SENTencia 1999-00987 de julio 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Radicación: 410012331000199900987 01

Interno: 36932

Demandante: Omar García Rodríguez y otra

Demandado: Instituto Nacional de Vías y otro

Asunto: Apelación sentencia. Reparación directa

Tema: accidente de tránsito / valoración de testimonios sospechosos / falta de señalización / actualización condena.

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 4 de marzo de 2009 por el Tribunal Administrativo del Huila, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, en razón de la cuantía procesal contenida en la demanda(21).

2. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

La Sala observa que el accidente de tránsito por el cual se demandó acaeció el 30 de diciembre de 1998 y, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa se presentó el 12 de agosto de 1999, se impone concluir que dicha acción se ejerció dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso, de lo cual se infiere que se formuló oportunamente, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.

3. Objeto del recurso de apelación.

Comoquiera que en el escrito de apelación, el INVIAS solamente hizo referencia a su inconformidad con el fallo de primera instancia respecto a su responsabilidad en los hechos que originaron el presente asunto, esta Sala no hará pronunciamiento alguno en cuanto a la declaración de falta legitimación en la causa por pasiva del Consorcio Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte, así como tampoco respecto de la prosperidad de la excepción de prescripción propuesta por La Previsora S. A., ni los demás aspectos que no fueron materia de reproche, tales como la ocurrencia del accidente de tránsito y los daños derivados de este y, solo entrará a hacer el estudio relativo a la responsabilidad de la entidad apelante.

4. Lo probado en el proceso.

De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tiene debidamente acreditado que:

— El 19 de julio de 1995 se suscribió el contrato de concesión 0849 entre el Instituto Nacional de Vías y el consorcio Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte cuyo objeto fue el de realizar los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación y el manteniendo de la carretera Neiva - Espinal entre los departamentos del Huila y Tolima, el cual incluía la construcción, mantenimiento y operación de la variante río Aipe, con inclusión del puente ubicado sobre este último(22).

— El cuidado y mantenimiento de la vía en el tramo Río Aipe – Neiva se encontraba bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Vías para el 30 de diciembre de 1998, según oficio remitido por el Comandante de Policía de Carreteras Huila(23).

En cuanto a las circunstancias como ocurrieron los hechos y las condiciones de la vía, dado que de ellas dan cuenta únicamente los testimonios recepcionados dentro del presente asunto, la Sala entra a analizarlos, no sin antes hacer referencia a lo que el ordenamiento jurídico colombiano ha consagrado respecto de los testigos sospechosos, dado que quienes testificaron en este proceso tienen relación laboral y familiar con las partes.

El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 217, establece:

<<Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas>>.

A su turno, el inciso tercero del artículo 218, ibídem, dispone:

<<El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso>>.

En concordancia con lo anterior, el artículo 187 de la misma normatividad, sobre la apreciación de las pruebas, preceptúa:

<<Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba>>.

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho, de manera reiterada, que los testimonios que resulten sospechosos no pueden despacharse de plano, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica(24), de manera que los que se rindieron en el presente proceso serán examinados con aplicación de los anteriores criterios.

El señor Ernesto María Riascos Benavides, quien declaró ser ingeniero civil y director de la obra de la variante río Aipe desde marzo de 1998 hasta mayo de 1999, dijo que esta se encontraba <<señalizada con canecas y cintas reflectivas para impedir el paso y con señales anteriores de un lado de acuerdo con el Manual de Dispositivos para Regulación del Tránsito en Calles y Carreteras del Ministerio de Transporte>>. Dijo que entre las señales colocadas estaban <<vía en construcción>>, <<despacio>>, <<puente angosto>>, <<30 k/h>>, entre otras. Especificó que se trataba de <<tres canecas metálicas vacías de 55 galones, pintadas con pintura negra y anaranjada reflectiva, ubicadas en una distancia de 12 metros para impedir el paso y amarradas con cinta reflectiva>>.

Aclaró que el paso en esa vía nueva estaba prohibido a particulares y consideró que, por todo esto, la causa del accidente se debió a la impericia e imprudencia del conductor, porque había un espacio de 4 metros entre cada caneca, razón por la que no se entendía cómo pudo estrellarse contra una de ellas, siendo por lo demás, notable la desobediencia de las señales de tránsito que debidamente anunciaban la prohibición para ingresar a la vía en construcción, pues solo se podía transitar por la carretera que estaba en funcionamiento.

