Sentencia 1999-01042 de septiembre 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B

Rad. 200012331000199901042-01

Expediente: 24 209

Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá D.C., veintisiete de septiembre de dos mil trece.

Demandante: Dennys Alberto Murcia Suárez

Demandado: Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

Naturaleza: Reparación directa

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por ambas partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 8 de octubre de 2002, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La providencia será modificada.

Síntesis del caso

El 15 de junio de 1996, la Policía Nacional del departamento del Cesar inmovilizó el vehículo conducido por el señor Dennys Alberto Murcia Suárez y, posteriormente, lo puso a disposición de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales para que verificara la legalidad de su entrada al país. El automotor fue devuelto al señor Murcia Suárez el 2 de diciembre de 1997, luego de que la DIAN realizó el trámite de verificación y reconstrucción de la declaración de saneamiento del vehículo, extraviada por la Dirección de Aduanas de Bucaramanga. El actor solicita que, con fundamento en una declaración extrajuicio que no pudo ser ratificada dentro del proceso, se reconozcan perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Antecedentes

I. Lo que se demanda.

Mediante escrito presentado el 25 de noviembre de 1999, ante el Tribunal Administrativo del Cesar (fls. 37-47 cdno. 1), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, el señor Dennys Alberto Murcia Suárez presentó demanda en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de que se realizaran las siguientes declaraciones y condenas:

“Primera. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN- es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados al señor Dennys Alberto Murcia, por falla o falta del servicio en el decomiso de la mercancía de propiedad de este, consistente en una camioneta marca Toyota, tipo pickup, color azul, modelo 1983, motor 2F69000, chasis FJ45939975, serie FJ45939975, distinguida con las placas AUK-190 del Tránsito Departamental de Arauca.

Segunda. Condénese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—, a pagar como reparación del daño ocasionado al señor Dennys Alberto Murcia Suárez, la suma de treinta y un millones trescientos cincuenta mil pesos ($ 31 350 000) M/Cte., o conforme a lo que resulte probado en el proceso”.

El actor sostuvo que la seccional Cesar de la Policía Nacional inmovilizó un vehículo de su propiedad el 15 de junio de 1996 y que, a pesar de haber aportado todos los documentos que daban cuenta de la nacionalización del automotor, este último fue puesto a disposición de la DIAN quien, el 21 de noviembre de 1996, le formuló el pliego de cargos 050176, en el cual se afirmó que la declaración de saneamiento aportada no figuraba en los archivos de la entidad y, en consecuencia, no existía. Sin embargo, según quedó consignado en la Resolución 3 de 10 de octubre de 1997 proferida por la demandada, lo que ocurrió en realidad fue que la declaración de saneamiento del vehículo en cuestión fue extraviada lo que, a juicio del actor, constituye una falla del servicio evidente. Mencionó que dicha falla le causó múltiples perjuicios de índole tanto material como moral, pues el vehículo inmovilizado era el único medio de sustento para él y su familia.

II. Trámite procesal.

1. La contestación de la demanda.

Surtida la notificación del auto admisorio de la demanda (fl. 52 cdno. 1), la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN se opuso a las pretensiones incoadas (fls. 55 a 59 cdno.1) al estimar que su actuación se ajustó a las normas vigentes en materia aduanera pues, una vez decomisada la mercancía, se surtieron todos los trámites necesarios para su aprehensión, reconocimiento y avalúo.

Señaló que, en la medida en que los documentos aportados por el interesado “no lograban por sí solos probar la autenticidad y originalidad del vehículo” (fl. 57 cdno. 1), fue necesario esperar a que se demostrara que la declaración de saneamiento que “se encontraba extraviada en los archivos de la administración de Bucaramanga” coincidía con la que reposaba en la de Arauca y, para ello, fue indispensable adelantar el trámite de verificación y reconstrucción de aquella.

Mencionó que si bien es cierto que el vehículo no fue devuelto a su propietario dentro del término establecido en la norma aduanera, ello se debió a la necesidad de adelantar todos los trámites necesarios para verificar la legalidad de su importación y que, en todo caso, en el transcurso del mismo, el interesado tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa (fls. 55 a 59 cdno.1).

2. La sentencia de primera instancia.

Surtido el trámite de rigor y practicadas las pruebas decretadas(1), el tribunal administrativo del Cesar profirió sentencia el 8 de octubre de 2002 (fls. 112-122 cdno. ppal.), en la cual decidió:

“PRIMERO. Declarar administrativamente responsable a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” de los perjuicios causados al demandante.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, se condena a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a pagar, por concepto de perjuicio material al demandante, la suma de un millón diecisiete mil seiscientos sesenta y ocho pesos ($ 1 017 668) M/Cte.”.

TERCERO. Niéguense las demás súplicas de la demanda.

