Sentencia 1999-01014 de agosto 5 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-3103-001-1999-01014-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «La demanda de casación

Dos cargos propuso el recurrente, con miras a obtener la infirmación del fallo cuestionado. De ellos, la Corte solo se ocupará de primero, por estar llamado a prosperar.

Cargo primero

1. Con estribo en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se denunció la violación indirecta, por falta de aplicación, de los artículos 10, 13, 20, 21, 22, 884 y 886 del Código de Comercio y, por aplicación indebida, del artículo 1617 del Código Civil, todo a consecuencia de los errores de hecho en que el tribunal incurrió al apreciar las pruebas del proceso.

2. Especificó el censor que el ad quem dejó de valorar las pruebas relativas a la calidad de las partes, esto es, los certificados de existencia y representación de las mismas.

Afirmó, en relación con el documento que obra al folio 39 del cuaderno 1, concerniente a la actora, que de él se desprende que ella se halla inscrita en el registro mercantil, que se trata de una sociedad comercial de naturaleza limitada, regulada por el Código de Comercio, y que, dentro de su objeto, está la enajenación de inmuebles, para lo cual puede celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias o de crédito.

Respecto del documento de folio 51 del cuaderno principal, observó que proviene de la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, que mediante él se acreditó que la CAJA AGRARIA es una sociedad anónima de economía mixta y que está sometida al control y vigilancia del mencionado ente público. Agregó, que el certificado obrante a folio 41 del mismo cuaderno, demuestra que su sucursal Bogotá, se encuentra inscrita en el registro mercantil.

Por último, trajo a colación que en la escritura pública contentiva de la compraventa sobre la que trata el litigio, se indicó, expresamente, que la Caja Agraria era un “establecimiento bancario”.

Teniendo en la mira los referidos elementos de juicio, el recurrente expresó que ellos, a la luz de los artículos 10 y 13 del Código de Comercio, demuestran que “tanto la sociedad Cultivos y Ganados Guacharacas Limitada en Liquidación, como la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero - Caja Agraria en Liquidación, son comerciantes” y que el ad quem no los tuvo en cuenta, lo que lo condujo a la inaplicación de los citados preceptos.

3. En armonía con lo anterior, puntualizó el impugnante que el tribunal erró gravemente al haber considerado que “el contrato de compraventa celebrado, en el que participaron una sociedad comercial como vendedor y un establecimiento bancario como entidad crediticia, es de naturaleza civil y no comercial”, por cuanto de esta manera, pasó por alto que dicha negociación se ajustó “entre al menos dos comerciantes”, conforme las pruebas de su existencia y representación, anteriormente relacionadas.

4. Desde otra perspectiva, el recurrente añadió que “[l]a obligación de pago” a cargo de la demandada y a favor de la actora, “es de carácter comercial y no de carácter civil”, en pro de lo cual esgrimió las siguientes razones:

4.1. De conformidad con el artículo 20 del Código de Comercio, norma que calificó de meramente enunciativa, son “actos de comercio”, entre otros, las “operaciones bancarias”, siendo una de ellas el otorgamiento de créditos.

Al respecto, memoró que la obligación adquirida por la Caja Agraria en la ya varias veces mencionada escritura pública, consistió en pagar “parte del precio acordado por la venta, ‘con el producto del crédito complementario que para la compra del predio Guacharacas que en sesión del 26 de diciembre de 1996 aprobó la junta directiva de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero a los compradores en cuantía de mil doscientos millones de pesos ($ 1.200.000.000) m/cte., valor que será girado directamente a la vendedora por la entidad crediticia...’”.

Así las cosas, puntualizó que “[n]o existe duda de que la obligación que surgió para la Caja Agraria se derivó de un crédito que otorgó a los compradores a favor de Cultivos y Ganados Guacharacas, crédito que constituye una operación bancaria por excelencia y que por lo mismo es un acto de comercio al que solo le pueden ser aplicadas las disposiciones del Código de Comercio”.

4.2. El numeral 19 del citado artículo 20 prevé que son “actos de comercio, ‘los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil’” y “[l]a compraventa es un contrato regulado por el Código de Comercio a partir de su artículo 905 y por lo mismo es un típico acto de comercio, máximo cuando se realiza entre una sociedad limitada, con la presencia de una entidad bancaria”.

4.3. Al “haber sido celebrada la venta por un comerciante en calidad de vendedor, en desarrollo de su objeto social”, ese acto es mercantil “por relación”, con fundamento en el artículo 21 del Código de Comercio. En el punto, recordó que la demandante es una sociedad comercial limitada, que dentro de su objeto se estableció “la adquisición, enajenación, arrendamiento y gravámenes de inmuebles” y que fue ella quien realizó la transferencia en cuestión.

4.4. Como quiera que el crédito autorizado a los compradores les fue concedido “por un establecimiento bancario en calidad de entidad crediticia, en desarrollo de su objeto social”, el mismo también califica como un acto mercantil por relación, según las previsiones del ya citado artículo 21 del Código de Comercio, aspecto sobre el cual el censor reiteró que “la obligación de pago que surgió para la Caja Agraria tuvo su causa en un crédito otorgado por ella”.

4.5. Al ser la demandante una sociedad mercantil, es aplicable el artículo 22 del Código de Comercio, ya que así la compraventa hubiese tenido “un fin social a favor de los compradores”, como lo consideró el tribunal, debe tenerse en cuenta que en “los casos en que una de las partes es comerciante y la otra no, como podría pensarse sucede en este caso, el legislador determinó con diáfana claridad que prevalecen las normas comerciales, como si se tratara de un fuero de atracción a favor del derecho mercantil”.

5. Para terminar, el recurrente reprodujo un fallo de la Sala y destacó la trascendencia de los equívocos en que incurrió el tribunal, como quiera que fue a consecuencia de ellos que dicha autoridad optó por aplicar en el sub lite intereses civiles y no los comerciales reclamados en la demanda.

Consideraciones

1. Sea lo primero advertir, el alcance restringido que en frente de la sentencia del tribunal tiene el recurso de casación que se decide, como quiera que dicho fallo favoreció a la actora, salvo en lo tocante a los intereses que en él se reconocieron (intereses legales del 6% anual, de conformidad con el Código Civil), y ella fue la única que interpuso dicha impugnación extraordinaria buscando, precisamente, que los intereses que se liquiden sobre la suma de $ 1.170.000.000.oo sean los comerciales moratorios, pedidos en el libelo introductorio, para lo cual, en síntesis, el censor adujo, por una parte, la naturaleza mercantil de la referida enajenación, derivada de ser ella —la demandante— una sociedad limitada regulada por las normas del Código de Comercio y haber vendido los inmuebles en desarrollo de su objeto social, y, por la otra, que la referida obligación a cargo de la Caja Agraria, tuvo por causa el crédito que esta concedió a los compradores, operación bancaria que, por excelencia, es un acto mercantil.

Se sigue de lo anterior, que no compete a la Corte, en virtud del recurso extraordinario de que se trata, evaluar la decisión estimatoria de las pretensiones adoptada por el ad quem, ni revisar los elementos estructurales que en relación con ella el tribunal, expresa o tácitamente, tuvo por cumplidos para reconocer su prosperidad, pues esas son cuestiones juzgadas en la sentencia de segunda instancia, contra las cuales la parte demandada no elevó ningún reproche.