No obstante lo anterior, él mismo manifestó que no presenció el accidente ni tuvo conocimiento del mimo mientras fue director de la obra(25).

Pues bien, dada su calidad de director de la obra, lo que automáticamente lo vincula laboralmente con el Consorcio demandado para la época en que sucedieron los hechos, a juicio de la Sala, se trata de un testigo sospechoso, no obstante lo cual, será valorado, con la especial severidad que requiere.

Aseguró el deponente que en la vía donde se estaba ejecutando la obra se habían instalado canecas metálicas y cintas reflectivas para impedir el paso y ciertas señales de tránsito anteriores alusivas a la obra, sin embargo, para la Sala su testimonio no ofrece certeza sobre si para el día en que ocurrió el accidente dichas señales existían y, en tal caso, si estaban en condiciones que permitieran a los usuarios de la vía percatarse de su presencia. Además, la forma como efectuó el relato, refleja que no estaba describiendo el sitio en particular sino haciendo un recuento de la normatividad sobre el tema, pero su dicho tampoco resulta acompasado con el dicho de otros testigos -como se verá más adelante-, en el sentido de que las señales fueran las que correspondía con las exigidas por el Manual de Señalización.

Para la Sala, las circunstancias que se dejan dichas, más el hecho de que no fuera testigo presencial de los hechos, lo que hace que sus afirmaciones resulten especulativas, afectan de manera determinante su credibilidad respecto al punto de la señalización.

Por otra parte, el señor Juan José Franco, quien manifestó ser ingeniero civil y haber ejercido las funciones de director de interventoría de la concesión Espinal – Neiva durante el período de 1996 a marzo de 1999, dijo que <<dentro del objeto de la concesión se requería mejorar las condiciones (…) del cruce sobre el río Aipe por condiciones de seguridad vial, se requería rectificar la carretera, eliminando tres curvas y modernizando el puente del trazado antiguo. Dentro de este requerimiento, era parte del objeto la construcción de un nuevo puente sobre el río Aipe y un tramo de vía que sustituía el antiguo trazado>>.

Aseguró que el 30 de diciembre de 1998 ese tramo no estaba habilitado para el tránsito vehicular ni peatonal y cuando se le preguntó si <<el concesionario en general durante todo el tramo de la concesión cumplía con lo dispuesto en el manual de señalización y dispositivos de control de tránsito y carreteras que hacía parte integral del contrato>>, contestó afirmativamente(26).

Este testigo también resulta ser sospechoso por la misma razón que el anterior, pues fue el director de interventoría de la concesión, por lo que se ven inmiscuidos sus propios intereses en el asunto, a lo que se agrega que, frente al tema de señalización de la vía, se refirió de una manera genérica y que no estuvo presente en el momento en que sucedieron los hechos, circunstancias que afectan su credibilidad en lo concerniente a la señalización vial dentro del asunto de la referencia.

El señor Jorge Alejandro González Gómez, quien dijo ser ingeniero civil y que estaba vinculado al Consorcio Solarte Solarte como coordinador de la concesión Neiva – Girardot en diciembre de 1998, manifestó que, para la época del accidente, la variante sobre el río Aipe se encontraba en construcción, por lo que no estaba habilitada para el tránsito vehicular y peatonal, lo que solo vino a ocurrir hasta junio de 1999, cuando fue terminada.

Aseguró que hacía visitas periódicas a la obra para verificar avances de la misma y temas de control interno, así como verificar la aplicación del Manual de Señalización. En tal sentido, dijo que se había implementado <<la localización de una serie de señales verticales preventivas de aproximación sobre la vía concesionada>> y que en el punto donde separaba e iniciaba la construcción nueva habían colocado unas canecas metálicas, unidas con una cinta reflectiva de señalización; indicó que como el puente existente sobre el río Aipe tenía un ancho menor al de la calzada de la vía, había también señalización preventiva de puente angosto. Explicó que <<básicamente, la señalización tenía como objeto notificar a los usuarios sobre la ejecución de una vía nueva y en general disminuir la velocidad a 30 kilómetros por hora>>.