CUARTO. Para el cumplimiento de la sentencia, se observarán los artículos 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO. En firme esta providencia archívese el expediente”.

2.1. Consideró que, al no haber ejercido un control estricto sobre el manejo de los documentos que concernían el historial y el registro de saneamiento de los vehículos que ingresan al país, la entidad demandada actuó de manera irregular y, en consecuencia, debía ser declarada responsable por los daños causados al actor.

2.2. Respecto de los perjuicios morales solicitados por este último, consideró que, de conformidad con la jurisprudencia, no había lugar a reconocerlos y, a propósito de los materiales, señaló que, en la medida en que los testimonios sobre el arriendo del automotor “no eran claros, exactos ni responsivos”, ni señalaban el valor del canon de arrendamiento del mismo, lo solicitado por dicho concepto no podía reconocerse. Tampoco accedió a lo solicitado por el supuesto deterioro del automotor, pues no había pruebas en el expediente que lo acreditaran.

2.3. Finalmente, estimó que el único perjuicio material probado en el expediente era el valor de lo cancelado por concepto de parqueo del vehículo desde el momento de su aprehensión y hasta la devolución al señor Murcia Suárez, valor que fue actualizado a la fecha de la sentencia.

3. El recurso de apelación.

Inconformes con la decisión, ambas partes interpusieron y sustentaron oportunamente recurso de apelación.

3.1. La parte demandante solicitó que, además de la suma reconocida por concepto de daño emergente, se condenara a la entidad demandada a pagar lo solicitado por lucro cesante pues, por una parte y de conformidad con los avances doctrinales y jurisprudenciales, los testimonios obrantes en el expediente debían valorarse de una manera más flexible y, por otra, el a quo debió tener en cuenta, junto con ellos, la declaración extraprocesal rendida por el señor Julio Ernesto Triana en la cual constaba que, desde hacía cuatro años, este último cancelaba un arriendo mensual de $ 1 500 000 por el vehículo inmovilizado. A juicio del apelante, dicha declaración debió considerarse, pues el a quo ya había decretado la prueba testimonial que tenía por objeto su ratificación y si no pudo llevarse a cabo fue porque, a pesar de que el declarante se excusó por no poder asistir a la diligencia de recepción de testimonio programada por el juzgado comisionado, este último no fijó nueva fecha para la práctica de la misma. Por último indicó que, de no darse valor probatorio a dicha declaración extra proceso, se decretara la práctica de su ratificación (fls. 124-126 cdno. ppal.).

3.2. La parte demandada solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y, en su lugar, se denegaran las pretensiones (fls. 127-132 cdno. ppal.), pues la actuación adelantada se hizo con fundamento en el artículo 62 del Decreto 1909 de 1992, según el cual la DIAN estaba autorizada para “realizar las acciones necesarias para verificar la exactitud de las declaraciones y demás documentos presentados a la autoridad aduanera”. En estos términos y dado que, una vez realizados los trámites necesarios, el vehículo inmovilizado fue devuelto al actor, no puede considerarse que se configuró una falla del servicio.

3.2.1. Insistió en que los procedimientos de verificación utilizados en el sub examine son la única manera que tiene la DIAN para detectar las mercancías que han sido introducidas al país sin respetar el estatuto aduanero y que, en la zona en la que fue inmovilizado el vehículo, es frecuente que las mercancías viajen amparadas con documentos falsos.

3.2.2. Finalmente, señaló que la reconstrucción de la declaración de saneamiento que había sido extraviada por la administración de aduanas de Bucaramanga “no ocasionó mayor dilación al proceso” (fl. 131 cdno. ppal.).

4. Los alegatos de conclusión.

En esta oportunidad la entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación e insistió en que dado que el vehículo inmovilizado tenía un “NIV de fábrica para importación-ensamble hacia Venezuela, no podía menos que despertar inquietud por parte de la Policía Nacional, sobre la necesidad de verificar la legalidad de la documentación aportada, y fue dicha circunstancia la que desató todo el procedimiento legalmente llevado a cabo” (fl. 153 cdno. ppal.) (fls. 151-154 cdno. ppal.). La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

5. La solicitud de pruebas en segunda instancia.

Mediante auto de 30 de abril de 2013, el entonces ponente denegó la solicitud de prueba formulada por la parte demandante en su recurso de alzada, por considerar que la misma no se enmarca en ninguna de las causales consagradas en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo. Lo anterior, por cuanto si bien es cierto que se trató de un medio probatorio que no pudo ser practicado, a pesar de haber sido decretado en primera instancia, ello se debió a la culpa de la parte interesada pues: i) la diligencia de recepción de testimonio fue programada debidamente y la excusa presentada por quien afirmó ser la cónyuge del declarante no fue corroborada por este último y no se apoyó en ningún medio probatorio y ii) el apoderado del actor no insistió en la práctica de la prueba a pesar de haber tenido la oportunidad para ello, una vez se remitió el respectivo despacho comisorio al Tribunal Administrativo del Cesar (fls. 164-165 cdno. ppal.).

Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción.

1. De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción.

Por ser la demandada entidad pública, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA., art. 82) y la Sala es competente para resolver el asunto, en los términos del Decreto 597 de 1988, en razón del recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda, supera la exigida por la norma para el efecto(2).

De conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(3), la Sala resolverá sin limitaciones por cuanto ambas partes interpusieron recurso de apelación.

2. De la legitimación en la causa.

El señor Dennys Alberto Murcia Suárez tiene interés para actuar en la medida en que fue la persona afectada por el hecho dañoso invocado en la demanda, esto es, la inmovilización de un vehículo. En efecto, tal como está probado en el expediente, el señor Murcia Sánchez era la persona que lo conducía cuando aquel fue inmovilizado —infra párr. 1 del acápite de hechos probados(4)—, fue contra él que se profirió pliego de cargos para proponer el decomiso del mismo —infra párr. 3— y fue a él mismo a quien se le devolvió en su calidad de interesado —infra párr. 8—.

Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está legitimada en la causa por pasiva, pues está acreditado en el plenario que fueron sus actuaciones las que justificaron y prolongaron la inmovilización del vehículo conducido por el señor Murcia Suárez —infra párr. 3—.

3. De la caducidad de la acción.

De conformidad con jurisprudencia pacífica de la corporación, cuando la demanda de reparación directa es interpuesta para obtener la reparación de un daño que se ha prolongado en el tiempo, el término de caducidad consagrado en el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 44 de la Ley 446 de 1998, debe empezar a computarse a partir del momento de su cesación(5).

En el caso bajo análisis se tiene que el daño cuya indemnización persigue el actor, esto es, la inmovilización de un vehículo automotor, cesó el 2 de diciembre de 1997 —infra párr. 8—, fecha en la cual le fue devuelto en virtud de lo ordenado mediante resolución de entrega de mercancías 00006 de 11 de noviembre de 1997, notificada personalmente al interesado el 1º de diciembre de ese mismo año —infra párr. 7— y dado que la demanda fue presentada el 25 de noviembre de 1999, se concluye que fue presentada oportunamente.

II. Problema jurídico

Debe la Sala estudiar si, tal como lo afirma la demandada en su recurso de apelación, la actuación adelantada se ajustó a la normatividad vigente y, en consecuencia, no puede endilgársele ninguna falla en el servicio o si, como lo consideró el a quo, el extravío de la declaración de saneamiento del vehículo inmovilizado constituye una irregularidad susceptible de comprometer su responsabilidad administrativa y patrimonial.

En caso de llegarse a la segunda conclusión, habrá lugar a determinar los perjuicios causados y, en particular, establecer si, como lo señaló el actor en su recurso de apelación, debe reconocerse el lucro cesante solicitado en la demanda. Para ello será necesario analizar si, como lo aduce el recurrente y contrario a lo estimado por el a quo, los testimonios obrantes en el expediente fueron suficientemente claros sobre este punto y si debían o no valorarse junto con la declaración extra juicio que fue aportada al proceso y cuya ratificación no fue posible obtener, a pesar de que el testimonio del deponente fue decretado como prueba.

III. Hechos probados

Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. El 15 de junio de 1996, la sección de policía judicial e investigación de la Policía Nacional del Cesar inmovilizó e inventarió el vehículo conducido por el actor, esto es, la camioneta Toyota tipo pick up, color azul, con placas AUK-190, modelo 1983 (copia auténtica del acta de inmovilización e inventario —folio. 23 cuaderno 1— y del formulario único nacional de matrícula inicial del INTRA, fl. 29 cdno. 1).

2. El 21 de junio de 1996, la administradora de impuestos y aduanas nacionales-delegada Arauca certificó que:

“...en nuestros archivos reposa fotocopia de la declaración de saneamiento 044476 firmada en original, a nombre de Ernesto Pérez Sánchez con cédula de ciudadanía 17309583 de Villavicencio, la cual ampara el vehículo con las siguientes características: Camioneta marca Toyota Land Cruiser tipo pick up modelo 1983, motor 2F-690000, chasis FJ-45-939975 (original de la certificación, fl. 9 cdno. 1)”.