Así las cosas, circunscrita la cuestión a establecer la naturaleza de los intereses aplicables en el presente caso, la Corte, para definirla, partirá de dos hechos fundamentales, claramente definidos por el juzgador de segundo grado, y que, se reitera, no pueden ser siquiera revisados por la Sala, como son, en primer lugar, que la demandada, en virtud de lo establecido en el contrato de compraventa base de la acción, debía pagar a la actora la antedicha suma de dinero el día 17 de junio de 1997, fecha a partir de la cual se constituyó en mora, y, en segundo término, que aquella satisfizo tardíamente esa prestación, como quiera que solo la atendió hasta el 11 de noviembre del mismo año.

2. Con base en la premisa de que tanto el Código Civil, como el de Comercio, se ocupan de disciplinar las relaciones jurídicas privadas, de gran importancia resulta, entonces, diferenciar el campo de acción de uno y otro ordenamiento, civil y comercial, pues de ello se desprende su debida aplicación, mas cuando, pese a su innegable proximidad y a la naturaleza común de muchos de sus principios rectores, son diversos y notorios los aspectos en que dichos regímenes legales divergen.

Al respecto ha de señalarse, inicialmente, que fue la profesionalización del comercio la que condujo a la especialización de tal actividad y a que, por consiguiente, en el interior de ella misma, a través de los gremios y asociaciones de mercaderes, se fueran creando reglas particulares, reflejo del carácter expedito de los negocios, de la confianza que debía imperar entre quienes los celebraban, de la necesidad de crear títulos representativos de créditos y de mercancías por la dificultad o peligrosidad que implicaba la transferencia o la movilización de unos y otras, de la permanente y necesaria ampliación de los mercados que condujo a la comercialización de los productos a través de intermediarios que, en veces, tenían incluso la facultad de obligar a los comerciantes frente a terceros, entre otras muchas circunstancias que propiciaron el surgimiento del derecho comercial.

No se trató, por supuesto, de un alejamiento total de las normas del derecho común sino que, respetando los principios del derecho civil, particularmente en materias tales como las obligaciones y los contratos —autonomía privada, fuerza normativa de los mismos, buena fe negocial, etc.—, los comerciantes introdujeron elementos novedosos que modernizaron muchas de las ancestrales instituciones e idearon otras aplicables solo a sus particulares relaciones, todo con el fin de dotar su actividad de fundamentos jurídicos adecuados que sirvieran eficiente y efectivamente a la correcta ejecución y al desarrollo de los negocios.

Tal comprensión, grosso modo, de los cambios sociales ocurridos particularmente a partir de la baja Edad Media, permite entender que el reconocimiento del derecho comercial como área especializada del derecho privado, se profundizó como consecuencia de la profesionalización de la actividad de los comerciantes y de su importancia en el desarrollo económico de la sociedad, en general, y de las nacientes naciones de entonces, siendo pertinente resaltar la relevancia que en aquella época tuvo la circunstancia de que quien se dedicara a las mencionadas actividades de intermediación estuviera debidamente inscrito o matriculado como tal, para efectos de que pudiera ser sujeto de la floreciente normatividad especializada.

Las codificaciones mercantiles, tanto las de antaño como las actualmente vigentes, que tuvieron como su principal fuente de inspiración al Código de Comercio francés de 1807, e independientemente del énfasis que las mismas pudieran tener, para determinar el campo de aplicación de este novo derecho centraron su atención, no solamente en la condición de comerciante del destinatario y, si se quiere, beneficiario, por excelencia, de las normas especiales, sino que de manera protagónica introdujeron el concepto de acto de comercio, al que asignaron la doble función de delinear la materia objeto del derecho comercial y de constituir el criterio básico para establecer la calidad de comerciante de una determinada persona.

Esa conjunción de elementos y, por sobre todo, la resaltada particularidad de que la realización habitual de actos mercantiles servía, a la vez, para la identificación del comerciante, es lo que se conoce como la objetivación del derecho comercial. “En el código de comercio napoleónico (1806) el acto de comercio realizado por cualquier persona y no el acto realizado exclusivamente por el comerciante se consagra (...) como criterio determinante de la aplicabilidad de la disciplina mercantil. Por un lado, pues, una disciplina general de los comerciantes (entendiendo por tal quienes realizan profesionalmente los actos definidos como mercantiles, o las sociedades cualificadas por el fin de realizar dicha actividad) orientada en sus instituciones (...) a la tutela del crédito; por otro, la disciplina objetiva de los actos de comercio, con independencia de la persona que los realiza (aunque sea ocasionalmente). Por ello se habla de un sistema objetivo de derecho mercantil... Las reglas peculiares del comercio son desde ahora aplicables a determinados actos, aunque sean ocasionales (p. ej. la venta) cuando concurran aquellas características que permitan clasificarlos como mercantiles. Estas características ya no son fijadas en función de elementos subjetivos, esto es, atendiendo la condición del sujeto (a su condición de comerciante), sino en relación con elementos objetivos, esto es de las características del acto (p. ej. la intención de revender) y todo ello como natural consecuencia de la abolición de los últimos vestigios del sistema corporativo anterior y de la irrelevancia de cualificaciones subjetivas, fuera de los fines de una disciplina general del comerciante, definido a su vez en función de la realización profesional de actos de comercio (...)” (Ascarelli, Tulio. Iniciación al estudio del derecho mercantil. Bosch, Barcelona, 1964, págs. 69 y 70).

No se desconoce que el tradicionalmente denominado derecho comercial —o mercantil— ha continuado en constante evolución, resultado de los cambios sociales, políticos y económicos del mundo moderno, destacando entre los últimos el vertiginoso desarrollo de la industria, el tráfico en masa, la preponderancia de la producción frente a la simple intermediación, la importancia del mercado, el auge de la tecnología, o la globalización, entre otros, y que, como consecuencia de ello, la doctrina contemporánea, vernácula y foránea, sin perjuicio de las tendencias de unificación del derecho privado, reclama la redefinición del campo de acción del derecho comercial a la luz de criterios más novedosos, como el de la empresa, organización que, valga anotarlo, en el ámbito nacional fue objeto de reconocimiento explícito por la Carta Política de 1991 como “base del desarrollo”, a la que le asignó “una función social que implica obligaciones” (art. 333), y que ciertamente ha sido asimilado por el ordenamiento privado colombiano, no solo en el mismo Código de Comercio de 1971, sino en normas más recientes como las leyes 256 de 1990 y 550 de 1999, no obstante lo cual propio es observar que tal enfoque es extraño al específico cargo en estudio y, por consiguiente, no compete a la Corte, en esta oportunidad, pronunciarse sobre el mismo.

3. Así las cosas, para la definición de la acusación de que se trata, se impone precisar que el Código de Comercio actualmente vigente participa, de manera fundamental pero no exclusiva, del criterio objetivo en precedencia reseñado, como quiera que, por una parte, su artículo 1º establece que “[l]os comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas” (negrillas fuera del texto); por otra, el artículo 10 de dicho cuerpo legal consagra que “[s]on comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles” (negrillas fuera del texto); y, finalmente, que son “asuntos mercantiles”, aquellos relacionados con los “actos de comercio” que, a título meramente enunciativo, señala el artículo 20 ibídem, así como “todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio, y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales” (art. 21 ejusdem; negrillas fuera de texto).

Evidente es, pues, que la concepción del legislador patrio en torno al marco de acción del derecho comercial tuvo por base principal el “acto de comercio”, no solo porque las actividades identificadas como tales, independientemente de si son realizadas por un comerciante o por quien no tenga tal carácter, las sometió a su especial reglamentación, sino porque, adicionalmente, el ejercicio profesional de ellas determina la condición de comerciante.

Con otras palabras, la relación jurídica cuyo objeto corresponda a un acto de comercio, independientemente de que alguno de los intervinientes en ella, o todos, sean o no comerciantes, califica como mercantil. Del mismo linaje será la operación en que sea parte un comerciante, si ella concierne a su actividad profesional como tal, al margen de cualquier otra consideración, incluso, de que la otra parte no tenga la misma condición, pues a voces del artículo 22 del Código de Comercio, “[s]i el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de la ley comercial”.

