Sentencia 1999-00971 de mayo 23 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 52001-23-31-000-1999-00971-01(24804)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Aura Inés Mera Rodríguez y otros

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., mayo veintitrés de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia, comoquiera que se trata del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida en primera instancia(3) por el Tribunal Administrativo de Nariño.

2. Caducidad de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que habría dado origen a la presunta responsabilidad del ente demandado, dado que las circunstancias fácticas alegadas en la demanda ocurrieron el 18 de noviembre de 1998 (fl. 248 c. 1) y la referida demanda se formuló el 24 de septiembre del año 1999 (fl. 1 c. 1).

3. Objeto del recurso de apelación.

Para la parte demandada el tribunal a quo no debió reconocer los perjuicios morales al señor Marlon Alberto Córdoba Mera, puesto que en relación con los hermanos mayores de la víctima este perjuicio no se presume, sino que debe acreditarse, situación que no habría ocurrido en el presente caso.

De igual forma indicó que no había lugar tampoco a la indemnización reconocida a la víctima directa de los hechos que se debaten en esta oportunidad, dado que la institución demandada había reconocido una indemnización por la incapacidad laboral adquirida, situación que desvirtuaba que el señor Fabio Francisco Córdoba Mera hubiere sufrido un “detrimento patrimonial de sus ingresos”.

No obstante las imprecisiones incurridas por el demandado en su impugnación, en especial aquella según la cual dicha parte parecería controvertir el reconocimiento de una indemnización por concepto de perjuicios materiales a favor del señor Fabio Francisco Córdoba Mera, cuando lo cierto es que en la sentencia de primera instancia solo se condenó a la entidad demandada al pago de perjuicios morales, esta subsección, acudiendo a la labor interpretativa que le corresponde al juez y con el fin de resolver la totalidad de los extremos de la litis, procederá al análisis de los siguientes aspectos: i) incidencia de las sumas que la entidad demandada reconoce a título de prestaciones sociales respecto del análisis de la responsabilidad del Estado, y ii) si estuvo ajustada a derecho la decisión del tribunal a quo de reconocerle perjuicios morales al señor Marlon Alberto Córdoba Mera, en su calidad de hermano mayor de la víctima.

Cabe aclarar que si bien el escrito de alegaciones finales presentado por la parte demandante estuvo encaminado a controvertir las decisiones proferidas en primera instancia, en el sentido de considerar que estaban acreditados los perjuicios materiales y fisiológicos que fueron negados en aquella providencia, es decir, el mencionado escrito, sin duda, tiene las características de un verdadero recurso de apelación, lo cierto es que, como se expuso con anterioridad, mediante auto del 18 de junio de 2003, el magistrado ponente de la época declaró desierta la impugnación que en su momento había formulado la parte actora, decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno, motivo por el cual, en el presente caso, solo hay lugar a estudiar las razones de inconformidad expuestas por la entidad demandada.

3.1. Incidencia de las sumas que la entidad demandada reconoce a título de prestaciones sociales respecto del análisis de la responsabilidad del Estado cuando se trata de daños sufridos por conscriptos.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido de manera reiterada que la indemnización que se llegare a reconocer cuando se encuentren probados los elementos que configuran la responsabilidad del Estado cuando se trata de daños causados a conscriptos, difiere o no se asimila a aquellos montos prefijados que por mandato legal reconoce la misma entidad demandada por concepto de prestaciones sociales, por la sola circunstancia de que la víctima pertenezca a la Fuerzas Militares y sufra un daño mientras presta su servicio, habida consideración de que estas últimas no tienen carácter indemnizatorio, puesto que se otorgan al margen de que el daño sea o no imputable al Estado(4).

Al respecto ha señalado:

“La jurisprudencia de la Sala ha precisado en distintas oportunidades el régimen de responsabilidad aplicable a los eventos de daños causados a los soldados que prestan el servicio militar en calidad de conscriptos, es decir, aquellos que son reclutados de manera obligatoria (soldados regulares, bachilleres, campesinos etc.)(5) que se diferencia del régimen jurídico aplicable por los daños causados al personal de la fuerza pública y de los organismos de defensa y seguridad del Estado que ingresan de manera voluntaria (personal de soldados voluntarios y profesionales, suboficiales y oficiales, personal de agentes de la Policía Nacional, detectives del DAS, entre otros)(6).

