Sentencia 1999-00972 de noviembre 26 de 2014 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 760012331000199900972-01 (31.511)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera 

Actor: Dora Lilia Gutiérrez Ramírez y otros

Demandado: Municipio de La Victoria

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veintiséis de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones:

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes y la llamada en garantía contra la sentencia del 13 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda, esto es, $159'000.000, solicitada en favor de la señora Dora Lilia Gutiérrez Ramírez, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de la interposición del recurso (Decreto 597 de 1998)(1), para que el proceso se considere de doble instancia.

2. El ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

Es menester precisar que, de conformidad con el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Pues bien, en el presente asunto se tiene que el daño cuya indemnización se reclama ocurrió el 1º de agosto de 1998, de manera que a partir de esa fecha debe iniciarse el cómputo de la caducidad de la acción; así, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 4 de febrero de 1999, puede concluirse que esta se promovió dentro del término previsto por la ley.

3. Pruebas. 

1. Copia auténtica del registro civil de defunción, expedido por la Registraduría del Estado Civil de Cartago (Valle), en el que se indica que el señor Hildofrey Soto Ramírez falleció el 1º de agosto de 1998, en ese municipio, por “MUERTE VIOLENTA” (fl. 10 cdno. 2).

2. Copia auténtica del Decreto 024 de 2001 de 5 de marzo de 2001. “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN UNAS RESTRICCIONES PARA EL TRÁNSITO DE MOTOCICLETAS”, mediante el cual el Alcalde del municipio de Cartago (Valle del Cauca) prohibió dentro del perímetro urbano de esa ciudad y del sector poblado de sus corregimientos, el tránsito de motocicletas entre las 23:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente, así como también prohibió el parrillero de sexo masculino desde las 18:00 horas hasta las 23:00 horas del mismo día (fls. 55 y 56 cdno. 3).

3. Oficio de 13 de junio de 2001, mediante el cual el Hospital Regional Sagrado Corazón de Jesús de Cartago le informó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que el señor Hildofrey Soto Ramírez fue atendida en el servicio de urgencias de esa institución “el 31 de julio de 1998” (sic) y que falleció en un accidente de tránsito (fl. 1 cdno. 5).

4. Oficio 234 del 11 de junio de 2001, mediante el cual la Alcaldesa del municipio de La Victoria (Valle) le informó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que el señor Silvio Gómez López trabajó en ese municipio como conductor desde el 17 de julio de 1995 hasta el 15 de agosto de 1998, que el 31 de julio de este mismo año el señor Gómez López llevó al Alcalde y al Secretario de Gobierno a la hacienda el Empedrado, con el fin de cumplir una cita de trabajo que tenían con el Ministro de Hacienda y que la camioneta Toyota Hilux, color verde, modelo 1998, de placas OPQ-002 pertenece a ese municipio (fl. 2 cdno. 4).

5. Certificación de 6 de junio de 2001, en la que la Secretaría de Tránsito Municipal de la Unión (Valle) indicó que la camioneta Toyota Hilux, modelo 1998, color verde arrecife y placas OPQ 002 pertenece al municipio de La Victoria y es de servicio oficial (fl. 4 cdno. 4).

6. Testimonio del agente de policía Orlando de Jesús Valencia Otálvaro, quien, respecto del accidente de tránsito en el que falleció el señor Hildofrey Soto Ramírez. señaló (se transcribe tal cual obra en el expediente, inclusive los errores):

“… me llamaron por radio que me trasladara hacia la bomba Coracolí, más exactamente hacia la bomba de Pacho Pacha, entonces yo me trasladé allá, cuando iba hacia el lugar del accidente oí que por radio decían que el vehículo que había atropellado al motociclista había huido del lugar de los hechos, entonces de la central llamaron a Zaragoza para que lo pararan, entonces cuando yo llegué al lugar donde ocurrió el accidente encontré una moto debajo de una mula y un Stop en la vía y pedazos del carro, regados ahí en la vía y cuando por radio dijeron otra vez que el carro no quizo parar en Zaragoza, entonces llamaron a vahia Ochoa, entonces allá tuvieron que atravezarle un carro o una mula para poderlo parar, lo pararon allá en cruces y yo me puse o adelantar el coquiz y estaba ahí terminado cuando llegue al lugar de los hechos ya el muchacho que estaba herido lo habían sacado y se lo habían llevado para el hospital y cuando terminé de elaborar el croquis llegaron llegó la patrulla de bahia ocho con una camioneta Hawiluc, una camioneta de esa, con unos señores ahí y en el carro venía el Alcalde de La Victoria, el Alcalde de la Victoria como que lo traían era en una patrulla (...) Cuando yo llegué al lugar de los hechos encontré la motov incrustada en las patas que tienen los trailes de la mula, para pararlas cuando las desenganchan para que queden aradas las mulas, estaba ahi incrustada la moto en esos ganchos debajo de la mula. PREGUNTADO: Teniendo en cuenta que usted fue la persona encargado de elaborar el croquis del accidente ocurrido el primero de Agosto de 1998, al parecer como fue el accidente? CONTESTO: Como fueron las circunstancias del golpe, como quedó la moto y todo esa el muchacha biene desde Zaragoza hacia Cartago en la Moto y el vehículo venía de Cartago hacia Obando y a la altura más a menos de la bomba a Pacha Pacha, a bomba Caracolí, el señor de la camioneta viró hacia la izquierda hacia el restaurante, en esas venía el muchacho y le dió a la trompa del vehículo, al lado izquierdo me parece que fue, cayéndose el muchacho y se fue resbalao la moto ubicándose debajo de la mula (...) PREGUNTADO: Sabe usted cómo se enteró la policía de la ocurrencia del accidente por el cual usted ocurrió al lugar? CONTESTO: Que un señor taxista llamó a la central informando del accidente y del vehículo con el cual se había estrellado la moto y que el vehículo se había ido del lugar de los hechos y este señor dio la placa del vehículo y las características del carro y a mí me llamó de la central que queda ahí en el cuartel de la Policía (...) PREGUNTADO: Recuerda Usted si el conductor de la Camioneta estaba en condiciones normales o por el contrario se encontraba en estado de alicoramiento? CONTESTO: Si se encontraba en estado de alicoramiento porque se le sentía el olor a alcohol y por eso fue que se hizo tomar el examen de alcoholemia (...) PREGUNTADO: la tractomula, en el momento en que usted llegó se encontraba estacionada en un lugar permitido o prohibido? CONTESTO: Ahí ellos parquean esas muchas y seguro ellos tienen eso permitido ahí porque ellos las cuidan los pisteros de la bomba, como eso tiene un espacio ancho ahí, eso es fuera de la calzada (...) PREGUNTADO: Recuerda usted el estado de los acompañantes del conductor que viajaban en la camioneta? CONTESTO: Pues si, venían alicorados todos (...) PREGUNTADO: Manifieste al despacho si usted tuvo conocimiento que el señor Hidolfredy Soto Ramírez que se accidentó el primero de Agosto de 1998, tenia chaleco reflectivo o casco? CONTESTO: En el momento que yo llegué al lugar del accidente ya al muchacho se lo habían llevado del lugar de los hechos, no se si traía casco o chaleco, yo no lo ví a él y ahí no había nada en ese momento (...) PREGUNTADO: Para el día primero de Agosto de 1998, cuales eran los requisitos que se les exigían si usted lo recuerda a los conductores de motos, para conducir estos vehículos? CONTESTO: Aquí en Cartago, no mas era el casco” (sic) (fls. 12 a 14 cdno. 4).