3. El 21 de noviembre de 1996, la división de fiscalización de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar profirió el pliego de cargos 050174 en contra del señor “Denis” (sic) Alberto Murcia. En este se propuso el decomiso del vehículo inmovilizado, por cuanto el interesado no acreditó el cumplimiento de todos los trámites previstos en el régimen aduanero para que dicho vehículo pudiera permanecer en el país. Para la formulación del pliego de cargos se tuvo en cuenta el siguiente material probatorio: i) experticio técnico en el que se concluyó que el automotor fue ensamblado para la República de Venezuela, ii) fotocopia de la declaración de saneamiento del vehículo aportada por el interesado, iii) oficio de 5 de junio de 1996 de la DIAN-Bucaramanga en donde se consignó que “revisado el listado de declaraciones de saneamiento aduanero año 1991, que reposa en nuestros archivos, no figura el saneamiento 044476 del 10/91...”, iv) oficio del coordinador nacional de automotores y saneamiento aduanero en el que manifiesta que la mencionada declaración de saneamiento no figura en sus archivos. En la explicación sumaria del caso se mencionó:

“Que la citada Institución —Sijin del Departamento de Policía del Cesar— puso a disposición de esta administración el citado vehículo de acuerdo al Oficio 0780 de 5 de septiembre de 1996, señalando el siguiente “Motivo: se deja a disposición, por tratarse de un vehículo automotor de características y procedencia venezolana, así mismo de acuerdo a certificación escrita por la DIAN de Bucaramanga, informa que revisado el listado de declaraciones de saneamiento aduanero año 1991, que reposan en los archivos de esas dependencias, no figura el saneamiento 044476 del 10/91, ya que el documento en mención no existe y de acuerdo al Oficio 634/190796, procedente de la coordinación nacional de automotores y saneamiento aduanero, subdirección de fiscalización, informan que la declaración de saneamiento 044476 no figura en los archivos ni como remitida a administración alguna, ni como picada o anulada, de la misma forma para que por intermedio de ese organismo, se investigue a fondo la autenticidad y originalidad de los documentos que sean aportados, así mismo la legal tenencia y procedencia del vehículo antes descrito como la legal estadía del mismo dentro del territorio nacional Colombia. // Que mediante el documento único de aprehensión e ingreso de mercancías 24-00017 del 9 de octubre de 1996, la mercancía quedó almacenada en la carrera 7ª Nº 25-91 de Valledupar, con un valor aduanero de dos millones quinientos mil pesos ($ 2 500 000)” (original del pliego de cargos, fls. 3-6 cdno. 1).

4. El 24 de junio de 1997, el coordinador nacional de automotores y saneamiento de la subdirección de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales emitió concepto favorable para la verificación y reconstrucción de la declaración de saneamiento aduanero 044476, pues i) la administración de Arauca tiene en sus archivos la fotocopia firmada en original de la mencionada declaración de saneamiento, ii) el vehículo objeto de saneamiento fue matriculado en el instituto de tránsito y transporte de Arauca quien aportó la copia de dicha declaración y la de las improntas que respaldaron la matrícula, y iii) tanto la declaración como las improntas coinciden en todas y cada una de sus partes con las allegadas por el interesado (original del concepto emitido, fls. 11-13 cdno.1).

5. El 15 de julio de 1997, la división de liquidación de la Unidad de Administración Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar resolvió prorrogar el término para decidir la situación jurídica del vehículo inmovilizado “hasta tanto llegue el saneamiento reconstruido” (original del auto, fls. 24-25 cdno. 1).

6. Mediante Resolución 3 de 10 de octubre de 1997, la administración de impuestos y aduanas de Bucamaranga resolvió declarar reconstruida la declaración definitiva de saneamiento aduanero 044476 de la Aduana de Bucaramanga, con fecha de presentación 2 de octubre de 1991, fecha de liquidación 4 de octubre del mismo año, a nombre de Ernesto Pérez Sánchez (original de la resolución, fls. 26-28 cdno.1).

7. Por resolución de entrega de mercancías 00006 de 11 de noviembre de 1997, la división de liquidación de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar ordenó la devolución del vehículo mencionado al interesado y, en el artículo segundo, estableció que asumiría el “pago de los bodegajes causados desde el día de la aprehensión —9 de octubre de 1996— hasta los diez días siguientes contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución”. Esta resolución fue notificada personalmente al señor Murcia el 1º de diciembre de 1997, quien renunció a los términos (original de la resolución y de la constancia de notificación, fls. 32-35 y 35 vuelto cdno. 1).

8. La “camioneta marca Toyota, tipo pick up, color azul, modelo 1983, Motor 2F-6900000, chasís FJ45-939975, serie FJ45-939975, placas AUK-190 t/t Arauca” fue devuelta al interesado, esto es, el señor “Deniz” (sic) A. Murcia Suárez, mediante documento de egreso 52074 de 2 de diciembre de 1997. En este se señaló, como almacén general de depósito, el parqueadero El York (original de la copia al carbón del documento, fl. 42 cdno. 1).