La anteriores modalidades han dado lugar para que, autorizada doctrina, clasifique los contratos en relativa y absolutamente comerciales, entendiendo por los primeros, aquellos en los cuales el carácter mercantil opera “solamente para una de las partes que intervienen en ellos” y que, no obstante estar “sujetos a la legislación comercial, no confieren la calidad de comerciante sino a la parte para la cual representan una actividad profesional,... Por esta dualidad de consecuencias se los ha llamado frecuentemente actos mixtos, puesto que son en parte comerciales y en parte civiles, a pesar de que se rigen por la ley comercial, según el artículo 22 del Código. Sin embargo, no resulta exacto que un acto de derecho privado sea en parte civil y en parte comercial, puesto que se trata de contratos que tienen elementos especificativos iguales, ya que su objeto y el motivo que induce a ellos son iguales a los de cualquier contrato civil o cualquier contrato mercantil. Realmente se trata de contratos mercantiles y, por eso, se rigen por la ley comercial respecto de ambas partes; hasta podría decirse que su mercantilidad objetiva es limitada respecto de una de las partes, a pesar de que formalmente es igual para ambas; limitación que se funda, como ya se indicó, en el plan o propósito a que obedecen en la vida comercial”.

Los segundos, “no derivan su carácter comercial de la posición de alguna de las partes, sino de su propia naturaleza, independientemente de consideraciones subjetivas o personales de cualquiera de ellas. Son, pues, actos u operaciones que bien pueden llamarse absolutamente mercantiles, ya que no tienen ese carácter solamente en relación con alguna de las partes que intervienen en ellos. Tales son, por ejemplo, el giro de letras de cambio, los contratos bancarios, los seguros, etc., que se indican en el citado artículo 20 del Código, y los que sean semejantes a los mismos, según lo previsto en el artículo 24 del mismo Código” (Pinzón, Gabino. Introducción al derecho comercial. Bogotá, Temis, 1985, págs. 146 y 147).

4. No obstante que las directrices en precedencia referidas no sufren ninguna variación frente a las personas jurídicas de naturaleza societaria, bueno es precisar que, en tratándose de ellas, su calificación como comerciantes dependerá de su objeto, según se infiere de los artículos 99 y 100 del Código de Comercio, este último modificado por la Ley 222 de 1995.

Señala el primero de tales preceptos, que “[l]a capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto” y, el segundo, que “[s]e tendrán como comerciales, para todos los efectos legales, las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esta calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles”, sin soslayar, claro está, que desde la reforma introducida por la Ley 222 de 1995, que modificó, precisamente, el artículo 100 que se comenta, cualquiera sea su objeto, “las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil”.

Habrá de examinarse, entonces, el objeto social establecido para la persona jurídica, a fin de determinar si dentro de él aparecen referidos actos o empresas de comercio (C. Co., art. 20). En caso afirmativo, su naturaleza será comercial, sin que la circunstancia de que igualmente figuren actividades que no tengan la indicada connotación, desvirtúe la misma. Si ello no es así, la sociedad será civil.

En el caso de sociedades de linaje comercial, lo que, per se, traduce su condición de comerciantes, los actos que realicen y los contratos que celebren en desarrollo de su objeto social, son mercantiles y, por consiguiente, están regidos por la especial normatividad que se ocupa de esta materia.

5. Sobre la temática examinada, tiene dicho la Corte que “[b]ien sabido es que al igual que ocurre con el derecho civil, el derecho mercantil se ocupa de regular relaciones privadas, pero evidentemente no todas sino apenas aquellas que de acuerdo con el ordenamiento positivo constituyen la que acostumbra a denominarse ‘materia comercial’. Por eso es necesario, como acontece con cualquier estatuto normativo de carácter especial o singular, que él mismo se ocupe de fijar la clase de relaciones a las cuales les es aplicable, y a este objetivo tienden sin duda alguna, por lo que al Código de Comercio vigente en el país concierne, un buen número de sus disposiciones de entre las que aquí importa destacar los artículos 1º, 11, 20, 21, 22, 23, 24 y 100 de dicho cuerpo legal, habida cuenta que son ellos los que de manera general por lo menos, van a permitir saber, en cada caso particular, si el negocio, contrato u operación de que se trata da origen o no a un verdadero ‘asunto mercantil’, independientemente de la calidad subjetiva de empresarios individuales o sociales (comerciantes) que tengan quienes participaron en su celebración o en su ejecución, esto por cuanto no es esa calidad, contra lo que podría suponerse sin mayor estudio del tema, el único elemento que permite reconocer el acto de comercio y calificarlo como tal para los muchos conceptos en que hacerlo es cuestión jurídica prioritaria. En efecto, adoptando este criterio que predomina en las legislaciones modernas, el artículo 11 del Código de Comercio colombiano pone de presente con absoluta claridad, al igual que lo hacía el artículo 10 del código derogado en 1972, que los actos de comercio, sin dejar de serlo, pueden ser llevados a la práctica accidentalmente o de manera ocasional por personas civiles que no tienen el hábito del comercio ni hacen una profesión de la repetición habitual de actividades que la ley reputa mercantiles, lo que al decir de autorizados escritores significa que ‘... junto con la actividad mercantil de índole profesional, esto es, sistemática y especuladora de una determinada clase limitada de personas, los comerciantes, ha ido desarrollándose una actividad mercantil no profesional, sino ocasional, por una multitud de personas que, sin hacer del comercio su ocupación sistemática, realizan una especulación comercial cuando la ocasión se presenta…’ (Alfredo Rocco. Principios de derecho mercantil. Parte general. Cap. II, num. 50), evento este último en el cual, valga anotarlo, no tiene relevancia ninguna el postulado de la autonomía de la voluntad privada en orden a determinar la ‘mercantilidad’ de la relación originada en actos aislados del tipo descrito, toda vez que esa calificación ha de recibirla porque el legislador se la otorgó en atención a razones de estricto orden público, por manera que los ciudadanos son libres de efectuar aquellos actos o no, ‘... pero si lo hacen, ejecutan actos de comercio a pesar de toda voluntad contraria...’ (Cesar Vivante. Instituciones de derecho comercial. Cap. II, num. 7º) y por ende queda dispuesta así la sumisión integral del vínculo al ordenamiento mercantil” (Cas. Civ., sent. feb. 7/96, Expediente 4602).

6. El tribunal, como ya se reseñó, estimó que la compraventa base de la acción, que identificó como fuente de la señalada obligación a cargo de la Caja Agraria, es de naturaleza civil, por cuanto “no se advierte que se esté en presencia de alguno de los actos mercantiles señalados en el artículo 20 del Código de Comercio, puesto que la sociedad demandante enajeno (sic) los inmuebles a varios campesinos con la finalidad de constituir unidades agrícolas familiares a favor de tales personas, negociación en la cual intervino la Caja Agraria y el Incora, pagando el precio de la respectiva venta, con la finalidad de darle tierra a los campesinos y de esta manera mejorar sus condiciones socioeconómicas, sin que en verdad se vislumbre de parte de los compradores un ánimo de lucro, ni que estos o las entidades encargadas de pagar el precio estuvieren interesadas en volver a enajenar tales bienes o revenderlos con un propósito especulativo”.