7. Testimonio del señor Jesús Augusto Mejía López, quien en la declaración que rindió ante el Juzgado Civil del Circuito de Cartago, por comisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, señaló (se transcribe tal cual obra en el proceso):

“Ese día me desplazaba por la 10 llegando al romboy, ecuche un impacto muy fuerte, y vi meterse debajo de una tractomula, y un carro hizo un giro en la estación e servicio y cogío para Zaragoza, de inmediato el señor al caer se levantó el polvo y otro carro paro un taxi, cuando yo llegue al sitio el taxista había montado al Sr. al carro y se lo llevo para el hospital yo 11'1-:: quede allí todo el tiempo hasta que llegara la policía, hicieron o mejor tomo notas y esperamos a que trajeran el carro que se había volado, porque un policía encontró la farola izquierda en la calzada. Luego el taxista regreso y el policía le tomo unos datos (...) PREGUNTADO. Si usted dice que los vehículos ivan en sentidos contrarios, por que se presentó la colisión, de los dos vehículos. CONTESTO. El carro hace un giro hacia la izquierda no se por que motivo, no se si iva o arrimar a Pacho Pacho, cuando el impacto (...) PREGUNTADO: Usted ha dicho que vio al motociclista antes de que colisionara, dígale al juzgado si este llevaba casco o no. CONSTESTO. No yo no le ví casco. PREGUNTADO. Donde quedo la moto despúes de que se produjo el choque que usted afirma en esta diligencia haber ocurrido. CONTESTO. Debajo del tráiler de la tractomula. PREGUNTADO. Digale al Juzgado, donde se encontraba la tractomula a la que Usted se refiere en su pregunta anterior, y si estaba en funcionamiento. CONTESTO. Estaba estacionada al frente de la móvil, osea después de la berma, así estacionada al lado derecho, la parte de atrás mirando hacia Zaragoza y el frente hacia Cartago (…) PREGUNTADO. Ha dicho Usted que cuando llegó al lugar de los hechos estaban subiendo al conductor de la motocicleta a un taxi. Dígale al Juzgado si en el suelo quedo un casco que llevará el motociclista. CONTESTO. Yo no vi casco por ninguna parte (...) lo que yo escuche fue el ·Impacto, luego vi el Sr. de la moto rodando, yo mire cuando el Sr. del carro hizo un giro extraño, luego escuche el golpe y dije hay juemadre (...) PREGUNTADO. Ha afirmado Usted en respuesta anterior, que la camioneta hizo un giro extraño y que luego se presentó la colisión, podría decirnos hacia que lado hizo el giro la camioneta. CONTESTO. Hizo el giro hacia el lado izquierdo, la camioneta iva Cartago Zaragoza, yo ví el giro (...) PREGUNTADO. Cuando llego Usted al sitio exacto del accidente, observa elementos o pedazos de vidrios de parte del vehículo o de lo motocicleta. CONTESTO. del vehículo solo estaba ese pedazo de farola, y de la moto los pedazos de direccional y pedazos de la farola. PREGUNTADO. Podría Usted especificarnos, en que carril o en que lugar quedaron esos elementos que usted menciona. CONTESTO. Quedaron en el carril del motociclista. La farola del carro queda en la calzada la verma y el tierrero que había allí (...)” (fls. 28 y 29 vto. cdno. 4).

8. Además de las pruebas aportadas al plenario con el escrito de la demanda, los actores solicitaron el traslado del proceso penal que se adelantó con ocasión de la muerte del señor Hildofrey Soto Ramírez, petición que fue coadyuvada por el municipio demandado (fls. 47 y 82 cdno. 2).

La mencionada prueba trasladada fue decretada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en auto de 24 de agosto de 2000 [fls. 124 a 128 cdno. 2) y el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Distrito Judicial de Buga, mediante oficio 193 de 29 de enero de 2002, allegó al plenario copia auténtica del proceso penal que se adelantó contra el señor Silvio Gómez López por el homicidio culposo en accidente de tránsito del señor Hildofrey Soto Ramírez [fls. 110 a 522 cdno. 4)

En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado, en otras ocasiones, que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán valorase en el proceso contencioso administrativo(2). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque formalidades legales para su inadmisión(3).

En el presente asunto, como el traslado de las pruebas de los mencionados procesos fue coadyuvado por la entidad demandada y las mismas obran en copia auténtica, no hay inconveniente alguno para que puedan ser valoradas.

Las pruebas que se trasladan del proceso penal son:

8.1. Acta de inspección de cadáver 0029 URI de 1º de agosto de 1998, mediante la cual el Fiscal 20 de la Unidad de Reacción Inmediata señaló que a las 2 y 45 de la mañana, aproximadamente, a la Sala de urgencias del hospital Sagrado Corazón de Jesús de Cartago, ingresó sin signos vitales el señor Hildofrey Soto Ramírez, quien falleció como consecuencia de un accidente de tránsito y que el sindicado de su homicidio era el señor Silvio Gómez López (fls. 112 a 114, cdno. 4).

8.2. Protocolo de necropsia 100-98, del 2 de agosto de 1998, en el que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Occidente, Seccional Risaralda y Norte del Valle, Unidad Local Cartago Valle señaló que el señor Hildofrey Soto Ramírez falleció por “choque neurogénico secundario a contusión cerebral hemorrágica severa y fractura abierta de cráneo de origen contundente en Accidente de Tránsito” (fls. 141y 142 vto. cdno. 4).

8.3. Prueba de alcoholemia del cadáver del señor Hildofrey Soto Ramírez, en la que se indica que éste tenía una concentración de diecisiete miligramos de etanol por cien mililitros de sangre (17mg/100ml) (fl. 171 cdno. 4).

8.4. Prueba de alcoholemia del señor Silvio Gómez López, en la que se consignó que éste tenía uno concentración de ciento treinta y dos miligramos de etanol por cien mililitros de sangre (132mg/100ml) (fl. 107 cdno.4).

8.5. Informe de “Accidente de Tránsito con Muerto”, de 1 de agosto de 1998, que el agente de policía Orlando de Jesús Valencia Otálvaro le presentó a la Fiscalía 15 Seccional de Cartago, en el que señaló (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“HECHOS: Estos se presentaron el lugar y hora señalados cuando el conductor del vehículo Nro. 1 moto, transitaba por la vía variante en dirección de sur-norte hacia la ciudad de Cartago, y el vehiculo Nro. 2 Camioneta Toyota, transitaba por la Calle 10 variante en sentido norte-sur hacia el municipio de Obando y a la altura exacta frente al restaurante Pacho Pacho donde colisionaron la moto y la camioneta y la moto se fue resbalada 8 metros aproximadamente llendo a parar debajo de una Tractomula que se encontraba parqueada al frente de la bomba de combustible de Caracolí. tractomula marca Kembort, color blanca y roja de placas XGJ 964 afiliada a la Empresa de HERNÁN RAMÍREZ Y MACIA LTDA. con tráiler rojo de carpa negra Nro. RO-1426 el cual el señor HILDOFREM SOTO RAMÍREZ conductor de la moto, fue a parar contra las patas del tráiler en mención causándole las lesiones antes mencionadas.

El vehículo Toyota Hailux colisionó contra lo moto huyendo del lugar de los hechos sin hacer caso omiso al personal uniformado de la policía de la sub-estación de Zaragoza y posteriormente siendo retenidos e inmovilizado el vehículo en el puesto de control de policía de creces por el personal de ese Retén que relaciono así: …

“LA VÍA: Es amplia, asfaltada, con vermas, buena señalización visual, buena visibilidad sin huecos, es recta, plana - buena iluminación (...)” (fls. 15 y 16 cdno. 4).