Finalmente expuso que uno de los objetivos de las canecas dispuestas en la variante del río Aipe era el de canalizar el tráfico para evitar el acceso a ella, dado que se encontraba en construcción y existía una vía habilitada, que era por la que normalmente transitaban los vehículos que se dirigían a Neiva(27).

Este testimonio también viene a ser sospechoso por causa de su vinculación laboral de dependencia con una de las demandadas.

Como se puede observar, el señor González Gómez se refiere a la colocación de unas señales de tránsito de aproximación a una vía nueva, sin embargo, no menciona ninguna en particular, lo cual le demuestra a la Sala su falta de certeza sobre la presencia de estas en el lugar, en el tiempo de ocurrencia del accidente.

Por lo demás, advierte el testigo la existencia de unas canecas metálicas para impedir el ingreso a la vía en construcción, lo cual coincide con la versión del señor Riascos Benavides, no obstante, no ofrece certeza absoluta sobre la señalización de la variante Río Aipe, motivo por el cual para la Sala carece de certeza su dicho en relación con la señalización que advirtiera la aproximación a la vía en construcción.

Con lo dicho por los anteriores testigos, la Sala encuentra probado -y esto porque su conocimiento al respecto no denota interés alguno en las resultas del proceso, sino que se basa en las labores desempeñadas por ellos, en sus calidades de director de la obra, director de interventoría de la misma y coordinador de la concesión Neiva-Girardot, derivados del objeto del contrato de concesión, así como porque los tres fueron enfáticos y consistentes en esto- que la variante del Río Aipe era una nueva vía que estaba en construcción para el día en que sucedieron los hechos y que se habían colocado unas canecas metálicas unidas con cinta reflectiva que pretendían impedir el paso de particulares. Las demás afirmaciones -se insiste- en cuanto a que la vía estaba señalizada adecuadamente se tornan muy generales y no otorgan a la Sala pleno convencimiento.

En contraposición a los anteriores testimonios, el señor John Ever Velasco Martínez, quien manifestó ser ingeniero civil y que para la fecha de ocurrencia de los hechos trabajaba en la regional Huila del INVIAS adelantando visitas de supervisión en la vía Neiva – Castilla, aseguró que, en ejercicio de sus funciones, hizo observaciones relacionadas con la señalización de las obras en el sitio conocido como puente río Aipe. Dijo que el contratista tenía la señalización con canecas metálicas y no plásticas como la reglamentación lo exigía.

Consideró que, en general, la señalización de los trayectos que estaban siendo intervenidos por los concesionarios era incompleta. Lo manifestó así:

<<PREGUNTADO: ¿La señalización de la vía para la época del accidente, año 1998, principalmente en los trayectos que estaban siendo intervenidos por los concesionarios, se consideraba por la entidad para la cual usted trabaja suficiente o cree que era precaria? CONTESTÓ: Era incompleta, lo cual aparece corroborado por los requerimientos de la interventoría, lo cual está consignado en las cartas que se han elaborado (…). PREGUNTADO: Sírvase decirle al Tribunal si a usted le consta qué actitud o qué acciones (sic) desplegó el Instituto Nacional de Vías INVÍAS en lo que tiene que ver con las observaciones y requerimientos de la interventoría, en relación con las falencias de señalización por parte del consorcio Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte, en la ejecución del contrato de concesión 0849 de 1995 y específicamente en lo relacionado con los trabajos de la variante en el sitio conocido como el puente sobre el río Aipe para el mes de diciembre de 1998. CONTESTÓ: (…) Recuerdo concretamente que para el caso de señalización y demarcación se le hizo o se le puso en conocimiento a la Subdirección de Concesiones en Bogotá sobre estos aspectos. Desconozco si [esta] aplicó alguna multa por incumplimiento del contrato o algo así, pero sí se hicieron las observaciones>> (se resalta)(28).

Valga resaltar que para la Sala este testigo también resulta sospechoso dada su vinculación laboral con la entidad demandada, no obstante, su dicho resulta creíble para la Sala, en primer lugar, porque su declaración no beneficia al INVÍAS, lo cual demuestra que no hubo ningún interés de por medio cuando la efectuó y, en segundo lugar, puesto que coincide con las declaraciones de los dos testigos presenciales de los hechos que se describen a continuación.