Añadió que, “[p]or el contrario, es un negocio que denota un eminente fin social, propiciado por el Estado a través de tales entidades, como manera de desarrollar los programas que adelantaba el Incora (actualmente Incoder) para proveer de tierras a campesinos que carecen de ellas, luego no es dable aceptar que tal contrato sea de naturaleza comercial, así se hubiese pagado parte del precio con bonos agrarios, por cuanto estos bonos son títulos de deuda pública que tienen una regulación legal especial en la Ley 160 de 1994, Ley 185 de 1995 y Decreto 1827 de 1995 y que fueron creados con el propósito de efectuar el pago de los predios adquiridos de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 160; de donde emerge que tales bonos no son estrictamente títulos valores de los regulados por el Código de Comercio, luego tampoco se estructura en este caso el evento previsto en el numeral 6º del artículo 20 del Código de Comercio, como para admitir que el mencionado negocio sí es mercantil”.

7. Con miras a desentrañar la verdadera naturaleza del contrato de compraventa en cuestión, ha de observarse, adicionalmente, que una vez entró en vigencia la Constitución Política de 1991, el Congreso de Colombia, mediante la Ley 160 de 1994, posteriormente derogada por la Ley 1152 de 2007, en esencia, modificó el régimen de la llamada reforma agraria hasta el momento vigente en el país y, con tal fin, creó el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino, estableció un subsidio para la adquisición de tierras e introdujo modificaciones al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Uno de los cambios más significativos que contempló la referida ley, fue la ampliación de los mecanismos para la adquisición de tierras dentro de los programas de reforma agraria, como quiera que al lado del viejo sistema de compra por parte del Incora (art. 31), estableció uno nuevo, consistente en la negociación directa entre los campesinos interesados y los propietarios de los predios (cap. V).

Rezaba el artículo 27 de la mencionada ley, que “[l]os campesinos interesados en la adquisición de tierras adelantarán individual o conjuntamente y en coordinación con las oficinas regionales del Incora, o con las sociedades inmobiliarias rurales a que se refiere el artículo 28 de esta ley, el proceso encaminado a obtener un acuerdo directo de negociación con los propietarios” y que “[c]umplidos los requisitos, exigencias y el procedimiento previsto en este artículo y habiéndose logrado un acuerdo de negociación entre los campesinos interesados y los propietarios, estos procederán a suscribir y formalizar los documentos relacionados con la compraventa de inmuebles rurales, conforme a las disposiciones vigentes” (se resalta).

Ahora bien, según lo establecía el artículo 9º del Decreto Reglamentario 1032 de 1995, “[e]n caso de que hubiere acuerdo de negociación voluntaria entre campesinos y propietarios, el precio será el que convengan las partes, teniendo siempre en cuenta, como punto de referencia, el avalúo comercial que se haya practicado sobre el inmueble,...” (se resalta).

En consonancia con lo anterior, para el caso de la negociación directa de tierras de que se viene hablando, según se desprendía de los artículos 20 y 21 de la Ley 160 de 1994, se estableció un subsidio del 70% del valor de los predios por parte del Incora, pagadero, una parte, en bonos agrarios y, otra, en dinero, y que el 30% restante, debía ser atendido con recursos propios de los compradores, o con los provenientes del “crédito complementario” que ellos obtuvieran de un intermediario financiero.

En cuanto hace al “crédito complementario”, el artículo 13 del citado decreto establecía que “[e]s el crédito agropecuario requerido para complementar el pago del valor de la unidad agrícola familiar, equivalente como máximo al treinta por ciento (30%) del precio que tenga la misma unidad seleccionada y podrá ser adicionado con los gastos administrativos, notariales y de registro de la nueva propiedad cuando el beneficiario lo requiera” (se resalta).

Y el artículo 16, en punto de las “condiciones financieras” del aludido crédito, señalaba que “[l]as tasas de interés..., serán las más favorables del mercado para los proyectos productivos competitivos”; que podía obtenerse el subsidio del 70% de los intereses del mismo, a solicitud de la junta directiva del Incora; y que el pazo para su amortización, no sería “inferior a doce (12) años, con periodos de gracia no menores a dos (2) años”.

Sin lugar a dudas, el sistema de negociación directa que previó el capítulo V de la Ley 160 de 1994, constituyó una novedosa forma para que los campesinos desprovistos de tierra, pudieran adquirir, ellos mismos, los predios en que estuvieren interesados, con la asesoría del Incora y con el apoyo económico del Estado, reflejado en un subsidio del 70% del precio, que se reconocería a su favor y se pagaría directamente al vendedor, según que se cumplieran los requisitos y procedimientos preestablecidos.

Ya no se trataba, como se venía haciendo, de la compra de los terrenos por la mencionada entidad y que esta, posteriormente, efectuara su adjudicación a las personas incluidas dentro de los programas de reforma agraria, sino de que ellas, en primer lugar, se ocuparan directa y, en buena medida, libremente, de definir la negociación respectiva, en cuanto hacía, por lo menos, a sus aspectos esenciales, como eran el inmueble que pretendían adquirir y el precio, mas no la forma de pago, que tenía forzosamente que ser la fijada por la ley, debido a que el valor convenido sería atendido, en un 70%, con el subsidio con que hubiese sido beneficiado el comprador; y, en segundo término, de que una vez lograran un acuerdo con el vendedor, celebraran el respectivo contrato de compraventa.

Con otras palabras, en tratándose de campesinos de bajos recursos, sujetos de los programas de reforma agraria, la adquisición de tierras en su favor, debía verificarse por medio de un típico contrato de compraventa, celebrado directamente por ellos, como compradores, y el vendedor, el cual estaba sometido a la reglas legales generales encargadas de disciplinarlo y cuyas únicas particularidades eran, por una parte, la forma de pago del precio, puesto que, como ya se dijo, debía ajustarse a las previsiones especiales de la Ley 160 de 1994 y, por otra, las restricciones derivadas del otorgamiento del subsidio, referidas en el artículo 5º del Decreto 1031 de 1995, esto es, fundamentalmente, que la transferencia del inmueble antes del vencimiento del término de 12 años siguientes a su adquisición, solo podía hacerse con autorización del Incora —hoy Incoder—; la conversión del subsidio en un crédito reembolsable, por haber incurrido el beneficiario en falsedades para la obtención del mismo, por abandono del predio, por su utilización con cultivos ilícitos, por su aprovechamiento con afectación del medio ambiente, por desviación de los créditos agrarios otorgados o por la explotación inadecuada de la unidad agrícola familiar; y que el mencionado subsidio estaba sujeto a condición resolutoria, “por incumplimiento de las obligaciones y exigencias dispuestas en la ley y los reglamentos”.

En tal orden de ideas, es factible concluir que la circunstancia consistente en que a las referidas enajenaciones se hubiere llegado dentro del marco de la reforma agraria y de que ellas tuvieren las anotadas restricciones, no son factores suficientes para establecer, per se, la naturaleza civil de tales ventas, toda vez que, como quedó indicado, se trataba de contratos autónomos, celebrados directa y libremente entre el vendedor y el comprador, cuyo único propósito, para el primero, era el de transferir un bien a cambio de un precio y, para el segundo, el de adquirirlo, como acontece en todo negocio jurídico de esta estirpe.

8. Teniendo en la mira las apreciaciones en precedencia consignadas, se impone colegir que el carácter civil o comercial que pudieran ostentar las indicadas operaciones de compraventa, no estaba determinado necesariamente por la circunstancia de que mediante ellas, personas admitidas en los programas de reforma agraria pudieran adquirir tierra y, menos aún, porque de esta manera se estuviere cumpliendo el deber de dotar de tal recurso al campesinado pobre colombiano, toda vez que dicho propósito resulta, en línea de principio, ajeno al vendedor y corresponde, más bien, a la realización de los fines del Estado, y es independiente de las motivaciones que haya tenido el enajenante para adoptar la decisión de transferir el bien.