9. Esa misma fecha el señor Dennys Alberto Murcia canceló al aparcamiento “El York”, ubicado en la carrera 7 Nº 25-94 de la ciudad de Valledupar, la suma de $ 650 000 por concepto de parqueadero de la camioneta Toyota, placa AUK 190. En el documento se inscribió: “Fecha de ingreso 20 de junio/96, fecha de salida 2 de diciembre/97, Total: 531 días a 1500 pesos diarios. Subtotal: $ 796 500. Descuento especial: $ 146 500. Total valor pagado: $ 650 000” (copia simple del formato de factura 0017(6), fl. 18 cdno.1).

10. El 5 de febrero de 1998, la subsecretaria administrativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó al actor que no podía reintegrarle la suma cancelada por concepto de parqueadero del vehículo inmovilizado y, en consecuencia, le sugirió que intentara una conciliación prejudicial. Lo anterior pues, si bien es cierto que, según las normas vigentes, era la DIAN quien debía pagar dicho concepto,

“...dado que el pago de bodegaje por usted realizado sin la intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye un hecho cumplido, el reembolso del dinero cancelado no es procedente en principio, puesto que no existe acto jurídico previo que comprometa a la entidad frente a usted, en razón de que su voluntad de “pago por otro” fue unilateral (original del oficio remitido al actor —fls. 14-16 cdno.1—, reiterado por oficio remitido por el delegado del despacho del administrador el 22 de mayo de 1998 —fls. 19-20 cdno.1—).

11. El señor Murcia Suárez había arrendado el vehículo al señor Ernesto Triana (declaraciones decretadas por el a quo y rendidas ante juez comisionado el 21 de noviembre de 2000, por parte de los señores Pedro Gustavo Luna Álvarez(7), José Ernesto Contreras Prieto(8) e Isabel Concepción Galvis Rodríguez(9), fls. 87-90 cdno. 1).

IV. Análisis de la Sala

1. Comoquiera que está debidamente acreditado dentro del expediente el daño invocado por el actor, esto es, la inmovilización de la camioneta marca Toyota, tipo pick up, color azul, modelo 1983, motor 2F-6900000, chasís FJ45-939975, serie FJ45-939975, placas AUK-190, durante el período comprendido entre el 15 de junio de 1996 —supra párr. 7.1— y el 2 de diciembre de 1997 —supra párr. 7.8—, entra la Sala a estudiar si se trata de un daño antijurídico imputable a la entidad demandada o no y, para ello, debe establecerse si la actuación de esta última fue conforme a derecho o si, al contrario, se configuró una falla del servicio que, de tener nexo de causalidad con el daño acreditado, comprometería su responsabilidad administrativa y patrimonial.

1.1. Al respecto vale la pena recordar que si bien es cierto que, tal como lo señala la entidad demandada en su recurso de apelación, según los artículos 61 y 62(c) del Decreto 1909 de 1992, tiene competencia, entre otras, para i) “adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras” y ii) “verificar la legalidad de la importación de las mercancías que se introduzcan o circulen en el territorio nacional” y, en consecuencia, puede “realizar las acciones necesarias para verificar la exactitud de las declaraciones y demás documentos presentados a la autoridad aduanera”, también lo es que, para efectos de llevar a cabo dicha verificación, le corresponde, como lo consideró el a quo, velar por la conservación adecuada de toda la documentación concerniente la legalización y saneamiento de las mercancías ingresadas al país(10) y, adicionalmente, poner en obra todos los mecanismos necesarios para garantizar que la búsqueda y localización de la misma sea ágil y eficiente, con miras a limitar al máximo las molestias que puedan causarse a los particulares por cuenta de la realización de dichos trámites.

En efecto, la competencia otorgada a la entidad no puede entenderse independientemente de la obligación que le asiste de guardar los registros necesarios con miras a verificar si determinada mercancía fue saneada o no y, en especial, a establecer la veracidad de una declaración de saneamiento presentada por el particular para probar la legalidad aduanera de la mercancía.

En estos términos, resulta inadmisible que, en un Estado de derecho, el particular que ha cumplido con todos los trámites exigidos por la ley para poder disponer de una mercancía importada y que, además, aporta la prueba de que así lo hizo, sea privado de dicha disposición solo por el hecho de que la entidad encargada de ejercer los controles no dispone de los medios necesarios para establecer, de manera rápida y eficaz, la veracidad de los documentos por él aportados o, peor aún, porque, como ocurrió en el sub examine, se faltó a la obligación de conservación de los mismos al extraviar la declaración de saneamiento original.