En efecto, de tiempo atrás ha analizado la responsabilidad respecto de los conscriptos bajo el régimen objetivo del daño especial, determinado, por dos situaciones que deben concurrir:(7) en primer lugar, por el rompimiento del equilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas que se genera al ser incorporados, por mandato constitucional(8) en los términos(9) y salvo las excepciones consagradas por la ley, a prestar el servicio militar de manera obligatoria, pese a que no todos los asociados están llamados a soportar tal situación y, en segundo lugar, por las mayores contingencias a las que están sometidos en relación con los demás miembros de la sociedad, por consiguiente, cuando sufren desmedro físico o fallecen por razón del servicio, el Estado asume la obligación de reparar todos los daños antijurídicos que se causen con ocasión del mismo, pues el conscripto solo está obligado a soportar la restricción relativa de los derechos y libertades que resultan inherentes del ejercicio de la actividad militar. La anterior situación no se genera, en principio, con el segundo grupo, es decir, con el personal de las Fuerzas Armadas que se vincula de manera voluntaria en virtud de una relación legal y reglamentaria, como sucede, por vía de ejemplo, con el personal de soldados voluntarios, soldados profesionales, suboficiales y oficiales, porque al elegir su oficio consienten su incorporación y asumen los riesgos inherentes al mismo, a su turno, la entidad estatal brinda la instrucción y el entrenamiento necesario para el adecuado desempeño de sus funciones, por consiguiente, si se concreta el riesgo que voluntariamente asumieron se genera la llamada por la doctrina francesa indemnización a forfait(10)(11) de manera que, en principio, para que la responsabilidad estatal surja en este tipo de eventos, además del riesgo inherente a la profesión debe ocurrir un hecho anormal generador de un daño que no se está obligado a soportar, evento en el cual surge el derecho a reclamar una indemnización plena y complementaria a la que surge de la esfera prestacional, bajo el régimen general de la responsabilidad de la administración, con las connotaciones propias en relación con los elementos estructurales y las causas extrañas enervantes del fenómeno jurídico. Es de anotar que la Sala ha precisado que la “indemnización a forfait” y la indemnización plena no son, en principio, excluyentes entre sí, porque la primera tiene una causa legal, lo cual implica que debe pagarse de manera independiente a que la responsabilidad de la administración se halle o no comprometida por la ocurrencia de los hechos, en tanto la segunda tiene origen en la responsabilidad misma, proveniente del daño antijurídico que no está obligado a soportar el administrado(12).

No obstante, en el caso de los conscriptos, cuando el daño tiene origen en irregularidades en la actividad de la administración, el análisis debe efectuarse a la luz del régimen general de responsabilidad civil extracontractual del Estado —falla en la prestación del servicio— y, en caso de no hallarse estructurada esta, deberá acudirse a los demás regímenes para efectuar el correspondiente estudio”(13) (se resalta).

Así las cosas, independientemente de que en el presente asunto se hubiere reconocido el pago de suma alguna a la víctima directa del daño alegado por concepto de prestaciones sociales, en la medida en que, se reitera, este tipo de reconocimientos tienen una fuente distinta a aquella en la cual se fundamenta el análisis de la responsabilidad de Estado por los daños ocasionados a los conscriptos, debe concluirse que la indemnización reconocida por el tribunal a quo, no resulta excluyente con el monto que hubiere pagado la entidad demandada, por tanto, no hay lugar a descontar de la suma a la cual se condenó a la Policía Nacional en favor del señor Fabio Francisco Córdoba Mera, el monto que hubiere reconocido dicha entidad por concepto de prestaciones sociales.

Con todo, aún en el evento en que se llegare a concluir que tanto el reconocimiento que realice la entidad demandada a título de prestaciones sociales, tuviere igual origen o fundamento respecto de la indemnización que se reconoce en la jurisdicción contencioso administrativa por concepto de los daños imputables al Estado por los daños ocasionados a conscriptos, en el presente caso tampoco habría lugar a realizar el referido descuento, comoquiera que el pago prefijado y preestablecido previsto en la ley a cargo de la entidad demandada, se efectúa con fundamento, únicamente, en el tipo de lesión o enfermedad sufrida y en la gravedad de la misma, de manera que no tiene en cuenta, para nada, la angustia, la congoja, el sufrimiento, en fin, las aflicciones morales que sufre la víctima con el daño padecido, razón por la cual, en la medida en que el reconocimiento que en este sentido se hace no se fundamenta en el perjuicio moral sufrido por la víctima directa del daño, la indemnización que en este sentido y por este concepto llegare a establecerse en un proceso de responsabilidad que se adelante en esta jurisdicción —como ocurrió en este caso—, tampoco da lugar a descuento alguno.

En consecuencia, el cargo objeto del presente análisis, formulado por el ente demandado debe despacharse desfavorablemente.