Forzoso es concluir, entonces, que el mencionado carácter debía, y debe, establecerse conforme los lineamientos fijados por el derecho común y, en lo que hace a su mercantilidad, por las normas comerciales.

9. En el presente proceso, la demandante aportó con el escrito mediante el cual dio inicio a la presente controversia, el certificado expedido el 22 de junio de 1999 por la Cámara de Comercio de Bogotá, militante a folios 39 a 42 del cuaderno 1, según el cual la sociedad Cultivos y Ganados Guacharacas Limitada (actualmente en Liquidación), fue constituida mediante escritura pública 896 del 9 de noviembre de 1981, otorgada en la Notaría de El Espinal, Tolima, la cual se inscribió en el registro mercantil el 25 de junio de 1982.

Ese mismo documento registra como objeto social de la actora el siguiente: “1. La realización de toda clase de actividades y negocios relacionados con la agricultura y la ganadería. 2. La adquisición, enajenación, arrendamiento y gravamen de inmuebles como de muebles, maquinarias y equipos para el desarrollo de la empresa. 3. Invertir en acciones, parte (sic) de interés, papeles de inversión, bonos, cédulas, cuotas, etc., así como la enajenación y gravamen de estos bienes. Para cumplir su objeto social podrá celebrar los siguientes actos y contratos: A. La organización y explotación de negocios de ganadería con ganados, propiod (sic) o ajenos en tierras de la compañía o de terceros, por su cuenta, asociándose con otras personas o por contratos. B. Desarrollar cultivos agrícolas en tierras propias o ajenas, asociándose con otras personas naturales o jurídicas o por medio de contratos. C. La importación y adquisición de maquinarias, productos y elementos de los que se utilizan en las actividades agropecuarias en que se ocupa la compañía; así como la venta de los que necesitare. D. Tomar dinero en préstamo con o sin garantía de los bienes sociales; girar, endosar, adquirir, aceptar, protestar, cancelar, avalar y negociar títulos valores y en general, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus formas. E. La celebración de toda clase de operaciones con entidades bancarias o de crédito”.

Del objeto social antes trascrito se concluye que la demandante se constituyó como una sociedad comercial, habida cuenta que el primero de sus fines principales, consistente en “[l]a realización de toda clase de actividades y negocios relacionados con la agricultura y la ganadería” (se subraya), por la amplitud que comporta y por el carácter empresarial que de su formulación se deduce, no puede considerarse que haga referencia a actos de aquellos que el numeral 4º del artículo 23 del Código de Comercio, en forma restrictiva, excluye del campo mercantil, esto es, “[l]as enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas y ganados, en su estado natural” y “las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los agricultores y ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no constituya por sí misma una empresa”.

Lo propio es entender que cuando, para indicar el objeto de la demandante, se alude a “toda clase de actividades y negocios relacionados con la agricultura y la ganadería”, se están abarcando actos distintos a la mera comercialización de los productos obtenidos, en estado natural e, incluso, que se está brindando la posibilidad de que la sociedad realice actividades de transformación de tales productos, que bien podrían, por sí mismas, constituir una empresa.

En cuanto hace a los otros dos fines primordiales de la compañía actora, es decir, “[l]a adquisición, enajenación, arrendamiento y gravamen de inmuebles como de muebles, maquinarias y equipos para el desarrollo de la empresa” e “invertir en acciones, parte (sic) de interés, papeles de inversión, bonos, cédulas, cuotas, etc., así como la enajenación y gravamen de estos bienes”, en tanto que ellos permiten inferir la comercialización de tal clase de bienes, como que en ambos objetivos se habla de su venta, teniendo en cuenta que la enumeración contenida en el artículo 20 del Código de Comercio es declarativa y no limitativa, según lo señala el artículo 24 de la misma obra, pertinente es colegir que también ellos —los aludidos fines— denotan el carácter mercantil de la sociedad de que se trata, como quiera que la referida comercialización corresponde o se asimila a los actos de comercio señalados en los numerales 1º, 5º y 17 del primero de los citados preceptos.

10. No hay duda, por ende, de que la sociedad demandante, desde su formación, es de naturaleza comercial y, adicionalmente, que dentro de su objeto, esto es, como cuestión perteneciente al giro ordinario de sus negocios, se incluyó la compra y venta de bienes inmuebles, entre otras actividades.

Ahora bien, como la enajenación consignada en la escritura pública 168, otorgada el 17 de abril de 1997, en la Notaría Segunda del Círculo de Chía, Cundinamarca, se realizó cuando se encontraba en plena vigencia el objeto social de la sociedad actora —antes de que fuera disuelta y se iniciara su liquidación—, propio es colegir que dicho negocio ostenta naturaleza comercial y, al mismo tiempo, que se encuentra sometido a las especiales normas mercantiles, al margen de que para los compradores no tuviese igual carácter, pues, se repite, conforme el artículo 22 del Código de Comercio, “[s]i el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de la ley comercial”.

11. Tal conclusión de la Corte hace evidente el error de hecho en que incurrió el tribunal, y que fue denunciado en casación, consistente en haber preterido la prueba sobre la existencia y representación legal de la demandante y, como consecuencia de ello, en no haber apreciado la naturaleza comercial, de un lado, de dicha sociedad y, de otro, del contrato de compraventa que esa autoridad tuvo como fuente de la obligación en relación con la cual declaró la mora de la demandada, yerro que transcendió en su fallo, a tal punto que fue a consecuencia de él que modificó la sentencia del a quo, en el sentido de aplicar en el presente caso los intereses civiles legales del 6% mensual, y no los comerciales que aquel utilizó en los cómputos que al efecto realizó. Desde el punto de vista jurídico, el advertido yerro del ad quem significó la falta de aplicación de los artículos 20, 21, 22, 884 y 886 del Código de Comercio y la incorrecta aplicación del artículo 1617 del Código Civil.

El cargo, por ende, prospera.

Sentencia sustitutiva

1. Conforme los alcances que se fijaron al recurso de casación examinado, la Corte confirmará el fallo de primer grado en cuanto reconoció éxito a la acción y desestimó la objeción propuesta contra el dictamen pericial rendido en el proceso, esto es, las decisiones contenidas en los numerales primero, segundo y quinto de su parte resolutiva, tal y como lo determinó el tribunal en su sentencia, aspectos de la decisión de segunda instancia que no pueden ser alterados por la Sala.

2. Ahora bien, habiéndose dejado en claro, al desatar la referida impugnación extraordinaria, que el contrato de compraventa en cuestión es de naturaleza mercantil, se infiere el acierto del a quo al haber estimado que los intereses aplicables en este caso son los comerciales moratorios, equivalentes para la época de la mora atribuida a la demandada —17 de junio a 11 de noviembre de 1997— al doble del interés bancario corriente, según el tenor original del artículo 884 del Código de Comercio, esto es, antes de entrar en vigencia la Ley 510 de 1999, que lo modificó, claro está, sin exceder los límites del tipo penal de la usura, que para entonces estaba definido por el artículo 1º del Decreto 141 de 1980, en los siguientes términos: “El que reciba o cobre, directa o indirectamente, de una o varias personas, en el término de un año, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicio a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad el interés que para el periodo correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la obligación, ocultarla o disimularla,...”.

Se sigue de lo anterior, que si el interés moratorio comercial —doble del interés bancario corriente— era inferior al interés cobrado por los bancos respecto de créditos ordinarios de libre asignación más la mitad —tope de la usura—, prevalecían los primeros y que, por el contrario, si los excedían, debían reducirse al límite de los segundos, porque de lo contrario se podría incurrir en el aludido tipo penal.