La testigo Zulay Merlín García Farieta manifestó que el 30 de diciembre de 1998 iba en una moto con su primo Álvaro Pinto, detrás de la moto en la que iban los hoy demandantes, a unos ocho o diez metros, en la carretera que de Bogotá conduce a Neiva (ciudad donde iban pasar año nuevo), específicamente en la variante del río Aipe y advirtió que iban <<normalmente hasta cuando ocurrió el accidente>>. Dijo que los demandantes chocaron contra una caneca metálica y que cuando vieron la pierna herida de su hermana Martha García Farieta le prestaron la moto a Omar García Rodríguez, el novio de su hermana, para que la llevara a urgencias y ella y su primo se quedaron con la moto de Omar. Afirmó que no había señalización en el sector y que no había visibilidad porque estaba muy oscuro y, al preguntársele si sabía que la variante del río Aipe se encontraba en construcción y que no se podía transitar por ella, contestó que no se conocía que la vía estuviera en construcción y que los carros <<pasaban común y corriente>>. Aseguró que no hubo levantamiento de croquis del accidente(29).

Por último, el señor Álvaro Pinto, además de lo narrado por su prima Zulay Merlín García Farieta, cuando se le hizo la siguiente pregunta: <<Estando a una distancia tan corta una moto de otra, dígale al despacho si usted se alcanzó a percatar de la existencia de la señalización consistente en cinta reflectiva, puente angosto y las canecas que impedían el tránsito hacia un sector en construcción>>, contestó: <<La única señal visible era la señal del puente, en lo demás no había ninguna señalización. Las canecas eran metálicas y negras, por lo tanto era imposible verlas>>. Indicó que la herida causada a su prima Martha fue con una caneca metálica, que una parte de la caneca fue incrustada en su pierna izquierda. Agregó que cuando ocurrió el accidente eran entre las 8:30 y 9:00 p.m., que no estaba lloviendo y que no llegó autoridad alguna al lugar de los hechos(30).

Estos dos últimos testigos también vienen a ser sospechosos, por razón del parentesco que declararon tener con uno de los demandantes, toda vez que ambos afirmaron que la señora Zulay Merlín García Farieta es la hermana de la señora Martha García Farieta -demandante- y que el señor Álvaro Pinto es el primo de ambas.

Es importante resaltar que ambos testigos narraron la ocurrencia de los hechos de modo muy similar, dando cuenta de la manera intempestiva como el señor Omar García Rodríguez chocó contra una caneca metálica que fue imposible ver dada la oscuridad de la carretera, así como la ausencia absoluta de señales de tránsito que advirtieran sobre la vía en construcción y la existencia de las canecas.

Para la Sala es determinante, para darle prevalencia y plena credibilidad a sus testimonios, el hecho de que una persona que estaba vinculada laboralmente con la entidad demandada y que fue llamada a rendir su declaración en el presente proceso a petición de esta, hubiera manifestado que la señalización de los trayectos dentro de los cuales se encontraba la vía donde ocurrió el accidente, fuese incompleta, pues su dicho concuerda claramente con lo manifestado por Zulay Merlín García Farieta y Álvaro Pinto, quienes además iban a unos ocho o diez metros detrás de los demandantes.

La Sala encuentra que sus relatos son coherentes, no se advierten contradicciones y concuerdan con el dicho del otro testigo, por lo que resultan creíbles y, aunque se trata de familiares cercanos de la demandante, no es posible rechazar ningún punto de sus declaraciones, pues precisamente esa condición o vínculo determinó el conocimiento directo del hecho, dado que iban a compartir un momento familiar cuando sucedió el accidente.

Por tanto, con fundamento en las consideraciones expuestas y dado que la entidad demandada no logró desvirtuar lo dicho por los testigos presenciales de los hechos ni por el supervisor de la obra -carga atribuible a ella-, la Sala encuentra acreditado que la caneca contra la que colisionó la motocicleta era metálica y de color negro, que en el sitio donde ocurrieron los hechos no había ninguna señal de tránsito que advirtiera sobre el cerramiento de la vía que se encontraba en construcción, solamente era visible una señal que indicaba la proximidad a un puente angosto sobre la vía antigua y, además, la vía no estaba iluminada, de forma tal que permitiera ver las canecas y/o el cerramiento de la misma.