8.6. Croquis del accidente de tránsito, en el que el mencionado agente consignó (se transcribe tal cual obra en el proceso):

“GRAVEDAD: Con muertos

“3. CLASE: Choque

“4. LUGAR: Calle 10 con karrera 14 con variante

“5. FECHA Y HORA: 01-08-98 hora ocurrencia: 02:15

“(...)

“6.1. AREA: RURAL

“6.5. TIEMPO: NORMAL

“(...)

“7. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

“7.1. RECTA, PLANA CON BERMAS en los dos carriles

“7.2. Utilización: Doble sentido

“(...)

“7.4. CARRILES: 2

“(...)

“7.6. ESTADO: Bueno 1 y 2

“7.7. CONDICIONES: Seca 1 y 2

“7.8. ILUMINACIÓN: A. CON 1 y 2, B: BUENA 1 y 2

“12. CAUSAS PROBABLES: VEHÍCULO Nº 1 No se le pudo tomar versión al conductor de la moto por su estado critico.

“VEHÍCULO Nº 2 yo vengo de Cartago por la calle 10 y vamos a Rimar a D Pacho pacho coloco la direccional cuando yo siento que algo me soba y yo me meto y me Entro y mire a los lados y vi que no Había Nada dimos la vuelta y seguimos hacia la victoria asta que me detuvieron en cruser.

“14. ANEXOS: Nota el vehículo camioneta Toyota no se dibujo en el croquis por que Este Huyo del lugar de los Echos. Ciendo capturados en cruser (...) (fls. 17 y 18 cdno. 4).

8.7. Resolución 0103 de 18 de agosto de 1998, mediante la cual la Fiscalía 36 de Cartago (Valle) le impuso al señor Silvio Gómez López medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva por el delito de homicidio culposo del señor Hildofrey Soto Ramírez (fls. 157 a 165 cdno. 4).

8.8. Copia auténtica de la Resolución de 16 de diciembre de 1998, mediante la cual la Fiscalía 17 Seccional de Cartago profirió resolución de acusación en contra del señor Silvio Gómez López por considerarlo responsable del delito de homicidio culposo (fls. 319 a 336 cdno. 4).

8.9. Copia auténtica de la sentencia de 9 de agosto de 1999, en la que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago condenó al señor Silvio Gómez Lopez, por considerarlo autor del homicidio culposo en accidente de tránsito del señor Hildofrey Soto Ramírez, a 28 meses de prisión y a pagar, por concepto de perjuicios materiales y morales, la suma de $6'500.000 y 500 gramos de oro, respectivamente, en favor del señor Jhon Jairo Soto Pérez (fls. 437 o 459 cdno. 4).

En dicha sentencia el a quo señaló (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Después del estudio no sólo minucioso sino además ponderado como critico a todas las piezas procesales que integran este expediente se saca en claro que la causa y razón para darse tal colisión la madrugada del 1º de agosto de 1998 radica en la forma de conducción por la manera como es guiada la camioneta Toyota de servicio oficial por parte de su conductor Silvio Gómez López, o tal conclusión se llega dado que en momento alguno fenómenos físicos naturales, mal estado de la vía falta de iluminación o fallas mecánicas aparecen mencionadas

(…)

“… la fotografía Nº 08 permite no sólo ilustrar sino definir el que la colisión, el impacto entre los dos vehículos protagonistas del accidente de tránsito no pudo suscitarse de frente como lo afirman el grupo de personas que se transportaban en la Toyota (sindicado y sus dos acompañantes). Apenas natural que si ambos vehículos transitaban correctamente por sus vías y en sentido contrario no se habría dado choque alguno pero como el proceso penal indica que tales vehículos se impactan y dejan como consecuencia la pérdida de una vida, pues obvio que por falta de una diligente conducción, por razones humanas que da tan nefasto evento (...).

“... No se requiere de mayores disquisiciones para demostrar que debido a una falta de cuidado es que se origina tal impacto, obvio que al obstaculizarse la vía al motociclista resulta dándose la colisión y es de tal magnitud ello que arrancó de un todo farola y luz media del carro y es en el instante que pasaba el motociclista cuando Silvio Gómez López dirige el vehículo que conducía hacia la otra calzada produciendo resultados consabidos. Así haya negado que no cruzó el carro hacia el otro carril, las pruebas legítimamente allegadas dicen lo contrario y es gracias al agente de policía Marco de Jesús Pérez Muñoz, como supo la justicia, la Fiscalía de que don Silvio debía pasar y parar en el lugar de festejos Pacho-Pacho, aspecto que no relatara el investigado al rendir su indagatoria (...)

“… Por lo demás el consumo de licor se dio tanto en conductor como en sus compañeros, es un factor que incide seriamente en este caso de tránsito puesto que el alcohol merma notoriamente la capacidad motora y sensora haciendo perder el dominio sobre los sentidos y en el caso Sub-judice al perderse por un instante la debida atención hacia la carretera, por haberse dado un leve descuido es que se produce la colisión al vehículo que venía en sentido contrario y aquella falta de previsión que demandaba la conducción del carro es lo que hace responsable judicialmente hallando al empleado oficial Silvio Gómez López, el dictamen oficial indica que la concentración de etanol estaba en una concentración por cien milímetros de sangre” (fls. 437 a 459 cdno. 4).

8.10. Copia auténtica de la providencia de 14 de agosto de 2000, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga a confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago. En dicha providencia el ad quem señaló (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Es entonces cierto y categórico que hicieron uso de la calzada en forma impropia y que por ella viajaba con pleno derecho quien fue víctima. Aceptarlo hubiese sido casi confesar el hecho criminoso. La razón de la mentira explicitada es evitar la ligazón que se ha podido establecer entre otros comportamientos que indican la responsabilidad penal del procesado GÓMEZ. Esas circunstancias las constituyen el estado de alicoramiento bajo el cual se encontraba el trío de servidores del municipio de la Victoria, la imprecaución en el acto del cruce y la huída veloz para propiciar lo impunidad.

“Aclarado y determinado el aspecto anterior, es decir, que no es cierto que fuesen hacia la Victoria y no hubiesen intentado llegar hasta el restaurante enunciado, bien puede aseverarse que es imposible aceptar que el occiso hubiera penetrado por lo calzada por donde viajaba el incriminado. Esta invasión produjo el atropellamiento y el consecuente arrastramiento de la motocicleta hasta la parte baja de la tractomula que se encontraba estacionada sobre la berma inmediata. Es imposible pensar que el occiso hubiese golpeado de frente con la camioneta conducida por GÓMEZ LÓPEZ (...) A esto hay que agregar que al observar el desperfecto sufrido por la camioneta se explica, asimismo, por qué la direccional delantera del lado izquierdo sufrió las consecuencias de la colisión, es decir, ello por si sólo Indica que al hacer el imprudente y descuidado giro la camioneta colisionó casi con la parte media de la motocicleta, cuando esta era conducida por el carril adecuado o reglamentario (...)

“Militan en el proceso otras probanzas de similar orden o la anterior y que tienen igual utilidad. En primer lugar, es indescartable atender el estado de alicoramiento que ostentaba el procesado al momento de agotar el hecho criminoso. La cantidad de alcohol depositada en el torrente sanguíneo, como lo connotó el instructor, es de suyo apreciable. Ella bien significa un tercer grado de embriaguez; parámetro que influye —como aconteció en el caso de autos— en la generación del culposo resultado (...)

“La actitud del procesado y sus acompañantes no puede ser mirada de manera diferente a actitud huidiza. Si en realidad de verdad no estaban comprometidos en la causación de la colisión y todo se habia producido a consecuencia del comportamiento imprudente e imprevisto del interfecto, lo más lógico y racional hubiese sido detener la marcha. Es inadmisible atender la simplista y pueril explicación que dan acerca del porqué no detuvieron la marcha y eso poca credibilidad surge cuando se cuestiona quienes eran los personajes comprometidos, es decir, porque se trataba del alcalde de la municipalidad y su principal colaborado, el Secretario de Gobierno, a quienes sólo podía exigírseles que prestaran la atención debida, obrasen con mesura y altura y no de manera tan insólita.