El juzgado del conocimiento determinó que los intereses moratorios mercantiles causados sobre la suma de $ 1.170.000.000.oo entre el 17 de junio y el 11 de noviembre de 1997 totalizaron la cantidad de $ 239.466.825.oo, para lo cual se apoyó en el dictamen pericial que, como prueba de la objeción propuesta contra la inicial experticia rendida en el proceso, se practicó (fls. 341 a 346, cdno. 1).

Examinada dicha prueba, se encuentra que los peritos, en atención al cuestionario que les fuera formulado, en primer lugar, liquidaron los referidos intereses, tomando como base la tasa de interés para los créditos ordinarios de libre asignación certificada por la Superintendencia Bancaria —hoy Superintendencia Financiera de Colombia—, incrementada en la mitad, obteniendo la suma de $ 261.491.588.oo; en segundo término, calcularon el valor de los intereses correspondientes, afincados en el interés bancario corriente certificado por la misma entidad, el cual, igualmente, incrementaron en un 50%, obteniendo como resultado la cantidad fijada como tal por el a quo ($ 239.466.825.oo).

Ningún reparo merece la inicial liquidación efectuada por los auxiliares de la justicia. Empero, la segunda resulta equivocada, toda vez que, como ya se señaló, para la época de la mora, no estaba vigente la Ley 510 de 1999 y, por consiguiente, no podía considerarse que el interés comercial moratorio tuviera como límite al interés bancario corriente incrementado en la mitad, sino que debía regirse por el precepto original del Código de Comercio.

Efectuadas correctamente las respectivas operaciones, se tiene lo siguiente:

ResoluciónDesdeHastaDíasInterés bancario mensualInterés comercial moratorioValor
420 IV-20-97
633 VI-25-97
633 VI-25-97
851 VIII-29-97
967 IX-29-97
1120 X-31-97
VI-17-97
VII-01-97
VIII-01-97
IX-01-97
X-01-97
XI-01-97
VI-30-97
VII-31-97
VIII-31-97
IX-30-97
X-31-97
XI-11-97
13
30
30
30
30
11
3,08%
3,04%
3,04%
2,65%
2,61%
2,62%
6,16%
6,08%
6,08%
5,30%
5,22%
5,24%
$ 31.231.200
$ 71.136.000
$ 71.136.000
$ 62.010.000
$ 61.074.000
$ 22.479.600
Total intereses$ 319.066.800

Cotejado el monto de los intereses liquidados por los peritos con base en el interés para los créditos ordinarios de libre asignación ($ 261.491.588.oo), con el obtenido por la Corte, al calcularlos aplicando el doble del interés bancario corriente ($ 319.066.800.oo), se establece que los procedentes en el caso sub lite serían los primeros, por corresponder a los de menor valor, pero que como ellos superan la cuantía reclamada en las pretensiones tercera —punto 3.1—, cuarta y quinta —punto 5.1— ($ 259.740.000.oo), deberá fijarse por tal concepto la suma solicitada por la actora.

No es óbice para la imposición de la preindicada cuantía, el hecho de que ella sea mayor a la determinada por el juzgado del conocimiento, habida cuenta que ambas partes apelaron su fallo, de donde la Corte, al actuar en sede de segunda instancia, no tiene limitaciones para resolver, tal y como expresamente lo consagra la parte final del inciso 1º del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

En conclusión, corresponde modificar los numerales tercero y cuarto de las resoluciones de la sentencia de primer grado, en el sentido de que el pago efectuado por la demandada, por valor de $ 1.170.000.000.oo, se imputó en cuantía de $ 259.740.000.oo a los intereses comerciales moratorios causados sobre el primero de dichos montos, entre el 17 de junio y el 11 de noviembre de 1997, y el saldo, de $ 910.260.000.oo, se aplicó al capital, quedando insoluta la obligación original en una suma igual a la de los mencionados intereses, esto es, en $ 259.740.000.oo.

Ahora bien, como el referido capital está llamado a producir intereses comerciales moratorios desde el 12 de noviembre de 1997 y hasta cuando se verifique su pago, así se dispondrá, en el entendido de que los mismos habrán de liquidarse, desde la indicada fecha y hasta cuando entró en vigencia la Ley 510 de 1999 (ago. 4/99), al doble del interés bancario corriente, sin que se pueda exceder del máximo interés no constitutivo de usura para aquel periodo; y desde la fecha antes mencionada, que corresponde a la de vigencia de la norma actualmente aplicable en la materia (L. 510/99, art. 111), y hasta cuando se solucione definitivamente la deuda, a la tasa que equivalga al interés bancario corriente incrementado en un 50%, debiéndose observar las fluctuaciones que haya tenido y que, en el futuro, pueda tener el interés bancario corriente, según lo certifique la Superintendencia Financiera de Colombia, así como cualquier modificación legislativa que en adelante se haga de los intereses comerciales moratorios. En todo caso, el cálculo de los intereses de que se trata, particularmente hasta la vigencia del artículo 305 de la Ley 599 de 2000 (jul. 24), no podrá superar en ningún momento el tope fijado en cada periodo para la usura, teniendo presente que a partir de la aplicabilidad de la mencionada disposición la tasa máxima de mora en materia mercantil y el máximo interés no constitutivo de usura se unificaron en el equivalente al interés bancario corriente más una mitad. En esta forma, se ajustará la parte final del punto cuarto de las resoluciones del fallo del a quo.

Como en la sentencia apelada, no se hizo ningún pronunciamiento en torno de las condenas solicitadas en la pretensión quinta de la demanda, tal proveído se adicionará para acceder a tal súplica.

3. En cuanto hace a la determinación adoptada en la sentencia complementaria del 25 de julio de 2003, mediante la cual se denegó el pago de los “intereses compuestos solicitados en el numeral 5.3 del escrito de la demanda”, se observa que el juzgado del conocimiento, en respaldo de ella, adujo, con fundamento en el artículo 886 del Código de Comercio, que su procedencia requiere la satisfacción de “una condición especial” consistente en que “las partes —acreedor y deudor— hayan convenido en su pago, o bien que el acreedor unilateralmente lo solicite al momento de presentar la respectiva demanda ejecutiva siempre y cuando ya se hayan causado como derecho cierto y en tal caso, su resolución corresponde al juez de la ejecución” (se resalta) y que “[l]a exigibilidad de los intereses moratorios causados a favor de la demandante respecto del capital dejado de pagar por la demandada, tiene lugar solo a partir de la ejecutoria de la presente sentencia y solo desde ese momento se podrá contabilizar el año a que se refiere el artículo 886 del Código de Comercio, para que el interés compuesto deje de ser una mera expectativa y se convierta en un derecho cierto”.

Tal postura del a quo fue controvertida en la apelación que interpuso la parte actora. Contra ella, al sustentar la alzada, la accionante expresó que en manera alguna la ley determina que solo sea en la demanda ejecutiva en donde se pueda reclamar el pago de los intereses de que se trata, ni que únicamente el juez que conozca de dicho proceso sea el llamado a resolver el punto, puesto que “[e]l único requisito... es que se solicite desde la presentación de la demanda judicial del acreedor”, sin distinguir el tipo o clase de ella. Agregó, que “[d]e aplicarse el cobro de estos intereses únicamente para las demandas ejecutivas, existiría una desigualdad entre los acreedores cuyos derechos se derivan de las obligaciones de terceros, pues se le daría mayores privilegios al acreedor con un título ejecutivo frente a aquellos que teniendo el mismo derecho carezcan de dicho título pero se trate de una obligación que ha causado intereses”.

Al respecto, debe recordarse, en primer término, que el artículo 886 del Código de Comercio establece que “[l]os intereses pendientes no producirán intereses sino desde la fecha de presentación de la demanda judicial del acreedor, o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos”.