5. Análisis de la responsabilidad de la Administración en el caso concreto

En primer lugar, es importante destacar que, tanto la ocurrencia del accidente de tránsito, así como los daños que este ocasionó, quedaron fijados con la sentencia de primera instancia -por cuanto no fueron objeto de apelación-, en los siguientes términos:

<<El día 30 de diciembre de 1998, siendo aproximadamente las nueve de la noche cuando el señor Omar Garcia Rodríguez y Martha García Farieta se deslazaban en una motocicleta de placas JEB 64, en compañía de Álvaro Hernán Pinto y Zulay Merlín García Farieta, quienes también viajaban en una motocicleta de placas TED 92, de la ciudad de Bogotá a Neiva, al llegar sobre la variante Río Aipe, los primeros colisionaron con una caneca metálica colocada en la vía, hecho que ocasionó lesiones a Martha García Farieta en su rodilla izquierda (fractura de platillo tibial izquierdo, deformidad en la rodilla izquierda e injerto) y daños en la motocicleta del señor Omar García Rodríguez>>.

Aclarado lo anterior, entra la Sala a hacer el análisis de la imputación con el fin de determinar si dichos daños son atribuibles a la entidad demandada.

Para tal efecto, es importante resaltar que para el día de ocurrencia de los hechos, el mantenimiento y cuidado de la vía en el tramo Río Aipe – Neiva se encontraba bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Vías, según lo indicado por la Policía de Carreteras del Huila en oficio obrante a folio 258 del cuaderno 1 del expediente, por lo que le correspondía velar por la adecuada señalización de los trabajos que se efectuaran a lo largo de ella, así hubiera contratado con un tercero la construcción de la obra pública(31).

El Manual sobre Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras adoptado como reglamento oficial en materia de señalización vial mediante la Resolución No. 03968 del 30 de septiembre de 1992 del Instituto Nacional de Transporte, en su capítulo III prevé que, cuando haya un tramo de calle o carretera en el cual no se permita circular mientras duren los trabajos de construcción, reconstrucción o conservación, se deberá instalar la señal preventiva de <<vía cerrada>>.

A su turno, exige la instalación de <<delineadores luminosos>> que se deben utilizar para guiar el tránsito nocturno por una trayectoria segura en tramos de calles o carreteras sometidas al proceso de construcción, reconstrucción o conservación y dispone que cuando no sea posible tener la fuente de energía luminosa, se pueden utilizar <<mecheros>> o <<antorchas>> alimentados con kerosene distanciados por no más de 5 metros.

Adicionalmente exige que las canecas que se utilicen como señal en etapa de construcción y conservación de carreteras deben pintarse con franjas alternadas reflectivas negras y anaranjadas.

De otra parte, la Resolución 001937 del 30 de marzo de 1994 -vigente para cuando ocurrió el accidente-, por medio de la cual se estableció la cantidad mínima de señales temporales a utilizarse en calles y carreteras, estableció:

<<CONSIDERANDO

Que el capítulo III del Manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, se reglamenta la señalización en etapas de construcción y conservación de carreteras.

Que es necesario establecer la cantidad mínima de señales temporales que se requieran en frentes de trabajo, obstáculos y/o peligros sobre las calles y carreteras con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios y trabajadores de las mismas.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. La cantidad mínima de señales temporales de aproximación a los frentes de trabajo en las etapas de construcción y conservación de calles y carreteras, serán de seis (6) y se ubicarán en el orden indicado en la figura No. 1 de la presente resolución.

(…)

ARTÍCULO TERCERO. La señalización temporal en el sitio mismo del frente de trabajo, obstáculo y/o peligro se hará utilizando conos o canecas y barricadas fabricados con las siguientes especificaciones:

(…)

PARÁGRAFO SEGUNDO. CANECAS: Deberán ser fabricadas así: Material plástico flexible, altura de 1.20 metros, llevarán cinco (5) franjas horizontales de 24 centímetros de ancho cada una, tres (3) de color naranja y dos (2) de color blanco, las franjas de color blanco deberán ser elaboradas con papel reflectivo (…). El diámetro de las mismas deberá ser de 0.60 metros, se colocarán con un espaciamiento entre canecas de diez (10) metros.