“Mostró el procesado, al igual que sus compañeros de farra, la necesidad de desaparecer del lugar de los hechos para evitar que fueran sorprendidos bajo el estado de alicoramiento. Eran sabedores que la acción de GÓMEZ LÓPEZ había sido causa eficiente y suficiente para generar el lamentable resultado (...) Probado como está el culposo comportamiento del procesado, la sentencia de condena es algo inobjetable (...)” (fls. 501 a 513 cdno. 4).

4. Valoración probatoria y conclusiones. 

De las pruebas transcritas se colige que el señor Hildofrey Soto Ramírez falleció el 1º de agosto de 1998, como consecuencia de un choque neurogénico secundario a contusión cerebral hemorrágica severa y fractura abierta de cráneo de origen contundente, causado en el accidente de tránsito ocurrido en la variante del municipio de Cartago.

Las pruebas que obran en el proceso evidencian que el accidente de tránsito ocurrió por la imprudencia y negligencia del señor Silvio Gómez López, conductor de la camioneta oficial, pues se demostró que en el momento del accidente conducía el mencionado vehículo en estado de embriaguez y que, de manera descuidada e imprudente, invadió el carril por el que transitaba en su motocicleta el señor Hidolfrey Soto Ramírez, quien, como consecuencia de la colisión con la camioneta, se resbaló y se estrelló aparatosamente con una tractomula que estaba estacionado o un costado de la vía.

Asimismo, está probado que, a pesar de que los servidores públicos que se transportaban en el vehículo oficial se percataron de la colisión que tuvieron con el señor Hildofrey Soto Ramírez, de manera inmisericorde y desconsiderada, abandonaron al lesionado sin brindarle la mínima colaboración y, de manera irresponsable e indolente, decidieron huir del lugar de los hechos, siendo capturados, al poco tiempo, por personal de la policía, quienes al enterarse del accidente procedieron a interceptar e inmovilizar la camioneta oficial involucrada en esos hechos.

Según los exámenes de alcoholemia practicados por el Instituto de Medicina Legal a los conductores involucrados en el accidente de tránsito, en las muestras de sangre del señor Silvio Gómez López y del cadáver del señor Hildofrey Soto Ramírez se encontró que el primero de ellos tenía concentración de alcohol etílico de 132mg/100 y el segundo de 17 mg/100.

Al respecto, la Sala, en reiterada jurisprudencia, ha señalado los efectos negativos de la conducción de vehículos bajo la influencia del alcohol:

“Según Carlos Alberto Olano Valderrama(4), no está en buenas condiciones para conducir quien se halle en estado de embriaguez, por cuanto dicha circunstancia, así no alcance un nivel muy elevado, incide desfavorablemente en la prontitud de los reflejos y en la evaluación de las contingencias del tráfico, factores indispensables para la segura conducción.

“Es claro que la ingesta de bebidas alcohólicas disminuye la capacidad de la persona para el desempeño de actividades, mas (sic) aún tratándose de actividades riesgosas, como por ejemplo, la conducción de vehículos automotores. Mediante sentencia de junio 8 de 1995, la Corte Suprema de Justicia señaló, al respecto:

‘En síntesis, el fundamento de la agravante no es propiamente la embriaguez por sí misma, sino la disminución de la capacidad personal en el ejercicio de la actividad de conducir automotores debido a la ingestión de alcohol. Es evidente que el deber (sic), así no esté ebrio en alto grado, implica disminución de la capacidad (tanto psíquica como física) de atender el deber de cuidado que social y normativamente se espera del individuo que desarrolla actividades riesgosas. Es la falta al deber de atención por parte del agente, que dentro de tales consideraciones personales acrecienta la posibilidad de causar un daño al conducir. No se requiere un específico grado de embriaguez, basta con que el alcohol haya coadyuvado el incorrecto desarrollo de la actividad peligrosa.

‘El alcohol, incluso en dosis pequeñas, deprime los centros coordinadores del cerebro y retarda sensiblemente las reacciones normales del conductor experto. En consecuencia, a pesar de su lucidez mental aparente y de su habilidad en el volante, el conductor que ha ingerido bebidas embriagantes tarda mucho más de lo normal en actuar ante circunstancias imprevistas, lo que es causa constante de numerosos y graves accidentes de tránsito. Hecho que torna irresponsable conducir vehículos después de haber ingerido licor, es que los trastornos neuromusculares (como retardos en las reacciones sicomotoras, disminución de la atención y perturbación de los reflejos con alargamiento de tiempo de reacción), (sic) ocurren mucho antes de que aparezcan los síntomas de ebriedad, de modo que ni el conductor ni quienes lo acompañan se dan cuenta del trastorno hasta que irrumpe una circunstancia imprevista, que demanda decisión y reacción rápidas de parte del conductor, pero ya entonces las decisiones y reacciones rápidas son imposibles, porque hay alcohol en el organismo, así sea en pequeña cantidad(5)(6).

En cuanto a la calificación de la embriaguez, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha señalado:

“Actualmente la clasificación de la embriaguez se hace teniendo en cuenta la intensidad de las manifestaciones clínicas que se puedan correlacionar con determinadas cifras de alcoholemia y es así como tenemos los cuatro estadios de la intoxicación;

“a) Embriaguez leve, denominada de primer grado, en la cual se encuentran niveles de alcoholemias entre 50 y 149 miligramos por ciento.

“b) Embriaguez moderada o de Segundo Grado, con cifras de alcoholemia entre 150 y 299 miligramos por ciento.

“c) Embriaguez severa o de Tercer Grado, que reporta cifras de 300 o 399 miligramos por ciento y

“d) Embriaguez grave o de Cuarto Grado, con cifras superiores o los 400 miligramos por ciento. Niveles de alcoholemia superiores a los 500-600 miligramos por ciento son letales para el organismo humano.

(...)

“En general puede aceptarse que niveles de alcoholemia entre 50 y 100 miligramos permiten sospechar la presencia de embriaguez. Cifras mayores de 100 miligramos por ciento de alcoholemia son conclusivas de embriaguez”(7).

Sobre las afectaciones que genera el consumo de bebidas alcohólicas, el doctrinante César Augusto Giraldo enseña:

“Con cifras en sangre hasta de 20 mgs. % no existe ninguna alteración; entre 20 y 50 mgs. %, puede haber alguna locuacidad y merma de reflejos; entre 50 y 85 mgs. %. hay disminución de los reflejos y alteración en la percepción. Entre 85 y 100 mg. % en una tercera parte de las personas ya puede haber síntomas de embriaguez, y las inhibiciones sociales están disminuidas; las respuestas se tornan lentas y ya existe incoordinación. A niveles de 100 a 150 mgs. %, la mitad de las personas ya están ebrias, y hay una definida merma de los reflejos y de la coordinación motora.

“Con cifras de 150 o 200 mgs. %, el 80% está francamente ebrio y existe percepción defectuosa en sentidas tan importantes como la visión, disminución del dolor y la voz es arrastrada. De 200 mgs. % en adelante, cualquiera estará completamente ebrio: de 250 o 300 mgs. %, existe disminución de los estímulos, notoria incoordinación muscular que difícilmente permite a la persona mantenerse en pie. Cifras de 300 mgs. % en adelante hacen que el individuo esté en estupor y variará de superficial a profundo. Cifras por encima de 400 mgs. %, llevan a coma, hipotermia e hiporreflexia, anestesia y colapso, y ya son frecuentemente fatales. De 500 mgs. % en adelante sobreviene depresión del centro respiratorio y vasomotor y rápidamente la muerte.