Así las cosas, es claro que la falla del servicio de la entidad demandada se configuró no por el hecho de ejercer los controles que, de acuerdo con la competencia atribuida, le correspondía realizar, sino porque no cumplió con las obligaciones que se derivaban de dicha competencia, esto es, faltó a su deber de cuidado y conservación de documentos, pues extravió aquel que permitía determinar la legalidad aduanera del vehículo inmovilizado y, posteriormente, aprehendido, y, además, hizo recaer las consecuencias de dicho extravío sobre un particular que, al haber acreditado que se adelantaron los trámites establecidos para su nacionalización, no tenía por qué padecer ni su inmovilización, ni todo lo que ésta implicó.

1.2. Ahora, si bien es cierto que fue la SIJIN de la Policía Nacional del Cesar quien, inicialmente, inmovilizó el vehículo —supra párr. 1 del acápite de los hechos probados— y que fue solo hasta el 5 de septiembre de 1996 que lo puso a disposición de la aquí demandada —supra párr. 3—, esto es, la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, también lo es que la antijuridicidad de la inmovilización proviene de la falla del servicio en la que incurrió esta última, falla que incidió directamente en la actuación de la Policía Nacional —supra párr. 3— y, por lo tanto, los perjuicios derivados de la totalidad del tiempo en que el vehículo estuvo inmovilizado son imputables a la DIAN.

V. Liquidación de perjuicios.

1. De los perjuicios materiales.

1.1. Por concepto de daño emergente el actor solicitó que se le indemnizara por: i) el valor de la batería y la llanta de repuesto del vehículo inmovilizado, los cuales no le fueron devueltos, ii) el deterioro sufrido por haber permanecido en un parqueadero descubierto, y iii) el monto de $ 650 000 cancelados por concepto de estacionamiento al parqueadero El York.

1.1.1. Respecto de los dos primeros, la Sala considera, tal como lo hizo el a quo, que no existe en el expediente prueba alguna que acredite su causación y, en consecuencia, los denegará. En efecto, nada en el plenario da cuenta de las condiciones en las cuales fue devuelto el vehículo o el tipo de reparaciones que, según el actor, debió realizar sobre el mismo.

1.1.2. Por el contrario, el daño emergente consistente en lo cancelado por concepto de parqueadero está plenamente acreditado en el expediente, pues no solo está claro que, efectivamente, el vehículo fue almacenado en la carrera 7ª Nº 25-91 de Valledupar —supra párr. 3—, lugar en el cual se encontraba domiciliado el parqueadero “El York” —supra párr. 8 y 9—, sino que fue el actor quien canceló el valor total de lo causado por estacionamiento entre el 20 de junio de 1996 y el 2 de diciembre de 1997, fecha en la cual le fue devuelto —supra párr. 9—, esto es, $ 650 000.

Ahora bien, dicha suma debe actualizarse a la fecha de la presente sentencia, según la fórmula utilizada en la jurisprudencia de esta Corporación(11), para ello se tendrá en cuenta como IPC inicial el certificado para diciembre de 1997, mes en que se hizo el pago, es decir, 44.72(12), y como final el último certificado, esto es, el de agosto de 2013 —113.89—, lo cual arroja un resultado de $ 1.655.377,90, que es el valor por el cual deberá modificarse la condena por daño emergente concedida por el a quo.

1.2. En lo que tiene que ver con el motivo de inconformidad manifestado por el actor en su recurso de apelación, esto es, el hecho de que el a quo no reconociera la existencia de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala considera que le asiste razón pues, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, sí es posible establecer que el señor Dennys Alberto Murcia Suárez utilizaba el vehículo inmovilizado en una actividad productiva y, por lo tanto, este último generaba un lucro que el actor dejó de percibir durante el tiempo que aquel permaneció retenido, razón por la cual habrá lugar a reconocerlo.

1.2.1. En efecto, tal como se indicó en el acápite de los hechos probados, en el expediente obran las declaraciones de los señores Pedro Gustavo Luna Álvarez, José Ernesto Contreras Prieto e Isabel Concepción Galvis Rodríguez, quienes ofrecen plena credibilidad a la Sala por cuanto no son de aquellos que la ley procesal califica como sospechosos y, además, no solo no incurren en contradicciones, sino que son contestes en el contenido principal de sus declaraciones, esto es, en el hecho de que el señor Murcia Sánchez transportaba al señor Julio Ernesto Triana, a quien había arrendado el vehículo inmovilizado. Adicionalmente, dos de ellos mencionan de manera explícita que dicho automotor era utilizado para el transporte en la finca de propiedad de este último, finca que, según los tres declarantes, estaba ubicada en el municipio de Puerto Rondón, Arauca, lo cual es verosímil dadas las características del automotor en cuestión —supra párr. 1—.

Considera la Sala que el hecho de que los declarantes no hubieran dado cuenta ni de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se celebró el contrato de arrendamiento del vehículo mencionado ni de lo allí pactado, no es razón suficiente para desvirtuar el objeto central de la prueba, esto es, el que el vehículo inmovilizado era utilizado en la actividad productiva del actor y que, por ende, su inmovilización causó un lucro cesante.