(…)

ARTÍCULO SÉPTIMO. La entidad contratante exigirá a los contratistas el cumplimiento de las estipulaciones sobre señalización temporal contenidas en la presente resolución, por intermedio del Interventor respectivo>> (se resalta).

De lo anterior se concluye que en la variante Río Aipe donde ocurrieron los hechos, por tratarse de una vía alterna en construcción, se debían instalar mínimo seis señales de tránsito temporales advirtiendo el frente de trabajo, dentro de las cuales obligatoriamente debía estar la preventiva de <<vía cerrada>>; que las canecas utilizadas para impedir la circulación de tránsito debían estar fabricadas en plástico flexible y aunque una y otra normatividad difieren de los colores que estas debían llevar, pues mientras la primera se refiere a franjas negras y anaranjadas y la segunda a franjas blancas y anaranjadas, lo cierto es que aquellas debían estar hechas de un material reflectivo que permitiera advertir su presencia en horas nocturnas y, en todo caso, contener el color anaranjado. Adicionalmente, se debían instalar delineadores luminosos o, si ello no era posible, mecheros o antorchas, para que aquellos objetos o el frente de trabajo fueran visibles en la noche.

Como ha quedado demostrado, la motocicleta donde iban los demandantes se estrelló contra una caneca metálica (debiendo ser plástica) que fue imposible ver dado que no se encontraba iluminada ni tenía pintura anaranjada reflectiva, así como tampoco habían señales de tránsito que advirtieran sobre la proximidad a una vía cerrada y/o en construcción, razones por las cuales, para la Sala es evidente que el incumplimiento de los mandatos del manual de señalización y de la resolución enunciada por parte de la entidad demandada fue determinante en la causación del hecho dañoso, dado que el accidente ocurrió en horas de la noche.

La Sala destaca que aun en el evento en que las canecas hubieran estado pintadas como lo exige la normatividad y que se hubieran instalado señales de tránsito preventivas, lo cual se insiste, no se probó, lo cierto es que no había iluminación en la vía que permitiera advertir su presencia, circunstancia que habría impedido el impacto. Además, el hecho de que la pierna de la señora Martha García Farieta hubiera quedado incrustada en una de ellas, advierte que el material metálico de la caneca fue determinante en la lesión padecida por la demandante.

Por lo anterior y, teniendo en cuenta que el mencionado manual de señalización establece que la función de la señalización en etapas de construcción y conservación de carreteras es la de <<guiar el tránsito a través de calles y carreteras en construcción o sometidas a procesos de conservación, donde necesariamente se ha de interrumpir el flujo continuo, el cual debe ser orientado para prevención de riesgos, tanto para los usuarios como para el personal que trabaja en la vía>>, señales que <<deben ser reflectivas o estar convenientemente iluminadas, para garantizar su visibilidad en las horas de oscuridad>>, la Sala encuentra que el accidente que dio origen al presente proceso ocurrió por la falta de señales de tránsito, por la utilización de las canecas en condiciones diferentes a las exigidas y la falta de luminosidad que le permitiera al señor Omar García Rodríguez -conductor de la motocicleta- ver con anticipación la caneca metálica contra la que colisionó, a lo cual se agrega que el supervisor de la obra aseguró haber informado al INVÍAS sobre la deficiente señalización de tránsito en el sector, sin embargo, dicha entidad no probó haber hecho algo al respecto.

En consecuencia, probada como está la falla del servicio por parte de la entidad demandada, consistente en la falta de instalación de, como mínimo, seis señales de tránsito preventivas, entre las que debía estar la de <<vía en construcción>>, la falta de <<delineadores luminosos>>, la ausencia de pintura reflectiva anaranjada en las canecas y el uso de un material distinto en estas, en el lugar donde ocurrió el accidente, a fin de advertir la construcción de la nueva variante y la prohibición de transitar por esta, esta Subsección considera que la entidad demandada es responsable de los perjuicios sufridos por los demandantes, por lo que confirmará la sentencia apelada.