“Entre 600 y 700 mgs. %, hay un coma profundo con muerte rápida.

Alcoholemias por encima de 700 mgs. %, son incompatibles con la vida...

“... En realidad, por encima de 100 mgs. % de alcoholemia, la disminución de reflejos, de la percepción sensorial y de la coordinación motora están lo suficientemente comprometidas para permitir que una persona pueda conducir adecuadamente un vehículo... 

“Respecto de los niveles circulantes, en general por debajo de 50 mg. % de alcohol en sangre, no podrán ser tenidos como evidencia de embriaguez; de 50 a 100 mg. % irán a constituir un estado de alicoramiento que no impide a todas las personas la conducción de un vehículo y, por lo tanto, no puede afirmarse que todas las personas con esos niveles de alcoholemia estén embriagadas. De 100 mg. % en adelante, cualquier persona está impedida para conducir adecuadamente un vehículo automotor...”(8) (resalta la Sala).

De lo anterior se colige que el señor Hildofrey Soto Ramírez no estaba en estado de embriaguez en el momento del accidente, toda vez que la concentración de etanol encontrada en su sangre (17 mg/100) es inferior a la cantidad exigida para determinar el estada de beodez; por el contrario, la concentración de etanol hallada en la sangre del señor Silvio Gómez López (132mg/100) evidencia que éste, en el momento del accidente, tenía una embriaguez leve o de primer grado, la cual indica que no estaba en condiciones de conducir el vehículo oficial, pues es claro que sus reflejos estaban disminuidos y tenía una alta probabilidad de tener una merma en su coordinación motora.

Sobre el particular, el artículo 158 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, esto es el Decreto 1344 de 1979 (modificado por el Decreto 1809 de 1990(9)), vigente a la época de los hechos, establecía como infracción de tránsito conducir un vehículo en estado de embriaguez y su sanción era una multa de 20 salarios mínimos legales y la suspensión de la licencia de conducción por 6 meses a un año.

Así las cosas, para la Sala no hay duda de que la causa determinante o eficiente del daño fue la conducta imprudente y negligente del señor Silvio Gómez López, pues, además de que conducía la camioneta del municipio de La Victoria en estado de embriaguez, de manera imprudente invadió el carril por el que transitaba el señor Hildofrey Soto Ramírez, lo cual causó que colisionara con éste y lo llevara a chocarse aparatosamente con una tractomula que estaba estacionada a un costado de la vía.

Para la Sala es reprochable la conducta de los servidores públicos del municipio de La Victoria, señores Carlos Arturo Córdoba Viedma, Gilberto Castaño Marín y Silvia Gómez López, respecto de los dos primeros, por abordar un vehículo conducido por una persona que no estaba en condiciones de hacerlo, exponiéndose ellos y exponiendo a la comunidad al riesgo que tal circunstancia implicaba y, respecto del último, por conducir un automotor en estado de embriaguez, desatendiendo el deber objetivo de cuidado que dicha actividad comporta, así como las normas de tránsito y la manera como debía sujetar su comportamiento.

Asimismo, es reprobable y censurable el comportamiento de los servidores públicos que se transportaban en la camioneta oficial, en cuanto que, a pesar de que se percataron de la colisión que tuvieron con el señor Hildofrey Soto Ramírez, no tuvieron el más mínimo interés por establecer en qué condiciones había quedado el lesionado y, por el contrario, de manera cruel y desconsiderada, huyeron del lugar de los hechos, sin mostrar respeto ni consideración hacía la víctima, quien en ese momento requería auxilio y atención inmediata.

Sobre el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en los que un vehículo al servicio de la administración resulta involucrado en la producción del daño, la Sala ha sostenido que, por regla general, es de carácter objetivo, comoquiera que con la conducción de vehículos automotores se crea un riesgo de carácter excepcional que, de materializarse, compromete la responsabilidad estatal. No importa, para el efecto, que no exista ilicitud en la conducta de la administración e, incluso, que esto contribuya al cumplimiento de un deber legal, pues la imputabilidad surge del ejercicio de una actividad que, por su peligrosidad, genera un riesgo grave y anormal para los administrados(10).

Por tratarse de un régimen de responsabilidad objetiva, a la parte actora le corresponde demostrar que la actividad peligrosa desarrollada por la administración fue la causa del daño cuya reparación reclama; por su parte, la administración solamente podrá exonerarse si prueba la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, por culpa exclusiva y determinante de la víctima o por el hecho exclusivo y determinante de un tercero(11).

No obstante lo anterior, la reiterada jurisprudencia de esta corporación también ha señalado que, en casos como el que es objeto de estudio, el título jurídico de imputación que debe aplicarse es el de la falla del servicio, toda vez que la causa determinante del daño fue el incumplimiento de los deberes y funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido al Estado.

En este sentido, se ha sostenido que:

“1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a esta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una falla en el servicio.

(...)

“2. Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

“La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración puede considerarse como ‘anormalmente deficiente’(12).

Ahora, si bien es cierto que se probó que el señor Hildofrey Soto Ramírez conducía su motocicleta por el carril que le correspondía y sin estar en estado de embriaguez, también es cierto que se demostró que este no tenía puesto el casco protector, en el momento del accidente, cuyo uso era obligatorio, según lo indicó el agente de policía Orlando de Jesús Valencia Otálvaro, en su declaración.

Aunado a lo anterior, debe recordarse que los usuarios de las vías, bien como peatones ora como conductores, están en la obligación de extremar al máximo las medidas de seguridad, independientemente de que una norma les imponga dicha exigencia, pues la conducción de vehículos automotores es considerada una actividad peligrosa, lo cual implica asumir riesgos cuando ella se desarrolla, pero dicha obligación tiene la connotación de ser mucho más exigente para los motociclistas, por su estado total de indefensión, a tal punto que en los eventos en los que estos resultan involucrados en un accidente, es posible que siempre lleven la peor parte.

La experiencia muestra que el uso del casco protector en los motociclistas contribuye a reducir en alto grado la posibilidad de perder la vida en un accidente de tránsito y, en todo caso, disminuye las consecuencias nocivas que se derivan de un fuerte golpe en la cabeza, de allí que el fin del uso de ese elemento de protección no es otro distinto que el de preservar la vida y la integridad personal.

Si bien el accidente se debió al comportamiento irresponsable e imprudente del señor Silvio Gómez López, no hay duda alguna de que el hecho de que el señor Hildofrey Soto Ramírez no portara el casco de protección agravó más el accidente que sufrió, ya que la lesión que le produjo su muerte la soportó, precisamente, en la cabeza, circunstancia que no puede pasar inadvertida para la Sala, pues no hay duda de que la víctima adoptó un comportamiento poco considerado con ella misma, por la que la condena que se le impondrá al municipio demandado se reducirá en un 20%.

Debe quedar claro, en todo caso, que con casco o sin él el accidente igual habría ocurrido, aunque probablemente las consecuencias habrían sido menos graves para la integridad física de la víctima, pues resulta evidente que el fuerte golpe que él recibió en la cabeza fue el que le causó su deceso.

