desde el ya conocido cierre del diario el Siglo(3), la liquidación de un banco, la retención de un vehículo que transportaba sulfato de potasio por creer que era un insumo para la fabricación de estupefacientes(4) o el daño a una aeronave que había sido secuestrada por miembros de un grupo guerrillero(5); hasta eventos muy similares al que ahora ocupa a la Sala, verbigracia, enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla en un área urbana de la ciudad de Cali(6), el ataque bélico de un grupo guerrillero contra el cuartel de la policía de la población de Herrera, departamento del Tolima(7), o la muerte de un joven en un enfrentamiento entre guerrilla y ejército, sin claridad acerca de la autoría de la muerte(8).

“El daño especial ha sido entendido como un título de imputación de aplicación excepcional, que parte de la imposibilidad de resarcir un daño claramente antijurídico con fundamento en un régimen subjetivo de responsabilidad. En este sentido, resulta valiosa la referencia que nos aporta la jurisprudencia de esta corporación al decir:

“Esta teoría se aplica de manera excepcional y por equidad, precisamente porque es subsidiaria, de modo que ha de recurrirse a ella tan sólo en eventos en los que el caso concreto examinado no logre su encasillamiento dentro de los otros regímenes de responsabilidad y se aprecie por el sentenciador que esa ausencia de tipicidad, si así puede decirse, comporta vulneración injustificada del principio de equidad”(9).

“Aunque la situación a partir de la Constitución de 1991 ha cambiado radicalmente, el aparte trascrito resulta especialmente esclarecedor de los elementos que soportan la teoría del daño especial, ya que el mismo resalta claramente el papel que dentro del razonamiento jurídico realizado por el juez juega el principio de equidad. Es éste, y no otro elemento, el que conduce al juez a la convicción de que el daño que se causó es por esencia antijurídico; y que, por consiguiente, si no se encuentra fundamento a la reparación del mismo en la falla del servicio, debe buscarse en otro de los posibles regímenes de responsabilidad estatal.

“Lo dicho no debe entenderse como un reducto de arbitrariedad del juez, fruto exclusivo de su personal idea de justicia. Por el contrario, este tipo de razonamiento es el que se exige de todos y cada uno de los operadores jurídicos, quienes al momento de aplicar la ley deben permear su interpretación con los principios constitucionales vigentes dentro del sistema jurídico(10), sobre todo a partir de la entrada en rigor de la nueva Constitución, norma que incorpora los valores y principios como un elemento axial dentro de su estructura, algo que debe reflejarse en la concepción del derecho que tengan los operadores jurídicos que funcionan dentro del sistema.

“Lo expresado anteriormente se encuentra en sintonía con el entendimiento que ha presentado la Corte Constitucional, que al respecto consagró

la equidad —al hacer parte de ese momento de aplicación de la ley al caso concreto— permite una graduación atemperada en la distribución de cargas y beneficios a las partes. En este sentido, el operador, al decidir, tiene en cuenta no las prescripciones legales, sino los efectos concretos de su decisión entre las partes(11) (Subrayado dentro del texto de la sentencia).

“Esta es, precisamente, la esencia del daño especial, la injusticia material que se derivaría de seguir otro parámetro de responsabilidad estatal en un caso concreto, situación que impone sobre los hombros del juez el deber de excepcionar la aplicación del régimen general con el objeto de dejar actuar la justicia material que de sentido al Estado social de derecho.

“Esta aproximación sirve para reforzar la idea de que la equidad en ningún momento debe entenderse como consecuencia del arbitrio judicial; por el contrario, se trata de el uso de la discrecionalidad que permite –e incluso, en algunos casos exige- el ordenamiento para eventos en que la vía excepcional es la que cumple con el valor de justicia material que se busca(12).

“(…) De manera que la actuación en equidad se refiere a una particular decisión del juez, que excepciona la aplicación de la regla general en virtud a que sus resultados se denotan ante él como lejanos a la idea de justicia que se quiere desarrollar. Y precisamente, esta es la filosofía que ha inspirado a la jurisprudencia en los casos de aplicación del daño especial, la cual inició su desarrolló con la idea de evitar que la inexistencia de falla en el servicio conllevara a la consolidación de situaciones con un claro desequilibrio en las cargas que debían soportar los administrados.