Cabe aclarar que la Sala no puede valorar la declaración extra proceso efectuada por el señor Omar García Rodríguez(32) toda vez que no puede ser tenida como testimonio puesto que el declarante es parte en este proceso y, así no lo fuera, esta no fue ratificada de conformidad con lo que exige el artículo 229 del C. de P. C. De igual forma, obran unas fotografías aportadas con la demanda(33) que tampoco pueden valorarse por esta Sala, pues sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sin que sea posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas y mucho menos pueden ofrecer certeza sobre las condiciones de la vía en donde tuvieron ocurrencia los hechos, pues al carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden cotejarse con otros medios de prueba allegados al proceso(34).

6. Indemnización de perjuicios

Comoquiera que la indemnización de perjuicios realizada en primera instancia no fue objeto de apelación y el INVÍAS tiene la condición de apelante único, esta Sala, por razones de equidad, procederá únicamente a la actualización monetaria de la suma de dinero reconocida al señor Omar García Rodríguez por concepto de perjuicio material, para lo cual se modificará en lo pertinente el fallo recurrido.

La fórmula aplicable es la siguiente:

Ra = Rh x Índice final

Índice inicial

En donde:

Ra:Renta actualizada a establecer;

Rh:Renta histórica que se va a actualizar: $1’817.371, correspondiente al perjuicio material determinado por el Tribunal a quo a folio 495 del cuaderno de segunda instancia, para el señor Omar García Rodríguez.

Ipc (f):Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización: 132,58

Ipc (i):Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha de la sentencia de primera instancia: (marzo de 2009) 101,93

Reemplazando, se tiene:

Ra = 1’817.371 x 132,58

101,93

Ra = $2’363.848

Conviene precisar finalmente que, como la suma reconocida a la señora Martha García Farieta se fijó en salarios mínimos legales mensuales vigentes, no procede ninguna actualización.

7. Condena en costas

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Modifícase el ordinal cuarto de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila el 4 de marzo de 2009 dentro del presente asunto, el cual quedará así:

<<Cuarto: Como consecuencia de la declaración anterior, el Instituto Nacional de Vías Invías deberá pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero:

Al señor Omar García Rodríguez la suma de $2’363.848 por concepto de perjuicios materiales.

A la señora Martha Jylthey García Farieta, la suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales a la ejecutoria de la sentencia>>

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Cuarto: EXPÍDANSE a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

20 Folios 526-528 C. Ppal.

21 La pretensión mayor se estimó en $300’000.000, por concepto de perjuicios morales.

22 Folios 10-20 y 238 C. 1.

23 Folio 258 C. 1.

24 Ver, entre muchas otras: sentencia del 28 de noviembre de 2000, proceso No. AC-11349, M. P. Olga Inés Navarrete Barrero; sentencia del 19 de julio de 2007, proceso No. 68001-23-15-000-2006-02791-01(PI), M. P. Martha Sofía Sanz Tobón; sentencia del 2 de septiembre de 2010, proceso No. 11001-03-24-000-2007-00191-00, M. P. Marco Antonio Velilla Moreno; sentencia del 8 de abril de 2014, proceso No. 68001-23-15-000-2000-03456-01(29195), M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

25 Folio 249 C. 1.

26 Folios 362-363 C. 1.

27 Folios 364-365 C. 1.

28 Folios 212-218 C. 1.

29 Folios 325-326 C. 1.

30 Folios 327-328 C. 1.

31 La jurisprudencia ha fijado el reiterado criterio según el cual “cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública, es como si la ejecutara directamente” (Sentencia del 3 de octubre de 1985, exp. 4556, M.P. Betancur Jaramillo). Ver también sentencia del 20 de febrero de 2014, exp. 27542, M. P. Stella Conto Díaz Del Castillo.

32 Folio 49 C. 1.

33 Folios 42-47 C. 1.

34 Sobre el valor probatorio de las fotografías, ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado: 28.459 del 5 de diciembre de 2006, 12.497 del 2 de marzo de 2000, AP-263 del 21 de agosto de 2003, 13.811 de 25 de julio de 2002 y 18.034 del 3 de febrero de 2010, entre muchas otras.