Ahora, a pesar de que el municipio de La Victoria sostuvo que la causa determinante del accidente de tránsito fue la ubicación de la tractomula con la que finalmente chocó el señor Hildofrey Soto Ramírez y con la que se causó la lesión que produjo su deceso, pues, en su criterio, si dicho automotor no hubiera estado parqueado a un costado de la vía, seguramente la víctima solamente hubiera sufrido lesiones menores, para la Sala no es de recibo dicha afirmación, comoquiera que, si bien la lesión que sufrió en la cabeza el señor Hildofrey Soto Ramírez fue causada por el golpe que se dio con la tractomula, lo cierto es que dicha colisión se produjo como consecuencia del impacto previo que este tuvo por parte del vehículo oficial, a lo cual se suma que se demostró que la víctima transitaba, en el momento del accidente, por el carril que le correspondía y que fue el golpe que le propinó la camioneta conducida por el señor Silvio Gómez López el que le hizo perder el control de su motocicleta y lo llevó a chocar, de manera aparatosa, contra la mencionada tractomula.

Ahora, si bien el municipio demandado consideró que se debió vincular al proceso al conductor de la tractomula, por cuanto dicho vehículo estaba estacionado en un lugar que no le correspondía, lo cierto es que esa apreciación resulta bien cuestionable, comoquiera que no existe prueba alguna que demuestre que dicho automotor estaba mal estacionado o en un lugar prohibido y, por el contrario, según el testimonio del agente Orlando de Jesús Valencia Otálvaro, ese lugar donde estaba estacionada la tractomula es un sitio donde habitualmente paran estos vehículos, pues se trata de un espacio ancho y fuera de la calzada.

Por otra parte, tampoco es admisible el argumento de que la causa determinante del daño fue el incumplimiento de las normas que prohibían el tránsito de motocicletas en el horario en que ocurrió el accidente, toda vez que, si bien ese comportamiento de la víctima eventualmente le implicaba una sanción administrativa o policial, lo cierto es que de ninguna manera excusa o justifica la conducta imprudente e irresponsable de los servidores públicos que se transportaban en la camioneta del municipio demandado.

Así las cosas, los planteamientos esbozados y el material probatorio recaudado en el proceso llevan a la Sala a concluir que el daño irrogado a los demandantes es imputable al municipio de La Victoria, razón por la cual lo condenará a pagarles el 80% de los perjuicios que se les causaron.

Efectuadas las anteriores precisiones, se procede a efectuar la correspondiente liquidación de perjuicios, de conformidad con los extremos trazados en la demanda y la jurisprudencia de esta corporación.

5. Indemnización de perjuicios. 

5.1. Perjuicios morales. 

Por la muerte del señor Hildofrey Soto Ramírez concurrieron al proceso su compañera permanente (Dora Lilia Gutiérrez Ramírez), su hijo (Juan Camilo Soto Gutiérrez), su señora madre (María Otilia Ramírez de Soto) y sus hermanos (María Teresa Soto Toro, Manuela Soto Toro, Bernarda, Manuel Gerardo y Jaime Alberto Soto Ramírez), según se desprende de la demanda y de los poderes conferidos a su apoderado judicial (fls. 1 a 8 cdno. 2).

En relación con el parentesco de los demandantes con el señor Hildofrey Soto Ramírez, obran en el proceso las siguientes pruebas:

1. Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de los señores Hildofrey, Bernarda, Manuel Gerardo y Jaime Alberto Soto Ramírez, expedidas por las notarías Primera y Segunda de Cartago -Valle-, en las que se indica que son hijos del señor Manuel Eduardo Soto Manzano y de la señora María Otilia Ramírez Uribe (fls. 10, 14, 15 y 15.1 cdno. 2).

2. Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Manuela y María Teresa Soto Toro, expedidas por la Notaría Primera de Cartago -Valle-, en la que se indica que son hijas del señor Manuel Eduardo Soto Manzano y de la señora Mercedes Toro Giraldo (fls. 16 y 17 cdno. 2).

3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Juan Camilo Soto Gutiérrez, expedida por la Notaría Segunda de Cartago -Valle-, en la que se indica que es hijo de Hildofrey Soto Ramírez y Dora Lilia Gutiérrez Ramírez (fl. 13 cdno. 2).

4. En cuanto o la relación afectiva que existía entre el señor Hildofrey Soto Ramírez y la señora Dora Lilia Gutiérrez Ramírez, el señor Alexander Salmando Tovar, en declaración que rindió ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago, por comisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, señaló (se transcribe tal cual obra en el expediente, incluso los errores):

“... hace mas o menos 16 años yo vivo en la casa contigua a donde vivia Hildofrey y en los años que yo he vivido ah i puedo dar fé que fue muy buen hijo, buen hermano, buen vecino y buen amigo (...) Fue muy responsable, lo distinguí, me di cuenta cuando empezó el noviazgo con esta muchacha Dora Lilia, ellos convivieron en esa casa y unos dos o tres meses, en unión libre, de cuya unión tuvieron un niño, el niño tiene tres añitos y también doy fé de que a la familia le dolió mucho (...) PREGUNTADO: Dígale al Juzgado si para el primero de Agosto de 1978 el señor Hildofrey Soto Ramírez vivía bajo el mismo techo con la señora Dora Lilia Gutiérrez Ramírez? CONTESTO: yo crero que si porque ya todos los días las veía ahí dentro de la casa” (fls. 31 y 32 cdno. 4).

Sobre el mismo hecho, el señor Camilo Antonio Molina Jaramillo manifesto (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“PREGUNTADO: Puede decirle usted al Juzgado con quien vivía el señor Hildofrey Soto antes de su fallecimiento? CONTESTO: El vivía con una muchacha Dora, y tenian un niñito pequeño, que se llama Cristian Camilo. Camilo o algo así. PREGUNTADO: Dígale al juzgado si lo sabe si estos vivían independientemente, o sea Hildofredy y esta muchacha Dora, y el hijo? CONTESTO: Sí ellos vivían en la casa de la mamá de Hildofrey” (fl. 33 cdno. 4).

Por su parte, el señor Néstor Raúl Sánchez Eusse relató:

“PREGUNTADO: Teniendo en cuenta que usted manifiesta ser vecino de la familia Soto Ramírez, dígale al Juzgado con qué personas vivía bajo el mismo techo el señor Hlldofredy (sic) Soto Ramírez? CONTESTO: Vivía con la mamá que se llama Otilia, con los hermanos, Manuel Gerardo, Jhon Jairo, Jaime y Bernardo y en ese momento estaba viviendo con Dora, la que era la mujer de él y el sobrino Cristian David, él era sobrino de Hídofredy (sic) hijo de Bernardo” (fl. 35 cdno. 4).

De los testimonios transcritos se colige que el señor Hildofrey Soto Ramírez y la señora Dora Lilia Gutiérrez Ramírez tenían una convivencia permanente, llevaban una vida en común de pareja y vivían con su hijo bajo un mismo techo, razón por la cual la Sala presume el padecimiento moral de ésta por la muerte de su compañero permanente y padre de su hijo.

Así las cosas, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los eventos en los que una persona fallece o sufre una lesión y ello es imputable al Estado, se desencadena, a cargo de éste, la indemnización de perjuicios morales, de tal manera que las personas que se sientan perjudicadas por dicha situación y hagan parte del grupo familiar más cercano pueden reclamar la indemnización de estos perjuicios acreditando el parentesco con la víctima directa del daño, pues éste se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio moral sufrido, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, siempre que no existan pruebas que indiquen o demuestren lo contrario.

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, la Sala de la Sección Tercera, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(13), estableció cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

Reparación del daño moral en caso de muerte
Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerte Relación afectiva conyugal y paterno-filialRelación afectiva del 2º grado de consanguinidad o civilRelación afectiva del 3º grado de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º grado de consanguinidad o civilRelación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva.

Pues bien, atendiendo los parámetros anteriores, se reconocerán, por concepto de perjuicios morales, ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de esta sentencia para cada uno de los señores Dora Lilia Gutiérrez Ramírez, Juan Camilo Soto Gutiérrez y María Otilia Ramírez de Soto y cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de esta sentencia para cada uno de los señores: Manuela Soto Toro, María Teresa Soto Toro, Bernarda, Manuel Gerardo y Jaime Alberto Soto Ramírez.