Como ya tuvo oportunidad de precisarlo la Corte en sentencia del 27 de agosto de 2008 (Expediente 11001-3103-022-1997-14171-01), en el derecho privado colombiano la generación y cobro de intereses sobre intereses –sin perjuicio de su permisión en caso de que se proceda a su capitalización (D.R. 1454/89)— es una posibilidad esencialmente restringida, al punto que en el campo civil, fue expresamente prohibida por la regla 3ª del artículo 1617 del Código Civil, y en el mercantil se permitió solo en dos supuestos consagrados, precisamente, en el artículo 886 del Código de Comercio: el primero, cuando así lo acuerden las partes después del vencimiento de la obligación; y el segundo, cuando se reclamen en demanda judicial, siempre y cuando, agrega el precepto, “que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos”.

Interesa aquí fijar la atención en la segunda hipótesis, en aras de establecer si la reclamación judicial de dichos intereses procede incluso en demandas incoativas de procesos ordinarios, como lo planteó la parte demandante, o si, por el contrario, solo cabe exigirlos en la demanda ejecutiva mediante la cual se intente su recaudo efectivo, como lo resolvió el a quo.

Con tal fin, se impone advertir preliminarmente que el artículo 886 del Código de Comercio, con miras a definir el marco de su aplicación, de entrada, se refirió a los “intereses pendientes”, expresión esta que ya fue interpretada por la Corte en la memorada sentencia, en los siguientes términos:

“Prima facie, el precepto, parte de la noción de ‘intereses pendientes’ y, los intereses, a términos del artículo 717 del Código Civil, son ‘frutos civiles’, ‘se llaman pendientes mientras se deben; y percibidos desde que se cobran’, ‘pueden clasificarse en devengados o causados y futuros o no devengados: son los primeros, los remuneratorios o los moratorios que corresponden a un periodo de tiempo ya transcurrido y por consiguiente exigibles por parte del acreedor; en cambio, los segundos, aun no se deben y, por tanto, no puede exigirse su pago’ (Cas. Civ. feb. 24/75, CLI, p. 49).

“En particular, para efectos de ‘los artículos 886 del Código de Comercio y 2235 del Código Civil, en concordancia con la regla cuarta del artículo 1617 del mismo código, se entenderá por intereses pendientes o atrasados aquellos que sean exigibles, es decir, los que no han sido pagados oportunamente’ (D. 1454/89, art. 1º).

“Por tanto, es obvio y elemental que los intereses pendientes, son los debidos y, para los fines de la norma, los atrasados, esto es, los exigibles y no pagados oportunamente” (se resalta).

Tal apreciación, cabe agregar ahora, el legislador mercantil ya la había previsto al final de la disposición mercantil que se comenta, cuando estableció que, en todo caso, debe tratarse de “intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos” (se resalta).

En definitiva se tiene, que, en principio, los únicos intereses que en materia comercial pueden generar nuevos intereses son, se reitera, los causados y no pagados, esto es, aquellos que ostentan la naturaleza de exigibles, condición esta que, valga destacarlo desde ya, no necesariamente corresponde con la viabilidad de que los mismos se puedan reclamar ejecutivamente. Sin lugar a dudas, el carácter de exigibles de los intereses adeudados se determina por las circunstancias ya advertidas, es decir, por no existir plazo o condición pendientes que retrasen su cobro y no haber sido pagados por el deudor, al margen de si titular del derecho de crédito tiene o no la posibilidad jurídica de impetrar coactivamente su cobro, mediante el ejercicio de la correspondiente acción ejecutiva, lo cual no depende, exclusivamente, de su exigibilidad, sino de que la referida obligación conste en un título que reúna los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

Es evidente que habrá casos en los cuales, pese a no existir duda sobre la exigibilidad de los intereses pendientes de solución efectiva, el acreedor, por no contar con un título ejecutivo, no pueda procurar su cobro coactivo.

Ello explica que el legislador, en la norma que se comenta, interpretando su contenido para dilucidar el aspecto que aquí analiza la Sala, haya previsto que los “intereses pendientes” producirán intereses “desde la demanda judicial del acreedor”, sin especificar la clase de acción promovida con ella —ordinaria o ejecutiva—, siempre y cuando “se trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos”.

Tal entendimiento del precepto traduce que en las obligaciones mercantiles de carácter dinerario, en los supuestos en los que hayan de generarse réditos, el reconocimiento judicial de la causación de intereses sobre intereses puede reclamarse no solo en la demanda ejecutiva dirigida a su cobro coercitivo, sino también en las demandas con las cuales se dé inicio a un proceso ordinario, en tanto la acción esté encaminada a que, en la sentencia que la defina, previa constatación de la exigibilidad de los intereses, se declare que el deudor está obligado al pago de tal clase de réditos y se imponga la correlativa condena. Se excluyen, por lo tanto, las acciones ordinarias en las que la sentencia sea constitutiva de la correspondiente prerrogativa, esto es, aquellas en las que el derecho debatido solamente surja con el fallo estimatorio de la pretensión sometida a la decisión de la administración de justicia, pues en estos eventos “la controversia recae exactamente sobre la existencia de una obligación incierta e inexigible, requiriéndose la decisión judicial para constituirla, en tanto no nace a la vida jurídica ni es exigible sino en virtud de la sentencia carente de efectos retroactivos” (Cas. Civ., sent. ago. 27/2008, Expediente 11001-3103-022-1997-14171-01).

Se sigue de lo anterior que fue errada la comprensión que el juez del conocimiento hizo en este punto del artículo 886 del Código de Comercio, al entender que la exigencia allí prevista, consistente en la formulación por parte del acreedor de “demanda judicial”, concernía necesaria y exclusivamente a una de naturaleza ejecutiva, pues, como se ha reseñado, en presencia de determinados supuestos la mencionada pretensión puede plantearse por la vía del procedimiento ordinario.

No obstante el desatino del a quo en precedencia advertido, es del caso colegir que la pretensión fincada en el artículo 886 del Código de Comercio de que ahora se trata, de todas maneras no está llamada a prosperar, habida cuenta que los intereses respecto de los cuales la actora solicitó la causación de nuevos intereses, son los moratorios derivados del incumplimiento de la primigenia obligación a cargo de la entidad financiera demandada, por cuanto la Corte, en el reciente pronunciamiento ya varias veces aquí citado, concluyó que los únicos intereses que pueden generar el rédito previsto en el señalado precepto, son los remuneratorios.

Sobre el punto, la corporación consideró:

“La recta inteligencia del artículo 886 del Código de Comercio conforme al cual, ‘[l]os intereses pendientes no producirán intereses’, salvo en los casos expresos, taxativos, limitativos, restrictivos y excepcionales consagrados en el precepto, se orienta a la finalidad exclusiva de retribuir al acreedor la ociosidad del dinero representativo de los intereses ya devengados, exigibles, atrasados y no pagados oportunamente, es decir, compensar el costo de oportunidad de no tenerlos a su disposición como consecuencia de la mora y durante esta.

“La exigencia de la mora para que los intereses puedan engendrar nuevos intereses, según el sentido natural, lógico, elemental y obvio de la expresión ‘intereses pendientes’, ‘atrasados’, ‘exigibles’, no ‘pagados oportunamente’ y ‘debidos con un año de anterioridad’, se predica de la prestación de pagar intereses y no de la obligación principal, siendo, jurídicamente factible que el deudor se encuentre cumplido en la obligación principal y en mora solo de la prestación de intereses remuneratorios.