Lo anterior por cuanto si bien es cierto que, tanto la demanda como las declaraciones rendidas ante el juez comisionado coinciden en señalar que el automotor generaba una renta en virtud de la existencia de un contrato de arrendamiento, no por ello puede aceptarse que el objeto de la litis se desplace de la acreditación del lucro cesante a la de los elementos esenciales de un contrato, menos aun cuando de dichas declaraciones sí se puede inferir claramente que existía un trato comercial entre las partes y que, según las reglas de la experiencia, este debía implicar una contraprestación económica. Así pues, habrá lugar a modificar la sentencia de primera instancia en lo relacionado con este punto.

1.2.2. Ahora bien, en lo relacionado con el monto de dicho perjuicio, la Sala advierte que, contrario a lo aducido por el actor, no es posible valorar la declaración extra juicio obrante en el expediente(13) (fl. 30 cdno. 1), pues ello no solo va en contravía de las normas procesales vigentes, sino que implica una clara violación del derecho que le asistía a la demandada de poder controvertirla.

En efecto, de conformidad con el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil(14), el testimonio rendido, para fines judiciales y sin citación de la parte contraria, ante notario o alcalde, solo puede ser tenido en cuenta como prueba sumaria en aquellos asuntos para los cuales la ley autoriza esa clase de prueba y este no es el caso en materia de reparación directa donde los perjuicios deben estar plenamente acreditados.

Adicionalmente, dado que la entidad demandada, esto es, la DIAN, no fue citada y, por lo tanto, no tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción específico a este tipo de prueba y consustancial al del debido proceso, la declaración rendida por el señor Triana Acosta y aportada al expediente por la parte actora no puede ser tenida en cuenta, menos aun cuando, como se consideró en el auto mediante el cual se negó la solicitud de practicar diligencia de ratificación, realizada en la sustentación del recurso de apelación, el actor no insistió en su práctica en la oportunidad debida, esto es, antes de que se corriera el traslado para alegar de conclusión en primera instancia o recurriendo el auto que decretó este último.

1.2.3. Así pues, ante la falta de pruebas válidas que permitan acreditar el monto de lo dejado de percibir mensualmente por el señor Murcia Sánchez, por cuenta de la inmovilización del vehículo que le tenía arrendado al señor Triana Acosta, la Sala considera que, en la medida en que está probado que el señor Murcia Suárez trabajaba con dicho automotor, es decir, que devengaba un lucro gracias al arriendo y a la conducción del mismo, es posible inferir que lo dejado de percibir mensualmente debía equivaler, al menos, a un salario mínimo legal mensual vigente al momento de los hechos —$ 142.125,50— y, por lo tanto, tendrá esta suma como base de liquidación. Ahora bien, comoquiera que, al actualizar ese valor(15), el resultado es inferior al salario mínimo vigente al momento de proferir la presente providencia —$ 589.500—, la indemnización será calculada a partir de este último.

1.2.4. Teniendo en cuenta la fórmula establecida para el cálculo del lucro cesante consolidado(16) y el hecho de que el período de la inmovilización del vehículo fue de 17.5 meses —supra párr. 1 y 8—, el monto a reconocer es de diez millones setecientos cuarenta y un mil setenta y ocho pesos ($ 10.741.078).

Perjuicios inmateriales

El actor solicitó la indemnización del daño moral causado por la inmovilización del vehículo que conducía y que, según él, era su único sustento y el de su familia, sin embargo, no aportó ningún medio de convicción que permitiera acreditarlo y, por lo tanto, no hay lugar a reconocerlo.

VI. Costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 8 de octubre de 2002, la cual quedará así:

1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, por los perjuicios causados al señor Dennys Alberto Murcia Suárez por la inmovilización de la camioneta Toyota tipo pick up, color azul, con placas AUK-190, modelo 1983.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a pagar al señor Dennys Alberto Murcia Suárez, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de un millón seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos setenta y siete pesos con noventa centavos ($ 1.655.377,90).

3. CONDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a pagar al señor Dennys Alberto Murcia Suárez, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de diez millones setecientos cuarenta y un mil setenta y ocho pesos ($ 10.741.078).

5. (Sic) DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz del Castillo—Ramiro Pazos Guerrero

(1) El a quo las decretó a través del auto de 14 de junio de 2000 (fl. 61 cdno.1).