5.3. Perjuicios materiales. 

Respecto de la actividad económica que el señor Hildofrey Soto Ramírez ejercía en el momento de su deceso, el 28 de enero de 2002 la Directora de operaciones de la empresa Extras, en respuesta al oficio del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca LESV-99-09072/2272, certificó:

“... el señor Hildofrey Soto Ramírez C.C. 16.228.484 de Cartago laboraba con nosotros como empleado en Misión (sic) para (sic) uno de nuestros clientes desempeñando el cargo de Mercaderista, su labor terminó por el fallecimiento del señor Soto Ramírez; su salario básico era de $242.310; los valores adicinales (sic) como viáticos, premios y gastos de rodamiento cuyo rodamiento varía de quincena a quincena y de la misma manera fueron reportadas y canceladas se relacionan los anexos.

Los diferentes pagos se realizaban por medio de transferencia a una cuenta de Conavi” (fl. 80 cdno. 4).

Con base en la certificación anterior y promediando los pagos de los últimos 6 meses que por concepto de nómina le consignaron al señor Hildofrey Soto Ramírez, en su cuenta 7050-000813918 del banco Conavi(14), la Sala concluye que éste devengaba un salario mensual de $ 529.904.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma devengada por la víctima) multiplicada por la cifra que resulte de dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual ocurrieron los hechos.

índice final - octubre/2014 (117,68)

Ra = R ($529.904) -------------------------------------------------- =

índice inicial - agosto/1998 (51.28)

Ra = $1’216.051

A la suma anterior se le incrementará un 25%, por concepto de prestaciones sociales, para un total de $1’520.063 y a esta cantidad se le deducirá un 25%, monto que se presume que la víctima destinaba para sus gastos personales, quedando así $1’140.048.

De conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, la suma de $1’140.048 deberá dividirse entre la compañera permanente y el hijo de la víctima, quedando así la suma de $570.024.

Lucro cesante debido o consolidado para la señora Dora Lilia Gutiérrez Ramírez 

Para el cálculo de este perjuicio se aplicará la fórmula matemática - actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1 + i)n - 1

i

Donde Ra es la renta actualizada ($570.024). “i” es una constante y “n” el número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos (1º de agosto de 1998) hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 196,00 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = $570.024 (1 + 0.004867)196.00 - 1

0.004867

S = $186’209.051

Lucro cesante futuro para la señora Dora Lilia Gutiérrez Ramírez 

Para el cálculo de este perjuicio se aplicará la fórmula matemático - actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra (1 + i)n - 1

i (1 + i) 11

Donde Ra es la renta actualizada ($570.024), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde el día siguiente de esta sentencia hasta la vida probable de la señora Dora Lilia Gutiérrez Ramírez, pues esto era mayor que el señor Hildofrey Soto Ramírez(15).

De conformidad con las tablas de supervivencia, se estimó la vida probable de la señora Dora Lilia Gutiérrez Ramírez en 47,23 años(16), para un total de 370,76 meses, teniendo en cuenta que ella tenía 26,97 años, en el momento en que falleció su compañero permanente, según el registro civil de nacimiento que obra en el folio 12 del cuaderno 2.

A los 370,76 meses deberán restársele 196,00 meses, que ya fueron tenidos en cuenta para la indemnización debida, para un total de 174,76 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = $570.024 (1 + 0.004867)174,76 - 1

0.004867 (1 + 0.004867)174,76

S = $97’762.524

En este orden de ideas, el valor total de la indemnización por lucro cesante consolidado y futuro, a favor de la señora Dora Lilia Gutiérrez Ramírez, es de $283’971.575, menos el 20% de reducción de la condena, para un total de $227’177.260.

Lucro cesante debido o consolidado para Juan Camilo Soto Gutiérrez

Para el cálculo de este perjuicio se aplicará la fórmula matemática - actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

S = Ra(1 + i)n - 1

i

Donde Ra es la renta actualizada ($570.024), “i” es una constante y “n” el número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos (1º de agosto de 1998) hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 196,00 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = $570.024 (1 + 0.004867)196,00 - 1

0.004867

S = $186’209.051

Lucro cesante futuro para Juan Camilo Soto Gutiérrez 

Comprende el período transcurrido desde la fecha de esta sentencia hasta el 3 de abril de 2023, fecha en la cual Juan Camilo Soto Gutiérrez cumplirá la edad de 25 años, pues nació el 3 de abril de 1998, según se observa en el registro civil de nacimiento que obra a folio 15 del cuaderno 2, para un total de 296,67 meses.

A los 296,67 meses deberán restársele 196,00 meses, que ya fueron tenidos en cuenta para la indemnización debida, para un total de 100,67 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = Ra (1 + i)n - 1

i (1 + i)n

 

S = $570.024 (1 + 0.004867)100.67 - 1

0.004867 (1 + 0.004867)100,67

S = $45’285.295

En este orden de ideas, el valor total de la indemnización por lucro cesante consolidado y futuro, a favor de Juan Camilo Soto Gutiérrez, es de $231.494.346, menos el 20% de reducción de la condena, para un total de $185’195.477.

6. llamamiento en garantía de la Previsora S.A. 

En el proceso obra copia auténtica de la póliza de automóviles 070200066, en virtud de la cual se efectúa el llamamiento en garantía de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, en lo que se indicó que el tomador, asegurado y beneficiario era el municipio de La Victoria y cuyas condiciones generales eran (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Vigencia: desde: 08-05-98 Hasta: 07-05-99

Amparos

“Responsabilidad civil extracontractual coberturas al vehículo

Suma asegurada Deducible

“A) Daños a bienes de terceros30.000.00010% mínimo 1 SMMLV

“B) Muerte o lesión a una persona30.000.000

“C) Muerte o lesión a dos o más 30.000.000

personas” (fl. 72 cdno. 2).

Asimismo, en el listado definitivo de vehículos asegurados se indicó:

“Nº Póliza: 070200066 Nº Certificado: 07100200066 oficial

“(...)

“Tomador: municipio de La Victoria - Valle NIT: 0800100524

“Vigencia: Desde 980508 hasta 990507

“(...)

“Marca vehículo: Toyota clase: pick up placas: OPQ-002”

(fl. 73 cdno. 2)

Los anteriores documentos permiten concluir que, para el momento en que ocurrió el accidente de tránsito (1º de agosto de 1998), estaba vigente la póliza de seguro de automóviles que garantizaba, a favor del asegurado, esto es, del municipio de La Victoria, el pago de las indemnizaciones de las que pudiera resultar civilmente responsable por la muerte o lesiones de una persona, por un valor máximo de $30’000.000, sin deducible.

Ahora bien, la Sala advierte que la suma asegurada en la póliza de vehículos 070200066 deberá ser actualizada, conforme a lo preceptuado en el artículo 178 del C.C.A.(17), toda vez que no realizar la indexación del valor de la obligación implicaría un enriquecimiento sin causa para la compañía aseguradora y, por lo tanto, un empobrecimiento correlativo para el Estado. Así mismo, debe aclararse que esa actualización no configura una modificación o variación del acuerdo realizado por las partes en el negocio jurídico, sino una adecuación del monto de la obligación contractual a las realidades económicas que conlleva la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

La fórmula matemática - actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, es la siguiente:

S = Ra (1 + i)n -1

i

Donde Ra es la renta actualizada, “i” es una constante y “n” el número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos (1º de agosto de 1998) hasta la fecha de esta sentencia.

Además, recuérdese que la actualización de las sumas o valores decretados a título de condenas judiciales no supone la imposición de una sanción, sino que refleja, simplemente, un efecto económico que consiste en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a causa del paso o transcurso del tiempo.