“Cuando el deudor incurre en mora de la prestación principal, por y a partir de esta, se constituye la obligación de pagar intereses moratorios y el acreedor podrá exigirlos con aquella mientras persista, siendo inadmisible reclamarlos con intereses remuneratorios, salvo claro está los causados antes de la mora.

“Tampoco puede pretender sobre los intereses moratorios causados nuevos intereses remuneratorios, los cuales retribuyen el capital durante el plazo y, con más veras, moratorios constitutivos de la sanción e indemnización del perjuicio causado por la mora, por ser incompatibles, tanto cuanto más que con esta práctica se desconocerían incluso los límites tarifados imperativos regulados por la ley.

“Si, como está dicho, la prestación principal puede generar intereses remuneratorios o de mora, siendo en línea de principio inadmisible exigirlos simultáneamente por su función diversa e incompatible y la finalidad del artículo 886 del Código de Comercio al disciplinar la producción de intereses sobre los intereses pendientes, dándose las restantes condiciones concurrentes normativas, consiste en retribuir el dinero de los ‘intereses pendientes’, ‘atrasados’, ‘exigibles’, ‘que no han sido pagados oportunamente’ (D. 1454/89, art. 1º) y ‘debidos con un año de anterioridad, por lo menos’, se concluye que los intereses susceptibles de producir nuevos intereses, no son otros sino los remuneratorios, o sea, los que retribuyen el dinero de los intereses causados, devengados y respecto de cuyo pago el deudor está en mora.

“Captada en estos términos la norma, los intereses moratorios no pueden generar nuevos intereses. Solo los remuneratorios. No de otra forma puede entenderse el precepto, porque con absoluta claridad y precisión, preceptúa que los pendientes ‘no producirán intereses’, vinculando a la producción del dinero y no a la mora, la causa primaria, genuina e indiscutible de su generación, concibiéndolos como frutos o productos del dinero y no como sanción de la mora.

“La precedente caracterización del problema, está en consonancia con la doctrina de esta corporación, que de vieja data señaló certeramente: ‘3.2. Con relación a la capitalización de intereses, es indiscutible que la ley permite, en tratándose de obligaciones mercantiles, el anatocismo, excepción de los créditos otorgados para adquisición de vivienda (C. Const., Sent. C-747/99), siempre que se ‘trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos’, bien por ‘acuerdo posterior al vencimiento’, ora ‘desde la fecha de la demanda judicial del acreedor’, en consideración a que, por su naturaleza, la actividad mercantil es lucrativa, y porque el préstamo de dinero suele obedecer a exigencias connaturales al proceso de producción, más que a necesidades del consumo propiamente dicho. De manera que si los réditos de un capital pueden ser aprovechados por el acreedor, entregándolos como capital mutuado a otro interesado en el crédito, esto justifica que el deudor sea compelido a reconocer intereses sobre intereses, cuando en lugar de cumplir su deber de prestación, se abstiene (...) de hacerlo, porque en tal caso el ‘accipiens’ no solo estaría asumiendo la contingencia del pago, sino también el ‘costo de oportunidad’, en cuanto de haber sido satisfechos oportunamente constituirían para él un capital, que como tal generaría intereses, desde luego, con estricta observancia de los requisitos mencionados, sumado el respeto a las tasas máximas permitidas por la ley (C.C. art. 1617, C. Co. art. 884, L. 45/90 art. 65 y L. 510/99 art. 111), a fin de no estimular la usura ni fomentar que una deuda se acreciente, con la consecuente imposibilidad de su solución o pago’ (Cas. Civ., abr. 23/2002, S-070-2002[5998]).

“Al anterior aserto no se opone la ausencia de singularidad, especificación o individuación normativa y su referencia abstracta a ‘intereses pendientes’, de la cual, algún sector doctrinario deriva su procedencia respecto de ambos tipos de intereses, por cuanto, el precepto no puede interpretarse ni aplicarse de manera aislada a la disciplina que gobierna la relación obligatoria y, en particular, la prestación de pagar intereses.

“Adicionalmente, la experiencia común revela que los riesgos exponenciales del aumento del debito, subjecta materia, suelen conducir a situaciones inequitativas en los órdenes social, económico y jurídico, circunstancia que impone una simetría razonable del derecho de crédito y el deber de prestación, en términos coherentes con su contenido y extensión. En tal sentido, memórase, la incidencia de los principios generales del derecho, en particular, la buena fe y la equidad, y la evitación de todo enriquecimiento torticero”.

Lo expresado, es suficiente para colegir que habrá de confirmarse la negativa contenida en la sentencia complementaria, pero con aclaración de que las razones que sustentan dicha determinación son las expresadas con anterioridad y no las aducidas por el juzgado del conocimiento.

4. Ante el fracaso de la pretensión analizada en el punto precedente, la condena en costas tanto en primera como en segunda instancia a cargo de la demandada, solo será del 90%.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida en este proceso el 31 de julio de 2007 por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, actuando en sede de descongestión de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y, en sede de segunda instancia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR los puntos primero, segundo y quinto de la parte decisoria de la sentencia dictada en el presente asunto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, el 5 de mayo de 2003.

2. MODIFICAR los puntos tercero y cuarto de las resoluciones del mencionado fallo, los cuales quedan de la siguiente manera:

TERCERO: Declarar que la suma de mil ciento setenta millones de pesos ($ 1’170.000.000) pagada por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, Caja Agraria, actualmente en Liquidación, el 11 de noviembre de 1997 debe imputarse a su obligación así:

A) La suma de doscientos cincuenta y nueve millones setecientos cuarenta mil pesos ($ 259.740.000) por concepto de intereses de mora causados desde el 17 de junio de 1997 hasta el 11 de noviembre del mismo año.

B) La suma de novecientos diez millones doscientos sesenta mil pesos ($ 910.260.000) por concepto de capital.

CUARTO: Declarar que la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, Caja Agraria, actualmente en Liquidación, incurrió y está en mora, desde el 12 de noviembre de 1997, de pagar a la sociedad Cultivos y Ganados Guacharacas Limitada, actualmente en Liquidación, la suma de doscientos cincuenta y nueve millones setecientos cuarenta mil pesos ($ 259.740.000), en virtud de las obligaciones originadas en el contrato de compraventa documentado en la escritura pública 168, otorgada el 17 de abril de 1997 en la Notaría Segunda del Círculo de Chía, Cundinamarca, monto sobre el cual se han causado y se seguirán causando intereses comerciales moratorios, desde la primera de las fechas aquí mencionadas y hasta cuando se verifique la solución definitiva de dicha acreencia, los cuales deberán liquidarse con observancia de las precisiones consignadas al final de la consideración segunda de la sentencia sustitutiva contenida en esta providencia.

3. ADICIONAR la sentencia apelada para CONDENAR a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, Caja Agraria, actualmente en Liquidación, a pagar a la sociedad Cultivos y Ganados Guacharacas Limitada, actualmente en Liquidación, la suma de doscientos cincuenta y nueve millones setecientos cuarenta mil pesos ($ 259.740.000), en virtud de las obligaciones originadas en el contrato de compraventa recogido en la escritura pública 168, otorgada el 17 de abril de 1997 en la Notaría Segunda del Círculo de Chía, Cundinamarca, junto con los intereses comerciales moratorios causados y que se causen desde el 12 de noviembre de 1997 y hasta cuando se verifique la solución definitiva de dicha acreencia, los cuales deberán liquidarse con observancia de las precisiones consignadas al final de la consideración segunda de la sentencia sustitutiva contenida en esta providencia.

4. MODIFICAR el punto sexto de las decisiones de la sentencia de primer grado, para reducir la condena en costas allí impuesta a la demandada a un 90%.

5. CONDENAR en costas de la segunda instancia a la entidad accionada, pero solo en un 90%.

6. Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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