(2) La pretensión mayor, correspondiente a la indemnización por concepto de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante se estimó en ($ 27 000 000), monto que supera la cuantía requerida en 1999 —año de presentación de la demanda- ($ 18 850 000), para que un proceso adelantado en acción de reparación directa, fuera considerado como de doble instancia. Se aplican en este punto los artículos 129 y 132.10 del Código Contencioso Administrativo, subrogados por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 pues, si bien para la fecha de la presentación de la demanda, ya había entrado en vigencia la Ley 446 de 1998, sus disposiciones en materia de cuantías aún no eran aplicables por cuanto no habían entrado a operar los jueces administrativos.

(3) Esta disposición consagra: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

(4) Todos los números de párrafos a los cuales se reenvía corresponden al acápite de hechos probados.

(5) Ver, a manera de ejemplo: Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de octubre de 2012, Exp. 25331, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(6) De conformidad con la sentencia de unificación de jurisprudencia proferida recientemente por la Sección Tercera del Consejo de Estado, “en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal” este documento debe ser valorado por cuanto, al haber sido aportado con la demanda, obró durante todo el trámite del proceso, sin que la demandada controvirtiera su veracidad, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

(7) El testigo quien trabaja en minería y ganadería y conocía al actor desde hacía siete u ocho años al momento de la declaración, manifestó sobre el particular “Yo tengo una finca para (sic) San Bernardo de Bata y también una mina que es la vía para Arauca, Saravena y cuando yo iba a veces el señor Murcia, que iba con el señor Ernesto Triana, me daban la cola, ya que él, el señor Murcia, le tenía alquilado el vehículo al señor Triana para una finca de Puerto Rondón de propiedad del señor Triana, el señor Murcia me ha dicho que ese vehículo es de él” (fl. 87 cdno. 1). Más adelante ante la pregunta de “Qué clase de servicio prestaba el vehículo en la finca de Puerto Rondón que dice que es de propiedad del señor Julio Ernesto Triana” señaló: “Me dijo que era el servicio de transporte, alquilado al señor Triana” (fl. 88 cdno.1).

(8) El señor Contreras Prieto, quien conoció al actor mientras vivía en Puerto Rondón, manifestó: “Yo le conocí una pick up azul de platón marca Toyota, modelo si no sé. Él la tenía arrendada a un médico veterinario de apellido Triana allá mismo en Puerto Rondón, Arauca, para el servicio todo lo más para ganadería y transporte de insumos” (fl. 89.1).

(9) La testigo, quien creció en el mismo municipio del actor y mantenía contacto regular con él, expresó: “Pues cuando esporádicamente cuando él venía de Puerto Rondón, con el señor al que le tenía arrendada la camioneta que es de platón, marca Toyota, de color azul, conversábamos aquí en Cúcuta y por eso sé que él es dueño de esa camioneta” (fl. 90 cdno. 1).

(10) Sobre las reglas de archivística de las entidades públicas ver el Acuerdo 07 de 1994 “por el cual se adopta y se expide el reglamento general de archivos” proferido por la Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia.

(11) Para ello se aplicará la fórmula reiteradamente establecida por la Sala, según la cual la renta histórica (Rh) es igual al factor de la renta actualizada (Ra) por la división del índice final de precios al consumidor (i.final) y el índice inicial (i. inicial): Rh= Ra * (i.final÷i.inicial).

(12 Vale la pena anotar que el IPC inicial tenido en cuenta por el a quo para aplicar la fórmula de actualización —85.69— es diferente al aquí considerado, pero ello se explica porque esa era el certificado según la base estadística de 1998 utilizada por el DANE para hacer el cálculo de la variación del índice de precios. El aquí tomado es el calculado de acuerdo con la base de 2008. Para ver la explicación de la variación se puede consultar el documento en el cual se explica la metodología del IPC en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/metodologia_IPC-09.pdf

(13) Declaración rendida bajo la gravedad de juramento por el señor Julio Ernesto Triana Acosta ante el notario séptimo del circuito de Cúcuta el 22 de septiembre de 1999.

(14) Esta norma prescribe: “Los testimonios para fines no judiciales, se rendirán exclusivamente ante notarios o alcaldes. Igualmente los que tengan fines judiciales y no se pida la citación de la parte contraria; en este caso, el peticionario afirmará bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del escrito, que solo están destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba, y solo tendrán valor para dicho fin”.

(15) Para lo cual se aplica la fórmula reiteradamente establecida por la Sala, según la cual la renta histórica (Rh) es igual al factor de la renta actualizada (Ra) por la división del índice final de precios al consumidor (i.final) y el índice inicial (i. inicial): Rh= Ra * (i.final÷i.inicial).

(16) Esto es,

febrero 7 de 2014.png

Donde:

S: Es la indemnización consolidada a obtener.

Ra: Es la renta o ingreso mensual actualizado —$ 589.500—.

I: Es el interés puro o técnico mensual equivalente a 0.004867

n: Es el número de meses que comprende el período indemnizable, en este caso, 17,5 meses.