“Como se anotó, la justicia material se concreta en los casos de daño especial en el objetivo de reequilibrar la asunción de cargas públicas, en virtud a que el perjuicio sufrido presenta características de excepcional y anormal. En otras palabras es un perjuicio que, desde la perspectiva del principio de igualdad frente a las cargas públicas, resulta considerablemente superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón del ejercicio de los poderes de actuación con que cuenta la administración”(13).

De allí que, en el caso sub examine el título de imputación es el daño especial, el cual se fundamenta en valores y principios constitucionales que han sido aplicados en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia de esta Corporación.

Ahora bien, puesto que se configuró un daño antijurídico que la parte demandante no tenía la obligación de soportar, ya que se le impuso una carga desigual respecto de la que asumen comúnmente los ciudadanos que se encuentran en su situación, se deben resarcir los perjuicios de allí derivados, en aplicación de los principios de igualdad y solidaridad.

Conforme a lo expuesto, se confirmará la declaratoria de responsabilidad, y a continuación se hará el análisis de la cuantificación de perjuicios, de conformidad con los puntos apelados, y en respeto del principio de la no reformatio in pejus.

3. De los perjuicios

3.1 Perjuicios materiales

En relación con los perjuicios materiales, la parte demandante solicitó en su libelo demandatorio que se le reconocieran $ 10.000.000, por concepto de lucro cesante, en razón del contrato de arrendamiento que se vio obligado a suscribir una vez destruida su casa. Y por daño emergente, la suma de $ 50.000.000, por la destrucción total de su morada y la pérdida de bienes y enseres.

El a quo concedió, en la modalidad de daño emergente, la suma de 36.738.008, con fundamento en el dictamen pericial practicado en el proceso (fls. 101-8 cdno. 2), según el cual la construcción de la nueva casa costaría $ 28.350.000, y la pérdida de los demás bienes ascendía a un valor de $ 3.536.000; sumas que fueron actualizadas por el Tribunal Administrativo.

Sobre estos valores, la Sala encuentra que se liquidaron de conformidad con la prueba pericial, la que tiene plena credibilidad por haberse practicado en debida forma y no haber sido objetada por la partes. Por esa razón, la suma será actualizada, de conformidad con la siguiente fórmula:

 

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En lo que corresponde al lucro cesante, el a quo reconoció $ 6.864.197, con motivo del contrato de arrendamiento que el actor debió suscribir, desde diciembre de 1998 hasta la fecha de la sentencia de primera instancia.

El recurrente objeta el término que cubrió la liquidación, pues el contrato de arrendamiento aportado (fl. 18 cdno. 1) consagra como plazo del contrato un año, y por tanto, la suma liquidada se ha debido reconocer con base en éste, y no en los cinco años comprendidos por la liquidación del Tribunal.

La Sala desestimará este argumento, comoquiera que, en primer lugar, los contratos de arrendamiento se entienden prorrogados automáticamente por el término inicialmente pactado si ninguna de las partes, antes de los 3 meses de su vencimiento, avisa por escrito a la otra su intención de darlo por concluido; cláusula de similar tenor que aparece en el contrato suscrito por el actor. En segundo lugar, se tiene que la señora Blanca Zorayda Trochez, arrendadora del demandante, manifestó en su declaración, rendida el 17 de enero de 2001, que el señor Mosquera en ese momento vivía en arrendamiento en su casa por la suma de ciento veinte mil pesos. Prueba que desvirtúa la pretensión del recurrente, pues, si el contrato hubiera terminado un año luego de suscrito, para la fecha de la declaración, el señor Mosquera no habría estado viviendo en esa casa, teniendo en cuenta que la vigencia del contrato inició el 1º de diciembre de 1998. Finalmente, es claro que el actor ha sufrido ese perjuicio material, toda vez que su vivienda quedó totalmente destruida, hecho que lo obligaba a seguir pagando un canon de arrendamiento.