Sobre el particular, la Subsección C de la Sección Tercera, en reciente oportunidad, señaló:

“(...) Efectivamente del estudio detenido de la póliza de seguro Nº 5602, observa la Sala que de su contenido se desprende que el amparo se encuentra limitado por la voluntad de las partes y respecto al que interesa en el caso bajo examen, por lesiones a una persona efectivamente tiene un límite de cinco millones de pesos ($5.000.000), pero, no puede desconocerse la pérdida notoria de la capacidad adquisitiva de la moneda como consecuencia de las irregularidades de la economía y de los procesos inflacionarias que se traslada igualmente a las condenas que se imponen en todos los procesos contencioso administrativas, de esta forma, por razón del citado fenómeno inflacionario, hoy en día no es posible ordenar el pago de las sumas que se imponen como condena en las sentencias, por su valor nominal pues ella implicaría un enriquecimiento sin causa para el Estado y un empobrecimiento correlativo para el demandante, por lo que es indispensable que se ordene la indexación de esos valores por el obligado o satisfacer dicha condena.

“Por consiguiente, en relación con la condena impuesta a la llamada en garantía La Previsora S.A. es procedente su actualización para de esta manera restablecer el poder adquisitivo de la moneda de conformidad con normas de intervención económica. Al respecto se ha pronunciado la Corte Constitucional mediante Sentencia C-549 de 1993:

“... En estricto sentido actualizar el valor de la deuda tributaria no es equivalente a regular con una nueva disposición una situación jurídica definida con sujeción a la norma de su momento, sino la adaptación del valor a la realidad; de ahí que se actualiza, es decir, se mantiene la misma obligación e través del tiempo, en virtud, precisamente, de la actualización, la cual no altera una situación del pasado, sino que la mantiene en su verdadera identidad, sin que mengüe su valor económico por los efectos de la depreciación. 

“La Sentencia C-511, citada, pone de presente que adaptarse o la realidad de cada momento no implica, propiamente hablando, retroactividad, y ello es precisamente lo que se presenta con la actualización del valor de la deuda; no implica una alteración sustancial de la misma:

“El ordenamiento jurídico correría el riesgo de petrificarse -señaló la Corte en la sentencia citada-, si al regular las relaciones de coexistencia social y adaptarse a las realidades de cada momento, debiera inhibirse de afectar de una u otra manera las relaciones jurídicas preexistentes. La retroactividad por regla general, resulta censurable sólo cuando la nueva norma incide sobre los efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos anteriores, y no por la influencia que pueda tener sobre los derechos en lo que hace a su proyección futura.

“Luego la retroactividad, en el rigor de los términos jurídicos, no se presenta en el caso que ocupa la atención de la Corte.

“Conviene, además, analizar si la norma acusada contempla una doble sanción. Es decir, podría pensarse que por un lado se sanciona con los intereses de mora, y por otro con la actualización, la cual sería una violación del principio non bis idem. No hay doble sanción, ya que la actualización del valor de la deuda no es una sanción, sino una adecuación de la obligación tributaria a la realidad del momento, como expresión del principio de equidad, lo que indica que sólo se sanciona con la mora. (...)” (énfasis añadido).

“Bajo los anteriores fundamentos la sentencia del a quo debe ser confirmada, pues la limitante establecida por el contrato de seguro, se refiere exclusivamente al monto de la condena el cual en este caso no podía exceder de cinco millones de pesos ($5.000.000), tal como lo indicó el tribunal de primera instancia, pero dicha suma debe ser actualizada al momento del pago, dado que desde el mes de octubre de 1993 (fecha de los hechos), hasta la fecha de esta providencia han pasado 18 años, por lo que la condena impuesta perdió poder adquisitivo, por lo tanto la actualización es indispensable conforme lo indica el artículo 178 del C.C.A.”(18).

Finalmente, la Sala no hará pronunciamiento alguno respecto de la decisión del a quo de absolver de responsabilidad al señor Silvio Gómez López, toda vez que ninguna de las partes en sus apelaciones señaló razones o fundamentos de inconformidad frente a ese aspecto, lo cual impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno sobre el particular, por carecer de elementos de juicio para analizar el tema.

7. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia del 13 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al municipio de La Victoria, por la muerte del señor Hildofrey Soto Ramírez, ocurrida el 1º de agosto de agosto de 1998, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDÉNASE al municipio de La Victoria a pagar, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

Dora Lilia Gutiérrez Ramírez 80 smlv

Juan Camilo Soto Ramírez 80 smlv

María Otilia Ramírez de Soto 80 smlv

Manuela Soto Toro 40 smlv

María Teresa Soto Toro 40 smlv

Bernardo Soto Ramírez40 smlv

Manuel Gerardo Soto Ramírez 40 smlv

Jaime Alberto Soto Ramírez 40 smlv

3. CONDÉNASE al municipio de La Victoria a pagar a la señora Dora Lilia Gutiérrez Ramírez, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $227’177.260.

4. CONDÉNASE al municipio de La Victoria a pagar a Juan Camilo Soto Gutiérrez, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $185’195.477.

5. CONDÉNASE a la Previsora S.A. Compañía de Seguros a pagar, al municipio de La Victoria, las sumas que con ocasión de este fallo tenga que pagar este último, hasta en la proporción convenida en la póliza de vehículos 0710200066, actualizando dicho valor en los términos del artículo 178 del C.C.A.

6. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

7. Sin condena en costas.

8. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C.P.C.

9. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en 1999, tuviera vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado era de $18.850.000.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789.

(4) “Olano Valderrama, Carlos Alberto: “Tratado Técnico Jurídico sobre Accidentes de Circulación”, Librería Ediciones del Profesional Ltda., Sexta Edición. Bogotá, 2003, página 365.

(5) Arango Palacio. María: “Control de Conductores Alicorados” Minsalud, Medellín, 1974, página 2.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de noviembre de 2005, Expediente 19.376, actor: Procuraduría General de la Nación, Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez. En el mismo sentido: sentencia de 5 de junio de 2008, Expediente 16.398, actor: Esneda Alvis Ureña y otros, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Sánchez Prada, María Dolores: “Guía Práctica para realizar el Dictamen Forense sobre Embriaguez”, Ed. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá, 1993, págs. 1 y 2.

(8) Giraldo G., César Augusto: “Medicina Forense. Estudia biológico de ciencias forenses para uso de médicos, juristas y estudiantes; 6º edición. Señal Editora. Medellín, 1991, páginas 348 a 352.

(9) “Por el cual se introducen reformas al Código Nacional de Tránsito Terrestre (Decreto-Ley 1344 del 4 de agosto de 1970)” (Diario Oficial 39.496 del 6 de agosto de 1990).

(10) Ver, entre otras, las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 10 de julio de 2003, Expediente 14083; del 3 de mayo de 2007, Expediente 16180 y del 26 de marzo de 2008, expediente 14780.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 15 de marzo de 2001, Expediente 11.222; de 25 de julio de 2002, Expediente 14180 y de 26 de marzo de 2008, Expediente 14.780.

(12) Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Expediente 27.434.

(13) Expediente 27.709, actor: Adriana Cortés Pérez y otras.

(14) Según los extractos bancarios que obran a folios 25 y 26 del cuaderno 2.

(15) Al momento de los hechos la señora Dora Lilia Gutiérrez tenía 26,67 años, mientras que el señor Hildofrey Soto Ramírez tenía 24,92 años.

(16) Según la Resolución 0996 de 29 marzo de 1990, expedida por la Superintendencia Bancaria.

(17) “La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas solo puede determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de junio de 2011, exp. 18.901, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.