3.2. La procedencia del reconocimiento de perjuicios morales a favor de los hermanos mayores de la víctima.

Para el demandado el tribunal a quo no debió reconocer suma alguna a favor del señor Marlon Alberto Córdoba Mera, por concepto de perjuicios morales, comoquiera que de conformidad con la jurisprudencia respecto de los hermanos mayores de la víctima no opera la presunción de ocurrencia de perjuicios morales cuando se trata de los familiares cercanos a la víctima, de manera que existía la necesidad de que se probara este tipo de perjuicio, situación que no habría ocurrido en el presente caso.

Si bien en un primer momento la jurisprudencia de esta corporación exigía que los hermanos mayores de la víctima probaran la ocurrencia de los perjuicios morales alegados, dado que frente a ellos no operaba la presunción antes anotada, lo cierto es que la jurisprudencia actual del Consejo de Estado no hace distinción entre la edad de los hermanos de la víctima para que sean cobijados por la referida presunción. Al respecto la Sala ha dicho:

“Reclama el recurrente demandante, que sean reconocidos y decretados a favor de las hermanas de la señora Blanca Dolly Salazar Ramírez, pues la tendencia jurisprudencial, es que este daño se presume para los familiares cercanos, sin que tenga relevancia la edad de estos.

En efecto, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión —esta última sin importar que sea grave o leve, distinción que no tiene justificación práctica y teórica alguna para efectos de la presunción del perjuicio, sino, por el contrario se relaciona con el grado de intensidad en que se sufre—, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(14), debe presumirse, que el peticionario los ha padecido”(15).

Así las cosas, dado que la aplicación de la mencionada presunción opera en relación de los parientes más cercanos de la víctima, entre ellos los hermanos, incluso cuando estos sean mayores de edad, esta Subsección confirmará la decisión preferida por el tribunal a quo consistente en el reconocimiento de perjuicios morales a favor del señor Marlon Alberto Córdoba Mera, comoquiera que obra en el proceso el registro civil de nacimiento por medio del cual se acreditó su parentesco(16).

4. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 21 de febrero de 2003, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) La cuantía del proceso supera la exigida para que esta corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa de conformidad con el Decreto 597 de 1988 —$ 18’850.000—, teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el año 1999 y la cuantía del proceso se estimó en la suma de $ 68’136.000.

(4) Consejo de Estado. Sentencia del 1º de marzo de 2006. Expediente 13887. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(5) Artículo 13 de la Ley 48 de 1993: El gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio.

“ART. 13.—Modalidades prestación servicio militar obligatorio.

“El gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio.

“Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar:

a. Como soldado regular, de 18 a 24 meses;

b. Como soldado bachiller, durante 12 meses;

c. Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses;

d. Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses.

“PAR. 1º—Los soldados, en especial los bachilleres, además de su formación militar y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados a la realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica.

“PAR. 2º—Los soldados campesinos prestarán su servicio militar obligatorio en la zona geográfica donde residen. El Gobierno Nacional organizará tal servicio tomando en cuenta su preparación académica y oficio.

(6) Entre otras, sentencia proferida dentro del Radicado 12.799.

(7) Sentencia proferida el 23 de abril de 2008, Expediente 15720.

(8) Artículo 216 de la Constitución Política.

(9) Artículo 3º de la Ley 48 de 1993.

(10) Michel Paillet. La responsabilidad administrativa. Año 2001. Traducción: Jesús María Carrillo Ballesteros. Universidad Externado de Colombia.

(11) A este respecto en sentencia de fecha 3 de mayo de 2007, Radicación 16200, la Sala precisó:

“… El mismo ordenamiento jurídico, se ha encargado de establecer un régimen prestacional de naturaleza especial, que reconozca esa circunstancia de riesgo connatural a las actividades que deben desarrollar estos servidores públicos, cuandoquiera que resulten lesionados o muertos en razón y con ocasión del cumplimiento de sus funciones, por lo cual se puede afirmar que, desde este punto de vista, los miembros de tales instituciones se hallan amparados de un modo que generalmente excede el común régimen prestacional de los demás servidores públicos, en consideración al riesgo especial que implica el ejercicio de las funciones a su cargo…”.

(12) Sentencia de marzo 1º de 2006, Expediente 14002 y sentencia del 30 de agosto de 2007, Expediente 15724.

(13) Consejo de Estado. Sentencia del 25 de febrero de 2009, Expediente 15793, M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(14) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

“El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

“(…)”.

(15) Consejo de Estado. Sentencia del 1º de octubre de 2008, Expediente 27268, M.P. Enrique Gil Botero, entre muchas otras providencias.

(16) Folios 16 y 17 cuaderno 1.