En ese orden de ideas, la Sala se limitará a actualizar la suma reconocida por el a quo por concepto de lucro cesante, ya que el demandado es apelante único, lo que impide realizar una liquidación desde la firma del contrato hasta la fecha de esta providencia, y se hará de conformidad con la siguiente fórmula:

 

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase la sentencia del 24 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, la cual quedará así:

1. Declárase patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional-, de los perjuicios sufridos por Ramón Aldemiro Mosquera, con ocasión de la destrucción de su vivienda, en los hechos sucedidos el 27 de noviembre de 1998 y 8 de junio de 1999, en los términos de esta providencia.

2. Condénase a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional- a pagar, por concepto de perjuicios materiales (daño emergente), a favor de Ramón Aldemiro Mosquera la suma de cincuenta y ocho millones ochenta y nueve mil doscientos doce pesos con sesenta y cuatro centavos ($ 58.089.212,64.)

3. Condénase a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional- a pagar, por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante), a favor de Ramón Aldemiro Mosquera la suma diez millones ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noevnta y cinco pesos con treinta y cinco centavos ($ 10.853.495,35.)

4. Sin costas.

5. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás-Ramón, curso de derecho Administrativo, t. II, ed. Civitas, Madrid, 1999, p. 369.

(2) Lo expuesto es soportado por los aportes que numerosos autores han realizado al tema de la responsabilidad, de los que constituye un buen ejemplo el tratadista Vázquez Ferreyra, quien escribió:

“Insistimos en señalar que los factores objetivos de atribución constituyen un catálogo abierto sujeto a la expansión. Por ello la mención sólo puede ser enunciativa. Al principio sólo se mencionaba el riesgo creado; un análisis posterior desprendido del perjuicio subjetivista permitió vislumbrar a la equidad y la garantía. Hoy conocemos también otros factores, como la igualdad ante las cargas públicas, que es de creación netamente jurisprudencial” —subrayado fuera de texto—.

Vázquez Ferreyra Roberto A., Responsabilidad por daños (elementos), Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 197.

(3) En la ya mencionada sentencia del Consejo de Estado, de julio 27 de 1947. C.P. Gustavo A. Valbuena.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 5502, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, 1º de agosto de 1991.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 6097, C.P. Julio César Uribe Acosta, 20 de marzo de 1992.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 6110, C.P. Policarpo Castillo Dávila, sentencia de 24 de abril de 1991.

(7) En donde resulta especialmente enunciativo un párrafo de dicha providencia, que se trascribe “No puede perderse de vista que de no hacerse responsable a la Nación colombiana, como se enuncia en el párrafo anterior, bien, aplicando el principio de responsabilidad por daño especial, ora siguiendo las enseñanzas de quienes abogan por la responsabilidad originada en el desequilibrio o rompimiento de las cargas públicas (o desigualdad de los ciudadanos ante la ley), o, por último, como lo entiende esta Sala, según la teoría de la “lesión” al patrimonio de administrado, se desconocería la noción de equidad”.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 7716, C.P. Julio César Uribe Acosta, 17 de junio de 1993.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 4655, C.P. Dr. Antonio José Irisarri Restrepo, en extractos de jurisprudencia del Consejo de Estado, primer trimestre de 1989, t. III, Publicaciones Caja Agraria, Bogotá, pp. 249 y 250.

(10) Exigencia que se deriva de la idea de “sistema” del ordenamiento jurídico, es decir, de cuerpo único y armónico de normas jurídicas, que se relacionan con base en reglas de jerarquía, competencia y vigencia. Es esta la base del principio de hermenéutica conforme a la Constitución, que exige la interpretación y aplicación de las normas infraconstitucionales con armonía y estricta observancia de los preceptos constitucionales. En este sentido Corte Constitucional se ha referido al principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución, entre otras en la Sentencia C-070 de 1996 y C-038 de 2006.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-1547 de 2000, M.P.(e) Cristina Pardo Schlesinger, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil.

(12) “Porque la equidad no es fuente del derecho, sino medio de determinación del derecho justo”, como sabiamente lo ha enseñado Entrena Klett Carlos María, La equidad y el arte de juzgar, Ed. Aranzadi, 2ª Ed., Navarra, 1990, p. 23.

(13) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 3 de mayo de 2007, expediente 16.696. C.P. Enrique Gil Botero.